ESTADOS
   Que PGR atraiga el caso, pide familia de víctima
Imputan a asesino de Emma Molina por homicidio, no por feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/04/2017 La Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) acusó formalmente al ex funcionario de Tabasco, Alberto Medina Sonda, por el delito de autoría intelectual del asesinato de la defensora de Derechos Humanos, Emma Gabriela Molina Canto.
 
La audiencia se efectuó el día de ayer vía videoconferencia. El ex esposo de Emma Gabriela la presenció desde el centro de Justicia del Sistema Penal de Tabasco porque actualmente cumple una condena de 12 años 6 meses de prisión en esa entidad por operar con recursos de procedencia ilícita.
 
El próximo lunes se efectuará la audiencia para vincular a Medina Sonda por el delito de homicidio y no por feminicidio como lo ha solicitado la madre de Emma Gabriela, Ligia Canto Lugo, desde que se cometió el crimen el pasado 27 de marzo.
 
La investigación no ha seguido esa línea por la falta de homologación del Código Penal Yucateco con el Código Federal, según han denunciado anteriormente las organizaciones civiles yucatecas como Ni Una Más-Yucatán y Yucatán Feminicida, además de Canto Lugo.
 
EXIGENCIAS CONTRA IMPUNIDAD
 
En entrevista con Cimacnoticias, la representante en Yucatán del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, informó que la familia de Emma Gabriela busca que la Procuraduría General de la República atraiga el caso ya que, dijo, desconfían de las autoridades de Yucatán y Tabasco por su inacción desde 2014.
 
Desde ese año, Emma y su madre denunciaron el hostigamiento judicial del que fueron víctimas durante el proceso que emprendieron por la custodia de sus hijas de hijo de Emma.
 
Pese a la Recomendación 54/2014, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde se reconocieron las violaciones a los Derechos Humanos de Emma Gabriela Molina Canto, de su madre, hijas e hijo, los gobiernos de la Ciudad de México, Yucatán y Tabasco incumplieron las recomendaciones.
 
Salas Salazar recalcó la insistencia de Ligia Canto Lugo y sus representantes por emitir una orden de aprehensión preventiva hasta que el proceso del inculpado termine, ante el riesgo de que “lo liberen antes de tiempo, por las relaciones que tiene, y se fugue”.
 
17/MMAE/GG
 







ESTADOS
VIOLENCIA
   Ligia Canto aporta pruebas para castigarlo por feminicidio
Juzgarán a Alberto Medina como autor intelectual del asesinato de Emma Gabriela
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/04/2017 El ex funcionario de Tabasco, Alberto Medina Sonda, será juzgado como autor intelectual del asesinato de su ex esposa Emma Gabriela Molina Canto, cometido el pasado 27 de marzo en Mérida, Yucatán. El proceso judicial en su contra comienza hoy, sin embargo no será juzgado por feminicidio.
 
La audiencia de imputación de Medina Sonda, actualmente preso en Tabasco por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que cumple  una condena de 12 años 6 meses, se realizará a través de una videoconferencia entre las 17:00 y 19:00 horas, cuando elementos policiales de Tabasco trasladen al inculpado al centro de Justicia del Sistema Penal de Tabasco.
 
La Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) ejecutó una orden de aprehensión contra Medina Sonda luego de la solicitud del juez Luis Edwin Mugarte Guerrero.
 
Así lo informó el fiscal Ariel Aldecua Kuk, según  medios tabasqueños, y confirmó en entrevista para Cimacnoticias la defensora de Derechos Humanos y madre de Emma Gabriela, Ligia Canto Lugo, quien aseguró que no cesará su insistencia porque se investigue también a la familia de Medina Sonda como autores.
 
INVESTIGACIÓN COMO FEMINICIDIO
 
Pese a que la FGE aseguró el pasado 1 de abril que los implicados en el asesinato de Emma Gabriela serían sujetos a proceso penal por el delito de feminicidio, el juez Murgarte Guerrero no encontró los elementos necesarios para emitir sentencia a los actualmente presos por homicidio agravado, Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla, ejecutores del crimen, y Rogelio Reyes Barrueta, identificado como coautor.
 
CÓDIGO PENAL INSUFICIENTE
 
Canto Lugo afirmó que la línea para juzgar no continuó así, porque el Código Penal de Yucatán “es muy limitante, estrecho y castrante en cuanto a la justicia para las mujeres, especialmente en el delito de feminicidio”.
 
