NACIONAL
   Patricia Mercado
En la CDMX, feminicidio sucede en casa, no por crimen organizado
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/02/2017 La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, dijo que en la capital del país el feminicidio es un fenómeno que ocurre al interior de los hogares y no en las calles, ni como producto del crimen organizado.
 
Después de participar en el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que se realiza del 22 al 24 de febrero en esta capital, la funcionaria comentó que en el país pueden subir las cifras de asesinatos de mujeres, pero no en la Ciudad de México. 
 
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) de 2015 a 2016 la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la capital ha registrado 195 asesinatos de mujeres, pero de acuerdo con el Instituto de las Mujeres local (Inmujeres CDMX) en 2016 hubo 40 casos de feminicidio.
 
Sobre este tema, Patricia Mercado destacó que la capital es la entidad con menos mujeres asesinadas en toda la República y aseguró que el Gobierno capitalino está atendiendo el tema e incluso “ha encontrado a algunos de los culpables” de estos crímenes.
 
A decir de la Secretaria de Gobierno, estos delitos en la capital del país son un fenómeno que se da al interior de los hogares, es decir, se trata de “políticas estructurales y culturales”, pero aclaró que lo importante es que la Ciudad está atacando el feminicidio.
 
“Puede haber cifras aumentadas en el país pero en la Ciudad seguimos siendo uno de los estados, de las ciudades, con menos asesinatos de mujeres en el país”, dijo.
 
Participantes de diferentes países acudieron al Foro Global: Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas. CIMACFoto: César Martínez López.


SILBATOS SÍ FUNCIONAN
 
Sobre el acoso sexual en el transporte público y la Estrategia 30-100 contra la violencia hacia las Mujeres en el Transporte y Espacios Públicos, que se implementó desde el 25 de abril de 2016, Mercado destacó que ha funcionado la política de entregar silbatos a las usuarias para prevenir agresiones sexuales.
 
El Inmujeres CDMX y el Sistema de Transporte Colectivo Metro, dijo la funcionaria, están en comunicación con las usuarias a través de correo electrónico para revisar cómo ha funcionado la entrega del silbato, principalmente en el Metro.
 
De acuerdo con el informe, a 100 días de implementar la Estrategia, hasta agosto pasado se entregaron 39 mil 313 silbatos en diferentes dependencias del Gobierno y además tras los operativos se detuvieron a 158 personas acusadas de abuso sexual y 20 de acoso sexual, la mayoría en el Metro.
 
La funcionaria dijo que el Gobierno capitalino ya difunde unos videos con testimonios de mujeres que muestran su experiencia. Son mujeres que agradecen el silbato y han señalado que tenerlo les da seguridad a la hora de subir al transporte público. “No queremos que lo usen, sino que se sientan más seguras”, dijo sobre esta política pública.
 
17/AGM/GGQ







ESTADOS
   Que se persiga de oficio
Proponen en Tamaulipas cárcel para acosadores sexuales
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Salvador Valadez C.
Cimacnoticias/RedTamaulipas | Ciudad Victoria, Tamps .- 16/02/2017 El Congreso de Tamaulipas recibió una propuesta para castigar con cárcel el delito de acoso sexual, una de las forma de violencia contra las mujeres en donde prevalece la impunidad, ya que es cometido por personas con poder jerárquico, en su mayoría funcionarios públicos y de empresas privadas.
 
La legislación vigente, dijo el diputado José Ciro Hernández Arteaga al presentar la iniciativa esta semana, no da tratamiento igualitario a las sanciones que se imponen en los delitos de acoso y hostigamiento sexual, incluidos los cometido contra menores de edad.
 
Es por eso que se pretende incluir el acoso en el Artículo 276 sexto del ordenamiento local, con el objeto de que al responsable de este delito se le impongan de tres a cinco años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), así como se hace actualmente con el ilícito de hostigamiento, fijado en este apartado.
 
Se propone también que el delito de acoso sexual se persiga de oficio. Y, en el caso de menores de edad, dijo el diputado, “tenemos la obligación de proteger en todo momento el interés superior del menor, por ende este delito debe seguirse de oficio, cuando se trate de menores edad, sobre todo, cuando la mayoría de estos ilícitos se cometen en el entorno familiar”, manifestó.
 
En Tamaulipas, ante la opinión pública se han presentado denuncias contra funcionarios por acoso sexual, pero estos han sido protegidos por sus superiores y las mujeres contra quienes se cometen no recurren a la denuncia penal porque desconfían de las autoridades.
 
El acoso sexual se comete también en el transporte público y, al igual que en otros espacios, en la mayoría de los casos, prevalece la impunidad. 
 
