NACIONAL
VIOLENCIA
   Conavim coordina atención; hay programas dispersos
Ciudad Juárez: 13 años de programas para infancia en orfandad por feminicidio
Especial
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/07/2017 El 26 de mayo de 2010 un Tribunal de Casación de Ciudad Juárez, en Chihuahua, dictaminó que Heidi, la hija de Rubí Marisol Frayre Escobedo, joven asesinada en 2009, debía recibir una cantidad de 38 mil 390 pesos por concepto de indemnización, monto con el que al mismo tiempo se acreditaba su condición de orfandad.
 
Seis años antes de esta sentencia (en 2004) el gobierno chihuahuense, estado donde se ha documentado el fenómeno del feminicidio desde 1993, creó un programa social para dar mil 900 pesos y apoyo psicológico a las niñas y niños que quedaban en orfandad tras el asesinato de sus madres, programa que ha resultado insuficiente.
 
Así lo reconoció la directora general adjunta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en Ciudad Juárez, Zulay Alaid Abbud Esparza, quien explicó en entrevista que en Juárez hay por lo menos tres programas enfocados en este fenómeno social a pesar de que esta instancia no tiene una política específica para atender a esta población y no cuenta con datos al respecto.
 
Entre las acciones que realiza la Conavim –creada a nivel federal en 2009 a partir de los crímenes cometidos en la ciudad fronteriza– está diseñar políticas en materia de igualdad de género; construir y equipar los Centros de Justicia para las Mujeres; coadyuvar en los trámites de Alerta de Violencia de Género y dar cursos y capacitaciones en la materia. En la ciudad fronteriza es un enlace entre el gobierno estatal y federal.
 
VIOLENCIA QUE SE EXTIENDE
 
Un informe que realizó Amnistía Internacional en 2003 describía el perfil de las mujeres víctimas de la franja fronteriza como jóvenes “sin ningún poder en la sociedad”, trabajadoras de las industrias maquiladoras, camareras, empleadas en la economía informal o estudiantes; muchas de ellas vivían en circunstancias precarias y a veces con hijas e hijos que mantener.
 
A su vez un informe de la Conavim encontró que en la década de los noventa las mujeres asesinadas o desaparecidas eran menores de 25 años, solteras, estudiantes y trabajadoras de la maquiladora y documentó  que a principios del nuevo milenio creció el número de víctimas de 25 a 35 años que eran amas de casa o empleadas.
 
Desde que comenzaron los crímenes en Juárez se comprobó que la violencia feminicida afectaba también a las hijas e hijos de las víctimas, lo que llevó a las madres de las mujeres asesinadas a demandar apoyos para sus nietos que quedaron en orfandad. Con el impulso de las organizaciones civiles, estas abuelas consiguieron la atención de las autoridades. 
 
Abbud Esparza, quien ha trabajado en el Instituto Chihuahuense de la Mujer y en el Centro de Justicia para la Mujer, explica que casi una década después de que en 1993 se dieran a conocer a nivel nacional e internacional los asesinatos de mujeres en esta zona, en 2004 comenzó un programa para atender a la infancia en esta situación.
 
En ese entonces 14 familias recibían una cantidad de mil 900 pesos mensuales, atención psicológica, apoyo para comprar útiles y uniformes escolares y becas de estudio. Hasta 2013 el programa beneficiaba a 125 familias y de acuerdo con la funcionaria sigue vigente y hay alrededor de 150 familias apoyadas.
 
Para que una niña o niño tenga acceso a estos beneficios, explicó, la familia tiene que estar vinculada con la Fiscalía General del estado, en particular con la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por razones de Género, que es la autoridad que acredita que se cometió un feminicidio.
 
En Chihuahua la ley no reconoce el término feminicidio pero Abbud Esparza detalló que la Fiscalía Especializada es competente en los asesinatos de mujeres siempre y cuando el delito cumpla ciertos requisitos: el más importante, que la mujer fuera privada de la vida por condición de género.
 
Si la Fiscalía (ubicada en el edificio del Centro de Justicia) considera que se trató de un homicidio por razón de género entonces puede canalizar a las víctimas indirectas al Instituto Chihuahuense de la Mujer para que les expliquen los apoyos sociales que pueden recibir en caso de que haya menores de edad que quedaron en orfandad.
 
PROGRAMAS DISPERSOS
 
En mayo de 2005 la Procuraduría General de la República creó que el Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Victimas de Homicidio de Mujeres en el municipio de Juárez con un monto de 25 millones de pesos de la dependencia y 5 millones de la Fiscalía gobierno estatal. 
 
La directora adjunta de la Conavim en Juárez señaló que este fondo también está vinculado al análisis y a la investigación que arroja la Fiscalía y para acceder al apoyo las autoridades analizan los casos y determinan las circunstancias de los hechos y la cantidad que se puede otorgar a las familias. El apoyo es en una sola ocasión.
 
“En general, todas las que están en ese programa son familias con muchas necesidades económicas para sacar a sus nietos, o a las hijas e hijos de las víctima de la situación en la que se encuentran, por eso el apoyo se les da en efectivo, para poder solventar un poco pagos, estudios. Evidentemente nada va a resarcir o les podría reintegrar a su hija, pero es parte de un programa que trata de apoyarles en lo que se pueda”.
 
En 2010, durante la implementación de la política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, el gobierno de Chihuahua propuso una serie de acciones para reestablecer el tejido social en la frontera azotada por los asesinatos. Así se creó el Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen.
 
Este fondo, señaló la funcionaria, lo manejaba el DIF por tratarse de la niñez y posteriormente estuvo a cargo de la Fiscalía de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito pero con el cambio de administración del gobierno estatal el año pasado se analizó transferir este fideicomiso a la Secretaría de Desarrollo Social.
 
Abbud Esparza explica que aunque hay tres programas de apoyos a las niñas y niños en orfandad a cusa del feminicidio, la Conavim coordina una red interinstitucional para detectar la situación de las víctimas y coordinar a las instituciones de los tres niveles de gobierno que manejan recursos o programas específicamente para apoyarlas.
 
Cada dos meses se hacen reuniones de trabajo para analizar las necesidades de las familias de una mujer asesinada y ver quien puede atenderla toda vez que puede requerir desde ayuda legal para tramitar la custodia de los menores de edad o una bolsa de empleo para conseguir trabajo. “Cada caso se trabaja de manera particular porque las necesidades son diversas y son diferentes”, aseguró.
 
Sin embargo no sólo se trata, dijo, de que los gobiernos den apoyos económicos, sino de promover la igualdad y erradicar la violencia contra las mujeres y en el caso de los programas enfocados a las niñas y niños en orfandad que permanezcan a pesar de los cambios de gobierno.
 
17/AGM
 







MUJERES CAUTIVAS
INFANCIA
   MUJERES CAUTIVAS
Trata con Propósitos Sexuales y Matrimonio Infantil, vinculados en México
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/06/2017 En un estudio reciente realizado por la Fundación Thomson Reuters, se informa que los investigadores entrevistaron a 603 mujeres que eran explotadas en la industria sexual en las ciudades de Tijuana y Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos.
 
Las niñas que han sido víctimas de trata con propósitos sexuales en el norte de México frecuentemente han sido forzadas a vivir en situación de explotación de la prostitución como niñas-novias por sus propios esposos, se reporta en el estudio.
 
Tres de cada cuatro niñas víctimas de trata en la frontera se casaron siendo niñas, la mayoría antes de los 16 años, de acuerdo con los investigadores mexicanos y estadounidenses autores del estudio que está por publicarse.
 
La trata de personas se considera la industria criminal que más ha crecido en México y tres cuartos de sus víctimas, mujeres y niñas, son explotadas sexualmente, de acuerdo con un grupo de activistas que se llaman Mujeres Unidas contra la Trata.
 
De acuerdo con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos Delitos, aprobada en el 2012, las personas sentenciadas por el delito de trata de personas y beneficio de la explotación sexual puede ser sentenciado a 45 años de prisión.
 
Sin embargo, se estima que cerca de 380 mil personas son esclavizadas en México, de acuerdo al Índice Global de Esclavitud 2016, publicado por la Fundación de Derechos Humanos “Walk Free”.
 
PERSONAL DE SALUD Y DETECCIÓN
 
La mayoría de las 603 mujeres entrevistadas dijeron haber sido tratadas como niñas-novias, la mayoría de las veces, por sus propios esposos, dijo Jay Silverman, el investigador coordinador y autor del estudio, profesor de medicina en la Universidad de San Diego.
 
