Alerta de Violencia de Género

ESTADOS
Aborto
   Yunes Linares debe impulsar propuesta y cumplir AVG: OSC
Desechan iniciativa para despenalizar el aborto en Veracruz
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 25/09/2017

Las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso de Veracruz, rechazaron la iniciativa para terminar con la criminalización de las mujeres que interrumpen un embarazo en las primeras 12 semanas de gestación, por tratarse de una “acción inconstitucional”, argumentaron.

En una sesión extraordinaria del Congreso estatal, el pasado 22 de septiembre se discutió la propuesta hecha por la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro que buscó modificar los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz, para despenalizar el aborto; derogar el plazo de 90 días para interrumpir un embarazo en caso de violación; y permitirlo cuando esté en riesgo la salud de las mujeres.

La y los legisladores determinaron como improcedente la iniciativa pues argumentaron que desde el 23 de agosto de 2016 el Artículo 4 de la Constitución de Veracruz protege la vida desde el momento de la concepción, por lo que “no es posible modificar una norma secundaria como es el Código Penal, si contraviene la Carta Magna Veracruzana”, señaló en un comunicado el congreso estatal.

El freno de esta propuesta hecha el 27 de julio por la diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se dio a pesar de ser una obligación que debe cumplir el gobierno veracruzano como parte de la Alerta de Violencia de Género (AVG) por Agravio Comparado, es decir, porque existen leyes que restringen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

La petición de esta AVG a la Secretaría de Gobernación (Segob) la realizó en abril de 2016 la asociación civil Equifonía. Su directora, Araceli González Saavedra explicó en entrevista telefónica con Cimacnoticias que la postura de los legisladores carece de fundamentos, pues en el artículo constitucional 4to se indica que “hay excepciones establecidas dentro de la ley”, por lo tanto, sí es posible la reforma al Código Penal local, indicó.

“Nos parece que nuevamente los legisladores se dejan llevar más por sus creencias personales y por las alianzas que hacen con sectores, que no tendrían que estar interviniendo en la política pública de nuestro estado, que por los derechos de las mujeres”, denunció González Saavedra.

Los diputados que firmaron el dictamen negativo durante la sesión fue el presidente de Justicia y Puntos Constitucionales, Bingen Rementería Molina y el secretario, Carlos Antonio Morales Guevara; además del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Gregorio Murillo Uscanga.

De acuerdo con el comunicado del congreso, el dictamen será presentado para su votación ante el Pleno del Congreso en la sesión extraordinaria del 28 de septiembre, justo en la última semana de los seis meses que tiene el gobierno de Veracruz para cumplir con la AVG, recordó peticionaria de la alerta.

YUNES DEBE IMPULSAR PROPUESTA

Ante el rechazo de los diputados, la directora de Equifonía señaló que la obligación recae en el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien sí tiene el compromiso en garantizar los Derechos Humanos (DH) de las veracruzanas y de cumplir con la AVG, él debe presentar la reforma al Código Penal para despenalizar el aborto, precisó.

“Toca al gobernador del estado en cumplir con la recomendaciones de Segob. Él –Miguel Ángel Yunes- debe presentar la iniciativa, esa sería la vía por la cual el poder legislativo pueda hacer las modificaciones pertinentes”, indicó la directora de Equifonía.

En la petición de la AVG fueron tres obstáculos en los derechos sexuales y reproductivos que las organizaciones civiles denunciaron: la inadecuada aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 que garantiza el aborto en caso de violación; la tipificación del aborto como delito que se castiga con un tratamiento educativo; y la protección de la vida desde el momento de la concepción que impulsó el ex gobernador, Javier Duarte y grupos de conservadores de la Iglesia Católica.

Araceli González recordó que a pesar de los avances en los rubros de acceso a la salud para las veracruzanas, en caso de que no se cumpla con la modificación al Código Penal sobre el aborto, exigirán a Segob que decrete la segunda AVG en Veracruz, pues cabe recordar en noviembre de 2016 la Secretaría declaró en alerta por violencia feminicida a 11 municipios de la entidad.
Por su parte en un comunicado el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) y el Frente Veracruzano por la Salud y la Vida de las Mujeres –articulado para dar seguimiento a la AVG por agravio comparado- hicieron un llamado al Congreso de Veracruz para que cumpla sus “responsabilidades jurídicas” y el respeto de los derechos sexuales de las niñas y mujeres conforme a los estándares internacionales de DH.

Asimismo, indicaron que México es un Estado laico por lo que “los derechos de las mujeres no pueden estar condicionados por creencias religiosas”, y recordaron a los legisladores de Veracruz que no pueden desaprovechar una oportunidad histórica, ser la segunda entidad en el país que despenalice el aborto como la Ciudad de México.

17/HZM/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   Piden renuncia de titular del Instituto estatal de las Mujeres
   
Organizaciones exhortan al Congreso de Veracruz a despenalizar el aborto
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/08/2017

En un pronunciamiento dirigido al Poder Judicial e integrantes del Congreso de Veracruz, más de 30 organizaciones civiles y académicas hicieron un llamado a cumplir con los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas y en consecuencia, aprobar la reforma para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación en la entidad.

En el exhorto las agrupaciones también exigieron la inmediata destitución de la titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Sara Gabriela Palacios Hernández, luego de que el pasado 28 de julio declarara que la reforma sobre la despenalización del aborto no era necesaria y que el Legislativo tenía que consultar a la Iglesia católica para la aprobación de la propuesta.

Entre las organizaciones firmantes del pronunciamiento está el Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres, la Red de Mujeres Feministas de Veracruz, la Red Veracruzana por el Derechos a Decidir, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, entre otras agrupaciones.