17/SVC/GG
 







REPORTAJE
   Violencia política, violencia obstétrica y acoso callejero
Faltan leyes para otros “focos rojos” de la violencia contra mujeres
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/02/2017 El maltrato y desatención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio; las agresiones que reciben en la calle y el transporte público; y las amenazas hacia aquellas que ejercen la política son nuevas formas de violencia que se deben legislar en todo el país.
 
Por esta razón el martes 14 de febrero la Cámara de Diputados instalará la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, organismo parlamentario que promoverá la inclusión de la violencia política, obstétrica y el acoso callejero en las leyes federales y estatales, durante el año y medio que resta de la 63 Legislatura.
 
La Comisión Especial propuesta en noviembre de 2015 por la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Maricela Contreras Julián, fue desde entonces aceptada,  pero tardó más de un año en concretarse.
 
OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA
 
El feminicidio, dijo en entrevista Contreras Julián, no es el único tema que se debe considerar, porque la violencia contra las mujeres no se refleja sólo en el asesinato, también hay un foco rojo por los casos de la violencia política por razones de género, la violencia obstétrica y el caso callejero, por lo que el espectro de atención debe ser más completo.
 
Son conocidos los casos de mujeres embarazadas, en su mayoría indígenas, que acuden a hospitales públicos y no reciben atención, por lo que dan a luz en la calle o, cuando las atienden, son maltratadas y agredidas por el personal de salud. Pese a ello sólo Guerrero, Veracruz y Chiapas consideran la violencia obstétrica como un delito en sus Códigos Penales.
 
Respecto a la violencia política, a partir de 2014, tras la inclusión de la paridad (50-50) de género en candidaturas como principio constitucional, se registró un aumento agresiones a mujeres que participan en política. De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) hay 52 casos registrados con características de género.
 
Esta violencia va desde insultos y amenazas para impedir que las mujeres sean candidatas o ejerzan las funciones para las cuales fueron electas, obligarlas a renunciar o hasta el asesinato, como ocurrió en 2015 con la precandidata a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero, la perredista Aidé Nava González; y en 2016 con la alcaldesa de Temixco, Morelos, la perredista Gisela Mota Ocampo.
 
Respecto a la violencia sexual, la legisladora señala que únicamente en la Ciudad de México 72 por ciento de las capitalinas reportaron haber vivido algún tipo de violencia sexual, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), a lo que se suman los casos de violencia en el transporte y los testimonios de acoso callejero que, dice, deben ser atendidos.
 
LEGISLATURA RETRASADA
 
Desde hace más de 17 años las legisladoras han trabajado en San Lázaro para crear comisiones que coadyuven a crear políticas para prevenir y sancionar los asesinatos contra las mujeres, primero en Ciudad Juárez y luego a nivel nacional.
 
En 2004 se instaló por primera vez la Comisión Especial de Feminicidio, presidida por legisladora del PRD y antropóloga Marcela Lagarde, quien realizó un diagnóstico sobre asesinatos de mujeres e impulsó la expedición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 
Ahora, en la 63 Legislatura (que cuenta con 42.4 por ciento de diputadas) iniciada en septiembre de 2015 y que concluye en abril de 2018, no se instaló un organismo enfocado en los crímenes de feminicidio, sino en delitos por razones de género. Amplía su objetivo de trabajo, sí, pero llega cuando transcurrió la mitad de la Legislatura y a pelear recursos económicos.
 
La diputada federal señala que esta Legislatura “ha sido muy retardada en algunos procesos y esta Comisión es uno de ellos. Aunque tuvimos la asignación de la presidencia desde hace meses, hubo un retardo por parte de las fracciones parlamentarias para la integración de sus miembros”.
 
La propuesta de crear organismos parlamentarios para revisar la legislación en materia de violencia de género surgió en 2015, pero apenas el 7 de diciembre del año pasado la Junta de Coordinación Política informó que se había integrado; y también anunció que se conformó la Comisión Especial de Alerta de Género, presidida por la perredista Karen Hurtado Arana.
 
El objetivo de esta segunda Comisión Especial –aún no instalada– será dar seguimiento a las medidas implementadas en los estados con  Alerta de Violencia de Género, aunque en la iniciativa de creación se hizo mención expresa de los casos de feminicidio en el Estado de México, donde este mecanismo se activó en julio de 2015 para once municipios.
 
PROTOCOLOS DE ATENCIÓN
 
Maricela Contreras, ex asambleísta y ex jefa delegacional de Tlalpan, asegura que, por la austeridad, no hay presupuesto específico para las Comisiones Especiales, pero sí recursos para proyectos, por lo que presentará una propuesta financiera para crear protocolos de actuación en torno a los crímenes que estará trabajando.
 
“Obviamente cuando la estructura es sin recursos se vuelve muy difícil incluso podríamos decir que podría haber desinterés, pero tendremos que multiplicarnos para concluir la tarea que se nos encomendó”, dice.
 
