ESTADOS
VIOLENCIA
   Exigen que gobierno estatal cumpla recomendaciones emitidas
Demandan en Sinaloa Alerta de Violencia de Género
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lourdes Godínez Leal
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/01/2017 La presidenta del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, Teresa Ochoa Guerra, llamó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para hacer cumplir la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y “dejar de fomentar que ésta se viole”.
 
En entrevista telefónica, la activista explicó que las mujeres organizadas de Sinaloa hicieron un llamado para que se declare la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad, luego de que el pasado 6 de enero venciera el plazo para cumplir con las 9 recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo al Gobierno estatal, en julio de 2016.
 
De acuerdo con Ochoa Guerra, si el Gobierno estatal no cumple con las recomendaciones, el grupo de trabajo tiene que evaluar y definir si se decreta o no la AVG, y aunque todo hace suponer que se tiene que decretar, esto no ocurrió, por el contrario, con el cambio de Gobierno -agregó- éste hizo una solicitud a la Conavim para pedir una prórroga por 6 meses para cumplir con las recomendaciones.
 
La activista acusó al Gobierno anterior encabezado por el panista, Mario López Valdéz de ser omiso para cumplir las recomendaciones, al mismo tiempo advirtió que el tema de la prórroga no está previsto en el Reglamento de la Ley General.
 
Indicó que la solicitud de AVG fue presentada el 9 de marzo de 2016 por el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, ante la Secretaría Ejecutiva, y el 14 de marzo del mismo año, la Conavim informó a la Secretaría la admisión de la solicitud.
 
De acuerdo con datos del “Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de AVG en los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato”, consultado por esta agencia, la solicitud de Alerta responde al incremento en la violencia contra las mujeres y a la deficiente estructura de atención y acceso a la justicia para las sinaloenses.
 
Datos del informe destacan que de 2005 a marzo de 2016, 765 mujeres fueron asesinadas en esta entidad. La capital del estado, Culiacán, registró en el último lustro, 40 por ciento de las muertes violentas de mujeres (de 409); en tanto que en Mazatlán se documentó 11.7 por ciento, en Ahome 10.26 por ciento, en Guasave 7 por ciento y en Navolato 3.4 por ciento.
 
De acuerdo con Teresa Ochoa Guerra, la violencia familiar se incrementó al quintuplicarse: en 2005 se presentaron 405 denuncias por este delito, para 2015 la cifra se elevó a 2 mil 402 denuncias.
 
LO QUE DICE LA PARTE OFICIAL
 
El informe señala que por su parte, el Gobierno sinaloense informó que del año 2005 a febrero de 2016, en los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato, se registraron 513 casos de homicidios dolosos de mujeres y niñas. Asimismo, desde el año 2012, en el que se tipificó el delito de feminicidio en el Código Penal de Sinaloa, la dependencia documentó 56 casos de feminicidio.
 
RECOMENDACIONES
 
El Grupo de Trabajo estuvo conformado por la representante del Instituto Sinaloense de las Mujeres (ISMujeres), Elizabeth Ávila Carrancio; por las académicas de la Universidad Iberoamericana, María de la Concepción Vallarta Vázquez y Louise Zelda Lucienne David; y de la Universidad Autónoma de Sinaloa, José Ramón Guzmán Serrano e Isaac Tomás Guevara Martínez.
 
De la parte oficial, David Ricardo Uribe González representó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim); por parte del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Gabriel González García y el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ricardo Soto Ramírez.
 
Las 9 recomendaciones emitidas al Gobierno estatal son:
 
1) Fortalecer la institucionalización de la perspectiva de género mediante la aplicación del Modelo para la Atención de Mujeres Víctimas de Violencia de Género, y capacitar al personal encargado de la atención sobre este esquema.
 
2) Crear una base de datos e información unificada, la cual será suministrada por todas las instancias y dependencias de la administración pública estatal y deberá actualizarse constantemente.
 
3) Adoptar criterios normativos para que las asignaciones presupuestales sobre políticas y programas se realicen con perspectiva de género, así como fortalecer al ISMujeres.
 
4) Diseñar una estrategia educativa transversal en Derechos Humanos de las mujeres y perspectiva de género cuyo fin sea transformar patrones culturales y permita identificar la violencia, prevenirla, no generarla, no reproducirla y denunciarla.
 
5) Sensibilizar a los medios de comunicación estatales en género y Derechos Humanos, respeto a las víctimas y violencia contra las mujeres. Propone que los medios de comunicación incluyan en sus códigos de ética el fomento a la perspectiva de género en sus actividades; y que se eliminen visiones sexistas y estereotipadas de las mujeres.
 
6) Que el Gobierno de Sinaloa implemente una política de estado en materia de comunicación social en la que se diseñen y lleven a cabo campañas permanentes con perspectiva de género, enfoque de
Derechos Humanos de las mujeres e interculturalidad dirigidas a mujeres y hombres con el propósito de hacer visible el significado, los tipos y modalidades de la violencia de género, qué es el feminicidio y contenidos que fomenten la cultura para la paz.
 