La representante en Yucatán del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Adelaida Salas Salazar, explicó en entrevista que actualmente en el Código Penal del estado se ignoran elementos esenciales para que un homicidio se juzgue como feminicidio y que sí contempla el Código Penal Federal.
 
Por ejemplo, explicó, la situación de relación “sentimental, afectiva o de confianza” entre la víctima y el victimario, la incomunicación de la víctima previa al asesinato, la exhibición del cuerpo de la víctima y existencia de datos sobre violencia previa.
 
En el caso de Emma Gabriela “los elementos no se tuvieron, por el retraso de la legislatura local que desde 2014 está en desacato. Las mujeres no estamos en la agenda del Congreso del Estado. Los diputados no han homologado el Código Local con el Federal respecto al delito de feminicidio y todas las causales no están completas”, denunció Salas Salazar.
 
Salas Salazar informó que tras la vinculación de Medina Sonda, la madre de Emma entregará los probatorios de “toda la violencia que Medina ejerció mientras ella buscaba la custodia de sus hijos”, para que se integren a las carpetas de investigación y el juez pueda rectificar y juzgar el caso feminicidio.
 
17/MMAE/GG
 







OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
   MUJER SONORA
Al fin, una Ley para el Instituto de las Mujeres de Sonora
Especial
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 04/04/2017 Después de dos meses de trabajo, las mujeres de la sociedad civil lograron colocar sus propuestas en el texto de lo que será la primera Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres.
 
Este martes 4 de abril de 2017, el Congreso de Sonora vota en pleno el dictamen que ayer aprobaron las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Igualdad de Género en forma unida.
 
Es un hecho trascendente para el movimiento de mujeres y feminista del estado de Sonora, pues no solo fueron éstas las que impulsaron la creación de una instancia de las mujeres en los años 90, sino que en la que será la ley que dé vida propia al Instituto, están plasmadas sus inquietudes que a dos décadas siguen siendo vigentes.
 
En la nueva configuración del Instituto Sonorense de las Mujeres, las ciudadanas podrán participar con voz y voto en la Junta de Gobierno.
 
Por primera vez habrá una metodología para elegir a la directora general, eliminando los nombramientos verticales absolutos que permitían que a las personas se les asignara esa importante encomienda solo por decisión de la o el titular del Ejecutivo.
 
Por 18 años el Instituto Sonorense de la Mujer, creado por decreto del ex gobernador Armando López Nogales en octubre de 1998, contaba con una Junta de Gobierno conformada por representantes gubernamentales y sólo la presidenta en turno del Consejo Consultivo participaba con voz, pero sin voto.
 
Ahora serán 14 las vocales ciudadanas que, representando a los consejos Consultivo y Social, podrán llevar la opinión y propuestas al órgano de toma de decisiones, con voz y voto.
 
La ahora coordinadora general tendrá que ser nombrada luego de un procedimiento en donde mediará una convocatoria abierta que derive en una terna de la cual la o el gobernador elegirá la próxima titular del ISM.
 
CONSEJOS CON OSC
 
Se acaba el actual Consejo Consultivo sempiterno, compuesto por alrededor de 50 organizaciones invitadas por la Directora General, y representantes de Gobierno. Esa configuración se transformará en dos consejos que se compondrán por entre 10 y 15 organizaciones cada uno, sin representación gubernamental.
 
Además, estos consejos serán electos tomando en cuenta los perfiles de las organizaciones que deberán ser impulsoras y defensoras de derechos humanos de las mujeres.
 
El Consejo Consultivo y el Consejo Social, según la nueva Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres, harán un verdadero contrapeso, ya que ahí se discutirán las acciones a realizar por la instancia.
 
El dictamen que hoy se pone a consideración del pleno puntualiza las aportaciones del trabajo conjunto entre sociedad civil, Comisiones dictaminadoras, Gobierno del Estado, así como representantes de las diversas bancadas de los partidos en el Congreso.
 
Entre los cambios sustanciales que experimentará el Instituto Sonorense de las Mujeres, destaca el que se modificó la integración de la Junta de Gobierno del Instituto.
 
Se le otorgó a la Junta de Gobierno la atribución para expedir la convocatoria para la integración y renovación del Consejo Consultivo y del Consejo Social, así como para expedir la convocatoria para la designación de la Coordinadora Ejecutiva.
 
