NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Jan Jarab, representante de ONU-DH
Informe para AVG en Veracruz, ejemplo de no sumisión ante ola conservadora
Imagen retomada del portal cinu.mx | Imagen: Antonio Nieto
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/03/2017 En México, como en el mundo, hay una tendencia a consolidar el conservadurismo en las normas legales y ante esto es importante que las instituciones y la sociedad den una clara señal de no sumisión frente a estas regresiones, afirma el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab.
 
Un ejemplo de cómo no claudicar en la defensa de los derechos, dice el experto checo en entrevista exclusiva con Cimacnoticias, lo acaba de dar un grupo de expertas y expertos, académicos y funcionarios, en un informe publicado el 10 de marzo, donde determinan que en Veracruz, estado situado al sur de la República Mexicana, hay discriminación institucional contra las mujeres y un atentado a sus derechos sexuales y reproductivos.
 
Este informe proporciona argumentos sobre la pertinencia de decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) por “agravio comparado” en la entidad, es decir porque hay leyes que obstaculizan el ejercicio de los derechos de las mujeres y recomienda al gobierno estatal despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación; permitirlo cuando esté en riesgo la salud de las mujeres; y garantizar la interrupción del embarazo en casos de violación sexual.
 
A propósito de este informe, Jan Jarab, quien fuera representante de la Oficina Regional de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Europa (2010-2016), afirma que hay que apostar a que esta “ola conservadora en contra de los derechos de las mujeres sea, si no la última, sí la última grande”. 
 
AVG CONTRA RETROCESOS
 
El 9 de septiembre de 2015 organizaciones sociales solicitaron una AVG por violencia feminicida pero el 5 de abril de 2016 por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, junto con otras seis organizaciones solicitaron otra AVG, esta vez por discriminación, criminalización y falta de acceso a los servicios de aborto. 
 
En esta segunda petición, las agrupaciones determinan cuáles son los elementos que obstaculizan a las mujeres el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos: La inadecuada prestación de servicios de salud y aplicación de la NOM-046 que permite el aborto en casos de violación sexual; la tipificación del aborto que castiga el delito con tratamiento educativo y de salud; y la reforma al Artículo 4 de la Constitución local para “proteger la vida desde la concepción”, que entró en vigor el 23 de agosto de 2016.
 
Dicha reforma al Artículo 4 fue aprobada en segunda vuelta por el Congreso local en julio de 2016, para “proteger la vida desde el momento de la concepción”, a propuesta del hoy prófugo ex gobernador, Javier Duarte, quien la promulgó en agosto de ese año acompañado por jerarcas de la Iglesia.
 
Ahora, el informe de expertas y expertos –el primero por “agravio comparado”– proporciona más elementos que demuestran cómo en la entidad se obstaculiza el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, específicamente en materia de acceso a los servicios de la interrupción legal del embarazo. Sobre este tema se le pregunta a Jan Jarab.  
 
-Anayeli García Martínez (AGM): ¿Cómo se debe analizar este informe realizado por este grupo de expertas y expertos?
 
- Jan Jarab (JJ): Para nuestra Oficina este informe es muy importante por varias razones. Primero, se trata del estado de Veracruz donde el cambio constitucional (para proteger la vida desde el momento de la concepción) que ocurrió el año pasado fue identificado por nuestra Oficina y por otras organizaciones de Naciones Unidas, como ONU Mujeres y el Fondo de Población, como un retroceso alarmante y fue objeto de un comunicado de prensa colectivo de varias organizaciones de la familia de Naciones Unidas.
 
“El informe, como tal, confirma nuestras preocupaciones: Cuando se crean retrocesos constitucionales –y no es algo retórico, simbólico– esto puede tener efectos adversos al gozo de los derechos, en este caso de derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas en el estado de Veracruz.
 
“En el informe se explica de manera didáctica que una política pública discriminatoria puede ser considerada como una forma de violencia institucional contra las mujeres. Esta es la segunda dimensión: Cómo entendemos en este país, y en otros, la violencia institucional que las instituciones del Estado causan a los titulares de derechos.
 
“Hay otra dimensión. Aunque sabemos que Veracruz es un estado muy problemático en muchas áreas de Derechos Humanos, el informe no sólo es sobre Veracruz, no lo interpretamos como algo relevante sólo para el estado, porque sabemos que las herramientas legales y, aun peor, las prácticas en muchos estados de la federación mexicana siguen siendo muy restrictivas en el ámbito de derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
 
“Aquí se da también una primera señal a un público más grande y es importante desde el punto de vista político que la Segob y el propio Secretario de Gobernación aceptan la opinión de los expertos”.
 
