OPINIÓN
VIOLENCIA
   MUJER SONORA
Alertas que sirven. Sonora y la AVG
Imagen de Silvia Nuñez Esquer
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 12/07/2017 El que Sonora haya hecho del proceso de la Alerta de Género una vacilada, no significa que las alertas de género no sirvan. Dos años para atender la solicitud y una prórroga sin fundamento, son muestras de ello.
 
El mecanismo creado como algo muy novedoso en 2006 en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México, vislumbraba lo que venía: un incremento en la violencia feminicida, pues ya había evidencia de que no solo en Chihuahua se disponía de la vida de las mujeres, sino en todo México.
 
Y es que esa ley vanguardista en su momento también pensó en la AVG como una protección y un límite, después del cual pararían las muertes violentas de género contra las mujeres.
 
Pero también quienes la hicieron, pensaron en el resguardo de la integridad individual al introducir las órdenes de protección como un mecanismo amplio de urgencia para salvaguardar la vida de las mujeres que estuviera en riesgo de feminicidio.
 
Ninguno de los dos ha funcionado. Pero no por sí mismo, ni porque estén mal diseñados. El problema ha sido la forma en que se han interpretado y manoseado.
 
Visto como una fuente de posibilidades de obtener beneficios políticos, mercantiles y de posición de fuerza entre los grupos internos de los partidos que gobiernan, lo último en lo que se piensa es en las mujeres, candidatas a ser asesinadas. En las preasesinadas.
 
Si habláramos en términos religiosos –lenguaje adoptado por personas políticas- es un pecado el no haber aprovechado los mecanismos de ley, para evitar que murieran más mujeres.
 
Todos los casos de feminicidio ocurridos después de que a través de las solicitudes de AVG se ha advertido por parte de la sociedad civil de que la violencia feminicida se ha recrudecido, pasan a ser responsabilidad del Estado.
 
Ningún gobernador o gobernadora puede criticar el mecanismo de AVG, si no ha hecho nada para tomar los beneficios que éste tiene para que las mujeres no sigan muriendo a manos del machismo brutal.
 
La Alerta de género no solo es un aviso de que en ese territorio se ha incrementado la incidencia de feminicidio, y de actos feminicidas en grado de tentativa –por el momento- que anuncian más muertes. Es también la única posibilidad que tienen las instituciones para demostrar que las vidas de las mujeres y las niñas les importan.
 
A pesar del fondo específico etiquetado para operar las alertas de género que han sido declaradas, cuya convocatoria la abrió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) el 26 de diciembre de 2016, los gobiernos insisten en lamentar que “no existen recursos para las alertas”.
 
Pero en Sonora no solo se repite esta afirmación imprecisa. El gobierno del estado tenía conocimiento de que los municipios de Cajeme y Hermosillo se encuentran entre los cincuenta de más riesgo en México, y dejó crecer la violencia.
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2107, publicado el 30 de noviembre de 2016, se destinan 5 mil millones de pesos para el Fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso, las entidades federativas (Fortaseg 2017).
 
El Fortaseg  enlistó los 50 municipios de mayor riesgo y los cuales deberían ser atendidos con perspectiva de prevención. Ahí figuran Hermosillo y Cajeme.
 
El 1 de enero de 2017, emitió los lineamientos para el otorgamiento del subsidio en materia de seguridad pública a quienes ejerzan de manera directa o coordinada la función.
 
Tema prioritario en el decreto son la capacitación y certificación de las policías, así como el fortalecimiento del Sistema de Justicia Oral. La bolsa concursable era de 5 mil millones de pesos.
 
Someterse a un riguroso proceso de transparencia y rendición de cuentas, es decir hay que presentar proyectos, no solo recibir recursos en forma discrecional. La parte de la fiscalización y auditoría es lo que a muchas instituciones no les gusta.
 
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer los 300 municipios que cuentan con características de riesgo, entre ellos: Caborca, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado.
 
Pero los de urgencia son Cajeme y Hermosillo, por lo que se encuentran entre los 50 municipios de atención prioritaria con perspectiva de prevención.  Se asignan para proyectos especiales de prevención social de la violencia y la delincuencia y de atención del delito de homicidio doloso.
 
Los criterios conforme a los cuales se determinan los valores que sirven de base para la selección de los 50 municipios beneficiarios de atención prioritaria con perspectiva de prevención son:
homicidio doloso, rezago social y desigualdad económica.
 
Hasta hoy no conocemos cuáles son los proyectos a través de los cuales se pretende atender con perspectiva de prevención a Cajeme y Hermosillo pues las cifras de muertas y muertos, número de casquillos y armas utilizadas solo aumentan. De cuántas se evitaron no sabemos nada.
 
¿Es la AVGM la responsable? ¿Hay o no recursos para ejercer la prevención? Tal vez las decisiones deban tomarse con otro enfoque y no con un estricto escudo político, que solo está evidenciando la omisión.
 
No queremos más víctimas de feminicidio. No queremos que se siga subvalorando la vida de las mujeres de acuerdo a su actividad económica, por sobre la de niñas y niños. Todas las vidas son importantes. Si no queremos más asesinadas tal vez la respuesta esté en la Alerta de Género, pero con una coordinación seria, responsable, y sobre todo competente y preparada.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SNE
 







ESTADOS
VIOLENCIA
   Niega Alerta para Puebla
Segob declara AVG en tres municipios de Quintana Roo
Imagen de Sandra Segura
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/07/2017 La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) informó que no declarará la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Puebla, pues el gobierno local realizó acciones suficientes para atender las propuestas del Grupo de Trabajo, al tiempo que decretó el mecanismo en tres municipios de Quintana Roo y no en cinco como fue solicitada: Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad.
 
OCHO MEDIDAS PARA EL GOBIERNO DE PUEBLA
 
A través de la Conavim, la Secretaría de Gobernación (Segob) indicó en su resolución el pasado 7 de julio que el Grupo de Trabajo conformado para atender y determinar la procedencia de la AVG en Puebla, determinó que el gobierno estatal, encabezado por Antonio Gali Fayad, generó las propuestas necesarias “para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la entidad”.
 