Integrada por 12 diputadas, esta Comisión tendrá prácticamente un año y medio para trabajar aunque la legisladora indica que habrán logrado visibilizar estos problemas si por lo menos logran uno de los objetivos, entre ellos crear protocolos para estos tipos de violencia e incluir las definiciones en las leyes federales y estatales.
 
En México ya existe el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, creado en marzo de 2016 por autoridades electorales como el Instituto Nacional Electoral, la FEPADE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) difundió en 2015 un Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio.
 
Contreras Julián asegura que el interés en estos instrumentos es revisar lo que existe a nivel federal y estatal a fin de indagar si están armonizados.
 
Otro objetivo es hacer un frente de legisladoras para lograr la tipificación de la violencia política de género porque “es urgente definir este delito, sus alcances, los elementos que hay que considerar para acreditarlo y el castigo para los responsables”.

17/AGM/GGQ
 
 







REPORTAJE
VIOLENCIA
   En México, 63 de cada 100 mujeres de 15 años, experimenta un acto de violencia
Pese a denuncias, acoso sexual persiste
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/01/2017 En el año que concluyó, dos casos de acoso sexual hicieron eco a la situación que enfrentan miles de mexicanas. En marzo de 2016, la periodista Andrea Noel, fue agredida en la colonia Condesa de la capital por un sujeto que le subió la falda y bajó su ropa interior.
 
En el mismo mes, la estudiante universitaria, Gabriela Nava denunció a un hombre que grabó bajo su falda en el transporte público mientras se dirigía a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Ambas presentaron denuncia penal pero fueron responsabilizadas de los hechos.
 
Por denunciar Andrea y Gabriela recibieron ataques en redes sociales, incluso a la periodista la amenazaron de muerte. Ante los hechos se unieron para crear la campaña virtual “#NoTeCalles”.
 
Mediante un video pidieron a las mexicanas alzar la voz y denunciar a sus agresores, pero también relataron la ineficiencia de las autoridades mexicanas al investigar y castigar a los responsables.
 
Fue a través de las redes sociales que las mujeres comenzaron a denunciar, meses después, alumnas del Teatro Enríquez Lizalde realizaron protestas en contra de su director. Otras seis alumnas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denunciaron a sus agresores.
 
Ninde Molre difundió en Twitter la foto de su pantalón, donde un hombre en el metro eyaculó; una alumna de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) acusó de violencia familiar y laboral al titular de la Defensoría de Derechos Universitarios de la institución. Las mujeres ya no estaban dispuestas a callar.
 
Para el 24 de abril de 2016, las mexicanas organizaron una manifestación en 27 estados del país a la que llamaron “Primavera Violeta”, fue así como denunciaron el acoso callejero y la violencia machista. 
 
La marcha #24A –como se etiqueto en redes sociales– logró ser una de las movilizaciones feministas más importantes del país.
Mientras que en Facebook y Twitter con la etiqueta #MiPrimerAcoso las mexicanas relataron abiertamente la primera vez que sufrieron un acoso sexual.
 
La denuncia pública a través de las redes sociales se convirtió en una herramienta clave para demostrar lo común que es el acoso sexual.
 
La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) define el acoso sexual como una forma de violencia en la que, si bien no existe subordinación de la víctima, hay un ejercicio abusivo de poder, que la coloca en un estado de abandono y riesgo.
 
En México, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más, experimentaron un acto de violencia psicológica, física, sexual, económica y patrimonial, reportó en 2015 el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi).
 
AÑO DE PROTOCOLOS
 
Como respuesta a las protestas y denuncias, las autoridades de Gobierno e instancias públicas comenzaron a atender casos de víctimas de acoso sexual.
 
Luego de la protesta #24A, el Gobierno de la capital en colaboración con el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX) y ONU Mujeres anunciaron la “Estrategia 30-100”; con acciones que harían frente al acoso callejero.
 
Una de las estrategias que más llamó la atención fue la entrega de silbatos en el transporte público para que las mujeres silbaran cuan-do fueran agredidas. Con esta acción se pretendía que las capitalinas viajarán seguras en el transporte público.
 
Por su parte, el Inmujeres CDMX informó que se detuvieron a alrededor de 178 personas por casos de acoso sexual, es decir, casi 2 agresores diariamente.
 
Ante esta táctica, las críticas fueron duras, el Observatorio de la Estrategia 30-100 -conformado por organizaciones civiles como Equis Justicia para las Mujeres y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)- acusó a las autoridades de mandar a conciliación a la mitad de los casos de acoso y no estructurar acciones que estén a la altura de la problemática.
 
Universitarias también denunciaron el acoso que sufren dentro de las escuelas. En la UNAM varios grupos pidieron a la institución tomar acciones ante la violencia de género.
 
