NACIONAL
VIOLENCIA
   Conavim coordina atención; hay programas dispersos
Ciudad Juárez: 13 años de programas para infancia en orfandad por feminicidio
Especial
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/07/2017 El 26 de mayo de 2010 un Tribunal de Casación de Ciudad Juárez, en Chihuahua, dictaminó que Heidi, la hija de Rubí Marisol Frayre Escobedo, joven asesinada en 2009, debía recibir una cantidad de 38 mil 390 pesos por concepto de indemnización, monto con el que al mismo tiempo se acreditaba su condición de orfandad.
 
Seis años antes de esta sentencia (en 2004) el gobierno chihuahuense, estado donde se ha documentado el fenómeno del feminicidio desde 1993, creó un programa social para dar mil 900 pesos y apoyo psicológico a las niñas y niños que quedaban en orfandad tras el asesinato de sus madres, programa que ha resultado insuficiente.
 
Así lo reconoció la directora general adjunta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en Ciudad Juárez, Zulay Alaid Abbud Esparza, quien explicó en entrevista que en Juárez hay por lo menos tres programas enfocados en este fenómeno social a pesar de que esta instancia no tiene una política específica para atender a esta población y no cuenta con datos al respecto.
 
Entre las acciones que realiza la Conavim –creada a nivel federal en 2009 a partir de los crímenes cometidos en la ciudad fronteriza– está diseñar políticas en materia de igualdad de género; construir y equipar los Centros de Justicia para las Mujeres; coadyuvar en los trámites de Alerta de Violencia de Género y dar cursos y capacitaciones en la materia. En la ciudad fronteriza es un enlace entre el gobierno estatal y federal.
 
VIOLENCIA QUE SE EXTIENDE
 
Un informe que realizó Amnistía Internacional en 2003 describía el perfil de las mujeres víctimas de la franja fronteriza como jóvenes “sin ningún poder en la sociedad”, trabajadoras de las industrias maquiladoras, camareras, empleadas en la economía informal o estudiantes; muchas de ellas vivían en circunstancias precarias y a veces con hijas e hijos que mantener.
 
A su vez un informe de la Conavim encontró que en la década de los noventa las mujeres asesinadas o desaparecidas eran menores de 25 años, solteras, estudiantes y trabajadoras de la maquiladora y documentó  que a principios del nuevo milenio creció el número de víctimas de 25 a 35 años que eran amas de casa o empleadas.
 
Desde que comenzaron los crímenes en Juárez se comprobó que la violencia feminicida afectaba también a las hijas e hijos de las víctimas, lo que llevó a las madres de las mujeres asesinadas a demandar apoyos para sus nietos que quedaron en orfandad. Con el impulso de las organizaciones civiles, estas abuelas consiguieron la atención de las autoridades. 
 
Abbud Esparza, quien ha trabajado en el Instituto Chihuahuense de la Mujer y en el Centro de Justicia para la Mujer, explica que casi una década después de que en 1993 se dieran a conocer a nivel nacional e internacional los asesinatos de mujeres en esta zona, en 2004 comenzó un programa para atender a la infancia en esta situación.
 
En ese entonces 14 familias recibían una cantidad de mil 900 pesos mensuales, atención psicológica, apoyo para comprar útiles y uniformes escolares y becas de estudio. Hasta 2013 el programa beneficiaba a 125 familias y de acuerdo con la funcionaria sigue vigente y hay alrededor de 150 familias apoyadas.
 
Para que una niña o niño tenga acceso a estos beneficios, explicó, la familia tiene que estar vinculada con la Fiscalía General del estado, en particular con la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por razones de Género, que es la autoridad que acredita que se cometió un feminicidio.
 
En Chihuahua la ley no reconoce el término feminicidio pero Abbud Esparza detalló que la Fiscalía Especializada es competente en los asesinatos de mujeres siempre y cuando el delito cumpla ciertos requisitos: el más importante, que la mujer fuera privada de la vida por condición de género.
 
Si la Fiscalía (ubicada en el edificio del Centro de Justicia) considera que se trató de un homicidio por razón de género entonces puede canalizar a las víctimas indirectas al Instituto Chihuahuense de la Mujer para que les expliquen los apoyos sociales que pueden recibir en caso de que haya menores de edad que quedaron en orfandad.
 
PROGRAMAS DISPERSOS
 
En mayo de 2005 la Procuraduría General de la República creó que el Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Victimas de Homicidio de Mujeres en el municipio de Juárez con un monto de 25 millones de pesos de la dependencia y 5 millones de la Fiscalía gobierno estatal. 
 
La directora adjunta de la Conavim en Juárez señaló que este fondo también está vinculado al análisis y a la investigación que arroja la Fiscalía y para acceder al apoyo las autoridades analizan los casos y determinan las circunstancias de los hechos y la cantidad que se puede otorgar a las familias. El apoyo es en una sola ocasión.
 