En noviembre de 2016 la Secretaría de Gobernación (Segob) decretó la AVG por violencia feminicida en 11 municipios de Veracruz, la solicitud del mecanismo fue realizada por la organización civil Equifonía, quien el 5 abril de ese mismo año hizo una segunda petición de la AVG, esta vez por “agravio comparado”, es decir por normas que criminalizan a las mujeres que buscan acceder a los servicios del aborto; la inadecuada aplicación de Norma Oficial Mexicana 046 que permite el aborto en casos de violación sexual; y la tipificación del delito de aborto que se castiga con un tratamiento educativo y de salud.

Como parte de las acciones que debe cumplir el Gobierno de Veracruz por esta segunda AVG, el 27 de julio de este año la diputada Tanya Carola Viveros presentó en el Congreso local una propuesta para modificar los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz, para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

En Veracruz desde agosto de 2016 se “protege la vida desde el momento de la concepción” luego de que se aprobara la reforma al Artículo 4 de la Constitución local que fue impulsada por agrupaciones conversadoras y propuesta por el entonces gobernador, Javier Duarte, quien actualmente está detenido por diversos delitos como tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con las organizaciones civiles la postura de la titular del Instituto de las Mujeres local “deja en evidencia el completo desconocimiento y la falta de compresión sobre el respeto a los Derechos Humanos de las mujeres”, además de ser preocupante que estas declaraciones provengan de la titular de la instancia encargada de “garantizar los derechos de las veracruzanas de forma laica”.

Recordaron que Palacios Hernández es parte del Grupo de Trabajo que elaboró el informe de propuestas que debe cumplir el gobierno de Miguel Ángel Yunes, y será una de las integrantes que podrá votar a favor o en contra de decretar la segunda AVG en Veracruz, ya que desde noviembre de 2016 está vigente una Alerta por los asesinados violentos de mujeres en 11 municipios de la entidad.

Las agrupaciones indican que la propuesta de reforma al Código Penal responde a los acuerdos internacionales y regionales a los que se ha suscrito el Estado mexicano, incluyendo el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al validar la despenalización del aborto en la Ciudad de México.

El comunicado indica que la Suprema Corte argumentó que dicha medida legislativa “resultada idónea para salvaguardar los derechos de las mujeres, pues la no penalización de la interrupción del embarazo tiene como contraparte la libertad de las mujeres para que decidan respecto a su cuerpo, de su salud física y mental e incluso, respecto de su vida”.

Las agrupaciones suscritas al pronunciamiento señalaron que los Derechos Humanos no pueden estar sujetos “a criterios religiosos, morales y apreciaciones de autoridades que olvidan que México es un país laico”, por lo que piden al IVM que tome las medidas necesarias de conformidad con su misión y propósito como institución pública.

Cabe mencionar que la propuesta sobre la despenalizaron del aborto se votará en un periodo extraordinario en septiembre, cuando concluyen el plazo, de seis meses, que tiene el gobierno de Veracruz para cumplir con las recomendaciones hechas por el Grupo de expertos. En caso de considerar que no se realizaron las acciones necesarias la Secretaría de Gobernación (Segob) tiene la facultad de emitir la Alerta.

17/HZM








ESTADOS
VIOLENCIA
   Mecanismo se decretó en 5 municipios de Nayarit
   
Frenan Alerta de Género en Sonora, Tlaxcala y Tabasco
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/08/2017

En un sólo día, el pasado 4 de agosto, la Secretaría de Gobernación (Segob) resolvió cuatro solicitudes de Alerta de Violencia de Género (AVG) y determinó activar el mecanismo de emergencia en seis municipios de Nayarit mientras que en Sonora, Tlaxcala y Tabasco consideró que “no existían elementos objetivos suficientes” para declararla.

En Nayarit la AVG se decretó en los municipios de Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Río, Tecuala y Tepic. Igualmente la Segob resolvió establecer medidas específicas de prevención de la violencia contra las mujeres indígenas de las localidades Huajicori y La Yesca, independiente de que en estas zonas no se haya declarado la Alerta.

Con Nayarit suman 12 las entidades con Alerta, y con la negativa en Sonora, Tlaxcala y Tabasco son siete estados en donde la Segob rechazó implementar el mecanismo.

EXCLUYEN A PETICIONARIAS EN TABASCO

El 14 de marzo de 2016 el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Cedh) solicitó la activación del mecanismo considerando que de acuerdo con el Instituto Estatal de las Mujeres (IEM) tan sólo en 2015 se atendieron 22 casos de feminicidio, mientas en cuatro años (2012 a 2015) la organización civil registró 59 asesinatos violentos de mujeres, de los cuales sólo cuatro llegaron a una sentencia, lo que representa un 93 por ciento de impunidad.

La resolución que dio Segob el pasado 4 de agosto sobre no decretar la Alerta en Tabasco no fue notificada a la agrupación peticionaria, únicamente se dio a conocer a través del portal de internet del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), donde el dictamen argumenta que el gobierno estatal realizó acciones suficientes para atender la violencia de género.

Una vez que se presenta una solicitud de Alerta, el gobierno federal convoca a un Grupo de Trabajo, integrado por académicas y académicos para que evalúen la situación y hagan una serie de recomendaciones al gobierno estatal. Una vez que estas acciones se implementan se deben informar a los involucrados del cumplimiento. Con este proceso y las acciones se abre la posibilidad a no decretar la AVG.