En aproximadamente la mitad de los casos, las novias estaban embarazadas, por lo que las y los trabajadores de la salud pueden jugar un papel crítico en detectar y combatir la trata con propósitos sexuales, dijo. 
 
“Mientras se brindan los servicios relacionados con los cuidados del embarazo, ahí se tiene la oportunidad de entrevistar a las niñas para entender y detectar su situación”, dijo Silverman.
 
“Podemos apoyar y asistir a esas niñas para reducir las probabilidades de que sean víctimas de explotación sexual”, dijo.
 
De conformidad con lo establecido en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada en el 2014, la edad mínima para el matrimonio es de 18 años, pero las niñas se pueden casar a los 14 años y los niños a la edad de 16 años, con consentimiento de sus padres.
 
El equipo de investigación incluyó miembros de la Comisión Fronteriza de Salud México-Estados Unidos, un esfuerzo conjunto que dio inicio desde el 2000 por los dos gobiernos para mejorar la salud y la calidad de vida a lo largo de la frontera. 
 
RESPETO A DH, ANTES QUE USOS Y COSTUMBRES
 
Este estudio confirma que una de las formas de reclutamiento de niñas para la explotación sexual y la trata es el matrimonio infantil.
 
Y, por lo tanto, el pago de la novia que se acostumbra en muchos de los pueblos indígenas de nuestro país es un riesgo muy grave para todas las niñas y adolescentes indígenas y hasta para las no indígenas que viven en las zonas pobres y marginadas de nuestro país.
 
Por eso es necesario exigir a las autoridades que en el marco del respeto a usos y costumbres, se respeten los Derechos Humanos y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, porque seguir permitiendo el matrimonio infantil es continuar entregando a nuestras niñas a las bandas de tratantes y a la delincuencia organizada.
 
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora
 
17/TCUZ/GG







NACIONAL
VIOLENCIA
   Abierta hasta junio en Museo Memoria y Tolerancia
Continúa la exposición “Feminicidio en México. ¡Ya basta!”
Imagen de Sandra de los Santos
Por: Sandra de los Santos
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/05/2017 Al fondo de la sala se observan varias fotografías tamaño cartel de mujeres desaparecidas, la mayoría jóvenes. Algunas fotos están borrosas, otras, en blanco y negro y mal pegadas. La instalación simula uno de los tantos muros que se encuentran en Ciudad Juárez, en donde se tiene el registro de más de mil desapariciones de mujeres.
 
En la misma sala llamada “Sonidos de la muerte”, de la artista mexicana Teresa Margollones, se puede escuchar el audio de algunos lugares donde han sido encontradas mujeres asesinadas.
 
El Museo Memoria y Tolerancia, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México inició en enero de este año la exposición temporal “Feminicidio en México. ¡Ya basta!”, que estará abierta al público hasta el próximo mes.
 
La exhibición, de la curadora Linda Atach, se divide en cinco salas: definiciones, sonidos de la muerte, laberinto de la impunidad, cuarto vacío y prevención.
 
Imagen Sandra de los Santos

 
En la primera sala se puede encontrar información sobre la tipificación del feminicidio. “El laberinto de la impunidad” exhibe varios expedientes de mujeres que han desaparecido o han sido asesinadas y hasta ahora no encuentran justicia.
 
“Cuarto vacío” es una instalación de Mayra Martell, quien ha fotografiado los cuartos de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidios. En la sala se puede observar fotografías de gran formato de las habitaciones vacías de las mujeres desaparecidas mientras que se escucha una canción de cuna en nahuatl.
 
“Quisiera decir "lo siento profundamente". Y que ya no pienso en la palabra "muerte" porque supe que el extrañar cuando se ama es mucho más eterno que morir”, dice Martell en la presentación de la sala y donde explica cómo inició su trabajo fotográfico.
 
En la última sala denominada “Prevención” se exhiben cárteles sobre la prevención de la violencia en contra de las mujeres así como las manifestaciones que se han realizado en todo el país en contra de la violencia machista.
 
Imagen Sandra de los Santos

 
La exposición temporal tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre la violencia en contra de las mujeres y niñas y hacer un llamado a todos las y los actores del Estado para frenar la impunidad en contra de los crímenes de odio a las mujeres.
En México se estima que diariamente son asesinadas seis mujeres por motivos de género.
 
El Museo Memoria y Tolerancia está  ubicado en la Plaza Juárez del Centro Histórico de la Ciudad de México. Se encuentra abierto al público de martes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y sábados y domingos de 10:00 a 19:00 horas.
 
17/SS/GG







NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   ¿De qué lado están, autoridades?
Periodistas del país exigen justicia ante el asesinato de Miroslava
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/03/2017 Justicia: es la única cosa que exigimos para Miroslava Breach y para todos los otros compañeros y compañeras asesinados a lo largo de muchos años, se dijo durante la manifestación del sábado en la capital del país, tras el homicidio de la corresponsal de La Jornada en Chihuahua, a la que acudieron periodistas de diversos medios.
 
Frente a la Procuraduría General de la República (PGR), a donde llegó la marcha que inició en el Ángel, el periodista de La Jornada, Arturo Cano, exigió en nombre del gremio una respuesta a esa dependencia, al Gobierno federal y a los estatales, a los que llamó “inútiles”, ya que “no han podido resolver casi ninguno de los crímenes” de periodistas. Y les preguntó ¿de qué lado están?
 
Y mientras las investigaciones avanzan lentas –habrían participado tres individuos en el crimen, según La Jornada, y sería un acto del crimen organizado, según Gobernación-- a lo largo del país organizaciones de periodistas continuaron manifestándose en contra de este crimen y de la impunidad en que están decenas de casos más.  
 
UNA SOLA EXIGENCIA
 
Periodistas de Morelos afirmaron en un comunicado que el asesinato de Miroslava Breach responde a la revelación de “alianzas maliciosas que engendran un sistema político corrompido por la delincuencia organizada, porque hacía eco de la voz de los no escuchados, porque… el chayo no era lo suyo”. El mensaje es: incomodar con lo que publicamos apegados a principios éticos, tiene consecuencias mortales.
 
Recordaron que en cuatro años de administración de Enrique Peña Nieto, se da un ataque contra una o un periodista cada 22 horas y en los tres sexenios recientes se ha cometido 103 asesinatos de periodistas, 3 solo en marzo de este año. 
 
Criticaron también que la Secretaría de Gobernación mantenga un “elefante blanco” llamado Mecanismo de Protección y exigieron que dé cuentas claras y efectividad la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, ya que “en 6 años hay un acumulado de 900 averiguaciones previas abiertas por delitos contra periodistas, solo 2 han culminado en condenas; el 99.5 por ciento de los casos no han recibido justicia”
 
En Guerrero, frente a la delegación de la PGR en Chilpancingo, las y los periodistas recordaron en un comunicado que Miroslava ya había denunciado el hostigamiento en el marco de una reunión con el Mecanismo federal para defensores de derechos humanos y periodistas, celebradas en el mes de octubre del año pasado, donde señaló que a raíz de su trabajo periodístico habían iniciado intimidaciones hacia su persona y familia.
 
Pese a la denuncia, el caso de la periodista de Chihuahua responde a lo descrito en el informe de CIMAC El Poder del Cacicazgo, Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015, en donde señala que  “para algunas periodistas que han accedido al Mecanismo, ha sido la mayor pérdida de tiempo, ante la lógica burocrática que le gana ante la urgente necesidad de protección”.
 
Exigieron justicia no solo para Breach, sino también por  los asesinatos de Cecilio Pineda Pineda y Francisco Pacheco, cometidos en Guerrero y que siguen en la impunidad. “Tres periodistas críticos que hicieron énfasis en los temas de corrupción en el gobierno y sus vínculos con grupos criminales que actúan bajo su amparo”, dice el comunicado. 
 
Señalaron también las y los periodistas de Guerrero que marzo será recordado como mes trágico para el periodismo, ya que el día 2 de marzo, en Tierra Caliente de Guerrero fue asesinado Cecilio Pineda Birto; el 19 de marzo en el municipio de Yanga, en Veracruz asesinaron a Ricardo Monlui Cabrera, y a la fecha no hay resultados de alguna investigación.  
 