7) La armonización general de las diversas disposiciones en materia de igualdad y no violencia contra las mujeres respecto de las leyes generales y los instrumentos internacionales.

8) Que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar un efectivo acceso a la justicia para las mujeres y que las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia, investiguen y resuelvan con la debida diligencia, los casos de feminicidio/femicidio y/o homicidios dolosos de mujeres con perspectiva de género y Derechos Humanos.
 
9) Que se reconozca la competencia para emisión de órdenes de protección a la PGJ, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Acceso y los estándares internacionales en materia de protección a las mujeres; y que las autoridades policiacas estén obligadas a actuar de manera inmediata, adecuada, y eficaz en casos de violencia contra mujeres sin esperar una orden de la autoridad judicial.
 
Cabe recordar que la primera vez que se solicitó la AVG para la entidad fue en noviembre de 2012 -previo a la modificación del reglamento de la Ley General- por lo que en esa ocasión se convocó a sesionar al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para definir si se activaba o no la AVG, pero fue rechazada.
 
17/LGL/KVR







QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
2016, año de las Alertas de Género
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Camp.- 03/01/2017 En todo 2016 se presentaron al menos 17 solicitudes de declaración de Alerta de Violencia de Género (AVG) para el mismo número de estados, al menos otros 7 estados ya tienen esa declaratoria aunque cada una con un contexto en el que el juego de la política y los acuerdos tuvieron mucho que ver en su dilación u otorgamiento.
 
Al terminar 2016 ya está declarada la AVG en Veracruz, Estado de México, Michoacán, Morelos, Jalisco (autodeclarada), Chiapas y Nuevo León, estas dos últimas después de muchos años de solicitudes, amparos y promociones de parte de las solicitantes, detrás de las cuales hay muchos años de trabajo voluntario.
 
Entre las entidades que tuvieron solicitud se encuentran dos entidades de la península: Quintana Roo y Campeche, aunque en cada uno, las causas son diferentes, en el primero se debe al feminicidio y en el segundo a la violencia económica contra las indígenas.
 
Destaca que la organización que solicitó la AVG para el estado de Puebla es la misma que la promueve en Tlaxcala y también en Campeche, lo cual llama la atención porque se trata de una organización domiciliada en Puebla, que además no tuvo previamente acercamiento con organizaciones que vienen trabajando estos temas en otras entidades.
 
Una de las solicitudes que podría sorprender más, pero que es al mismo tiempo una de las más necesarias, es la del estado de Campeche. Tan sólo en 2016, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación derivada de la falta de actuación de las autoridades ante la denuncia de violencia que vivía una joven en el municipio de Ciudad del Carmen, y que concluyó con un feminicidio.
 
Solo un caso así amerita una Alerta de Violencia de Género porque evidencia claramente la inacción institucional y la falta de compromiso y responsabilidad de los servidores públicos que representan al mismo tiempo la omisión del Estado mexicano.
 
La solicitud por violencia económica contra las indígenas, por supuesto es también un hecho cierto y que permite visibilizar las condiciones en las que viven las mujeres mayas de la zona norte del estado, pero especialmente y desde el conocimiento práctico del estado, la que viven las mujeres en Calakmul.
 
Aunque Yucatán aún no tiene solicitud de Alerta de Violencia de Género, sus características y problemas se parecen a los que se viven en Campeche y Quintana Roo, entidades –las 3– que se posicionan entre los primeros 5 lugares a nivel nacional de violencia sexual, un delito de género al cometerse particularmente contra las mujeres.
 
Una característica de esa violencia sexual es que se presenta con características de incesto, particularmente contra niñas de las comunidades mayas.
 
Así como en la península, en otras partes del país las distintas violencias contra las mujeres han sido visibilizadas en algunos casos por las mismas alertas, pero aún hay muchos otros temas que se han naturalizado, como el abuso y explotación de las niñas en trabajos forzados, matrimonios serviles, o casi en condiciones de explotación laboral desde temprana edad, pero también con abusos físicos y sexuales.
 
En muchas entidades aún está permitido el matrimonio infantil bajo el argumento de que son ellas las que lo deciden y que son “usos y costumbres”, cuando en realidad constituyen formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
 
Sin embargo y pese a esas Alertas, la realidad nos habla de que no se toma en serio la gravedad de la violencia contra las mujeres y las emisiones o admisión de las solicitudes, responden más bien a la presión por el Informe próximo 8vo y 9no de la CEDAW, el cual México deberá presentar a finales de este año.
 
Las organizaciones de la sociedad civil, académicas y activistas se preparan a su vez para el informe sombra, en el que el tema de los recursos, su uso, transparencia y eficiencia podría ser una de las preocupaciones por la opacidad que ha prevalecido en su ejercicio.
 