“En general, todas las que están en ese programa son familias con muchas necesidades económicas para sacar a sus nietos, o a las hijas e hijos de las víctima de la situación en la que se encuentran, por eso el apoyo se les da en efectivo, para poder solventar un poco pagos, estudios. Evidentemente nada va a resarcir o les podría reintegrar a su hija, pero es parte de un programa que trata de apoyarles en lo que se pueda”.
 
En 2010, durante la implementación de la política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, el gobierno de Chihuahua propuso una serie de acciones para reestablecer el tejido social en la frontera azotada por los asesinatos. Así se creó el Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen.
 
Este fondo, señaló la funcionaria, lo manejaba el DIF por tratarse de la niñez y posteriormente estuvo a cargo de la Fiscalía de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito pero con el cambio de administración del gobierno estatal el año pasado se analizó transferir este fideicomiso a la Secretaría de Desarrollo Social.
 
Abbud Esparza explica que aunque hay tres programas de apoyos a las niñas y niños en orfandad a cusa del feminicidio, la Conavim coordina una red interinstitucional para detectar la situación de las víctimas y coordinar a las instituciones de los tres niveles de gobierno que manejan recursos o programas específicamente para apoyarlas.
 
Cada dos meses se hacen reuniones de trabajo para analizar las necesidades de las familias de una mujer asesinada y ver quien puede atenderla toda vez que puede requerir desde ayuda legal para tramitar la custodia de los menores de edad o una bolsa de empleo para conseguir trabajo. “Cada caso se trabaja de manera particular porque las necesidades son diversas y son diferentes”, aseguró.
 
Sin embargo no sólo se trata, dijo, de que los gobiernos den apoyos económicos, sino de promover la igualdad y erradicar la violencia contra las mujeres y en el caso de los programas enfocados a las niñas y niños en orfandad que permanezcan a pesar de los cambios de gobierno.
 
17/AGM
 







ESTADOS
VIOLENCIA
   Segunda entidad con más casos, después del Edomex
CNDH urge al Congreso de Chihuahua tipificar el delito de feminicidio
Cimacfoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/07/2017 La  Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al Congreso del Estado de Chihuahua adecuar su Código Penal local a la iniciativa presentada por el Ejecutivo de la entidad, a efecto de tipificar el delito de feminicidio.
 
A través de un comunicado el organismo defensor de los derechos humanos señaló que es “prioritaria la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas”, y reconoce que la dimensión penal del problema es punto relevante para lograr tal fin.
 
Sin embargo, consideró que no es suficiente y por ello “deben fortalecerse los esfuerzos para que cada autoridad del país, desde el ámbito de sus respectivas atribuciones, haga frente a la violencia feminicida” que padecen mujeres y niñas del país y del mundo.
 
Asimismo, estimó que el reconocimiento jurídico del conjunto de prácticas que atentan contra la vida de las mujeres, en ejercicio de la violencia y discriminación por razones de género, contribuye a hacer frente a contextos de violencia extrema.
 
En ese tenor, señaló que la tipificación del feminicidio en Chihuahua “es un imperativo”, pues es obligación del Estado mexicano garantizar el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos de las mujeres y niñas, así como investigar e impartir justicia con perspectiva de género.
 
“Incluir el feminicidio como delito autónomo es el principio para sancionar la privación de la vida de las mujeres por razones de género”, subrayó.
 
Además, la CNDH indicó que es “fundamental” que los poderes del estado de Chihuahua atiendan lo dispuesto en los instrumentos internacionales en torno al feminicidio y tengan en cuenta que esa entidad “es la única que no prevé ese tipo penal”.
 
Y recordó que la solicitud a Chihuahua para proteger los Derechos Humanos de las mujeres y niñas en contextos de violencia extrema, quedó de manifiesto a nivel internacional a través de la sentencia contra el Estado mexicano, en 2009, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos denominada “Caso González y Otras (“Campo algodonero”) vs. México”, por el feminicidio de 3 de 8 mujeres encontradas en un campo algodonero de Ciudad Juárez.
 
Agregó que en 2013, como parte del Examen Periódico Universal (EPU), realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas al Estado mexicano se concluyó la importancia de dar solución a varios temas, entre ellos “unificar, sobre la base de criterios objetivos, las diversas definiciones de feminicidio en los códigos penales del país”.
 
Cabe señalar que Chihuahua, así como Nayarit son los únicos dos estados de la República que no han tipificado el delito de feminicidio, bajo el argumento de que en su Código Penal ya se incluye una penalidad agravada en el delito de homicidio cuando la víctima es “del sexo femenino o menor de edad”.
 
Con base a información de la Fiscalía General en la zona norte del estado entre enero y mayo de este año se habían cometido 34 homicidios de mujeres: 4 en enero, 9 en febrero, 13 en marzo, 3 en abril y 5 en mayo.
 
En tanto la zona centro de la entidad acumuló 19 crímenes: 6 en enero, 3 en febrero, 2 en marzo, 4 en abril e igual número en mayo. Para el resto del estado se muestran 2 en enero, 6 en febrero, en marzo no hubo, 5 en abril y 2 en mayo.
 
