Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio

NACIONAL
VIOLENCIA
   De proceder, quedaría en libertad, alerta abogada del caso
Presunto feminicida de Lesvy presenta recurso de amparo
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/09/2017

Con el argumento de que el juez Christian Franco Reyes violentó sus derechos al vincularlo a proceso “sin pruebas suficientes” por el asesinato de Lesvy, víctima de feminicidio en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), su pareja, Jorge Luis González Hernández, solicitó un recurso de amparo que de ser admitido, podría dejarlo en libertad.

 

En entrevista con Cimacnoticias, la abogada del caso e integrante de la organización acompañante del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Sayuri Herrera Román, informó que el pasado 31 de julio se presentó el recurso de amparo por los dos abogados de oficio de González Hernández; sin embargo, precisó que la familia de Lesvy fue notificada hasta el pasado 5 de septiembre.

 

De acuerdo con lo explicado por la abogada de la familia Osorio, el presunto feminicida de Lesvy solicitó el amparo (el cual se desahoga en el Juzgado 14 de Distrito de Amparo en materia penal) para apelar la decisión del juez de control del Tribunal Superior de Justicia local (TSJDF) Christian Franco, con la que vinculó a Jorge Luis González a proceso por el delito de homicidio simple doloso por omisión, toda vez que no impidió el supuesto suicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio.

 

La abogada informó que de ser admitido, la investigación en contra de Jorge se daría por terminada, el riesgo es latente porque desde que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) atrajo el caso, no aplicó el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio que la obliga a recolectar evidencias desde la perspectiva de género, con lo que la investigación quedó mal integrada.

 

También podría desecharse la prueba de ADN que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México hizo a González Hernández y con la que se comprobó que Lesvy tenía en sus uñas material genético de su pareja. Con ella, dijo Herrera Román, “se refuta la mecánica de suicidio porque corresponde a maniobras de defensa y forcejeo”.

 

En ese sentido, la defensa de Jorge Luis González Hernández, argumentó que la instancia de justicia primero lo trató como testigo, no como sospechoso, por lo que las pruebas de ADN que le fueron realizadas se le tomaron en esta condición.

 

Otra muestra de que la  PGJDF no aplicó el Protocolo de Investigación de Feminicidio fue que ignoró la evidencia que arrojaron las entrevistas hechas a conocidos de la joven, testigos de que Jorge violentaba a Lesvy la cual permitía investigarlo como sospechoso de feminicidio

 

Ante el riesgo de que el amparo proceda, esta semana la defensa de Lesvy presentará su respuesta ante el Juzgado 14, para lo cual recurrirá a los videos de seguridad de la UNAM a los que esta agencia tuvo acceso y que muestran a  Jorge Luis violentando físicamente a Lesvy momentos antes de su asesinato y lo exponen en el lugar de los hechos.

 

El cuerpo de Lesvy fue encontrado el 3 de mayo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM con el cable de una cabina telefónica atado a su cuello y con signos de violencia que acreditan un feminicidio, pero el crimen no fue investigado como tal por la Procuraduría capitalina, por lo que también está en proceso un recurso de apelación que la familia Rivera Osorio interpuso en la Quinta Sala Penal del TSJDF para que se reclasifique el delito por el que se investiga a Jorge.

 

La abogada Herrera Román señaló que el caso sigue abierto. A la par del recurso de amparo interpuesto por Jorge y el de apelación de la familia de Lesvy corre un plazo de investigación complementaria, el cual permite a ambas partes recabar pruebas para sustentar o derogar el feminicidio de la estudiante de la UNAM de 22 años.

 

El plazo termina el próximo 10 de noviembre, mientras tanto la defensa de la familia Osorio y la organización coadyuvante en el caso, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), han recabado pruebas que desmontan la versión del suicidio de Lesvy, refuerzan que se trató de un feminicidio e  inculpan a su pareja, esto a través de la consulta con peritos independientes.

 

En cuanto a la actuación de la UNAM Herrera Román recordó que la familia de Lesvy está en espera de la solicitud que hizo el 30 de agosto al Consejo Universitario a través de una carta, con la que pidió preservar el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Lesvy “como un sitio de memoria” que garantice la no repetición de casos de feminicidio en la universidad, así como de la violencia de género y en la cual reiteraron su exigencia para que las autoridades universitarias se pronuncien por justicia.

 

17/MMAE








ESTADOS
VIOLENCIA
   Investigarán a ex esposo de Emma Gabriela como autor intelectual
   
Amplían investigación por feminicidio de defensora en Yucatán
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/08/2017

Autoridades de Yucatán rechazaron el amparo que interpuso Alberto Medina Sonda, exesposo de la defensora de Derechos Humanos Emma Gabriela Molina Canto, asesinada el pasado 27 de marzo, y por el cual buscaba que no lo vincularan a proceso como autor intelectual del feminicidio de la activista.
 
El Juzgado Quinto de Distrito de Yucatán notificó por escrito a la madre de Emma Gabriela y también defensora, Ligia Canto Lugo, y a su representación legal que negó el amparo interpuesto por Medina Sonda, quien junto a su familia encabezó desde 2014 una campaña de desprestigio y agresiones hacia Emma y Ligia ante la búsqueda de la custodia de sus hijos. 
 