Alrededor de las Alertas de Violencia de Género hay no solo las solicitudes, sino la urgencia de realizar modificaciones a la propia Ley y a su Reglamento, para que deje de ser botín político como se demostró en 2016 que puede ser, porque aún la vida de las mujeres no es un tema prioritario sino tangencial, frente a una realidad de emergencia y urgencia que amerita acciones y respuestas inmediatas.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/KVR
 







ESTADOS
VIOLENCIA
   Requieren Alerta de Violencia de Género
Por feminicidio en Colima exigen reunión con Osorio Chong
Foto: Glenda Libier
Por: Heidi de León Gutiérrez
Cimacnoticias/Diario Avanzada | Colima, Col.- 14/12/2016 Las organizaciones civiles IUS Género y el Centro de Apoyo Integral a la Mujer (CAM), alertaron que es preocupante que el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género (AVG) se desvirtuó hasta evitar atender emergencias de la violencia feminicida en México, y se encaminó a impedir su declaratoria en la mayor parte de las entidades federativas donde la han solicitado.
 
Por lo anterior y junto con las integrantes de otras 22 organizaciones del país solicitaron desde noviembre de este año, una reunión colectiva con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de la que aún esperan respuesta.
 
El martes 22 de noviembre organizaciones sociales y activistas de 22 estados de la República Mexicana, solicitantes y promoventes de la AVG, se reunieron en la Secretaría de Gobernación (Segob) con la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete Morayta y con la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz para analizar la implementación del mecanismo de Activación de la AVG.
 
En ese encuentro quedó evidenciada la crisis de violencia extrema expresada en los casos de feminicidio que día a día aumentan en nuestro país, y en particular en su entidad, Colima, que en general es “una problemática que debe ser considerada un asunto de seguridad nacional”, expusieron.
 
También las integrantes manifestaron que las conclusiones alcanzadas por los grupos de trabajo que investigan los procesos de solicitud de activación de la Alerta, no cumplen con los principios de exhaustividad, congruencia, naturaleza y seguridad jurídica.
 
Además hay vacíos en el debido proceso constitucional, con los compromisos adquiridos por el Estado mexicano al suscribir y ratificar los Tratados Internacionales, así como sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en materia de erradicación de la violencia de género, como el caso Campo Algodonero.
 
El colectivo reiteró que en Colima solicitaron la Alerta por los altos índices de violencia contra las mujeres, ocupando desde el primero al séptimo lugar en todos los tipos de violencias respecto a otras entidades, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
 
El pasado 7 de noviembre, la Procuraduría General de Justicia de la entidad reconoció en su informe a la Conavim y ante el Congreso del Estado de Colima, el asesinato de 105 mujeres en el periodo de 2003 a 2014.
 
“Aún después de esta solicitud, del análisis y las 10 recomendaciones que formuló el Grupo de Trabajo Interinstitucional al gobierno del estado, a fin de que realizara acciones para frenar la violencia, fueron asesinadas 80 mujeres más: 25 en el año 2015 y 55 de enero al mes de noviembre de este año”.
 
16/HDLG/AMS/LGL







ESTADOS
LABORAL
   Consejo Consultivo teme imposición de la titular
Piden a Yunes respetar proceso para nombrar a directora del IVM
Tomada de Google Maps.
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/12/2016 Las integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), en voz de Alejandra Jiménez Ramírez, informaron a Cimacnoticias de un comunicado en que pidieron al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares convoque a la junta de Gobierno para iniciar el procedimiento de selección de la nueva directora del IVM.
 
Las organizaciones civiles involucradas ven riesgo de que el actual gobernador quiera imponer a Teresita Zucolotto Feito, excandidata del PAN a una diputación local por el Distrito de Huatusco y excandidata a diputada federal plurinominal, por lo que insistirán en que la convocatoria se realice como lo establecen las normas del IVM.
 
Sin embargo, la Ley Número 613 del Instituto no señala tiempos establecidos para lanzar la convocatoria de selección, pero de acuerdo a Jiménez Ramírez tiene que ser de manera pronta y conforme a lo establecido, ante la urgencia en darle seguimiento a temas como la Alerta de Violencia de Género (AVG) declarada apenas el pasado 23 de noviembre.
 
Dicha ley refiere que en el proceso para la selección del puesto directivo del IVM, la junta de Gobierno tiene que abrir y lanzar una convocatoria; después de recibir a las aspirantes y sus planes de trabajo, quienes tienen que ser entrevistadas por las integrantes del Consejo Consultivo y el Consejo Social del IVM para conformar las ternas, pero la decisión la toma el gobernador.
 
Los artículos 15 y 16 de la Ley Número 613 estipulan que las mujeres veracruzanas con mínimo 25 años de edad pueden aspirar al puesto de la Dirección del IVM, que deben contar con experiencia en materia de “equidad de género” y no haber ostentado ni “desempeñado” algún cargo de “elección popular o dirigencia partidista”. El puesto es por un periodo de 3 años y pueden ser ratificadas en 3 más por la Junta de Gobierno, conformada por el gobernador y los consejos.
 