De acuerdo al informe “Asesinato de Mujeres en México”, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, este estado concentró del 2000 al 2015 dos mil 654 víctimas (9.3 por ciento del total nacional), ubicándose como la segunda entidad donde se cometió el mayor número de casos de feminicidio, después del Estado de México.
 
17/OOM 







ESTADOS
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   "El plan llegó demasiado tarde” afirman activistas
Presentan en Chihuahua Plan de Contingencia para defensoras y periodistas
Imagen retomada del portal chihuahua.gob.mx
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/06/2017 Hoy el gobierno de Chihuahua y el Federal presentaron el Plan de Contingencia para la Protección de personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en Chihuahua.
 
El Plan, que tiene cinco ejes de acción, es resultado de las exigencias de personas defensoras, periodistas y organizaciones civiles para garantizar condiciones seguras al ejercer su labor y que derivó en una “Alerta Temprana” aprobada por el Mecanismo desde agosto de 2016.
 
El Plan, afirmó la titular de la Alianza Sierra Madre A.C Aida Estela Lozano, durante la presentación, es “inédito” porque considera no sólo las medidas de seguridad que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas debe adoptar para proteger a defensores y periodistas, sino también cómo debe actuar éste ante las problemáticas de riesgo a las que se enfrentan en sus trabajos.
 
Los ejes que aborda son: el reconocimiento al ejercicio de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas al garantizarles seguridad y, en caso de ser agredidos, su acceso a la justicia; la atención a grupos en situación de vulnerabilidad (como las y los migrantes); otro punto es el medio ambiente; también el contexto adverso que enfrenta la población en la Sierra Tarahumara; así como la garantía del ejercicio periodístico y la libertad de expresión.
 
El cumplimiento de los ejes se realizará a través de 53 acciones a cargo de 26 instancias a nivel estatal y 24 federales que trabajarán junto con organizaciones civiles.
 
Durante la presentación a la que asistió el gobernador de Chihuahua, Javier Corral y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, se nombró y presentaron las fotos de 21 mujeres y hombres defensoras y periodistas que fueron asesinados desde 2008 hasta la fecha. “Para ellas y ellos el Plan llegó demasiado tarde, esperemos que se cumpla para que no cueste más vidas y sea suficiente para que quienes se encuentran en el exilio puedan regresar en condiciones de seguridad”, dijo la defensora Aida Estela Lozano.
 
Ejemplo de ello fue la periodista Patricia Mayorga, quien dio un mensaje a través de un video porque actualmente se encuentra exiliada por las amenazas de las que ha sido víctima.
 
Desde 2016, expuso Estela Lozano, incrementaron las campañas de desprestigio y agresiones dirigidas a personas defensoras y periodistas lo que llevó a 25 organizaciones y periodistas a solicitar al Mecanismo de Protección que emitiera una Alerta por la situación. “Para marzo de 2016 había al menos 80 personas con medidas de seguridad dictadas por organismos internacionales de Derechos Humanos”, mencionó la defensora.
 
En abril de 2016 junto con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas analizaron el contexto del estado, lo que derivó en propuestas para el Pan de Contingencia que hoy se aprobó.
 
17/MMAE/LGL







ESTADOS
Aborto
   Lupita logró ejercer su derecho a no ser madre
ILE en CDMX influyó la primera aprobación en Chihuahua en 2007
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 25/04/2017
En 2007, una niña de Chihuahua, de 13 años de edad, quien fue violada  y a quien autoridades del estado le negaron interrumpir la gestación, pudo finalmente ejercer allá su derecho a no ser madre, gracias a la presión de organizaciones civiles, quienes advirtieron que la acompañarían a la capital del país, en donde desde hacía cuatro meses estaba vigente la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas.  
 
Lupita, como se conoció a la niña para proteger su identidad, debió luchar junto con su familia, feministas y  organizaciones civiles para que las autoridades locales actuaran de acuerdo con la NOM-190 y autorizaran por primera vez una ILE en Chihuahua, en respeto a la ley estatal. 
 
Lupita fue agredida el 5 de agosto de 2007, por  un sujeto llamado Óscar, alias El Pato, originario de Morelos. La madre de la niña contó a Cimacnoticias que su hija no le reveló de inmediato lo sucedido, sino hasta el 18 de agosto de 2007, al verla deprimida. Ella le dijo que temía que su agresor cumpliera las amenazas de matarla junto con su familia.  
 
Ante la Subagencia del Ministerio Público (MP) en Meoqui, la niña contó que mientras cuidaba a sus hermanos más pequeños, llegó un hombre a su casa, la llevó por la fuerza, arrastrando de los cabellos, hacia  una bodega cercana y la violó.    
 
La niña y su madre fueron amenazadas por el agente del MP que las atendió, les cuestionó la veracidad de su denuncia y les advirtió que pensaran bien si era conveniente denunciar, ya que se era falso lo que declaraban la niña podría ir a la cárcel. El tío de Lupita argumentó al MP que el caso era grave, pues se trataba de una niña, pero le respondió que "con el nuevo sistema de Justicia Penal, la edad de la víctima ya no es importante". Pese a la denuncia, no se giró orden de aprehensión. 
 