POPULISMO CONSERVADOR
 
Adicional a la información sobre salud sexual y reproductiva, el informe consideró 13 normativas nacionales e internacionales en materia de derechos de las mujeres, las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que enriquece los argumentos.
 
- AGM: ¿El contenido de informe podría tener repercusiones en el resto del país?
 
- JJ: Es un problema muy relevante para todo el Estado mexicano. Tenemos diferencias entre herramientas legales en varias entidades federativas, con una distinción bastante positiva de la Ciudad de México y la situación muy restrictiva, muy conservadora, en la mayoría de las demás entidades.
 
“Tenemos también un contexto preocupante que hemos visto no solo en derechos de la mujer. Por ejemplo, cómo se terminó el año pasado de manera muy nefasta con la intención de legislar el matrimonio igualitario y una contra reacción muy conservadora.
 
“Es importante que las instituciones que tienen este mandato den una clara señal que no podemos ser sumisos, no podemos capitular en esta coyuntura, en la ola conservadora, tanto en México como en el mundo. Soy optimista históricamente y pienso que es muy probable que la ola en contra que estamos mirando hoy será, sino la última, será la última grande.
 
“Me parece que se necesita utilizar este informe porque, como lo mencioné anteriormente, la situación en México en general necesita una modernización con un enfoque de Derechos Humanos que está muy presente en este informe, utilizando los altos estándares de Derechos Humanos como herramienta y no los prejuicios populares, el populismo conservador”.
 
EMPODERAMIENTO VS. “MORALIDAD”
 
- AGM: El informe recomienda implementar la NOM 046 que implica garantizar el aborto en casos de violación sexual pero, por otro lado, hay gobernantes y legisladores que no están de acuerdo con implementar esta norma, ¿esto sería parte de esta ola conservadora?
 
- JJ: La supuesta defensa de moralidad tradicional siempre ha sido en todos los países, para algunos más rápidos para otros más lento, pero siempre ha sido una lucha. No sólo es una lucha para ganar un voto en un Congreso nacional o estatal sino para convencer al gran público.
 
“Sabemos que aparentemente México tiene una de las más altas tasas de embarazo adolescente en la región, es preocupante pero la respuesta necesita ser un empoderamiento de las mujeres y de las niñas, acceso a todos los derechos sexuales y reproductivos y no intentar regresar al Siglo XIX.
 
“Tuve recientemente una plática interesante con una persona que insistió en que se necesita regresar al modelo tradicional, a un pasado supuestamente idílico. Primero, este pasado idílico nunca existió, es una fabricación; segundo, no se puede regresar al pasado, lo que necesitamos es un desarrollo de la legislación y de las políticas públicas basado en los estándares internacionales de Derechos Humanos.
 
“En un país como México, que afirma en la arena internacional su compromiso con estándares internacionales de Derechos Humanos, eso es algo que necesitamos exigir. Vamos a tener, quizás, un largo proceso, con las fuerzas más conservadoras políticamente, eso nos queda claro”.
 
INSUFICIENTE ATENCIÓN
 
“Otro factor importante en México es que la importancia de estos asuntos sigue siendo un poco eclipsada por otras violaciones muy importantes, dramáticas, graves violaciones como tortura o desaparición, que aunque también tienen una gran dimensión de género tampoco es tan visible como debería ser”, explica quien fuera funcionario de la Oficina de Derechos Humanos del Gobierno checo.
 
“El problema en México quizás no es que existan fuerzas conservadoras. Hemos visto que existen en Francia, de manera hasta sorprendente cuando se dio el movimiento en contra del matrimonio igualitario. No es esto, es el carácter de la discusión pública. Hay muchos otros temas que atormentan a la sociedad y la atención a los derechos de las mujeres y principalmente al tema de derechos sexuales y reproductivos no es suficiente.
 
“Puedo decirlo desde el punto de vista de nuestra Oficina: La Oficina del Alto Comisionado está tan metida hoy en los dramas de desaparición, de tortura, que es difícil priorizar otros temas híper importantes, como este del que hablamos, como los derechos de las personas con discapacidad, de los migrantes, porque los otros temas nos imponen por su urgencia”.
 
- AGM: ¿Sería relevante recalcar que los derechos de las mujeres también son Derechos Humanos?
 
