ESTADOS
VIOLENCIA
   Pidieron AVG en 2016 y apenas ayer hubo mesa de “alto nivel”
Veracruzanas esperan acciones en favor de su salud reproductiva
María de la Luz Estrada, Coordinadora del Observatorio Nacional del Feminicidio | Imagen retomada del portal avcnoticias.com.mx
Por: Ana Alicia Osorio
Cimacnoticias/AVCNoticias | Boca del Río, Ver .- 15/06/2017 La coordinadora del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, María de la Luz Estrada, afirmó que esperan aún resultados y modificaciones a la ley para defender la salud reproductiva de las veracruzanas, ya que en el estado, por ejemplo, aún se niega el derecho legal a interrumpir un embarazo en caso de violación.  
 
Señaló lo anterior, tras la instalación, ayer en el Word Trade Center de esta ciudad, de la Mesa de Alto Nivel para atender las recomendaciones por la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado en Veracruz, medida que fue solicitada en abril de 2016 por organizaciones civiles, entre ellas el Observatorio debido a que a las veracruzanas no se les garantiza su derecho a la salud reproductiva, en comparación con lo que sucede en otras entidades, como la capital del país, en donde, por ejemplo, está vigente desde 2007 la intervención legal del embarazo.
 
Sobre la instalación de la Mesa de alto nivel, un acto encabezado por el gobernador Miguel Ángel Yunes, y por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, la coordinadora del Observatorio señaló que “es una primera reunión y todavía el Gobernador va a revisar los cuestionamientos que hicimos”.
 
Dijo es necesario, entre las medidas para acatar las recomendaciones, que el Congreso local reforme el Código Penal para garantizar a las mujeres su salud reproductiva. 
 
Esto es necesario, explicó, porque, por ejemplo, durante el 2016, más de 400 mujeres denunciaron violaciones sexuales y, aunque muchas de ellas presentaron un embarazo, se les negó el derecho legal de interrumpir la gestación.
 
Comentó que la cifra de violaciones contra mujeres podría ser mucho mayor debido a que únicamente el 10 por ciento presenta denuncias. “Denunciadas estamos hablando de 400 denuncias de mujeres que han sido violadas, eso solo refleja el 10 por ciento de las mujeres que se atreven a denunciar, el año pasado y es importante que también son solo denuncias de violación, se dispara cuando hablamos de violencia sexual”, indicó.
 
Afirmó que en los lugares que más se ha presentado esta problemática ha sido en Poza Rica, Veracruz y Xalapa.
 
“El problema es que no implementan la atención integral a víctimas de violencia sexual, mucho menos de interrupción sexual del embarazo, teniendo a niñas con embarazos forzados en contra de su propia voluntad”, aseguró.
 
Detalló que en el estado de Veracruz se han detectado fenómenos como niñas menores de 14 años a quienes se les niega el derecho a interrumpir su embarazo aunque fueron víctimas de violación y la ley lo permite.
 
“Eso significa para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tortura, embarazos forzados, niñas que son violadas y obligadas a continuar un embarazo”, indicó.
 
BAJO VIGILANCIA
 
Cabe mencionar que en abril pasado, el titular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, acordó con al menos 10 agrupaciones feministas, locales y nacionales, la creación del Frente Veracruzano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, para dar seguimiento técnico para el cumplimiento de las recomendaciones a los tres poderes del estado de Veracruz derivadas de la AVG.
 
En la reunión, las agrupaciones apelaron a la voluntad política de los tomadores de decisiones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para cumplir en las recomendaciones del agravio que buscan garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres veracruzanas.
 
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REPORTAJE
VIOLENCIA
   De 2011 a abril de 2017, sólo 77 sentencias por ese delito
PGJDF “no está queriendo” implementar protocolo de feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/05/2017 En la capital del país se abren al mes, en promedio, 5 carpetas de investigación por feminicidio, dice la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), aunque la cifra podría ser mayor, pues la omisión y negligencia de los Ministerios Públicos y de la propia Procuraduría no permiten acreditar el delito.
 