En el comunicado, el Consejo Consultivo del IVM señala que “estamos conscientes de la postura del gobernador de llevar a cabo en la administración estatal cada tarea, acción y proceso con apego a la ley y exigimos que en el caso del Instituto, encargado de la perspectiva de género en las políticas públicas, se haga de esta manera”.
 
Otro de los temas que las integrantes del Consejo consideran se debe retomar una vez que se seleccione a la directora, es la reforma al artículo 4 de la Constitución de Veracruz, propuesta por el entonces gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa y aprobada por el Congreso estatal, con la que se protege la vida desde la “concepción”, reforma que consideran un retroceso a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.
 
La también integrante de la Red Unidos por los Derechos Humanos AC recordó que durante la administración de Duarte de Ochoa no se garantizaron los derechos de las mujeres, y calificó de “tibia” la postura que mostró la anterior titular del IVM, Edda Ernestina Arrez Rebolledo, sobre todo en temas como la reforma que atenta contra el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo.
 
Arrez Rebolledo tomó protesta como directora del IVM en el 2010, al ser seleccionada de las ternar conformadas por el exgobernador hoy prófugo. Después fue ratificada en el 2013 para que cumpliera un segundo periodo de 3 años frente al Instituto, que terminó el 26 de noviembre pasado.
 







ESTADOS
VIOLENCIA
   Procuraduría da cifras…a medias
En 2 años 7 mil 720 chiapanecas fueron víctimas de violencia de género
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Sandra de los Santos, corresponsal
Cimacnoticias | Tuxtla Gutiérrez, Chis.- 24/11/2016 En Chiapas, de agosto del 2014 al 2016 se registraron 104 casos de feminicidio, según datos oficiales de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) quien si bien da cuenta de estas cifras, en muchos casos carece de información detallada sobre la víctima.
 
En ese mismo periodo, 7 mil 720 mujeres fueron víctimas de otros delitos como lesiones, secuestro, violencia familiar, violencia sexual, hostigamiento sexual y trata.
 
De acuerdo a los datos oficiales respecto a la edad de las mujeres, los asesinatos se concentran en mujeres de entre 18 y 29 años de edad al alcanzar 32, seguidas por las de 30 a 39 años y de 40 a 49 años, pero los asesinatos también se extienden a mujeres mayores y menores de edad.
 
En su mayoría las víctimas eran solteras (40 casos), y en unión libre (29 casos) mientras que en las casadas el registro fue de 10 casos. En 41 casos eran amas de casa; 10 eran trabajadoras, cuatro estudiantes, dos comerciantes, seis desempleadas, dos educadoras, una era bailarina y estaba en situación de prostitución,  y en los 38 casos restantes casos no hay información.
 
La educación básica (algún grado de primaria o secundaria) destaca como la escolaridad de las mujeres, 42 contaban con educación básica mientras que nueve habían concluido el bachillerato, ocho tenía algún estudio de licenciatura y en 14 casos, no tenían estudios. En los restantes casos no se cuenta con la información.
 
Con relación a la causa de la muerte, 14 mujeres murieron como causa de golpes, 11 por arma blanca, 9 por estrangulamiento, 5 por arma de fuego, tres por asfixia, dos por inmersión en líquido, una por ingesta de veneno y en los restantes casos no se cuenta con información.
 
PROTOCOLO DEFICIENTE
 
Un análisis hecho por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) 2012-2013, para conocer la implementación del tipo penal de feminicidio en las entidades del país, reveló que en el caso de Chiapas si bien cuenta con un Protocolo de actuación para la investigación del feminicidio, éste es deficiente pues no establece elementos mínimos para garantizar la debida diligencia con perspectiva de género en la investigación de estos delitos.
 
El OCNF reveló que este Protocolo no relaciona ni coordina las actuaciones ministeriales con los de la policía especializada y los peritos y no establece qué actuaciones deben hacerse con perspectiva de género para favorecer la adecuada acreditación del delito de feminicidio.
 
Pero lo más grave, señala el OCNF es que este documento “carece de un marco teórico conceptual y de una base teórica mínima que permita la comprensión de la violencia contra las mujeres y su relación con la discriminación, los tipos y modalidades de la violencia; esto desfavorece la generación de metodologías de trabajo a partir de la conciencia de la existencia de la violencia contra las mujeres”.
 
Tampoco explica de manera clara el proceso de construcción del concepto de feminicidio y no desarrolla ni explica las características del tipo penal, en particular las razones de género establecidas en la definición penal del feminicidio, lo que dificulta que las instancias obligadas a realizar la investigación del feminicidio las comprendan, señala el Observatorio.
 
Por lo tanto no se establecen elementos suficientes para garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio, dice el organismo.
 
Por último, señala el Observatorio en este informe, no se establecen formas de documentación de estadística criminal a partir de indicadores que garanticen el adecuado registro y sistematización de información, para la integración de bancos de datos.
 