Esto a pesar de que en el dictamen señala con datos de los Censos de Procuración de Justicia (2015 y 2016), que hubo un incremento en “los homicidios de mujeres en Puebla: de 183 casos en 2014, se pasó a 258 en 2015”, lo que significa un aumento del 39 por ciento.
 
Asimismo, Segob señaló que Puebla se posiciona en el octavo lugar de estados del país con mayor número de denuncias por violencia familiar en agravio a mujeres. Por lo que si bien determinó que no había “elementos objetivos para declarar procedente la alerta”, en los próximos seis meses Conavim evaluará que el gobierno de Antonio Gali cumpla con las siguientes ocho medidas:
 
1) Elaborar un diagnóstico estatal sobre los tipos y modalidades de violencia de género; 2)Ejecutar de manera inmediata una estrategia de prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público; 3) Generar mecanismos efectivos para órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; 4)Actualizar el Centro Estatal de Datos e Información referente a casos de violencia.
 
5) Formular un programa de atención a hombres generadores de violencia desde la perspectiva de género; 6 y 7)Conformar una Unidad de Contexto para investigar el feminicidio, homicidios dolosos, violencia sexual y desapariciones de mujeres, y que revise los expedientes de los últimos ocho años para detectar las posibles deficiencias de las investigaciones; 8) fortalecer los centros de justicia de las mujeres y agencias ministeriales.
 
RETRAZOS Y ENGAÑOS
 
En marzo de 2016 el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica y la organización civil Todos para Todos, solicitaron la AVG para Puebla. Conavim aceptó la solicitud un mes después y convocó a la conformación del grupo de trabajo. Este emitió el 28 de junio un informe con 11 recomendaciones para el gobierno encabezado entonces por Rafael Moreno Valle.
 
Las irregularidades se presentaron cuando la Secretaria General de Gobierno del estado de Puebla (SGG) dijo entregó la solución a las recomendaciones del informe en diciembre de 2016, cuando en realidad sucedió hasta enero de 2017. El análisis y la resolución del grupo de trabajo sobre la información que entregó el gobierno estatal ocurrió seis meses después, hasta el pasado 7 de julio.
 
AVG PARA QUINTANA ROO, SUMAN 11 ESTADOS
 
Mientras, ese mismo día Segob decretó la alerta de violencia en tres municipios de Quintana Roo, en respuesta a la solicitud que hizo en diciembre de 2015 el Consejo Estatal de las Mujeres de Quintana Roo AC y la agrupación, Justicia Derechos Humanos y Género.
 
El mecanismo de emergencia se decretó para tres municipios y no para cinco como fue solicitado: Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad, con ello quedaron descartados los municipios de Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.
 
El grupo de trabajo que atendió la AVG determinó que el estado no atendió las 11 proposiciones que le fueron hechas en el informe, por lo que deberá asumir medidas como: recuperar espacios públicos, un programa coordinado de atención a mujeres víctima de violencia y protocolos para atender, investigar y juzgar con perspectiva de género los casos de feminicidio y delitos sexuales.
 
Este contexto coloca a México con 11 estados bajo la AVG, cinco de ellas se aceptaron en lo que va del 2017: 11 municipios del Estado de México, ocho en Morelos, 14 en Michoacán, siete municipios en Chiapas, cinco en Nuevo León, 11 en Veracruz, cinco en Sinaloa, cinco en Colima, seis en San Luis Potosí, ocho en Guerrero, y tres en Quintana Roo.
 
17/HZM







QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
Narrativas y violencias feminicidas
imagen de Silvia Núñez Esquer
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 29/06/2017 Documentar el feminicidio o tentativas de feminicidio es una tarea que activistas y defensoras feministas emprendieron desde hace varios años con dos propósitos: visibilizar los crímenes por razones de género contra mujeres y analizar las narrativas periodísticas con discursos que naturalizan la violencia, y que contribuyen a confundir a la opinión pública, validando versiones de homicidios cuando sí hay circunstancias del tipo penal de feminicidio.
 
A pesar de que existen las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, especialmente en las entidades donde hay solicitudes de Alerta de Violencia de Género, no hay estados donde sea visible o medible el resultado de los supuestos cursos de capacitación dirigido a periodistas para deconstruir las narrativas periodísticas.
 
No es fácil, es cierto, no basta con dar cursos de “lenguaje incluyente”, pero por un lado hay evidencia de que se han invertido importantes recursos, aunque no siempre son impartidos por perfiles que reúnan, por un lado la experiencia en el feminicidio y, por otro en las coberturas periodísticas y desde enfoques feministas. Pero aún si se mira de manera positiva y optimista, hace falta conocer los indicadores de impacto y de cambio en quienes han participado en esos procesos de formación.
 
En la mayoría de los informes de las AVG, los indicadores construidos por los grupos de trabajo son apenas “aproximaciones” a la problemática, como la generación de observatorios sin proponer metodologías o metas de transformación y cambio en las coberturas periodísticas o la búsqueda de una deconstrucción de las narrativas hegemónicas.
 
La mayor dificultad la representa la evaluación de esos procesos de formación y sus resultados, pero ese no es el tema que nos ocupa básicamente, sino la persistencia a los 5 problemas identificados en las coberturas periodísticas de los feminicidios que se suman a las posturas institucionales que insisten en llamar “homicidios” a crímenes contra identidades femeninas en las que claramente –de no existir resistencia al tipo penal- se califican como casos de feminicidio por sus características con razones de género.
 
De esta forma esas posturas institucionales de las Fiscalías que evitan calificar como feminicidio y llaman homicidio, se convierten en el mayor obstáculo en la investigación y posterior sanción del delito para alcanzar la máxima de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia con la “erradicación”, a través de la aplicación de penas más altas que visibilicen la violencia de género.
 
