periodistas

INTERNACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Visibilizó el conflicto armado en Guatemala y la violación a DH
Fallece la periodista y fundadora de la agencia Cerigua Ileana Alamilla
Imagen retomada de Cerigua
Por: Erika Cervantes Pérez*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/01/2018

¿Quién apuesta por construir la paz? A veces las instituciones, otras los gobiernos, pero cotidianamente las personas, como Ileana Alamilla Bustamante, periodista guatemalteca y directora fundadora del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua), quien falleció este miércoles.

Ileana era periodista de profesión y abogada por origen. Nacida a mitad del siglo XX; comprometió su vida a la construcción de la paz con justicia y a la defensa de la libertad de expresión en Guatemala. En diciembre de 2011 fue reconocida con la “Rosa de la Paz”, una distinción a quienes contribuyen a la construcción de la paz en una democracia con libertad en Guatemala.

Sus años de estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, transcurrieron justo durante la vorágine de luchas sociales y respuestas represivas por parte del Estado contrainsurgente de esa época.

Su contacto con profesores universitarios comprometidos con las causas populares y con dirigentes estudiantiles, le permitió construir una visión y sensibilidad ante los problemas sociales que la llevaron a identificarse con las ideas revolucionarias.

En 1979 la represión gubernamental rodeó el entorno familiar de Ileana, por lo que ella tuvo que salir del país por 19 largos años. Vivió primero en Costa Rica, después en Nicaragua, El Salvador y México.

En 1983, durante su exilio, fundó la agencia de noticias Cerigua, la cual buscó romper el cerco informativo gubernamental de lo que acontecía en Guatemala.

Cerigua puso en el mapa informativo el conflicto armado, y la violación a los derechos ciudadanos y humanos de la población guatemalteca.

Durante ese tiempo, Ileana experimentó una de las mayores satisfacciones que una periodista puede vivir al ver que la información sobre el emplazamiento de artillería en Chimaltenango (a 54 kilómetros de la ciudad de Guatemala) para masacrar a una población, obligó a que se evitara un derramamiento de sangre.

En 2005 se convirtió en la tercera mujer en presidir la Asociación de Periodistas Guatemaltecos (APG) y en varias ocasiones fue presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la APG. Justo el pasado lunes 15 de enero había asumido nuevamente la presidencia de la APG.

Se sumó a otras causas desde el periodismo y dio voz, con su pluma, a las personas que son invisibilizadas por los grupos de poder.

Fue integrante de la Red de Periodistas de México, Centroamérica y el Caribe, y de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, donde compartió el trabajo cotidiano para poner a las mujeres en el centro de la noticia.

Gran parte de su esfuerzo profesional se enfocó en mantener a Cerigua como contrapeso y como agencia informativa no marginal.

Fue columnista del Diario Prensa Libre. Aquí su última columna publicada el día de ayer.

http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/los-periodistas-y-la-polarizacion

* Integrante de la Red Nacional de Periodistas

18/EC/LGL








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   PRI arremete contra Derechos laborales y Humanos de cara a contienda electoral
Cascada de reformas y Leyes que atentan contra derechos de mujeres y trabajadoras
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/12/2017

De cara a la contienda electoral de 2018 que entre otros cargos públicos definirá la presidencia de la República, en las últimas semanas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en alianza con otras fuerzas políticas, presentó Leyes y Reformas que atentan contra las Derechos Humanos y laborales (DH) de la sociedad civil.

Impulsadas por el Partido Revolucionario Interinstitucional (PRI) destacan la Ley de Seguridad Interior que permite la intervención del Ejército mexicano cuando considere “amenazas de seguridad”; la reforma al Código Civil Federal para considerar “daño moral” en mensajes que se consideren ofensivos a través de medios digitales; y la reforma a la Ley Federal del Trabajo que elimina todas las barreras de contratación a las empresas outsourcing.

Cimacnoticias consultó a organizaciones civiles nacionales e internacionales defensoras de Derechos Humanos, y a la senadora y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, quienes hablaron del impacto diferenciado que pueden tener en la vida de las mujeres estas normativas; y destacaron que no debe perderse de vista que ninguna puede quedar fuera del análisis del próximo contexto electoral.

“LA LEY GOLPISTA”

La recién aprobada Ley de Seguridad Interior legitima el uso de la fuerza para “contener riesgos y amenazas” en la seguridad pública. Pese a su cuestionamiento por organismos internacionales de DH y al repudio que generó entre organizaciones civiles locales que la nombraron la “Ley Golpista”, el pasado 15 de diciembre el Senado de la República la aprobó después de una discusión de 16 horas.

Con un Senado conformado en su mayoría por la bancada priista, apoyada por la mitad del Partido de Acción Nacional (PAN), la Ley de Seguridad fue avalada con 76 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones.

En horas, la turnaron a la Cámara de Diputados donde finalmente se avaló y la enviaron a Enrique Peña Nieto, de modo que ahora sólo falta el refrendo de éste para que se publique en el Diario Oficial de la Federación.

LAS MUJERES Y LA TORTURA POR MILITARES

Las y los legisladores desoyeron los exhortos de detener la Ley de Seguridad Interior por su ambigüedad y porque no respeta los estándares internacionales de DH. La senadora Angélica de la Peña describió en entrevista con esta agencia, que en ninguna otra ocasión había visto a tantos órganos de DH pidiendo al Estado mexicano frenar una ley.

Los llamados provinieron de los Altos Comisionados de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cientos de asociaciones civiles, quienes han visto en la última década las consecuencias de “abatir la delincuencia organizada” militarizando este país: ejecuciones extrajudiciales, privaciones de la libertad, desapariciones, tortura, agresiones sexuales y el desplazamiento forzado de las poblaciones.