En los últimos siete años, señalan en su texto, tres periodistas han sido asesinados a balazos en el estado de Guerrero y 16 más han sufrido algún tipo de agresión física por parte de sujetos desconocidos o escoltas de  alcaldes, diputados o funcionarios del gobierno del estado de Guerrero.
 
En Guadalajara, Jalisco, ayer al menos 50 periodistas marcharon porque no ocurran más agresiones contra comunicadores y porque se esclarezca este crimen. En Ciudad Juárez, decenas de periodistas grabaron un video en el que exigen a las autoridades el esclarecimiento del homicidio y garantías para ejercer su labor informativa. 
 
En Querétaro el gremio periodístico también se sumó a la movilización nacional en contra de la violencia contra las y los periodistas, y demandaron salvaguarda de  sus derechos humanos y a esclarecer todos los casos, “más de 125 periodistas en los últimos años”.  
 
De igual manera, integrantes de la Iglesia católica expresaron su repudio contra el asesinato de Miroslava Breach, como el sacerdote Alejandro Solalinde, quien la recordó, en conferencia de prensa en Ciudad Juárez, Chihuahua, como una gran heroína del periodismo, luchadora por los derechos humanos, valiente amiga. Lamentó que no sea un caso aislado. En San Cristóbal de las Casas, el obispo Felipe Arizendi pidió una investigación eficaz y castigo a los responsables.   
 
QUE INFORMEN

En la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones contra Comunicadores, de la Cámara de Diputados, la diputada Candelaria Ochoa, de Movimiento Ciudadano, y Virgilio Caballero, de Morena, pidieron que las fiscalías Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) y la de Chihuahua, informen del seguimiento que dan a las agresiones contra periodistas, así como los avances en la investigación del asesinato de Breach Velducea, lo que sucederá el miércoles próximo. 

En declaraciones a La Jornada, Virgilio Caballero, afirmó que el caso no avanza porque “está mezclado probablemente con propósitos políticos”, ya que ella tenía amistad con el gobernador Javier Corral y este ha sido un político honesto, quien “se la está viendo duras y se las verá peor”.
Sin embargo, dijo el también comunicador, es oportunidad para que emprenda la contención de asesinatos y persecución contra periodistas. Insistió en que en los crímenes contra periodistas están involucrados funcionarios del gobierno y recordó que así lo ha dicho a las autoridades. 

Lo dicho por Caballero coincide también con el informe de CIMAC El Poder del Cacicazgo, Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015, el cual señala que “las agresiones en contra de comunicadoras durante 2015 fueron responsabilidad -67 por ciento- de un servidor público, cuyas redes dentro del poder permitieron la impunidad.

Por otra parte, el comisionado nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación, Renato Sales Heredia, afirmó al semanario Proceso que detrás del asesinato de Miroslava Breach está el crimen organizado, grupos que vienen operando desde hace tiempo y que disputan regiones, espacios. Reveló que hay una orden de aprehensión contra alguien apodado El 80, cuyo nombre aparece en la cartulina que dejaron los criminales junto al cuerpo de Miroslava.    

Mientras, en redes sociales continúa circulando hastags como #YaBastaDeBalas, #PeriodistasEncabronados, #JusticiaParaMiroslava, #NiUnPeriodistaMás,
#NoSeMataLaVerdadMatandoPeriodistas,
#AlMatarUnPeriodistaSeAcuchillaLaDemocracia,
así como la pregunta ¿Dónde están los dueños de los medios de comunicación cuando asesinan a un periodista mexicano?  

17/RED/RED







REPORTAJE
VIOLENCIA
   Omisión e indolencia del Estado
Hijas e hijos de mujeres asesinadas, víctimas ignoradas del feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez y Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/03/2017 Un feminicida no solo destruye el cuerpo de una mujer: el daño y el dolor trascienden el tiempo y el espacio, llegan a las niñas, niños y adolescentes que quedaron en orfandad, azotan a los que perdieron a una hija, mata también la justicia, la posibilidad de una vida sin violencia de la que hablan las leyes. Sin embargo, prácticamente nada se sabe de estas víctimas, quiénes son, dónde están, cómo sobrellevan el duelo y el dolor, quién las atiende, cómo viven la ausencia, quien les repara el daño, quién las mantiene...
 
Ante la omisión, la burocracia y la indolencia, estas víctimas “colaterales”, “indirectas” del feminicidio apenas son reconocidas con unos cuantos datos por instituciones del Gobierno federal, que están obligadas a saber y atender la problemática, entre ellas: la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Comité de Violencia Sexual de la Conavim y la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.   
 
Y es su obligación saber e informar porque la Ley General de Víctimas indica que los familiares o las personas que tengan una relación inmediata con la víctima directa son víctimas indirectas y por tanto pueden recibir ayuda provisional, oportuna y rápida de los Recursos de Ayuda de los sistemas de víctimas federales o de las entidades federativas.
 
Esta ley no surgió por iniciativa del Estado mexicano, sino como consecuencia de una sentencia que dictó en su contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en noviembre de 2009, como responsable del feminicidio de Esmeralda, Claudia Ivette y Laura, asesinadas en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua  proceso conocido como Campo Algodonero. Desde entonces, el Estado debe reconocer también como víctimas a hijas e hijos de mujeres contra las que se cometió un homicidio por razón de género y fue exhortado a crear una ley para apoyarlas. 
 
Hoy, el Sistema Nacional de Protección de Víctimas es la entidad encargada de coordinar apoyos médicos, psicológicos y jurídicos a esas víctimas, y existe también la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes que garantizarían dichos apoyos. Sin embargo, no hay datos de las víctimas indirectas, ningún registro público los tiene, lo que las convierte, también, en víctimas invisibles del feminicidio.
 
Eso llevó a esta agencia a echar mano de la ley para solicitar datos. Así, obligadas por solicitudes públicas de información, dos de estas instituciones revelaron a Cimacnoticias lo que tienen: apenas una pálida semblanza de las niñas, niños y adolescentes que sobreviven al feminicidio, víctimas invisibles para el Estado.
 
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya función inició en octubre de 2015, conoce sólo un caso de orfandad por feminicidio y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) logró registrar, en tres años de operación (de 2014 a febrero de este año), 65 casos de orfandad por feminicidio. 
 

 
Las otras dependencias, a las que se interrogó por las hijas e hijos de las mujeres víctimas de feminicidio, callaron. Desde febrero pasado, solicitamos entrevistas con la entonces directora nacional del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Laura Vargas Carrillo; con la titular del Comité de Violencia Sexual de la Conavim, Anita Suárez Valencia: y con la subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, María de los Ángeles López Peña. Hoy, esta agencia sigue en espera de respuesta.  
 
En suma, solo 66 orfandades reconocen estas autoridades, aunque existe un registro oficial de 34 mil 176 asesinatos de mujeres cometidos en el país de 1985 a 2009, lo que habría dejado miles de huérfanas y huérfanos, niñas, niños y adolescentes, así como un número igualmente alto de abuelas convertidas súbitamente en madres, ante el asesinato de sus hijas y cuyas historias también son ignoradas por las autoridades.
 
Y si, en el mejor de los casos, el homicida es llevado a la justicia, remoto es que un juez dé vista a alguien para ver qué ocurre con los hijos e hijas de la víctima, como afirma la pedagoga y fundadora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI), Margarita Griesbach Guizar.
 
Hablamos de un número de víctimas que, además, se incrementa cada vez que un feminicida comete el crimen, lo que sucede al menos siete veces por día en nuestro país.
 
Aunque invisibles para las autoridades, las niñas, los niños y adolescentes que quedaron en huérfanos existen, tiene voz, necesidades y una historia para contar, lo que revela cada omisión o agravio que padecen, en un país donde las leyes que deben protegerlos no lo hacen.
 
ALAN, REGATEO DE APOYOS
 
A la medianoche del 9 de septiembre de 2015, Alan*, de 10 años de edad, llegó corriendo a casa de sus abuelos, a unos metros de su domicilio, en el municipio de Tlajomulco, Jalisco, para pedir ayuda porque su padre, Alberto, quería asesinar a Betsabé, su madre.
 
Alan contó angustiado a sus abuelos que él y sus hermanos, de 9, 3 y dos de 7 años de edad estaban durmiendo, cuando los gritos de su madre y su padre los despertaron. En medio de la violencia, su mamá le pidió que fuera corriendo a traer a los abuelos para que la auxiliaran, pero en ese momento su padre lo detuvo, lo aventó violentamente y lo amenazó con asesinarlo junto a sus hermanos. 
 