A 4 años de la tipificación en varias entidades, y 5 en otras, es inaudito y sólo puede entenderse por la violencia estructural e institucional contra las mujeres, que sean las propias Fiscalías que a través de sus áreas de Comunicación Social y con la “fuente”, se difunda que algunas mujeres cuyas ex parejas las asesinan o lo intentan, sean calificados como “homicidio en grado de tentativa”, borrando de tajo todo el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.
 
Ya no digamos del Protocolo Latinoamericano publicado por ONU Mujeres y por todos los Protocolos de investigación de feminicidio.
Esa postura institucional es el mayor obstáculo que influye en la opinión pública en forma negativa y contraria al reconocimiento de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, y a los mandatos derivados de las Recomendaciones Generales de la CEDAW, el Mecanismo de Seguimiento a Belém do Pará y por supuesto a la Sentencia de Mariana Lima, en la que se establecen claramente estándares y criterios para la investigación de los asesinatos de las mujeres.
 
Ahí están las notas rodando por todo el país en los que son las Fiscalías las que “filtran” que se “no se trató de un feminicidio sólo la mató su ex por infidelidad”, y más preocupante es que las coberturas periodísticas dentro del Sistema Penal Acusatorio sigan con los mismos vicios del sistema anterior y criminalicen a las víctimas y obstaculicen el acceso a la justicia para las víctimas.
 
El principal obstáculo y trabajo a favor de los agresores y feminicidas no lo hacen los abogados de la defensa, sino las coberturas periodísticas que afirman que no son feminicidios sino crímenes pasionales, y con ello generan un ánimo en la opinión pública contrario a los derechos de la víctima que tiene en contra a todo el sistema y que es silenciada sin que se respeten sus derechos.
 
No es cosa pequeña una equivocada cobertura. Es, además de irresponsable, una pieza clave para entender por qué si hay 7 mujeres asesinadas diariamente por razones de género, hasta ahora son mínimos los casos de sentencias contra feminicidas por todo el país. Simplemente porque la reticencia al tipo penal encuentra alianzas patriarcales que dejan sin justicia a las víctimas y los medios de comunicación y sus coberturas son parte de esas alianzas.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GG







ESTADOS
VIOLENCIA
   PGJSLP abandonó la diligencia dos años
Forenses independientes buscan a Rosa, víctima de exmilitar en SLP
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/06/2017 Un equipo de forenses independientes intervino terrenos de Cañaveral de Puntilla en Tamuín, San Luis Potosí, el 22 y 23 de junio, para localizar los restos óseos de Rosa María Sánchez González, de 15 años de edad, asesinada en 2010 por el ex militar Filiberto Hernández Martínez, autor de otros cuatro crímenes.
 
No tuvieron éxito, ya que posiblemente las pruebas se perdieran debido a que la autoridad tardó dos años para concretar la diligencia.
 
En febrero pasado se confirmó la identidad de Rosa María Sánchez a partir de un análisis de siete huesos localizados tres años atrás, cuando Filiberto Hernández fue detenido por portar un arma de uso exclusivo del Ejército y confesó haber asesinado a cuatro menores de edad y una mujer de 32 años entre 2010 y 2014, y arrojado los cuerpos en Cañaveral de Puntilla.
 
Saber que los restos eran de la menor de edad permitió que el ex militar fuera procesado por asesinarla, pero aún se necesitan recabar más pruebas para integrarlas a la carpeta de investigación y se pueda comprobar el crimen. Para eso se realizó la búsqueda los días 22 y 23 de junio, explicó en entrevista con Cimacnoticias, el abogado coadyuvante del caso, David Peña Rodríguez.
 
DILATACIÓN DE LA PROCURADURÍA LOCAL
 
En 2014, cuando el feminicida fue detenido, los forenses de la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí (PGJSLP) no concluyeron la búsqueda de los restos óseos de Rosa María al argumentar que las condiciones del terreno no eran las óptimas.
 
Dos años después la búsqueda se reanudó ante la exigencia del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social AC (Gadh), organización que acompaña legalmente los cinco casos.
 
En ese momento, la organización denunció que los especialistas de la Procuraduría local fingieron la búsqueda; no llevaban las herramientas necesarias, y no delimitaron ni resguardaron el lugar de los hechos, por lo que propusieron a un equipo de forenses independientes del estado de Michoacán para concretar las diligencias que omitió las autoridades del estado.
 
En este rastreó también participó personal de la Procuraduría local, autoridades municipales, el Grupo de Acción y familiares de la víctima.
 
PÉRDIDA DE EVIDENCIAS
 
Los resultados de este rastreo también eran claves para sustentar el asesinato de la niña de 13 años de edad, Adriana Martínez Campuzano, ya que el Poder Judicial local y la PGJSLP informó en mayo a la defensoría que perdió las evidencias de la investigación, por lo que caso corre el riesgo de quedar impune.
 
“Eso nos preocupa porque esos dos casos están en investigación, es decir, si se tienen buenos dictámenes periciales se puede avanzar”, señaló David Peña, integrante del Gadh.
 
El abogado expresó que para recuperar los restos de Rosa María o alguna evidencia, se enfrentan a condiciones adversas por el estado del terreno que se utiliza para siembra. La familia de la menor de edad decidió no desistir y se programará otra búsqueda en la que participen forenses de la Procuraduría, colectivos de búsqueda de personas, pero ya sin el equipo independiente.
 
“No lo podemos descartar es parte importante para la tranquilidad de la propia familia”, dijo David Peña.
 
PREPARAN QUEJA ANTE COMISION DH
 
El abogado adelantó que están preparando una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la pérdida del material probatorio en el caso de Adriana, “Hicimos un recuento de las pruebas que el Ministerio Público entregó al juez, ahí se perdieron los elementos de prueba”, expresó.
 
Este organismo presentó este año un informe especial donde determinó que la Procuraduría investigó mal los cinco casos. Y ordenó al Gobierno estatal a crear una fiscalía especializada en feminicidio y desapariciones de niñas y mujeres, así como un protocolo policial especializado para atender los casos.
 
