ESTADOS
VIOLENCIA
   No hay coordinación con municipios ni mesas de trabajo
Gobierno de Chiapas incumple obligaciones de AVG: OSC
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/04/2017 A más de cinco meses de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en Chiapas, no se vislumbra compromiso del Gobierno estatal por implementar acciones claras y contundentes para atender los casos de feminicidio y las múltiples denuncias presentadas por hechos violencia contra las mujeres, denunció la Campaña Popular Contra la Violencia Hacía las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas.
 
Y así lo expresaron el pasado 21 de abril integrantes de esta agrupación, conformada por diversas organizaciones que impulsaron la AVG, en una reunión ordinaria con el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), para conocer el seguimiento de la AVG en el estado. Expusieron que desde la declaratoria no se atienden las obligaciones que adquirió el Gobierno de Chiapas, como la instalación de meses de trabajo para atender casos de violencia de género.
 
A la par, indica la organización en un comunicado, observan la falta de coordinación entre los siete municipios en alerta y el Gobierno estatal, para construir estrategias que permitan atender el problema de fondo, esto, “pese a la urgente necesidad de atender los eventos de violencia contra las mujeres”, indican.  
 
La AVG para Chiapas fue emitida el 18 de noviembre pasado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), tres años después de que fue solicitada. La declaratoria se hizo para los municipios de Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, de los 122 que hay en la entidad. En dicha AVG se establecen recomendaciones específicas para la zona de los Altos de Chiapas.
 
La reunión del 21 de abril, señala el comunicado, estuvo marcada por la ausencia del Gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, y sin representantes de las 16 localidades de los Altos de Chiapas, situación que preocupa por “el desinterés y discriminación de integrar a estas localidades con presencia de pueblos indígenas”, además de “la importancia de atender el tema en el estado ordenado por la Secretaria de Gobernación”.
 
Tampoco estuvo presente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), institución clave, apunta la Campaña Popular, ya que es la encargada de asignar los recursos que “garanticen la implementación de acciones para el funcionamiento de la AVG a corto, mediano y largo plazo en Chiapas”.
 
De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia del estado, de agosto de 2014 al año 2016, se registraron 104 casos de feminicidio en Chiapas.
 
Asimismo, la organización denunció la falta de capacitación de los funcionarios públicos que atienden a estas reuniones, lo que “entorpece el avance sustancial de acuerdos mínimos”, debido a su desconocimiento sobre el tema. Pide también una participación más activa en el seguimiento y vigilancia de la declaratoria por parte del Conavim, no sólo que trabaje como órgano moderador en las reuniones.
 
Por otra parte, la Campaña Popular expresó su preocupación por la falta de transparencia y el gasto de recursos para la construcción de diagnósticos y protocolos institucionales dedicados a la atención de la violencia contra las mujeres, pues es información que ya está establecida en el Informe de la AVG.
 
Finalmente, la agrupación reprobó el uso de programas públicos dirigidos a las mujeres, porque al final tienen fines políticos y electorales, como sucede con el Programa de Inclusión Social (Prospera), señala el texto.
 
VIOLENCIA ESTRUCTURAL
 
La AVG solicitada el 25 de noviembre del 2013, por organizaciones civiles como el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), se hizo por la violencia estructural que enfrentan las chiapanecas, no por el número de casos de feminicidio, como sucedió en otras entidades.
 
Sin embargo, las autoridades negaron a aceptarla, aunque el estado se caracteriza por diversidad étnica y multiculturalidad, ubicado en una región fronteriza en conflicto y donde es casi nulo el acceso de la justicia para las mujeres. 
 
El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres votó en contra de la declaratoria de AVG para Chiapas, al argumentar que no eran suficientes los casos de feminicidio registrados.
 
La directora del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, Martha Figueroa Mier, interpuso un amparo ante la negativa, la justicia falló a favor de las activistas y organizaciones, y a finales de 2014 se creó un grupo de investigación para valorar que declaratoria en la entidad.
 
El grupo de investigación dio la razón al Colectivo y determinó que existe una violencia sistemática contra las mujeres, situación que atenta contra sus vidas. Segob declaró entonces la AVG el 18 de noviembre de 2016, mismo día que se interpuso para el estado de Nuevo León.
 
Otras de las entidades que se mantienen bajo la AVG son: Estado de México, Veracruz, Michoacán, Morelos y Sinaloa, esta último declarada el pasado 31 de marzo.
 
17/HZM/GG







ESTADOS
VIOLENCIA
   Acciones recomendadas por Segob, insuficientes
Sonora: 107 casos de feminicidio desde solicitud de AVG para Cajeme
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/04/2017 Desde 2015, año en que se solicitó la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, hasta el año pasado, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora contabilizó 107 casos de feminicidio en la entidad, pese a que el gobierno local estaba obligado a seguir las 12 recomendaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) para garantizar la seguridad de las mujeres, emitidas por el grupo de trabajo de la AVG.
 
De acuerdo con datos que proporcionó a Cimacnoticias, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora, Cajeme es el municipio con el mayor porcentaje de violencia feminicida en la entidad: 19 por ciento de estos casos (20 asesinatos, 10 cada año) se cometieron en dicha región.
 
El 25 de mayo de 2015, agrupaciones no gubernamentales presentaron la solicitud de la AVG para Cajeme a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
 
Tres meses después fue aceptada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim); se abrió el grupo de trabajo y al término de su investigación emitió 12 recomendaciones a las autoridades de Sonora.
 
Entre las recomendaciones figuraba la creación de un sistema de información confiable sobre la violencia contra las mujeres, del cual el gobierno de Claudia Pavlovich respondió con la creación del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Baesvim), que sólo registro 1 feminicidio en 2016.
 
En el informe sobre los avances de la AVG del gobierno de Sonora -entregado el 13 de junio de 2016- también se habla de la creación del “Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” y el establecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres.
 
En septiembre de 2016, Segob dio por concluidas 5 de las 12 recomendaciones y extendió a 6 meses más el plazo para terminar de cumplirlas. Sin embargo, ninguna de estas recomendaciones están a la altura de la emergencia que se presenta en el territorio, indican las agrupaciones.
 
El plazo para atender las recomendaciones venció el 14 de marzo, incluida la extensión de 6 meses que dio la dependencia al gobierno de Sonora, bajo Claudia Pavlovich Arellano.
  
Sin embargo, organizaciones civiles como la Red Feminista Sonorense refieren que la violencia feminicida no desciende en la entidad, como ejemplo está el feminicidio registrado en días recientes en Cajeme y la violencia extrema de la que fue víctima otra mujer por su pareja en el mismo municipio, por lo que pidieron  a las autoridades estatales y a Segob, la ejecución de un plan de acción emergente y la declaratoria de la alerta. 
 