De 2015 a abril de 2017, la PGJDF reportó 116 carpetas de investigación por feminicidio, de acuerdo con la solicitud de información de Cimacnoticias. De estos, 14 se registraron en lo que va del año, 26 ocurrieron en 2016 y 56 en 2015.  
 
La coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, dice que el acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio en la ciudad se frena en los procesos de investigación, porque las instancias se reúsan a aplicar los protocolos desde la perspectiva de género, pierden evidencias, reclasifican los casos a homicidios, el peritaje no describe los rastros del feminicidio y en algunos casos incurren en corrupción.
 
En 2011 se tipificó en el Artículo 148 BIS del Código Penal de la Ciudad de México el delito de feminicidio, con condenas de 20 a 50 años de prisión. En junio de 2012, el OCNF y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos elaboraron el Protocolo de actuación pericial, ministerial y policial para indagar asesinatos de mujeres.
 
El OCNF ha denunciado reiteradamente esa falta de aplicación y seguimiento, han pedido su renovación con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó, a partir del caso Mariana Lima, que “todo asesinato violento de una mujer debe ser investigado como feminicidio”.
 
El caso de Lesvy, joven de 22 años asesinada y encontrada en la madrugada del 3 mayo en la UNAM, indica la experta, es una expresión más de la actuación de la PGJDF al atender e investigar esos casos.
 
PGJDF, FALLAS
 
Entre las irregularidades que repite la PGJDF, dice el coordinador general de Justicia, Derechos Humanos, y Género, Rodolfo Domínguez Martínez, está lo sucedido con Karen Joanna Sánchez Gochi, estudiante de la UNAM, asesinada en un hotel de Azcapotzalco el 11 de junio de 2012.
 
Ese día, ella regresó del gimnasio y pidió permiso para salir con un conocido que fue a buscarla. No regresó. Su familia presentó denuncia por desaparición y al día siguiente se enteraron que fue asesinada.
 
Pese a que su cuerpo estaba desnudo y expuesto en un lugar público, su caso no fue referido a la Agencia Especializada para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual Diferente, sino a la Fiscalía Antisecuestros.


El agresor fue procesado por homicidio, no por feminicidio, recordó Domínguez, coadyuvante del caso, porque “no cumplía con una de las 5 razones de género establecidas en el tipo penal”, pues “no había signos de violencia en la zona genital”. La sentencia fue de solo 35 años de cárcel.
 
“El problema es que la autoridad no está queriendo implementar el protocolo, no es un problema de marco legislativo, es cómo las autoridades están actuando, no actúan con la debida diligencia, actúan de forma omisa lo que afecta a las mujeres”, aseveró el abogado.
 
Luz Estrada dice que estas sentencias demuestran criterios mal aplicados por los jueces, “sólo es necesario acreditar una de las 5 circunstancias del tipo penal para continuar con la investigación como feminicidio”. Esto es: que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; que el cuerpo presente lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones; conocer si fue víctima de acoso, amenazas, violencia o lesiones por parte del sujeto activo; que el cuerpo sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; y que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.
 
La PGJDF informa que desde 2011 a abril de 2017, se han puesto a disposición a 219 probables responsables, se consignaron 203 y se han dado sólo 77 sentencias por feminicidio.
 
PGJDF EXPUESTA
 
Luz Estrada recuerda que en casos mediáticos se evidencia el sistema de justicia local, como ocurrió en noviembre de 2014 con asesinato de Angélica Trinidad Romero en la tienda Liverpool.
 
Primero las autoridades dijeron que la muerte fue por asfixia por comida, hasta que familiares revelaron que presentaba golpes y señales de atadura en las muñecas. Cuando el caso fue referido a la Agencia de Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres, “ya se había perdido todo el material probatorio”, indica Estrada. 
 