Cabe recordar que datos del OCNF de Chiapas durante el periodo de 2011 y 2012, registran mil 77 hechos de violencia contra las mujeres y únicamente se otorgaron 36 medidas de protección (3 por ciento), lo que evidencia, dice, que existe una situación de desprotección a las mujeres víctimas de violencia en el ámbito doméstico, que se relaciona directamente con el feminicidio, pues ante la falta de estas órdenes, se les coloca en mayor riesgo de ser víctimas de feminicidio.
 
En Chiapas, el delito de feminicidio se contempla en el artículo 164 bis del Código Penal del estado, el cual entró en vigor el 8 de febrero de 2012. El pasado 18 de noviembre, se decretó la Alerta de Violencia de Género para 11 municipios de esta entidad.
 
16/SS/LGL







NACIONAL
VIOLENCIA
   Protesta por incremento de violencia de género en el país
Convocan a marcha por el 25 de noviembre
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/11/2016 En México en promedio se asesina a 7 mujeres diariamente y 63 de cada 100 mujeres de más de 15 años han sufrido algún tipo de violencia según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
 
Ante el aumento en violaciones, feminicidio, desaparición de mujeres, víctimas de esclavitud y explotación sexual comercial en el país, representantes de distintas organizaciones hicieron un llamado a las mujeres de la capital para asistir a la marcha del 25 de noviembre a propósito del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
 
“La violencia en general en el país va en aumento pero en cuanto a mujeres ha crecido de una manera muy particular, es decir, es común que cuando aumenta la violencia en una zona, la violencia de género aumenta más y sobre todo es más fuerte y aguda”, dijo la representante de Feministas Socialistas, Heather Dashner.
 
En conferencia de prensa, la activista destacó que desde 2012 se duplicó el número de mujeres que asisten a refugios del país por haber sufrido algún tipo de violencia, pero existe un descenso en las denuncias penales ya que “las mujeres no confían en las instituciones”.
 
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) representa un avance significativo para erradicar la violencia contra las mujeres, sin embargo tenemos instituciones que no están capacitadas y una sociedad mexicana que sigue culpado a las mujeres de la violencia que sufren, abundaron las activistas.
 
Además, en lo que va del año se han registrado 53 casos de feminicidio en la Ciudad de México, por lo que las destacaron que se encuentran trabajando en la petición de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para la capital.
 
“Nuestra ciudad no es la excepción, a pesar del reiterado discurso publicitario de Mancera, la clase política gobernante y sus instituciones, no habitamos una ciudad segura y libre de violencias”, dijo la integrante del extinto Sindicato Mexicano de Electricistas, Mónica Jiménez.
 
Señalaron que buscan que la AVG se realice de acuerdo a las condiciones tanto urbanas como rurales de la ciudad, con el fin de no ser una alerta fallida como se ha declarado en otros estados.
 
“Nuestro llamado no tiene que ver con una alerta estandarizada, queremos llamar a la discusión sobre qué alerta de género es la necesaria para la ciudad”, señaló la activista Índira Sandoval Sánchez.
 
La marcha iniciará a las 17:00 horas desde el Ángel de la Independencia, al Zócalo capitalino, y será encabezada por la caravana de madres de migrantes desparecidos que se encuentra actualmente en la ciudad.
 
16/HZM/LGL







OPINIÓN
VIOLENCIA
   MUJER SONORA
Un 25 de noviembre en alerta
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Sonora.- 22/11/2016 Dos estados más han sido declarados en Alerta de Violencia de Género (AVG). Algunos municipios de Nuevo León y Chiapas son, según la Secretaría de Gobernación (Segob), dignos de tomarles especial atención con medidas que coadyuven a detener la violencia feminicida.
 
Pero no es que sólo esos estados o municipios estén en esa situación. Ésa es la interpretación que hacen la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y la Segob, después de muchos intentos por proteger a los gobiernos de las entidades dándoles oportunidad tras oportunidad para que corrijan los errores en la atención a la violencia de género.
 
Para que no se escuche feo que están en AVG, para que cubran o subsanen las omisiones que permiten la prevalencia del feminicidio en sus territorios, los estados han tenido tiempo suficiente para tomar medidas que desafortunadamente no son de emergencia, por lo que el feminicidio continúa presente.
 
No obstante, el hecho de que se declare la Alerta es en sí mismo el reconocimiento de que la violencia feminicida ha cobrado la vida de más mujeres que las que han ocurrido en toda la historia de las guerras civiles.
 
En los casos de Nuevo León y Chiapas, es justo destacar que han sido las organizaciones de la sociedad civil, afiliadas al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) quienes han impulsado el mecanismo ofreciendo datos, propuestas, análisis y seguimiento al proceso.
 
Se puede pensar que es muy tarde para la declaratoria pues en Nuevo León se solicitó desde 2012, mientras que en Chiapas desde 2013.
 
Este 25 de noviembre, Día para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres estará vestido de alerta. Las mujeres y organizaciones que saldrán a marchar en el contexto de este día inspirado en las hermanas Mirabal, lo harán también por una aplicación eficaz de la AVG tal como lo describe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su reglamento.
 
Son 5 años de insistir en Nuevo León, mientras que en Chiapas cuentan ya tres años desde que se inició la petición.
 