Se estableció que la designación de la titular del Instituto estará a cargo de la titular o  el  titular  del  Poder  Ejecutivo  del  estado,  de  la  terna  que  le  envíe  la  Junta  de Gobierno.
 
Se estableció que  el funcionamiento del Consejo Consultivo  y Consejo Social se realizará con el apoyo de comisiones que se crearán en el Reglamento Interior del Instituto.
 
OSC Y ACADÉMICAS
 
De igual forma, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género se menciona “la activa y valiosa participación que mujeres integrantes de asociaciones de la sociedad civil e instituciones académicas llevaron a cabo”, mismas que se señalan a continuación:
 
El Colegio de Sonora, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C., el Colegio de la Frontera Norte A.C., Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Sonorense de la Mujer y su Consejo Consultivo, y la Red Feminista Sonorense.
 
Pero fue sin duda la oportuna intervención del Colectivo de Organizaciones de Mujeres lo que pudo abrir la discusión y la inclusión de las propuestas ciudadanas que ahora se ven plasmadas en el texto de la Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres.
 
El dictamen también lo reconoce puntualizando a las diversas organizaciones que forman parte del colectivo: Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el Observatorio Feminista Clara Zetkin, la  COBANARAS Federación  Estatal  de  Sociedades  de  Solidaridad  Social,  el  Comité  de  América  Latina  y  el  Caribe  para  la  Defensa  de  los Derechos de la Mujer  (Cladem)  y  GEMAS  I.A.P.
 
Y es que el proceso empezó apenas en enero pasado cuando se dictaminó la iniciativa de la gobernadora Claudia Pavlovich para crear el ISM, cuando dichas organizaciones interpelaron la decisión y abrieron el debate.
 
Hoy culmina ese proceso en donde el Congreso se encamina hacia su objetivo de ser un parlamento abierto, el Gobierno del estado decidió acoger la discusión de los temas sociales con la sociedad civil y el resultado en esta ocasión es una ciudadanización del ISM. Bienvenido el renovado Instituto Sonorense de las Mujeres.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SNE/GG







REPORTAJE
VIOLENCIA
   Estereotipos y omisión
Casos Daphne, Emma Gabriela… ¿dónde está la ley?
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/04/2017 Estereotipos de género, resistencia de aplicar la legislación en materia de violencia y corrupción de las redes de poder, caracterizan el sistema de administración y procuración de justicia, un sistema que pareciera diseñado para garantizar la impunidad cada vez que las mujeres denuncian.
 
De eso habla el caso de Daphne Fernández, quien en enero de 2015, a los 17 años de edad, fue víctima de violación y abuso sexual por parte de cuatro jóvenes en Veracruz, cuyo proceso podría encaminarse a la impunidad.   
 
También el asesinato de Emma Gabriela Molina Canto, ocurrido el 27 de marzo pasado en Yucatán, cuando mantenía un juicio por la custodia de sus dos hijas e hijo y que había denunciado por violencia a su expareja, Martín Alberto Medina Sonda.
 
Ambos casos reflejan un problema estructural en el acceso de las mujeres a la justicia, afirmó la docente en Estudios de Género y Literatura, Lucía Melgar Palacios, quien advierte que las leyes, por sí solas no cambian a la sociedad, menos cuando funcionarios y jueces no tienen perspectiva de género.
 
Señala otro factor: la ética de los funcionarios, quienes se resisten a cumplir las leyes que buscan una vida libre de violencia para las mujeres.
 
Las cifras hablan: el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y las organizaciones Equifonía AC y el Colectivo Akelarre AC en Veracruz, de 2010 y 2015, registraron 10 mil 295 casos de delitos sexuales.
 
En Yucatán, de 2008 hasta noviembre de 2016, se documentaron más de 90 muertes violentas de mujeres, 57 con elementos que caracterizan a los casos de feminicidio, uno sentenciado como tal, según el informe “Estado del Feminicidio en Yucatán, 2008–2016”, del colectivo Yucatán Feminicida.
 
Detrás de los números está el caso de Daphne, quien lleva 2 años expuesta en medios y en espera de justicia; y el de Emma Gabriela, quien antes de ser asesinada fue encarcelada para impedir que obtuviera la custodia de sus hijos. 
 