Estas acciones las reafirmó la Secretaría de Gobernación el 21 de junio con el decretó de la Alerta de Violencia de Género para los municipios de Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín.
 
Asimismo, la defensa presentará un amparo para fijar la responsabilidad de los servidores públicos encargados de resguardar los objetos de prueba.
 
En tanto, el ex militar está en espera de sentencia en un penal de máxima seguridad en Durango, únicamente por tres asesinatos: el de Itzel Romaní Castillo de 11 años, Dulce Ximena Reyes de 9 años y Eliehoenai Chávez Rivera de 32 años.
 
17/HZM/GG







ESTADOS
VIOLENCIA
   Critica postura de Astudillo ante la alerta
Alianza Feminista vigilará cumplimiento de AVG en Guerrero
Imagen de Guadalupe Cabañas
Por: Guadalupe Cabañas, corresponsal
Cimacnoticias | Chilpancingo, Gro .- 27/06/2017 La Alianza Feminista de Guerrero criticó que el gobernador Héctor Astudillo Flores anunció antes que la Secretaría de Gobernación (Segob) el decreto de Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad y que sus cifras sean inferiores a las presentadas por las organizaciones solicitantes de la medida. 
 
Por un lado, señaló la Alianza, organismo solicitante de la AVG, el Gobernador reconoce, con su anuncio anticipado, que en Guerrero tenemos un problema grave de violencia feminicida y de género y, por el otro, deja ver que su gobierno, a través de sus diferentes instancias y municipios no cumplieron con las recomendaciones que les hizo el Grupo de Trabajo y que, de hacerse efectivas, hubieran evitado la AVG.
 
Advirtió la Alianza que las organizaciones de la sociedad civil que la integran darán seguimiento a las acciones que ordena la AVG.
 
La AVG fue solicitada el 23 de junio de 2016 por organizaciones civiles integrantes de la Alianza Feminista, para ocho municipios dela entidad en donde existe un alto índice de muertes dolosas de mujeres.    
 
Astudillo Flores anunció la AVG el pasado  22 de junio, y al día siguiente, 23 de junio, el Gobierno Federal hizo pública la declaratoria (fechada un día antes) para ocho municipios, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), instancia facultada para ese fin.
 
Con esto, Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort viven desde ese día bajo la AVG.
 
En conferencia de prensa, las organizaciones civiles integrantes de la Alianza Feminista afirmaron que “si hay voluntad política (del Gobernador), debe entonces haber justicia para las mujeres a las que, de manera violenta, les arrebataron su vida”. Y recordaron que dicha voluntad fue expresada por el mandatario para trabajar de manera coordinada con los organismos civiles, peticionarios de la AVG.
 
CIFRAS DIFERENTES, MISMA GRAVEDAD
 
En su conferencia de prensa, la Alianza Feminista destacó el contraste que existe entre las cifras del Gobierno de Guerrero y las de los organismos civiles que pidieron la AVG, con base en el informe del Observatorio “Hannah Arendt”, de la Universidad Autónoma de Guerrero.
 
El Observatorio registró que, de 2005 a 2015, los homicidios dolosos contra mujeres en la entidad fueron mil 449 y Acapulco el municipio con mayor índice de asesinatos de mujeres, con 571 casos en 10 años.
 
En 2016, año de la solicitud de la AVG, registró en Coyuca de Catalán 28 casos de feminicidio, en Iguala 69, en José Azueta 47, en Ayutla 17, en Tlapa 29, en Ometepec 32, en Chilpancingo 77, y Acapulco 580 homicidios dolosos de mujeres, con lo que se colocó este municipio como el de más asesinatos de mujeres ocurridos en todo el estado. En total, en el estado registró 879 casos.
 
Para 2017 la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (AGCVIM), organización peticionaria del mecanismo de la AVG en Guerrero, a través de su presidenta, Marina Reyna Aguilar, informó que tienen documentados más de 50 casos de feminicidio en lo que va del año, 30 de ellos ocurridos en mayo.
 
En contraste, el gobernador Héctor Astudillo informó un contexto de violencia diferente, afirmó que de 2009 a 2016 se registraron 744 casos de homicidios dolosos de mujeres y niñas, en las siete regiones y desde diciembre de 2010 (fecha en que se tipificó el delito de feminicidio en el Código Penal de Guerrero) se han registrado 142 casos de feminicidios. 
 
RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS
 
En el texto de declaratoria de AVG de la Conavim se señala que no se cumplieron todas las recomendaciones realizadas por el Grupo de Trabajo, como indica el procedimiento, como paso previo antes de decidir una alerta.
 
Señala el texto de Conavim: “Que del análisis de la información presentada por el gobierno del estado de Guerrero y del dictamen emitido por el grupo de trabajo, se observa que, durante el plazo de seis meses, si bien la entidad federativa realizó diversas acciones para cumplir con las propuestas del Grupo de Trabajo, no se actualizaron los elementos suficientes para alcanzar los objetivos planteados en las mismas”.
 
MEDIDAS BAJO LA AVG
 
A partir del 23 de junio, recordó la Alianza en su conferencia de prensa, se abre otra etapa de este mecanismo, y empezó a correr un plazo de 10 días hábiles, para que el gobierno de Héctor Astudillo entregue a Conavim un cronograma y un programa de trabajo que contemple el desarrollo de alrededor de 40 acciones correspondientes a una serie de medidas de seguridad, de prevención y de justicia.
 
Entre las medidas solicitadas destacan: la divulgación de la AVG; una estrategia de prevención, vigilancia y de seguridad pública, acciones inmediatas y exhaustivas para tramitar diligentemente órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; una unidad especializada para el avance en la investigación de casos de feminicidio; medidas para garantizar el efectivo acceso a la justicia y la reparación integral del daño.
 
La Alianza Feminista afirmó que “la Conavim dará seguimiento puntual y coadyuvará con el gobierno estatal en la implementación de estas medidas, nosotras como organizaciones de la Sociedad Civil nos sumaremos a las mesas de trabajo, dando seguimiento del cumplimiento de las acciones solicitadas”.
 