Estas violaciones a los DH por parte de agentes militares ha valido a México sentencias en su contra por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). La mayoría de estos casos, fueron cometidos contra mujeres por parte de militares, quienes utilizan la tortura para obtener confesiones e inculparlas de pertenecer a la delincuencia organizada, recordó la senadora de la Peña.

Para la directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Marcia Aguiluz, esta Ley de Seguridad Interior tiene un impacto negativo específicamente en las mujeres, “la experiencia ha mostrado que al posicionar a militares en labores de seguridad pública estos incurren violaciones discriminatorias contra las mujeres con prácticas de tortura sexual o denigrantes contra ellas”.

“Esta Ley tendría un impacto diferenciado en las mujeres, recordemos que la mayoría de los casos conocidos por la Corte, Inés y Valentina y ahora Atenco, tienen que ver con violaciones a las mujeres e intervención de militares y fuerzas federales. Lamentable en estos casos se tuvo un componente de género: en ambos violaciones sexuales”, subrayó Marcia Aguiluz.

De esto da cuenta Amnistía Internacional en su informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México” (2016), en el cual entrevistó a 100 mujeres privadas de su libertad que fueron agredidas en su detención por las fuerzas policiales, el Ejército o la Marina. La organización identificó que 72 sufrieron abusos sexuales y 33 fueron víctimas de violación sexual por parte de las Fuerzas Armadas.

Además, precisa Amnistía en su reporte, pese a las múltiples denuncias presentadas por mujeres ante actos de violencia sexual a manos de Fuerzas Armadas, ni un solo soldado ha sido suspendido por violación o abuso sexual entre 2010 y 2015.

Aprobar la Ley de Seguridad Interior, expresó la abogada especialista en DH, es darle “carta blanca a los militares para que actúen en cualquier circunstancia” y muestra que el Estado mexicano no tiene la voluntad en cumplir con obligaciones respecto a las sentencias emitidas por la CoIDH.

“El mensaje que nosotros recibimos es que no existe un voluntad de México por respetar las obligaciones internacionales que tienen, tampoco tienen una voluntad por resolver el grave problema de seguridad. Sabemos que los militares son un actor muy poderoso en México, la presión que hacen para aprobar esta Ley habla de ello”, señaló la integrante de Cejil.

PERMISO A LAS FUERZAS ARMADAS

Cejil como otros organismos defensores de DH, alertaron que este proyecto carece de un mecanismo de control sobre las operaciones que pueden llevar las Fuerzas Armadas en el territorio pues de acuerdo con la Ley aprobada, es el Presidente de la República quien puede ordenar la intervención del Ejército en un territorio determinado por alguna “amenaza a la seguridad interior”. También puede ordenarlo a petición de los titulares de las entidades federativas.

Con ello, el Artículo 4 de la Ley de Seguridad Interior, permite “la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las Fuerzas Federales y, en su caso, las Fuerzas Armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución”, indica.

Si bien, se establece que la intervención de las Fuerzas Armadas dura un año, se puede prolongar si así lo determina el Ejecutivo. Así, el Ejército no sólo tendría la facultad de asumir las acciones de la policía, les permite actuar por sí mismo, pues sólo le bastaría informar al Presidente y a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional sobre las actividades emprendidas, indican los Artículos 32 y 33 de dicha Ley.

Esto, en opinión de la senadora Angélica de la Peña, es contrario a la Constitución mexicana y no resuelve los problemas de seguridad pública que vive el país. “Los militares están capacitados para hacer un uso de la fuerza en su máxima expresión: en ataques terroristas o amenazas de seguridad nacional. No para sustituir la policía”, sentenció.

“El problema de fondo y que no hemos resuelto es tener corporaciones policiacas suficientes, capacitadas, que se les reconozcan sus derechos laborales. Pero esta Ley no resuelve el problema de fondo, dejar al Ejército permanentemente, desde el punto de vista de una democracia, es muy peligroso”.

Con esta Ley México también enfrenta un retroceso a los derechos ganados, precisó De la Peña Gómez, “cada vez avanzamos en leyes importantes en DH: la Ley contra la Tortura, la Ley contra Desaparición Forzada, el Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia; la Ley de la Niñez, y no encontramos en esta Ley algo que las incluya”.

El rechazo de la Ley de Seguridad Interior ha llevado a la sociedad a protestar en las calles y pedir Peña Nieto que la vete. De no detenerla, la senadora señaló que el irán por la Acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Otras asociaciones internacionales como Cejil, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Latin American Working Group, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), Robert F. Kennedy Human Rights, entre otras, instalaron a partir de la aprobación de esta Ley, un Observatorio Internacional sobre México para documentar la situación de crisis de los DH en el país.

SANCIONAR POR DAÑO MORAL, DESCRÉDITO Y OTRAS…DEL PRI

Mientras se discutía la Ley de Seguridad Interior, la Cámara de Diputados aprobó el 14 de diciembre la reforma al Artículo 1916 del Código Civil Federal para anexar que se sancionará por daño moral a quien por cualquier medio, incluidos “los electrónicos”, “difunda información que cause deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien”.

La directora general de la asociación civil Propuesta Cívica, Sara Mendiola Landeros, señaló en entrevista con Cimacnoticias, que se trata de una iniciativa encaminada a “generar temor para quien difunde ideas en medios electrónicos” y consideró que esta propuesta del diputado Pablo Elizondo García, también priísta, es particularmente relevante en medio de un proceso electoral “cuando hay mucho que informar”.