“Preocupa el mensaje que se envía -dijo Melgar Palacios-: que la violencia sexual hacia las mujeres es menospreciada, es un chiste y ejercerla no tiene consecuencias. El caso de Emma es emblemático, muestra una amenaza anunciada”. 
 
Dijo que desde 2007, con el aumento de la violencia del crimen organizado y de las fuerzas armadas, el feminicidio, el abuso infantil, la violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia hacia las mujeres se dejan de lado porque “a diario se asesinan a más hombres que a mujeres”.
 
Estos casos, dijo la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, recuerdan que es obligación de la autoridad actuar con perspectiva de género y dejar los “argumentos estereotipados, indiferentes y discriminatorios”. 
 
UN JUEZ CON “OTROS INTERESES”
 
En el caso de Daphne, el 28 de marzo pasado, el juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz, Anuar González Hemadi, otorgó un amparo (159/2017) a uno de los acusados de pederastia tumultuaria, Diego Gabriel Cruz. Su argumento: hubo “frotamiento incidental” sin intención “lasciva” ni de “copular”.  
 
La abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y coadyuvante del caso, Karla Micheel Salas, dice que el juez, indebidamente, entró al tema de fondo y otorgó el “amparo liso y llano”, es decir, la libertad.
 
Aunque la resolución no es firme, ya que fue impugnada por la Fiscalía veracruzana, preocupa que no otorgó un amparo “para efectos”, no pidió subsanar irregularidades, optó por entrar al fondo como si dictara una sentencia con pruebas en la mano.
 
La abogada explicó que el currículum del juez indica que pese a conocer la legislación nacional e internacional, definió el abuso sexual de manera indebida e incorporó el elemento de “lascividad”, en contra del sentido de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de criterios de la SCJN.
 
“Este juez está actuando de otra manera y respondiendo a otros intereses, no los de la justicia”, dice Salas, es una resolución llena de estereotipos, que no consideró el interés superior de la infancia y manda un mensaje de permisividad hacia la violencia sexual contra una niña.
 
Omitió la tesis jurisprudencial 22/16, publicada el 15 de abril de 2016 por la SCJN; el Protocolo para juzgar con perspectiva de género y los criterios publicados por el alto tribunal el 1 de marzo pasado, sobre la responsabilidad de dar valor probatorio al testimonio de una víctima de hostigamiento sexual.
 
Es una resolución omisa, señaló la abogada penalista y especialista en Derechos Humanos, Esmeralda Lecxiur Ferreira, porque el juez determinó la inocencia del presunto culpable, violando el Artículo 5 de la Ley General de Víctimas, sobre el principio de igualdad de la víctima y el acusado ante la ley. 
 
OMISIÓN DEL ESTADO
 
En agosto de 2008, Emma Gabriela se separó de su esposo, el empresario tabasqueño, Martín Alberto Medina, por violencia intrafamiliar. Acordaron vivir en Yucatán, para facilitar las visitas a sus hijos, pero en 2010 la golpeó, y la denunció por maltrato infantil y abandono de hogar.
 
Medina era socio, operador financiero y presunto prestanombres de José Manuel Saiz Pineda, tesorero en el gobierno del priista Andrés Granier. Sonda y Granier están presos.
 
El 25 de mayo de 2012, Medina raptó a los niños cuando iban en auto con su madre. Ella fue encarcelada 4 meses, acusada de delitos fiscales. Su madre, Ligia, denunció la desaparición de sus nietos y la Fiscalía estatal emitió una prealerta hasta 2014.
 
Ligia fue encarcelada el 4 de agosto de 2014, acusada de falsificar tarjetas de crédito en Guadalajara. Con apoyo de organizaciones civiles fue liberada. 
 
Medina, preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, podría ser autor intelectual del asesinato, señalan organismos civiles. Hay dos detenidos, presuntos autores materiales.
 
La diputada por Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, dijo que es increíble que se reconozca el feminicidio y no se sancione como tal. En Yucatán una de las características del feminicidio “es su antecedente de violencia familiar”.
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó en la recomendación 54/2014, que los arrestos de Emma y Ligia constituyen violencia institucional, porque hay servidores públicos de Yucatán, Tabasco, Ciudad de México y de la PGR, involucrados. 
 