17/GC/GG







ESTADOS
VIOLENCIA
   Falta capacitación e interés de servidores públicos
Fiscalía de Chiapas no actúa conforme al decreto de AVG: CDMCH
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/06/2017 Aunque la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Chiapas se decretó hace más de medio año, el 18 de noviembre de 2016, la Fiscalía General Estatal (FGE) continúa con las faltas al debido proceso y al acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres, denunció la agrupación civil, Centro de Derechos de la Mujer en Chiapas (CDMCH).
 
La AVG fue solicitada por dicho Centro hace tres años y se otorgó para los municipios de Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. 
 
Esta situación, señala el CDMCH en un comunicado, se debe a la falta de capacitación, voluntad e interés de fiscales, peritos, policías, traductores y secretarios de la Fiscalía para actuar de acuerdo al mandato que dio la Secretaría de Gobernación (Segob), por medio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), al gobierno encabezado por Manuel Velasco Coello.
 
De esta forma, las medidas urgentes de seguridad, prevención y justicia que implica la AVG no se aplican, ya que no existe en la Fiscalía la claridad de cómo actuar, por ejemplo cuando una mujer se presenta a denunciar una agresión o algún tipo de violencia de género.
 
Otras irregularidades que detectó el CDMCH respecto a la AVG, solicitada hace tres años por esta organización civil, son que no existen espacios privados y adecuados para escuchar a las víctimas de violencia cuando presentan una denuncia, “generalmente este tipo de procedimiento se realiza en áreas de atención inmediata, un espacio abierto que revictimiza a las personas”, describió la organización.
 
Además, no se llevan a cabo los procedimientos de actuación inmediata de atención a víctimas. “Esto implica canalizar de inmediato a los servicios de salud cuando existen lesiones físicas o bien la sospecha de daños no visibles que puedan generar riesgo para su vida y requieran atención médica”, dice el Centro.
 
Por el contrario, observó el CDMCH, las autoridades se tardan en los trámites, no se le da a conocer a la víctima el procedimiento a seguir ni copias o revisión de su declaración, y los tiempos y recursos en la intervención que existen. Todo esto, bajo un trato que no es digno ni sensible por parte de los servidores públicos, lo que reproduce “los perjuicios que tienden a revictimizar y culpar a las mujeres”.
 
MALOS TRATOS A MUJERES INDÍGENAS
 
La organización peticionara de la AVG destacó en particular los malos tratos que enfrentan las mujeres indígenas, quienes viajan por varias horas para acudir a denunciar ante un Ministerio Público, donde se encuentran con la falta de traductores, personal médico, psicológico y trabajadoras sociales capacitadas.
 
Cabe recordar que la declaratoria del Mecanismo incluye recomendaciones específicas para la población indígena y para las 16 localidades de la zona de los Altos de Chiapas, no obstante, el Centro indicó que en su mayoría no se cumplen con las órdenes de protección a favor de mujeres indígenas.
 
SIN APLICAR PROTOCOLO POR FEMINICIDIO
 
La organización civil insistió que se mantienen las omisiones por parte del Estado para atender los casos de feminicidio ya que no se aplica el “Protocolo de Actuación Operativa y Técnica en la Investigación de los Delitos de Homicidio y Feminicidio”.
 
Tampoco se tiene conocimiento por parte de la Fiscalía estatal de cuántos casos de feminicidio (número, lugar, y fecha) se han cometido de noviembre de 2016 hasta la fecha, argumentó la agrupación. Desde agosto de 2014 hasta ese momento, la FGE había documentado 104 casos de feminicidio en Chiapas.
 
De acuerdo con el Centro, estas irregularidades ya han sido discutidas en tres sesiones ordinarias con el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) sobre el seguimiento de la Alerta, por lo que, como parte de la Campaña Popular contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, continuará vigilando al gobierno de Manuel Velasco en su obligación de “salvaguardar la vida e integridad de las mujeres”.
 
17/HZM/GG







ESTADOS
VIOLENCIA
   Con años de retraso, Segob declara tres alertas en 48 horas
Decretan AVG en 6 municipios de SLP, solicitada en 2015
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/06/2017 Los municipios de Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín, en San Luis Potosí, están desde ayer bajo el decreto de Alerta de  Violencia de Género (AVG), solicitada desde 2015 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 
Con este decreto, suman tres las AVG declaradas por la Secretaría de Gobernación (Segob) en sólo 48 horas, el 20 y 21 de junio,  aunque fueron solicitadas en años diferentes.
 
En Colima fue solicitada AVG en 2014 y el decreto se hizo apenas el martes pasado; en Guerrero se pidió en junio de 2016 y se decretó ayer por el Gobernador, lo que fue confirmado hoy por Segob, y en San Luis Potosí la petición fue en 2015 y se decretó también ayer.  
 
En San Luis Potosí, la AVG derivó de la solicitud presentada por  la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el 23 de noviembre la 2015, ante el Sistema Ejecutivo para decretar la Alerta en estos seis municipios.
 
El organismo defensor de los DH presentó también el “Informe especial sobre la situación del respeto de los Derechos Humanos de las mujeres, en el caso de feminicidio en San Luis Potosí”, donde detalló que de 2011 a esa fecha registró 169 asesinatos violentos de mujeres.
 
POR QUÉ LA ALERTA EN SLP
 
La Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí ha denunciado las irregularidades en las que trabaja la Procuraduría General de Justicia de San Luís Potosí (PGJSLP) en la investigación de casos de feminicidio, como sucedió con el de cuatro menores de edad y una mujer adulta de 32 años, asesinadas entre 2010 y 2014 en Tamuín, por el ex militar Filiberto Hernández Martínez.
 
Para este caso, seguido por Cimacnoticias, la CEDH emitió en mayo de 2017 una recomendación especial a la Procuraduría estatal por investigar mal los cincos casos de feminicidio, pues no realizó los peritajes forenses a las víctimas y no recolectó de manera correcta las evidencias.
 