“Responde a un afán por pretender limitar el derecho a la libertad de expresión o el deseo de generar temor en el gremio periodístico y en quienes ejercen su libertad de expresión a través de medios electrónicos”, dijo Mendiola Landeros, pero recordó que sobre esta modificación está el derecho a la libertad de expresión establecido en la Constitución mexicana.

La directora de Propuesta Cívica agregó que las demandas “de daño moral” son utilizadas como métodos de agresión sobre todo por políticos contra las y los periodísticas en este país. “Cuando un actor político presenta demanda por daño moral la persona deja de investigar los temas que tocan intereses políticos, por enfocarse a un litigio civil, genera autocensura”, explicó.

Para el gremio periodístico que labora en medios digitales estas agresiones han ido en aumento; la organización Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), en su informe “El Poder del Cacicazgo. Violencia Contra las Mujeres Periodistas 2014-2015”, documentó que de los 147 casos de agresiones contra las periodistas, 34.6 por ciento de ellas pertenecía a un medio digital.

Aunque falta que esta reforma sea aprobada por el Senado de la República, la abogada Sara Mendiola, destacó que podría tratarse “de un simple distractor” que tiende a generar temor y autocensura en los medios digitales.

DESAPARECER LOS POCOS DERECHOS LABORALES

A días de terminar las sesiones en el Congreso de la Unión, senadores del PRI presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Trabajo (LFT) que plantea eliminar las restricciones a la subcontratación de personal (llamada, “outsourcing”) y propone limitar la asociación sindical. De aprobarse, las condiciones de trabajo de mujeres y hombres en el país empeoraría, pues daría pie a más violaciones a sus derechos laborales.

En entrevista con esta agencia, la coordinadora del área de Diálogo Sindical y de Género de la fundación Friedrich-Ebert, Inés González Nicolás, señaló que la iniciativa de los senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas, presentada el pasado 7 de diciembre y que evalúa las comisiones de Trabajo y Previsión Social y la de Estudios Legislativos del Senado, pone en riesgo derechos laborales.

De ser aprobada, una empresa podría emplear a todo su personal por subcontratación y los contratistas únicamente tendrían que registrarlos en el Seguro Social e inscribirlos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC). “Aunque los senadores argumentan que la reforma generaría más empleos, la verdad es que serían como en la última década: precarios, inestables y con salarios bajos”, dijo la experta en derechos laborales Inés González.

Un caso emblemático sobre las violaciones a los derechos laborales por este tipo de contrataciones es el despido injustificado, en 2016, de 59 trabajadoras de intendencia del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, algunas de ellas tenían hasta 15 años trabajando para el IEMS, pero luego de organizarse y exigir condiciones de trabajo dignas fueron despedidas bajo el argumento de que una empresa terciaria las contrató.

Sobre la propuesta de los senadores, más de 50 Sindicatos y 29 organizaciones civiles laborales de todo el país, advirtieron en un pronunciamiento dirigido al titular del Ejecutivo y al Congreso de la Unión, que no limitar la subcontratación, provocaría graves afectaciones a las y los trabajadores porque “destruye toda protección laboral y actualiza un golpe sin precedente en la historia laboral mexicana”.

La iniciativa también contempla la creación de un Instituto que regularía el registro de Sindicatos y contratos colectivos, sin embargo, la función y conformación del organismo es contraria a lo que establecen los artículos 107 y 123 de la Constitución mexicana (reformados en febrero de este año), señaló Inés González, pues no contempla la participación de representantes del sindicalismo independiente.

Tampoco hace referencia al derecho a un voto libre y secreto para la elección de titulares sindicales y en la firma de contratos colectivos, como estipulan las reformas a los artículos mencionados, lo que “sostiene la existencia de contratos patronales -acuerdos firmados entre empleadores y líderes sindicales que no velan por los derechos del personal empleado- , así los líderes se eternizan y no hay posibilidades de cambios directivos en los sindicatos”, enfatizó Inés González.

Además, la defensora de los derechos laborales recordó que la iniciativa promovida por el PRI cancela el derecho que las y los trabajadores tienen de ser notificados por escrito en caso de ser despedidos y las razones para efectuarlo. La iniciativa “sólo favorece a las empresas, las personas trabajadoras quedan en total indefensión”, sentenció.

La propuesta se analiza en un contexto nacional donde las mujeres laboran en condiciones precarias. A nivel nacional, 61 de cada 100 trabajadoras no tienen acceso a instituciones de salud, es decir, 12.2 millones de mujeres de un total de 19. 9 millones trabajadoras, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2005 al cuarto trimestre de 2016.

Mientras que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estimó en su último informe, publicado en agosto de este año, que el salario mensual de las mujeres está por debajo del promedio nacional (5 mil 773 pesos), pues de acuerdo a la dependencia gubernamental ellas ganan al mes 4 mil 935 pesos y en el mismo periodo de tiempo los hombres obtienen 6 mil 291 pesos.

17/HZM/MMAE/LGL








INTERNACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Evalúan a país centroamericano en EPU
   
Piden a Guatemala protección para periodistas y defensoras de DH
Imagen retomada del portal de Cerigua
Por: la Redacción
Cimacnoticias/Cerigua | Guatemala, Gua.- 09/11/2017

La adopción de medidas de seguridad para periodistas y la implementación de un programa de protección especializado para este gremio fueron parte de las recomendaciones que Guatemala recibió este miércoles durante su tercera evaluación del Examen Periódico Universal (EPU), celebrada en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

Guatemala recibió en total diez recomendaciones sobre este tema; Francia exhortó al país a fortalecer la protección de las y los periodistas poniendo en funcionamiento el programa de protección, para el cual dijo se han realizado muchos esfuerzos.