PETICIÓN PARA TODO EL ESTADO
 
Los datos del Observatorio llevaron a que el Congreso local se uniera a la petición de la declaratoria de la AVG en todo Sonora, mediante un exhorto dirigido en marzo a la Segob y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
 
Señala el Observatorio: en 2016 de los 45 asesinatos de mujeres que registró , el 14 por ciento ocurrieron en el municipio del Hillo (6 casos), asimismo, 4 asesinatos tanto en Nogales como en San Luis Río Colorado, 3 en Navojoa y otros tres en  Carborca.  En  Empalme, Sonoyta y Etchojoa se registraron 2 por municipio.
 
La información del Observatorio indica que prácticamente en cualquier edad las sonorenses son víctimas de esta violencia extrema, sin embargo, entre ellas destaca el grupo entre 21 a 30 años de edad, que representó el 33 por ciento del total de víctimas, es decir, 15 víctimas.
 
Le sigue el grupo de 31 a 40 años, que suma 8 casos en total (17 por ciento), las víctimas entre 21 a 50 años de edad representaron el 15 por ciento, con un total de 7 casos. Las niñas menores a 10 años también marcan uno de los porcentajes más altos, 11 por ciento (5 casos).
 
De acuerdo con la información proporcionada por la organización, la mayoría de estas 5 niñas víctimas de feminicidio mantenía algún tipo de relación con el asesino: 3 se registraron como padrastros de la víctima, 1 como padre, y 1 como vecino, otro se desconoce.
 
INFORMACIÓN SOBRE AVG
 
Cabe recordar que actualmente 7 entidades cuentan con la declaratoria de AVG: Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz y Sinaloa, sin embargo, es poca la información que se cuentan sobre los avances y resultados.
 
Por eso, el 13 de marzo la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Dávila Fernández, pidió a Segob un informe detallado sobre las mismas e informar cuántas solicitudes ha recibido, las que están en proceso y las que no procedieron.
 
17/HZM/GG







ESTADOS
   Recomendaciones de Segob, insuficientes
Urge plan de acción y AVG en Cajeme, reiteran sonorenses
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/04/2017 Dos actos de violencia extrema contra mujeres, ocurridos ayer, son ejemplo de que esos hechos no cesan en el municipio de Cajeme, en Sonora, por lo que es urgente instaurar un plan de acción de emergencia y declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG), exigió la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa.
 
La feminista recordó que desde el pasado 14 de marzo concluyó la prórroga de 6 meses que otorgó la Secretaría de Gobernación (Segob) al Gobierno de Sonora para cumplir con las recomendaciones hechas por el grupo de trabajo de la AVG en el municipio.
 
Esto, luego de que el 25 mayo de 2015, organizaciones civiles presentaron la solitud de AVG para el municipio de Cajeme, la cual fue aceptada el 18 de junio de 2015 por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
 
A partir de esa fecha, se abrió el periodo de investigación del grupo de trabajo, que emitió 12 recomendaciones a las autoridades sonorenses para atacar el problema. Sin embargo, ninguna de estas acciones han sido suficientes para combatir la violencia contra las mujeres, dijo la ex legisladora.
 
Burgos Ochoa habló sobre los hechos de violencia cometidos ayer: se trata del hallazgo del cuerpo calcinado de una mujer y de la grave situación de salud que enfrenta otra, luego de que su pareja intentó quemarla con gasolina. 
 
De acuerdo con coordinadora de la Red Feminista Sonorense, quien colabora con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora, en 2016 registraron 54 casos de feminicidio, 14 ocurrieron en Cajeme. En 2015 reportaron 10 en dicho municipio, de los 61 registrados en Sonora.
 
“Queremos garantías para vivir en paz en Cajeme, para que nuestros hijos e hijas acudan a la escuela con seguridad, nosotras realicemos nuestros quehaceres sin ninguna sombra y preocupación por nuestra vida”, indica el comunicado hecho por la Red.
 
INSUFICIENTES
 
Entre las 12 recomendaciones hechas a las autoridades sonorenses, tras la aceptación de la solicitud de AVG están: contar con un sistema de información confiable sobre la violencia contra las mujeres, fortalecer el Instituto Municipal de la Mujer, la elaboración de protocolos especializados en la investigación del delito de feminicidio, la desaparición de niñas y mujeres.
 
El 13 de junio de 2016, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, presentó el informe a Conavim sobre los avances en el cumplimiento de estas, donde destacó la creación del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Baesvim), y la creación del Centro de Justicia para las Mujeres.
 
Asimismo, se informó de la creación del “Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” y de los reglamentos de la “Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”.
 
También, indica se capacitó a diversas instituciones de salud  sobre la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046, para el acceso a la interrupción del embarazo a víctima de violación. 
 
Con ello, en septiembre de 2016, Segob dio por concluidas 5 de las 12 recomendaciones dadas por el grupo de trabajo, y emitió un plazo de 6 meses más para que el gobierno de Sonora cumpla con las exigencias.
 
CIFRAS AL ALZA
 
Sin embargo, Leticia Burgos destacó que estas acciones apenas son la base para terminar con la violencia feminicida que está en aumento en Cajeme, y otras regiones de Sonora, como en el Valle del Yaqui, Pesqueira y el Poblado de Miguel Alemán, y dijo, aún existen grandes desafíos para garantizar la seguridad de las mujeres.  
 
En Cajeme, de enero a julio de 2016, 15 niñas fueron reportadas como extraviadas (desaparecidas), 232 mujeres reportaron violencia familiar, 134 niñas y mujeres fueron  víctimas de lesiones, se presentaron 34 denuncias por violación a niñas y mujeres y 6 casos de feminicidio fueron registrados como homicidios dolosos.
 
Contrario a lo registrado por las organizaciones, las cifras que presenta la Baesvim, indican que en 2016 sólo hubo en todo el estado un feminicidio en julio; ningún caso de violación, 32 casos de abuso sexual, 6 de hostigamiento sexual y 496 casos de violencia familiar. La base no proporciona datos desagregados por género, edad, o municipio donde se registraron.
 
17/HZM/GG

A nuestras personas lectoras:
 
Como autora de la nota “Urge plan de acción y AVG en Cajeme, reiteran sonorenses”, que se publicó el 20 de abril de 2017 a través del portal cimacnoticias.com.mx, hago la siguiente aclaración:
 
En el párrafo: “De acuerdo con la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, quien colabora con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora, en 2016 registraron 54 casos de feminicidio, 14 ocurrieron en Cajeme. En 2015 reportaron 10 en dicho municipio, de los 61 registrados en Sonora”.
 