Por su parte las alumnas de la UAM-Unidad Xochimilco crearon el “muro del acoso”, donde denunciaron anónimamente a distintos profesores.
 
Ante la movilización estudiantil, el 29 de agosto de 2016, la UNAM presentó el “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género” que atiende casos de acoso y hostigamientos dentro de la máxima casa de estudios.
 
Sin embargo, las alumnas siguen enfrentando obstáculos al realizar su denuncia. Se espera que otras universidades del país se unan a este Protocolo y atiendan los casos de violencia de género.
 
Debido al aumento de agresiones sexuales que no sólo ocurren en la calle o en universidades, el pasado 31 de agosto el Gobierno federal publicó en el Diario Oficial el “Protocolo para la prevención, atención, investigación y sanción de conductas de hostigamiento y acoso sexual”, dirigido a dependencias y entidades de la administración pública federal, ante el acoso sexual que también enfrentan las servidoras públicas.
 
DELITO IMPUNE
 
A pesar del aumento de violencia sexual, en 12 estados del país no consideran como delito el acoso sexual, por lo tanto, no existen cifras oficiales sobre la incidencia a nivel nacional en el tema.
 
La LGAMVLV solicitó a los gobiernos crear mecanismos que favorezcan la erradicación de acoso en escuelas y centros laborales públicos, mediante acuerdos y convenios con las instituciones para sancionar esos ilícitos.
 
También mencionaron que las autoridades están obligadas a brindar atención psicológica, legal especializada y gratuita, a quienes fueron víctimas de hostigamiento o acoso sexual; además de sancionar al agresor.
 
En los 20 estados donde sí se tipifica el acoso sexual, no existe una sanción homologa. Campeche, Coahuila y Oaxaca tienen tipificado al acoso como “asedios reiterados”, mientras que en la Ciudad de México se castiga “a quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad”.
 
En Aguascalientes y Sinaloa, el acoso sexual se contempla como “atentados al pudor” y en el resto de los estados está estipulado como “delitos contra la libertad y el desarrollo psicosexual de las personas”.
 
17/ HZM/KVR
 







ESTADOS
POLÍTICA
   Yareli Cariño se negó a las pretensiones sexuales del diputado local
Remueven de su cargo a síndica de Pinotepa Nacional
Imagen retomada de blog de Rosy Ramales
Por: Citlalli López Velázquez, corresponsal
Cimacnoticias | Oaxaca, Oax.- 03/01/2017 La síndica municipal electa de Pinotepa Nacional, Yareli Cariño López fue removida del cargo durante la primera sesión de cabildo que se llevó a cabo el lunes,  24 horas después de haber tomado protesta en el cargo.
 
Yareli Cariño, quien cuenta con la constancia expedida por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), informó que lo anterior fue ordenado por el diputado local del PAN-PRD, Tomás Basaldú Gutiérrez, quien le advirtió que si no cedía a sus pretensiones sexuales no permitiría que desempeñara el puesto como síndica.
 
“Fueron varias ocasiones en donde me hace la oferta de acostarme con él a cambio de que me respete el lugar como síndica procuradora. Obviamente le digo que no porque es un derecho que yo tengo. El pueblo me eligió a mí como síndica procuradora. Yo siempre le dije que hiciera lo que mejor le conviniera. Hoy vi los resultados. Es un hecho, fui destituida del cargo sin ningún argumento”, expresó Yareli Cariño.
 
Lo anterior fue expuesto en su momento ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), organismo de la Procuraduría General de la República (PGR), en una denuncia interpuesta por violencia política, ya que el acoso sexual prevaleció desde la campaña electoral.
 
“Es un capricho de este señor porque no quise ceder a ser su amante. El señor le fue fácil imponer al presidente en esta administración e imponer a otra persona para que ocupe mi lugar”, mencionó.
 
Para no violentar la interpelación en la integración del cabildo, en su lugar fue puesta otra mujer, bajo el argumento de que el presidente municipal tiene las facultades para asignar a los integrantes del cabildo en las posiciones que él determine.
 
Sin embargo –argumentó– la ley orgánica municipal no contempla las sindicaturas como posición movible a juicio del edil.
 
Yareli Cariño advirtió que interpondrá un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano (JDC) ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Oaxaca.
 
“No hay un fundamento legal. Sólo es un argumento, pero es diferente tener una lógica jurídica, ellos no la tienen y no les asiste la razón”, declaró.
 
Ante el tribunal electoral existe el antecedente del JDC que se presentó en enero de 2014 por Elizabeth Sánchez González, en ese entonces, electa síndica de Tlacolula de Matamoros, a quien destituyeron desde la primera sesión de cabildo para colocar a un hombre.
 