El representante de Grecia ante el Consejo de Derechos Humanos se pronunció en el mismo sentido y recomendó que se adopte un mecanismo de protección a periodistas, mientras que la Santa Sede instó a continuar los esfuerzos de promoción de la libertad de expresión e información, protegiendo a los comunicadores.

Reino Unido manifestó su preocupación por la ausencia de una prensa realmente independiente y pidió a Guatemala salvaguardar la libertad de expresión, en tanto, Indonesia exhortó a continuar desarrollando el sistema de protección a periodistas y proteger la libertad de expresión.

Durante su intervención, el representante de Lituania enfatizó que unos medios libres e independientes son parte vital de cualquier democracia que funcione adecuadamente.

Para abordar el problema persistente de los ataques contra periodistas y violaciones del derecho de libertad de expresión y para que las medios y profesionales puedan trabajar sin miedo a represalias recomendamos a Guatemala que adopte un marco para la protección de los profesionales de los medios, basado en el Plan de Acción de Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y el problema de impunidad, acotó.

Luxemburgo resaltó que existen retos en materia de protección de defensores de Derechos Humanos, especialmente los periodistas y los defensores de los derechos de los pueblos indígenas; ante esto recomendó la aprobación y aplicación del programa de protección a periodistas en consulta con ellos.

Por su parte, el Reino de los Países Bajo señaló que la comunidad de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (LGTB), mujeres, periodistas, jueces y defensores de Derechos Humanos son víctimas de amenazas, intimidaciones, estigmatización y ataques, incluido asesinatos.

Venezuela exhortó a las autoridades guatemaltecas a poner fin al uso del sistema judicial penal para intimidar, amenazar, marginar y estigmatizar a periodistas, organizaciones sociales y defensoras de los Derechos Humanos.

La representante de Venezuela dijo que durante los últimos cuatro años 51 defensores fueron asesinados y durante el primer semestre del 2016 por lo menos cinco periodistas fallecieron de forma violenta, por lo que recomendó a Guatemala investigar exhaustivamente estos crímenes y las denuncias de violencia, intimidación, detenciones arbitrarias y difamación en contra de estos actores.

Finalmente, Chile instó a Guatemala a levantar las restricciones a la libertad de expresión y adoptar medidas legales y reglamentarias para la protección y seguridad de los periodistas contra la persecución, la intimidación y el acoso.

En las respuestas a las preguntas, el Representante del Ministerio de Gobernación, René Lam indicó: que el” acuerdo gubernativo que da vida al programa de protección de los periodistas se encuentra dentro de las consideraciones de los requisitos legales y administrativos que se deben cumplir para su emisión”, una declaración enredada que trata de justificar el incumplimiento después de 2 años que el Presidente avaló la propuesta que le presentara la alianza de entidades de prensa.

17/RED/LGL

 








ESTADOS
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Intimidaciones contra Sandra de los Santos violan derecho a libre expresión
RNP exige cese de hostigamiento contra periodista en Chiapas
Especial
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 31/10/2017

La Red Nacional de Periodistas (RNP) conformada por comunicadoras de las 32 entidades federativas, se pronunció en contra de la persecución y hostigamiento contra la periodista Sandra de los Santos Chandomí, por parte de autoridades municipales, por lo que exigieron el cese de toda acción que vulnere su labor e integridad.

En un pronunciamiento, la Red señaló al gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez, encabezado por su presidente Fernando Castellanos Cal y Mayor, de desplegar una campaña de desprestigio en contra Sandra de los Santos, a través de redes sociales la cual busca desmentir su trabajo periodístico relacionado con el ejercicio de los recursos públicos del Ayuntamiento de Tuxtla.

En lugar de transparentarlos, destacó la Red en el pronunciamiento, el gobierno de Castellanos Cal y Mayor, se ha dedicado a desprestigiar el trabajo de la periodista de los Santos Chandomí, alegando falta de pruebas, cuando la periodista señaló con claridad sus fuentes informativas.

Sandra de los Santos Chandomí lleva 18 años de trabajo periodístico ético y responsable. Es directora asociada del portal de noticias Chiapas Paralelo y colaboradora de la Revista Enheduanna, así como corresponsal de la agencia de noticias con perspectiva de género Cimacnoticias, de la Ciudad de México.  

“Quienes integramos la Red apelamos al Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que afirma: ‘Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión’, por lo que las intimidaciones en su contra representan un atentado a su libertad de expresión”, señaló la Red en su pronunciamiento.

La Red  afirmó que las intimidaciones cometidas contra Sandra de los Santos Chandomí, violan el derecho a la libre expresión.

Quienes integramos la Red Nacional  de Periodistas, que nació en 1995 con el objetivo de impulsar el periodismo no sexista y defender la libertad de expresión (y de la que formamos parte periodistas de las 32 entidades federativas) exigimos el cese de cualquier acción que vulnere la labor periodística  la integridad de nuestra colega Sandra de los Santos Chandomí, o que pretenda limitar su derecho a la libertad de expresión. 

De acuerdo con el informe “El Poder del cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), la primera organización en hacer un registro y documentación de agresiones contra mujeres periodistas, en 2 años se registraron 147 atentados a la libertad de expresión de mujeres periodistas en 24 entidades del país.

De acuerdo con este trabajo de investigación, las periodistas en los estados se enfrentan al poder de los caciques, es decir, de personas o colectivos que en la ilegalidad o con el apoyo de las autoridades emplean recursos económicos, políticos o culturales para dañar, desprestigiar, amenazar e impedir que realicen su trabajo.