Como consecuencia, la Procuraduría y el Poder Judicial locales perdieron la evidencia de una de las víctimas de 13 años de edad, Adriana Martínez Campuzano, y sólo recolectó siete huesos de la niña de 15 años, Rosa María Sánchez, enterradas en un lote baldío en Ciudad Valles. Se trataba de pruebas fundamentales para vincular a proceso al agresor que actualmente está en una prisión de máxima seguridad en Durango, pero aún sin sentencia.
 
Otro caso de feminicidio emblemático en la entidad es el de Karla Pontigo Lucciotto, quien fue asesinada en junio de 2015 en la discoteca donde trabajaba, pero su caso juzgado como “homicidio accidental”.
 
La defensa del caso argumentó 42 omisiones de distintas dependencias de la PGJSLP en la investigación,  por lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso y actualmente lo analiza para determinar si se debe investigar como feminicidio.
 
OBLIGACIONES DEL ESTADO BAJO AVG
 
Tras la presentación de la solicitud de AVG para San Luis Potosí, el Grupo de Trabajo hizo ocho recomendaciones al Gobierno estatal para el caso de Tamuín: ordenó al gobierno de Juan Manuel Carreras López crear una fiscalía especializada en feminicidio y desapariciones de niñas y mujeres, así como un protocolo policial especializado para atender los casos. 
 
Tanto la fiscalía como el protocolo debieron crearse a partir de abril de 2016, como debieron cumplirse también las restantes recomendaciones, que incluyen: 
 
1) Instaurar medidas para garantizar el acceso efectivo a la justica.  2) La reparación integral del daño a las víctimas y sus familiares.
3) La creación de un grupo especializado en análisis de contextos de violencia.
4) Armonizar su normativa en materia de género.
5) Capacitar y profesionalizar al personal público en perspectiva de género y Derechos Humanos.
6) Realizar campañas de prevención de violencia de género para la población en general.
 
A partir de la AVG, el gobierno de San Luis Potosí ya fue  informado, asegura Segob en un comunicado- de que está obligado a establecer  una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres.
 
17/HZM/GG
 







ESTADOS
VIOLENCIA
   Reforma a Ley de Acceso también asigna tareas al Tribunal
Suman Fiscalía de Veracruz al Sistema para garantizar vida libre de violencia
Imagen retomada del twitter del Congreso de Veracruz
Por: la Redacción
Cimacnoticias/AVCNoticias | Xalapa, Ver .- 22/06/2017 Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura aprobaron el Dictamen de reforma a diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz que incorpora la Fiscalía General del Estado (FGE) al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, dotándole de atribuciones en la materia.
 
Con 42 votos a favor de diputados de los partidos  Acción Nacional (PAN), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), del grupo legislativo Juntos por Veracruz y del legislador del Partido Verde (PVEM), el pleno avaló esta reforma con la también se establecen atribuciones al Tribunal Superior de Justicia, dado que el Poder Judicial es la instancia donde las mujeres requieren de mecanismos que faciliten su acceso a la justicia y de resoluciones con pleno apego a sus Derechos Humanos.
 
Esta reforma es resultado de la iniciativa que presentó el pasado 24 de enero la diputada Teresita Zuccolotto Feito a nombre del grupo legislativo del PAN.
 
Conforme a la reforma, corresponde a la Fiscalía General del Estado garantizar mecanismos expeditos en la procuración de justicia para asegurar el acceso de las mujeres a la justicia plena y promover la formación y especialización con perspectiva de género de las y los Fiscales y de todo el personal encargado de atender a las y los denunciantes.
 
También brindar a las mujeres víctimas de violencia la asistencia y orientación jurídica adecuada, de conformidad con los ordenamientos aplicables y evitar la conciliación en los casos de violencia contra las mujeres, en tanto dure la situación de violencia.
 
Alimentar el Banco Estatal de Datos en coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres; elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género y brindar protección a las mujeres víctimas de violencia y a quienes denuncien cualquier tipo de violencia contra las mujeres.
 
Instrumentar, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, acciones para prevenir la violencia contra las mujeres y desarrollar campañas de difusión sobre los derechos de las mujeres víctimas de violencia.
 
Por lo que respeta al Tribunal Superior de Justicia del Estado,  le corresponde formar, actualizar y especializar a su personal en materia de Derechos Humanos de las mujeres y crear sistemas de registro que incorporen indicadores que faciliten el monitoreo de las tendencias socio­jurídicas de la violencia contra las mujeres y de su acceso a la justicia.
 
También promover una cultura libre de estereotipos de género, de roles y lenguaje sexista; informar sobre los procedimientos judiciales en materia de violencia de género contra las mujeres; coordinar, dirigir y administrar las órdenes y medidas de protección e informar sobre las circunstancias en cómo se ejecutan y alimentar el Banco Estatal de Datos en coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres.
 
Emitir sus resoluciones con base en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de las mujeres y generar mecanismos, y promover su implementación para la detección de violencia contra las mujeres.
 
Las comisiones dictaminadoras coinciden en que ante la Alerta de
Violencia de Género emitida por la Secretaría de Gobernación a Veracruz en noviembre de 2016, donde existen obligaciones que deben cumplir tanto el Poder Judicial como la Fiscalía General del estado, es importante incorporar sus atribuciones en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

17/RED/GG







ESTADOS
   Excluye Manzanillo, donde violencia se disparó: peticionarios
Segob decreta AVG sólo para la mitad de municipios de Colima
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Hazel Zamora y Glenda Libier Madrigal Trujillo
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/06/2017 Dos años después de que fue solicitada la Alerta de Violencia de Género (AVG) para todo el estado de Colima, la Secretaría de Gobernación (Segob) decretó el mecanismo sólo para 5 de los 10 municipios: Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez.
 
La solicitud de la AVG fue hecha el 22 de diciembre de 2014 por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, la organización civil Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez” (CAM) y la Fundación Ius Género, ante la Secretaría Ejecutiva,  para todo el estado, y reportaron que anualmente 25 mujeres eran asesinadas en el estado.
 
