Daniel Ortega

INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Gobierno desaprovecha experiencia de las organizaciones
Iglesias voceras contra la violencia de género en Nicaragua, advierten OSC
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/09/2017

El gobierno de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, se propuso prevenir los asesinatos contra las mujeres pero su intención podría fracasar si su estrategia es hacer una campaña que enaltezca a la Iglesia católica y Evangélica como principales voceras para prevenir la violencia de género.

 

Esta es la consideración de la activista y enlace Nacional de la Red Nacional de Mujeres contra la Violencia, Evelyn Cecilia Flores Mayorga, quien aseguró que es preocupante que el gobierno de su país no aproveche la experiencia y trabajo de la sociedad civil que lleva años trabajando con mujeres y víctimas de violencia.

 

La también integrante de la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos estuvo en México para hablar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del trabajo del movimiento feminista en el país centroamericano y los riesgos que implica; tras su participación con los comisionados charló con Cimacnoticias.

 

Un tema de preocupación surgió la semana pasada cuando la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, se pronunció por los casos de feminicidio luego del revuelo que causó el asesinato de una mujer que fue decapitada por su pareja. Las hijas de la mujer exigieron a su padre saber dónde estaban los restos de su madre. Al respecto la funcionaria condenó los hechos y anunció que el gobierno comenzaría una campaña en contra de violencia, en alianza con la iglesia católica y evangélica.

 

El mensaje del Poder Ejecutivo, expuso en entrevista Flores Mayora, es que la única acción a realizar será en coordinación con las autoridades religiosas cuando Nicaragua es un Estado laico y a sabiendas de que las agrupaciones religiosas siempre han pedido a las mujeres aguantar cualquier sufrimiento en aras de mantener la unión familiar, aunque eso signifique aguantar la violencia de pareja.

 

“El mensaje que siempre están dando (la Iglesia) es que las uniones de la familia se deben principalmente a la disposición y esfuerzo que hace la mujer; y esta política por qué la quiere promover el gobierno de Nicaragua. Nos preocupa”, señaló.

 

Esto sucede mientras en ese país hay un aumento del feminicidio y un incremento de la saña, la misoginia, la crueldad con que están matando a las mujeres: desmembrando sus cuerpos, con decenas de cuchilladas o a machetazos. “Hay una misoginia, un odio muy fuerte y, esto, nosotras no podemos seguirlo permitiendo”.

 

De acuerdo con las agrupaciones feministas en aquel país, en agosto se asesinaron a siete mujeres atrozmente, además se contabilizaron 38 casos de feminicidio y 45 intentos de feminicidio. 

 

La defensora critica las posiciones del gobierno emanado del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) porque no  consideró el trabajo de más de 25 años de experiencia de la sociedad civil que se han esforzado en dar a conocer los distintos tipos de violencia de género, tipificar el feminicidio (nombrado como femicidio) y sacar avante la Ley Integral Contra la Violencia hacia la Mujer (conocida como Ley 779), entre otros logros.

 

“En vez de reconocer esas historias de estos espacios dicen que se van a coordinar con entidades religiosos. Ese es un retroceso para nosotras. Otra de las preocupaciones que también hemos señalado es todo lo que significa la persecución a las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, con énfasis a las defensoras que trabajan las diversas expresiones de la diversidad sexual”.

 

En Nicaragua, donde prevalece una política conservadora que criminaliza el aborto, las defensoras de la salud sexual y reproductiva de las mujeres son amenazadas y hostigadas por el simple hecho de dar información sobre el aborto, por promover la salud integral de las nicas o por tratar de prevenir embarazos en adolescentes y de niñas.

 

Con experiencia en grupos feministas como Las Petateras o la Articulación Nacional feminista,  Flores Mayorga ha sido señala por su activismo. “La mayoría de las defensoras hemos vivido más de un tipo de agresión, las principales agresiones que hemos vivido son de intimidación, de amenazas, desprestigio a nuestra labor de defensoras, además de eso hostigamiento, cuando nos andamos expresando en la vía pública”.

 

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Flores Mayorga informó que han registrado 202 casos de agresiones contra mujeres defensoras de los Derechos Humanos y expresó su preocupación por la impunidad en estos casos y pese a ello asegura que continuarán trabajando en las causas que unen a las nicaragüenses.