En 89.6 por ciento de los 147 casos registrados se encontró que los agresores eran personas con cargos públicos, de poder, o eran miembros del crimen organizado lo que demuestra que quienes realizan investigación periodística para evidenciar corrupción o abuso de poder, se convierten en enemigas de ciertos grupos autoritarios.

Entre los primeros lugares de agresiones contra comunicadoras se encuentra: la capital del país con 35 por ciento de los casos; seguida por Veracruz con 17.4 por ciento; Morelos con 6 por ciento; Guerrero con 5.1; después Chiapas, Puebla y Oaxaca con prácticamente cinco por ciento cada uno.

Leer pronunciamiento completo aquí

 17/LGL








DERECHOS HUMANOS
   Es responsable de tortura física y psicológica
Tras 9 años de espera en Feadle, sentencian a uno de los torturadores de Lydia Cacho
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/10/2017

El Juzgado Segundo de Distrito con residencia en Puebla, condenó a cinco años y tres meses de prisión a José Montaño, uno de los policías estatales de Puebla responsables de la tortura física y psicológica contra la periodista Lydia Cacho, en diciembre de 2005, durante su detención y traslado, de Quintana Roo a Puebla.

En un comunicado, la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), informó que-después de 9 años en esta instancia- obtuvo la sentencia pues se acreditó la tortura contra la comunicadora durante su detención en 2005, por la denuncia que ésta hizo contra el empresario textilero Kamel Nacif Borge, a quien señaló de encabezar una red de pederastia.

Lyda Cacho, quien ha recibido diversos y múltiples galardones por su trabajo periodístico, recorrió un arduo camino en la justicia mexicana para que sus torturadores fueran sentenciados. Sin embargo, pese a que su caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2006, ésta determinó un año más tarde, en 2007, que no existieron violaciones graves a sus Derechos Humanos y por lo tanto descartó la hipótesis que había mantenido la periodista, de que el entonces gobernador, Mario Marín, “confabuló” en contra de ella conjuntamente con Kamel Nacif, para su tortura y detención.

Cabe recordar que Lydia Cacho Ribeiro presentó en marzo de 2006 dos denuncias: ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia en Contra de las Mujeres (Fevim) y la Especial para delitos cometidos contra periodistas (Feadle), ambas de la Procuraduría General de la República (PGR).

Las denuncias fueron contra el gobernador priista de Puebla, Mario Marín, y el empresario textilero Kamel Nacif; contra la procuradora de Justicia de Puebla, Blanca Alicia Villeda; contra la jueza Rosa Celia Pérez González, y los policías judiciales que participaron en su detención y la torturaron durante el traslado de Cancún a Puebla. Las acusaciones fueron por cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, tentativa de violación, falsedad de declaraciones y tortura.

Sin embargo, la denuncia ante la Fevim, encabezada entonces por Alicia Elena Pérez Duarte no concluyó, por lo que ésta pasó, en 2008, a la Feadle.

El 15 de mayo de 2008,  la autoridad judicial mexicana, en una estrategia para evitar que la periodista denunciara su caso en instancias internacionales de Derechos Humanos, giró órdenes de aprehensión contra los policías judiciales poblanos Verónica Chávez Cruz; Irene Arteaga Rangel; Jesús Pérez Vargas y José Montaño, todos ellos implicados en la detención y traslado de Lydia Cacho el 16 de diciembre de 2005.

Desde 2006, la periodista autora de “Los Demonios del Edén”, “Memorias de una infamia” y “Esclavas del poder”, entre otros, ha sido galardonada con varios reconocimientos. En ese año recibió el premio “Yo Dona”, por la mejor labor humanitaria que otorga el periódico “El Mundo”, de España a través de su revista Yo Dona.

En el mismo año también obtuvo el premio Francisco Ojeda al valor periodístico y el premio Sergio Méndez Arceo por la defensa de los Derechos Humanos. 

En 2007, recibió los premios: Ginetta Sagan de Amnistía Internacional (AI); de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios, el premio Mundial Valentía en el periodismo 2007 y obtuvo de Human Rights Watch la beca Hellman/Hammett, en reconocimiento a las y los periodistas por la valentía con que enfrentaron la persecución política. 

En mayo de 2008 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) le dio el Premio Mundial UNESCO Guillermo Cano de Libertad de Prensa, por su trabajo de denuncia periodística contra una red de pederastia en México.

Durante este mismo mes la Unión de Periodistas de Valencia la galardonó con el Premio Internacional Libertad de Expresión 2008.

En ese mismo año recibió la beca Tucholsky de manos de la ministra sueca de Cultura Lena Adelsohn, con quien la periodista mexicana se reunió para presentar, ante un foro, su ponencia sobre libertad de expresión y en 2009 recibió el reconocimiento “Hermila Galindo”.

17/LGL

 








NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Convocatoria cierra en diciembre
   
Instauran Premio Miroslava Breach
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/10/2017

Como un homenaje a la periodista chihuahuense, corresponsal de la Jornada y reportera del Periódico Norte de Ciudad Juárez, Miroslava Breach Velducea, asesinada el pasado 23 de marzo frente a su casa en la capital de Chihuahua cuando iba a bordo de su automóvil para ir a dejar a su hijo a la escuela, y a todos los periodistas asesinados en América Latina, se instauró el premio Miroslava Breach “Sistemas de poder y violencia contra periodistas en América Latina”.

El premio también es un llamado de atención a la impunidad de los casos de periodistas asesinados, pues no son investigados, ni condenados los culpables, volviéndose el Estado en cómplice, promotor e instigador de esta brutal forma de violencia que crece y se multiplica en nuestra región”, dice la convocatoria.