Asimismo, durante una audiencia efectuada el pasado 2 de agosto en el Centro de Justicia Oral de Mérida (Cejom) el juez Segundo de Control a cargo del caso, Luis Edwin Mugarte Guerrero, amplió hasta el 2 de octubre el terminó de la investigación.
 
Esto “para dar oportunidad a que se realicen más diligencias, entre ellas algunas que puedan vincular a la familia de Medina Sonda como autores”,  explicó a Cimacnoticias la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán y acompañándote del caso, Adelaida Salas Salazar.
 
El pasado 27 de marzo Emma Gabriela fue víctima de feminicidio a fuera de su casa y en presencia de sus dos hijas e hijo. Hasta ahora la Fiscalía estatal emitió cuatro órdenes de aprehensión contra los culpables, una para Medina Sonda, dos más dirigidas a los autores materiales y otra para arrestar al tabasqueño César Rogelio Reyes Barrueta, por la coautoría del crimen.
 
Este último reveló que recibió órdenes del empresario Medina Sonda para asesinar a Emma por lo que en abril se le informó que sería investigado como el autor intelectual. El exesposo de Emma Gabriela permanece en prisión en Tabasco cumpliendo una condena de 12 años y 6 meses por operar con recursos de procedencia ilícita durante la administración del priísta Andrés Granier.
 
La ampliación de la investigación se informó luego de que los padres y hermanas de Medina Sonda fueran citados en la Fiscalía General estatal para informales que serían investigados por su posible coalición en el feminicidio, misma que Ligia denunció a esta agencia días después del asesinato de su hija.
 
Ligia Canto expuso que Emma Gabriela expresó días antes que la seguían familiares de su exesposo.
 
Desde 2014 Emma y su madre fueron víctimas de diversas violaciones a sus Derechos Humanos por parte de autoridades al no atender las denuncias que hicieron de las agresiones de Medina Sonda y porque se prestaron a la fabricación de delitos contra las defensoras. Esto derivó en la Recomendación 54/2014 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió a las autoridades de Yucatán, Tabasco y la Ciudad de México, las cuales fueron incumplidas.
 
17/MMAE








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Alertas se activan pero no atiende violencia de género
   
Alerta de Género: Desinterés del Estado por proteger la vida de las mexicanas
Imagen retomada del portal cpsicologosguanaco
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/08/2017

En una década 27 entidades del país han solicitado la Alerta de Violencia de Género (AVG) pero sólo se ha declarado para 83 municipios de 11 estados: Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Colima, Sinaloa, Veracruz, Nuevo León, Chiapas, Michoacán, Morelos y el Estado de México. 
 
En 2007 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que mandata en su artículo 22 la creación de la AVG como un instrumento de emergencia para salvar la vida de las mujeres y niñas mexicanas.
 
Impulsada por legisladoras feministas, la Alerta se pensó como un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia en la que intervinieran los 3 órdenes de gobierno para atender de fondo la violencia de género en cada entidad o territorio determinado.
 
Sin embargo, a 10 años de su creación, prevalece el desinterés y falta de voluntad del Estado para implementarla, lo que se ha traducido en una “cascada” de alertas aprobadas, con medidas que no se cumplen o son acatadas a medias.
 
Como si se tratara de una “receta”, el sentido de la Alerta se ha distorsionado y a 10 años de su creación, el impacto real en donde se ha decretado se desconoce, porque hasta ahora, la instancia encargada de prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, la Conavim, no ha informado ni transparentado su funcionamiento.
 
Así lo señalan expertas en el tema de violencia de género, como la académica y doctora en estudios de género, Lucía Melgar Palacios, quien sostiene que existe una completa incomprensión y desinterés del gobierno por atender la alerta. 
 
“Todos han seguido la receta de la AVG. El grupo de trabajo hace un diagnóstico del territorio en 30 días, luego en seis meses continúan las acciones gubernamentales, hacer una campaña, capacitar a sus funcionarios, poner alumbrado, pero ¿quién está obligando a los gobiernos a hacer lo que deben; garantizar a las mujeres una vida libre de violencia?” cuestiona la académica de la UNAM.
 
A propósito del segundo aniversario de la AVG en el Estado de México, esta agencia consultó a varias especialistas para que hicieran un análisis de su funcionamiento en donde se ha decretado, y todas coinciden en que no es que el mecanismo esté mal, sino en el nulo interés del gobierno por realmente atender de fondo la violencia contra las mujeres y niñas.
 
Para Lucía Melgar, la responsabilidad de que la AVG genere resultados tan deficientes es del Estado, por la opacidad con la que actúa y su negativa en cumplir con la protección de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres.
 
En ello coincide la senadora Diva Hadamira Gastelúm Bajo, una de las impulsoras de la Ley General, y agrega: “las autoridades locales tienen una completa ignorancia en su implementación, buscan resolver las consecuencias pero no sus causas, mientras la sociedad sólo está en un estado de cachar políticas públicas”.
 
La senadora reconoce que si más de la mitad del país ha pedido acciones de emergencia para proteger la vida de las mujeres, es porque el Estado no les garantiza “el mínimo de bienestar para que este a salvo su vida, integridad y seguridad”.
 
Por ejemplo, dice la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) María de Luz Estrada, en el Estado de México ya se cumplieron dos años desde que se decretó la AVG pero la falta de voluntad política del Estado mexicano hizo que este mecanismo se convirtiera en un trámite burocrático utilizado con fines políticos y mal implementado.
 