Se declara la AVG con un total de 449 mujeres asesinadas en  Nuevo León, según la documentación de casos a cargo de Irma Alma Ochoa, de Arthemisas por la Equidad, A.C. promovente de la AVG en ese estado.
 
En tanto, Martha Figueroa Mier, del Colectivo de Mujeres en Chiapas (Colem) advierte que si bien ellas solicitaron la Alerta para los 122 municipios, es posible que la Segob lo reduzca a sólo ocho de ellos, por lo que se preparan para impugnar.
 
Cuando la solicitaron habían documentado 156 casos de feminicidio entre 2012 y 2013. Sin embargo, la petición no se basa solo en la cantidad, sino en la violencia estructural que permite que esto siga sucediendo.
 
El carácter emergente de la AVG ha sido soslayado por las autoridades obligadas a brindar seguridad a todas las personas y particularmente a las mujeres, ante la vulnerabilidad que históricamente se ha construido en razón del género.
 
Por ello las organizaciones se preparan para dar la batalla por una adecuada implementación de la AVG, pues su espíritu de emergencia ha quedado olvidado, al tratarla como una oportunidad de revisión que se puede corregir a mediano y largo plazo.
 
Según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Alerta de Violencia de Género se puede solicitar cuando “los delitos de orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame”.
 
Y eso es justo lo que ha pasado en cada una de las entidades en las que organizaciones decidieron solicitar la alerta.
 
El problema es que quienes tienen la facultad para emitir la AVG se han dado su tiempo, se han tomado la libertad de interpretar la ley y el reglamento de la misma, conduciendo hacia un estado de inacción.
 
El resultado es que si sumamos los meses o años que han tardado en dar respuesta, más los meses y hasta un año en que los gobiernos cumplan las recomendaciones cuando las hay; la condición de emergencia desaparece transformándose en un favor que el gobierno federal hace a las entidades, recomendándoles que corrijan su actuación.
 
La Alerta de Género es el único y el mejor mecanismo que se ha integrado a alguna ley en México para detener la violencia feminicida.
 
Desafortunadamente en nuestro país lo que no es obligatorio -y aún lo que sí-  es la mejor oportunidad para incumplir, para tomarlo a la ligera.
 
Existe ya una verdadera inquietud entre la población en relación a por qué no se emiten de inmediato las alertas de género cuando las mujeres la solicitan. La mirada internacional está puesta en México, pues con más frecuencia es tema en diarios extranjeros.
 
La difusión y el trabajo de las organizaciones de mujeres como Arthemisas por la Equidad en Nuevo León, o el Colem en Chiapas, comprometidas en la lucha contra el feminicidio, ha dado como resultado que la Secretaría de Gobernación al fin emita un dictamen y considere necesaria la declaratoria de AVG.
 
Ojalá que los argumentos que “convencieron” a la Segob para declarar las dos AVG, no sean obsoletos y la situación real del feminicidio se haya agravado tanto, que las medidas de emergencia, si es que se contemplan, ya ni siquiera cubran lo que hoy se necesita.
 
La Alerta de Violencia de Género debe recuperar su espíritu de emergencia. No puede seguir sucediendo que pasen años para declarar que los gobiernos tomen medidas urgentes, temporales, para garantizar la seguridad, integridad y libertad de las mujeres. Queremos ver cerca el fin del feminicidio.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
16/SNE/LGL







QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
Centros de Justicia para las Mujeres ¿para qué? (Primera de dos partes)
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche.- 15/11/2016 Después de la efervescencia que representó en 2011 la creación de los Centros de Justicia para las Mujeres, el tema pasó a segundo plano y dejó de considerarse en gran medida como lo que suponía sería: una respuesta del Estado para atender de manera efectiva, integral y con perspectiva de género, la violencia contra las mujeres. Pero la intención afronta inercias y algunas veces hasta pérdida de objetivo.

A la fecha hay 26 centros distribuidos en todo el país, pero muchos de los operadores de justicia que laboran en ellos desconocen el abanico de leyes que garantizan y protegen los Derechos Humanos de las mujeres, y por el contrario, se aferran a “rajatabla” a lo que dice el Código de Procedimientos Penales, incluso para llevar a conciliación o  mediación casos que esconden violencia de género.

A partir del ejercicio diario de trabajo y de las acciones de atención directa hacia las mujeres, a la fecha además de los optimistas procesos de evaluación realizados desde afuera por instancias que pocas veces permanecen o acompañan a las mujeres usuarias de los servicios, no se cuenta con una evaluación que permita corregir y enmendar el camino para aquellos que lo han perdido, tienen dificultades para mantenerlo, o simplemente desde que iniciaron están buscándolo.

Las recomendaciones generales emanadas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), reconocen que “la situación de las mujeres no mejorará mientras las causas subyacentes de la discriminación contra ellas y de su desigualdad no se aborden de manera efectiva”. De ahí se desprende entender para qué y por qué fue necesario crear espacios amables, confortables, distintos, pero sobre todo que dieran una certeza de atención a las mujeres víctimas de violencia.

