ESTADOS
INFANCIA
   Alienación Parental desacredita testimonios de abuso sexual infantil
Tribunales diagnostican “síndrome” en vez de sancionar delitos
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Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/07/2017 El mayor riesgo del Síndrome de Alienación Parental (SAP), teoría que niega la veracidad de los testimonios de las niñas y niños que dicen ser maltratados o abusados sexualmente por uno de sus progenitores, es utilizarlo como una prueba pericial definitiva para desechar las denuncias de los menores de edad.
 
En opinión de Nashieli Ramírez Hernández, coordinadora de Ririki Intervención Social, organización dedicada a la defensa de los derechos de la infancia, el mayor peligro de reconocer la Alienación Parental es que los jueces piden que se aplique un “check list” para detectar un “síndrome” en vez de investigar y sancionar un delito de violencia o violación sexual.
 
Actualmente 17 estados de la República mexicana reconocen el SAP en su legislación civil; sin embargo, Ramírez Hernández asegura en entrevista que la Alienación Parental no es un síndrome reconocido por ninguna institución médica, psicológica o psiquiátrica de prestigio y pese a ello las y los jueces lo valoran a partir de indicadores.
 
La experta en infancia explica que la niñez queda en medio de las  demandas familiares por divorcio o custodia de las hijas e hijos. "En esas circunstancias, en diferentes niveles, suceden cuestiones de manipuleo, chantajes, donde los niños quedan atrapados. Hay un acuerdo de todo mundo de que eso existe y no debería existir y es importante, en esa lógica, que el Estado tenga los elementos suficientes para que estos niños no queden atrapados en eso”. 
 
El problema, asegura, no es reconocer estos hechos sino intervenir con base en un “mal llamado síndrome” que además de ser rechazado por todos los grandes colectivos de psicólogos a nivel mundial y de no contar con sustento científico dice que cuando las niñas y niños son manipulados para mentir hay que obligarlos a convivir con el supuesto agresor para que restablezcan su relación con él o ella.  
 
En la Ciudad de México la Alienación Parental está vigente en el Código Civil local desde mayo de 2014 pero desde meses antes el Tribunal Superior de Justicia capitalino era una de las principales instituciones promotoras del uso de este concepto en los juicios familiares.

Uno de los personajes que se convirtió en portavoz de esta teoría fue Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura de la capital durante nueve años, y quien en 2012 declaró que a pesar de que era un tema poco estudiado en México, los juzgadores harían vanguardia al respecto.

El resultado más extremo de la aplicación del SAP fue el caso de Mireya Agraz Cortés, mujer que el pasado 7 de junio al parecer se quitó la vida junto con sus tres hijos, su padre y su madre (quien sobrevivió). El hecho ocurrió después de que juezas del Tribunal Superior de Justicia determinaron que mintió cuando denunció a su ex pareja por violar sexualmente a dos de sus tres hijos.
 
En el caso de Mireya las juezas aseguraron que se “diagnosticó” que los menores de edad y la madre tenían el SAP y por tanto mintieron durante siete años porque el padre no cometió ningún delito.
 
Ramírez Hernández destaca que utilizar la Alienación Parental como una prueba pericial definitiva puede provocar que en algunas ocasiones las niñas y niños sean devueltos, sean puestos en custodia o tengan contacto con su abusador o sus abusadores porque uno de los argumentos de esta teoría es que, en general, las madres  “programan” a sus hijas e hijos para acusar a sus padres.
 
Con el SAP, continua, se desacredita la escucha, la palabra de las niñas y niños, “estas acreditante la pruebas que no es científica que no es de diagnóstico judicial, lo que puedes estar provocando es que en muchos casos los niños sean obligados a estar con el progenitor que les ha violentado, no nada más sexualmente sino en términos de violencia física o psicológica”.
 
A pesar de ello, de acuerdo con el libro “Alienación Parental”, editado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2011, hay ocho indicadores para diagnosticar el SAP aunque reconoce que para determinar si existe o no sería necesario incluir evidencia científica –no manipulable– que demuestre el daño.
 
Incluso en 2015 el Pleno del Consejo de la Judicatura de la capital emitió el acuerdo 33-36/2015 para formalizar la creación del  Departamento de Alienación Parental que contaría con una jefatura, una secretaría y cuatro psicólogos para diagnosticar este “síndrome”. 
 