No es novedad, dice la especialista, “mucho material probatorio fundamental para vincular a los posibles asesinos y acreditar el feminicidio no se resguarda”. Pasa el tiempo y se complica encarcelar a los responsables. 
 
REVICTIMIZACIÓN
 
En el caso de Lesvy, la PGJDF no informó en un inicio la aplicación del Protocolo, pero dio información académica y de su vida privada, lo que enfadó a capitalinas y comunidad universitaria, que marchó en el campus el 5 de mayo.
 
No es sólo aprender el Protocolo, sino cambiar una concepción, cómo miras a las mujeres, cómo entiendes la violencia hacia ellas, de lo contrario, dice Estrada, pasa lo que con Lesvy: prácticas discriminatorias contra las víctimas.
 
La directora del OCNF recuerda otro caso: en diciembre de 2016, Valeria del Carmen Reyes, de 24 años, y su amiga, Alma Josefina Huerta de 29, fueron reportadas como desaparecidas y sus cuerpos hallados en las zonas boscosas de Milpa Alta y Xochimilco.
 
Presentaban golpes, signos de violencia sexual y estrangulamiento, a Valeria le introdujeron billetes en los genitales y de inmediato la PGJDF dijo que “se dedicaban a dar servicios sexuales”.
 
“Es una constante, invisibilizan a las mujeres, aparecen como narcotraficantes, vinculadas con la delincuencia, las descreditan y se olvida el proceso que debe seguir una investigación”, refiere Estrada.
 
Estrada y Domínguez coinciden en que mientras las instituciones se nieguen a aplicar la ley y los protocolos de actuación en los asesinatos de mujeres, la impunidad persistirá. Ante ello, una alternativa es aplicar sanciones a quien incurra en omisiones, para garantizar el funcionamiento del sistema judicial y el derecho a la justicia de las víctimas. 
 
17/HZM/GG
 







NACIONAL
VIOLENCIA
   Sólo un decreto y un programa para reparar daño
CEAV y DIF, obligados a registrar y acompañar orfandad por feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/03/2017 La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tienen la obligación de hacer un registro fidedigno sobre hijos e hijas de víctimas de feminicidio: cuántos son, dónde están, quiénes se hacen responsables de ellos, cuál es su acompañamiento, pues es un tema que concierne a la reparación integral de daños, afirmó la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada.
 
A pesar de que existe un registro oficial de 6 mil 488 asesinatos de mujeres entre 2013 a 2015, que dejarían en la orfandad a miles de niños, niñas y adolescentes, la CEAV señala –tras una solicitud de información- que sólo conoce, de 2014 a febrero de 2017 (todo el tiempo en que ha operado) solo 65 casos de orfandad por feminicidio. 
 
La Coordinadora del OCNF, entrevistada por Cimacnoticias, recordó que estas hijas e hijos son víctimas indirectas, por lo tanto  CEAV y DIF debe registrar y acompañar el desarrollo de la niñez en orfandad por feminicidio.
 
Estos actos están estipulados en Ley General de Víctimas, donde se indica que “los familiares o personas que tengan una relación inmediata con la víctima, deben percibir ayuda provisional y oportuna de los recursos de ayuda de los sistemas de víctimas federales o de las entidades”.
 
Además, la sentencia emitida por la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) en 2009 por tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, obligó al Estado mexicano a reconocer a las hijas e hijos de mujeres asesinadas por razón de género como víctimas y a establecer las bases jurídicas y políticas públicas necesarias para respaldarlos
 
Sin embargo,  aunque existen instituciones y marco jurídico, es difícil contar con estos registros, dijo la activista Luz Estrada, pues con dificultades se logra conocer de manera efectiva las cifras de feminicidio a nivel a nacional, por lo que contabilizar a las víctimas indirectas del feminicidio será un reto.
 
