NACIONAL
VIOLENCIA
   Conavim coordina atención; hay programas dispersos
Ciudad Juárez: 13 años de programas para infancia en orfandad por feminicidio
Especial
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/07/2017 El 26 de mayo de 2010 un Tribunal de Casación de Ciudad Juárez, en Chihuahua, dictaminó que Heidi, la hija de Rubí Marisol Frayre Escobedo, joven asesinada en 2009, debía recibir una cantidad de 38 mil 390 pesos por concepto de indemnización, monto con el que al mismo tiempo se acreditaba su condición de orfandad.
 
Seis años antes de esta sentencia (en 2004) el gobierno chihuahuense, estado donde se ha documentado el fenómeno del feminicidio desde 1993, creó un programa social para dar mil 900 pesos y apoyo psicológico a las niñas y niños que quedaban en orfandad tras el asesinato de sus madres, programa que ha resultado insuficiente.
 
Así lo reconoció la directora general adjunta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en Ciudad Juárez, Zulay Alaid Abbud Esparza, quien explicó en entrevista que en Juárez hay por lo menos tres programas enfocados en este fenómeno social a pesar de que esta instancia no tiene una política específica para atender a esta población y no cuenta con datos al respecto.
 
Entre las acciones que realiza la Conavim –creada a nivel federal en 2009 a partir de los crímenes cometidos en la ciudad fronteriza– está diseñar políticas en materia de igualdad de género; construir y equipar los Centros de Justicia para las Mujeres; coadyuvar en los trámites de Alerta de Violencia de Género y dar cursos y capacitaciones en la materia. En la ciudad fronteriza es un enlace entre el gobierno estatal y federal.
 
VIOLENCIA QUE SE EXTIENDE
 
Un informe que realizó Amnistía Internacional en 2003 describía el perfil de las mujeres víctimas de la franja fronteriza como jóvenes “sin ningún poder en la sociedad”, trabajadoras de las industrias maquiladoras, camareras, empleadas en la economía informal o estudiantes; muchas de ellas vivían en circunstancias precarias y a veces con hijas e hijos que mantener.
 
A su vez un informe de la Conavim encontró que en la década de los noventa las mujeres asesinadas o desaparecidas eran menores de 25 años, solteras, estudiantes y trabajadoras de la maquiladora y documentó  que a principios del nuevo milenio creció el número de víctimas de 25 a 35 años que eran amas de casa o empleadas.
 
Desde que comenzaron los crímenes en Juárez se comprobó que la violencia feminicida afectaba también a las hijas e hijos de las víctimas, lo que llevó a las madres de las mujeres asesinadas a demandar apoyos para sus nietos que quedaron en orfandad. Con el impulso de las organizaciones civiles, estas abuelas consiguieron la atención de las autoridades. 
 
Abbud Esparza, quien ha trabajado en el Instituto Chihuahuense de la Mujer y en el Centro de Justicia para la Mujer, explica que casi una década después de que en 1993 se dieran a conocer a nivel nacional e internacional los asesinatos de mujeres en esta zona, en 2004 comenzó un programa para atender a la infancia en esta situación.
 
En ese entonces 14 familias recibían una cantidad de mil 900 pesos mensuales, atención psicológica, apoyo para comprar útiles y uniformes escolares y becas de estudio. Hasta 2013 el programa beneficiaba a 125 familias y de acuerdo con la funcionaria sigue vigente y hay alrededor de 150 familias apoyadas.
 
Para que una niña o niño tenga acceso a estos beneficios, explicó, la familia tiene que estar vinculada con la Fiscalía General del estado, en particular con la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por razones de Género, que es la autoridad que acredita que se cometió un feminicidio.
 
En Chihuahua la ley no reconoce el término feminicidio pero Abbud Esparza detalló que la Fiscalía Especializada es competente en los asesinatos de mujeres siempre y cuando el delito cumpla ciertos requisitos: el más importante, que la mujer fuera privada de la vida por condición de género.
 
Si la Fiscalía (ubicada en el edificio del Centro de Justicia) considera que se trató de un homicidio por razón de género entonces puede canalizar a las víctimas indirectas al Instituto Chihuahuense de la Mujer para que les expliquen los apoyos sociales que pueden recibir en caso de que haya menores de edad que quedaron en orfandad.
 
PROGRAMAS DISPERSOS
 
En mayo de 2005 la Procuraduría General de la República creó que el Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Victimas de Homicidio de Mujeres en el municipio de Juárez con un monto de 25 millones de pesos de la dependencia y 5 millones de la Fiscalía gobierno estatal. 
 
La directora adjunta de la Conavim en Juárez señaló que este fondo también está vinculado al análisis y a la investigación que arroja la Fiscalía y para acceder al apoyo las autoridades analizan los casos y determinan las circunstancias de los hechos y la cantidad que se puede otorgar a las familias. El apoyo es en una sola ocasión.
 
“En general, todas las que están en ese programa son familias con muchas necesidades económicas para sacar a sus nietos, o a las hijas e hijos de las víctima de la situación en la que se encuentran, por eso el apoyo se les da en efectivo, para poder solventar un poco pagos, estudios. Evidentemente nada va a resarcir o les podría reintegrar a su hija, pero es parte de un programa que trata de apoyarles en lo que se pueda”.
 
En 2010, durante la implementación de la política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, el gobierno de Chihuahua propuso una serie de acciones para reestablecer el tejido social en la frontera azotada por los asesinatos. Así se creó el Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen.
 
