Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México

ESTADOS
LABORAL
   Víctima acude a CEAV local
   
Multan a CES Edomex por no reinstalar a empleada con CaMa
Especial
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/07/2017

Un juez sancionó económicamente a la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México (CES Edomex) por no reinstalar como subdirectora de Información Delictiva y Coyuntural a Adriana Rodríguez Hernández, despedida y discriminada por funcionar de la instancia por padecer cáncer de mama (CaMa).
 
Son ya cuatro meses desde que la CES Edomex tiene la obligación de acatar la orden del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa: ubicar a Adriana Hernández en su mismo puesto con seguridad social por “estar en riesgo su vida”, pero la negativa por hacerlo llevó el pasado 12 de julio al Juez Quinto de Distrito -encargado de hacer cumplir el fallo- a sancionarlos.
 
De acuerdo con la información que brindó la subdirectora a Cimacnoticias (en el expediente 1919/2016) la Comisión tenía tres días para pagar el monto que haciende a más de 30 mil pesos, por lo que se venció nuevamente el plazo del cobro y la reinstalación laboral, como manda el juez.
 
Adriana Hernández también señaló en entrevista que inició una petición ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas local (CEAVEM) para buscar acompañamiento jurídico y la reparación de los daños causados por los servidores públicos responsables de violentar sus derechos.
 
Se trata del jefe de la Unidad de Análisis Criminal, David Alberto Izquierdo Sánchez y el director de Información y Coordinación Regional, Luis Itzcoatl Mauriño Cubas, los funcionarios que se burlaron del aspecto físico de Adriana y la despidieron en diciembre de 2015, luego de que le extirparan el seno izquierdo y permaneciera un año en incapacidad por los efectos del cáncer.
 
VITAL ATENCIÓN MÉDICA
 
El caso de Adriana no es aislado, datos de la Secretaria de Salud (SS) afirman que el CaMa cobra la vida de 12 mexicanas al día, por ello la Norma Oficial Mexicana 041 contempla como obligación del Estado garantizar el acceso a la mastografía y la cirugía de ser necesario. Sin embargo, en 2015 el Edomex solo logró la cobertura de 18 por ciento de las mujeres entre 40 a 59 años de edad.
 
Por la falta de cobertura, a mujeres como a Adriana se les detecta en las últimas fases (a ella fue en la penúltima), y se suman otros elementos; el tipo de cáncer que padece cada mujer; Rodríguez padece Her 2 Positivo, caracterizado por su rápido desarrollo, poco conocimiento y un tratamiento  que cuesta más de 12 millones de pesos, de ahí la importancia de que mantenga su trabajo y seguro médico.
 
Adriana expresó que espera que la CEAV local atraiga su caso, pues cumple con elementos como lo es una enfermedad que afecta a la población femenina, y dentro de la Ley de Acceso estatal, se contempla la discriminación laboral como una violación a los derechos de las mujeres.

17/RED








ESTADOS
   Magistrado no la considera víctima por ser académica y activista
“Me defenderé sola”, afirma Carmen Zamora, tras fallo judicial
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/06/2017

Apenas el pasado 6 de junio, el sistema judicial del Estado de México informó a Carmen Zamora por qué Claudio Baruch Alarcón Muñoz, quien la violó e intentó asesinarla hace 10 años, no fue condenado a prisión y está libre desde noviembre pasado, con riesgo a que la vuelva a agredir.
 
Entre los argumentos que dio el Magistrado Cuarto Colegiado Penal de Toluca --entregados a Carmen siete meses después del fallo, aunque su derecho era saberlos desde la sentencia-, están que ella no podía ser víctima de esos delitos por parte de su agresor y entonces esposo, ya que es académica y activista.
 
Así lo explica el magistrado Venancio Pineda en la revisión 292/2016 al amparo de libertad interpuesto en agosto de 2016 por la defensa del acusado, de la cual Cimacnoticias tiene copia:
 
“En el contexto de interpretación de perspectiva de género”, Zamora Villedas no pudo ser víctima de violación e intento de asesinato en 2007, “por una mayor preparación académica y profesional como docente de la Universidad Nacional Autónoma de México”, en comparación con su agresor “que se desempeñaba como mesero y luego como agente de seguridad en el Servicio de Administración Tributaria”.
 
Además, a consideración del magistrado Venancio Pineda, por ser activista y defensora de Derechos Humanos, “toma decisiones y realiza acciones que demuestran que no tiene actitud de subordinación o posición sojuzgada, en tanto denota una capacidad de autodeterminación, lo que fue motivo -continúa el documento- de sus conflictos de pareja”.