El Código Civil local dice que en caso de que el SAP sea “moderado” se suspenderá la patria potestad de quien cometa esta conducta pero si es “severo” se suspenderá todo contacto con el progenitor y su respectiva familia y además las niñas y niños serán sometidos a un “tratamiento”. Esta norma fue impugnada por la Comisión de Derechos Humanos de la capital ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y está en espera de resolverse.
 
17/AGM/







ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Se castiga con pérdida de patria potestad, terapia psicológica o cárcel
Síndrome de Alienación Parental, en legislación de 17 estados
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Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/07/2017 Aunque el Síndrome de Alienación Parental (SAP) es un término controvertido por estigmatizar a las mujeres como manipuladoras y a las niñas y niños como mentirosos, actualmente es reconocido en las leyes civiles de 17 estados de la República mexicana.
 
De acuerdo con datos de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano del Senado, hasta febrero de este 2017 Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México, legislaron la Alienación Parental. 
 
Recientemente a esta lista se sumó Baja California. El pasado 6 de junio el Congreso del estado aprobó modificar el Artículo 21 de Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes local y los Artículos 279, 281, 296 y 441 del Código de Procedimientos Civiles para incorporar esta figura jurídica.
 
CONCEPTO SIN SUSTENTO
 
El 16 de febrero de este año el Senado exhortó a las entidades federativas a legislar en materia de Alienación Parental con el objetivo de velar por el interés superior de niñas, niños y adolescentes al considerar que el SAP es un fenómeno que va en incremento en casos de separaciones y divorcios.
 
Según el dictamen elaborado por la Comisión de la Familia –organismo parlamentario creado en 2014 para evitar el avance de normas a favor de los matrimonios igualitarios y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo– la Alienación debe ser considerada un tipo de violencia familiar.
 
Sin embargo, agrupaciones como Adivac, Save the Children y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social han alertado de la falta de sustento científico de este concepto, de su carácter discriminatorio y estereotipado y del riesgo de que se use para defender a padres acusados de abuso y violación sexual de menores de edad.
 
El término fue creado en 1985 por el médico estadounidense Richard A. Gardner. Esta teoría califica de falsas o injustificadas todas las denuncias o quejas de maltrato o abuso sexual que hacen las hijas o hijos en contra uno de sus progenitores, aludiendo a que las presuntas víctimas mienten porque son manipuladas por sus madres.
 
DIVERSIDAD NORMATIVA
 
Los 17 estados que reconocen el SAP en su legislación imponen castigos a las madres o a los padres que incurran en esta conducta, las penas van desde la pérdida de la patria potestad de sus hijas e hijos y terapia psicológica hasta cárcel.
 
Por ejemplo, el Código Civil de Baja California dice que cuando se presenta el SAP el Juez de lo Familiar, de oficio, debe ordenar “las medidas terapéuticas” necesarias para los menores de edad y sus progenitores a fin de reestablecer la sana convivencia; o bien, podrá determinar la pérdida de la patria potestad.
 
El Código Penal de Michoacán (reformado en noviembre de 2016) considera la Alienación Parental como violencia familiar y por tanto lo sanciona con una pena que va de uno a cinco años de prisión, suspensión de los derechos de madres y padres respecto de la custodia de sus hijas e hijos y prohibición de residir con ellos.
 
El Código Civil de la Ciudad de México (reformado en mayo de 2014) dice que en caso de que el SAP sea “moderado” se suspenderá la patria potestad de quien cometa esta conducta pero si es “severo” se suspenderá todo contacto con el progenitor y su respectiva familia y además las niñas y niños serán sometidos a un “tratamiento”. 
 
PROPUESTAS DE REFORMA
 
El 22 de septiembre de 2016 el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Fernando Enrique Mayans, presentó una propuesta para incorporar una definición de SAP en la legislación federal con el argumento de que los divorcios y las uniones libres son una problemática social y un obstáculo para el interés superior de la infancia.
 
El legislador propuso reformar los Artículos 283, 411, 417 y 444 bis del Código Civil Federal y 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prevenir, atender y erradicar las conductas que constituyen Alienación Parental, crear la figura de asistente del menor y la de mediación asociativa familiar.
 
Con este proyecto el Artículo 411 del Código Civil diría que “se entiende por alienación parental toda conducta que tienda a manipular y a transformar la conciencia de los hijos menores de edad, para impedir o destruir la convivencia, las relaciones personales y trato directo con el progenitor no custodiado”.