La directora de la agrupación Leonora Ramírez Bautista, dijo en entrevista con Cimacnoticias que durante el proceso de la AVG también se les excluyó incluso nunca se les informó del reporte de cumplimiento que entregó el Gobierno estatal a la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), mismo que solicitaron a Segob por medio de la plataforma de transparencia.

En los documentos expuestos por Inmujeres, el voto razonado a favor de la declaratoria de la Alerta de Género en Tabasco es de la cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Norma Inés Aguilar León, quien concluyó en su análisis que si bien existen avances gubernamentales frente a la violencia feminicida en Tabasco, no resultaban suficientes.

Para la funcionaria las acciones para atender los asesinatos violentos de mujeres se redujeron a la capacitación de los servidores públicos, y no a la investigación profesional y metodológica de los mismos. Tampoco, consideró, se cuenta con una base de datos oficial del contexto de violencia contra las mujeres o campañas que permitan a la población reconocerla, ni estrategias educativas desde la perspectiva de género.

RECONOCEN TRATA PERO SIN ALERTA

Como si se tratara de un trámite la resolución de Segob para Tlaxcala fue similar, la alerta la pidió el 8 de agosto de 2016 la agrupación Todos para Todos para 13 municipios de la entidad donde prolifera la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual comercial. La entidad se ha colocado a nivel nacional e internacional como de las regiones con los más altos índices de este delito.

Datos del Centro Fray Julián Garcés constataban que la Fiscalía de Justicia local recibió 200 denuncia por trata de personas en el periodo de 2011 a mayo de 2016 de las cuales, sólo 13 derivaron en sentencia condenatoria.

Por ello en su dictamen final del mecanismo, la Segob pidió al gobierno estatal generar políticas públicas en las rutas de movilidad víctimas de trata de mujeres y niñas (desde Puebla -Tlaxcala a la Ciudad de México) y crear una fiscalía especializada para investigar este delito, sin que esto signifique declarar la AVG.

Tanto en Tabasco como en Tlaxcala, se especifica que en seis meses se verificará que cada gobierno esté cumpliendo con las medidas dictadas por Segob.

CAJEME, NEGATIVA DESPUÉS DE DOS AÑOS

Después de dos años de proceso, el 4 de agosto la Segob dio a conocer la resolución respecto a la AVG para el municipio de Cajeme, Sonora, solicitada el 25 de mayo de 2015.

En entrevista telefónica la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa, una de las solicitantes, denunció que la decisión se trató de un acto político porque la Segob prefirió no sumar más entidades en Alerta en vez de salvaguardar la vida de las mujeres y niñas sonorenses, pues en el mismo dictamen se reconoce que de 2015 a 2016 hubo un aumento del 110 por ciento de asesinatos de mujeres en la entidad.

Para Leticia Burgos el hecho de que la Conavim y el Inmujeres hayan resuelto cuatro solitudes de la AVG en un solo día es parte de ver al mecanismo como un mero “trámite”, sin reconocer que se trata de instrumento pensado para prevenir la violencia y salvar vidas de mujeres, expresó.

Como sucedió en Tabasco, en la votación para determinar la procedencia de la AVG en Cajeme, estuvo a favor la cuarta visitadora de la CNDH y la académica del Grupo de Trabajo, Mercedes Zuñiga Elizalde, quien precisa en su análisis que el dictamen de Segob “es producto de un proceso apresurado, limitado e irregular”, pues no votaron dos integrantes de las cuatro que conformaban el Grupo de Trabajo.

Quienes estuvieron en contra de la AVG fueron las instituciones públicas: la titular del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), Blanca Luz Saldaña, y las integrantes de la Conavim y del Inmujeres.

De acuerdo con la resolución, nuevamente en seis meses a través de la Conavim, la Segob revisará que el estado encabezado por Claudia Pavlovich implemente las obligaciones que le fueron dadas hace dos años por parte del Grupo de Trabajo en su informe:

Implementar los protocolos de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas; dar medidas de protección a víctimas de violencia de género; crear una “vicefiscalía” para investigar los casos de feminicidio; aplicar la Norma Oficial Mexicana 046 para el acceso a la interrupción del embarazo en caso de violación.

Generar política pública para el ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres; realizar un diagnóstico sobre la situación de violencia de género en Cajeme; y capacitar a funcionarios públicos así como generar campañas de prevención de la violencia contra las mujeres.

17/HZM








ESTADOS
VIOLENCIA
   Mercedes Zúñiga Elizalde renuncia a Grupo de Trabajo
   
Académica señala irregularidades en negativa de AVG en Sonora
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 08/08/2017

La doctora Mercedes Zúñiga Elizalde renunció a su puesto como integrante del Grupo de Trabajo que investigó la solicitud de Alerta de Violencia de Género para el municipio de Cajeme, Sonora, misma que fue negada el pasado 4 de agosto.

Zuñiga presentó su renuncia a Alejandra Negrete Morayta, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), después de que la Secretaría de Gobernación (Segob) diera a conocer la resolución de no procedencia de la Alerta en Cajeme.

El Grupo de Trabajo fue conformado en junio de 2015 luego de una convocatoria nacional abierta para dos académicas o académicos de instituciones de investigación de Sonora, y dos de otros estados, denominados “nacionales”.

La investigadora de El Colegio de Sonora expresó en el documento que las razones para su dimisión fueron las múltiples irregularidades observadas en la última fase del procedimiento para la discusión y toma de acuerdos sobre el dictamen emitido en relación al informe de cumplimiento que presentó el gobierno del estado.

Dichos señalamientos los había comunicado en su voto razonado de fecha 5 de agosto de 2017, tanto a la comisionada nacional de Conavim, como al resto del Grupo de Trabajo.