- JJ: Desde mi perspectiva, de hombre, recién llegado de Europa, hay algunas tendencias fuertemente paternalistas aquí en México y aparentemente obstaculizan la correcta percepción de los derechos de las mujeres. Cuando varios políticos afirman que están apoyando los derechos de las mujeres, a veces lo hacen también de manera patriarcal, como elogiando a sus esposas, sus hijas, en el ámbito familiar. Generosidad condescendiente.
 
“Me parece que es una sociedad en transformación, esta transformación es obstaculizada -es mi perspectiva personal- tanto como otras transformaciones y modernizaciones de la sociedad, debido al contexto de la violencia y de otros flagelos de corrupción, impunidad, que dominan y preocupan a la sociedad.
 
“Estamos testimoniando unos esfuerzos. El de Veracruz fue emblemático, porque desvió la atención (con la reforma constitucional para proteger la vida desde la concepción). Las fuerzas políticas conservadoras no logran establecer o mantener un Estado de derecho pero sí se manifiestan con este cambio constitucional para mostrar que están defendiendo algo, aunque lo que están defendiendo significó, de hecho, un retroceso, como muestra este informe. Fue algo que obstaculizó aún más el acceso de las mujeres en Veracruz a sus derechos”.
 
- AGM: Aún no se sabe si las recomendaciones para modificar la legislación serán aceptadas pero ¿qué percepción tiene la Oficina del Alto Comisionado?
 
- JJ: La Oficina quiere aportar a este primer paso para que sea implementado en la legislación y en la política pública del estado de Veracruz. Vamos a apoyar esta normativa progresiva con discusiones con los actores, interlocutores federales y estatales. Estamos planeando una misión a Veracruz por varios temas, empezando por la situación de desapariciones, pero el tema de los derechos sexuales y reproductivos está en nuestra agenda.
 
17/AGM/GG
 







ESTADOS
SALUD
   Afirma Gabriela Velásquez
Dependencias de SSO, posibles responsables del anticonceptivo caduco
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/03/2017 Tras el hallazgo de cerca de 30 mil piezas de anticonceptivo caduco en las instalaciones de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), los hechos siguen sin aclararse y aún no hay responsables, porque se desconoce al proveedor del medicamento, fecha de adquisición, surtimiento y razones de la negligencia.
 
Sin embargo, podrían ser responsables del mal manejo la Dirección de Prevención y Promoción de Salud y el Departamento de Equidad de Género de Salud Reproductiva de la entidad, ya que la distribución de los medicamentos estaba a su cargo.
 
Así lo informó en entrevista con Cimacnoticias la titular de la SSO, Gabriela Velásquez Rosas, quien reportó que al momento sólo se conoce que el anticonceptivo Ciclofem caducó en octubre de 2016 antes de la salida del entonces director de la entidad de salud, Héctor González Hernández.
 
Desde el pasado 7 de febrero, los SSO están bajo procedimiento administrativo por parte de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), que localizó a partir de una denuncia ciudadana 564 kilogramos del anticonceptivo Ciclofem caduco en la Jurisdicción Sanitaria 1 de la institución.
 
Además, Profepa constató que el medicamento estaba almacenado de manera irregular, pues el almacén no contaba con el registro como generador de residuos peligrosos ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no se tenían las bitácoras de generación de dichos residuos, así como los manifiestos de entrega, transporte, recepción y constancia de disposición final de los mismos.
 
Sin embargo, Velásquez Rosas dijo que no se tiene mayor información sobre la investigación que lleva a cabo la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca, por lo que se sigue sin conocer la fecha de adquisición, el nombre del proveedor y cuáles fueron las razones por las que se mantuvieron en el almacén los anticonceptivos hasta su caducidad.
 
PRESUNTOS RESPONSABLES
 
De acuerdo con la Directora de los SSO, la distribución de los anticonceptivos en cada una de las unidades médicas estaba a cargo de la Dirección de Prevención y Promoción de Salud, así como del Departamento de la Equidad de Género y Salud Reproductiva de la entidad, quienes podrían ser los presuntos responsables del mal manejo y almacenamiento de los anticonceptivos.
 
La médica comentó que pudo ser “una falta de coordinación para realizar la entrega a tiempo”, aunque argumentó que desconocía las causas reales porque “aún no era funcionaria en la institución” y no era responsabilidad del sistema de salud estatal sancionar e investigar la problemática.
 
Velásquez Rosas señaló además que los encargados de realizar la compra del anticonceptivo Ciclofem, que asciende en su precio comercial a dos millones 600 mil pesos, fue la Secretaría de Salud (SS) federal, dependencia que contempla el medicamento Ciclofem dentro del anexo cuatro del Programa de Salud Reproductiva y Equidad de Género de la dependencia.
 