La iniciativa se turnó a las Comisiones unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de la Familia y Desarrollo humano; y de Estudios Legislativos pero a la fecha no ha sido discutida.
 
Mientras en los estados avanza la incorporación del SAP en la legislación, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se resolverán dos Acciones de Inconstitucionalidad: una por el caso de la Ciudad de México, presentada por la Comisión local de Derechos Humanos; y otra por la reforma en Michoacán, presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
 
17/AGM







NACIONAL
   Conclusión de informe del Ministerio de España
Alienación Parental no confirma ni desestima testimonios de abusos
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/07/2017 El Síndrome de Alienación Parental (SAP) carece de fundamento científico, considera la pedofilia como orientación espontánea de la naturaleza humana y califica de falsas o injustificadas todas las denuncias o quejas de maltrato o abuso sexual que hacen las hijas o hijos en contra uno de sus progenitores.
 
El SAP tampoco es una enfermedad; sin embargo, un informe realizado por el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, grupo que pertenece al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de España, encontró que el concepto ha sido incluido en las demandas judiciales de los conflictos de separación familiar y divorcio en el país europeo.
 
Por esta razón, en 2010, el Observatorio convocó a un grupo de personas expertas en Derecho, Psiquiatría y Psicología, a realizar una investigación sobre el SAP, estudio que tras analizar los orígenes y las evidencias del supuesto síndrome concluyó que era necesario aclarar la incorrección técnica y la falta de fundamento científico de la Alienación Parental.
 
Lo que establece el SAP, es que cuando un progenitor es acusado o denunciado por el otro progenitor (y por una hija o hijo) de abuso sexual o malos tratos, las acusaciones son falsas y sin real motivación, y para evitar que continúen, proponen el cambio de custodia de las y los menores de edad y estrictas medidas de control entre el menor de edad y el progenitor acusador.
 
Para la comunidad científica el SAP no puede discriminar sobre la veracidad o falsedad de los testimonios, por ello para el Grupo resultó inexplicable que se esté aplicando en los juzgados de España, hecho que preocupa aún más cuando la sociedad y las organizaciones de mujeres llevan años demandando a las instituciones reconocer que niñas, niños y adolescentes también son víctimas de violencia de género.
 
En el “Informe del Grupo de Trabajo de Investigación Sobre el Llamado Síndrome de Alienación Parental” se expone que alrededor de 1985 el médico estadounidense Richard Gardner ideó el SAP como una herramienta para defender a sus clientes de la acusación de atentados y agresiones en litigios familiares ante los tribunales de justicia. 
 
Cuando se conceptualizó este supuesto síndrome –reconocido en el Código Civil de la Ciudad de México– Gardner consideraba la pedofilia “una orientación espontánea de la naturaleza humana”.
 
Gardner dejó una escuela que defiende la Alienación Parental pero con los años fue incapaz de diagnosticar esta supuesta enfermedad o trastorno psíquico, incluso antes de morir (2003) reconoció en un artículo publicado en 1999 que esta teoría permitía ocultar malos tratos y abusos. 
 
El Grupo alertó que este término está proliferando en las instancias jurisdiccionales para resolver conflictos de separación y divorcio en la sociedad española pero además con la Alienación Parental una denuncia puede declararse falsa y como resultado la custodia de las niñas y niños violentados pueden ser para el progenitor maltratador.
 
La Alienación Parental se alimenta de varios mitos, por ejemplo: el mito de la denuncia falsa; de la perversidad y malicia de las mujeres; de que las leyes de igualdad provocan discriminación; de que el número de casos de maltrato infantil son exagerados; y el mito de que las niñas y niños que viven con un padre que maltrata a su madre no son víctimas de violencia de género. 
 
EXPERIENCIA MEXICANA
 
En próximos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, organismo que demandó la invalidez del artículo 323 séptimaus del Código Civil para la Ciudad de México que desde el mayo de 2014, reconoce la Alienación Parental.
 
El Artículo 323 séptimus dice que la Alienación “es cuando un integrante de la familia transforma la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores”. El Código dice que cuando esta conducta es realizada por uno de los padres, se suspenderá su derecho a la patria potestad, el régimen de visitas y convivencias, en caso de tenerlo.
 