REPARACIÓN DE DAÑO
 
Sobre la reparación del daño, Luz Estrada comentó que “es toda una problemática”, pues los esfuerzos son insuficientes, ya que, además del protocolo de CEAV, existen apenas un decreto en el Estado de México y un programa en Jalisco.
 
El decreto del Estado de México, número 106 publicado el 3 de agosto de 2016 en la Gaceta Oficial de la entidad, un año después de la Alerta de Violencia de Género (AVG), reconoce la necesidad de “otorgar un estímulo económico a las hijas o hijos de madre o tutora desaparecida o víctima de feminicidio u homicidio doloso”. Y se entrega “a partir de la noticia del hecho en los lineamientos correspondientes”, hasta la conclusión de la licenciatura o la certificación como profesional técnico.
 
En febrero de 2017, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció entregar 800 pesos mensuales por cada estudiante, siempre y cuando estén inscritos en las instituciones escolares hasta concluir la licenciatura.
 
Luz Estrada consideró que, además de estos necesarios recursos económicos, también se debe considerar la atención psicológica integral para los hijos e hijas de mujeres asesinadas, muchas veces testigos del delito, lo que les deja marcas severas, incluso cuando son menores de edad.
 
Ellas y ellos, dice la experta, “se sienten solos, cansados, abandonados, lo que tiene consecuencias significativas en su desarrollo”, pues el feminicidio “es una muerte no esperada y la familia también debe llevar terapia “para poder sobrellevar el dolor.”
 
En Jalisco, el programa “Acompañar la ausencia” fue establecido en septiembre de 2016, ante el creciente número de casos de feminicidio, con el fin de dar apoyo psicológico a familiares de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio, para “aliviar algunos trastornos psicológicos que detonan estos delitos, con el fin de recomponer el tejido familiar”.
 
Sin embargo, señaló Luz Estrada, siguen siendo las abuelas, tías u otros familiares los que se hacen cargo de las hijas e hijos de mujeres asesinadas y quienes buscan los medios para brindarles lo necesario a estas víctimas que quedan indefensas a falta de políticas públicas.
 
17/HZM/GG
 







NACIONAL
VIOLENCIA
   Se instaló Comisión Especial de Alerta de Género
Urge revisar impacto de AVG y cumplimiento del gobierno: OSC
Foto: cortesía Cámara de Diputados
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/02/2017 Con la tarea pendiente de definir una agenda de trabajo y de concretar acciones, hoy se instaló la Comisión Especial de Alerta de Género de la Cámara de Diputados que dará seguimiento al funcionamiento de este mecanismo para proteger a las mujeres en todo el país.
 
En un acto al que sólo asistieron seis de las 12 diputadas que integran este órgano parlamentario, las legisladoras se comprometieron ante agrupaciones de la sociedad civil a revisar cómo se implementa la Alerta de Violencia de Género (AVG).
 
A la fecha, grupos de mujeres han solicitado activar la alerta en 21 estados y han conseguido que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), la decrete en seis estados.
 
La alerta es un mecanismo que se prevé en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer acciones de emergencia para proteger la vida de las mujeres pero, de acuerdo con la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Karen Hurtado Arana, ha sido letra muerta.
 
La alerta se emitió para 11 municipios del Estado de México, 8 de Morelos, 14 de Michoacán, 7 de Chiapas, 5 de Nuevo León y 11 de Veracruz; sin embargo las agrupaciones ciudadanas han señalado que no hay resultados sobre la implementación y funcionamiento de este mecanismo.
 
Como respuesta a estas denuncias, la 63 Legislatura de la Cámara de Diputados, la primera con 43 por ciento de mujeres, creó la Comisión Especial de Alerta de Género aunque en su reunión de instalación las legisladoras señalaron que harán un plan de trabajo después de escuchar a la sociedad civil.
 