Añadió que será el Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envase y Medicamentos AC (Singrem) el encargado de dar disposición final adecuada de dichos medicamentos como lo ordenó Profepa, al tiempo que las jurisdicciones sanitarias se encuentran clasificando a partir de etiquetas color verde, amarillo y rojo los medicamentos próximos a caducar, según corresponda. 
 
SSO Y COMPRA CONSOLIDADA
 
A pesar que desde 2012 el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), como parte de los esfuerzos para reducir el embarazo en adolescente, realizó una compra consolidada de 13 métodos anticonceptivos de alrededor de mil millones de pesos para garantizar el abastecimiento en el territorio nacional, Oaxaca no estaba dentro de esta compra informó Velázquez Rosas.
 
Por tanto, la entidad se sumará este año a la compra consolidada de medicamentos en general, lo que incluye la compra de métodos anticonceptivos, con el fin de evitar desperdicios en el futuro y asegurar un mejor manejo y abastecimiento de los anticonceptivos en las clínicas de Oaxaca, según información oficial de los SSO. La inversión será de 74.7 millones de pesos.
 
17/HZM/GG
 







ESTADOS
SALUD
   Titular de SSO no debe “lavarse las manos”
Mal manejo de Ciclofem transgredió derecho a SSR de oaxaqueñas: CDD
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/02/2017 El hallazgo de casi 30 mil piezas de anticonceptivo caduco en las instalaciones de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) revela acciones que transgreden la Norma Oficial Mexicana (NOM) 005 de los servicios de Planificación Familiar, que determina el acceso a anticonceptivos de manera gratuita en las unidades de salud públicas, así como la NOM 047, que garantiza la atención médica integral, prevención y control de enfermedades entre jóvenes de 10 a 19 años de edad.
 
Así lo afirmó en entrevista con Cimacnoticias la coordinadora del Área de Jóvenes de CDD, Minerva Santamaría Hernández, quien agregó que es obligación de Gabriela Velásquez Rosas, actual titular de la SSO, aclarar la situación y no “lavarse las manos” al decir que fueron errores administrativos del pasado gobierno, encabezado por Gabino Cué.
 
Esto es, dijo, muestra de la crisis sanitaria que enfrenta la entidad, sobre todo en el tema de salud sexual y reproductiva (SSR), lo que pone al descubierto el fallo en la distribución de métodos anticonceptivos a las mujeres de Oaxaca, la falta de campañas en materia de educación sexual y reproductiva, así como la nula comunicación entre las unidades médicas para su entrega. Y esto, en medio de “todos los cambios que ha tenido la SSO”.
 
El hallazgo del medicamento caduco Ciclofem, tras una denuncia anónima, provocó que, el pasado 7 de febrero, la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) iniciara un procedimiento administrativo contra la SSO, por el almacenamiento y mal manejo del anticonceptivo. “Esto es grave, dijo Santamaría Hernández, porque no se trató de cinco mil piezas, sino de casi 300 mil dosis de anticonceptivos que no se distribuyeron” o que no se entregaran cuando las mujeres los solicitaron.  
 
COMPRA Y SEGUIMIENTO
 
En 2014, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), como parte de los esfuerzos para reducir el embarazo en adolescente, realizó una compra consolidada de 13 métodos anticonceptivos de alrededor de mil millones de pesos, para garantizar el abastecimiento en el territorio nacional, acción que se repitió en 2015.
 
Santamaría Hernández dijo que será necesario que la SSO indique si estos fármacos fueron parte de la compra consolidada y aclare qué seguimiento le dieron a los demás métodos adquiridos, “No sólo se pagaron inyectables, hubo una amplia gama de métodos anticonceptivos, hay que saber cómo fue la distribución de los otros”.
 
OBSTÁCULOS PARA ACCEDER A ANTICONCEPTIVOS
 
De acuerdo con Santamaría Hernández, en los monitoreos que ha realizado CDD en las unidades de Servicios Amigables para Adolescentes de la SSO, han descubierto algunas complicaciones para que los jóvenes puedan recibir la atención integral necesaria.
 
Entre ellas, desabasto de métodos anticonceptivos en los establecimientos, cierre de unidades por remodelación y falta de personal capacitado, lo que repercute en un trato poco cálido, informado y seguro para que los y las jóvenes se acerquen y tengan acceso a dichos métodos.

“Es un reto que tiene que trabajar esta nueva administración para poder fortalecer lo que tiene y ampliar lo que es posible, y garantizar que estos servicios puedan prestar servicios de calidad, teniendo trato e información y que los podamos llamar amigables”, señaló la integrante de CDD.