El TEE declaró parcialmente los agravios y ordenó al ayuntamiento de Tlacolula devolver la sindicatura a una mujer. El 22 de abril de 2014, Elizabeth Sánchez presentó una nueva impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por no compartir el criterio de los magistrados que dejaron abierta la posibilidad de que otra mujer, y no la prominente del recurso ocupe el cargo.
 
El 29 de abril de 2014, el presidente municipal de Tlacolula, Pedro Ruiz González anunció la interposición de un recurso de suspensión de la resolución del TEE por considerar que violenta la  autonomía municipal. Finalmente el 10 de abril, el TEE ordenó restablecer a Elizabeth en la sindicatura.
 
17/CLV/ KVR







OPINIÓN
VIOLENCIA
   Lydia Cacho Plan b*
Enfrentar el ciberacoso
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lydia Cacho
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/11/2016 Ana de 19 años, alumna de una universidad privada, comenzó a recibir mensajes de Whatsapp de su profesor de psicología de 40 años; los innuendos eran sexuales, pero incluían temas de tareas y siempre comenzaban con frases falsas como “ahora que te me acercaste después de clase”. Acompañada de sus amigas que eran testigas, Ana buscó a las autoridades escolares después de sufrir un ataque de pánico luego de 6 meses de hostigamiento sexual diario.
 
La confrontaron con el profesor, quien aseguró haber borrado por error todos los mensajes con la alumna y por tanto no podía demostrar que ella lo quería seducir. La chica, devastada frente a la mentira y el ejercicio de poder abusivo del profesor, abandonó la escuela. Sus amigas recibieron la lección: las autoridades universitarias no saben resolver problemas de hostigamiento sexual. Miles de casos idénticos suceden también en secundarias y preparatorias.
 
Catalina es una joven feminista muy activa en redes sociales, de vez en cuando sus opiniones han irritado a hombres que se sienten directamente aludidos (sin que ella siquiera les conozca o los mencione) por el activismo en contra de las violencias contra las mujeres. Claramente son agresores de mujeres que se sienten exhibidos por razonamientos impecables.
 
Los ataques a Catalina siempre tienen amenazas, insultos con una fuerte carga sexual, burlas relacionadas con violaciones tumultuarias (insinúan que la chica critica la violencia machista porque quiere que la violen). Estos ataques son persistentes en todo el mundo. La gran mayoría se ocultan bajo pseudónimos en sus redes, en particular en Twitter, pero otros lo hacen abiertamente formando grupos de estudiantes hartos del feminismo. Hay casos, como uno colombiano, en que los alumnos han amenazado de muerte a una profesora feminista enviándole sus propias fotografías donde la dibujan golpeada o incluso muerta. En estos casos sólo a las mujeres y a activistas gays los amedrentan con amenazas de violación en lenguaje gráfico.
 
Vale la pena detenernos a diferenciar el acoso del hostigamiento. Según leyes internacionales y nacionales, el acoso consiste en hacer insinuaciones indeseables, en un comportamiento verbal o físico, en general de índole sexual, que pretende interferir de manera directa en el comportamiento de la víctima acosada, acallarla, controlar sus actividades usando técnicas de intimidación, hostilidad y ofensas.
 
El hostigamiento ** se refiere a una manifestación de poder de una persona sobre otra mediante una coacción, en general de contenido sexual, que proviene de un superior dirigida a alguien de menor rango que, al denunciar, corre peligro de perder su trabajo.
 
Todos los días encontramos casos de acoso en el ciberespacio, y cada vez se documentan de mejor manera los casos de hostigamiento sexual que pasan por las redes sociales. En general los acosadores pretenden amedrentar a sus víctimas por ejercer su libertad de expresión, pero llegado el momento de confrontarles, basan su defensa justamente en su propio derecho a expresarse libremente y compartir su opinión.
 
En México, 47 por ciento de usuarios de Internet tienen entre 12 y 18 años. El ciberacoso surge a partir de desacuerdos, celos, envidias y rompimientos amorosos para los cuales chicos y chicas encuentran en el ciberespacio una zona protegida para destruir la reputación de alguien de su entorno sin enfrentar consecuencias.
 
Por eso, 80 por ciento de los casos de acoso que busca denigrar a un niño o niña ocurre en Internet. Las herramientas tecnológicas han creado un espacio para potenciar la violencia omnipresente. La ignorancia del 90 por ciento de usuarios de redes sobre seguridad y privacidad nos impide educar adecuadamente, y las leyes de Libertad de Expresión son utilizadas para defender los ataques que persiguen silenciar opiniones. Melva Sangri, creadora de Mamá Digital, ha creado herramientas interesantes en español para enfrentar este fenómeno. Las leyes por otro lado, gracias a la ignorancia de legisladores, insisten en al punibilidad en lugar de en la educación y prevención. Entre en www.mamadigital.com.mx para aprender más.
 