Cabe recordar que desde 2006 y hasta 2017, Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) ha documentado 430 agresiones contra mujeres periodistas; y en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y en la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se han registrado 19 asesinatos y dos desapariciones de mujeres periodistas.

De acuerdo con la convocatoria publicada en la página web del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), podrán postularse, antes del 27 de diciembre de 2017, periodistas, personas comunicadoras, investigadoras y activistas de todos los países de América Latina y el Caribe, con textos individuales o colectivos (hasta tres autores).

En el caso de trabajos colectivos, al menos uno de las o los autores, deberá estar vinculado con alguno de los centros miembros de la Red del Clacso, respaldar esta relación a partir de una declaración jurada e incluirla después de las referencias biográficas del artículo.

Los trabajos deberán estar escritos en español y presentarse en dos tipos: un artículo que se ajuste a las normas editoriales de la “Revista Argumentos. Estudios críticos de la sociedad”, editada por la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco; que se encuentran disponibles en: http://argumentos.xoc.uam.mx/publicar.html; y un artículo breve para ser publicado en un medio escrito.

Los temas para los textos son:

1. Quehacer periodístico, violencia e impunidad (Estado, narcotráfico y periodismo en México; violencia hacia los periodistas; vulnerabilidad y abandono de los medios comunitarios e indígenas; censura; el rol de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Comunicadores).

2. Diversas formas de agresión a las garantías comunicativas de los ciudadanos (el atentado contra los derechos de las audiencias; el debilitamiento del derecho a réplica; los nuevos lineamientos de programación televisiva y el embate contra los derechos de las
niñas y niños).

3. Intereses económicos y políticos de los medios por encima del interés social y del bien común (el incremento de la violencia comunicativa hacia las elecciones nacionales de 2018 en México; efectos de la violencia contra la libertad de expresión, la pluralidad y la diversidad ideológica; medios de difusión, violencia y construcción de ciudadanía).

4. Academia, violencia y la enseñanza de la comunicación (consecuencias de la violencia y el quehacer universitario; la inmovilidad de las escuelas de comunicación frente al embate de las estructuras de poder hacia sus egresados).

Los trabajos deberán ser enviados a los siguientes correos:
argumentos@correo.xoc.uam.mx; argument.correo@gmail.com

La elección de los 5 mejores trabajos estará a cargo de jurados internacionales y el proceso de evaluación será coordinado por Guiomar Rovira Sancho, Patricia Ortega Ramírez y Javier Esteinou Madrid, coordinadores del número de la Revista Argumentos. Estudios críticos de la sociedad en el que se publicarán los trabajos ganadores.

El comité organizador del Premio está conformado por la Revista Argumentos de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad
Xochimilco (UAM-X), el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), la Facultad de Cultura y Comunicación de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (FCCUMET), el periódico mexicano La Jornada, el periódico argentino Página 12 y el diario español Público

Mayor información del premio en: http://www.clacso.org.ar/concursos_adm/adjuntos_concursos/91_byc_esp.pdf

17/GMV/LGL








NACIONAL
FEMINISMO
   Entregarán Premio Coatlicue
   
Convocan a Encuentro Internacional de Mujeres en el Arte
Imagen retomada de Comuarte
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/10/2017

El Comité organizador del XXII Encuentro Internacional – XVIII Iberoamericano de Mujeres en el Arte, México- Estados Unidos 2018 convocó a mujeres de distintas disciplinas artísticas a que participen en su evento cuyo tema es “Mujeres en el arte conformando identidad. Todas somos Juanas”.

En un comunicado el Comité detalló que la convocatoria que cerrará el próximo 28 de octubre de 2017, tiene como fin que las mujeres asistentes, artistas y pensadoras se guíen por el espíritu inconformista de Sor Juana Inés de la Cruz, quien contribuyó a conformar la identidad de las actuales creadoras.

En el evento reflexionarán sobre ellas mismas, “Juanas actuales”, sobre sus sociedades desde el pasado hasta el presente, con la intensión de narrar y construir desde la justicia, la igualdad y la sanación por medio del arte, del compromiso social y del respeto por la Madre Tierra. 

Cada participante podrá enviar hasta tres obras relacionadas con la temática del encuentro en dos formatos: bidimensional (es el arte representado sobre cualquier plano y cuenta con dos dimensiones largo y ancho) y tridimensional (es el arte que no es plano, tiene volumen y profundidad) en las áreas de pintura, dibujo, grabado, fotografía, mural, escultura, instalación, arte objeto, performance, videoarte y corto.

Otras disciplinas en donde se podrá participar son la danza, música, cine y literatura.

También participar en el evento todas aquellas investigadoras de todas las disciplinas con ponencias que no excedan de 15 cuartillas, igualmente las promotoras culturales interesadas en promover y difundir la creación artística de las mujeres de forma altruista.

En la convocatoria se hace una invitación a postular a mujeres artistas de todas las áreas que hayan enaltecido la cultura universal y contribuído al desarrollo justo y equitativo del arte en beneficio de la sociedad, para que sean reconocidas con el Premio Coatlicue.

El Premio Coatlicue, es el máximo galardón que otorga la Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte a las artistas, periodistas, científicas y antropólogas que han enaltecido con su obra la cultura universal.

Entre las mujeres que han recibido esta distinción se encuentran la mexicana Isabel Mayagoitia, primera directora de orquesta en el mundo graduada en el Mozarteum de Salzburgo; la bailarina española Estrella Casero quien logró el reconocimiento de la danza como licenciatura dentro de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid; la fotógrafa norteamericana afincada en México Mariana Yampolsky; cuyo centro de sus obras fue la cultura indígena mexicana; la escritora y periodista Elena Poniatowska, Lydia Cacho y Carmen Aristegui, por su valiosa contribución a la justicia social y a la paz.