 

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INTERNACIONAL
   Campesina nicaragüense anticanal
La desigual batalla de Francisca Ramírez frente al gobierno de Ortega
Francisca Ramírez, la coordinadora del movimiento campesino que lidera la lucha contra la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua, lo que la ha convertido en víctima del acoso del gobierno del presidente Daniel Ortega. Crédito: Luis Martínez/IPS
Por: José Adán Silva*
Cimacnoticias | Managua, Nic .- 24/02/2017

La desigual batalla de la campesina Francisca Ramírez frente al gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha trascendido hasta el punto que desde el corazón político de Europa se aboga por su seguridad y sus derechos.
 
¿Quién es ella y por qué el Parlamento Europeo demandó a Nicaragua el 16 de febrero que proteja su vida y sus derechos junto a los de miles de campesinas y campesinos de comunidades rurales del centro-sur de este país centroamericano?
 
Ramírez es una agricultora de ascendencia indígena, de 40 años, que ha vivido toda su vida en las entrañas del municipio agrícola de Nueva Guinea, en la Región Autónoma del Caribe Sur, a unos 280 kilómetros de la capital.
 
Ella narró a IPS en una entrevista que su familia ha vivido siempre en esa localidad rural, escenario de cruentos combates en la guerra civil de los años 80.
 
A los 8 años su padre los abandonó y su madre debió emplearse como jornalera, mientras Ramírez se hacía cargo de sus cinco hermanos menores.
 
Tras sobrevivir a la guerra impulsada desde Estados Unidos contra el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (1979-1990), Ramírez aprendió las labores agrícolas, se casó  a los 18 años, tuvo cinco años, y con el esfuerzo de todos, la familia adquirió algunas tierras y mejoró sus condiciones de vida.
 
Ortega, quien gobernó el país en ese periodo, tras el derrocamiento de la dictadura dinástica de Anastasio Somoza, volvió al poder en 2007 y en enero inició un tercer mandato consecutivo, tras ganar unos cuestionados comicios, donde la oposición fue excluida, apoyado en una alianza cívico-militar que controla todos los poderes.
 
EL GRAN CANAL
 
Ramírez era feliz con su vida hasta 2013. “Nos avisan por la radio que se va construir un canal y a mí me pareció bien importante porque decían que todos íbamos a dejar de ser pobres”, relató.
 
Luego, poco a poco, las noticias fueron cambiando su percepción sobre el proyecto de construir el interoceánico Gran Canal de Nicaragua, entregado en concesión al grupo chino HKND en 2014, y comenzó a hacer preguntas que nadie le respondía.
 
Un día, delegaciones de funcionarios públicos que nunca habían visto en su comunidad, junto a policías y militares, acompañaban a delegaciones de chinos que hacían mediciones y cálculos sobre las propiedades campesinas.
 
“La ruta del canal pasa por su propiedad y todos ustedes van a ser trasladados a una ciudadela (asentamiento)”, le dijeron.
 
La Ley 840, que en 2013 dio vida al megaproyecto de más de 50 mil millones de dólares  y que ella apenas logró entender con sus escasos tres años de escolaridad, no dejaba  dudas: le pagarían por sus tierras un precio que el Estado considerara “adecuado”.
 
Y comenzó la resistencia. “Al inicio era alegría aquí, todos decíamos que al fin llegaría el progreso, pero cuando empezaron a venir los soldados y los policías prepotentes custodiando a los chinos, toda la comunidad se resistió a dejarlos pasar a sus casas y empezamos a protestar”, dijo.
 
Desde entonces, aseguró que la respuesta oficial fue la misma: represión, acoso, hostigamiento y amenazas a los campesinos que se oponen a entregar sus tierras.
 
Ramírez cuenta que se enlistó como activista en el Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, una iniciativa de la sociedad civil para organizar el movimiento campesino en defensa de sus tierras y derechos.
 
Comenzó marchando detrás de los líderes campesinos que encabezaban las primeras marchas con pancartas con mensajes contra el canal.
 
Luego esos líderes fueron siendo apresados, amenazados, intimidados y reprimidos por las fuerzas policiales y militares del gobierno, y Ramírez se vio de improviso al frente de las protestas en 2014.
 
Su liderazgo llamó la atención de los medios de comunicación y de organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, y de la sociedad civil.
 