** Haydée Méndez Illueca Guía de la Red de Mujeres Sindicalistas. Acoso Sexual: un problema laboral.
 
* Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
 
16/LCR/LGL







NACIONAL
VIOLENCIA
   El documento debe ser analizado por estudiantes violentadas
Protocolo de la UNAM violenta garantías de víctimas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/09/2016 El Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género de la UNAM, limita y violenta las garantías de las víctimas de violencia en el acceso a la justicia ya que contempla “la firma de confidencialidad” de ambas partes, lo que les impide realizar una serie de acciones, consideró la estudiante y académica de Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Adina Barrera.
 
Con dicha acción, agregó, las víctimas no podrían realizar protestas o ruedas de prensa para informar y hacer presión en caso de que sus quejas se vieran obstaculizadas por la institución, servidores públicos o el mismo agresor.
 
“Es preocupante que pidan la firma de confidencialidad, porque el movimiento contra el acoso en la Universidad ha hecho visible este tipo de violencia a través de las protestas y de visibilizar los casos. Y esto es como oscurecer los procesos y una vez más callar a las mujeres que son víctimas de violencia de género”, indicó la académica.
 
Si bien reconoció el esfuerzo de las académicas que trabajaron en la realización del Protocolo, lo que sin duda, dijo, es un avance para la protección de los Derechos Humanos de las estudiantes y académicas, señaló que también tiene candados “peligrosos” para las víctimas y ambigüedades que tendrían que ser especificadas, como por ejemplo el por qué y en qué casos utilizarían la mediación.
 
En su opinión la mediación contraviene lo estipulado en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) que establece que ningún caso de violencia debe ser mediado, ya que en todo acto de violencia hay una situación de desigualdad, en donde el agresor es el que tiene ventaja sobre la víctima.
 
La también integrante del Movimiento Estudiantil contra el Acoso de la UNAM, Adina Barrera, señaló que este documento debería ser analizado por las mismas estudiantes que sufrieron violencia y denunciaron antes de que el Protocolo fuera elaborado.
 
“La Universidad debería tomar en cuenta los casos que no prosperaron por haber sucedido afuera de las instalaciones, como una manera de reparación de daños y para la no repetición de los hechos”, dijo.
 
Un ejemplo de violencia sexual hacia una estudiante de la UNAM, que no fue sancionado por la institución educativa por haber sucedido afuera de sus instalaciones -aunque se tuviera la confesión de culpabilidad de parte del agresor- es el de Víctor Hugo Flores Soto,  quien violó a “Martha”, estudiante de doctorado en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.
 
Víctor Hugo Flores, fue detenido y procesado para luego ser liberado porque su defensa promovió que se volviera a realizar el procedimiento penal ya que no había evidencias que documentaran su culpabilidad. Mientras el proceso continúa, el acusado está  estudiando su doctorado en la UNAM.
 
El Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género de la UNAM fue presentado el pasado 29 de agosto por la abogada general de la máxima casa de estudios, Mónica González Contró durante un evento realizado en el edificio de Rectoría.
 
El documento fue elaborado como parte del Acuerdo por el que se establecen Políticas Institucionales para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Casos de Violencia de Género en la máxima casa de estudios, firmado por el rector, Enrique Graue Wiechers, pero es una demanda pendiente de estudiantes y académicas, quienes en diversos foros denunciaron la falta de mecanismos para denunciar los casos de acoso y hostigamiento por parte de compañeros y profesores.                                                                                
16/GVV/LGL







NACIONAL
VIOLENCIA
   OSC promoventes de AVG deben incluir violencia sexual
Acoso y hostigamiento deben formar parte de diagnósticos de violencia
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/09/2016 Las denuncias de acoso y hostigamiento sexual hechas por servidoras públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, podrían formar parte de los diagnósticos realizados por organizaciones solicitantes de la Alerta de Violencia de Género, afirmó la diputada Constituyente, Marcela Lagarde y de los Ríos.
 
La también antropóloga -referente del feminismo en Latinoamérica y México- quien además elaboró la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, explicó que para solicitar la AVG, las organizaciones civiles deben presentar un diagnóstico de los casos de violación de los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas, y el acoso y hostigamiento sexual, son ejemplos de violencia de género.
 
Ese tipo de violencia se presenta cada vez más en el país. En el 2015,  el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que tres de cada 10 mujeres ha vivido violencia sexual por parte de agresores distintos a su pareja y en distintas formas que van desde la intimidación, el abuso, hasta el acoso sexual.
 
El primero de septiembre la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para incorporar en el Código Penal Federal el tipo penal de acoso sexual y sancionar ese delito con seis meses y hasta tres años de prisión. De acuerdo con una revisión hecha por Cimacnoticias a los códigos penales del país, en la actualidad, 12 estados no tipifican el acoso sexual como delito.
 