Al respecto comento que la persona a la que hago referencia es a la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa, quien no es colaboradora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora.
 
Respecto a los datos sobre el número de casos de feminicidio, los datos fueron registrados por la Red Feminista Sonorense, y no por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora, como se entiende en la nota.
 
Atentamente
 
Hazel Zamora Mendieta
 
 
 







NACIONAL
VIOLENCIA
   No quiere “numeralia”, sino medidas y resultados
Pide Senado a Segob informe detallado sobre AVG en el país
Imagen Silvia Núñez Esquer
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/04/2017
La Secretaría de Gobernación (Segob) debe dar un informe detallado sobre los resultados de las seis alertas de Violencia de Género (AVG) que emitió a lo largo del territorio nacional; cuántas solicitudes ha recibido, las que están en proceso y las que no procedieron, indicó la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Dávila Fernández. 
 
La presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas presentó un punto de acuerdo para solicitar dicha información a Segob, pues  no se cuenta con datos claros sobre el tema.
 
“La falta de información y de transparencia institucional ha sido característica de este gobierno, lo cual genera incertidumbre sobre asuntos de verdadera relevancia nacional, como la violencia de género”, indica el comunicado. 
 
La legisladora agregó que el reporte debe especificar las acciones que se desarrollan desde la ejecución de las alertas, el seguimiento, avances, y sobre todo, el resultado de las mismas.
 
Esto, porque  a pesar de las declaratorias de alertas de género, la violencia contra la mujeres no cesa, por el contrario, va en aumento debido “a la falta de políticas públicas y la gran indiferencia o desconocimiento para reconocer los delitos de género”, declaró Dávila Fernández.
 
La senadora recordó los últimos casos de feminicidio ocurridos en Yucatán, Tlaxcala, Chihuahua, San Luis Potosí y “el preocupante caso del Estado de México” que atraviesa por un proceso electoral. Y dijo, la Segob tiene a su cargo la dirección de la política nacional para erradicar la violencia de género, sin embargo, los esfuerzos son insuficientes. 
 
“No sólo queremos que nos reporten numeralia, como es costumbre, sino que nos expliquen sobre las medidas que éste gobierno ha implementado y sus resultados”, concluyó la senadora Dávila Fernández.
 
DECLARATORIAS DE AVG
 
De acuerdo con información de Segob, a nivel nacional existen seis declaratorias de AVG: la primera fue en el Estado de México el 31 de julio de 2015 en 11 municipios: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli. 
 
El territorio mexiquense se establece como uno de los más peligrosos para las mujeres, tan sólo 2005 a 2010 se registraron 922 homicidios dolosos de mujeres. 
Con ello organizaciones civiles pidieron desde diciembre de 2010 declarar la alerta, la cual fue negada por el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNAPASEVM), hasta concretarse luego de una larga lucha en 2015. 
 
La siguiente se declaró en Morelos el 10 de agosto de 2015 para ocho municipios, debido a la presión de organizaciones civiles quienes indican que el gobierno local incumple todas las medidas establecidas en la AVG. 
 
El informe de la “Alerta de Violencia de Género en Morelos 2016”, hecho por la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos AC, reporta que desde el mes de la declaratoria hasta diciembre de 2016 documentaron 124 casos de feminicidio, en el último mes fueron 16. 
 
En Michoacán, con 892 casos de feminicidio de 2006 a 2016 que documentó la agrupación civil, Humanas Sin Violencia, la AVG  se concretó el 27 de junio de 2016 para 14 municipios. 
 
Chiapas fue la siguiente entidad, la declaratoria de AVG se dio el 18 de noviembre de 2016 en siete municipios: Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, asimismo se pidieron acciones específicas en la región de los Altos de Chiapas.
 
El mismo día se declaró en el estado de Nuevo León, únicamente para cinco municipios. Las declaratorias para estas dos entidades llegaron tarde, pues en Nuevo León se solicitó desde 2012, mientras que en Chiapas en 2013.
 
En Veracruz la AVG se declaró el 23 de noviembre de 2016 en 11 municipios: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa. 
 
Por ahora el estado se encuentra en el trámite de su segunda alerta, esta vez por “agravio comparado”, por incumplir con los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas; se busca despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación,  permitirlo cuando esté en riesgo la salud de las mujeres y garantizar la interrupción del embarazo en casos de violación sexual. 
 
La última AVG fue establecida en Sinaloa, el 31 de marzo de 2017 en cinco municipios. Los datos del “Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de AVG en los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato”, indican que de 2005 a marzo de 2016 765 mujeres fueron asesinadas en esta entidad. 
 
Sin embargo, no existen datos oficiales sobre los resultados que han generado las mismas, mientras organizaciones civiles sentencian su fallo y siguen documentando casos de feminicidio. 
 
17/HZM/GG
 







ESTADOS
VIOLENCIA
   Observatorio Ciudadano insiste en dialogar con aspirantes
Edomex: candidaturas solo ven a mujeres por interés electoral
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/04/2017 El Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio en el Estado de México aseguró que las y los candidatos a la gubernatura sólo tienen interés en el voto de las mexiquenses pero no en sus vidas por eso no tienen propuestas serias en materia de violencia hacia las mujeres.
 
A unos días de que arrancaron las campañas por la gubernatura de la entidad, actualmente encabezada por Eruviel Ávila, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Observatorio difundió un comunicado donde  critica que las y los candidatos desconozcan las problemáticas que enfrentan día a día las mujeres y sólo las vean como botín político, 
 
De acuerdo con esta agrupación ciudadana, no hay perspectiva de género en las propuestas de campaña de Josefina Vázquez Mota (PAN), Delfina Gómez Álvarez (Morena), Alfredo del Mazo Maza (PRI-PAN-PES-PVEM), Juan Zepeda Hernández (PRD), Oscar González Yáñez (PT) y los independientes Isidro Pastor Medrano y María Teresa Castell de Oro.
 
“Las integrantes de esta organización social, comprometida con la erradicación de la violencia en territorio mexiquense y todo el país, consideramos que las mujeres seguimos siendo vistas como un botín político al que se le sigue tratando como un objeto sin capacidad de emitir una opinión o sin capacidad de acción en espera de dádivas”, señala el comunicado.
 
La agrupación consideró que las propuestas presentadas hasta el momento sólo han sido comentarios u oportunidades de atacar a las y los oponentes políticos sin un verdadero sustento de fondo ni líneas de acción concretas que generen un impacto real en la vida de poco más de ocho millones de mujeres mexiquenses.
 