17/AGM/MAE/GG 







NACIONAL
VIOLENCIA
   Sólo un decreto y un programa para reparar daño
CEAV y DIF, obligados a registrar y acompañar orfandad por feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/03/2017 La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tienen la obligación de hacer un registro fidedigno sobre hijos e hijas de víctimas de feminicidio: cuántos son, dónde están, quiénes se hacen responsables de ellos, cuál es su acompañamiento, pues es un tema que concierne a la reparación integral de daños, afirmó la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada.
 
A pesar de que existe un registro oficial de 6 mil 488 asesinatos de mujeres entre 2013 a 2015, que dejarían en la orfandad a miles de niños, niñas y adolescentes, la CEAV señala –tras una solicitud de información- que sólo conoce, de 2014 a febrero de 2017 (todo el tiempo en que ha operado) solo 65 casos de orfandad por feminicidio. 
 
La Coordinadora del OCNF, entrevistada por Cimacnoticias, recordó que estas hijas e hijos son víctimas indirectas, por lo tanto  CEAV y DIF debe registrar y acompañar el desarrollo de la niñez en orfandad por feminicidio.
 
Estos actos están estipulados en Ley General de Víctimas, donde se indica que “los familiares o personas que tengan una relación inmediata con la víctima, deben percibir ayuda provisional y oportuna de los recursos de ayuda de los sistemas de víctimas federales o de las entidades”.
 
Además, la sentencia emitida por la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) en 2009 por tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, obligó al Estado mexicano a reconocer a las hijas e hijos de mujeres asesinadas por razón de género como víctimas y a establecer las bases jurídicas y políticas públicas necesarias para respaldarlos
 
Sin embargo,  aunque existen instituciones y marco jurídico, es difícil contar con estos registros, dijo la activista Luz Estrada, pues con dificultades se logra conocer de manera efectiva las cifras de feminicidio a nivel a nacional, por lo que contabilizar a las víctimas indirectas del feminicidio será un reto.
 
REPARACIÓN DE DAÑO
 
Sobre la reparación del daño, Luz Estrada comentó que “es toda una problemática”, pues los esfuerzos son insuficientes, ya que, además del protocolo de CEAV, existen apenas un decreto en el Estado de México y un programa en Jalisco.
 
El decreto del Estado de México, número 106 publicado el 3 de agosto de 2016 en la Gaceta Oficial de la entidad, un año después de la Alerta de Violencia de Género (AVG), reconoce la necesidad de “otorgar un estímulo económico a las hijas o hijos de madre o tutora desaparecida o víctima de feminicidio u homicidio doloso”. Y se entrega “a partir de la noticia del hecho en los lineamientos correspondientes”, hasta la conclusión de la licenciatura o la certificación como profesional técnico.
 
En febrero de 2017, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció entregar 800 pesos mensuales por cada estudiante, siempre y cuando estén inscritos en las instituciones escolares hasta concluir la licenciatura.
 
Luz Estrada consideró que, además de estos necesarios recursos económicos, también se debe considerar la atención psicológica integral para los hijos e hijas de mujeres asesinadas, muchas veces testigos del delito, lo que les deja marcas severas, incluso cuando son menores de edad.
 
Ellas y ellos, dice la experta, “se sienten solos, cansados, abandonados, lo que tiene consecuencias significativas en su desarrollo”, pues el feminicidio “es una muerte no esperada y la familia también debe llevar terapia “para poder sobrellevar el dolor.”
 
En Jalisco, el programa “Acompañar la ausencia” fue establecido en septiembre de 2016, ante el creciente número de casos de feminicidio, con el fin de dar apoyo psicológico a familiares de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio, para “aliviar algunos trastornos psicológicos que detonan estos delitos, con el fin de recomponer el tejido familiar”.
 
Sin embargo, señaló Luz Estrada, siguen siendo las abuelas, tías u otros familiares los que se hacen cargo de las hijas e hijos de mujeres asesinadas y quienes buscan los medios para brindarles lo necesario a estas víctimas que quedan indefensas a falta de políticas públicas.
 
17/HZM/GG
 







ESTADOS
VIOLENCIA
   Segunda petición de Alerta
Plazo a Yunes para cumplir DSyR o decretan AVG
Organizaciones civiles realizaron una conferencia de prensa sobre la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado en Veracruz | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/03/2017 El pasado 10 de marzo la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) entregó al gobierno de Veracruz el informe donde se solicita la Alerta de Violencia de Género, esta vez por Agravio Comparado, por incumplir con los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas.
 