La organización también ha identificado obstáculos en el ejercicio de la sexualidad de las mujeres en comparación con los hombres. Sobre todo prejuicios por parte del personal cuando las adolescentes piden una pastilla de anticoncepción de emergencia, o quieren acceder a algún método anticonceptivo femenino.

Esto, pese a que el Consejo Nacional de Población (Conapo) ha señalado que la atención en servicios en salud sexual y reproductiva es esencial en este grupo de edad, ya que en 2010 en Oaxaca alrededor de una de cada cinco mujeres (20 por ciento) era adolescente.

La SSO estima que el promedio de nacimientos por año es de 70 a 72 mil, de los cuales entre el 16 y 18 por ciento ocurre en adolescentes menores de 20 años de edad.

Asimismo, en algunas unidades de zonas rurales se les niega el servicio a adolescentes si no se encuentran acompañados de algún tutor, en estos lugares CDD ha trabajado para cambiar estas políticas con la población.

Por último Santamaría Hernández recordó que el Gobierno tiene retos aún pendientes en la materia, como el acceso al aborto legal y seguro de víctimas de violencia sexual y la atención de casos de violencia obstétrica registrados en la entidad.

17/HZM/GGQ
 







INTERNACIONAL
   13 por ciento de españolas asesinadas presentaban alguna discapacidad
Mujeres con discapacidad son víctimas de violencia
CIMACFoto:César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid, Esp.- 06/01/2017 La Fundación CERMI Mujeres (FCM) lamentó la falta de información que existe sobre víctimas de violencia machista con algún tipo de discapacidad. Aseguró que “no se sabe cuántas mujeres con discapacidad presentan denuncia por ser víctimas de violencia, ni cuántas adquieren una discapacidad por maltrato. Tampoco se sabe cuántas niñas o niños nacen con una discapacidad debido a la violencia que sufrió la madre durante el embarazo”.
 
Así lo dio a conocer la FCM a través de la edición número 20 de la publicación digital Generosidad, que corresponde al mes de enero.
 
La FCM recordó que la macroencuesta que presentó en 2015 la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género informó que las mujeres tienen una discapacidad igual o superior 33 por ciento por haber padecido violencia física, sexual o porque tuvieron miedo a sus parejas en un 23.3 por ciento de los casos, mientras que este porcentaje bajó 15.1 por ciento, en mujeres sin discapacidad.
 
Además, la tendencia anual de asesinatos de mujeres cometidos por sus parejas o ex parejas, muestra que alrededor de 13 por ciento de las mujeres asesinadas tenía una discapacidad, porcentaje presumiblemente más elevado si se tiene en cuenta que muchas mujeres no cuentan con dicho reconocimiento oficial.
 
Ante este escenario, la FCM celebró que en las últimas semanas se haya puesto sobre la mesa la necesidad de alcanzar un pacto de Estado contra la violencia de género y otro para reforzar el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
 
“Las estrategias que se ejerzan para las políticas públicas coordinadas y financiadas en el ámbito de la violencia de género y de la autonomía personal, pueden ayudar a miles de mujeres con discapacidad. Las ayudará a salir del infierno de la violencia y a decidir sobre su propia vida en libertad”, dijo la FCM.
 
En este sentido, coincidió con la aprobación de la “Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia”.
 
La editorial digital, Generosidad recogió un reportaje en el que la FCM destacó la necesidad de reforzar la perspectiva de género denominada “Cuarto soporte del estado del bienestar”, ya que entre otras cosas, no sirvió para sacar de la situación precaria en la que se encuentran muchas mujeres en España.
 
El pasado 31 de octubre de 2016, los datos oficiales muestran que 65 por ciento de las mujeres, en su mayoría con más de 65 años solicitaron atención.
 
En cuanto a las prestaciones que les dan a personas beneficiarias (856 mil 452 en total), está vinculada a la asistencia personal, ya que solamente 0.51 por ciento del total. Al igual sucede con las prestaciones relacionadas con la prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal que representa 3.54 por ciento.
 
Por el contrario, la prestación económica vinculada a los cuidados en el entorno familiar supone casi 34 por ciento de los servicios totales, por lo que la FCM denunció que “los datos refrendan el temor inicialmente expresado de que se consolide un sistema basado en los cuidados informales”.
 
Por otro lado, la publicación incluye una entrevista con la asesora técnica de la Subdirección de Gestión Sanitaria de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud, María José Melero, quien se abordó la necesidad de seguir mejorando la atención a las mujeres y niñas con discapacidad en materia de salud sexual y reproductiva.
 