NEGATIVAS
 
El médico legista se negó a practicar el examen a la niña, pero  ante la insistencia realizó un certificado con graves inconsistencias, como asentar el nombre de otra persona e informar que la víctima tenía 21 años. 
 
Según la versión de la entonces regidora Chayito Ruiz, el médico no quería trasladarse de Delicias a Meoqui a revisar a la niña, hasta que sus superiores lo obligaron.   
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm)  insistió en la urgencia de resolver el caso, conforme a derecho, pero, dijo entonces la directora del organismo, Rosa Isela Castro (Lucha Castro),  “el Presidente del Supremo Tribunal de Chihuahua se negó a autorizar la ILE porque "los jueces no pueden dar la orden", aunque el Código Penal contemplara el aborto legal en caso de violación. No existe reglamento que indique a qué instancia corresponde el trámite y, por tanto, nadie se atreve a autorizarlo, le dijo el magistrado. 
  
La Procuraduría estatal tampoco asumió tomar medidas en el caso y el  director del Hospital Regional de Delicias, Carlos Herrera Azcona aseguró hoy que "ni con orden judicial" aceptaría que se practicara la intervención, argumentando motivos éticos.
 
Herrera Azcona dijo a la prensa local que no llevarían a cabo un aborto en ese hospital, porque "estaría en la conciencia de todos los que ahí laboran, desde el director hasta el ginecólogo y la enfermería que actuaran en ese caso". 
 
Lucha Castro respondió entonces que en la NOM-190,  la objeción de conciencia es una excepción de la debida obediencia de la ley, más no un derecho reconocido como tal. El respeto a la objeción de conciencia es una concesión democrática y una actitud de tolerancia, no una licencia para obstruir un derecho consagrado a favor de otro, señala la norma.
 
El médico que objete está obligado a asumir proceso de canalización responsable y desistir de cualquier maniobra disuasiva frente a la usuaria, puntualiza. La falsedad en la información médica, incluida la exageración sin base científica de las consecuencias del procedimiento, implica responsabilidad para quien o quienes presten la atención, aclara el texto. 
 
Castro acusó al médico de Chihuahua de no informar debidamente al Sector Salud, como lo indica la NOM 190, para casos de violación y que obliga a remitir los casos de violación al Sector Salud para detectar embarazo, VIH e Infecciones de Transmisión Sexual. De haber ocurrido así, Lupita hubiera sido medicada con la píldora del día después y se hubiera evitado el embarazo, explicó Castro a Cimacnoticias.
 
Grupos de mujeres y feministas enviaron cartas a las autoridades de Chihuahua para exigir que se garantizaran los derechos a la víctima, de acuerdo con el marco jurídico. Así lo confirmaron la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Luisa Camberos; la coordinadora del grupo feminista Ocho de Marzo, Irma Campos, y la magistrada Rosa Isela Jurado  
 
Camberos  insistió en que el Artículo 146 del Código Penal del estado de Chihuahua consideraba como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto: cuando el embarazo fuera resultado de una violación, siempre que se practicara dentro de los primeros noventa días de gestación, o de una inseminación artificial. 
 
También, cuando, de no realizarse la ILE, la mujer corriera peligro de afectación grave a su salud a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora. Y, cuando el aborto fuera resultado “de una conducta imprudencial de la mujer embarazada”. 
 
Rosa Isela Castro recordó además que también la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Estatal de Atención a Víctimas protegía a las víctimas de violencia sexual.  
 
Advirtió  que si el Sector Salud no acataba la NOM-190, acudirán a los órganos nacionales e internacionales correspondientes a denunciar la negligencia. 
 
Ante las reiteradas negativas y con el tiempo en contra, el   Cedehm solicitó al subprocurador de Atención a Víctimas del estado, Arturo Licón Baeza, dos pasajes de avión para llevar a la niña a la Ciudad de México,  pero negó el apoyo porque “si pagaban los boletos estarían consintiendo el aborto”. 
 
Finalmente, ante la presión de las organizaciones y el anuncio de que la niña iría con su madre a la Ciudad de México para acceder a la ILE, el 2 de septiembre de 2007 en el Hospital General de la ciudad de Chihuahua Lupita pudo ejercer su derecho a no ser madre.  
 
Lucha Castro calificó de “histórica” la decisión gubernamental de autorizar la ILE en este caso, ya que el embarazo representaba un  alto riesgo físico y emocional para la niña, por su edad.  
 
El Observatorio Ciudadano del Feminicidio dijo sobre el caso que, aunque el agresor estaba aún impune, se cumplió con el Código Penal. Reconoció la determinación  y valentía de Lupita y su familia, quienes no retrocedieron en su reclamo por justicia,  la seriedad y el compromiso de las integrantes del Cedehm, quienes lograron, por primera vez en el estado, se realice una ILE", expresó el Observatorio. 
 