Aún bajo la alerta el panorama no es diferente en la entidad mexiquense. En estos dos años se han registrado 31 casos de feminicidio y 412 homicidios de mujeres de acuerdo con cifras oficiales, ubicando a este estado como el territorio más peligroso para la población femenina en el país, según Naciones Unidas.
 
Por ello Luz Estrada considera que las acciones urgentes y esenciales que deben de seguir las autoridades una vez solicitada la alerta son investigar de manera profunda las razones de la violencia contra las mujeres, revisar los casos en reserva, generar un sistema de seguridad, reeducar a la sociedad civil, en conclusión, instaurar una política integral de estado. 
 
“No es de emergencia porque tienen que inventar un programa rápido, es porque hay que atender temas estructurales, tienes que ir al fondo para que lo que hagas no quede en simulación”, acotó.
 
REPENSAR LA AVG
 
Hasta ahora, las organizaciones civiles han hecho el trabajo que le corresponde al Estado, documentar, investigar las causas de la violencia y registrar los casos. Muchas más han recurrido a los amparos judiciales para pedir que se decrete una AVG y exigir reuniones gubernamentales, incluso manifestarse para agilizar los procesos.
 
Por ello piden nuevas adecuaciones a la normativa; el respeto de los tiempos del proceso, sanciones a quienes incumplan las obligaciones y la autonomía de los Grupos de Trabajo que respaldan la decisión de procedencia de la Alerta.
 
La coordinadora de Equifonía AC, peticionaria de las dos alertas para Veracruz, Araceli González Saavedra, agrega que se debe incluir en el proceso de seguimiento la participación de las organizaciones, pues son quienes ante la ausencia del Estado acompañan a las víctimas sin ningún presupuesto, pero en el reglamento su papel se reduce al trámite de la solicitud.
 
En tanto, Luz Estrada propone agregar un apartado final para que cada entidad emita un reporte de resultados de la AVG, y Lucía Melgar señala que ya pasaron 10 años desde que se pidieron las primeras alertas y por tanto, Conavim tendría que presentar un primer diagnóstico de la implementación de este mecanismo.  
 
En lo que va de este año la Secretaría de Gobernación (Segob) ya declaró cinco alertas y recibió otras cinco solicitudes, lo que para Melgar Palacios refleja “la gravedad del problema que enfrentan las mexicanas”.  
 
En Nayarit por las elecciones de junio se detuvo el proceso, y ya van cuatro meses sin que la Segob dicte la deliberación final.
 
En Sonora, la AVG lleva dos años estancada pues aún cuando su reglamento no lo determina así, la Segob otorgó una prórroga al gobierno estatal para que cumpla con las recomendaciones.
 
Mientras Segob no respete los procesos establecidos en la ley y los gobiernos locales simulen la implementación de la AVG, se seguirán perdiendo vidas de mujeres y niñas, concluyen las expertas. 

17/HZM








NACIONAL
VIOLENCIA
   Tiene características de feminicidio
   
Peritaje independiente desmiente versión de suicidio de Lesvy
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ofreció conferencia de prensa para mostrar que la versión de la PGJ de la Ciudad de México sobre el caso de Lesvy Berlín Rivera es falsa | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/08/2017

El perito criminalista del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) Víctor Chávez Cornejo, determinó que no hay elementos que sustenten la versión de la Procuraduría capitalina (PGJDF) sobre el suicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, hallada en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el pasado 3 de mayo.
 
Luego de recrear la mecánica de hechos de la PGJDF, donde argumentan que Lesvy se asfixió con el cable de una cabina telefónica, el perito criminalista Chávez Cornejo concluyó que de ser cierta la versión de que Lesvy amarró el cable a su cuello y dejó caer su cuerpo no podría haber logrado la suspensión ni la presión necesaria para provocarse la asfixia, por lo que las lesiones encontradas en su cuerpo “no corresponden con mecánicas de suicidio”, afirmó.
 
Para la recreación, una mujer con las mismas características físicas de Lesvy repitió en más de una ocasión los movimientos descritos por la PGJDF en la carpeta de investigación del caso, pero no se logró reproducir la posición semisentada en la que fue encontrada.  
 
Estos resultados fueron expuestos hoy en un video proyectado durante la conferencia de prensa convocada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), organización que junto al Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria acompaña el caso, y forman parte de un peritaje independiente que la familia Rivera Osorio solicitó para esclarecer los hechos.
 
A tres meses del crimen, la abogada del OCNF, Ana Yeli Pérez Garrido, recordó que la forma en la que Lesvy fue encontrada y las lesiones que presentó acreditan un feminicidio. “El certificado médico, la necropsia y las fotografías tomadas al cuerpo muestran que tenía lesiones degradantes –golpes en el rostro y signos de asfixia-, hay evidencia de que su pareja -Jorge Luis González Hernández- la violentó previamente, además fue expuesta en un lugar público”, explicó.
 
Por ello la coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada, refrendó la exigencia de la familia de Lesvy de que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México reclasifique el delito como feminicidio ya que actualmente se investiga a Jorge por homicidio culposo por omisión, ya que de acuerdo a la PGJDF, no impidió el “suicidio” de la joven inscrita en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la UNAM.
 