Hurtado Arana dijo que cada día crece el miedo de que las hijas, hermanas o mujeres estén solas en la calle porque están inseguras, de ahí la necesidad de revisar este mecanismo.  
 
La diputada perredista señaló que esta Comisión revisará los protocolos que la alerta contempla y el seguimiento puntual en los municipios donde se decretó; además hará análisis y documentos, diagnósticos y estadísticas sobre temas relacionados con la violencia de género.
 
Al acto asistieron las diputadas Melissa Torres Sandoval, de Encuentro Social; Erika Rodríguez Hernández y Arlet Mólgora Glover, del Revolucionario Institucional; Guadalupe González Suástegui, de Acción Nacional, y Olga Catalán Padilla, del Partido de la Revolución Democrática.
 
ESTRATEGIAS CERTERAS
 
Al respecto, integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Asociación de Justicia, Derechos Humanos y Género, que acompañan casos de feminicidio y han sido solicitantes de la alerta, señalaron que este organismo parlamentario debe tomar acciones concretas.
 
La coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada, dijo que esta Comisión no debe analizar si la alerta es viable o no, sino entender su naturaleza y revisar el impacto, porque los diagnósticos ya existen y ya se sabe qué funciona y qué no sirve.
 
Expuso que las Comisiones especiales son limitadas, porque no se sabe qué tanto podrán incidir para que los gobiernos cumplan con las recomendaciones de los expertos, por lo que pidió que las diputadas se acerquen a las agrupaciones que han solicitado este mecanismo y concreten estrategias más certeras.
 
La activista señaló que el objetivo de un organismo parlamentario como este no debería ser la revisión sobre cómo funciona un protocolo sino revisar cómo un gobierno implementa las recomendaciones y detectar deficiencias, pues sólo así el Congreso ayudará a lograr cambios en la materia.
 
Hasta ahora no se prevé fecha para la próxima sesión de la Comisión, aunque se tiene planeada una reunión con sociedad civil para escuchar a profundidad los argumentos y plantear una ruta de trabajo
 
17/AGM/GG







NACIONAL
   Obligación del Estado, desde hace una década
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/02/2017
Hace 10 años, el movimiento feminista hizo alianza con las legisladoras para impulsar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de  Violencia, un proyecto que cambió la mirada de las instituciones sobre la violencia contra las mujeres y que fue aprobado en la Cámara de Diputados en abril de 2006 y ratificado por el Senado en diciembre del mismo año. 
 
Inició así, para el Estado, en 2007, la obligación de aplicar Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y, para las mujeres, quedó garantizado su derecho a gozar de los beneficios de ese marco legal para enfrentar la violencia de género. Por eso, este mes de febrero las mexicanas celebramos el décimo aniversario de su entrada en vigor.
 
La Ley fue publicada el 1 de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, fecha de arranque para que las instituciones comenzaran con la aplicación de medidas para prevenir y atender a las mujeres que viven distintos tipos y modalidades de violencia, un avance significativo en la defensa de los Derechos Humanos. 
 
Se reconoció así en el país el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y al goce, ejercicio y protección de todos sus derechos humanos y libertades, mientras que el Estado está obligado a implementar un Programa Integral y mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.
 
CAMBIO DE PARADIGMA
 
La LGAMVLV significó un cambio de paradigma, pues aunque se empezaron a crear leyes en América Latina para sancionar la violencia, luego de que los países de la región firmaron en 1994 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (mejor conocida como Belém do Pará), la mayoría se enfocaron a proteger a la “familia”, bajo la figura de violencia intrafamiliar o doméstica.
 
Luz Patricia Mejía Guerrero, secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención de Belém do Pará, explica que estas leyes contra la violencia intrafamiliar o doméstica generaron que los países implementaran procesos de mediación para que las mujeres se mantuvieran dentro de la familia.  
 