El Observatorio reconoció también que el gobierno haya ponderado el derecho a la vida de la niña, ante el prejuicio moral expresado por médicos y ministerios públicos. Llamó a las autoridades para reglamentar en casos de ILE establecidos por la ley.  
 
Y recordó que el derecho internacional establece que la violencia contra la mujer, incluida la violencia sexual, constituye una forma de discriminación, como indica el Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), ratificada por México el 23 de marzo de 1981, y la Convención de Belém do Pará, adoptada el 9 de junio de 1994 y ratificada por México el 12 de noviembre de 1998.  
 
17/RED







NACIONAL
   Fiscalía no quiere dar “conclusiones anticipadas”
Ejecutan a hombre y lo señalan como asesino de Miroslava Breach
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/04/2017 El hombre asesinado a tiros en la colonia Junta de los Ríos, en la capital del estado de Chihuahua, el martes por la noche, fue identificado como Gabriel Federico Ochoa Cárdenas y junto a él dejaron una cartulina que lo señala como autor material del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, y una pistola del mismo calibre que la utilizada para cometer el feminicidio el 23 de marzo pasado, confirmó la Fiscalía General del Estado.
 
La cartulina dejada con el cadáver, al interior de un taller mecánico, dice: “Este es el marrano que asesino a la periodista Miroslava por orden del 80 en complicidad con Pablo Ernesto Rocha. Esto es la prueba de que no queremos marranos haciendo injusticia” (sic).
 
El fiscal general, César Augusto Peniche, aclaró a medios que por el momento no podían hacer un pronunciamiento sobre la relación entre el hombre y el crimen de la reportera del periódico Norte de Ciudad Juárez y corresponsal de La Jornada, ya que “estamos haciendo las diligencias para establecer si se trata de alguna de las personas que tenemos identificadas dentro de nuestra investigación”, dijo. 
 
La ejecución de Ochoa Cárdenas se cometió a unos días de que el gobernador Javier Corral Jurado informó que tienen “prácticamente todos los elementos para ir a la captura de los responsables” del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, cuyos autores intelectuales y materiales, y copartícipes, ya fueron identificados”. 
 
En un comunicado, la Fiscalía estatal afirmó que están revisando las evidencias dejadas en el lugar donde fue ejecutado Ochoa Cárdenas, “para no dar conclusiones anticipadas” y que la institución “trabaja escrupulosamente para evitar distractores”.
 
EL ARMA Y LA CARTULINA
 
Gabriel Ochoa Cárdenas fue ejecutado de varios tiros, calibres .22 y 9, y la pistola dejada junto a él es una calibre .38, el mismo calibre de la empleada para cometer el feminicidio.
 
Vecinos del lugar señalaron a la prensa local que el hombre, de 55 años de edad, se dedicaba a la compra y venta de gallos de pelea y fue asesinado por sujetos que llegaron a bordo de una pick-up roja.
 
Algunos medios señalaron también que Ochoa Cárdenas era maestro de karate y fue instructor de la Academia de la Policía Estatal Única (PEU), aunque el portavoz de la fiscalía, Carlos Huerta, desmintió la versión, según el Diario de Juárez.
 
Otro de los señalados en la cartulina dejada junto al cadáver de Ochoa Cárdenas es Pablo Ernesto Rocha Acosta, quien renunció en diciembre pasado como secretario de Seguridad Pública Municipal en Ciudad Juárez, luego de que fue director de la PEU durante la administración de César Duarte Jáquez.
 
Como director del PEU, Rocha Acosta fue señalado en varias ocasiones por su presunto nexo con grupos delincuenciales, por actos de tortura y siembra de evidencias. Fue además detenido y llamado a comparecer por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la PGR, en mayo de 2016.
 
El mismo gobernador Corral, durante su campaña electoral, lo acusó de proteger a miembros del crimen organizado que operan en la entidad, sobre todo en el área serrana  (temas que abordó Miroslava Breach en sus recientes notas). El entonces candidato cuestionó también que se negara a los exámenes de confianza. 
 
Rocha respondió, en una carta pública, en junio de 2016, que los señalamientos lastimaban su persona, a su familia y a la sociedad.
En noviembre de 2016, Corral Jurado entregó información de inteligencia al alcalde Cabada Alvíderez, sobre el ex fiscal Jorge González Nicolás y sobre Rocha Acosta, quien era entonces director de la Policía Municipal de Juárez, ambos acusados por organismos civiles, como alianza Ciudadana Juárez y Chihuahua, de convertir el equipo de inteligencia en un grupo de agentes torturadores y de maquillar cifras sobre delitos.
 
El tercer señalado en la cartulina es “El 80”, quien habría ordenado el crimen de la periodista, según esa evidencia, a quien la Fiscalía estatal identifica como Carlos Arturo Quintana, integrante del Cártel de Juárez.

17/RED
 







ESTADOS
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Pronto habrá detenciones, prometió Corral
Identificados autores del feminicidio contra Miroslava Breach
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/04/2017
“Tenemos prácticamente todos los elementos para ir a la captura de los responsables” del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, cuyos autores intelectuales y materiales, y copartícipes, ya fueron identificados, informó el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado. 
 