Dieron fe y firmaron la resolución los magistrados: Darío Carlos Contreras Reyes, y el ponente Humberto Pineda, ante el secretario Juan Eduardo Bazán García. La única que se opuso fue la magistrada Sara Olimpia Reyes García.

UNA DÉCADA DE IMPUNIDAD
 
Esta resolución, dice Carmen Zamora Villedas en entrevista, revela “lo misóginos que son los jueces” y “que no saben juzgar con perspectiva de género”.  “¡Cuánta impunidad!, agrega, tengo una falta total de credibilidad en todas las instituciones de justicia desde la local hasta la federal”.  
 
Carmen recuerda que cuando presentó, en marzo de 2007, la primera denuncia en contra de su exesposo por violación sexual e intento de feminicidio por asfixia, en Ecatepec, el personal del Ministerio Público le dijo que “eso le pasaba por estudiar”.
 
Recuerda que la decisión de los magistrados, cuyos argumentos recién conoce, deriva de la apelación contra la negativa que dio en abril el Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Delitos Distrito Judicial de Ecatepec, para aprehender nuevamente a Claudio Alarcón. 
 
De nada sirvió, dice, que haya demostrado ser víctima de las agresiones de Alarcón Muñoz con peritajes en psicología, y victimología, donde se indica que “presenta síntomas asociados con víctimas de violencia sexual”, y que entregó también un certificado médico donde constan las heridas que le dejó la violación.
 
Dicha información la ingresó en su carpeta de investigación perfeccionada en abril de 2017 al Juzgado Segundo para buscar revocar la sentencia de libertad.
 
Sin embargo, ese mismo mes, el juzgado determinó que las pruebas no eran suficientes y que el desgarre que presentaba “era antiguo” por lo que no se podía determinar que lo ocasionó Alarcón Muñoz y, por tanto, no podía aprehenderlo de nuevo. 
 
Ninguna prueba ha sido suficiente para los jueces, dice Carmen Zamora, quien agotó todas las instancias de un sistema que tiene la obligación de garantizarle justicia, protegerla.
 
Más aún, porque su caso está ubicado en el Estado de México (Edomex), al que en agosto de 2015 la Secretaría de Gobernación (Segob) le decretó la Alerta de Violencia de Género para 11 municipios, incluido Ecatepec, donde ella reside y en donde ahora también busca justicia para otras mexiquenses, ante un sistema donde priva la impunidad, corrupción y la violencia institucional, señala.
 
 LA FUNDACIÓN CARMEN ZAMORA
 
De su experiencia surgió la “Fundación Carmen Zamora”, un proyecto creado por ella para acompañar a las mexiquenses   víctimas de violencia de género. Se trata, dice, de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, un trabajo que es obligación del Estado pero que este se niega a asumir. Aunque esto la coloque en mayor riesgo.
 
Sabe del riesgo no solo porque su agresor sigue en libertad y porque la familia de éste la ha agredido, sino también porque desde abril de 2017 la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México le retiró las medidas de seguridad que le había otorgó el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tras determinar que estaba en “peligro extremo”.
 
La CES Edomex decidió que Carmen hacía uso indebido de las unidades policiales al trasladar a las mujeres que acompaña solidariamente, a pesar de que dichas acciones estaban contempladas en las actividades que hace como defensora.
 
Le reiteraron la negativa a tener protección en una reunión,  el 25 de mayo de 2017, con el comisionado de la CES, Eduardo Valiente Hernández, la subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la entidad, Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, y con personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
 
Estos servidores públicos sólo le ofrecieron que “si necesitaba algo”, estaba su personal.
 
LA ÚLTIMA HERRAMIENTA
 
Carmen Zamora sabe que el Juzgado seguirá revocando las apelaciones que presente, pero se niega a desistir. Y aunque  tiene miedo de que su caso, con el tiempo caiga en la impunidad, como muchos otros en la entidad mexiquense, dice: “me voy a defender sola, me voy a poner a estudiar Derecho, lo voy a llevar hasta donde tenga que ser”.
 
Hoy, la Fiscalía Especializada de Feminicidios tiene una carpeta de investigación para que el caso de Carmen Zamora sea investigado como intento de feminicidio y no como violación sexual agravada. La última herramienta para que Carmen acceda a la justicia después de diez años.
 