Las investigaciones, dice Mejía Guerrero, encontraron que persuadir a las mujeres víctimas de violencia a firmar un acuerdo con sus parejas para que ambos se respetaran, era una política que ponía en peligro a las que denunciaban e incrementaba la violencia, lo que provocaba desconfianza en el sistema de administración de justicia.
 
Tras estos hallazgos, los países de la región se encaminaron a implementar acciones de prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres. Y en esta lógica, el movimiento feminista de México y legisladoras impulsaron el proyecto de ley que reconocía el derecho de esta población a vivir una vida libre de violencia.
 
AVANCES
 
Entre las impulsoras de la Ley General de Acceso estuvieron la priista Diva Hadamira Gastélum Bajo, entonces presidenta de la Comisión de Equidad y Género; la antropóloga y legisladora perredista, Marcela Lagarde y de los Ríos, presidenta de la Comisión Especial de Feminicidio; y la también perredista Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia.
 
La antropóloga feminista Marcela Lagarde, quien llegó a la Cámara de Diputados con el objetivo de tipificar el delito de feminicidio, lo que no pudo concretar en ese momento, coordinó la Investigación Diagnóstica sobre la Violencia Feminicida en la República Mexicana, la cual concluyó que cuatro mujeres eran asesinadas al día. Esos fueron argumentos suficientes para crear esta ley.
 
La propuesta de norma fue criticada porque estaba dirigida sólo a las mujeres, pero cuando se aprobó, dice la feminista, rompió esquemas, fue una ley transgresora y vanguardista porque colocó a las mexicanas como sujetas y porque en el fondo colocó la misoginia y el patriarcado como fundamentos. Se logró acreditar el feminismo, sostiene Lagarde.
 
Las legisladoras consiguieron que en la ley se reconociera el derecho de las mujeres a que se respete su integridad física, psíquica y moral, que se crearan mecanismos innovadores como las órdenes de protección para brindar seguridad a mujeres en situación de violencia y la Alerta de Violencia de Género (AVG) para implementar acciones de protección en un territorio determinado.
 
La actual senadora perredista Angélica de la Peña destaca que esta ley sacó el problema de la violencia del ámbito privado y lo llevó a lo público; se redactó con base en la Convención Belém do Pará, y señaló tipos y modalidades de la violencia que constituye una violación a todos los Derechos Humanos de las mujeres, lo que  causa la desigualdad de género.
 
“El balance que hacemos es que si bien hay situaciones que afectan los derechos culturales, sociales o los derechos políticos de las mujeres, la violencia contra las mujeres afecta todos los derechos”, dice De la Peña.
 
Uno de los avances que enumeró es que, posterior a la promulgación de la norma, se hizo una revisión de Códigos Penales y Civiles y se incidió en la reforma de muchos preceptos que discriminaban a las mujeres.
 
Una década después de esta ley, la ex diputada federal Martha Lucía Mícher Camarena, quien también participó en este proceso, asegura que la ley fue un avance, una norma revolucionaria y un éxito del feminismo y de legisladores que, no siendo feministas, se convencieron de que existía un problema a atender.
 
Malú Micher, como se le conoce, dice que esta ley incorporó temas que rompían los esquemas de las propias legisladoras, de académicas y medios de comunicación, fue de avanzada, dice. 
 
Además, asegura que este tema es importante, porque las leyes son un marco jurídico que ayuda, pues si no se invoca una ley es muy complicado defender los Derechos Humanos de las mujeres.
 
Desde la visión de las instituciones, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandra Negrete Morayta, esta ley era absolutamente necesaria e insoslayable, y dio respuesta a una exigencia histórica, visibilizó tipos y modalidades de la violencia, otorgó una protección diferenciada a las mujeres y estableció las bases adecuadas para la coordinación de los tres niveles de gobierno en materia de violencia contra las mujeres.
 