El mandatario estatal dijo a la prensa que realizan con el mayor rigor científico, técnico y jurídico el proceso y la cadena de custodia de las pruebas sobre el crimen de la periodista, corresponsal de La Jornada y colaboradora del periódico Norte, de Ciudad Juárez, cometido la mañana del pasado 23 de marzo, cuando salía de su casa a bordo de su automóvil. 
 
En conferencia de prensa en Ciudad Juárez, recordó Corral Jurado que desde que ocurrió el homicidio de la periodista, se creó un grupo interdisciplinario, del que él forma parte, para investigar el crimen, y se reúne cada tercer día.  
 
“El grupo integra todos los elementos de prueba, científicos y de otro tipo para capturar a los responsables, para cuando sean detenidos el proceso esté reforzado y con las pruebas suficientes”, dijo Corral.
 
Aseguró que las autoridades han puesto todo el empeño para que tengan solidez cada uno de los pasos que dé la Fiscalía estatal para esclarecer el asesinato, que fue reprobado no solo por la opinión pública local, sino también del país y por el gremio periodístico. 
 
ALERTA TEMPRANA
 
Miroslava Breach Velducea, quien cubría las fuentes de política y seguridad, fue asesinada pese a que en agosto de 2016, un año antes del crimen, la Secretaría de Gobernación instaló una Alerta Temprana para prevenir agresiones contra periodistas y activistas en la entidad, de acuerdo con loa Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, debido al alto riesgo en el ejercicio de esa profesión en Chihuahua. 
 
TRABAJO PERIODÍSTICO   
 
En su trabajo periodístico, Miroslava Breach había reportado el 14 de marzo, poco antes de su asesinato, la existencia de cementerios clandestinos en el municipio de Madera, lo que era investigado por la Fiscalía estatal, relacionados con el crimen organizado. Y en enero pasado, el asesinato del dirigente indígena rarámuri de Choreachi, Juan Ontiveros.
 
También reportó el año pasado las amenazas que recibieron candidatos a ediles por parte del narco en ocho municipios. Así como la violencia generada por el narcotráfico en zonas indígenas en años recientes. 
 
El crimen contra la comunicadora fue el segundo cometido contra periodistas  en el gobierno del panista Javier Corral Jurado y el tercero en el mes de marzo en el país (Cecilio Pineda, en Guerrero, y Ricardo Monlui, en Veracruz). 
 
CIERRE DE NORTE
 
El periódico Norte, de Ciudad Juárez, en donde colaboraba Miroslava Breach, cerró el 2 de abril pasado, debido a la falta de garantías para continuar su trabajo. 
 
17/RED
 







ESTADOS
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   En Chihuahua
Ante agresiones contra periodistas, OSC realizan Misión de Observación
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 31/03/2017 Debido al clima de agresiones contra periodistas y activistas en el estado de Chihuahua, las organizaciones Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC), ARTICLE 19 México, Periodistas de a Pie y Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C., en coordinación con periodistas y organizaciones locales, realizaron una Misión de Observación en la capital de ese estado los días 30 y 31 de marzo de 2017.
 
Esta misión, realizada en coordinación con periodistas y organizaciones locales, se realizó con el fin de documentar el clima de agresiones en el estado, tras la cual exigieron al Gobierno federal que cumpla con su obligación y atienda la inseguridad que se vive en la entidad, conocida por el gran número de casos de feminicidio. 
 
En un comunicado, las organizaciones señalan que emprendieron la Misión, “ante la urgencia por el feminicidio de la periodista Mirosalva Breach y los asesinatos de los defensores ambientales Juan Ontiveros e Isidro Baldenegro y el periodista Adrián Rodríguez, en un periodo de cuatro meses en Chihuahua”.
 
También ante el contexto de los homicidios de Cecilio Pineda y Ricardo Monlui, y los atentados contra Armando Arrieta y Julio Omar Gómez. 
 
DOCUMENTAR Y PREVENIR
 
Los  objetivos de la Misión de Observación, señala el comunicado,  fueron documentar la situación en el estado, tras el feminicidio de Miroslava Breach y los posibles focos de riesgo para periodistas en el estado.
 
También, dar seguimiento puntual al proceso de implementación de la Alerta Temprana para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y al tema de protección para los trabajadores de los medios; así como comenzar un proceso de articulación para dar seguimiento a la exigencia y búsqueda de justicia en el caso de Miroslava Breach.
 
Para tal fin, realizaron entrevistas con periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos para documentar la trayectoria y la cobertura periodística de la corresponsal de La Jornada, así como de los sucesos ocurridos el día de su asesinato y en los días subsecuentes en relación a la actuación de las autoridades estatales y federales.
 
De igual forma, se reunieron con organizaciones locales de Derechos Humanos y periodistas para hablar del proceso y desarrollo de la Alerta Temprana y comenzar un proceso de articulación para apoyar en el fortalecimiento, implementación y efectivo funcionamiento de las medidas y acuerdos establecidos.
 