“Asimismo, en caso de que el padre alienador tenga la guarda y custodia del niño, ésta pasará de inmediato al otro progenitor, si se trata de un caso de alienación leve o moderada. En el supuesto de que el menor presente un grado de alienación parental severo, en ningún caso, permanecerá bajo el cuidado del progenitor alienador o de la familia de éste, se suspenderá todo contacto con el padre alienador y el menor será sometido al tratamiento que indique el especialista que haya diagnosticado dicho trastorno”, dice la ley.
 
Además la norma continúa: “A fin de asegurar el bienestar del menor, y en caso de que, por su edad, resulte imposible que viva con el otro progenitor, el departamento de psicología del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, evaluando a los parientes más cercanos del niño, determinará qué persona quedará encargada de su cuidado; mientras recibe el tratamiento respectivo que haga posible la convivencia con el progenitor no alienador”.
 
Como remate, la ley de la Ciudad de México, que se basó en la teoría de Gardner, dice que el tratamiento para la niña o el niño “alienado” será llevado a cabo en el Departamento de Alienación Parental del Servicio Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, misma institución que desde hace siete años desestimó una denuncia de violación sexual infantil que al parecer llevó a una mujer a suicidarse con sus tres hijos el pasado 7 de junio.
 
17/AGM/
 







NACIONAL
VIOLENCIA
   Denuncian inacción de autoridades y falta de debido proceso
Organizaciones exigen esclarecer caso Mireya
De izq. A der: la directora del Instituto de Investigación y Estudios de la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes, Mónica Herrerías Domínguez, la activista de la Coordinadora Popular de Madres Educadoras, Sara Leticia Chávez Rodríguez, la directora fundadora de la Adivac, Laura Martínez Rodríguez y la abogada especializada en justicia con perspectiva de género, Karla Micheel Salas, en conferencia de prensa | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 04/07/2017 La historia de Mireya, la mujer que por alrededor de siete años denunció la violación sexual contra sus tres hijos hasta que decidió quitarse la vida, podría repetirse por lo que más de 40 organizaciones civiles, académicas e instituciones de salud pública exigieron a las autoridades capitalinas esclarecer el caso y eliminar de la legislación capitalina la figura jurídica de Alienación Parental. 
 
El suicidio de Mireya Agraz Cortés, sus tres hijos, su padre y su madre (quien sobrevivió), ocurrido el 7 de junio en la delegación Magdalena Contreras de esta ciudad, fue el resultado de una cadena de inconsistencias y omisiones que obstaculizaron el acceso a la justicia para una mujer que en tres ocasiones denunció violencia sexual hacia sus hijos ante la Procuraduría General de Justicia capitalina, afirmaron activistas en conferencia de prensa.
 
La directora fundadora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), Laura Martínez Rodríguez, precisó que en diciembre de 2010 Mireya se dio cuenta del abuso sexual contra su hijo de entonces tres años de edad, a quien se le practicaron tres peritajes a lo largo de estos años para comprobar su dicho. A pesar de que las pruebas salieron positivas él y sus hermanas gemelas fueron obligados a convivir con su padre, lo que llevó a que en 2014 una de las niñas también fuera abusada.
 
Además Martínez Rodríguez explicó que como parte de petición de divorcio que L. Olvera, padre de los niños, interpuso en agosto de 2011, la jueza Silvia Araceli García Lara, del Juzgado Undécimo de lo Familiar, pidió un peritaje de Alienación Parental –figura jurídica reconocida desde 2014 en la legislación capitalina pero no avalada por ninguna institución de prestigio– para acreditar que la mujer manipulaba a sus hijos y que los menores de edad mentían.
 
Ante ello las defensoras y agrupaciones exigieron abrir nuevas líneas de investigación del caso de suicidio colectivo, que esta indagatoria considere la violencia institucional, el abuso de poder y la violación al derecho de acceso pleno a la justicia, derechos que se violaron previo al deceso de los tres niños, su madre y su abuelo.
 
Asimismo exigieron la destitución inmediata de las y los servidores encargados de la supuesta impartición de justicia en el caso; y que se revise el Protocolo de actuación y operación del Centro de Convivencias del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, toda vez que en 2016 una de las niñas dijo que su padre abusada de ella en los baños de este lugar donde no hay cámaras de seguridad.
 
Como parte de la investigación también pidieron que se garantice el acceso a la justicia y debida diligencia con perspectiva de género, derechos humanos e interés superior de la infancia y que se proteja y considere víctima a la madre de Mireya, única sobreviviente de los hechos.
 