El apoyo de la FCM en el Día Internacional del Voluntariado o las acciones que la entidad puso en marcha con la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (PREDIF) y con el Centro de Recursos Educativos (CRE) de la ONCE en Madrid para reforzar la perspectiva de género y discapacidad.
 
17/RED/ KVR







NACIONAL
INFANCIA
   En la mayoría de los casos las menores de edad son producto de abuso y violencia sexual
Embarazo infantil, un grave problema para el país
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/01/2017 El embarazo infantil en el país es un grave problema ya que sólo entre 2006 y 2014 el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) registró 100 mil nacimientos en menores de 15 años de edad.
 
Para organizaciones como Ipas México, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Save the Children ser madre a tan corta edad no es decisión de las niñas ya que existe la posibilidad de que muchos de estos embarazos sean producto de abuso y violencia sexual por hombres adultos cercanos, familiares, amistades o vecinos.
 
Los hombres, las familias y las comunidades ven los cuerpos de niñas y mujeres como su propiedad, resaltan las agrupaciones civiles; como ejemplo, GIRE reportó en su informe “Violencia sin Interrupción: aborto por violación en México” que en los últimos ocho años en todo el país hubo más de 28 mil denuncias por violación sexual a niñas menores de 15 años.
 
Sin embargo el problema es aún más grave, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estima que menos del 10 por ciento de los casos de violencia sexual son denunciados, por ello la violencia sexual y el embarazo forzado en niñas es una silenciosa tragedia en México.
 
La organización internacional Save the Children asegura que no existen datos oficiales sobre los embarazos producto de una violación y como consecuencia es complicado conocer la situación que atraviesan las niñas embarazadas, que a su vez podrían ser víctimas de violencia y marginación.
 
Datos de la Secretaria de Salud indican que en 2009, 30 de cada 100 niñas de 10 a 14 años fueron hospitalizadas por presentar un embarazo pero no hay información sobre si fueron producto de una relación consensada.
 
En su informe “Embarazo y maternidad en la adolescencia: estado de las madres en México” la organización destacó que es necesario visibilizar el embarazo infantil, pues en el periodo de 2013 a 2014 contabilizó a nivel nacional 394 nacimientos de niñas de 10 años.
 
Las estadísticas no arrojan datos certeros sobre la relación de violencia ni sobre la edad de las parejas de las niñas que se embarazan pero la organización Ipas México hizo un estudio para tener un acercamiento a la edad de estos hombres.
 
La institución recogió información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012 y encontró que el 92 por ciento de las parejas de las mujeres que comenzaron su vida sexual a los 12 años de edad eran jóvenes de 15 a 19 años de edad y en otro 3 por ciento ellos tenían más de 30 años.
 
Para la organización es clara la posibilidad de que estas relaciones entre niñas y adultos no son consensuadas, advierte que entre menos edad tienen las niñas mayor es el riesgo de sufrir violencia y abuso sexual.
 
Además alertan sobre los riesgos a la salud de un embarazo temprano. En este grupo de edad, la Muerte Materna (MM) es más elevada; en 2014, el 14 por ciento de las defunciones maternas en México ocurrieron en mujeres menores de 20 años de edad, según datos del Inegi.
 
La principal causa de estos fallecimientos es la preeclampsia (presión arterial alta), pues sus cuerpos al no estar completamente desarrollados son incapaces de llevar a terminó el embarazo.
 
Ipas México y GIRE coincide al afirmar que sin el acceso a servicios de calidad en salud sexual y reproductiva, sin la atención que las niñas víctimas de violencia necesitan y con las legislaciones que restringe el aborto legal y la falta de seguro en México, las niñas y mujeres se ven obligadas a recurrir a un aborto en la clandestinidad, arriesgándose a ser sujetas de un proceso penal, además de poner en riesgo su salud y su vida.
 
ABORTO INSEGURO
 
El aborto inseguro fue la quinta causa de MM en el país en 2015, al registrarse 659 decesos de mujeres por esta causa, de las cuales, 10 por ciento eran menores de 15 años, de acuerdo con Ipas México. 
 
A partir de estas consideraciones el 24 de marzo de 2016 se modificó la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM 046) para que las víctimas de violencia sexual de 12 años de edad o más pueden acceder a un aborto sin que sea requisito presentar una denuncia penal.
 
Las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual podrán recurrir a la interrupción del embarazo sin necesidad de presentar una denuncia judicial, o consentimiento de sus padres o tutores. 
 