Con la reciente publicación del “Protocolo para la prevención, atención, investigación y sanción de conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual”, para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) se ampliará la base de datos de casos de violencia contra las mujeres en México, porque el Instituto Nacional de las Mujeres estará obligado a publicar el número de casos en su sitio oficial.
 
16/GVV/LGL







LENGUANTES
FEMINISMO
   LENGUANTES
La UNAM, HeForShe y la violencia de género
Enrique Graue, rector de la UNAM y Ana Güezmes García, Representante de ONU Mujeres en México | Especial
Por: Ethel Z. Rueda Hernández*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/09/2016 El pasado 29 de agosto, la UNAM hizo oficial, por medio de la firma de un acuerdo, su adherencia a la plataforma HeForShe (NosotrosporEllas en español), campaña promocional de ONU Mujeres por la igualdad de género.
 
Esta alianza, anunciada con bombo y platillo por medio de una campaña publicitaria, tanto en redes sociales como en diversos campus de la universidad, comprende, entre otras acciones, la publicación de un Protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM, la instalación de botones de pánico, y una amplia agenda de actividades culturales y de difusión en pro de la igualdad de género.
 
Este interés de la UNAM por incluir la perspectiva de género como una línea de trabajo general es tan positivo como urgente. En efecto, se trata de una institución que se ha distinguido por la mala atención y pobre respuesta a los casos de violencia de género denunciados en sus espacios.
 
Casos como el del violador Víctor Hugo Flores Soto, el agresor Mauricio García Becerril, denunciado por intentar grabar los genitales de una estudiante en los baños de la Facultad de Filosofía y Letras, las recientes acusaciones en contra de Sergio Bustamante y la recomendación que en 2013 la CNDH se vio obligada a emitir ante el deplorable seguimiento del incidente de una alumna menor de edad, acosada y agredida por un profesor de una de las preparatorias de la UNAM, recomendación que la UNAM rechazó, son evidencia de lo necesario que es para la Universidad tomar acciones más contundentes en materia de perspectiva de género.
 
Por otro lado, la manera en que se está proponiendo abordar este problema importa mucho y en esta ocasión me parece muy cuestionable. En primer lugar, de todas las opciones posibles, la UNAM elige adjuntarse a HeforShe, una campaña que ha sido, y con razón, ampliamente criticada.
 
Una de esas críticas es que está diseñada tomando en cuenta, sobre todo, las necesidades de un grupo específico de mujeres privilegiadas, y que por lo tanto no contempla las necesidades de mujeres que carecen de esos privilegios, dejándolas desprotegidas. Es decir, HeForShe es feminismo blanco, lo cual es muy problemático en el caso de la universidad cuyos estudiantes son en su mayoría personas de color.
 
Otra crítica, relacionada con la anterior, es la falta de reconocimiento a la diversidad de condiciones que pueden afectar a mujeres de diferentes grupos sociales y que sufren modos de opresión múltiples (o sea que no toma en cuenta la interseccionalidad de la discriminación de género).
 
También se ha señalado la vaguedad y falta de concreción con respecto a los modos específicos de combatir la disparidad de género que propone HeForShe. Dado que se trata de una campaña orientada a redes sociales, a declaraciones virales y plataformas en línea, parece que las medidas concretas, más allá de los eslóganes y los actos mediáticos, se le escapan.
 
Por último, la que quizá es la crítica más inmediata, es que HeForShe es una campaña orientada a hombres, que focaliza y les da relevancia a ellos. Aquí no se trata de negar que los estereotipos y roles de género tienen consecuencias negativas para los hombres, sino de reconocer que a pesar de esas consecuencias, el binario de género implica un modelo de opresión que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y beneficia a los hombres.
 
La discriminación y la violencia de género no se ejercen de manera equiparable entre mujeres y hombres. No hay, por cada agravio a una mujer, un correlato equivalente para un hombre. No es una relación simétrica o balanceada.
 
Y sin embargo así se concibe en la campaña HeForShe, como lo muestra este video, donde se equipara, por ejemplo, el desempeño de la obligación parental de un hombre, con un gesto de cortesía (ceder el asiento en el transporte público) de una mujer. Las implicaciones posibles siendo que, o ella tiene la obligación de ceder el asiento, o él está teniendo un “gesto de amabilidad” al hacerse cargo de su descendencia.
 
Como si ambos gestos valieran lo mismo. Como si no hubiera una abrumadora cantidad de mujeres que diario se hacen cargo de sus hijos, sin ayuda alguna de sus cónyuges, y viajan en el transporte público sin que nadie sienta la obligación de cederles el asiento.
 