Al hacer un repaso de esta década, la Comisionada precisa que no se puede hacer un balance en blanco y negro, pero reconoce que aún ocurren casos de violencia contra las mujeres por la falta de implementación adecuada de las obligaciones estatales, sobre todo a nivel local y municipal. Por ejemplo, la falta de acceso adecuado a la justicia, de políticas de prevención, violencia institucional, falta de medidas de protección, de sanción y de un trabajo integral con los agresores, entre otras.
 
El problema que enfrentamos, expone la Comisionada, es de la mayor complejidad, pues, pese a su gravedad, había permanecido invisible y aceptado. Por ello, dice que el trabajo realizado a partir de la ley se medirá en el mediano y largo plazo, pues la conciencia de corresponsabilidad absoluta de todas y todos, y el cambio de estructuras sociales con décadas de arraigo, requieren de mucho trabajo.
 
RETOS
 
Para Malú Micher, “sigue habiendo ceguera de género en los gobiernos”, pese a que después de la ley, en 2012 se tipificó el delito de feminicidio en el Código Penal Federal, en 2013, la Suprema Corte creó el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género; desde 2008 la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto etiquetado para la igualdad y se han creado protocolos para investigar estos delitos. 
 
Es por ello que Micher Camarena propuso una amplia reforma a la Ley para que se nombre la violencia obstétrica, cibernética, económica, política; se cambien los tiempos de las órdenes de protección y se explique el procedimiento para decretar la Alerta. Sin embargo, no fue aprobada. 
 
Angélica de la Peña Gómez también considera que aún quedan pendientes por revisar, sobre todo en los ámbitos local y municipal. Por ejemplo, la creación de un Diagnóstico Nacional para conocer las causas de la violencia contra las mujeres y la implementación del Banco Nacional de Violencias contra las Mujeres, que se ordena en la ley.
 
Para la legisladora, es importante que dos obligaciones se pongan en marcha y ahí derivarían políticas públicas y acciones gubernamentales para poder lograr realmente una prevención, atención y erradicación de la violencia de género.
 
Respecto a la Alerta de Violencia de Género, De la Peña dice que el reto es “no prejuiciarse” frente a la exigencia de una declaración, sino hacer investigaciones profundas, metodológicas, que esclarezcan cuáles son las causas que derivaron en esa violencia en ese lugar o territorio y establecer acciones para atender el problema.
 
A su vez la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, explica que una vez que la Ley General de Acceso entró en vigor, los estados estuvieron obligados a adoptar sus propias leyes locales con sus respectivos mecanismos de prevención; pero en cada estado se legisló como se quiso y atendiendo a su contexto local.
 
La activistas señala que las organizaciones civiles se han enfocado en dar seguimiento a dos mecanismos: las órdenes de protección y la AVG, donde han visto obstáculos para implementarlos. Por ejemplo, en el caso de la Alerta hay un proceso burocrático para determinar si es necesario decretarla o no.
 
La sociedad civil también ha señalado la deficiencia de tener un  Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, conformado por nueve Secretarías de Estado y dependencias que, al ser un gran sistema, no logran implementar modelos o instrumentos a favor de una vida digna.
 
Además, Estrada destaca que una ley sin recursos no sirve y señala que es necesario que se promueva una reforma a la Ley General de Acceso que agilice y amplié la vigencia de las órdenes de protección, y que modifique el actual proceso para decretar la AVG a fin de que un grupo experto haga la evaluación de la procedencia del mecanismo.
 
Al respecto Marcela Lagarde critica que el movimiento de mujeres sólo se enfoque en exigir la implementación de la alerta y no se vea que esta norma es integral y requiere de una política integral de Estado.
 
Señala, además, que si en 2007 no se aceptó que la inclusión del concepto de feminicidio, hoy es oportunidad de hacerlo. Coincide en la necesidad de incorporar términos que no existen, como violencia política y obstétrica. Pese a esto que le falta, reafirma Lagarde, es una ley maravillosa y en el país “está en construcción la política que contiene esa ley”.
 
17/AGM/LGL/GGQ








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