Estas mujeres a diario enfrentan situaciones de violencia en las calles, transporte público, espacios laborales, espacios públicos, oficinas de gobierno, escuelas, y sus propios hogares y comunidades, destacó el Observatorio.
 
DIÁLOGO NECESARIO
 
Agregaron que los discursos plagados de descalificaciones pero carentes de propuestas concretas por lo que hicieron un llamado, por segunda vez, a las y los aspirantes a la gubernatura del Estado de México a compartir sus propuestas en el tema, sustentadas y con perspectiva de género.
 
También pidieron entablar un diálogo con quienes están preocupadas por la situación, para escuchar y debatir sus iniciativas en un tema trascendental para el desarrollo y el abono a la democracia del estado y la garantía de una vida libre de violencia para las mexiquenses.
 
Entre las propuestas que hicieron la semana pasada las y los aspirantes a la gubernatura mexiquense dirigidas a la población femenina están: Alfredo del Mazo propuso un “salario rosa”; Juan Zepeda ampliar la Alerta de Violencia de Género a todo el estado; Oscar González,  cárcel para los feminicidas, mientras Josefina Vázquez Mota y Delfina Gómez Álvarez criticaron a los gobiernos priistas por los casos de feminicidio registrados en la entidad.
 
El Observatorio también hace un llamado a mostrar un verdadero compromiso con las mujeres del estado y evitar que se repitan los 263 posibles casos de feminicidios que documentaron en territorio mexiquense durante 2016, muchos de ellos en municipios con Alerta de Violencia de Género activada desde 2015.
 
En el documento, firmado por la coordinadora del Observatorio, Yuritzi Hernández de la Rosa, se expone además que en 56 de los 125 municipios que conforman el Estado de México se presentó, por lo menos, un caso de posible feminicidio, es decir, en 44.8 por ciento de los municipios mexiquenses.
 
17/AGM/GG
 







REPORTAJE
POLÍTICA
   Aspirantes a gubernatura prometen ahora sí mirar feminicidio
Violencia contra mujeres mexiquenses, botín electoral
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/04/2017 Los partidos políticos en el Estado de México (Edomex) están a la caza del voto de las mujeres y para ganarlo, a sus aspirantes a la gubernatura Josefina Vázquez Mota, Delfina Gómez, Alfredo del Mazo, Juan Zepeda y Oscar González Yáñez, no les quedó de otra que “reconocer” la violencia, la impunidad y el feminicidio.
 
Como alcaldes o funcionarios, ninguno de los candidatos destacó por promover una vida libre de violencia para las mujeres pero durante la primera semana de campaña, que comenzó el pasado 3 de abril y concluye el 31 de mayo, todos voltearon a ver a las mexiquenses que les podrían representar 5 millones 755 mil 139 de votos.
 
Mujeres que han sido ignoradas en las políticas de gobierno y viven en colonias marginadas donde todavía se regatean servicios básicos como agua, luz o drenaje y viven en la pobreza. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, señalan que de 2010 a 2014 el porcentaje de pobres en la entidad gobernada por el PRI se incrementó en 6.7 por ciento al pasar de 42.9 en 2010 a 49.6 en 2014.
 
Salen de madrugada de sus hogares ubicados en alguno de los 125 municipios para ir a trabajar a la capital del país ante la falta de empleo en la entidad. Al cuarto trimestre del 2016, 38 por ciento de las mexiquenses estaban desocupadas, de acuerdo con el Inegi.
 
Expuestas a la inseguridad, las mexiquenses caminan por calles sin pavimentar, sin iluminación, por largos tramos de lotes baldíos o suben a transportes donde abundan los asaltos. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que los delitos como robo, homicidio y violación se mantuvieron constantes durante la administración del priista Eruviel Ávila.
 
En 2011, año en que asumió el poder el actual gobernador, se registraron 26 mil 611 denuncias por robo con violencia a transeúnte;  mil 512 homicidios dolosos y 2 mil 895 violaciones sexuales.  Para 2012, las denuncias por robo bajaron a 7 mil 530; los homicidios dolosos subieron a 2 mil 53; y las denuncias por violación sexual ante el Ministerio Público se mantuvieron en 2 mil 148.
 
En medio de este escenario las mujeres conforman la mitad de los votantes: 5 millones 755 mil 139 de ellas están en la lista nominal y 8.8 por ciento son jóvenes de 18 a 24 años de edad, según el Instituto Electoral estatal.
 
FEMINICIDIO: MÁS DE UNA DÉCADA IGNORADO
 
El tema que marcó el arranque de campaña fue el feminicidio, problema ignorado desde antes que las activistas comenzaran a nombrarlo así para referirse a los asesinatos de mujeres. En la década de los 80, doña Emerenciana López -quien después sería reconocida como una de las primeras defensoras de mujeres en la entidad- comenzó a dar cuenta de la realidad violenta que vivían las mexiquenses.
 
Doña Eme, como se le conocía, acompañó casos de violencia intrafamiliar, abuso sexual y homicidios de mujeres cuyos cuerpos eran arrojados a los basureros de las colonias populares de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, donde gran parte de la gente se dedicaba a la recolección y reciclaje de basura.
 
Durante la administración de Enrique Peña Nieto (2005-2011), organizaciones civiles como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio denunciaron el alza en los asesinatos por razones de género en la entidad.
 
Las organizaciones señalaron que de 2005 a 2010 se registraron 922 homicidios dolosos de mujeres. Con esta evidencia el 8 de diciembre de 2010 pidieron a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de la Secretaría de Gobernación, emitir una Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad.
 
Aunque los funcionarios priistas siempre señalaron que no había necesidad de una Alerta porque ahí “no se asesinaba a las mujeres sólo se arrojaban sus cuerpos”, ahora el candidato del PRI y primo de Peña Nieto, Alfredo del Mazo Maza, declaró que las cifras de feminicidio son inadmisibles, por lo que hay que “hacer valer la ley”.
 
Para el priista la prioridad será atender el tema de seguridad por lo que propuso duplicar el número de cámaras de videovigilancia, depurar cuerpos policiacos e instalar un millón de luminarias, acciones que se debieron tomar desde 2015 cuando se decretó la AVG después de 5 años de litigio en tribunales pues las instituciones la obstaculizaron porque consideraron que era un golpe político para el entonces candidato a la Presidencia, Enrique Peña Nieto.
 
No obstante, la AVG se decretó para 11 municipios: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle Chalco Solidaridad, Chalco, que concentran 54 por ciento de los casos de violencia contra las mujeres.
 