Pudo huir, pidió ayuda, pero cuando regresó con sus abuelos, el cuerpo de su mamá estaba ya en el suelo, con heridas de cuchillo en el pecho. De eso pasaron ya 2 años y desde entonces él y sus hermanas y hermanos viven con sus abuelos, quienes tratan de cubrir sus necesidades de salud, su educación y les dan la oportunidad de conservar una familia. Sin embargo, Alan tiene miedo de que su padre, prófugo de la justicia, regrese y cumpla su amenaza de matarlos. 
 
Al día siguiente del asesinato de Betsabé, su madre y su padre, María Amparo Hernández y Mario García, adultos mayores, él dedicado al campo y ella a atender una mercería,  fueron a la Procuraduría Social de Tlajomulco a tramitar la custodia de sus cinco nietos, donde les dijeron que  tendrían que “pagar ocho mil pesos por cada niño si realmente los querían”.
 
La respuesta, insensible y hasta abusiva, no extraña, como explica la pedagoga y fundadora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI), Margarita Griesbach Guizar, pues cuando una niña o niño queda en orfandad tras un feminicidio, “se vuelve invisible para el Estado y si hay una tía o una abuela es ella quien se queda a cargo, sin que la autoridad intervenga como debiera ser. Y al final, dice, dependiendo del contexto la familia hace lo que puede hacer.
 
Así sucedió con los nietos de Amparo y Mario, pues para que pudieran quedarse con ellos, fue necesaria la intervención del DIF Tlajomulco, donde se agilizó el trámite de custodia ante la Procuraduría Social, explica la abogada y vicecoordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), Alejandra Cartagena.
 
Así, la pareja, además de una hija con síndrome de Down, sumó a sus responsabilidades el cuidado y la crianza de sus cinco nietos, sin más recursos que los que les deja su trabajo de campesinos y con una batalla perpetua para que las instituciones les den el apoyo a que tienen derecho como víctimas secundarias de feminicidio.
 
La insistencia de la abogada Cartagena ante el DIF de Tlajomulco apenas tuvo respuesta en 2016: una despensa para la familia “de vez en cuando”. También  una beca de la Secretaría de Educación Pública, por un año, solo para Alan, nada para los demás.
 
¿Por qué?, preguntamos a la abogada: “La ayuda no está llegando a quienes la necesitan porque las autoridades no están organizadas”, responde. Y agrega: “no tendrían que ser las víctimas quienes estén buscando ayuda, tendría que ser el Estado quien les de todo el apoyo que necesitan”.
 
A la familia le falta apoyo psicológico, que no pueden pagar y al que tienen derecho. Les urge también construir un cuarto más y dicen que el DIF ya se los prometió, para que no estén tan restringidos de espacio.
 
Mientras tanto, en espera de que la ley se aplique, hoy Amparo y Mario sobreviven sin el negocio de la mercería y resuelven  los gastos de cinco hijos-nietos más. Peor aún, decidieron abandonar su casa, por temor a que el feminicida los busque, mientras la abogada insiste, toca puertas para recordar a las autoridades que tienen una obligación legal para con las víctimas. 
 

 
HUELLAS DE LA VIOLENCIA
 
Rafael tiene 18 años, Ulises 17 y Fabiola 15, todos quieren ir a la universidad, Rafael para ser abogado, Ulises y Fabiola quieren estudiar diseño gráfico. Han pasado 13 años desde que el 12 de febrero de 2014, vieron a su madre, Nadia, inerte, en cuclillas y con una cuerda atada al cuello.
 
Esta escena los persiguió durante su infancia y aunque repitieron hasta el cansancio el mismo testimonio de cómo vieron a su padre, Bernardo López, y su tío Isidro “El Matute”, meter a su madre a la cisterna y luego colgarla en la habitación de su casa en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, casi ninguna autoridad les creyó, porque apenas tenían entonces 5, 4 y 3 años de edad, y  su declaración no fue considerada como evidencia.
 
Presenciar el feminicidio de su madre les dejó graves secuelas: Rafael, quien tenía 5 años de edad, perdió el control de sus esfínteres y Ulises, de 4 años, comenzó a esconderse debajo de las sábanas para gritar y escapar de las constantes pesadillas, otras veces se golpeaba contra la pared, subía a la azotea de su casa y preguntaba cuándo regresaría su madre.
 
Su hermana más pequeña, Fabiola, a sus 2 años de edad, articulaba palabras que según María Antonia, su abuela, querían decir que su “papá le pegó a su mamá” y al igual que Ulises cada vez que la niña tenía ansiedad se golpeaba la cabeza con las manos: “Era horrible”, narra su abuela.
 
Cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) concluyó que se trató de un “suicidio”, María Antonia se dedicó a dos arduas tareas: primero cuidar a sus nietos y después tocar puertas para exigir justicia a todas las instancias que se encontró en el camino.
 
En 2004, María Antonia escuchó en la radio al psiquiatra Giuseppe Amara, en su programa “Parejas Disparejas ¿Y la Familia?”. Le pidió ayuda y este aceptó dar terapia psicológica y psiquiátrica gratuita a los dos hijos mayores de Nadia, por un tiempo determinado. Fabiola nunca recibió atención porque su abuela pensó que era  muy pequeña para recordar los hechos.
 
Terminada la ayuda del doctor Amara, María Antonia buscó por su cuenta ayuda psicológica particular para sus nietos. Un gasto que pudo solventar con enormes dificultades, gracias a su trabajo como  costurera.
 
Abocada a entender el expediente del caso de su hija, buscadora incansable de salidas, imaginó que tal vez Fevimtra, alguna Instancia de las Mujeres, la Procuraduría General de Justicia o el DIF podría ayudarla para obtener algún tipo de apoyo, pero se dio cuenta de que eso dependía de la buena voluntad de la institución.
 
La urgencia de Antonia por buscar apoyo psicológico está perfectamente fundamentada, como lo explica la investigadora del Centro de Estudios de la Mujer de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Julia del Carmen Chávez Carapia, quien asegura que las probabilidades de que esos huérfanos del feminicidio hayan vivido violencia familiar es muy alta porque es muy difícil que un padre violento con su pareja no lo sea con sus hijas e hijos.
 
La niñez que no es atendida tras haber sido violentada por su padre y luego presenciar o vivir el asesinato de su madre “puede normalizar la violencia y reproducirla en la escuela o en su entorno general o presentar desequilibrios en su personalidad”.
 
La niña o el niño queda súbitamente huérfano y necesita recibir apoyo psicológico porque “en un segundo le arrebatan a su madre y su padre se convierte en un delincuente”, dice la especialista. 
 
Sin embargo, poco se ha investigado sobre estas víctimas, dice Chávez Carapia, porque las instituciones y muchas veces las propias familias no lo permiten, en ocasiones creyendo que aislarlos les evitará más daños, aunque el apoyo es necesario para que comprendan el contexto. 
 
Fue hasta 2008 cuando, apoyada por organizaciones civiles, Antonia logró que sus dos nietos mayores fuera atendidos a través de la Fiscalía Especializada para Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), ya que fueron sometidos a un careo con su tío Isidro.
 
El careo se realizó tomando medidas para no revictimizarlos, le aseguraron a Antonia, lo que no ocurre en otros casos, donde se evidencia la falta de perspectiva de género en los procesos judiciales y en el tratamiento de las víctimas secundarias, “pues es un nivel de violencia tan fuerte que necesita ser atendida por especialistas en psicología, psiquiatría, pedagogía y personal de trabajo social, capaz de atender e integrar a las víctimas de manera individual y familiar”, señala Chávez Carapia.
 
Hoy, Antonia tiene como prioridad, a la par de la búsqueda de justicia en el proceso judicial, que sus nietos y su nieta tengan salud emocional. En pos de tranquilidad vendió su casa, por temor a que Isidro, puesto en libertad por falta de pruebas, tome venganza, y pidió un crédito para comprar una casa.
 
En 2011 en una reunión entre la Secretaría de Gobernación, autoridades del Edomex y familiares de víctimas de feminicidio, María Antonia expuso su problema de vivienda y la dependencia le prometió facilitar un crédito, pero el beneficio que nunca llegó.
 
Y aunque en  2016, un año después de que en el Estado de México se decretó la Alerta de Violencia de Género (AVG), el gobernador Eruviel Ávila anunció becas educativas y  capacitación para el trabajo para las hijas e hijos de las mujeres asesinadas por razones de género, para los hijos de Nadia solo hubo un registro en el Seguro Popular.
 