Las interesadas en cualquier disciplina deberán enviar su documentación impresa y en disco compacto a la siguiente dirección: Av. Eugenia 1753 B403, colonia Vértiz Narvarte, C.P 03600, Ciudad de México.

Entre los datos que deben enviar son: nombre o seudónimo, lugar y fecha de nacimiento, lugar de residencia, síntesis curricular en media cuartilla a renglón seguido sin espaciado en formato Word arial 12, fotografía jpg 300 pixeles dpi, especialidad, las cinco obras más recientes o relevantes (media cuartilla máximo).

Reconocimientos obtenidos, un breve comentario crítico de su obra y datos personales (dirección, teléfono, correo electrónico, Facebook, Twitter, blog o página de internet).    

Los resultados se darán a conocer el 26 de enero de 2018.

Para mayores informes o dudas de la convocatoria visitar la página https://comuarte.org/convocatorias/

El Comité organizador está conformado por el Colectivo de Mujeres en la Música, la Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte (Comuarte) y la Compañía Internacional de “Danza Murmullo de sirenas”.

17/GMV/LGL








ESTADOS
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Fiscalías estatales, estancadas
   
El poder político agrede a mujeres periodistas: CIMAC
Imagen retomada del portal AVCNoticias
Por: Flavia Morales
Cimacnoticias/AVCNoticias | Xalapa, Ver.- 03/08/2017

Las mujeres periodistas se enfrentan a un poder político y económico que las hace frágiles y agrede en impunidad, pues aunque se denuncia, las fiscalías en los estados no avanzan para resolver las denuncias, señaló la directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Lucía Lagunes Huerta.
 
Durante la presentación del tercer informe de agresiones a mujeres periodistas CIMAC "El poder del cacicazgo", la periodista informó que durante los últimos dos años, se han incrementaron en un 70 por ciento las agresiones a comunicadoras.
 
Para el caso Veracruz, desde el 2012 se han registrado 59 agresiones a mujeres periodistas, la mayoría son de intimidación, violencia psicológica, y hasta agresiones físicas y sexuales.
 
Lo más grave es que ninguna de estas denuncias tienen una respuesta: “La impunidad sigue siendo uno de los grandes retos a vencer, pues aunque hay más denuncias, no hay investigación, ni respuesta para resolver las amenazas”.
 
En su intervención, la coordinadora de redes de Cimac, Fabiola González, señaló que también se han registrado ataques en redes sociales, situación que a veces es minimizada por las autoridades, lo que va en detrimento de las mujeres.
 
EL INFORME
 
“El Poder del cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”, fue elaborado por CIMAC, la primera organización en hacer un registro y documentación de agresiones contra mujeres periodistas. A la fecha, ha realizado tres informes de violencia exclusivamente contra mujeres periodistas, el primero fue el “Informe Diagnóstico Violencia contra mujeres periodistas”; el segundo “Impunidad Violencia Contra Mujeres Periodistas Análisis Legal” y ahora éste tercero.
 
En “El Poder del Cacicazgo” se contabilizan 147 atentados a la libertad de expresión de mujeres periodistas en 24 entidades del país. Al analizar la violencia contra la prensa, concluye que actualmente las periodistas enfrentan el poder de los caciques, es decir, de personas o colectivos que en la ilegalidad o con el apoyo de las autoridades emplean recursos económicos, políticos o culturales para dañar, desprestigiar, amenazar e impedir que realicen su trabajo.
 
En 89.6 por ciento de los 147 casos registrados se encontró que los agresores eran personas con cargos públicos, de poder, o eran miembros del crimen organizado lo que demuestra que quienes realizan investigación periodística para evidenciar corrupción o abuso de poder, se convierten en enemigas de ciertos grupos autoritarios.
 
En el periodo 2014-2015 Veracruz, la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Morelos se colocaron como las entidades más peligrosas para las periodistas. El panorama de la violencia no cambió mucho con respecto a 2012-2013 cuando CIMAC presentó su informe “Impunidad. Violencia contra Mujeres Periodistas. Análisis Legal”.
 
En esta actualización se encontró que Veracruz concentró el mayor índice de violencia con 19.7 por ciento de los casos; seguido por la Ciudad de México con 18.7 por ciento; Guerrero con 8.1 por ciento; y Oaxaca y Morelos ocuparon el cuarto lugar con 5.4 por ciento de los casos, cada una.
 
17/FM








ESTADOS
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   "El plan llegó demasiado tarde” afirman activistas
Presentan en Chihuahua Plan de Contingencia para defensoras y periodistas
Imagen retomada del portal chihuahua.gob.mx
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/06/2017

Hoy el gobierno de Chihuahua y el Federal presentaron el Plan de Contingencia para la Protección de personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en Chihuahua.
 
El Plan, que tiene cinco ejes de acción, es resultado de las exigencias de personas defensoras, periodistas y organizaciones civiles para garantizar condiciones seguras al ejercer su labor y que derivó en una “Alerta Temprana” aprobada por el Mecanismo desde agosto de 2016.
 
El Plan, afirmó la titular de la Alianza Sierra Madre A.C Aida Estela Lozano, durante la presentación, es “inédito” porque considera no sólo las medidas de seguridad que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas debe adoptar para proteger a defensores y periodistas, sino también cómo debe actuar éste ante las problemáticas de riesgo a las que se enfrentan en sus trabajos.
 
Los ejes que aborda son: el reconocimiento al ejercicio de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas al garantizarles seguridad y, en caso de ser agredidos, su acceso a la justicia; la atención a grupos en situación de vulnerabilidad (como las y los migrantes); otro punto es el medio ambiente; también el contexto adverso que enfrenta la población en la Sierra Tarahumara; así como la garantía del ejercicio periodístico y la libertad de expresión.
 