También se reunieron con autoridades del Gobierno de Chihuahua para dar continuidad a los compromisos de las autoridades del estado con respecto a la Alerta Temprana, y la protección de las y los periodistas. Además, se inició un diálogo y un proceso de exigencias en relación a la investigación del feminicidio de Miroslava Breach.
 
RESPONSABILIDAD FEDERAL Y ESTATAL
 
Aclaran las organizaciones a las autoridades federales “que la seguridad de las y los periodistas y el proceso de búsqueda de justicia por el caso de Miroslava Breach es una responsabilidad tanto de autoridades estatales como federales”.
 
Y, por eso, exigen  a las autoridades del Gobierno Federal que lleven a cabo las acciones necesarias, en plena coordinación y corresponsabilidad con el Gobierno de Chihuahua, para dar seguimiento a la Alerta Chihuahua, reforzar la protección de periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos en el estado y garantizar un proceso de justicia pronto, expedito, con perspectiva de género y en apego a los estándares internacionales.
 
Señalan las organizaciones que continuarán “un proceso de acompañamiento y observación en el proceso de fortalecimiento de la seguridad para periodistas en el marco de la Alerta Chihuahua y de la búsqueda de justicia en el caso de la periodista Miroslava Breach”.
 
17/RED







ZONA DE REFLEXIÓN
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   ZONA DE REFLEXIÓN
Sus voces nos hacen falta
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/03/2017 El asesinato en Chihuahua de la periodista Miroslava Breach Velduceo nos trae, de golpe, el regreso de un horror: el asesinato de periodistas críticos. Tres en menos de un mes. El crimen de la reportera Breach nos lleva a repreguntarnos por qué es tan ineficaz la autoridad para investigar y sancionar a los responsables de los atentados a la libertad de expresión.
 
En el año 2000, con un gobierno panista, los atentados contra periodistas iniciaron su escalada; para 2006, con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de la República, la violencia desatada por su guerra contra el narco llevó a México a ser conocido como el país en América Latina más peligroso para ejercer el periodismo.
 
Producto de esta violencia, se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), que lleva once años operando sin que hasta hoy dé resultados efectivos que terminen con la impunidad que rodea cada asesinato y agresión contra periodistas.
 
En 2010 tuvimos la visita del entonces relator de Naciones Unidas para la protección a la libertad de expresión, Frank la Rue. Una de las recomendaciones hechas al Gobierno federal fue sancionar los atentados contra periodistas,  pues la impunidad es la puerta abierta a la repetición, aseguró en su informe.
 
La ineficacia de la Fiscalía está documentada en cada asesinado y agresión contra periodistas: 17 mujeres periodistas han sido asesinadas por hacer su trabajo y 331 han sido agredidas o intimidadas por las investigaciones que realizan desde 2002. Ninguna periodista debió de haber sido asesinada, ninguna de ellas debe vivir con temor por las amenazas recibidas.
 
¿Por qué la Fiscalía no llega hasta los culpables de los asesinatos y las agresiones contra periodistas? Es la pregunta que desde hace más de una década se insiste y a la cual ningún fiscal ha dado respuesta.
 
¿A quién le conviene que el miedo por investigar corrupción, ejecuciones extrajudiciales, violaciones a derechos humanos, desapariciones o feminicidio crezca entre las y los periodistas? ¿A quién le conviene que la sociedad no sea informada sobre estos temas?
 
Cuando los agresores de periodistas son funcionarios públicos, la respuesta es lógica: sembrar el miedo por investigar temas que incomoden a los que tienen el poder le va bien, le favorece a los poderosos, pero no a la sociedad.
 
Anoche, la periodista Laura Castellanos, quien se ha dedicado a investigar ejecuciones extrajudiciales, escribía en el tweet “Si la sociedad nos deja solas/os en nuestro ejercicio periodístico, crece nuestra vulnerabilidad”.
 
Es urgente que la sociedad se dé cuenta de la importancia del trabajo periodístico independiente y crítico, pues sacar a la luz las desigualdades y los abusos de poder permite a la sociedad ser más crítica y construir mejores democracias.
 
Por ello es tan grave que asesinen o intimiden a las y los periodistas, y que las instancias creadas para investigar estos crímenes sean tan ineficaces para hacer justicia. Grave, porque cuando silencian o limitan la posibilidad de investigación periodística, la sociedad está menos informada y más vulnerable de vivir en la mentira creada desde las esferas del poder y divulgada por medios que privilegian los convenios publicitarios, antes que su obligación de informar.
 
El horror no puede seguir imperando en nuestro país, es necesario que la sociedad haga suya la causa de la protección de periodistas, demande la investigación ante cualquier atentado, fortalezca a las y los periodistas independientes para que crezca la democracia que tanta falta hace en México, y para que ni una periodista más sea asesinada, porque todas esas voces hoy nos hacen falta.
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
17/LLH/GG







NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Exigen justicia
Periodistas se manifiestan por asesinato de colega Miroslava Breach
Manifestación de periodistas en Querétaro.| Imagen: Jovana Espinosa
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/03/2017 Periodistas de diversos medios de comunicación en el país se manifestaron el pasado fin de semana para exigir justicia por el homicidio de la corresponsal de La Jornada en Chihuahua, Miroslava Breach, ocurrido el pasado 24 de marzo.
 