“Económicamente me ha sido muy difícil sacarlos adelante, pero también se puede decir que han sido mi fortaleza”, dice Antonia a Cimacnoticias, y continuará apoyándolos para que terminen la universidad. A la par no cesará en su demanda de justicia, que podría llegar hasta instancias internacionales, y que en 2010 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) presentó el caso de su hija ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 

 
ABUELA-MADRE-ACTIVISTA
 
Tras el asesinato de Alejandra, Norma Andrade, su madre, dejó su profesión de maestra y se convirtió en abuela de sus nietos, Judith de un año y  Alberto*, de seis meses de edad. Alejandra fue encontrada sin vida y con signos de violencia sexual en un lote baldío de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 20 de febrero de 2001.
 
Pese al dolor por la pérdida de su hija, Norma, sin la misma fuerza de cuando era joven y fue madre, se convirtió nuevamente en mamá de sus nietos, obligada por una situación que la llevó más allá de asumir ese papel y la convirtió en activista, en busca de justicia para su hija y las cientos de hijas víctimas de feminicidio. 
 
Como muchas madres que quieren ver a los asesinos de sus hijas en prisión, Norma vio a las otras víctimas de Ciudad Juárez, vio a las hijas e hijos huérfanos, a las abuelas y, junto con la profesora que daba clases a Alejandra, Marisela Ortiz, fundó la agrupación “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, una de las primeras organizaciones en documentar y acompañar a familiares de víctimas de feminicidio en el territorio fronterizo.
 
Las dos mujeres y otras madres se dieron cuenta que muchas otras estaban en la misma situación, eran abuelas educando hijos que no habían planeado, a la par que se alejaban de sus oficios y sus familias para aprender a hacer las tareas de un Ministerio Público porque los funcionarios simplemente no investigaban los crímenes.
 
Así decidieron organizarse y en 2002 lograron que el gobierno de Chihuahua comenzará a realizar mesas de trabajo con las familias de las víctimas para solventar algunas de sus necesidades. A los hijos de las víctimas se les dio apoyos educativos que incluían útiles escolares, uniformes, becas, pago de inscripción a la escuela y acceso gratuito a los servicios de salud pública.
 
A las madres de esas mujeres que fueron encontradas sin vida les brindaron 900 pesos quincenales, una cantidad de dinero que Norma no le alcanzaba para cubrir los gastos de sus dos nietos y de su esposo enfermo de cáncer. Por dignidad al inicio ella se negó a aceptarlo pero la necesidad por comprar las medicinas para su esposo hizo que aceptara el apoyo.
 
Por un par de años Norma se exilió de Juárez pero a su regresó en 2005 notó que estos servicios, conseguidos por las víctimas, se redujeron a becas y útiles escolares.
 
Sin embargo, en 2012 la Fiscalía General de Chihuahua, estado donde desde 1993 se ha documentado el feminicidio, informó a la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados que tenían un Fideicomiso de Apoyo para Niños Huérfanos Víctimas de la Violencia, con un registro de 4 mil 158 menores de edad, de los que 3 mil 897 fueron atendidos con algún apoyo asistencial.
 
Para Norma Andrade la atención psicológica llegó meses después con la creación del Instituto Chihuahuense de la Mujer (en 2001), pero sólo se atendió a las madres de las víctimas, explica Norma. Judith y Alberto parecían invisibles para el Estado a pesar de ser afectados directos.
 
Las becas, uniformes y consultas médicas gratuitas a Judith y Alberto se hicieron a través de programas sociales del estado de Chihuahua, sin embargo para su abuela Norma estas acciones gubernamentales fueron y son una forma de calmar las exigencias de las familias que quieren conocer la verdad sobre los asesinatos de las mujeres y castigo para los culpables.
 
ESCENARIO “IDEAL”
 
La vida de las mujeres víctimas de feminicidio no es recuperable, pero sí la de las niñas, niños y adolescentes que les sobreviven, sí la de sus madres y padres, la de su familia. Para ello hay sentencias, leyes, acuerdos, obligaciones gubernamentales y hasta morales. Falta que se apliquen, como revela lo aquí narrado. 
 
Sin embargo, aun cuando un juez penal dicta una sentencia condenatoria a un feminicida, “jamás se le ocurre dar vista a alguien para ver qué ocurre con los niños”, señala  la experta en derechos de la infancia, Margarita Griesbach Guizar, y al final, dependiendo del contexto, la familia hace lo que puede hacer. 
 
Debería de existir, señala la pedagoga Griesbach, “una cadena de protección” para las hijas e hijos de víctimas de feminicidio”, sobre todo porque desde 2014 existe la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes que contempla responsabilidades para los gobiernos.
 
A través de esta ley, se crearon las Procuradurías de Protección estatales, y una federal, encargadas de representar a las niñas y niños y de articular todas las instancias y servicios médicos, psicológicos o sociales para atender a esta población cuando está en riesgo o son víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos.
 
Es decir, el escenario ideal sería que en caso de que una mujer se quede al cargo de niñas y niños por causa de un feminicidio, acuda a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de su estado y esta instancia se encargue de conseguir todos los servicios que se necesitan aunque en realidad esto no sucede.
 
Aún más, en la sentencia que en 2009 dictó la CoIDH contra el Estado mexicano por tres casos de feminicidio, el tribunal consideró que la prestación de los servicios sociales que el Estado brinda a los individuos no se puede confundir con las reparaciones a las que tienen derecho las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, porque se trata de un daño específico generado por la violación.
 
Sin embargo, hay un hueco por donde se cuelan omisiones e irregularidades: la Corte Interamericana consideró que no podía indicar al Estado mexicano cómo regular los apoyos que brinde a las personas como parte de un programa de asistencia social y  se abstuvo de pronunciarse respecto a ese tema.
 
Lo que sí mencionó fue que México debía adoptar medidas de rehabilitación para los familiares de las víctimas que incluyeran atención psicológica y médica.


 
RAZÓN DE VIVIR…
 
Judith y Alberto saben cómo fue asesinada Alejandra, su madre, un severo impacto, dice Norma Andrade,  que ocasionó que su nieto sea hoy un joven reservado, que no toca el tema del feminicidio, mientras Judit desarrolló el trastorno de “despliegue de personalidad”. Ambos reciben atención psiquiátrica, pagada con dificultades por su abuela.
 
Judit tiene hoy 16 años, es activista y escribe poemas, cuentos, e historia sobre feminicidio, algunos dedicados a su madre. En ocasiones se le ha visto marchar junto a su abuela, tomar el micrófono y gritar justicia, para su madre y para otras madres, y para ellos mismos y su abuela, quienes siguen siendo víctimas. 
 
Dos atentados contra Norma Andrade, presenciados por Judith, obligaron a la familia a dejar Ciudad Juárez y a exiliarse en la capital del país, para salvar sus vidas.
 
Las hijas e hijos de víctimas de feminicidio, dice Norma, “son los más ausentes, muchos han quedado sin madre y ahora ya están sin abuelas”, dice.  

“Quisiera, señala Norma, que al Estado se le obligue a hacerse responsable de esas víctimas invisibles, desde su alimentación, su manutención, en lo más esencial, hasta terminar de ir a la escuela”, pero prevenir el feminicidio y para evitar que el dolor de tener más huérfanas y huérfanos. 
 
*Los nombres de todas las niñas, niños y adolescentes fueron cambiados para proteger su identidad.  
 
17/AGM/HZM/GG 
 







NACIONAL
VIOLENCIA
   A 16 años del caso de Lilia Alejandra
Corral, obligado a hacer justicia en casos de feminicidio, como prometió
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/02/2017 En un acto político en memoria de Lilia Alejandra García Andrade, víctima de feminicidio en Ciudad Juárez, su madre Norma Andrade hizo hoy un llamado al gobierno de Chihuahua para convertir en prioridad de su agenda el acceso a la justicia de las mujeres asesinadas en la entidad.
 
Frente a la Oficina de Representación del Gobierno de Chihuahua, la activista Norma Andrade exigió al actual mandatario de la entidad, Javier Corral Jurado --a un día de que se cumplan 16 años de que el cuerpo de Lilia fue encontrado en un baldío con signos de violencia sexual--, que se comprometa a esclarecer no sólo el caso de Alejandra, sino de “las cientos de mujeres y niñas asesinadas en el estados, cuyos casos se mantienen en la impunidad”. En el caso de Lilia, recordó, hay un perfil genético pero no han identificado al agresor. 
 