Para la abogada especializada en justicia con perspectiva de género, Karla Micheel Salas, la historia de Mireya es muy clara: se trata de tres niños que por decisión judicial fueron obligados a convivir con un padre violar y de una madre que por siete años confió en instituciones que al final le negaron el acceso a la justicia y que además la violentaron. 
 
La abogada consideró que las instituciones deben revisar la actuación de las juezas que obligaron a los niños a convivir con su padre, las razones por las cuales la Procuraduría capitalina no investigó la denuncia de violación sexual y además la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México debe explicar qué sucedió con la queja que Mireya interpuso en 2015.
 
JUEZAS INVOLUCRADAS
 
Entre las irregularidades que las defensoras encontraron al revisar parte del expediente, señalaron que el juicio por la custodia de los niños que llevó la jueza Décima, Cristina Espinoza Rosello y después la jueza Undécima, Silvia Araceli García Lara, no se aplicó el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes”, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para todos los juzgadores.
 
Además, criticaron que después de que el 7 de junio se encontraran los cinco cuerpos sin vida, y a la abuela materna inconsciente, a Mireya se le acusó de “desequilibrada” y de ser una mujer “empecinada” en no dejar convivir a sus hijos con su padre a pesar de que en los expedientes de la denuncia se acreditó el abuso sexual por parte de L. Olvera.
 
No obstante, después de que se conoció el caso, el entonces procurador, Rodolfo Ríos Garza, afirmó que Mireya presentó tres denuncias por abuso sexual, delito que, según dijo, no se acreditó.
 
Al respecto la activista de la Coordinadora Popular de Madres Educadoras, Leticia Chávez Rodríguez, destacó la gravedad de que en una denuncia penal de abuso sexual infantil estuviera ausente el enfoque de los derechos de niñas y niños, quienes al final perdieron la vida por un mal tratamiento de un proceso judicial. 
 
En opinión de Chávez Rodríguez, a pesar de que la sociedad civil y diversos actores políticos han trabajado para garantizar los derechos de la infancia, estos principios son invisible a pesar de que la Suprema Corte creó el Protocolo de actuación en casos de niñas, niños y adolescentes.
 
Es por ello que exigió a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que no cierre el caso, que se revise la denuncia de abuso sexual y que se revise si se cumplieron los manuales y procedimientos de actuación en este caso porque, dijo, pareciera que la justicia se inclinó por una de las partes sin respetar el debido proceso.
 
A su vez la directora del Instituto de Investigación y Estudios de la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes, Mónica Herrerías Domínguez, dijo que en la denuncia de Mireya hubo prácticas de las autoridades ministeriales y judiciales que convirtieron este proceso en un caso más de violencia estructural porque las leyes  vigentes no se aplicaron.
 
Las activistas también exigimos a la Suprema Corte que resuelva la Acción de Inconstitucionalidad 19/2014 interpuesta por la Comisión de Derechos Humanos capitalina en 2014 y que declare la derogación de la figura jurídica de Alienación Parental, vigente en el Artículo 323 séptimas del Código Civil de la capital, concepto que se usa para desacreditar a niñas y niños víctimas de violación sexual.
 
17/AGM/







NACIONAL
VIOLENCIA
   Alienación Parental, figura jurídica que perjudica a víctimas
Mireya denunció abuso sexual infantil pero no la escucharon
CIMACFoto: Nelson Rodríguez
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 04/07/2017 Nadie atendió la denuncia de Mireya Agraz Cortés, ni los agentes de investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ni mucho menos las juezas del Tribunal Superior de Justicia capitalino y aunque por siete años confió en las autoridades, todos la ignoraron, nadie le creyó y quienes encontraron evidencia de su dicho prefirieron ocultarlo. 
 
Así una historia que comenzó con una denuncia por violación sexual infantil terminó cuando todas las instituciones encargadas de proteger a las víctimas se excusaron y decidieron hacer caso omiso, lo que al parecer llevó a Mireya a suicidarse junto a sus tres hijos, su madre y su padre antes de ver que su ex pareja siguiera abusando sexualmente de los tres menores de edad.
 
El 7 de junio pasado la policía encontró los cuerpos de seis personas –una aún con vida– en una casa ubicada en la colonia San Jerónimo Lídice de la delegación Magdalena Contreras de la capital del país. El primer diagnóstico fue muerte por envenenamiento pero lo que no termina de esclarecerse para la autoridad ni para la opinión pública es por qué la familia decidió quitarse la vida. 
 