En entrevista con Cimacnoticias el perito Víctor Chávez expuso que la presión que ejerció el cable en el cuello de Lesvy no fue constante porque del lado izquierdo estaba el teléfono y ella presentó una fractura en el cuello la cual, afirmó “no pudo haber sido provocada por eso”.
 
Dijo también que de acuerdo a los estudios que han hecho, no hay pruebas sufrientes de que las heridas en el rostro de Lesvy se las haya hecho ella al golpearse con la cabina telefónica, como argumentan los peritos de la PGJDF.
 
SUICIDIO: SIN ARGUMENTOS
 
La mañana del 3 de mayo los vigilantes del Instituto de Ingeniería, Esperanza Sánchez Hernández y Andrés Sánchez Andrade fueron los primeros en encontrar en la casilla telefónica el cuerpo de Lesvy.
 
En las entrevistas que el ministerio público de la Fiscalía desconcentrada COY-1 les hizo, registradas en la carpeta de investigación a la que esta agencia tuvo acceso, ambos trabajadores universitarios refirieron que Lesvy “se encontraba sentada”. Andrés Sánchez señaló que cuando se acercaron a verla “ella se encontraba sentada y recargada a la base de la caseta”.
 
Más tarde la caseta y el cuerpo de Lesvy fueron cubiertos con una lona, lo que impidió que fuera fotografiado desde distintos ángulos y con ello, argumentó durante la conferencia la coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada, “se perdieron evidencias porque no se resguardo adecuadamente la cadena de custodia”.
 
Por lo pronto y para tener más certeza de los hechos la familia Osorio Ramírez ya solicitó al Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) del TSJDF el acceso a todas las fotos y el video de la necropsia de Lesvy para que peritos independientes analicen las heridas que presentaba.
 
El pasado 13 de julio la defensa legal de la familia de Lesvy, a cargo del  Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria,  interpuso un recurso de apelación ante el TSJDF para que se reclasifique como feminicidio el delito por el que se acusa a la pareja de Lesvy y ex trabajador de la UNAM.
 
El recurso fue aceptado, pero aún no hay fecha para la audiencia donde tres magistrados determinarán la situación legal de Jorge.
 
La apelación, explicó la abogada Ana Yeli Pérez, es por la falta de debida diligencia en el caso, la violación a la legalidad en la investigación, la violación al Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio; así como  “los constantes agravios hacia la familia porque están vulnerando su percepción del acceso a la justicia”.
 
17/MMAE
 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Vigilaban a Emma Gabriela, asegura
   
Ligia Canto pide revisar pruebas que inculpan a familia de feminicida
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/06/2017

A tres meses del asesinato de la defensora de Derechos Humanos Emma Gabriela Molina Canto en Mérida, Yucatán, las autoridades locales se niegan a considerar pruebas que relacionan e inculpan en el crimen a la familia de Alberto Medina Sonda, el ex esposo de Emma, quien está en prisión como presunto  autor intelectual de feminicidio. Tampoco han revisado los videos de las cámaras cercanas al lugar donde se efectuó el crimen
 
Así lo denunció en entrevista con Cimacnoticias la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en Yucatán y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, quien recordó que por el asesinato de Emma Gabriela, ocurrido frente a su casa el pasado 27 de marzo, Medina Sonda es juzgado como autor intelectual y hay dos detenidos como autores materiales.
 
El caso de Emma Gabriela inició en 2014 cuando empezó a enfrentar hostigamientos y omisiones por parte de las autoridades locales y de otros estados, luego de que inició un proceso legal para obtener la custodia de sus dos hijas e hijo contra su ex esposo, actualmente preso en Tabasco, acusado por operar con recursos de procedencia ilícita en dicha entidad durante el gobierno de Andrés Granier, y quien tiene prisión preventiva por el feminicidio de Emma.
 
Las denuncias de Emma y su madre, la también defensora Ligia Canto Molina, derivaron en la Recomendación 54/2014 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió a las autoridades de Yucatán, Tabasco y la Ciudad de México al constatar violaciones a los Derechos Humanos de Emma y su familia, pero dichas recomendaciones no fueron cumplidas.
 
“Quien vigiló la rutina de Emma fue la familia de Medina Sonda”, afirmó Salas Salazar. Desde que comenzó la investigación del caso Ligia Canto ha solicitado que se siga esa línea de investigación y ha presentado probatorios de las constantes agresiones que durante años recibió su hija y nietos por parte de ellos.
 
La acompañante del caso expuso la falta de voluntad de las autoridades por “continuar todas las líneas de investigación”, ya que la Fiscalía local no ha solicitado ni permitido la revisión de todos los videos de las tiendas de autoservicio y comercios cercanos al domicilio de Emma Gabriela.
 
Esto, señaló Salas Salazar, porque “quien vigiló la rutina de Emma fue la familia de Medina Sonda”. 
 
La Fiscalía de Yucatán sólo solicitó la revisión de videos que corresponden a los dos días previos al asesinato. La madre de Emma Gabriela, Ligia Canto y su defensa legal ya solicitaron a la Fiscalía la revisión de los videos de 15 días antes del crimen y están en espera de respuesta.
 
“De oficio, dije Canto, lo que tendrían que hacer es recabar toda la información de los vecinos, a los alrededores de la casa”, y agregó que la omisión de ese tipo de diligencias “da como resultado la impunidad en el caso”.
 