Este fondo, señaló la funcionaria, lo manejaba el DIF por tratarse de la niñez y posteriormente estuvo a cargo de la Fiscalía de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito pero con el cambio de administración del gobierno estatal el año pasado se analizó transferir este fideicomiso a la Secretaría de Desarrollo Social.
 
Abbud Esparza explica que aunque hay tres programas de apoyos a las niñas y niños en orfandad a cusa del feminicidio, la Conavim coordina una red interinstitucional para detectar la situación de las víctimas y coordinar a las instituciones de los tres niveles de gobierno que manejan recursos o programas específicamente para apoyarlas.
 
Cada dos meses se hacen reuniones de trabajo para analizar las necesidades de las familias de una mujer asesinada y ver quien puede atenderla toda vez que puede requerir desde ayuda legal para tramitar la custodia de los menores de edad o una bolsa de empleo para conseguir trabajo. “Cada caso se trabaja de manera particular porque las necesidades son diversas y son diferentes”, aseguró.
 
Sin embargo no sólo se trata, dijo, de que los gobiernos den apoyos económicos, sino de promover la igualdad y erradicar la violencia contra las mujeres y en el caso de los programas enfocados a las niñas y niños en orfandad que permanezcan a pesar de los cambios de gobierno.
 
17/AGM
 







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Marchan familias
Chihuahua: nuevo gobierno crearía fiscalía especializada para personas desaparecidas
La marcha se realizó el pasado 30 de agosto en la capital del estado | Laura Carrasco Gutiérrez, corresponsal
Por: Laura Carrasco Gutiérrez, corresponsal
Cimacnoticias | Ciudad Juárez, Chi.- 01/09/2016 Al término de la marcha del pasado martes, encabezada por organizaciones como  Justicia por Nuestras Hijas, dedicada a localizar a jóvenes desaparecidas en Chihuahua, el gobernador electo, Javier Corral Jurado, ofreció a familiares acompañamiento, verdad, solidaridad y, en caso necesario, la creación de una fiscalía especializada, “para ir cerrando esta tragedia y aliviando el dolor”.
 
La marcha, que tuvo como consigna “Duarte, nos fallaste” se realizó el pasado 30 de agosto en la capital del estado, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, y estuvo encabezada por activistas como Norma Ledezma, fundadora de Justicia para Nuestras Hijas, organización que tiene documentados 200 casos de desaparición forzada de mujeres en el estado, y que inició luego de que su hija Paloma Escobar Ledezma desapareció en enero de 2002 y fue encontrada sin vida en marzo de ese año.     
 
Madres, hermanas y muchos familiares más de personas desaparecidas en el estado, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, llegaron hasta la Plaza Hidalgo, frente a Palacio de Gobierno, y formaron una valla en el lugar donde fue asesinada Marisela Escobedo, el 16 de diciembre de 2010, cuando realizaba una protesta en demanda del esclarecimiento del homicidio de su hija de 16 años, Rubí Marisol Frayre Escobedo.
 
Chihuahua, indican datos del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), ocupa el sexto lugar en desapariciones del país y desde 2006 presenta un alarmante incremento en las cifras. Sin embargo, dijo Ledezma, aunque a la marcha acudieron muchos familiares, también muchos otros no participaron, ante el temor de seguir sufriendo el maltrato, la falta de atención y las puertas cerradas de la autoridades.
 
Peor aún, el gobierno de César Duarte ha negado la existencia de las desapariciones forzadas que se han cometido en el estado, lo que invisibiliza el delito y condena a las familias a no tener verdad ni justicia, agregó Ledezma. En tanto, el  delito continúa, gracias a la impunidad, la complicidad y la corrupción. 
 
Ledezma, quien ha llevado su demanda de justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo que para las familias el “día del desaparecido” sirve para sacar a la luz a las desaparecidas, tras un año, dos, tres, diez, de ausencia, para juntar los recuerdos. 
 
Explicó que el papel de las mujeres en la búsqueda y demanda de justicia es de gran importancia debido a su gran fortaleza. Y aunque hay muchos hombres acompañando la lucha, ellas participan en mayor número y no claudican, no dejan de luchar. Su participación, dijo, significa resistencia y resiliencia, ya que “después de haber pasado y revolcarte en ese dolor”, resurgen y siguen abrazando a las demás, a las que siguen viniendo. 
 
UNA LUCHA DE RIESGOS
 
La lucha por la justicia ante la desaparición de las jóvenes ha tenido costos muy graves, afirma Norma Ledezma, pues las autoridades han sido ineficaces para garantizar la seguridad de mujeres que buscaban a sus seres queridos desaparecidos y han sido víctimas del mismo delito, como Artemisa Ibarra, Marta Loya y María Guadalupe Fierro. 
 
Otras más, como Lourdes Hernández Alarcón, activista y madre de Pamela Portillo Hernández, víctima de desaparición desde el 2010, se convierten en investigadoras del caso, con el alto riesgo que esto significa. Ella identificó como victimarios de la desaparición de su hija a elementos del Centro de Inteligencia Policiaca del Estado de Chihuahua, pero aunque armó su investigación y la presentó a las autoridades, hasta el momento no le han dado apoyo.
 
Al investigar, explica Hernández Alarcón, no buscamos desaparecer ni suplir el trabajo de las autoridades sino ayudar, pero no entendemos “por qué, si ya les hicimos todo el trabajo, no lo terminan entonces”.
 
16/LCG/GGQ







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