Es por esta razón que un grupo de defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres y de la infancia, que conocieron el caso desde hace cuatro años, expusieron este 4 de julio el recorrido que Mireya y sus hijos hicieron desde diciembre de 2010 antes de decidir que era mejor estar muertos que seguir enfrentando amenazas, abuso de poder y corrupción de quien L. Olvera, quien fuera padre y esposo.
 
LA DENUNCIA
 
En 2010 el niño E, de tres años de edad, dejó de controlar sus esfínteres, lloraba por cualquier cosa, tenía pesadillas y no quería alejarse de su madre.  Cuando Mireya notó los cambios en su comportamiento pensó que era un problema de salud y lo llevó al  proctólogo. El médico le dijo que se trataba de síntomas de una posible violación sexual.
 
Mireya, embarazada de unas gemelas, tenía que confirmar el diagnóstico así que llevó a su hijo con una psicóloga, quien, después de 10 sesiones de trabajado para el revisar el caso y escuchar el testimonio del niño, determinó que el menor de edad fue víctima de violencia sexual por parte de su padre.
 
Con las evidencias de su lado la madre quiso proteger a su hijo y el 16 de junio de 2011 denunció ante el Ministerio Público la violación sexual (Averiguación previa FDS-6/T2/5/6/11-06) pero lo que pareció el inició de una investigación para castigar al presunto culpable hizo que la familia se encontrara con un ineficiente sistema de Agencias en Delitos Sexuales que se supone deberían ser especializadas.
 
Ese mismo año (29 de junio de 2011) Mireya solicitó un peritaje al Hospital Psiquiátrico Infantil. Este fue el primer documento oficial que se presentó como prueba y donde se confirmó el diagnóstico de  abuso y violencia sexual pero, mientras continuaba la denuncia penal, en casa L. Olvera se defendió afirmando que era mentira y solicitando el divorcio y la patria potestad de su hijo.
 
En agosto de 2011 el esposo de Mireya solicitó el divorcio ante el Juzgado Décimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de la jueza Cristina Espinoza Rosello, quien como primera acción determinó un régimen de visitas y convivencia provisional entre el padre y las dos niñas que ya habían nacido.  
 
Con todo y que había una denuncia por abuso sexual infantil, en abril de 2012 L. Olvera pidió a la jueza que le autorizara las visitas con su hijo.   
 
Para junio de 2012, por orden de la jueza Espinoza Rosello, el DIF de la Ciudad de México hizo un segundo peritaje al niño y uno al padre. Las pruebas indicaron que el padre pudo ser víctima del mismo delito cuando era menor de edad y se detectó además que era probable responsable del abuso contra E; mientras que el niño relató cómo su padre usaba una máscara mientras lo violaba.
 
Cuando las pruebas apuntaban a la culpabilidad de L. Olvera, en octubre de 2012 él solicitó a la titular del Juzgado Décimo de lo Familiar que se realizaran pruebas periciales sobre Alienación Parental, figura que –a pesar de no ser reconocida por ninguna institución de salud ni psiquiátrica de prestigió– en 2014 fue incorporada a la legislación capitalina, en el Artículo 323 séptimus del Código Civil.
 
La jueza autorizó el peritaje sin importar que el 9 de junio de 2014 la Comisión de Derechos Humanos capitalina impugnó esta figura jurídica a través de una Acción de Inconstitucionalidad (19/2014) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El argumento del organismo fue que se trataba de un término que califica a las niñas y niños como mentirosos y a las madres como manipuladoras. El caso aún está por resolverse.
 
Mientras la denuncia ante la Fiscalía de la Procuraduría capitalina, en ese entonces encabezada por Miguel Ángel Mancera, parecía no avanzar, en el Juzgado del Tribunal Superior de Justicia L. Olvera ganaba pruebas para que sus hijos se quedaran con él. Por ejemplo, la jueza autorizó que la institución encargada de hacer el estudio de Alienación Parental fuera el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) que depende del Tribunal.
 
MANIPULACIÓN
 
El Incifo realizó un peritaje a L. Olvera, a Mireya y otro más al niño. Según los resultados del tercer estudio que se hizo al menor de edad, no había evidencia de “victimización sexual”, entre otras cosas porque el niño usaba las mimas palabras que la madre para hacer referencia al presunto abuso. 
 