ANTE LA CIDH
 
Actualmente el caso de Lilia se encuentra en su etapa final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó en entrevista con Cimacnoticias Karla Micheel Salas, cinco años después de que este organismo, perteneciente al Sistema Interamericano, lo admitió para revisión.
 
Sin embargo, hoy la familia aún espera que el Estado mexicano responda y dé su versión, para que la CIDH determine “quién tiene la razón, si el Estado mexicano o las víctimas”. Esperan también  que una vez que se dé la determinación, el caso sea elevado a la  Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), dijo la abogada.
 
De pasar a la CoIDH, sería el segundo caso ante esa instancia, ya que en el primero, conocido como Campo Algodonero, se emitió una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por el feminicidio de tres jóvenes.
 
PROMESAS Y NINGUNA SANCIÓN
 
La fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa destacó que el gobierno de Corral se comprometió en campaña a combatir las redes de corrupción e impunidad, a examinar los cuerpos policiacos que tenían diversas complicidades criminales y a atender las denuncias de la sociedad civil; “políticamente asumió un compromiso con los familiares de víctimas de feminicidio y mujeres desaparecidas”, declaró Andrade.
 
Retrato de Lilia Alejandra hija de Norma Andrade. CIMACFoto: César Martínez López.


Sin embargo, el abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social AC, David Peña, dijo que “ese tema no se encuentra entre las prioridades del gobierno de Chihuahua.”
 
La abogada especializada en casos de feminicidio, Karla Micheel Salas, agregó que debe ser obligación del actual mandatario de Chihuahua sancionar a los servidores públicos relacionados con los casos o que obstruyeron el acceso a las justicia. “Podemos decir, a 20 años de que se han registrado los feminicidios, que ni un sólo servidor público ha sido sancionado, inclusive algunos continúan trabajando”, declaró Salas.
 
La abogada dijo que el feminicidio de Alejandra es ejemplo de esta impunidad y negligencia: aunque ya se cuenta con un perfil genético del asesino y que también está relacionado a otros cuatro casos de feminicidio de niñas de 13, 14 y 16 años de edad, el caso sigue en sin resolverse y el responsable podría seguir operando en Ciudad Juárez.
 
A 16 años del feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, Norma Andrade, madre de Lilia, y sociedad civil realizaron un acto político cultural para exigir justicia al gobierno de Chihuahua
 
17/HZM/GG
 







NACIONAL
VIOLENCIA
   Norma Andrade
“Quiero evitar la muerte de las jóvenes, el dolor de otra familia, de otros niños”
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/02/2017 Antes de ser activista, Norma Andrade era docente, vivía en una “burbuja de color de rosa” y no sabía que los casos  feminicidio aumentaban en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde 1993. Hasta que llegó el año 2001, cuando asesinaron a su hija Lilia Alejandra García Andrade.
 
Han pasado 16 años desde que Alejandra desapareció, un 14 de febrero de 2001. Al día siguiente, su madre interpuso una denuncia. Seis días después, el cuerpo de Lilia fue encontrado en un lote baldío con signos de violencia sexual. Hoy, su caso sigue impune.  
 
Norma Andrade es hoy una de las madres que se han convertido en activista e investigadora, un ejemplo de lucha. La llaman activista desde 2012 y, para mí, explica en entrevista con Cimacnoticias, “es nuestro derecho saber lo que sucedió”. Y no habla solo del caso de su hija, porque Norma se unió a un movimiento donde habla por las cientos de mujeres que fueron asesinadas y desaparecidas en Juárez.
 
DE LA DOCENCIA AL ACTIVISMO
 
Después del feminicidio de Alejandra, se volvió una obsesión para Norma leer y ver las noticias todos los días, quizá para encontrar respuestas del asesinato y se “dio cuenta que había otras mujeres asesinadas y desaparecidas”. Notó que en Ciudad Juárez “algo estaba pasando”.
 
Los años 2001 y 2002 marcan la división que tuvo su vida, en el antes y el después del asesinato de su hija; y en el antes como docente y en el después como  activista y defensora de Derechos Humanos (DH). Durante 2001 fue mi exigencia como mamá ante las autoridades, dice. “Exigía justicia yo sola, iba a la Fiscalía, hablando en singular, en la situación personal de Alejandra, creyendo toda las mentiras que nos decían las autoridades”.
 
“Pero en el 2002, después de lo de Campo Algodonero, abro los ojos, las mismas organizaciones me hacen abrir los ojos, y conozco a otras mamás del caso y veo que somos muchas. Me doy cuenta de que lo que decían las autoridades eran mentiras, es cuando me integro y empiezo a exigir, ya no sólo como mamá de Alejandra, sino como compañera de otras igual que yo”, agregó Andrade.
 
MARISELA Y “NUESTRAS HIJAS”
 
En 2001, la maestra de Alejandra, Marisela Ortiz Rivera, consternada por el asesinato de su alumna y ante la injusticia en Ciudad Juárez, impulsó a Norma Andrade para crear juntas “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, agrupación que se volvió pionera en la documentación de casos de mujeres desaparecidas o asesinadas en Juárez.
 
Al igual que Norma, en 2011 Marisela Ortiz se vio obligada a optar por el exilio y abandonar Ciudad Juárez, para vivir en Estados Unidos, ante las reiteradas amenazas en su contra.
 
MADRE DE NUEVO
 
Tras el asesinato de Alejandra, Norma vivió otra tragedia: la muerte de su esposo, un año después. Durante el funeral, fue sacada por las autoridades para corroborar que era capaz de obtener a custodia de sus nietos. “Me convertí en madre de nuevo, recuerda Norma, pero ahora ya no era joven, sino una adulta con menos energía y con dolor inmenso que dejó el feminicidio de mi hija”.
 
Andrade se volvió la cabeza de su familia, dejó las clases de básquetbol que impartía por las tardes a sus alumnos y se dedicó   cuidar de su nieta y nieto de un año y cinco meses de edad, respectivamente.
 
Con el tiempo, le empezaron a preguntar por su madre, “¿cómo le explicas a un niño que su madre se fue y no va volver?”. Ahora son jóvenes tienen 17 y 16 años, ambos siguen el ejemplo de su abuela.
 
La mayor va terminar la preparatoria; dibuja, escribe poemas y cuentos que hablan del feminicidio. Durante la entrevista con Cimacnoticias, lee serena un pensamiento que le escribió a su madre:
 
 “Tú me viste nacer pero yo no te vi crecer, tal vez no estuviste conmigo cuando cumplí 16, tal vez no estuviste conmigo cuando cumplí 10,  pero en todo momento estuviste presente desde el cielo y lo lejano”.
 
El menor de sus nietos, por el contrario, es discreto, no habla del caso de su madre, pero cuando escucha una conversación donde se refieren de manera despectiva a los asesinatos de mujeres, argumenta contra ellos, “se les va encima”, dice Norma.
 
EL PELIGRO DE SER ACTIVISTA
 
Norma es implacable. Durante 16 años no sólo ha exigido justicia para su hija, sino para a todas las mujeres que fueron y son asesinadas en Ciudad Juárez.
 
Con su activismo ha pisado talones, ha molestado a aquellos funcionarios que no se atreven a mirar ni siquiera los expedientes de feminicidio ocurridos en su tierra natal. “En esta lucha, he gritado, he molestado. Tomé instituciones, me encadené a Los Pinos y le grité a Vicente Fox si le faltaban agallas”, recuerda.
 
Andrade es una mujer de carácter fuerte, tenaz, severa. Desde que trabajaba en la maquila, antes de ser maestra, era la primera en denunciar la garantía de sus derechos laborales, pero con el tiempo se ha vuelto o la “han vuelto” como relata, en una experta, “El carácter siempre lo he tenido, no así la ideología y la formación porque realmente, como dicen, me preguntaba ¿qué es un derecho humano?”.
 
La activista puso a temblar y a trabajar a las autoridades de Chihuahua. Cuando llegaba al Ministerio Público, todos advertían “ahí viene la maestra”. En mayo de 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió para la revisión el caso de Lilia Alejandra García Andrade.
 
Pero cuando alguien se enfrenta a un sistema inoperable y corrupto, también pone su vida en riesgo: en 2012, Andrade tuvo dos intentos de asesinato en tan sólo dos meses.
 