Hoy día lo que se tiene es un panorama complejo en el que en cada entidad se hacen esfuerzos para que se brinde esta atención; pero en cada Centro, las inercias van arrastrando o creando escenarios de violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres.

Tal es el caso de aquellos Centros que califican la violencia familiar como “lesiones en grado de parentesco”, no por falta de pericia, sino al contrario, porque los operadores de justicia evitan así la acumulación de carpetas y pueden enviarlos a mediación, utilizando elementos del Sistema Penal Acusatorio en contra de los derechos de las mujeres y de paso, invisibilizando la violencia.

Por si esto no fuera grave, en la práctica, los procesos no se apegan a los principios de los Derechos Humanos de las mujeres; sobran los operadores que desconocen las normas básicas, pero también que carecen de perspectiva de género para entender la importancia de incorporar los contextos de violencia a los procedimientos de divorcio y custodia.

A eso se suma que a algunos Centros de Justicia les ha dado por recibir denuncias presentadas por hombres contra mujeres. ¡Sí, como lo leen! aunque parezca increíble hay servidoras y servidores públicos que desconocen el principio de los Centros de Justicia y atienden a los hombres que emprenden quejas contra las mujeres por “violencia”.

El problema alcanza niveles inauditos cuando la institución no sólo las recibe (las quejas) sino que promueve y lleva más allá los casos dentro de estos propios espacios.
 
Se olvida que los criterios que fundan la protección del derecho de las mujeres están amparados en el artículo 8 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, además del amplio abanico de leyes y la propia Constitución que habla de dar justicia con perspectiva de género y sin discriminación, incorporando los tratados internacionales.

Los Centros de Justicia para las Mujeres se crearon precisamente para disponer de una atención con perspectiva de género especializada sin que esto represente menoscabo a los derechos del hombre, y sí, por el contrario, representan una acción dirigida a revertir la desigualdad y disminuir las brechas de género.

Los Centros deben garantizar la atención prioritaria para las mujeres y no emprender acciones en su contra, lo cual constituye una grave violación a sus derechos y contraviene los compromisos del Estado mexicano para garantizarles una vida libre de violencia, no hacerlo ya es violencia institucional.

Si bien de no existir estos Centros el panorama para las mujeres sería mucho peor, lo que hay que hacer es garantizar y vigilar que no se pierda de vista el objetivo por el cual fueron creados.

* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche
 
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OPINIÓN
VIOLENCIA
   MUJER SONORA
La alerta de la alerta de género
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Sonora.- 15/11/2016 El anuncio de la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich Arellano, sobre acciones específicas para combatir la violencia de género, cayó como respuesta urgente y directa a la indignación y miedo que generaron los más recientes casos de feminicidio perpetrados al sur del estado.
 
La expectativa sobre la concreción de acciones está presente pues hasta hoy la política de atención a la violencia de género había estado soterrada y disminuida ante los demás programas de gobierno.
 
La gobernadora anunció una serie de medidas para subsanar la omisión de la violencia que se inflige a las mujeres; entrará en operación el número de emergencia 911 que dará atención especial a las solicitudes de ayude de mujeres víctimas de violencia.
 
Pero esa es solo una de las medidas. También anunció que habrá “autobuses rosas” en la zona rural en donde al menos cuatro jóvenes fueron violentadas sexualmente, una de ellas asesinada, en el sur del Estado.
 
En lo que llamó “una batalla frontal contra la violencia hacia las mujeres”, Pavlovich Arellano reconoció por primera vez por su nombre a la violencia de género, y exhortó a las mujeres a denunciar, a no quedarse calladas. Otra de las medidas es la generación de una aplicación de teléfono celular para situaciones de emergencia, así como para obtener información de manera permanente.
 
El discurso modificado radicalmente se da dentro del término de prórroga que por 6 meses pidió el gobierno del estado a la Conavim, y con ello poder dar cumplimiento a las doce recomendaciones que emitió el grupo de trabajo que investigó la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres (AVG) para el municipio de Cajeme, ubicado al sur de la entidad.
 
Son tres los casos de feminicidio cuyas características han generado un impacto psicosocial negativo pues tanto las jóvenes, adolescentes y niñas, así como sus familias, vecinos, y habitantes del sector se encuentran temerosos y estresados para caminar por las calles vecinales, hacia la escuela o trabajos.
 
En poco más de un mes las autoridades dieron a conocer tres casos de mujeres que salieron de sus casas a atender actividades rutinarias, todas desaparecieron, fueron reportadas como desaparecidas por sus familiares y un día después, encontradas sin vida.
 
El 22 de septiembre la Procuraduría General de Justicia del Estado dio a conocer que encontró el cuerpo calcinado de una mujer en el kilómetro 8 de la carretera que conecta Bacobampo con Buaysiacobe; a través de pruebas periciales se determinó que la víctima era Sara Gertrudis Solís Pérez, quien permaneció desaparecida por cuatro días.
 