El cumplimiento de los ejes se realizará a través de 53 acciones a cargo de 26 instancias a nivel estatal y 24 federales que trabajarán junto con organizaciones civiles.
 
Durante la presentación a la que asistió el gobernador de Chihuahua, Javier Corral y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, se nombró y presentaron las fotos de 21 mujeres y hombres defensoras y periodistas que fueron asesinados desde 2008 hasta la fecha. “Para ellas y ellos el Plan llegó demasiado tarde, esperemos que se cumpla para que no cueste más vidas y sea suficiente para que quienes se encuentran en el exilio puedan regresar en condiciones de seguridad”, dijo la defensora Aida Estela Lozano.
 
Ejemplo de ello fue la periodista Patricia Mayorga, quien dio un mensaje a través de un video porque actualmente se encuentra exiliada por las amenazas de las que ha sido víctima.
 
Desde 2016, expuso Estela Lozano, incrementaron las campañas de desprestigio y agresiones dirigidas a personas defensoras y periodistas lo que llevó a 25 organizaciones y periodistas a solicitar al Mecanismo de Protección que emitiera una Alerta por la situación. “Para marzo de 2016 había al menos 80 personas con medidas de seguridad dictadas por organismos internacionales de Derechos Humanos”, mencionó la defensora.
 
En abril de 2016 junto con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas analizaron el contexto del estado, lo que derivó en propuestas para el Pan de Contingencia que hoy se aprobó.
 
17/MMAE/LGL








QUINTO PODER
DERECHOS HUMANOS
   QUINTO PODER
La historia de mañana
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 25/05/2017

“Quien no conoce su historia, está condenada a repetir sus errores”, Paul Preston
 
México vive hoy uno de los momentos más complejos en su historia, en la que cíclicamente se repiten eventos que parecía que ya habíamos vivido: hallazgos de fosas clandestinas, casos de feminicidio y homicidios a la alza, delitos que se cometen por esa violencia horizontal derivada de las condiciones que prevalecen en el país, además de la vertical, por omisiones o acciones de instituciones y sus representantes. Pese a ese antecedente, hoy escribimos la historia que mañana nos avergonzará.
 
Quizá cobrar conciencia de esa dimensión nos ayude a documentar, a registrar desde otros ojos lo que hoy día estamos viviendo en México, para al menos, contribuir a los hechos que se investigarán en el futuro como el período en el que la violencia se convirtió en sinónimo de nuestro país.
 
Se trata de mirar objetivamente no sólo el número de personas que son víctimas de homicidios y feminicidio, sino a quienes están buscando justicia y no la encuentran, la falta de debida diligencia por parte de algunos y algunas instancias en la investigación y en los procesos que afectan así la posibilidad de acceder a la justicia.
 
Hablamos de los miles de desaparecidos que hoy día forman la lista que según informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos han contribuido a engrosar el número hasta fluctuar entre 25 y 30 mil personas de las que no se sabe su paradero, y de los que hay poca información para determinar con precisión su condición de “desaparecida”, ausente o ubicación no determinada, que al final se convierte en la retórica que rodea a las personas desaparecidas.
 
Paralelamente hablamos de hallazgos cada vez más constantes de fosas clandestinas en las que habría que adoptar medidas de protección a los restos para garantizar su identificación a través de estudios de ADN.
 
Hablamos de las personas migrantes de otros países que en medio del grave momento de violencia que se vive en México, ingresan al territorio nacional y nunca más se vuelve a saber de ellas y que son buscadas por sus familiares en sus lugares de origen, pero en el territorio mexicano en medio de la emergencia y la crisis de violencia derivada de la presencia del crimen organizado y las violaciones a los Derechos Humanos, se convierten en un montón de huesos del que nadie quiere saber nada.
 
Es la realidad de las y los periodistas asesinados, criminalizados, investigados, amenazados, desplazados y obligados a cambiar de lugar de residencia por el hostigamiento de grupos de poder locales.
 
Es lo que están viviendo quienes defienden los Derechos Humanos que son asesinadas por defender la tierra y los recursos naturales, pero la evasión suele ser el responsabilizar al crimen organizado y nadie sabe a ciencia cierta si se puede descartar la presencia de los corporativos internacionales que luchan por apropiarse de los recursos naturales en México en medio del caos y la impunidad.
 
El homicidio de un joven y el linchamiento público de un extranjero no hace de México un lugar de “salvajes”, las turbas se mueven en todo el mundo y se desplazan de un lugar a otro y responden al sentido más primitivo de la humanidad, pero lo que sí caracteriza a nuestro país es el hartazgo y la impunidad ante la falta de actuación por parte de las autoridades que tendrían que considerar los escenarios actuales en el territorio nacional.
 
Cada uno de estos eventos que hoy ocurren, que compartimos en redes, que hablamos y que socializamos, forman la historia de mañana, y lo que nos deberíamos preguntar es cómo estamos contribuyendo a que estos eventos que sin duda serán vistos como el período de violencia social con más víctimas en México, se documenten de manera responsable, honesta y humana, y de protección a las víctimas fundamentalmente.
 
Mucho tendríamos que aprender de la historia que México ha vivido, de los eventos que nos avergüenzan y nos llenan de indignación en el pasado y que hoy día podríamos estar repitiendo, ser parte, actores y actoras de lo que mañana será la historia de un país que se nos iba de las manos mientras perdíamos el tiempo en la selfie y en las discusiones estériles sin acción e intervención a favor de la población.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/LGL








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