VIGILADA POR FAMILIA DE FEMINICIDA
 
Salas Salazar comentó que semanas antes de ser asesinada, la defensora ya había informado a uno de sus tíos, a su hermana y a su mamá que la familia de Medina Sonda la seguía. “Gaby se sentía vigilada, lo manifestó tenía miedo, pero ni cómo acudir a la Fiscalía estatal o alguna instancia, porque para ellos ya estaba cerrado el caso. Lo mismo en la delegación local de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas porque ambos nunca le garantizaron su protección”, dijo.
 
La abogada recordó que, previo a su asesinato, Emma Gabriela comentó que familiares de Medina Sonda la seguían a los lugares que frecuentaba. A ello se suma que una sobrina de Medina Sonda estudiaba en el mismo colegio que la hija de Emma.
 
La defensora S           alas Salazar recalcó que el detenido como coautor del crimen y originario de Tabasco, Rogelio Reyes Barrueta, declaró que ubicó a Emma Gabriela a través de la escuela en la que estaba inscrita la hija de Emma.
 
 “¿Cómo puede alguien que no vive aquí en Yucatán llegar y de repente ubicar a mi hija por medio de una escuela, entre tantas que hay? Por eso pensamos que hay una relación directa entre este individuo y la familia, denunció en entrevista Ligia Canto Lugo.
 
“Quien vigiló la rutina de Emma fue la familia de Medina Sonda”, afirmó Salas Salazar. Desde que comenzó la investigación del caso Ligia Canto ha solicitado que se siga esa línea de investigación y ha presentado probatorios de las constantes agresiones que durante años recibió su hija y nietos por parte de ellos.
 
Sin embargo, fue hasta el 10 de mayo, luego de un acto público en el que Ligia Canto se pronunció, cuando investigadores del caso se acercaron a ella para solicitar información del inculpado. “No se ve voluntad ni ganas por parte de las autoridades, piensan que como Medina está vinculado y tiene prisión preventiva ya no se debe investigar ni aportar pruebas, por eso todo eso lo está haciendo la mamá de Gaby”, dijo Salas Salazar.
 
La investigación del caso sigue abierta y las sesiones para investigar a Medina Sonda se reanudarán en agostoMientras tanto cumple en Tabasco una condena de 12 años y seis meses por operar con recursos de procedencia ilícita. A ello se suma que en mayo autoridades federales estadounidense presentaron cargos criminales por conspiración y lavado de dinero contra el  exsecretario de Finanzas de Tabasco, José Manuel Saíz Pineda, detenido e investigado por lavado de dinero, a quien también lo vinculan.
 
Hoy Ligia Canto se presentará a una audiencia donde se informará del cambio de abogado de Medina Sonda.
 
PREDIO LIBERADO LUEGO DE MESES
 
Salas Salazar también expuso que tuvieron que pasar dos meses para que pudieran acceder a las pertenencias de Emma Gabriela y sus hijos. “Hay una insensibilidad ante la situación de los menores de edad. No se dieron cuenta del daño que les estaban ocasionando porque ahí estaban todas sus cosas, no dejaban sacar nada”, mencionó.
 
Esto pese a que Ligia Canto, su defensa legal y los dueños de la casa interpusieron oficios para solicitar que se liberara el predio para acceder a él.
 
La defensora comentó que actualmente, además del OCNF las organizaciones Ni Una Más, Ciencia Social Alternativa “Kóokay”, y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México se han sumado a la exigencia de justicia por el caso.
 
17/MMAE/GG








NACIONAL
   Exigen datos de diligencias y acceso a expediente completo
   
Rechaza familia de Lesvy y OSC peritaje de PGJDF que apunta a suicidio
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/06/2017

El peritaje antropológico social que prometió la Procuraduría capitalina, con apoyo de la UNAM,  para investigar el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio, encontrada asesinada el pasado 3 de mayo en Ciudad Universitaria, “apunta a que la ella es la culpable de su propia muerte”, a partir de preguntas que condicionan el resultado.
 
Esto denunció la abogada de la familia de Lesvy, Sayuri Herrera Román, en entrevista con Cimacnoticias, quien adelantó que la familia de la joven, como su defensa legal, rechazan la pretensión de que el caso concluya en suicidio. 
 
Explicó la abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria que el peritaje está conformado por preguntas que “condicionan el objetivo de la investigación porque ya traen un sesgo de género, son preguntas estigmatizantes. Están dirigidas a estudiar la vida sexual de Lesvy, sus relaciones familiares y sus actitudes que más que aportar para encontrar al probable feminicida la enjuician moralmente”.
 
Recordó que el 24 de mayo el procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, anunció en conferencia de prensa la “coordinación interinstitucional” entre la instancia de justicia y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través de un peritaje antropológico social que la institución educativa  realizaría.
 
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad (PGJDF), explicó Herrera Román, pidió a la UNAM que aportara una persona experta en antropología social para realizar el peritaje.
 
CUESTIONADA SU VALIDEZ
 
Desde el 6 de junio, cuando la familia de Lesvy y su defensa legal conocieron el peritaje propuesto, lo impugnaron a través de un “extrañamiento” que quedó asentado en el expediente. Y aunque aún así la PGJDF puede realizarlo, sus familiares aseguran que “sería cuestionable su validez” porque no incluirá entrevistas con el núcleo cercano de Lesvy como sus padres y amigos.
 