Tales irregularidades, consideró, desvirtúan la naturaleza del Grupo, mismo que de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, es un órgano autónomo de composición mixta, cuya función principal es estudiar y analizar la situación que guarda el territorio sobre el que se señala que existe violación a los Derechos Humanos de las mujeres.

Otra razón expresada como motivación de la renuncia fue que el Grupo de Trabajo no tuvo conocimiento a través de una notificación oficial (ni extraoficial) de la resolución de la Segob sobre la no procedencia de la Alerta.

Fue hasta el lunes 7 de agosto por la mañana cuando únicamente se les envió una liga a la página de Conavim, donde se ubicaba el documento que fue publicado en la página del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) desde el viernes 4 de agosto.

La notificación de la negativa fue enviada a la organización peticionaria pero las y los integrantes del Grupo de Trabajo la desconocían, a pesar de que son pieza fundamental para ofrecer argumentos para la decisión final de Segob.

La dinámica de las reuniones había sido establecida por el Grupo de Trabajo desde el principio, acordando como norma a su interior el mantener un canal de comunicación e intercambio permanente de borradores de documentos y resoluciones gubernamentales, lo cual no ocurrió al final.

Esta forma de trabajo posibilitó en el pasado llegar a acuerdos consensados sobre cada uno de los aspectos requeridos para facilitar su quehacer, tanto en cuestiones de logística como de organización y procedimiento, según expuso la académica.

Sin embargo, lamentó que en la última fase imperó la desinformación, la rigidez y la imposición por lo que como académica y estudiosa de la violencia de género dijo que le resultaba imposible llevar a cabo ya el compromiso obligado que tenía con la sociedad en general y la sonorense en particular.

La doctora Mercedes Zúñiga Elizalde es profesora investigadora de El Colegio de Sonora, y fue seleccionada en la convocatoria pública para la conformación del grupo de trabajo al que se refiere el artículo 36 del reglamento de la LGAMVLV.

En su momento, las y los académicos que integraron el grupo fueron: Adriana Guadalupe Mejía Salcido como representante del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Edgar Alejandro Jaimes como representante de la Universidad Nacional Autónoma de México. También formó parte la maestra Gilda Salazar del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo.

Si bien este grupo sufrió una serie de cambios en la composición: uno del representante de Inmujeres, dos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dos del Instituto Sonorense de las Mujeres, y cuatro de Conavim, es ésta la primera renuncia por motivos de diferencias por las irregularidades, lo que se traduce en una crítica que quedó expresada tanto en la renuncia como en el voto razonado de Zúñiga Elizalde.

17/SNE








ESTADOS
VIOLENCIA
   Grupo de Trabajo no consideró votos a favor del mecanismo
   
Resuelve Segob no declarar Alerta de Género en Sonora
Imagen de Sandra Segura
Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Cimacnoticias | Hermosillo, Son..- 07/08/2017

En un proceso plagado de irregularidades, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió el pasado 4 de agosto la resolución para liberar a Sonora de la posibilidad de declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG).
 
En el documento publicado en la página de internet del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) la dependencia resolvió que no se actualizan elementos objetivos suficientes para declarar la Alerta en el estado de Sonora.
 
No obstante, recomendó al gobierno del Estado fortalecer las capacidades institucionales para atender esa problemática, particularmente aquella que se suscita en razón de la violencia generalizada en el municipio de Cajeme.
 
Asimismo señala algunas medidas que deberá tomar la administración para impulsar políticas públicas que permitan garantizar los Derechos Humanos de las mujeres, primordialmente el derecho a una vida libre de violencia.
 
Una de las medidas es la implementación del Protocolo Alba con la finalidad de atender los casos de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes en Cajeme.
 
Otra medida es crear un mecanismo interinstitucional con un enfoque operativo y un marco regulatorio suficiente para establecer, mediante análisis de riesgos sustentados en criterios objetivos y en una metodología replicable que considere el contexto particular de las víctimas, así como la situación de violencia generalizada en el territorio en el que éstas desarrollan su vida.
 
Una medida más es la necesidad de implementar esquemas y medidas de protección individuales y colectivas para atender los casos de  violencia contra las mujeres, con un enfoque diferenciado en razón de género y de las especificidades culturales de las personas beneficiarias de las mismas.

Según la resolución de Segob es indispensable una metodología para dar seguimiento a reportes de violencias contra las mujeres, así como los casos de emisión de órdenes de protección para el resguardo de la integridad y vida de las víctimas de violencia.
 
En el documento no aparece el voto razonado a favor de la declaratoria de Aleta de Género de dos de las integrantes del Grupo de Trabajo: de la cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Norma Inés Aguilar León y de la profesora investigadora de El Colegio de Sonora, Mercedes Zúñiga Elizalde.  
 
En sus razonamientos, Aguilar León explicó que para la CNDH la interpretación de los avances de la entidad deben llevarse a cabo teniendo en cuenta “la adecuada atención al cumplimiento de los indicadores de cumplimiento, no solo en términos cuantitativos, sino cualitativos, así como el contexto de violencia contra las mujeres en la entidad, bajo una perspectiva de derechos humanos que incluya un análisis multidisciplinario y de integralidad”.
 
Consideró que algunas de las recomendaciones mostraron avances, y que en otras los mismos no son suficientes para la no emisión de la declaratoria de AVG en la entidad.
 
Esto en función de la complejidad y el dinamismo del entorno social en el que se ejerce la violencia feminicida en Sonora. Es por ello que la CNDH consideró que si bien han existido avances, no resultan ser suficientes para el cumplimiento satisfactorio en torno a las medidas propuestas por el Grupo de Trabajo, por lo que se pronunció a favor de que se emita la Alerta.
 