El incumplimiento radica en las dificultades que enfrentan las veracruzanas para acceder a la interrupción legal del embarazo, por inadecuada aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046) para víctimas de violencia sexual, por la criminalización de las mujeres por aborto, y por la reforma al Artículo 4 de la Constitución local, que “protege la vida desde el momento de la concepción”.
 
A partir de ese momento el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares tiene como fecha límite el día 24 del mes para aceptar o rechazar las recomendaciones del informe. En caso de aceptarlo tendrá un plazo de seis meses para cumplir con los compromisos asumidos y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, informaron en conferencia de prensa el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y el colectivo Equifonía.
 
Pero, si en ese periodo el estado de Veracruz incumple con las demandas establecidas en el informe, la CONAVIM tendrá la facultad de prorrogar el plazo o declarar de inmediato la AVG por agravio comparado, con lo que sería la segunda AVG en la entidad, la primera se emitió y está vigente desde noviembre de 2016 por violencia feminicida en 11 municipios.
 
En el caso de que el Gobierno de Veracruz no acepte, el Gobierno federal declarará automáticamente la AVG, e implementará una mesa de seguimiento para vigilar al gobierno de Veracruz que cumpla cabalmente con las recomendaciones, reportaron las organizaciones.
 
AGRAVIOS
 
El Grupo de Trabajo encargado de la investigación mandata, en el Informe entregado al Gobierno de Veracruz, dar seguimiento a tres agravios que atentan contra los derechos de las mujeres:
 
El Primero obliga a dar cumplimiento a la NOM 046, que obliga a las autoridades otorgar servicios de salud y la interrupción legal del embarazo (ILE) a las víctimas de violación sexual, pues tan sólo en el año 2015 se registraron 487 nacimientos en los que las madres eran niñas entre 10 y 14 años de edad, probables víctimas de violencia sexual; la cifra más alta en todo el país, reporta el documento.
 
Araceli González Saavedra de la organización Equifonía Colectivo por la Ciudadanía participó en la conferencia de prensa | CIMACFoto: César Martínez López


La coordinadora del colectivo Equifonía, Araceli González Saavedra, dijo que se registró que las autoridades de salud no proporcionan el acceso a la ILE a las víctimas de violación sexual, a menos de que medie el mandato de alguna autoridad ministerial o judicial, lo que contraviene con lo dispuesto en la NOM 046, la cual estipula que no es necesario contar con una demanda o tutor para interrumpir el embarazo.
 
Asimismo González Saavedra agregó que existe un “vacío de información”, ya que las autoridades veracruzanas no contaban con cifras sobre cuántas interrupciones de embarazo han realizado las instituciones de salud y sólo el 20 por ciento del personal de médico entrevistado ha sido capacitado para implementar la NOM.
 
El Segundo agravio es referente a la criminalización de las mujeres por el delito de aborto, el cual se encuentra regulado en los artículos 149 al 154 del Código Penal estatal, donde se estipula como pena contra las mujeres que interrumpen sus embarazos brindarles medidas de salud y educación.
 
De acuerdo con datos de Equifonía, de 2009 a 2016 estaban sentenciadas por el delito de homicidio 18 mujeres que interrumpieron su embarazo, González Saavedra indicó que esta situación es preocupante, ya que la mayoría eran jóvenes indígenas que fueron denunciadas por las mismas autoridades y de nueva cuenta las autoridades no tiene un registro de las mismas.
 
Ante esta situación, por último se pide al gobierno de Veracruz derogar la reforma al Artículo 4to de la Constitución local que “protege la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural”. Las organizaciones indicaron que se debe modificar el marco jurídico y garantizar el aborto seguro e informado durante las primeras 12 semanas de gestación, así como agregar la causalidad de riesgo para la salud con el fin de reducir la tasa de muerte materna y el riesgo de que las mujeres busquen métodos clandestinos.
 
INFORME APEGADO A ESTÁNDARES INTERNACIONALES
 
La coordinadora del OCNF, María Luz Estrada, dijo que este informe es un hecho histórico en el que el Gobierno de Veracruz por fin reconoce los problemas de discriminación y violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas de la entidad.
 
Y, asegura, que las recomendaciones en las que el informe se basó están acorde a los estándares internacionales y recomendaciones emitidas por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien comprometió al Estado mexicano a aplicar la NOM 046, tras el caso Paulina, una niña obligada a continuar un embarazo tras una violación, en Baja California.
 