 “No vamos a cooperar con la autoridad en ninguna diligencia hasta que nos informen cómo realizaron las primeras diligencias y tengamos acceso a la primera parte de la carpeta de investigación -que incluye esa información- porque, de lo contrario, podríamos incluso aportar a  una línea de investigación como la que tememos que estén siguiendo: el suicidio”, precisó Herrera Román.
 
El peritaje también fue rechazado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, organización que ya solicitó a la Procuraduría la coadyuvancia institucional en el caso, comentó la abogada, porque “sabemos que en reiteradas ocasiones la PGJDF las aplica en otros casos y  conducen siempre a criminalizar y revictimizar a la víctima”. ​
 
ACERCAMIENTO CON LA UNAM, INSUFICIENTE
 
La familia de Lesvy considera que aportar a un perito no es suficiente para la investigación del caso, por ello Herrera Román urgió “al rector de la UNAM, Enrique Graue, al grupo de expertas  en violencia de género propuesto por él, para que aportará en el esclarecimiento del hecho y a la comunidad universitaria sumarse a exigir a la procuraduría capitalina que transparente su trabajo”.
 
La abogada General de la UNAM, Mónica Mónica González Contró, y el grupo de expertas en violencia de género ya tuvieron un primer acercamiento con la mamá de Lesvy, Araceli Osorio Martínez. Sin embargo, sigue sin haber certeza de cómo podrían aportar las expertas.
 
Herrera Román reconoce que, más allá de intervenir en materia legal, las expertas podrían ser “un canal de vinculación con las autoridades y nos abran puertas en la UNAM”, además de aportar en la “reivindicación de la memoria de Lesvy, que fue estigmatizada por la misma PGJDF desde los primeros días de la investigación”, esto último a través de la cuenta de la instancia de justicia donde difundieron información de la vida personal de la joven.
 
“Desde el principio de la investigación se estigmatizó a mi hija por ser joven, tomar decisiones, por ser mujer y por estar viva. La PGJDF hizo públicas supuestas declaraciones de la pareja de Lesvy atribuyendoles veracidad y revictimizando a ella y a su familia”, denunció el pasado 17 de junio Araceli Osorio, durante un foro político cultural.
 
La familia de Lesvy su defensa legal están en espera de la respuesta que la PGJDF dará en cuanto al peritaje antropológico social que impugnaron y continúan exigiendo el acceso a la primera parte de la carpeta de investigación que contiene los primeros peritajes, esenciales para conocer la línea de investigación que actualmente se sigue, señala la abogada.

 17/MMAE/GG








NACIONAL
VIOLENCIA
   OCNF critica mínimos avances en AVG
Aspirantes al Edomex no entienden ni leen sobre desaparición y feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez, enviada
Cimacnoticias | Toluca, edomex.- 18/05/2017

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) llamó a los seis candidatos a la gubernatura del Estado de México a proponer y, en caso de ser electos, a implementar acciones serias y eficaces para atender las desapariciones y asesinatos de mujeres y niñas, que suman 626  de enero de 2015 a diciembre de 2016 .
 
Al presentar un balance sobre la implementación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad –decretada por el 28 de julio de 2015 por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim)– el Observatorio señaló que a casi dos años de que se emitiera este mecanismo, los avances para cumplir las recomendaciones han sido mínimos.
 
Ahora que el feminicidio se ha recrudeció en la entidad gobernada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada; la abogada de la organización Justicia Pro Persona, Ana Yeli Pérez Garrido, y la activista Irinea Buendía, ofrecieron una conferencia de prensa en la ciudad de Toluca para llamar a las y los candidatos a decir cómo van a continuar con la implementación de la AVG.
 
¿SIN PROPUESTAS ANTE VIOLENCIA DE GÉNERO?
 
Luz Estrada, quien siguió el proceso de solicitud del mecanismo en diciembre de 2010, sugirió a los políticos que revisen cuáles son las recomendaciones que se desprenden de la AVG, cuáles son las que se están implementado, qué hace falta y qué es lo que no sirve porque, dijo, hasta ahora en las campañas que finalizan el 31 de mayo no se han expuesto políticas de prevención, atención ni sanción de la violencia de género.
 
De acuerdo con la experta, la violencia de género ha sido un tema ignorado y no ha sido tomado en serio: “No he escuchado para nada el tema de desaparecidas en un estado que fue reconocido por un problema de desaparición”.

Ana Yeli Pérez Garrido, abogada de la organización Justicia Pro Persona | CIMACFoto: César Martínez López

 
En opinión de la abogada Pérez Garrido, las y los aspirantes a gubernatura deben establecer en sus planes de gobierno cómo darán continuidad a las recomendaciones emitidas por la Conavim para garantizar seguridad a las mujeres y una vida libre de violencia, porque aseguró que estas medidas son la base para erradicar la violencia feminicida en la entidad.
 
Las defensoras coincidieron en señalar que las y los políticos tienen una deuda con las mexiquenses y, como ejemplo, señalaron que de enero de 2015 a diciembre de 2016 se cometieron 626 asesinatos de mujeres, de los cuales 296 fueron investigados como feminicidio, de acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia estatal.
 