Por su parte, Mercedes Zúñiga criticó a la informalidad y falta de responsabilidad con la cual sesionó el Grupo de Trabajo, pues dijo que prevaleció la superficialidad y la presión por parte de representantes del estado, quienes asistieron a la reunión de dictaminación a pesar de que sólo debería estar una representante del Instituto Sonorense de la Mujer (ISM).
 
Al emitir su voto la investigadora se dirigió a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) aludiendo a que en Cajeme y otros municipios de Sonora “existen elementos que permiten asegurar la necesidad de declarar la AVGM (Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres)”.
 
Su voto fue en virtud de disentir tanto de los procedimientos que se llevaron a cabo para el debate y la toma de acuerdos sobre las conclusiones del documento; y con diversos puntos fundamentales del dictamen de implementación respecto del nivel de cumplimiento de las propuestas por parte del Gobierno del estado.
 
También explicó el grado de cumplimiento de las doce recomendaciones, y cuáles ya estaban cumplidas cuando se entregó el dictamen, por lo que esta administración sólo las reportó, así como la insuficiencia de otras.
 
Además de haber pospuesto la reunión por varias ocasiones, el Grupo no fue consultado sobre la fecha de celebración, ni de la presencia de cinco representantes del gobierno del Estado por lo que no hubo libertad ni tiempo para discutir a profundidad los indicadores.
 
Todo esto aunado a que el grupo sufrió múltiples cambios de representantes  institucionales: Uno del Instituto Nacvional de las Mujeres;  dos de la CNDH; dos del ISM y cuatro de Conavim. La última representante de esta institución fue designada el 29 de mayo de 2017. Estos cambios afectaron la coordinación y la calidad del seguimiento de los trabajos del Grupo.
 
La Resolución de la Segob para el municipio de Cajeme, Sonora se puede consultar aquí.
 
17/SNE








ESTADOS
Aborto
    Responde a acciones de AVG por agravio comparado
   
Piden aprobar reforma para despenalizar aborto en Veracruz
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 31/07/2017

La directora de la organización civil Equifonía, Araceli González Saavedra, hizo un llamado a las y los integrantes del Congreso de Veracruz para que aprueben las reformas a los Artículos 149 al 154 del Código Penal local, que buscan dejar de criminalizar a las mujeres que acceden a un aborto.
 
La reforma al Código Penal de Veracruz fue presentada el 27 de julio en el congreso estatal por la diputada de Morena, Tanya Carola Viveros Cházaro, y responde a las acciones que debe cumplir en seis meses el Gobierno estatal por la Alerta de Violencia de Género (AVG) por “agravio comparado”, es decir, porque hay leyes que obstaculizan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
 
La propuesta pide reformar los artículos 149, 150 y 154, para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y derogar el plazo de 90 días que tienen las mujeres para acceder a una interrupción legal del embarazo en caso de violación; además de permitirlo cuando esté en riesgo la salud de las mujeres.
 
González Saavedra dijo entrevista telefónica con Cimacnoticias que la iniciativa será discutida y votada en un periodo extraordinario del Congreso, por lo que se podrá tener una respuesta en las próximas semanas, en caso de no aprobarse, como organización peticionaria de la Alerta pedirán a la Secretaría de Gobernación (Segob) que decrete el mecanismo por incumplimiento a las recomendaciones.
 
Al llamado también se unieron en un comunicado de prensa las académicas del Grupo de Trabajo, quienes exhortaron “a todas las autoridades para que en el ejercicio de sus competencias acepten la reforma al Código Penal sobre la interrupción del embarazo”.
 
Cabe recordar que el 23 de agosto de 2016 entró en vigor en Veracruz la reforma al Artículo 4 de la Constitución local que “protege la vida desde el momento de la concepción”, una propuesta impulsada por el ex gobernador, Javier Duarte y jerarcas de la Iglesia Católica.
 
RAZONES
 
En esta nueva iniciativa de ley se argumenta que la restricción de la interrupción del embarazo en Veracruz causó la muerte de 22 mujeres por un aborto inseguro en 2014; y desde 2007, año en que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México hasta la fecha, 389 veracruzanas se han trasladado a la capital para acceder a un aborto seguro.
 
Las cifras sobre embarazos en adolescentes en la entidad también son alarmantes, la propuesta indica que de 2009 a 2013, se tiene el registro de 53 mil 630 nacimientos en los que la madre era menor de 18 años, un promedio de cerca 11 mil casos por año.
 
Del total de nacimientos registrados en esos cinco años en Veracruz, 11 mil 906 correspondieron a niñas menores de 15 años de edad, lo que genera la probabilidad de que estos embarazos estén relacionados a eventos de violencia sexual, señala el documento.
 
En caso de ser aprobada la reforma, las diputadas impulsoras aseveran que “Veracruz sería la segunda entidad federativa (con la capital del país) en contar con la una legislación acorde con el artículo primero constitucional en materia de Derechos Humanos, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema en la capital y las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación en contra de la Mujer hechas en 2012 al Estado mexicano”.
 
Además de obedecer a una de las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo en su informe, de las cuales tiene que rendir cuentas el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, como fecha límite el próximo mes de septiembre.
 
COMPROMISO DEL GOBIERNO DE YUNES
 
El informe del Grupo de Trabajo encargado de atender la alerta por agravio comparado en Veracruz fue emitido en noviembre de 2016, y hasta marzo de 2017 fue aceptado por el gobierno local, con lo que inició el periodo de seis meses para cumplir con las propuestas.
 