Adicionalmente, las asociaciones civiles pidieron a la Conavim la inclusión de acciones de movilidad y de seguridad, para garantizar la integridad física de las mujeres en los traslados a sus centros escolares y de trabajo, y otras más en el ámbito legal.
 
El decreto de alerta, notificado ayer por la Segob al titular del Ejecutivo local, José Ignacio Peralta Sánchez, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), excluyó inexplicablemente Manzanillo, en donde “la violencia de género se ha disparado en los últimos meses”, señalaron los organismos peticionarios en un comunicado.
 
Carmen Nava, del CAM, y Evangelina Flores, de Ius Género, recordaron que al pedir la  AVG se documentó el asesinato de 105 mujeres, en un periodo comprendido de 2003 a noviembre de 2014 y los datos actuales indican que a partir de noviembre de 2014 hasta el 21 de junio del presente año suman 82 crímenes contra mujeres, 27 de los cuales han acontecido en lo que va de este 2017.
 
Carmen Nava resaltó que con los cinco municipios que entran a la AVG se está atendiendo 60 por ciento de la población, pero de haber incluido a Manzanillo se estaría hablando del 90 por ciento.
 
Segob, por su parte, asegura que con la AVG en cinco municipios, “se concentra el 89 por ciento de los casos de mujeres que fueron atendidas por alguna lesión o violencia de género, de 2009 a 2013”, de acuerdo con el  Informe del Grupo, consultado por esta agencia.
 
Ni Nava ni Flores entienden los motivos que llevaron a la Conavim a dejar fuera a Manzanillo de esta Alerta y advierten sobre la violencia en ese municipio, en donde ayer mismo, día en que el Gobernador anunció la AVG y se comprometió a cumplir sus medidas, fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer en un predio aledaño al libramiento hacia El Naranjo; tenía las manos atadas con cinta y el rostro cubierto con una bolsa de plástico.
 
Con Colima suman ya ocho estados bajo este mecanismo de emergencia para proteger los Derechos Humanos de las mujeres y garantizarles una vida libre de violencia, pero quedan aún pendientes 21 solicitudes de Alerta en el todo el territorio. Es decir, más de la mitad del país ha pedido a Segob decretar la AVG en sus estados.
 
OBLIGACIONES
 
En consecuencia, el Gobierno de Colima deberá “diseñar un programa de trabajo que permita implementar una serie de medidas de seguridad, prevención y justicia para las mujeres”, establecido en el Artículo 23 y el 26 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, indicó Segob.
 
Y enumeró las acciones: divulgar la AVG en el estado a través de campañas de difusión para la sociedad en general; establecer una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública, para recuperar los espacios públicos.
 
Asimismo, acciones inmediatas y exhaustivas para tramitar con diligencia órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; y crear agrupaciones de seguridad especializadas en género y de reacción inmediata. Una unidad especializada para investigar casos de feminicidio; medidas para garantizar el acceso efectivo a la justicia y la reparación integral del año.
 
Diseñar políticas públicas efectivas y capacitar a las y los funcionarios públicos en perspectiva de género; crear un banco de datos de violencia contra las mujeres y un grupo especializado en análisis de contextos de esta violencia, puntualizó Segob.
 
Por su parte, la directora del Instituto Colimense de las Mujeres, Mariana Martínez, aseguró que las acciones a emprender con motivo de esta declaratoria, se llevarán a los 10 municipios, especialmente a Manzanillo, donde, reconoció, “tenemos que realizar acciones emergentes e inmediatas”.
 
INCUMPLIMIENTOS Y DOS AÑOS DE ESPERA
 
Tras recibir la solicitud y, de conformidad con el proceso, el 24 de diciembre de 2014, Conavim la aceptó  y prosiguió a conformar el Grupo de Trabajo encargado del estudio y análisis para determinar la procedencia de la AVG.
 
Este grupo de especialistas emitió en abril de 2015 un informe de trabajo con 10 recomendaciones que tenía que cumplir el gobierno de Colima en un plazo de seis meses, para mayo de 2016. Sin embargo, el Grupo determinó otorgar una prórroga de seis meses más para que el estado logrará concluir las órdenes.
 
Concluido el periodo de prórroga, el 27 de marzo de 2017, el Grupo de Trabajo, con siete votos a favor y uno en contra, determinó que el gobierno de José Ignacio Peralta no cumplió con las propuestas contenidas en el informe.
 
 
GOBIERNO DE COLIMA SE COMPROMETE
 
La Segob informó en un comunicado que el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, “ha manifestado la disposición para implementar las medidas solicitadas y refrendó su compromiso para trabajar en coordinación la Federación y con los municipios”.
 
Y señaló que en los próximos días, el Gobierno del estado emitirá un mensaje a la ciudadanía para reiterar su posición de “cero tolerancia frente a la violencia contra las mujeres”, e insistió Segob: el gobierno de Colima deberá enfocar su trabajo en tres ejes: prevención, seguridad y acceso a las mujeres a la justicia.
 
La Comisión de Derechos Humanos formará parte de una comisión legislativa que debe formarse en el Congreso local, para revisar las leyes y modificar las que por obsoletas o por su redacción atenten contra las mujeres y las niñas.
 
A partir de que se declaró la Alerta, las instancias peticionarias de la misma entran a formar parte de una Comisión de Vigilancia, que se encargará de observar, vigilar y monitorear las acciones que se estén llevando a cabo en las distintas dependencias del gobierno estatal y los municipios.
 
El Gobernador, por su parte, tiene un plazo de diez días hábiles, a partir del martes 20 de junio, para integrar y presentar el programa de trabajo con motivo de la AVG y anunciar el presupuesto que destinará a su ejecución.
 
La Conavim será la encargada de dar seguimiento puntual y coadyuvará con el gobierno local en las medidas de implementación. Mientras, aún tiene en proceso la solicitudes de AVG de los estado de Campeche, Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas y Veracruz por agravio comparado.
 