Además, señalaron que en 2016 se denunciaron 2 mil 148 casos de violación sexual y de enero a febrero de 2017 se han denunciado 302 casos más; por otra parte, de 2005 a 2014 se reportaron 4 mil 281 desapariciones de mujeres y niñas, de las cuales 2 mil 727 fueron localizadas (95 de ellas sin vida), según datos de la Fiscalía estatal y retomados por el Grupo de Trabajo que analizó la solicitud de AVG.
 
ASPIRANTE, NO ENTIENDEN NI LEEN
 
Con este termómetro de la violencia contra las mujeres, la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota; la de Morena, Delfina Gómez, del PRI, Alfredo del Mazo; del PT, Oscar González Yáñez; del PRD, Juan Zepeda; y la independiente, Teresa Castell, han propuesto acciones como “ampliar la Alerta a los 125 municipios”, una “policía de género”, “salario rosa”, y hasta pena de muerte para los feminicidas.
 
A decir de Luz Estrada, estas promesas de campaña sólo muestran que los abanderados “siguen sin entender y sin leer”, porque aunque la AVG ubica a once municipios como los lugares con más delitos de género, el mecanismo se debe aplicar en todo el estado; no hay evidencia de que una policía de género funcione; y por otro lado la propuesta de una política “rosa” parece más basada en estereotipos que en objetivos.
 
“No somos campaña, hoy nos dicen, hoy nos prometen y mañana seguimos contando más feminicidios y desapariciones”, declaró la activista.
 
12 MEDIDAS, PARA QUE LEAN
 
Ante una nula oferta electoral que garantice los derechos humanos de las mexiquenses y a fin de ofrecer información sobre la violencia de género en la entidad, el OCNF y Justicia Pro Personas ayer enviaron a cada candidata y candidato un documento donde resumen 12 medidas de seguridad, justicia y prevención que se desprenden de la AVG y detalla sus avances y retos pendientes.
 
Entre estas medidas están la conformación de un grupo de especialistas de la Procuraduría Estatal que ha revisado 258 averiguaciones previas de un total de 569 expedientes archivados de enero de 2005 a julio de 2015; y la conformación de un grupo especializado para atender casos de feminicidio de alto impacto, el cual está revisando dos casos acompañados por la sociedad civil.
 

Irinea Buendía Cortes, madre de víctima de feminicidio | CIMACFoto: César Martínez López

 
Sobre este tema la activista Irinea Buendía, madre de Mariana Lima –asesinada en 2010 y cuyo caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación– dijo que hay pendientes para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, por lo que la persona que asuma la nueva administración en el Estado de México debe reforzar las investigaciones, fortalecer la policía investigadora y reformar el protocolo para investigar el feminicidio.
 
17/AGM/GG








ESTADOS
VIOLENCIA
   Logro de OSC de Yucatán que se procese por esa causa
Alberto Medina será juzgado por feminicidio agravado contra Emma Gabriela
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/04/2017

El ex funcionario de Tabasco, Alberto Medina Sonda, fue vinculado a proceso penal como coautor directo del delito de feminicidio agravado cometido contra la defensora de Derechos Humanos, Emma Gabriela Molina Canto, informó el Poder Judicial de Yucatán.

En la audiencia realizada el 24 de abril en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM) el juez a cargo del caso, Luis Edwin Mugarte Guerrero, dictó que hay pruebas suficientes para investigar a Medina Sonda como autor del presunto feminicidio de Emma Gabriela, cometido el pasado 27 de marzo en Yucatán, Mérida.

Con ello, la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) continuará con la investigación sobre el caso, informó el Poder Judicial de Yucatán a través de un comunicado y confirmó la representante en esa entidad del Observatorio Nacional del Feminicidio y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, en entrevista con Cimacnoticias.

El empresario, actualmente recluido en Tabasco por usar recursos de procedencia ilícita, presenció la audiencia a través de videoconferencia desde el centro de Justicia del Sistema Penal de ese estado.

En la audiencia, el juez Mugarte Guerrero dictó prisión preventiva de un año para el acusado y estableció un plazo de cuatro meses para que la FGE recabe más pruebas.

Salas Salazar definió la decisión de juzgar el caso de esta forma como un “logro de las organizaciones sociales en Yucatán” por las demandas que han hecho para que el delito de feminicidio se sancione e investigue como un delito grave, según establece el Artículo 13 del Código Penal de Yucatán.

Sin embargo, dijo, aún es necesario presionar a las y los diputados para que legislen en favor de la homologación de los elementos para juzgar como feminicidio presentes en el Código de Yucatán y el Federal para que no sea un elemento que intervenga en la acusación de Medina Sonda.

Las organizaciones Ni Una Más-Yucatán, Ciencia Social Alternativa "Kóokay", el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán, el Centro de Apoyo Solidario Documentación y Estudio y Yucatán Feminicida demandaron desde noviembre de 2016 que el Congreso del Estado de Yucatán realice las modificaciones necesarias para que el delito de feminicidio se investigue correctamente.

Lo anterior, porque en el Código Penal de Yucatán se ignoran cuatro causales presentes en el Código Federal, entre ellas considerar la existencia de una relación sentimental afectiva o de confianza entre el activo y la víctima, si hay datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho o acoso en contra de la víctima; también si esta fue incomunicada y si su cuerpo fue exhibido en un lugar público.

17/MMAE/GG








ESTADOS
   Que PGR atraiga el caso, pide familia de víctima
Imputan a asesino de Emma Molina por homicidio, no por feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/04/2017

La Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) acusó formalmente al ex funcionario de Tabasco, Alberto Medina Sonda, por el delito de autoría intelectual del asesinato de la defensora de Derechos Humanos, Emma Gabriela Molina Canto.
 