Esta modificación legislativa permite que las niñas y mujeres puedan tomar decisiones libres, informadas y seguras sobre su salud reproductiva. 
 
Sin embargo, GIRE observó en su informe sobre violencia y aborto que aun cuando la ley así lo indica, el desconocimiento de las obligaciones de los prestadores de salud y el afán de imponer sus creencias personales por encima de la salud de las niñas, hacen que todavía existan obstáculos para que ellas accedan a los derechos mínimos que les permitan recuperarse de esta situación de violencia y de un embarazo que nunca debieron tener.
 
SER MADRE Y NIÑA
 
Si bien el acto mismo de una violación es devastador para las niñas, tanto en su salud física como mental se deben considerar los peligros y secuelas que enfrentan al tener un embarazo.
 
Las organizaciones especializadas en derechos sexuales y reproductivos advierten que las consecuencias que atraviesan las niñas cuando presentan un embarazo son devastadoras; no cuentan con servicios de atención prenatal, tienen riesgos de sufrir partos prematuros o complicaciones en el proceso, inclusive su vida corre riesgo ante el embarazo.
 
Una vez que se convierten en madres las niñas tiene mayor probabilidad de truncar sus proyectos de vida, pueden tener empleos precarios y en general perpetuar los ciclos de pobreza en su descendencia.
 
Cuando una niña presenta un embarazo pueden abandonar la escuela al sentir vergüenza, miedo al rechazo, discriminan en el ámbito escolar y por si fuera poco se enfrenta a la escases de recursos económicos. De acuerdo con Save The Children las cifras de 2011 indican que el 31 por ciento de las menores de 15 años embarazadas abandonan la escuela.
 
Ser niñas y ser madres también las obliga a acceder a los trabajos mal remunerados, precarios y con riesgo de sufrir explotación laboral, de acuerdo con la Estrategia Nacional para Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea); por ejemplo, el 7 por ciento de las niñas embarazas de 10 a 14 años tuvieron una actividad mal remunerada en 2015.
 
El futuro que enfrentan las niñas que son madres es duro, tanto para ellas como para sus hijos e hijas, por lo cual, en 2015 se creó la Enapea que tiene como objetivo reducir un 50 por ciento la tasa de fecundidad en las adolescentes entre 15 a 19 años de edad, además de erradicar embarazos en niñas menores de 14 años para 2030.
 
16/HZM/KVR







NACIONAL
Trata de Personas
   Abolicionistas y reglamentaristas coinciden en proteger a víctimas
No criminalizar a mujeres en situación de prostitución y combatir la trata
CIMACFoto: Anayeli García Martínez
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 30/11/2016 Las organizaciones que se han pronunciado a favor y en contra de reconocer el “trabajo sexual” como una actividad autónoma y no asalariada en la Constitución Política de la Ciudad de México, coinciden en la importancia de no criminalizar a las mujeres que realizan esta actividad y combatir la trata de personas.
 
Organizaciones integradas en la Coalición para la Abolición del Sistema Prostituyente se oponen a reconocer el “trabajo sexual” porque consideran que esto fomentaría la explotación sexual, mientras que agrupaciones como Brigada Callejera de Apoyo “Elisa Martínez” a la Mujer y la “Red Mexicana de Trabajo Sexual”, sostienen que es una forma de prevenir la discriminación y las extorsiones a las mujeres.
 
A pesar de las diferencias, durante las audiencias públicas organizadas por el diputado perredista Víctor Hugo Romo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las dos posturas coinciden en la necesidad de proteger a las víctimas de trata de personas y en no criminalizar a las mujeres que, por cualquier razón, se dedican o son obligadas a “ofertar servicios sexuales”.
 
Durante las audiencias, que se realizaron entre octubre y noviembre -y a las cuales no asistieron legisladores- Elvira Madrid y Jaime Montejo, integrantes del colectivo “Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer”, expusieron seis peticiones, algunas de las cuales fueron apoyadas por Mónica Soto y Teresa Ulloa, integrantes de la Coalición para la Abolición del Sistema Prostituyente.
 
Brigada Callejera, agrupación que se dedica a acompañar a “trabajadoras sexuales” y ofrecer servicios médicos gratuitos a esta población, propone que la Procuraduría General de Justicia capitalina y la Procuraduría General de la República firmen un acuerdo para evitar presentar como “pruebas” de lenocinio o trata de personas, los condones usados y nuevos que encuentran cuando detienen a las “trabajadoras sexuales”.
 