Los resultados de las valoraciones que hizo esta instancia del Tribunal sirvieron para que la jueza Espinoza Rosello ordenara una terapia entre el padre y el niño para “restablecer la relación paterno filial” y es que uno de los supuestos de la Alienación Parental es que este “síndrome” se “cura” haciendo que la presunta víctima y el victimario convivan.
 
En diciembre de 2012 la jueza pidió que el Incifo realizara estas terapias de acercamiento pero la institución informó que no hacía ese tipo de intervenciones por lo que ese pidió a la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac) atender el caso. Una vez que la organización recibió información y tomando en consideración el principio de “interés superior de la infancia”, en febrero de 2013 comenzó a realizar terapias con E para abordar el tema de violencia sexual.
 
Presionada por su ex pareja y la jueza, y viendo que la denuncia no llegaría a ningún lado, el 3 de noviembre del 2013 Mireya aceptó firmar un convenio de custodia compartida. Ya en febrero del siguiente año toda la familia, aunque todavía estaban separados los padres, viajaron a Disneylandia, pero pronto Mireya se dio cuenta del error cuando una de sus hijas gemelas le dice que padre abusó de ella.
 
Al enterarse, en febrero de 2014, la madre de inmediato presentó otra denuncia ante la Fiscalía Central de Delitos Sexuales (Averiguación Previa FDS/FDS/-6/T3/153/14-02) pero a la vez L. Olvera presenta un recursos ante el Juzgado Décimo para que se le otorgara la guarda y custodia.
 
De acuerdo con una entrevista que Mireya dio a un medio de comunicación televisado antes de quitarse la vida, los juzgados violentaron los derechos de sus hijos al obligarlos a convivir con su padre aun cuando ellos no querían y sin considerar que su ex pareja era acusado de violencia sexual. En esa misma entrevista la fiscal de Atención a Delitos Sexuales de la Procuraduría capitalina, Alicia Rosas Rubí, se excusó diciendo que “hasta cierto punto” era un tema en materia familiar.
 
Para evidenciar el acuerdo de custodia compartida, avalado por el Juzgado Décimo, Mireya pidió apoyó a Adivac para interponer una queja ante el Consejo de la Judicatura y al mismo tiempo interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos capitalina. Ninguna de las dos quejas tuvo resultados pero la jueza Espinoza Rosello se excusó de seguir conociendo el caso.
 
Para septiembre de 2014, el Juzgado Undécimo de lo Familiar, a cargo de la jueza Silvia Araceli García Lara, retoma el caso. Un mes después del cambio de Juzgado se citó una audiencia en el despacho de la jueza para que las niñas y los niños declararan lo sucedido.  
 
El niño contó todo el abuso sexual, no obstante la jueza García Lara solicitó a la secretaria que hiciera pasar al padre de las niñas y el niño, quien llegó con juguetes. Al verlo, el niño tiró los juguetes a la basura y dijo que no quería nada de él. La jueza intentó obligar a los menores de edad a convivir con su padre pero ante la negativa del abuelo materno, ordenó que llegue la policía. 
 
En 2015 Mireya continuaba con el proceso familiar para proteger a sus hijos pero era obligada por la jueza a llevarlos a un Centro de Convivencia del Tribunal y cada vez que no lo hacía era multada; incluso tenía una orden de arresto; por su parte L. Olvera  no depositaba la pensión. Fue en 2016 cuando una de las gemelas dijo que su padre la tocaba en el baño del Centro, donde no hay cámaras ni vigilancia.
 
Al conocer esto, en septiembre de 2016, Mireya interpuso la tercera denuncia ante la Procuraduría capitalina, quien abrió una carpeta de investigación (CI-FDS/FDS2/VIFDS/2/01/1263/092016) por abuso sexual del padre contra una de sus hijas en el Centro de Convivencia del Tribunal Superior; pero un mes después, a la niña se le hizo la prueba de Bosty (creada para explicar enfermedades y operaciones a niñas y niños), la cual resultó negativa.
 
AMENAZAS
 
El 24 de octubre de 2016 L. Olvera denunció a Mireya ante la Procuraduría por violencia familiar contra sus hijas e hijo y como consecuencia el ex esposo se presentó con agentes judiciales de la Fiscalía para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para allanar la casa de Mireya y entrar a la casa de los abuelos maternos,  intimidando y amenazando a la familia para que entregarán a las niñas y al niño. No los entregaron.
 
Los testimonios recogidos por Adivac, cuando conoció el caso, indican que hubo amenazas e intimidación hacia Mireya y hacia sus padres, lo que podría estar relacionado con el suicidio del 7 de junio.
 