La audiencia se efectuó el día de ayer vía videoconferencia. El ex esposo de Emma Gabriela la presenció desde el centro de Justicia del Sistema Penal de Tabasco porque actualmente cumple una condena de 12 años 6 meses de prisión en esa entidad por operar con recursos de procedencia ilícita.
 
El próximo lunes se efectuará la audiencia para vincular a Medina Sonda por el delito de homicidio y no por feminicidio como lo ha solicitado la madre de Emma Gabriela, Ligia Canto Lugo, desde que se cometió el crimen el pasado 27 de marzo.
 
La investigación no ha seguido esa línea por la falta de homologación del Código Penal Yucateco con el Código Federal, según han denunciado anteriormente las organizaciones civiles yucatecas como Ni Una Más-Yucatán y Yucatán Feminicida, además de Canto Lugo.
 
EXIGENCIAS CONTRA IMPUNIDAD
 
En entrevista con Cimacnoticias, la representante en Yucatán del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, informó que la familia de Emma Gabriela busca que la Procuraduría General de la República atraiga el caso ya que, dijo, desconfían de las autoridades de Yucatán y Tabasco por su inacción desde 2014.
 
Desde ese año, Emma y su madre denunciaron el hostigamiento judicial del que fueron víctimas durante el proceso que emprendieron por la custodia de sus hijas de hijo de Emma.
 
Pese a la Recomendación 54/2014, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde se reconocieron las violaciones a los Derechos Humanos de Emma Gabriela Molina Canto, de su madre, hijas e hijo, los gobiernos de la Ciudad de México, Yucatán y Tabasco incumplieron las recomendaciones.
 
Salas Salazar recalcó la insistencia de Ligia Canto Lugo y sus representantes por emitir una orden de aprehensión preventiva hasta que el proceso del inculpado termine, ante el riesgo de que “lo liberen antes de tiempo, por las relaciones que tiene, y se fugue”.
 
17/MMAE/GG
 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Ligia Canto aporta pruebas para castigarlo por feminicidio
Juzgarán a Alberto Medina como autor intelectual del asesinato de Emma Gabriela
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/04/2017

El ex funcionario de Tabasco, Alberto Medina Sonda, será juzgado como autor intelectual del asesinato de su ex esposa Emma Gabriela Molina Canto, cometido el pasado 27 de marzo en Mérida, Yucatán. El proceso judicial en su contra comienza hoy, sin embargo no será juzgado por feminicidio.
 
La audiencia de imputación de Medina Sonda, actualmente preso en Tabasco por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que cumple  una condena de 12 años 6 meses, se realizará a través de una videoconferencia entre las 17:00 y 19:00 horas, cuando elementos policiales de Tabasco trasladen al inculpado al centro de Justicia del Sistema Penal de Tabasco.
 
La Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) ejecutó una orden de aprehensión contra Medina Sonda luego de la solicitud del juez Luis Edwin Mugarte Guerrero.
 
Así lo informó el fiscal Ariel Aldecua Kuk, según  medios tabasqueños, y confirmó en entrevista para Cimacnoticias la defensora de Derechos Humanos y madre de Emma Gabriela, Ligia Canto Lugo, quien aseguró que no cesará su insistencia porque se investigue también a la familia de Medina Sonda como autores.
 
INVESTIGACIÓN COMO FEMINICIDIO
 
Pese a que la FGE aseguró el pasado 1 de abril que los implicados en el asesinato de Emma Gabriela serían sujetos a proceso penal por el delito de feminicidio, el juez Murgarte Guerrero no encontró los elementos necesarios para emitir sentencia a los actualmente presos por homicidio agravado, Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla, ejecutores del crimen, y Rogelio Reyes Barrueta, identificado como coautor.
 
CÓDIGO PENAL INSUFICIENTE
 
Canto Lugo afirmó que la línea para juzgar no continuó así, porque el Código Penal de Yucatán “es muy limitante, estrecho y castrante en cuanto a la justicia para las mujeres, especialmente en el delito de feminicidio”.
 
La representante en Yucatán del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Adelaida Salas Salazar, explicó en entrevista que actualmente en el Código Penal del estado se ignoran elementos esenciales para que un homicidio se juzgue como feminicidio y que sí contempla el Código Penal Federal.
 
Por ejemplo, explicó, la situación de relación “sentimental, afectiva o de confianza” entre la víctima y el victimario, la incomunicación de la víctima previa al asesinato, la exhibición del cuerpo de la víctima y existencia de datos sobre violencia previa.
 
En el caso de Emma Gabriela “los elementos no se tuvieron, por el retraso de la legislatura local que desde 2014 está en desacato. Las mujeres no estamos en la agenda del Congreso del Estado. Los diputados no han homologado el Código Local con el Federal respecto al delito de feminicidio y todas las causales no están completas”, denunció Salas Salazar.
 
Salas Salazar informó que tras la vinculación de Medina Sonda, la madre de Emma entregará los probatorios de “toda la violencia que Medina ejerció mientras ella buscaba la custodia de sus hijos”, para que se integren a las carpetas de investigación y el juez pueda rectificar y juzgar el caso feminicidio.
 
17/MMAE/GG
 








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