A continuación se muestra el trabajo fotográfico de integrantes de la Red Nacional de Periodistas de los estados de Guerrero, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.
 
Chilpancingo, Guerrero
 
Protesta de periodistas en la delegación de la PGR en Chilpancingo, Guerrero | Imagen: Guadalupe Cabañas.
 
Hermosillo, Sonora 
 
Manifestación en Hermosillo, Sonora. | Imagen: Silvia Núñez Esquer
 
Imagen: Silvia Núñez Esquer
 
Imagen: Silvia Nuñez Esquivel.
 
Imagen: Silvia Núñez Esquer
 
Imagen: Silvia Núñez Esquer
 
Cajeme, Sonora
 
Manifestación de periodistas en Cajeme, Sonora. | Imagen: Claudia Pérez R.
 
Imagen: Claudia Pérez R.
 
Tamaulipas
 
Manifestación en Tamaulipas | Imagen: Dora de la Cruz.
 
Imagen: Dora de la Cruz
 
Mérida, Yucatán
 
Manifestación de periodistas en Mérida, Yucatán | Imagen: Rosario Nieto
 
Imagen: Rosario Nieto.

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ESTADOS
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Protestas escalonadas en el país
Marchan hoy en Morelos por Miroslava Breach, mañana en Oaxaca
Imagen de Adriana Mújica Murias.
Por: Adriana Mújica Murias, corresponsal
Cimacnoticias | Cuernavaca, Mor.- 27/03/2017 Portando cartulinas, además de todos los implementos de la labor periodística, decidimos levantar la voz periodistas de medios impresos, radiofónicos, televisivos y digitales en la Plaza de Armas de Cuernavaca no solamente por el artero asesinato de la colega Miroslava Breach Valducea, en Chihuahua, sino por la creciente violencia contra quienes ejercemos esta profesión en cualquier parte del territorio nacional.
 
Esta manifestación es parte de la Movilización Escalonada de Protesta, convocada por la organización Periodistas de a pie, y que tuvo ya lugar en la Ciudad de México, y en Jalisco. Mañana tocará el turno a Oaxaca, el miércoles a Puebla, el jueves a Sinaloa, el viernes a Chiapas y el sábado en Chihuahua, lugar donde fue asesinada la corresponsal de La Jornada.
 
En cada acto, se ha dado lectura a un  Pronunciamiento nacional y en el caso de Cuernavaca estuvo a cargo de la colega Rubicela Morelos Cruz, corresponsal de La Jornada.
 
En el mismo, se resalta que las y los periodistas “No somos personajes de una clase especial, no exigimos un trato privilegiado, sólo las garantías constitucionales para poder seguir haciendo periodismo y ejercer la libertad de expresión, sin que nuestra integridad física, psicológica y emocional se vea abatida por violencia revanchista, porque incomoda lo que narramos, porque al poder (fáctico y constitucional) no le conviene que se sepa la verdad”.
 
La exigencia es, por supuesto, Justicia por el asesinato de la compañera Miroslava, pero también mejores condiciones para el ejercicio seguro del periodismo y el funcionamiento apropiado del Mecanismo de Protección y de la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR.
 
Recuerda que durante la administración de Enrique Peña ha habido un ataque cada 22 horas contra  una o un periodista y suman 103 periodistas asesinados en los recientes tres sexenios, 3 en marzo de 2017, ningún indicio de los desaparecidos. Critica la inoperancia del Mecanismo de Protección, y exige cuentas a la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, con 99.5 por ciento de averiguaciones sin justicia. 
 
Por eso, exigen: “Basta de disuadir a los compañeros que acuden al MP a interponer una denuncia, basta de perder expedientes, basta de opacidad, basta de criminalizarnos, basta de evadir la facultad que tiene la Fiscalía para atraer las investigaciones y explorar la línea de la labor periodística como motivo de un asesinato, desaparición y agresión. Basta de regatear medidas de protección. Basta de imponer medidas irracionales para una labor compleja como lo es reportear. Basta de mantener funcionarios de primer, segundo y tercer nivel responsables de procesar inadecuadamente la protección a quienes se acogen al Mecanismo como última opción.
 
No se salva Javier Corral, no se salva Osorio Chong, no se salva Peña Nieto ni los treinta tantos funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos que cobran a cuenta del Mecanismo, o los 3 ministerios públicos federales asignados a los casos de la FEADLE, mucho menos los diputados y senadores…ya no queremos iniciativas, inicien sanciones administrativas como penales contra quienes obstaculizan la debida protección y el acceso a la justicia.
 
Estaremos saliendo a las calles, no quitamos el dedo del renglón, pero ya no queremos salir a gritar el nombre de nadie más, concluye el comunicado. 
 
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