Aunque esta realidad mexiquense no es nueva, en la primera semana de campaña las y los candidatos destacaron el tema de la inseguridad como uno de los problemas a atender. La abanderada del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, afirmó en uno de sus actos proselitistas que el feminicidio es producto de la impunidad y la corrupción de un sistema cultural donde se discrimina, desprecia u odia a la mujer.
 
Juan Zepeda, del Partido de la Revolución Democrática, prometió extender la AVG a toda la entidad y tomar acciones para evitar el acoso en el transporte público como pedir a los concesionarios del ramo que destinen 30 por ciento de sus unidades para uso exclusivo de las mexiquenses.
 
En tanto que el candidato del Partido del Trabajo, Oscar González Yáñez, tomó acciones más radicales y propuso la pena de muerte para los feminicidas. 
 
La candidata de Movimiento Regeneración Nacional, Delfina Gómez Álvarez, manifestó su intención de reducir los delitos, en especial del fuero común y condenó la incapacidad del gobierno local de atender el feminicidio en lo que calificó como la entidad más peligrosa para ser mujer.
 
Mientras las y los candidatos hacen promesas, en la entidad el Índice de Desigualdad de Género (que mide acceso a salud reproductiva, razón de mortalidad materna, tasa de fecundidad adolescente, empoderamiento político, educación y empleo), es de 0.429 mientras que a nivel nacional es de 0.393. Entre más se acerque a uno es mayor el nivel de desigualdad.
 
17/AGM/LGL
 
 







ZONA DE REFLEXIÓN
VIOLENCIA
   ZONA DE REFLEXIÓN
Campañas mentirosas en Edomex
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/04/2017 Cada vez más la ciudadanía y en especial las mujeres nos cansamos de los discursos que lucran con el dolor. Hoy en el Estado de México el feminicidio se volvió el tema político más lucrativo de las campañas.
 
En el año 2007, a Felipe Calderón Hinojosa, por ser el Ejecutivo Federal, le tocó promulgar la ley más innovadora para construir una vida libre de violencia para las mujeres. Lejos está de hacer honor a la Ley que publicó el 1 de febrero de 2007, al ejercer violencia política contra una candidata.
 
Lo escrito por el ex mandatario el pasado martes en su cuenta de Twitter, en donde se burla de la candidata a la gubernatura del Estado de México por el partido de Morena, Delfina Gómez, al poner en duda la capacidad de esta política para tomar sus propias decisiones, retrata la violencia política que sigue imperando en la era de la paridad, razón por la cual se creó el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres.
 
De acuerdo con el protocolo, se entiende por violencia política “todas aquellas acciones y omisiones basadas en género, que se presentan en el marco del ejercicio de sus derechos político-electorales y que tienen por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos político-electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
Negarle a cualquier candidata el albedrío y reducirla a una marioneta, como aseguraban de la ex candidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota, es menoscabar su derecho político a participar en la vida pública; es poner en tela de juicio la capacidad de las mujeres para estar en la política.
 
En 2007, cuando anunció la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia (LGAMVLV)   Calderón aseguró  que “eliminar la violencia contra la mujer (sic) es una condición indispensable para su participación en la vida pública”, ¿será que una vez que dejó Los Pinos dejó de creer en lo que dijo?
 
MÁGICAS PROMESAS
 
De esos discursos “políticamente correctos” están llenas las campañas electorales en el Estado de México. El feminicidio se volvió el tema electoral, sin importarles el dolor de cientos de familias. No hay candidatura en Edomex que no asegure que, de ganar, terminarán con el feminicidio, así de mágico.
 
Por ejemplo el candidato priista, Alfredo del Mazo, dice que erradicará el feminicidio ¡cuando su partido ha gobernado el Estado de México durante 84 años! y durante los dos últimos sexenios se recrudeció la violencia contra las mujeres, se niega el acceso a la justicia a las víctimas de feminicidio y, en su momento, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se defendieron con uñas y dientes para no decretar la Alerta de Violencia de Género.
 
La misma entidad en donde las madres de víctimas de feminicidio, ante la falta de justicia, se han visto orilladas a ser defensoras del derecho a la vida de las mujeres, cuando una de las madres emblemática, doña Irinea Buendía, tiene que vivir protegida por las amenazas recibidas por su exigencia de justicia para su hija y todas las víctimas del odio misógino.
 
¿Cómo creerle  a la candidata panista, Josefina Vázquez Mota, cuando su compañero de partido y ex mandatario violenta a otra mujer y ella guarda silencio? ¿cómo creerle si cuando su partido tuvo el poder de la Presidencia no se avanzó en la erradicación de la Violencia Feminicida que hoy, dice ella, sí desterrará del Edomex?
 
Es difícil creer que toman en serio la desigualdad que viven las mujeres de Estado de México cuando escuchamos propuestas como "salarios Rosa". ¿Por qué no simplemente se comprometen a cumplir con la ley que prohíbe la desigualdad? y señala que a trabajo igual salario igual.
 
¿Cómo creerles, cuando durante 18 años ningún partido ha garantizado los recursos necesarios  para aplicar a cabalidad la Norma 046 para la atención y prevención de la violencia en el entorno familiar y de violencia sexual?
 
Creerán que las mujeres votantes, las ciudadanas, son tontas y que  frases y colores las convencerán...
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
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ESTADOS
VIOLENCIA
   De enero a marzo, 71 casos en Veracruz
Por miedo, estigma o inacción judicial, no buscan a desaparecidas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Ana Alicia Osorio*
Cimacnoticias | Veracruz, Ver.- 04/04/2017 Ella y él desaparecieron el mismo día, en el mismo lugar.  A él lo buscan. A ella no.
 
Ella aparece como “extraviada”, pero para que la Fiscalía le recibiera la denuncia a su mamá, tuvo que pasar por comentarios como “que se habría ido por voluntad”.
 
Ella está desaparecida, pero su familia no quiere que sean colocados sus carteles de búsqueda en ningún lado. Temen al “qué dirán”.
 
Se trata de situaciones frecuentes a las que se enfrentan las mujeres que desaparecen, víctimas de un delito, pero que su familia, la Fiscalía General del Estado, o la sociedad revictimizan provocando que no sean buscadas.
 
“Si hay 100 hombres desaparecidos se va a buscar 30, si hay 50 mujeres desaparecidas se va a buscar  una”, sentenció Lucía de los Ángeles Díaz Genao, integrante del Colectivo Solecito de Veracruz.
 
“Ser buscada es mucho menos la mujer, que una mujer sea buscada es mucho menos frecuente (….)  eso es machismo, ‘es una mujer para qué la busca’, dicen”, añadió Ángeles.
 