Esta petición fue hecha en abril de 2016 por la agrupación Equifonía por tres agravios que obstaculizan el acceso a las mujeres de sus derechos sexuales y reproductivos: la inadecuada prestación de servicios de salud y aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 sobre el acceso al aborto en caso de violación sexual; la tipificación del aborto que castiga el delito con tratamiento educativo y de salud; y la protección de la vida desde el momento de la concepción. 
 
Esta es la primera solicitud de la AVG por “agravio comparado” en el país, y la segunda que suma Veracruz, pues el 23 de noviembre de 2016 la Segob decretó el mecanismo en 11 municipios de la entidad por violencia feminicida.
 
GRUPO DE TRABAJO VIGILA ACCIONES
 
De acuerdo con el comunicado de las académicas del Grupo de Trabajo, Rosa Hilda Rojas, María Lilia Viveros, Mayela García Ramírez y Rebeca Antonia Ramos, el próximo 15 de agosto tendrán una reunión de seguimiento con el gobierno de Yunes Linares para conocer la ejecución de las recomendaciones del informe.
 
Las agrupaciones civiles e instancias internacionales también están al pendiente sobre el proceso, en abril se creó el Frente Veracruzano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en conjunto con el titular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, quien acordó con las 10 organizaciones feministas vigilar el cumplimiento de las recomendaciones sobre la AVG.
 
17/HZM








ESTADOS
VIOLENCIA
   Grupo de trabajo omitió las irregularidades del gobierno, dice CNDH
   
Señalan anomalías en el reporte de la AVG de Puebla
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/07/2017

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó a la Secretaría de Gobernación a decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG), luego de que el Grupo de Trabajo concluyera el pasado 7 de julio que no había elementos para declarar procedente el mecanismo.
 
La CNDH, quien forma parte del Grupo de Trabajo, argumentó en un “voto razonado” su inconformidad en la resolución del grupo integrado para atender la AVG en Puebla, es la primera vez que la institución nacional de DH se pronuncia sobre el proceso de este mecanismo y hace un análisis sobre un dictamen final.
 
En el documento conformado por tres apartados (contexto, presupuesto y cumplimiento) la Comisión argumenta que el Grupo de Trabajo omitió las anomalías que contenía el reporte de cumplimiento de la AVG del gobierno entonces encabezado por Rafael Moreno Valle, entre las que destaca la falta de transparencia en el uso de recursos federales que ascienden a más de 2 millones de pesos.  
 
SOBRE EL PRESUPUESTO
 
En el documento publicado este 28 de julio en el portal oficial de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la CNDH externó que una de sus preocupaciones centrales es la solicitud, asignación y uso de presupuesto por parte del gobierno poblano para atender las recomendaciones del Grupo de Trabajo.
 
La Comisión constató que el gobierno estatal gastó más de 3 millones de pesos en el diseño de dos programas para capacitar a sus funcionares públicos en perspectiva de género a través del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), mientras en su informe de cumplimiento la entidad reportó una cantidad inferior.
 
Lo anterior resulta preocupante, agregó, pues de acuerdo con la inversión hecha en los programas, 2 millones 522 mil pesos provienen de fondos federales del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Además, “llama la atención”, dice el documento, la aprobación de 2 millones 600 mil pesos para la elaboración de un diagnóstico que permita reconocer los tipos y modalidades de violencia en Puebla, sin que se cuente hasta ahora con dicha investigación, “ni con una propuesta metodológica o cronograma de actividades”.
 
También consideró una omisión por parte de la Fiscalía General del estado no asignar un presupuesto mayor para atender los casos de violencia contra las mujeres, al excusarse que ya había asignado el presupuesto de egresos estatal para 2017.
 
SOBRE EL CONTEXTO
 
De acuerdo con la CNDH el estado de Puebla se ubica a nivel nacional como la décima entidad con el mayor número de asesinatos de mujeres, sin que hasta ahora el gobierno de Antoni Gali pueda tener una base de datos con cifras confiables para reconocer la magnitud de esta violencia, “contraviniendo así no sólo las conclusiones del informe del Grupo de Trabajo, sino también los instrumentos internacionales en la materia”, indicó.
 
Sólo se cuenta con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que reportan que en 2015 se cometieron 94 asesinatos de mujeres calificados como “homicidios” y 30 como feminicidio.
 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
 
La CNDH refirió que el estado de Puebla tiene las siguientes obligaciones constitucionales: promover, respetar y garantizar los Derechos Humanos de las mujeres y la obligación de proporcionarles una vida libre de violencia.
 
Por lo que respecto a la difusión del ejercicio de sus derechos, la Comisión indicó que resulta limitada la generación de campañas para la población local además de excluir a la población hablante de la lengua indígena, y señala que se debe buscar “incidir en la estructura social para crear una verdadera sensibilización y cambio cultural sobre la violencia de género”.
 
Además el estado no garantiza la seguridad de las mujeres, la CNDH detecta que no se cumplen las órdenes de protección y no se incorporan los elementos necesarios para valorar los riesgos, del mismo modo, no se tienen reportes sobre el seguimiento de dichos mecanismos de seguridad.
 
EXHORTO A SEGOB
 
“Las acciones llevadas a cabo –por el gobierno de Puebla- no son suficientes para contribuir a la prevención y erradicación de la violencia feminicida en el marco del procedimiento de la AVG” –concluye la Comisión y continúa- “si bien se reconoce que los indicadores se determinaron teniendo en cuenta las opiniones de todas y todos los integrantes del Grupo de Trabajo, la CNDH no comparte la valoración final”.
 