El segundo motivo por el que me parece preocupante el anuncio de alianza entre ONU Mujeres y la UNAM es la opacidad que la  propia universidad ha mostrado en ocasiones anteriores, con respecto a sus programas a favor de equidad de género y la forma en que la violencia al interior de sus instalaciones ha persistido, a pesar de la creación en 2010 de la Comisión Especial de Equidad de Género y de la publicación, en 2013, de los Lineamientos Generales para la Igualdad de Género en la UNAM.
 
Es a pesar de estos recursos que los casos de violencia y abuso que antes he mencionado han tenido lugar. Así pues, la efectividad de los programas impulsados por la Universidad está en cuestión antes incluso de la firma de este nuevo convenio.
 
El machismo en la UNAM está institucionalizado. No es obra de unos cuantos individuos trastornados o perversos. No son casos aislados, poco frecuentes. El machismo en la UNAM, y con él la violencia de género, es común y cotidiano, familiar. Afecta todos los niveles académicos, laborales, administrativos. Se expresa de maneras sutiles y normalizadas, en la revictimización de quienes se atreven a denunciar, en la complicidad y el silencio de autoridades, en la trivialización de actitudes como chistes misóginos o insinuaciones sexuales no solicitadas. No es una tarea fácil, ni rápida, el modificar algo tan arraigado que parece natural.
 
Ante este panorama, no puedo evitar el escepticismo que me provoca esta nueva iniciativa de la UNAM. De entrada me parece mal planteada. Me pregunto ¿Cómo se evitará la ineficacia de programas similares anteriores? ¿Cuáles serán las herramientas para medir el impacto de las nuevas medidas? ¿Se harán públicos los resultados? ¿Se permitirá que las medidas tomadas sean discutidas por la comunidad, en vez de dictaminadas por comisiones?
 
En suma, ¿podrá la UNAM probar que su interés por la equidad de género va más allá de las relaciones públicas, la corrección política o una atractiva campaña mediática? Está por verse.
 
*Estudió Filosofía en la UNAM con interés en el pensamiento crítico y las problemáticas de género. @alzilei
 
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NACIONAL
VIOLENCIA
   Aunque ocurra una sola vez
Propone diputada tipificar acoso sexual en todo el país
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/09/2016 La diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para incorporar en el Código Penal Federal el tipo penal de acoso sexual y sancionar ese delito con seis meses y hasta tres años de prisión, la cual se incrementaría en una mitad si la agresión se cometiera en el transporte público.
 
El documento, que incorpora el Artículo 259 ter, indica que comete el delito de acoso sexual quien, sin importar el sexo de la víctima, solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psico-emocional que lesione su dignidad.
 
Esta conducta se sancionará independientemente de que se ejecute en uno o varios eventos, precisa la propuesta de la diputada Flores Carranza, integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
 
La iniciativa, que también modifica el Artículo 259 bis, establece pena de dos a cuatro años de prisión a quien con fines lascivos asedie a una persona valiéndose de su posición jerárquica derivada de su relación laboral, docente o doméstica.
 
Si el hostigador fuese servidor público y utilice los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, será inhabilitado por un término adicional al que se hubiera impuesto como pena privativa de libertad.
 
Asimismo, el documento presentado en la Permanente y turnado a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, reforma el Artículo 266 bis, a fin de que las sanciones previstas para el abuso sexual y la violación aumenten hasta en una mitad en su mínimo y máximo, cuando el delito se cometa previa suministración de estupefacientes o psicotrópicos a la víctima.
 
LEY GENERAL NO LO INCLUYE
 
La diputada Flores Carranza comentó que las modificaciones al Código Penal Federal tienen el propósito de proteger la dignidad y libertad sexual de las personas, particularmente de las mujeres, por ser un grupo más expuesto a las agresiones sexuales.
 
Agregó que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia representa un gran avance en el reconocimiento de la violencia de género, sus causas y consecuencias; sin embargo, “excluye el acoso sexual que, desgraciadamente, ha proliferado”.
 
En tal sentido, “es imperativo que la normatividad federal incorpore el tipo penal del acoso sexual, así como especificar que este delito no requiere una serie reiterada de eventos, sino que se verifica con un primer y único acto, o bien, con una serie reiterada de conductas invasivas de la intimidad y libertad sexual del agente pasivo”.
 
La legisladora consideró que en México la violencia contra las mujeres se caracteriza por una “invisibilidad” y “normalidad”, producto de pautas culturales y de la educación patriarcal que “autoriza” al varón ejercer abusos contra el sexo opuesto.
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) precisa que nuestro país ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años.
 
A su vez, el Instituto Nacional de las Mujeres registró que el 47 por ciento de las mexicanas mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia, ya sea física, sexual, emocional o económica.
 
En tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) apuntó que prevalece la violencia emocional, con un porcentaje del 44.3 por ciento, causada primordialmente por la pareja o el esposo de la víctima, y la violencia sexual la sufre el 35.4 por ciento.
 
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