En el Colectivo varias madres buscan a sus hijos, quienes desaparecieron junto a sus novias, amigas o conocidas; sin embargo, a ellas no hay quien las busque, indicó Díaz Genao.
 
Señaló que inclusive cuando ofrecen colocar los carteles de búsqueda o dar sus nombres a la opinión pública, algunos familiares se niegan porque consideran que la desaparición es voluntaria, aunque existan elementos que digan lo contrario.
 
“De hecho no quieren que pongan los volantes, no quieren que la publiquen, mucha gente claro, hay gente que sí busca a sus hijas (…) se sienten avergonzados porque como mi hija, qué pena, quién sabe si de verdad tenga razón”, relató.
 
La creencia de “se fue con el novio” es la más frecuente e inclusive los Ministerios Públicos, quienes debieran realizar acciones urgentes de búsqueda de las mujeres, desestiman su desaparición y se lo dicen a las familias.
 
“Los más enseguida las criminalizan o las revictimizan y dicen ‘es que, señora, usted para qué la busca’, así le dicen a las señoras que van a poner denuncias de chicas desaparecidas, ‘para que la buscan si sabe que se fue con el novio’, cuando no es cierto, nada de eso es cierto, en la mayoría de los casos”, indicó la integrante del Colectivo Solecito.
 
Tan solo durante los tres primeros meses de este año, la página de “extraviados” de la Fiscalía General del Estado reporta a 71 mujeres y niñas que han desaparecido – y que hasta el momento no han sido localizadas- en el estado de Veracruz.
 
Según la declaratoria de Alerta de Violencia de Género que se decretó  para Veracruz, en la entidad se debería implementar el Protocolo Alba con el que se debieran seguir una serie de pasos para hacer una búsqueda inmediata de las mujeres que son reportadas como desaparecidas, para su rápida localización. Hasta ahora no se realiza.
 
Lejos de ello, Díaz Genao, del Colectivo Solecito, y Aracely Salcedo, de Familias de Desaparecidos Córdoba – Orizaba, coincidieron que el personal de la Fiscalía busca justificar las desapariciones de mujeres evitando la búsqueda.
 
“Señora es que su hija tiene algo en contra (…) pues su hija es bonita y es como les gustan a los de la delincuencia”, fue lo que tuvo que escuchar Salcedo de voz de quien debía hacer las búsquedas, en 2012, cuando Fernanda Rubí desapareció.
 
“La autoridad ha minimizado mucho la situación por ser mujer (…) entonces imagínate la magnitud del problema o del pensamiento”, afirmó.
 
En su caso, los comentarios de una autoridad encargada de buscar a las personas desaparecidas la alentaron para prepararse jurídicamente y comenzar el proceso por sus propios medios e inclusive ayudar a otras personas que pasan por lo mismo.
 
Sin embargo, no en todos los casos es así. En algunos, las personas optan por desistir de la búsqueda ya sea porque se percatan de que será un proceso difícil, o porque creen en las autoridades.
 
“La misma familia con el estigma, en vez de confiar en sus hijas, se dedican a creerle a los Ministerios Públicos, o a dudar de ellas”, lamentó Díaz Genao.
 
Otro de los factores que provoca que las familias prefieran no seguir el proceso de búsqueda o no presentar la denuncia formal ante la Fiscalía, dijo Salcedo, es el miedo.
 
Ella comentó que en muchas ocasiones las familias de mujeres se percatan de que en su caso existen indicios de delincuencia organizada o de redes de trata de personas que se encuentran operando en la entidad veracruzana.
 
Explicó que en el Colectivo que preside han localizado a ocho personas, de las cuales algunas fueron víctimas de trata específicamente en la modalidad de explotación sexual.
 
Entre el miedo a la delincuencia, el estigma social que pesa sobre las mujeres, y la falta de trabajo o comentarios de la Fiscalía, las víctimas de desaparición vuelven a convertirse en víctimas, pero esta vez del machismo que evita su búsqueda.
 
*Este artículo fue retomado del Blog Testigo Púrpura
 
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ESTADOS
VIOLENCIA
   Decisión grave en un estado bajo AVG
Orden de liberar a pederasta de Veracruz revela corrupción e impunidad
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/03/2017 La decisión del juez Anuar González Hemadi de ordenar la liberación de Diego Gabriel Cruz, acusado de pederastia tumultuaria en contra de la menor de edad Daphne, en Veracruz, fue calificado como un “absurdo jurídico”, que muestra el nivel de corrupción e impunidad en contra de las adolescentes en México, así como la complicidad del Estado con los agresores, a quienes se premia y ampara.      
 
En eso coincidieron la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), la Red de Mujeres Feministas del Estado de Veracruz (Remufever), la Red Veracruzana por el Derecho a Decidir, el Colectivo Akelarre AC, y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que emitieron sendos comunicados en rechazo a la decisión del juez, dada a conocer el martes pasado. 
 
El Inmujeres solicitó al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal la revisión inmediata del fallo del Juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz y, en coincidencia, en la sección Trascendió del diario Milenio se asegura hoy que la decisión del juez “encendió los focos rojos del Poder Judicial de la Federación,” por lo que ese órgano judicial “sesionará hoy mismo para revisar el fallo”. 
 
Redim explicó en su comunicado que los argumentos presentados por el Juez son “insostenibles” por lo que es urgente realizar un análisis exhaustivo con enfoque de Derechos Humanos y perspectiva de género que garantice el acceso a la justicia, reparación del daño y sanción a todos los responsables: Diego Cruz, Jorge Cotaita, Enrique Capitaine y Gerardo Rodríguez.
 
¿Y LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO?
 
Remufever y la Red Veracruzana por el Derecho a Decidir, consideraron que ordenar la liberación de Diego Cruz es de suma gravedad, ya que en el estado está vigente la Alerta de Violencia de Género, lo que envía un mensaje de impunidad y vulneración de los derechos y la vida de las mujeres: “Se puede violar, matar y agredir a las mujeres con el apoyo y respaldo de la autoridad competente”. Aquellas que aún son menores de edad han perdido absoluta garantía de sus derechos, señalan.
 
En el mismo sentido, una petición en change org, dirigida al Ejecutivo federal, al gobernador Miguel Ángel Yunes y al ministro Luis María Aguilar, señala que una decisión así revela que el estado de Veracruz es cómplice de pederastia.
  
TIPO PENAL
 
Redim consideró que el juez desvirtuó el tipo penal de abuso sexual por un “frotamiento incidental” donde no se observa intención “lasciva” ni la intención de “copular”, lo que representa “un grave retroceso en el reconocimiento y acceso a la justicia de las niñas y las adolescentes víctimas de violencia sexual y sienta un precedente que da lugar a la impunidad”.
 