Por último, el documento dirigido a la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo y la Secretaría de Gobernación (Segob), los exhorta a decretar la alerta que fue pedida en marzo de 2016 por el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica y la organización civil Todos para Todos.
 
Cabe recordar que el Grupo de Trabajo estuvo conformado por funcionarios de la Secretaría Ejecutiva, José Luis Peña Colín y Gabriela González; de Conavim, María Waded Simón y Katia Chavéz; la directora del IPM, Verónica María Sobrado.
 
El personal académico fue de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Elva Rivera Gómez;  Catalina Aguilar de la Universidad de las Américas Puebla; del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Héctor Alberto Pérez; y la Universidad Nacional Autónoma de México,  Mario Fausto Gómez.
 
17/HZM








ESTADOS
VIOLENCIA
   Se incrementa violencia y no se investiga dicen ONG
   
Piden AVG para Torreón
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Sofía Noriega, corresponsal
Cimacnoticias | Saltillo, Coah.- 26/07/2017

La Red de Mujeres de la Laguna y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Coahuila (CDHEC), solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Torreón, Coahuila, ante el incremento de asesinatos contra mujeres que en 5 años suman 48, tan solo en ese municipio.
 
Las integrantes de la Red de Mujeres de la Laguna, Ariadne Lemond y Adriana Romo, acudieron a las instalaciones de la CDHEC para dejar la documentación para la solicitud de la AVG, cabe destacar que también la organización civil “La Libres” de Guanajuato, y “Mujeres Generando Cambios”, de Torreón, se sumaron a esta petición.
 
De acuerdo con Ariadne Lemond, la alerta que se promueve es exclusivamente para el municipio de Torreón. De proceder, se tendrá que conformar el grupo de personas expertas que deberán visitar el municipio para constatar que existe violencia contra las mujeres y que proceda la Alerta.
 
Las integrantes de las organizaciones civiles explicaron que en el documento que presentaron ante la CDHEC, se documentaron 48 casos de feminicidio, sólo en Torreón, desde el 2013 hasta el 2017 resultado de una investigación hemerográfica.
 
 DATOS OFICIALES
 
Según datos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila, sólo 56 de los 436 homicidios de mujeres que se han registrado en cinco años, han sido acreditados como feminicidio.
 
La PGJEC informó en un diagnóstico, que los homicidios de mujeres se redujeron 84 por ciento desde el 2012 a la fecha, y que de los 436 homicidios dolosos contra mujeres, 73 por ciento se consignó o judicializó ante un juzgado.
 
Sin embargo, otras voces como la de la consejera de la CDHEC y presidenta del organismo Eux, Arte y Sida, Aída García Badillo, han señalado que las últimas cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ubican a esta entidad en el tercer lugar en violencia contra las mujeres (7.06 por ciento), muy por encima de la media nacional que es de 4.37 por ciento.
 
García Badillo, destacó que la Red de Mujeres de La Laguna ha tratado de visibilizar la problemática, aunque es necesario que se sumen más a este llamado. "Lo que estamos viendo en Coahuila es que hay un movimiento de género incipiente, donde sólo unas cuantas tratan de hacer conciencia”.
 
Agregó que la falta de organización de la sociedad civil profundiza más el problema pues los asesinatos de mujeres en su mayoría son clasificados como dolosos, en lugar de catalogarlos como feminicidio.
 
SE INCREMENTAN ASESINATOS
 
En tanto, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) Larisa Montiel Luis, señaló que se deben tomar medidas para prevenir la violencia contra las mujeres, en específico, los asesinatos, por lo que presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades a prevenir este tipo de violencia y dar con los responsables de los hechos.
 
La legisladora panista propuso como de urgente y obvia resolución que la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de la Mujer tomen cartas en el asunto y en la exposición de motivos argumentó que el Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres en su estudio "La Violencia Feminicida en México, Aproximación y Tendencia”, colocan a Coahuila en el décimo lugar respecto al índice de violencia contra las mujeres y de defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH).
 
Detalló que de acuerdo con el Código Penal para el Estado de Coahuila, se tipificó el feminicidio a través del artículo 336 BIS 1, cuando la mujer victimada presente signos de violencia sexual de cualquier tipo o bien haya recibido lesiones o mutilaciones en zonas genitales o en cualquier otra, previa o posteriormente a la privación de la vida.
 
También se establece como feminicidio cuando existan antecedentes de violencia o discriminación por género en el ámbito familiar, laboral o escolar, y haya existido entre el sujeto y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.
 
Y ejemplificó que casos como el de una mujer hallada en Arteaga, a quien encontraron maniatada, con huellas de tortura y abandonada en un paraje solitario, o el de otra más que fue asesinada y abandonada en la vía pública, con golpes, huellas de tortura y semidesnuda, y de tantos otros que a diario se suman en Torreón, son ejemplos de la violencia creciente contra las mujeres, por lo que insistió en el llamado a las autoridades para investigar estos asesinatos como feminicidio.
 
17/SN
 








NACIONAL
   Legisladora pide que acudan a sesiones
   
Desdén de diputados hacia Comisión especial de Alerta de Género
Imagen retomada de Twitter de Karen Hurtado
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 14/09/2017

Sólo tres de 13 diputados que integran la Comisión especial de Alerta de Género se presentaron a la primera reunión ordinaria del organismo que se convocó para esta mañana en la Cámara de Diputados, por lo que la diputada perredista Karen Hurtado Arana reclamó ante el pleno la ausencia de los legisladores.  

A la primera sesión de este organismo donde se tenía previsto aprobar el proyecto de programa de trabajo acudieron las diputadas del Partido de la Revolución Democrática Xóchitl Arzola Vargas y Olga Catalán Padilla pero no hubo quorum para sesionar.