LUCHA POR DERECHOS REPRODUCTIVOS
 
Las organizaciones civiles por el derecho a decidir sobre la maternidad han realizado un trabajo intenso y prolongado en Veracruz, como el emprendido luego de que en septiembre de 2016 el Congreso de Veracruz aprobó el Artículo 4 de la Constitución del estado para “proteger la vida desde el momento de la concepción”, misma reforma que en lugar de ser rechazada fue ratificada por los 212 ayuntamientos de la entidad de forma definitiva.
 
Con ello, las organizaciones buscaron contrarrestar la situación de violencia que viven las mujeres en la entidad, las mismas peticionarias de la AVG por feminicidio buscaron los medios jurídicos para garantizar los servicios de salud a las mujeres.
 
Así el 15 de abril de 2016, la Conavim aceptó la AVG únicamente por dos agravios: la falta de aplicación de la NOM 046 y la criminalización de las mujeres por aborto, pues el último presentado en la solitud que correspondía a “la protección de la vida desde el momento de la concepción”, aún no se votaba en el Congreso estatal para ser incluido en el Artículo cuarto de la Constitución local. Por ello la Conavim tuvo que rechazarlo. 
 
Esta vez, esperan que sea un hecho histórico, dijo Luz Estrada, quien destacó que esta AVG por agravio comparado es la primera que tuvo avances en el país, a pesar de que está establecida como un mecanismo en Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esperan, por tanto, que sea un precedente para el resto de las entidades de la República.
 
17/HZM/GG
 







NACIONAL
   Patricia Mercado
En la CDMX, feminicidio sucede en casa, no por crimen organizado
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/02/2017 La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, dijo que en la capital del país el feminicidio es un fenómeno que ocurre al interior de los hogares y no en las calles, ni como producto del crimen organizado.
 
Después de participar en el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que se realiza del 22 al 24 de febrero en esta capital, la funcionaria comentó que en el país pueden subir las cifras de asesinatos de mujeres, pero no en la Ciudad de México. 
 
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) de 2015 a 2016 la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la capital ha registrado 195 asesinatos de mujeres, pero de acuerdo con el Instituto de las Mujeres local (Inmujeres CDMX) en 2016 hubo 40 casos de feminicidio.
 
Sobre este tema, Patricia Mercado destacó que la capital es la entidad con menos mujeres asesinadas en toda la República y aseguró que el Gobierno capitalino está atendiendo el tema e incluso “ha encontrado a algunos de los culpables” de estos crímenes.
 
A decir de la Secretaria de Gobierno, estos delitos en la capital del país son un fenómeno que se da al interior de los hogares, es decir, se trata de “políticas estructurales y culturales”, pero aclaró que lo importante es que la Ciudad está atacando el feminicidio.
 
“Puede haber cifras aumentadas en el país pero en la Ciudad seguimos siendo uno de los estados, de las ciudades, con menos asesinatos de mujeres en el país”, dijo.
 
Participantes de diferentes países acudieron al Foro Global: Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas. CIMACFoto: César Martínez López.


SILBATOS SÍ FUNCIONAN
 
Sobre el acoso sexual en el transporte público y la Estrategia 30-100 contra la violencia hacia las Mujeres en el Transporte y Espacios Públicos, que se implementó desde el 25 de abril de 2016, Mercado destacó que ha funcionado la política de entregar silbatos a las usuarias para prevenir agresiones sexuales.
 
El Inmujeres CDMX y el Sistema de Transporte Colectivo Metro, dijo la funcionaria, están en comunicación con las usuarias a través de correo electrónico para revisar cómo ha funcionado la entrega del silbato, principalmente en el Metro.
 
De acuerdo con el informe, a 100 días de implementar la Estrategia, hasta agosto pasado se entregaron 39 mil 313 silbatos en diferentes dependencias del Gobierno y además tras los operativos se detuvieron a 158 personas acusadas de abuso sexual y 20 de acoso sexual, la mayoría en el Metro.
 
La funcionaria dijo que el Gobierno capitalino ya difunde unos videos con testimonios de mujeres que muestran su experiencia. Son mujeres que agradecen el silbato y han señalado que tenerlo les da seguridad a la hora de subir al transporte público. “No queremos que lo usen, sino que se sientan más seguras”, dijo sobre esta política pública.
 
17/AGM/GGQ







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