 
17/HZM/GLMT/GG







ESTADOS
VIOLENCIA
   Magistrado no la considera víctima por ser académica y activista
“Me defenderé sola”, afirma Carmen Zamora, tras fallo judicial
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/06/2017 Apenas el pasado 6 de junio, el sistema judicial del Estado de México informó a Carmen Zamora por qué Claudio Baruch Alarcón Muñoz, quien la violó e intentó asesinarla hace 10 años, no fue condenado a prisión y está libre desde noviembre pasado, con riesgo a que la vuelva a agredir.
 
Entre los argumentos que dio el Magistrado Cuarto Colegiado Penal de Toluca --entregados a Carmen siete meses después del fallo, aunque su derecho era saberlos desde la sentencia-, están que ella no podía ser víctima de esos delitos por parte de su agresor y entonces esposo, ya que es académica y activista.
 
Así lo explica el magistrado Venancio Pineda en la revisión 292/2016 al amparo de libertad interpuesto en agosto de 2016 por la defensa del acusado, de la cual Cimacnoticias tiene copia:
 
“En el contexto de interpretación de perspectiva de género”, Zamora Villedas no pudo ser víctima de violación e intento de asesinato en 2007, “por una mayor preparación académica y profesional como docente de la Universidad Nacional Autónoma de México”, en comparación con su agresor “que se desempeñaba como mesero y luego como agente de seguridad en el Servicio de Administración Tributaria”.
 
Además, a consideración del magistrado Venancio Pineda, por ser activista y defensora de Derechos Humanos, “toma decisiones y realiza acciones que demuestran que no tiene actitud de subordinación o posición sojuzgada, en tanto denota una capacidad de autodeterminación, lo que fue motivo -continúa el documento- de sus conflictos de pareja”.

Dieron fe y firmaron la resolución los magistrados: Darío Carlos Contreras Reyes, y el ponente Humberto Pineda, ante el secretario Juan Eduardo Bazán García. La única que se opuso fue la magistrada Sara Olimpia Reyes García.


UNA DÉCADA DE IMPUNIDAD
 
Esta resolución, dice Carmen Zamora Villedas en entrevista, revela “lo misóginos que son los jueces” y “que no saben juzgar con perspectiva de género”.  “¡Cuánta impunidad!, agrega, tengo una falta total de credibilidad en todas las instituciones de justicia desde la local hasta la federal”.  
 
Carmen recuerda que cuando presentó, en marzo de 2007, la primera denuncia en contra de su exesposo por violación sexual e intento de feminicidio por asfixia, en Ecatepec, el personal del Ministerio Público le dijo que “eso le pasaba por estudiar”.
 
Recuerda que la decisión de los magistrados, cuyos argumentos recién conoce, deriva de la apelación contra la negativa que dio en abril el Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Delitos Distrito Judicial de Ecatepec, para aprehender nuevamente a Claudio Alarcón. 
 
De nada sirvió, dice, que haya demostrado ser víctima de las agresiones de Alarcón Muñoz con peritajes en psicología, y victimología, donde se indica que “presenta síntomas asociados con víctimas de violencia sexual”, y que entregó también un certificado médico donde constan las heridas que le dejó la violación.
 
Dicha información la ingresó en su carpeta de investigación perfeccionada en abril de 2017 al Juzgado Segundo para buscar revocar la sentencia de libertad.
 
Sin embargo, ese mismo mes, el juzgado determinó que las pruebas no eran suficientes y que el desgarre que presentaba “era antiguo” por lo que no se podía determinar que lo ocasionó Alarcón Muñoz y, por tanto, no podía aprehenderlo de nuevo. 
 
Ninguna prueba ha sido suficiente para los jueces, dice Carmen Zamora, quien agotó todas las instancias de un sistema que tiene la obligación de garantizarle justicia, protegerla.
 
Más aún, porque su caso está ubicado en el Estado de México (Edomex), al que en agosto de 2015 la Secretaría de Gobernación (Segob) le decretó la Alerta de Violencia de Género para 11 municipios, incluido Ecatepec, donde ella reside y en donde ahora también busca justicia para otras mexiquenses, ante un sistema donde priva la impunidad, corrupción y la violencia institucional, señala.
 
 LA FUNDACIÓN CARMEN ZAMORA
 
De su experiencia surgió la “Fundación Carmen Zamora”, un proyecto creado por ella para acompañar a las mexiquenses   víctimas de violencia de género. Se trata, dice, de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, un trabajo que es obligación del Estado pero que este se niega a asumir. Aunque esto la coloque en mayor riesgo.
 
Sabe del riesgo no solo porque su agresor sigue en libertad y porque la familia de éste la ha agredido, sino también porque desde abril de 2017 la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México le retiró las medidas de seguridad que le había otorgó el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tras determinar que estaba en “peligro extremo”.
 
La CES Edomex decidió que Carmen hacía uso indebido de las unidades policiales al trasladar a las mujeres que acompaña solidariamente, a pesar de que dichas acciones estaban contempladas en las actividades que hace como defensora.
 
Le reiteraron la negativa a tener protección en una reunión,  el 25 de mayo de 2017, con el comisionado de la CES, Eduardo Valiente Hernández, la subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la entidad, Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, y con personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
 
Estos servidores públicos sólo le ofrecieron que “si necesitaba algo”, estaba su personal.
 
LA ÚLTIMA HERRAMIENTA
 
Carmen Zamora sabe que el Juzgado seguirá revocando las apelaciones que presente, pero se niega a desistir. Y aunque  tiene miedo de que su caso, con el tiempo caiga en la impunidad, como muchos otros en la entidad mexiquense, dice: “me voy a defender sola, me voy a poner a estudiar Derecho, lo voy a llevar hasta donde tenga que ser”.
 
Hoy, la Fiscalía Especializada de Feminicidios tiene una carpeta de investigación para que el caso de Carmen Zamora sea investigado como intento de feminicidio y no como violación sexual agravada. La última herramienta para que Carmen acceda a la justicia después de diez años.
 
17/RED/GG
 







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