Esta Comisión que se instaló hace medio año, el pasado 22 de febrero cuando acudieron seis diputadas, tiene el objetivo de dar seguimiento al funcionamiento de este mecanismo de emergencia que se activa para proteger a las mujeres en todo el país.

Ante el desdén de las y los legisladores, la presidenta de la Comisión, Karen Hurtado, pidió la palabra durante la sesión del pleno para exhortar a los coordinadores parlamentarios de todos los partidos políticos a convocar a sus integrantes a asistir a las reuniones de trabajo.

“Citamos a reunión ordinaria de la comisión y de 13 diputados, sólo acudieron tres. El comunicado se hizo con anterioridad, se llamó para confirmar. Es lamentable que no les interese el tema de las mujeres, es lamentable que las sigan matando y que a nuestras mismas diputadas no les interese el tema”, dijo.

Desde su curul en San Lázaro la diputada aclaró que el objetivo de la Comisión es dar seguimiento a las Alertas decretadas, sin que esto signifique atacar a gobernadores de las entidades donde se implementa el mecanismo. “Es crear vínculos, poder ayudar en medias de prevención (de la violencia de género)”.

A la fecha la Alerta de Violencia de Género, mecanismo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, está vigente y activada en 12 entidades del país: Estado de México, Morelos, Chiapas, Nuevo León, Michoacán, Colima, Nayarit, Veracruz, Sinaloa, Quintana Roo, Guerrero y San Luis Potosí.

Además, recientemente, el 7 de septiembre el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Pro Personas AC, la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, presentaron ante el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) la solicitud de Alerta para la Ciudad de México.

En este contexto la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Concepción Villa González, condenó la declaración del el rector de la Universidad Madero, en Puebla, Job César Romero, quien al hablar de la desaparición de una joven, Mara Fernanda Castilla, declaró que este tipo de hechos estaban relacionados con la libertad de las mujeres.

Al respecto la diputada dijo que es preocupante escuchar este tipo de declaraciones que reflejan la nula perspectiva de género y crisis de violencia que viven las mujeres en todo el país, y más preocupante cuando la afirmación viene del rector de una universidad, de un líder para la comunidad académica.

Villa González llamó al pleno a exhortar al funcionario a tomar un curso de capacitación sobre derechos de las mujeres y violencia de género; sin embargo ningún legislador se sumó públicamente a su llamado.

17/AGM/LGL

 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Impunidad radica en malas investigaciones
OCNF y Seiinac presentan proyecto para investigar feminicidio en Hidalgo
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 14/09/2017

Con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio y sus familias en Hidalgo, a través del trabajo conjunto entre sociedad civil y autoridades gubernamentales, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la asociación Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos (Seiinac) presentaron el proyecto “Acciones para el Acceso a la Justicia a Víctimas de Feminicidio”.

Ante la falta de una debida diligencia en las investigaciones de feminicidio y desaparición de mujeres en Hidalgo, con su experticia por el acompañamiento de casos que realizan, el OCNF y Seiinac buscan proporcionar asistencia técnica a personal de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) para revertir las deficiencias en las investigaciones y facilitar el acceso a la justicia a las víctimas, dijo en conferencia de prensa la directora de Seiinac, Diana Avilés Quezada.

De acuerdo con cifras presentadas por el abogado especialista en feminicidio del OCNF, Rodolfo Domínguez Márquez, Hidalgo, en junto con el Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Tlaxcala, Jalisco, Colima, Zacatecas,  Sinaloa, Oaxaca, Chiapas y Sonora, suman el registro de 2 mil 83 asesinatos de mujeres de 2005 a diciembre de 2016.

Pero únicamente un 25 por ciento de estos casos se investigaron como feminicidio, lo que deja a la mayoría en impunidad. En este sentido el proyecto busca que se cumpla con el fallo de 2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el caso Mariana Lima, asesinada en el Estado de México por su esposo, que estipula que todo asesinato violento de una mujer debe investigarse como feminicidio.

“Son casos no investigados y por lo tanto, no sancionados como feminicidios, tendencia a la justificación de la violencia, a culpar a las víctimas, reclasificación de los delitos, mayormente como

homicidios. Esto es una clara tendencia a invisibilizar la violencia en contra del sector”, declaró el abogado especialista.

El proyecto también tiene el fin de documentar de forma certera la violencia feminicida en la entidad, dar acompañamiento a casos y fortalecer el trabajo de organizaciones civiles regionales, precisó la Avilés Quezada.

Avilés, también recordó que en 2013 Seiinac solicitó la Alerta de Violencia de Género (AVG) para la región de Tula y Atitalaquia por violencia feminicida, en ese momento el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres -conformado por institutos estatales de las mujeres y diez dependencias de gobierno- determinaron no activar el mecanismo.

Por lo que la directora de Seiinac señaló que hasta la fecha Hidalgo no está exento de esta violencia extrema. Desde 2013  -cuando se tipificó el feminicidio en la entidad- a lo que va de 2017 documentaron 128 asesinatos violentos de mujeres, indicó.

El año más violento fue 2015 cuando sucedieron 32 asesinatos violentos de mujeres, este año, ya suman 27. Los municipios de Pachuca de Soto, Tula de Allende, Tepeji del Río y Tizayuca, es donde se ha registrado el mayor índice de esos casos.

Por último, las organizaciones mencionaron que la PGJH tiene la disposición de participar en el proyecto y están en la etapa de organización para iniciar el proceso de capacitación del personal en perspectiva de género e investigación del feminicidio.

17/HZMLGL








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