Pronto las marchas campesinas anticanal se convirtieron en símbolo de resistencia y sumaron más personas, transformando a ese movimiento en la fuerza social de resistencia más importante que enfrentó Ortega en sus 10 años de poder.
 
El movimiento campesino contra el canal “es la organización social más fuerte que existe actualmente en Nicaragua. Al interior de cada movimiento surge un liderazgo auténtico y genuino, eso es lo que representa la señora Ramírez. Es la oposición social más importante del país”, valoró a IPS el sociólogo Oscar René Vargas.
 
El presidente “tiene conciencia que es la fuerza social más importante que enfrenta su gobierno”, aseguró.
 
La admiración que despierta Ramírez, por su capacidad de organizar y encabezar más de 90 marchas en el país, ha desatado la irritación del poder.
 
Más de 200 campesinas y campesinos han sido arrestados, unos 100 fueron golpeados y heridos de bala y el gobierno ha convertido la zona en estado de sitio militar, sin financiar proyectos sociales, según datos del movimiento.
 
Retenes policiales en toda la ruta a Nueva Guinea y cercos militares en sus alrededores dan la impresión de que se está  en una zona de guerra.
 
Ramírez no ha escapado de la violencia y el hostigamiento: su casa ha sido allanada sin órdenes judiciales, sus hijos y parientes perseguidos y amenazados por agentes de inteligencia y policías en uniforme; sus bienes y objetos de comercio, como alimentos e insumos, han sido incautados y dañados y ella ha sido acusada hasta de actividades terroristas.
 
El penúltimo episodio ocurrió en diciembre, durante una visita a Nicaragua del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para dialogar con Ortega sobre las denuncias de atropello a la democracia.
 
Ramírez quiso reunirse con Almagro y para evitar convoyes policiales sitiaron la comunidad y reprimieron a miembros del movimiento, narró la lideresa campesina.
 
Además, semi destruyeron el puente principal para salir de la zona, mientras retenes militares retenían a cualquier presunto integrante del Consejo.
 
Los propios vehículos de trabajo de Ramírez fueron confiscados, usados para movilizar tropas y luego dañados, según aseguró Gonzalo Carrión, del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos.
 
“El gobierno de Ortega ha tratado con saña a Francisca Ramírez y los campesinos que la siguen. A ella le han violado todos sus derechos, desde el derecho a la protesta hasta el derecho a la movilización y nosotros tememos que le violen el derecho más sagrado que tiene: la vida”, dijo Carrión a IPS.
 
En la oscuridad, por trochas y a pie, Ramírez cruzó un río profundo, donde casi se ahoga, para escapar del cerco y viajar disfrazada y oculta en un camión hasta Managua, donde logró reunirse el 1 de diciembre con Almagro y narrarle los atropellos de que ella y otros han sido víctimas por rechazar entregar sus tierras.
 
El 16 de febrero, el  Parlamento Europeo emitió su resolución de condena por la falta de protección de los defensores de los derechos humanos en Nicaragua, haciendo especial referencia al caso de Ramírez y lamentando el deterioro del Estado de derecho y la democracia en el país.
 
Los eurodiputados instaron al gobierno a “abstenerse de acosar y recurrir a actos de represalia contra Francisca Ramírez, la coordinadora del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía”.
 
“Ramírez fue detenida e intimidada tras presentar una queja formal por las agresiones perpetradas en la región de Nueva Guinea en diciembre de 2016, y también su familia ha sido objeto de ataques violentos como represalia”, denunció el Parlamento Europeo.
 
Mientras el gobierno guardó silencio sobre este pronunciamiento, para la activista social Mónica López, el hecho fue una victoria del movimiento campesino.
 
“Sin dudas algunas, el pronunciamiento es una victoria social y política para el movimiento campesino anticanal, una condena a Nicaragua y una alerta mundial sobre lo que ocurre contra los movimientos indígenas y campesinos en Nicaragua”, dijo López a IPS.
 
El gobierno reitera que el proyecto del canal sigue adelante, aunque lleva un año sin avances visibles, y defiende que está destinado a acabar con la pobreza que afecta a más de 40 por ciento de los 6,2 millones de habitantes de este país centroamericano.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por el portal de noticias internacional IPS.
 
17/JAS/GG
 








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