Sobre el tipo penal, Remufever y la Red Veracruzana por el Derecho a Decidir, detallaron que este debe valorarse dentro de un contexto, no solo sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar, sino a la luz de la perspectiva de género, tal y como lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis del  15 de abril de 2016. 
 
Critican que el juez dio prevalencia a la presunción de inocencia por encima del principio de igualdad, enfoque previsto en el Artículo 5 de la Ley General de Víctimas y los Derechos Humanos de las víctimas a nivel internacional.
 
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
 
Recordó Redim que el Estado está obligado a proteger los derechos de niñas y niños víctimas, y que esta justicia no solo se basa en las Leyes nacionales, sino que debe ser ejercida a partir de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado como la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
 
Las organizaciones veracruzanas señalaron también que en la decisión del liberar al agresor de Daphne no se consideraron criterios internacionales y nacionales respecto a la violencia sexual. La decisión, dicen, se justificó en una tesis jurisprudencial del año 2006, antes de que se diera “reconocimiento de la violencia hacia las mujeres a partir de Tratados Internacionales vinculantes para México”.
 
EXIGENCIAS
 
Redim, Remufever, la Red Veracruzana por el Derecho a Decidir, el Colectivo Akelarre AC, y el  Inmujeres, exigieron a la Fiscalía veracruzana interponer un recurso de revisión de la decisión del juez Anuar González Hemadi, investigar su capacidad jurídica e independencia, que quedan en duda ante este tipo de sentencias.
 
También, que el Tribunal Colegiado haga un análisis exhaustivo con enfoque de Derechos Humanos y perspectiva de género del expediente de la adolescente víctima de violencia sexual tumultuaria, que garantice el acceso a la justicia, reparación del daño y sanción a todos los responsables.
 
Y al gobierno de Veracruz que desarrolle inmediatamente acciones concretas de prevención y detección de casos de abuso sexual que han recibido la protección de autoridades y jueces corruptos, así como dar acceso inmediato ​a la justicia, apoyo psicológico y protección a víctima y sus familiares, tomando medidas cautelares que eviten su revictimización o afectaciones a su integridad.
 
Estamos, dice el comunicado de Inmujeres, “en un momento crucial en el que ya no hay marcha atrás para exigir una justicia ágil, imparcial y transparente. Las y los operadores de la procuración y administración de justicia cuentan hoy con normas,  herramientas y mecanismos suficientes, con estándares internacionales que deben aplicar en sus resoluciones, y que en este amparo fueron omitidos flagrantemente”.
 
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NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Jan Jarab, representante de ONU-DH
Informe para AVG en Veracruz, ejemplo de no sumisión ante ola conservadora
Imagen retomada del portal cinu.mx | Imagen: Antonio Nieto
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/03/2017 En México, como en el mundo, hay una tendencia a consolidar el conservadurismo en las normas legales y ante esto es importante que las instituciones y la sociedad den una clara señal de no sumisión frente a estas regresiones, afirma el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab.
 
Un ejemplo de cómo no claudicar en la defensa de los derechos, dice el experto checo en entrevista exclusiva con Cimacnoticias, lo acaba de dar un grupo de expertas y expertos, académicos y funcionarios, en un informe publicado el 10 de marzo, donde determinan que en Veracruz, estado situado al sur de la República Mexicana, hay discriminación institucional contra las mujeres y un atentado a sus derechos sexuales y reproductivos.
 
Este informe proporciona argumentos sobre la pertinencia de decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) por “agravio comparado” en la entidad, es decir porque hay leyes que obstaculizan el ejercicio de los derechos de las mujeres y recomienda al gobierno estatal despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación; permitirlo cuando esté en riesgo la salud de las mujeres; y garantizar la interrupción del embarazo en casos de violación sexual.
 
A propósito de este informe, Jan Jarab, quien fuera representante de la Oficina Regional de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Europa (2010-2016), afirma que hay que apostar a que esta “ola conservadora en contra de los derechos de las mujeres sea, si no la última, sí la última grande”. 
 
AVG CONTRA RETROCESOS
 
El 9 de septiembre de 2015 organizaciones sociales solicitaron una AVG por violencia feminicida pero el 5 de abril de 2016 por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, junto con otras seis organizaciones solicitaron otra AVG, esta vez por discriminación, criminalización y falta de acceso a los servicios de aborto. 
 
En esta segunda petición, las agrupaciones determinan cuáles son los elementos que obstaculizan a las mujeres el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos: La inadecuada prestación de servicios de salud y aplicación de la NOM-046 que permite el aborto en casos de violación sexual; la tipificación del aborto que castiga el delito con tratamiento educativo y de salud; y la reforma al Artículo 4 de la Constitución local para “proteger la vida desde la concepción”, que entró en vigor el 23 de agosto de 2016.
 
Dicha reforma al Artículo 4 fue aprobada en segunda vuelta por el Congreso local en julio de 2016, para “proteger la vida desde el momento de la concepción”, a propuesta del hoy prófugo ex gobernador, Javier Duarte, quien la promulgó en agosto de ese año acompañado por jerarcas de la Iglesia.
 
Ahora, el informe de expertas y expertos –el primero por “agravio comparado”– proporciona más elementos que demuestran cómo en la entidad se obstaculiza el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, específicamente en materia de acceso a los servicios de la interrupción legal del embarazo. Sobre este tema se le pregunta a Jan Jarab.  
 
-Anayeli García Martínez (AGM): ¿Cómo se debe analizar este informe realizado por este grupo de expertas y expertos?
 
- Jan Jarab (JJ): Para nuestra Oficina este informe es muy importante por varias razones. Primero, se trata del estado de Veracruz donde el cambio constitucional (para proteger la vida desde el momento de la concepción) que ocurrió el año pasado fue identificado por nuestra Oficina y por otras organizaciones de Naciones Unidas, como ONU Mujeres y el Fondo de Población, como un retroceso alarmante y fue objeto de un comunicado de prensa colectivo de varias organizaciones de la familia de Naciones Unidas.
 
“El informe, como tal, confirma nuestras preocupaciones: Cuando se crean retrocesos constitucionales –y no es algo retórico, simbólico– esto puede tener efectos adversos al gozo de los derechos, en este caso de derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas en el estado de Veracruz.
 
“En el informe se explica de manera didáctica que una política pública discriminatoria puede ser considerada como una forma de violencia institucional contra las mujeres. Esta es la segunda dimensión: Cómo entendemos en este país, y en otros, la violencia institucional que las instituciones del Estado causan a los titulares de derechos.
 