El 3 de noviembre, después de tres días de desaparecida, la maestra de danza folclórica Lizeth Aracely Fuentes Argüelles, apareció asesinada en el Ejido Primero de Mayo (Campo 77), perteneciente al Municipio de Bácum. El cuerpo fue localizado sobre el margen de un dren (drenaje), parcialmente sumergido en las aguas residuales en el Valle del Yaqui, según el reporte de las autoridades.
 
Su asesinato provocó mucha indignación, miedo, y dolor entre la sociedad sonorense, familiares, amigos y conocidos del instituto en donde impartía clases.
 
En protesta, se realizó una marcha a la que acudieron cientos de personas quienes mostraron su enojo pues se dio a conocer que el responsable había cometido tres violaciones más con el mismo modus operandi, previo al asesinato de la maestra.
 
Mientras las autoridades intentaban explicar cómo pudo suceder un feminicidio evitable como el de la maestra, el 11 de noviembre Diana Domínguez Félix, quien trabajaba como representante de laboratorios, fue localizada sin vida después de cuatro días de desaparecida, según reportaron sus familiares.
 
Días antes había salido a trabajar, pero desapareció, por lo que su familia la empezó a buscar. Su cuerpo se encontró en la comunidad de Tesia, hacia donde fue llevado por el feminicida pues la privó de la vida en Ciudad Obregón.
 
Todo este contexto feminicida en la región sur de Sonora, generó un cambio de discurso oficial. Ya se habla de violencia de género, lo cual nos indica que finalmente se reconoce que también en esta entidad la violencia contra las mujeres se hace presente.
 
Se instruyó al Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres a trabajar coordinadamente en acciones de emergencia que contribuyan a evitar el feminicidio. Si bien algunas otras medidas han sido retomadas de las propuestas de organizaciones de la sociedad civil, todavía no se ha establecido una coordinación con éstas.
 
Es esperanzador que la política estatal venga desde la responsable del poder ejecutivo, no obstante, las acciones llevarán tiempo pues están sujetas a su creación como el caso de la aplicación telefónica o el transporte rosa, pues se deberán diseñar las condiciones en que éste operará.
 
De igual forma, el Centro de Justicia para las mujeres en Hermosillo llevará tiempo en construirse. Sin embargo, la instrucción enérgica para que todo el funcionariado se conduzca de acuerdo a los protocolos vigentes, es para tomarse en cuenta.
 
De cualquier manera, la violencia exacerbada contra las mujeres en el sur del estado no debe invisibilizar el feminicidio que está presente en todos los municipios. No debe hacernos olvidar que en Sonora, más de la mitad de los asesinatos se perpetran dentro de los hogares y por las personas con las que las mujeres se sienten más seguras: sus familiares.
 
No podemos dejar de lado que en Nogales, San Luis Río Colorado, y la región del desierto, también se han producido casos de feminicidio emblemáticos.
 
Por ahora, aunque no se llame así, en Sonora se ha emitido una pre alerta de género. Esperemos que las acciones se cumplan, pero sobre todo, que sirvan para evitar más casos de feminicidio.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
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ESTADOS
FEMINISMO
   Marcharán el día 25 de noviembre
Realizarán Primer Congreso Feminista en Chiapas
Especial
Por: Gabriela Montoya
Cimacnoticias/Enheduana | San Cristóbal de Las Casas, Chis.- 14/11/2016 En Chiapas, pese a que desde 2013 organizaciones feministas han solicitado la Alerta de Violencia de Género, ésta no ha prosperado y a las mujeres las continúan asesinando, tan sólo en lo que va de este año, 121 mujeres fueron asesinadas de manera violenta, dijo la directora del Grupo de Mujeres de San Cristóbal (Colem) Martha Figueroa Mier.

La activista, en conjunto con el Comité organizador del Primer Congreso Feminista de Chiapas informaron que del 21 al 25 de noviembre se realizará este evento que tiene como objetivo recuperar la memoria y la historia contemporánea de los movimientos de mujeres, sus luchas, sus demandas, logros y desafíos, para motivar a la reflexión sobre el presente y el futuro.

Por ello Figueroa Mier agregó que “ante este contexto tenemos que juntarnos, tenemos que darnos un espacio y decidimos juntarnos el 25 de noviembre que para nosotras representa una fecha muy significativa”.

En este Congreso se realizarán mesas de trabajo con temáticas variadas sobre tierra y territorio, medio ambiente, mujeres indígenas y campesinas, nuevos feminismos, entre otros; y se realizarán talleres, ponencias y actividades alternas. Todo el evento será gratuito.
 
La inauguración del congreso será el día 21 de noviembre e iniciará con la Conferencia magistral de la Antropóloga Mercedes Olivera, una activista con trabajo en favor del reconocimiento de los Derechos Humanos de las mujeres, y fundadora del Centro de Derechos de las Mujeres de Chiapas.

El Congreso concluirá el día 25 con la marcha conmemorativa al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

16/GM/LGL







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