El presunto detonante, dicen las activistas, ocurrió en octubre del año pasado cuando la Jueza Undécima de lo familiar le informó a Mireya que perdió la guarda y custodia e impidió que los abuelos maternos se relacionaran con las gemelas. A pesare de todo la mujer seguía interponiendo recursos jurídicos para evitar que sus hijas e hijo se quedaran con su padre, quería que su caso llegara a la Suprema Corte en caso de ser necesario.
 
Casi siete años después de la primera denuncia Mireya, sus padres, y sus tres hijos optaron por quitarse la vida y hoy feministas, defensoras de los derechos de la infancia y activistas por los derechos de las mujeres exigen que se investigue el suicidio porque pudo ser provocado y además quieren que se evidencie que las instituciones fallaron y que detrás de la historia hay una serie de omisiones a indagar.
 
Agrupaciones como Adivac, Save the Children, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y el Centro hermanas Mirabal de Derechos Humanos, entre otras más, alertan que hay más casos como el de Mireya y más mujeres, niñas y niños víctimas de una figura jurídica que criminaliza a las madres por lo que llaman a la Suprema Corte a resolver el recursos sobre Alienación Parental y derogar este concepto de la legislación capitalina.
 
17/AGM/
 







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INFANCIA
   Exhorto aberrante, dice Martha Tagle
Legislar sobre alienación parental, pide Senado a congresos
CIMACFoto:César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/02/2017 El Senado exhortó a los Congresos estatales a legislar en materia de “Alienación Parental”,  pese a que es una figura jurídica controversial, criticada por organismos civiles en defensa de la infancia e incluso por legisladoras y legisladores, ya que fomenta la idea de que en los casos de violencia familiar o divorcio las mujeres manipulan y las niñas y niños mienten.
 
A propuesta de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, este jueves el Senado llamó a las Legislaturas locales a incorporar este concepto en sus Códigos Civiles o Familiares a fin de proteger el interés superior de la infancia.
 
En el dictamen se señala que el Síndrome de Alienación Parental (SAP) –que tiene sus orígenes en una teoría psiquiátrica– surge casi exclusivamente en batallas por la custodia de las y los niños, quienes exhiben conductas desafiantes ante uno de los padres, actitudes que son apoyadas por el otro progenitor.
 
“Los padres que recurren a alienar a sus hijos del otro, exacerban las actitudes de triangulación y los conflictos de lealtad que ya existen en el niño o niña, violentando de esta manera su desarrollo psicológico y su proceso de duelo, así como violentando al progenitor alienado”, dice el documento.
                                    
En la argumentación del Senado también se indica que el SAP perpetúa la desigualdad de género porque resta importancia de ambos padres en la formación.
 
De acuerdo con la Comisión de Familia y Desarrollo Humano actualmente 16 entidades federativas ya cuentan con la figura legal de la Alienación Parental por lo que el resto de los estados debe integrarla a su legislación.
 
Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Ciudad de México reconocen este término.
 
EXHORTO ABERRANTE: TAGLE
 
Al respecto la senadora independiente, Martha Tagle Martínez, argumentó en contra de este exhorto al señalar que no tenía fundamento legal y era una aberración porque se utiliza para complicar los divorcios y señalar que las niñas y niños no pueden definir con cuál de sus padres quieren estar.
 
En el caso de la capital del país, el 15 de diciembre de 2013 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó reformar el Artículo 323 séptimus del Código Civil capitalino para legalizar el término “alienación parental”, reforma promulgada el 9 de mayo de 2014.
 
Sin embargo, la sociedad civil alertó del significado estereotipado que promueve la idea de que en los casos de violencia familiar y divorcio las mujeres manipulan a sus hijas e hijos para que estén en contra de sus padres y los acusen de ejercer violencia.
 
En su momento agrupaciones como Ririki señalaron que esta figura también se podría usar para desvalorizar los testimonios de niñas y niños que son víctimas de abuso sexual o violencia familiar por parte de uno de sus padres.
 
Sobre este tema la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) también criticó que se pretendiera solucionar el problema de violencia familiar con esta reforma que no fue redactado atendiendo al principio del interés superior de la infancia.
 
Ante ello el 9 de junio de 2014 la CDHDF presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad (19/2014) al considerar que el artículo es violatorio de los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes, resolución que aún está pendiente.
 
17/AGM/GGQ







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