En la primera ocasión, en Juárez, recibió cinco disparos de arma de fuego, en la segunda, en su exilio a la Ciudad de México, sufrió un atentado con arma blanca. En ambos sobrevivió.
 
Estos atentados se sumaron a las amenazas que recibieron Marisela Ortiz, Cipriana Jurado, Sara Salazar y Emilia González; así como a los asesinatos de las activistas Marisela Escobedo, Susana Chávez, Josefina Reyes, Luisa Ornelas y Malena Reyes. Todas ellas defensoras de DH en Ciudad Juárez.
 
Ahora Norma muestra sus cicatrices, ríe, dice que le quedaron “bonitas”, que es una “chica de 10” porque una bala está alojada a 10 grados de su corazón. Sin embargo, cuando habla de sus nietos, hay un nudo en su garganta, tiene miedo de que les ocurra algo. La hija mayor de Alejandra presenció los dos atentados, dice. Para ellos también ha sido un camino duro.
 
En 2008 la CIDH otorgó medidas cautelares para ella y las integrantes de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, su hija María Luisa (Malú) García Andrade y Marisela Ortiz. En febrero de 2017, su hija Malú volvió a ser víctima de un intento de asesinato.
 
El trabajo de Andrade fue reconocido en el 2016 con el Premio Hermila Galindo. Por unanimidad, el jurado decidió que su trayectoria en busca de justicia merecía el galardón que cada año entrega la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
 
REPENSAR JUÁREZ
 
Han pasado 16 años y la única pista que existe para llegar al asesino de su hija es una prueba de ADN que se tiene desde 2010, hasta el momento no se ha podido identificar a quién pertenece.
 
“Hay días en los que no hay respuestas, parece que es una lucha sorda, las burlas que hacen las autoridades a nuestras personas lo hacen pesado. Claro, en este camino hay personas que te apoyan y te levantan. He tenido amigos muy solidarios, que cuando decaigo han respetado mis silencios y me han ayudado a volver a levantarme”, dice Norma.
 
Anhela regresar a Juárez, volver a la docencia, su pasión. Pero sabe que el tiempo ha pasado, reconoce que la inseguridad en su tierra sigue, que aún quedan años de lucha para lograr justicia para Alejandra y las demás víctimas.
 
“Sé que soñar es mucho, yo pienso que no debemos soñar, hay que vivir en realidades, pero algo que sí me gustaría evitar es la muerte de las jóvenes, es algo por lo que sigo en esto, quiero evitar el dolor de otra familia, de otros niños, porque muchas de ellas eran madres y yo creo que los más ausentes y afectados son ellos”.
 
Sabe que a sus nietos les queda un largo camino, “creo es lo que más me cuesta aceptar, dice. “Pienso que regresar es un sueño porque la realidad es difícil, regresar sería privarlos de sus oportunidades, el tiempo no se detuvo, todo ha seguido y ya no sólo es lo que yo pienso, están ellos”.
 
17/HZM/GGQ
 







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   LGV veta derecho a solicitar su ayuda
Forenses extranjeros, esenciales en identificación de restos
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/12/2016 En medio de la incertidumbre de mujeres asesinadas y personas desaparecidas en México, la intervención en investigaciones de forenses extranjeros ha sido fundamental para brindar un poco de certeza a sus familiares.
 
Sin embargo, con las recientes modificaciones a la Ley General de Víctimas (LGV), aprobada el 14 de diciembre por la Cámara de Diputados, se frena el derecho de las víctimas a pedir la asistencia técnica en investigaciones a peritos y especialistas extranjeros al país.
 
En la actual reforma de los artículos 12, 15 y 21 de dicha ley, se establece que en investigaciones de desapariciones forzadas o cualquier otro crimen contra la sociedad sólo se podrá pedir la intervención de expertos independientes o peritos extranjeros cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.

FORENSES EXTRANJEROS EN MÉXICO
 
La omisión y negligencia por parte del Estado mexicano ante la desaparición de personas por fuerzas armadas y grupos delictivos, desplazamientos forzados y casos de feminicidio en el país, ha causado que la intervención de organismos internacionales y especialistas extranjeros sea esencial para atender estos casos que en su mayoría se mantienen impunes.
 
En 2004 llegó a Ciudad Juárez, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Fue el primer grupo de especialistas extranjeros en el país que brindó asistencia técnica a las autoridades de Chihuahua en la identificación de restos de mujeres desaparecidas y asesinadas.
 
El trabajo del EAAF fue clave para la identificación de mujeres jóvenes desaparecidas desde años atrás en Ciudad Juárez. Las antropólogas forenses trabajaron en el país hasta septiembre de 2010, su labor fue ardua pues la dispersión de restos en el Servicio Médico Forense (Semefo) y en las fosas comunes de los cementerios de la entidad, y la falta de documentación prolongaron la investigación.
 
Al final de su estancia presentaron un informe detallado. Las especialistas notificaron rescatar 83 restos de mujeres entre 1995 y 2005; 33 de los restos fueron plenamente identificados y entregados a los familiares (26 tenían reporte de desaparecidas en Ciudad Juárez y 7 en la ciudad de Chihuahua).

La presencia de las forenses argentinas fue la muestra de que se requería la intervención de especialistas extranjeros con trabajo en identificación de restos, ante la negligencia e incapacidad del gobierno mexicano para investigar  los crímenes contra mujeres en Juárez pero más aún, para identificarlos.
 
CASO MORLETT
 
En noviembre de 2011, el grupo de Antropólogas Forenses Argentinas ayudó para la identificación de Adriana Morlett Espinosa, desaparecida el 6 de septiembre de 2010 en la Ciudad de México.
 
Al equipo de antropología le bastaron 2 meses para confirmar la identidad de Adriana. En este caso, como en los anteriores, fue la familia de Adriana Morlett la que pidió la intervención de las argentinas forenses, quienes realizaron la identificación del cráneo que se encontró en la delegación Tlalpan, en un laboratorio de Estados Unidos.
 
CASO AYOTZINAPA
 
En 2014, la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Guerrero, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, puso en evidencia los atroces actos cometidos por policías y militares del país, y la impunidad con la que gobierna el Estado mexicano.
 
La madres y padres de los estudiantes desaparecidos pidieron una vez más la intervención de los especialistas del EAAF, pues la hipótesis de que en el basurero de Cocula se habían incinerado los restos de los 43 estudiantes, como lo aseguró en su momento, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, no era suficiente.
 
El grupo de forenses extranjeros fue conformado por 26 especialistas provenientes de Argentina, México, Estados Unidos, Colombia, Uruguay y Canadá.
 
Después de un año y tres meses de trabajo presentaron el dictamen sobre su análisis del basurero de Cocula que acabó con la “verdad histórica” del Estado mexicano: no existía prueba alguna de que los estudiantes fueron incinerados en aquel lugar.
 
Para las madres de mujeres, estudiantes y personas desaparecidas y asesinadas, la labor de especialistas extranjeros para hallar a sus hijos e hijas forma parte de su proceso de duelo, les permite pedir justicia, tener certeza de dónde están sus familiares, han señalado diversas organizaciones con trabajo en el tema.
 
Las madres y familiares han encontrado en las instituciones internacionales el apoyo que las autoridades mexicanas son incapaces de proveerles, lo que ha llevado a la mayoría de ellas a convertirse en investigadoras, abogadas, peritas y activistas.
 
Por ello frenar la entrada de especialistas extranjeros al país significa acabar con la posibilidad de madres y padres de encontrar a sus familiares, coinciden abogados de Centros de Derechos Humanos.
 
VIOLACIÓN DE DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS
 
En entrevista con Cimacnoticias, la coordinadora jurídica del Centro de Derechos Humanos para las Mujeres de Chihuahua, (Cedehm), Irma Villanueva, calificó las modificaciones de la Ley General de Víctimas como un atentado contra el derecho constitucional de las víctimas a participar activamente en las investigaciones.
 
La abogada recordó la experiencia ocurrida en Ciudad Juárez: “se ha observado en la historia de nuestro país la carencia de preparación y especialización de antropólogos forenses y peritos para contribuir con las investigaciones de casos de violación a los Derechos Humanos”.
 
La falta de confianza en el personal forense mexicano, y su especialización, es de los principales problemas que detectan las organizaciones civiles.
 
El  director ejecutivo de Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevera, en entrevista a Cimacnoticias añadió que “se van a ofrecer peritos que probablemente no reúnen las capacidades técnicas necesarias para la investigación y que sean independencia de las instituciones públicas”.
 