17/RED/GG
 








NACIONAL
LABORAL
   Interpone amparo para que le restablezcan trabajo y salario
Determina juez que mujer despedida por padecer CaMa tenga seguridad social
Imagen retomada del portal teacup.clubargentina.blogspot.com
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/01/2017

La ex subdirectora de Información Delictiva y Coyuntural de la Unidad de Análisis Criminal de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México (CES Edomex), Adriana Rodríguez Hernández, despedida de su trabajo por padecer cáncer de mama, logró que un juez determinara que debe seguir contando con seguridad social para costear su tratamiento.
 
En entrevista con Cimacnoticias, el abogado de Rodríguez Hernández, Pedro Ayala Espinosa, informó que tras el despido presentaron un amparo el 19 de diciembre, para conocer las razones de éste, al tiempo que pidió no terminar la relación laboral, y respetar el derecho a la atención médica de Adriana Rodríguez Hernández.
 
El abogado informó que por ahora un juez de Distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, determinó que se garantizara la seguridad social de Adriana Rodríguez.
 
“Al exponer todos los antecedentes médicos al juez, ordenó que a Adriana se le siga proporcionando asistencia médica por el peligro que ella corría si le suspendían este derecho en específico”.
 
De acuerdo con el abogado, esto es un avance importante pues el  Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) establece que una vez que el asegurado pierda su empleo, éste gozará únicamente con 2 meses de asistencia médica.
 
El abogado añadió que en este proceso buscará también que se le reestablezca a Adriana su salario o por lo menos que se le pague un mínimo vital para vivir, en los criterios que establezca el juez. “Necesita alimentos, medicinas, ya que es una enfermedad muy difícil de costear. Que no tenga un ingreso puede ser una condena a la muerte” dijo Ayala Espinosa.
 
Cabe recordar que Adriana Rodríguez fue diagnosticada con cáncer de mama (CaMa) desde octubre de 2014, lo que la obligo a separarse de su trabajo por 1 año.
 
Durante ese tiempo que Adriana visitaba las oficinas para presentar su licencia de incapacidad, fue víctima de burlas, hostigamientos y discriminación derivadas de su enfermedad, por sus compañeros laborales y su jefe de la Unidad de Análisis Criminal, David Alberto Izquierdo Sánchez, quien la obligó a laborar un día antes de ser operada de una mastectomía radical donde le fue extirpado el seno izquierdo y 26 ganglios.
 
En entrevista con Cimacnoticias, Rodríguez Hernández relató que ha buscado trabajo en este periodo, pero a pesar de ser elogiada por sus capacidades en ningún lugar han querido contratarla por su antecedente médico.
 
“He empezado a vender pulseras, anillos, cosas que tengo para vivir. Pero imagínate yo que tengo la suerte de tener atención médica, me preguntó qué pasa con las otras mujeres”, dijo.
 
El 17 de enero de este año fue notificada a través de un oficio, firmado por el director de la CES Edomex, Eduardo Valiente Hernández, de su despido el cual argumenta que obedeció  “por amenazas e injurias en contra del personal a su cargo y desobediencia a sus superiores”.
 
Este documento contiene cinco supuestos testimonios de agresiones que Adriana Hernández cometió contra el personal que estaba bajo su cargo, pues ella aseguró que cuenta con pruebas que ninguno de estos testigos estaba en su plantilla de personal y ella no había cometido tales actos.
 
“Hay que acreditar que eso no sucedió, y constar que se dijeron cosas que no sucedieron”, agregó Pedro Ayala.
 
Ante estas falsas declaraciones, burlas y hostigamientos que ha sufrido Adriana, el abogado comentó que existen los mecanismos que protegen sus derechos pero “no se respetan”.
 
“Se han expedido de manera específica la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del Estado de México contra la discriminación laboral, pero si el gobierno del Edomex decide que no la quiere cumplir no veo otra forma de lograrlo”.
 
Pedro Ayala también destacó que existe la obligación legal y moral de los servidores públicos que tengan una perspectiva de género para todas las acciones que lleven a cabo, por lo que considero que “debe de tomarse en consideración estas enfermedades que aquejan en específico a las mujeres”.
 
Adriana Rodríguez interpuso varias denuncias por abuso de autoridad, discriminación y acoso laboral, ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) -número de expediente CODHEM/TLAL/786/2015- sin embargo no ha tenido respuesta.
 
Actualmente Adriana Rodríguez se encuentra en espera de la resolución del amparo, y continúa asistiendo a sus tratamientos médicos de manera regular.
 
17/HZM/LGL
 








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