“Hay otra dimensión. Aunque sabemos que Veracruz es un estado muy problemático en muchas áreas de Derechos Humanos, el informe no sólo es sobre Veracruz, no lo interpretamos como algo relevante sólo para el estado, porque sabemos que las herramientas legales y, aun peor, las prácticas en muchos estados de la federación mexicana siguen siendo muy restrictivas en el ámbito de derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
 
“Aquí se da también una primera señal a un público más grande y es importante desde el punto de vista político que la Segob y el propio Secretario de Gobernación aceptan la opinión de los expertos”.
 
POPULISMO CONSERVADOR
 
Adicional a la información sobre salud sexual y reproductiva, el informe consideró 13 normativas nacionales e internacionales en materia de derechos de las mujeres, las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que enriquece los argumentos.
 
- AGM: ¿El contenido de informe podría tener repercusiones en el resto del país?
 
- JJ: Es un problema muy relevante para todo el Estado mexicano. Tenemos diferencias entre herramientas legales en varias entidades federativas, con una distinción bastante positiva de la Ciudad de México y la situación muy restrictiva, muy conservadora, en la mayoría de las demás entidades.
 
“Tenemos también un contexto preocupante que hemos visto no solo en derechos de la mujer. Por ejemplo, cómo se terminó el año pasado de manera muy nefasta con la intención de legislar el matrimonio igualitario y una contra reacción muy conservadora.
 
“Es importante que las instituciones que tienen este mandato den una clara señal que no podemos ser sumisos, no podemos capitular en esta coyuntura, en la ola conservadora, tanto en México como en el mundo. Soy optimista históricamente y pienso que es muy probable que la ola en contra que estamos mirando hoy será, sino la última, será la última grande.
 
“Me parece que se necesita utilizar este informe porque, como lo mencioné anteriormente, la situación en México en general necesita una modernización con un enfoque de Derechos Humanos que está muy presente en este informe, utilizando los altos estándares de Derechos Humanos como herramienta y no los prejuicios populares, el populismo conservador”.
 
EMPODERAMIENTO VS. “MORALIDAD”
 
- AGM: El informe recomienda implementar la NOM 046 que implica garantizar el aborto en casos de violación sexual pero, por otro lado, hay gobernantes y legisladores que no están de acuerdo con implementar esta norma, ¿esto sería parte de esta ola conservadora?
 
- JJ: La supuesta defensa de moralidad tradicional siempre ha sido en todos los países, para algunos más rápidos para otros más lento, pero siempre ha sido una lucha. No sólo es una lucha para ganar un voto en un Congreso nacional o estatal sino para convencer al gran público.
 
“Sabemos que aparentemente México tiene una de las más altas tasas de embarazo adolescente en la región, es preocupante pero la respuesta necesita ser un empoderamiento de las mujeres y de las niñas, acceso a todos los derechos sexuales y reproductivos y no intentar regresar al Siglo XIX.
 
“Tuve recientemente una plática interesante con una persona que insistió en que se necesita regresar al modelo tradicional, a un pasado supuestamente idílico. Primero, este pasado idílico nunca existió, es una fabricación; segundo, no se puede regresar al pasado, lo que necesitamos es un desarrollo de la legislación y de las políticas públicas basado en los estándares internacionales de Derechos Humanos.
 
“En un país como México, que afirma en la arena internacional su compromiso con estándares internacionales de Derechos Humanos, eso es algo que necesitamos exigir. Vamos a tener, quizás, un largo proceso, con las fuerzas más conservadoras políticamente, eso nos queda claro”.
 
INSUFICIENTE ATENCIÓN
 
“Otro factor importante en México es que la importancia de estos asuntos sigue siendo un poco eclipsada por otras violaciones muy importantes, dramáticas, graves violaciones como tortura o desaparición, que aunque también tienen una gran dimensión de género tampoco es tan visible como debería ser”, explica quien fuera funcionario de la Oficina de Derechos Humanos del Gobierno checo.
 
“El problema en México quizás no es que existan fuerzas conservadoras. Hemos visto que existen en Francia, de manera hasta sorprendente cuando se dio el movimiento en contra del matrimonio igualitario. No es esto, es el carácter de la discusión pública. Hay muchos otros temas que atormentan a la sociedad y la atención a los derechos de las mujeres y principalmente al tema de derechos sexuales y reproductivos no es suficiente.
 
“Puedo decirlo desde el punto de vista de nuestra Oficina: La Oficina del Alto Comisionado está tan metida hoy en los dramas de desaparición, de tortura, que es difícil priorizar otros temas híper importantes, como este del que hablamos, como los derechos de las personas con discapacidad, de los migrantes, porque los otros temas nos imponen por su urgencia”.
 
- AGM: ¿Sería relevante recalcar que los derechos de las mujeres también son Derechos Humanos?
 
- JJ: Desde mi perspectiva, de hombre, recién llegado de Europa, hay algunas tendencias fuertemente paternalistas aquí en México y aparentemente obstaculizan la correcta percepción de los derechos de las mujeres. Cuando varios políticos afirman que están apoyando los derechos de las mujeres, a veces lo hacen también de manera patriarcal, como elogiando a sus esposas, sus hijas, en el ámbito familiar. Generosidad condescendiente.
 
“Me parece que es una sociedad en transformación, esta transformación es obstaculizada -es mi perspectiva personal- tanto como otras transformaciones y modernizaciones de la sociedad, debido al contexto de la violencia y de otros flagelos de corrupción, impunidad, que dominan y preocupan a la sociedad.
 
“Estamos testimoniando unos esfuerzos. El de Veracruz fue emblemático, porque desvió la atención (con la reforma constitucional para proteger la vida desde la concepción). Las fuerzas políticas conservadoras no logran establecer o mantener un Estado de derecho pero sí se manifiestan con este cambio constitucional para mostrar que están defendiendo algo, aunque lo que están defendiendo significó, de hecho, un retroceso, como muestra este informe. Fue algo que obstaculizó aún más el acceso de las mujeres en Veracruz a sus derechos”.
 
- AGM: Aún no se sabe si las recomendaciones para modificar la legislación serán aceptadas pero ¿qué percepción tiene la Oficina del Alto Comisionado?
 
- JJ: La Oficina quiere aportar a este primer paso para que sea implementado en la legislación y en la política pública del estado de Veracruz. Vamos a apoyar esta normativa progresiva con discusiones con los actores, interlocutores federales y estatales. Estamos planeando una misión a Veracruz por varios temas, empezando por la situación de desapariciones, pero el tema de los derechos sexuales y reproductivos está en nuestra agenda.
 
17/AGM/GG
 







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