Guevera señaló que esta modificación muestra la preocupación del gobierno mexicano ante las recomendaciones de instituciones internacionales, que han señalado la negligencia con la que actúan las instituciones de impartición de justicia al investigar violaciones graves de Derechos Humanos.
 
“Quieren evitar que la comunidad internacional siga convenciéndose de que México no es capaz y no tiene la voluntad de llevar a juicio a aquellos que cometen violaciones a los Derechos Humanos”, concluyó.
 
16/HZM/KVR







ESTADOS
POBLACIÓN Y DESARROLLO
   Para apoyar a madres de desaparecidas
Fondo Semillas recauda recursos con proyectos de arte
“La historia se repite”, obra teatral dirigida por mujeres indígenas de la organización Kinal Antzetik Guerrero AC, se realizó durante presentación de la campaña #EnCausArte | CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/12/2016
La organización feminista Fondo Semillas busca recaudar recursos para apoyar a través del arte, a tres proyectos sobre educación en derechos sexuales y reproductivos, así como dar soporte a madres de mujeres desaparecidas o asesinadas.
 
Mediante la campaña #EnCausArte, la organización invita a quienes presentan su declaración anual de impuestos a deducir un porcentaje de sus ingresos a la campaña, con el fin de beneficiar a comunidades marginadas, carentes de espacios de recreación y con problemáticas de violencia.
 
Entre los proyectos de arte que serán beneficiados se encuentra “La historia se repite”, una obra teatral dirigida por mujeres indígenas de la organización Kinal Antzetik Guerrero AC, de la región de la costa chica del estado. 
 
Se trata de una zona donde se han registrado altos números de embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual e incremento en las defunciones maternas, además de violencia e inseguridad en la región.
 
La obra brinda información sobre salud sexual y reproductiva entre los adolescentes de 26 comunidades indígenas de los municipios de Ometepec, Igualapa, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Azoyú.
 
El grupo de madres de mujeres desaparecidas o asesinadas del Centro Comunitario “La Promesa”, ubicado en la colonia Praderas en Ciudad Juárez, Chihuahua, es otro de los proyectos que participan en la campaña.
 
El centro ofrece a las madres la posibilidad de aprender el arte-mosaico para reconstruir el rostro de sus hijas a través de esta técnica, como una estrategia para sanar colectivamente. 
 
Para lograr financiar estos proyectos, la campaña #EnCausArte busca recaudar 300 mil pesos antes del 20 de diciembre. Las donaciones se pueden realizar en línea en www.semillas.org.mx/dona o llamando al 55 4471 5566 para conocer otras formas de hacerlo.
 
El Fondo Semillas lleva 25 años trabajando en mejorar la vida de mujeres que se encuentran en contextos de desigualdad e injusticia. Ha logrado beneficiar a más de 640 mil mexicanas con recursos económicos, capacitación y oportunidades estratégicas para potenciar su trabajo. 
 
16/HZM/AMS







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, candidato al Premio Tulipán
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, candidato al Premio Tulipán
Fotografía: CEDEHM
Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Cimacnoticias | Chihuahua, Chi.- 02/09/2016 En la recuperación de Chihuahua como ciudad habitable, y en la apropiación de las herramientas jurídicas por parte de las víctimas de delitos, ha jugado un papel fundamental el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm).
 
Ese proyecto, que congrega a una treintena de mujeres defensoras, ha dado mucho de qué hablar y ha aportado su experiencia como caso de éxito para lograr la justicia en casos de violaciones a los Derechos Humanos.
 
Está integrado por abogadas en su mayoría, pero también por psicólogas, comunicólogas y otras profesionistas que reflejan su visión de que la violencia contra las mujeres es un problema estructural que debe ser atendido integralmente.
 
Defienden a víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos de cualquier género, edad, origen étnico, condición física y condición económica.
 
Son ellas las que han visibilizado el contexto social y estructural que permite que las mujeres puedan seguir siendo violentadas, asesinadas, discriminadas, criminalizadas por pobres, por decidir sobre sus cuerpos, o incluso por no cumplir o por no tener los elementos para cumplir con el rol asignado de género.
 
Son ellas las que han acumulado un expertise que generosamente comparten con tantas y tantas personas a las que han capacitado, transmitiendo sus prácticas y casos de éxito en litigio estratégico con perspectiva de género, en el estado de Chihuahua.
 
Funcionarias, funcionarios, organizaciones de la sociedad civil, mujeres y hombres en lo individual han sido capacitados por el Cedehm en Chihuahua, en la Ciudad de México o donde se requiera.
 
Luz Estela Castro –conocida como Lucha Castro–, Alma Gómez y Gabino Gómez han construido una verdadera institución de Derechos Humanos. Igual litigan casos de feminicidio, violencia familiar o desaparición forzada. En todos se valen de los instrumentos internacionales para demostrar que la legislación local es compatible con los más altos estándares de procuración de justicia.
 
No pudieron salvar a Marisela Escobedo, la madre y activista que fue asesinada el 16 de diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua cuando realizaba una protesta para esclarecer el homicidio de su hija Rubí Marisol Frayre, pero han apoyado a otras víctimas para que obtengan lo que buscan integralmente como justicia.
 
Han formado nuevas abogadas en litigio estratégico de Derechos Humanos y han sido factor clave para que nuevas generaciones de operadores de justicia invoquen los estándares internacionales para salvaguardarlos.
 
Han transmitido sus conocimientos y experiencia a otras defensoras y eso se les agradece profundamente. Gracias al Cedehm, hoy día muchas personas han sido capacitadas, y muchas víctimas han obtenido justicia.
 
UN PREMIO DE JUSTICIA
 
Por ello el Cedehm está nominado al premio Tulipán de Derechos Humanos 2016 (Human Rights Tulip), el reconocimiento de los Países Bajos que toma en cuenta a los más destacados defensores y defensoras e insta a que sean nominados y a que todas y todos  voten por ellos.
 
Este Centro, que puso a las autoridades a trabajar en pro de las víctimas respetando irrestrictamente los derechos de los imputados, puede, con toda legitimidad, aspirar a obtener el Tulipán 2016.
 
Es un equipo sólido, integrado, alegre, respetuoso, responsable, inter y trans disciplinario, que no descansa ni un solo día.
 
Son activistas, pero también son profesionistas con ética, con respeto para las demandas de sus representadas y representados. Decidieron ejercer el Derecho, la Psicología, la Sociología, la Comunicación, el Trabajo Social del lado de las víctimas.
 
Dentro de éstas se encuentran también las mujeres acusadas injustamente, a quienes se les imputan delitos por no cumplir el rol de género que se les asignó. A esas también las defienden, como defienden todo lo justo.
 
Estas mujeres son también capaces de establecer una vinculación cordial con autoridades, privilegiando el respeto y la autonomía para vigilar que se cumpla el marco normativo vigente.
 
El Cedehm, coordinado por la defensora y abogada Lucha Castro ha marcado la vida de Chihuahua y México.
 
EXPERTAS EN SPA
 
Es hoy por hoy la única organización de la sociedad civil especializada en defensa de Derechos Humanos con perspectiva de género en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) y que cuenta con un programa de capacitación permanente al respecto.
 
Son tan generosas que ya publicaron un libro plasmando la experiencia de su primer año en el SPA, brindando un análisis de cómo el entonces nuevo sistema penal, implantado en el estado de Chihuahua como primera entidad en la República, puede beneficiar a las víctimas si los profesionales aprenden a litigar desde esa posición.
 
Ya están preparando la siguiente publicación, a ocho años del inicio del SPA, donde relatan cómo  han ido avanzando, dominando la práctica, proponiendo, diseñando estrategias, conminando a las autoridades a capacitarse para que puedan dominar el marco internacional que beneficia a las personas, antes que a cualquier otro interés.
 
Por todo ello las integrantes de Cedehm merecen el Tulipán y otros premios más. Para todas las personas que nos hemos beneficiado de su experiencia, recibiendo capacitación que gustosas han compartido, votar por ellas es una gran oportunidad de agradecérselos.
 
Votemos pues por el Cedehm, para que sea distinguido con el Human Rights Tulip, como un ejemplo de defensa de los Derechos Humanos. La votación se abrió el 29 de agosto y cierra el próximo 7 de septiembre: http://www.humanrightstulip.nl/candidates-and-voting
 
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