La activista Elvira Madrid, explicó que la policía capitalina argumenta que los condones son una prueba para fincar delitos como lenocinio y trata de personas o delincuencia organizada.
 
Sobre esta propuesta, la activista y quien fuera secretaria de Equidad de Género del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mónica Soto, aseguró que no se debe criminalizar, extorsionar ni violentar a las mujeres. 
 
Jaime Montejo expuso que tampoco se deben instalar zonas de tolerancia, puntos tolerados, perímetros autorizados o zonas económicas para ejercer este “trabajo” porque que en realidad funcionan como campos de concentración de “trabajadores sexuales”; una idea con la que coincidió la directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa.
 
Otro punto de coincidencia entre las agrupaciones que se oponen y las que apoyan el reconocimiento de esta actividad, es eliminar los controles sanitarios al “trabajo sexual” ya que son discriminatorios, así como no obligar a trabajadoras, bailarinas, empleadas de  bares, cantinas, centros nocturnos y hoteles, a firmar declaraciones sin leerlas y sin estar de acuerdo con ellas.
 
Cabe decir que en el año 2000 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se anunció el retiro de la credencial del control sanitario para las y los “trabajadores sexuales” que emitía el Consejo Nacional para Prevención y Control del Sida (Conasida) como una forma de certificar que las mujeres no tenían VIH/Sida y con ello prevenir la propagación de la infección. La credencial se retiró porque no funcionaba como medida de prevención.
 
Otra propuesta de este colectivo, y donde ya no hay coincidencia con las llamadas “abolicionistas”, es que la Jefatura de Gobierno capitalino publique unos lineamientos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México donde vincule a las y los “trabajadores sexuales” con el reglamento de trabajadores no asalariados del Distrito Federal, con lo que esta actividad se reconocería como un oficio.
 
También piden que se suprima el delito de lenocinio del Código Penal de la Ciudad de México que penaliza el derecho de organización del “trabajo sexual”,  toda vez que a decir de este colectivo, la actual penalización impide que las mujeres se agrupen, por ejemplo, para tener una casa o departamento donde “ofrezcan sus servicios sexuales”.
 
Actualmente el artículo 189 de esta norma dice que “se sancionará con prisión de 2 a 10 años y de quinientos a cinco mil días de multa al que explote el cuerpo de una persona u obtenga de ella un beneficio por medio del comercio sexual; facilite los medios para que se prostituya; o regentee, administre o sostenga prostíbulos, casas de cita o lugares dedicados a explotar la prostitución”.
 
Como solución, Brigada Callejera propone reforma la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal, norma que promueve la generación de autoempleos, para incorporar a las “trabajadoras sexuales no asalariadas”, lo que desde su postura sería una forma de evitar la penalización de esta actividad.
 
Ahora la Asamblea Constituyente analiza el proyecto de Carta Magna para revisar si se incluye o no el “trabajo sexual” mientras que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se analiza derogar la “prostitución” como una falta administrativa en el artículo 24, fracción VII, de la Ley de Cultura Cívica capitalina.
 
16/AGM/LGL







NACIONAL
VIOLENCIA
   99 por ciento fue víctima de violencia familiar
“Trabajadoras sexuales” una vida de violencia
Especial
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/11/2016 La directora del Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH/Sida en la Ciudad de México, Andrea González Rodríguez, dijo que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) debe eliminar los obstáculos que actualmente existen para garantizar la salud de las “trabajadoras sexuales”.
 
La doctora señaló que hoy en día las Clínicas Especializadas Condesa e Iztapalapa, atienden a esta población pero destacó que el Seguro Popular –programa a través del cual se financia el acceso al servicio– exige que las personas beneficiadas residan en la capital del país pero muchas de las trabajadoras no tienen su domicilio en la Ciudad de México.
 
En la última de cuatro mesas organizadas por el diputado de la ALDF, el perredista Víctor Hugo Romo, para escuchar opiniones sobre su propuesta para derogar la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica que cataloga la “prostitución” como falta administrativa, la funcionaria dijo que la persecución y el desprecio social hacia este grupo dificulta el acceso a los servicios de salud.
 
A la par de la propuesta del legislador de reformar la ley, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, propuso en el proyecto de borrador de la Constitución Política de la Ciudad de México, reconocer el “trabajo sexual” como una actividad no remunerada.
 
Respecto a la intención de reformar la Ley de Cultura Cívica para que la “prostitución” no sea una falta, la doctora señaló que esto no es suficiente toda vez que los requisitos del Seguro Popular –como la residencia en la Ciudad de México– dificultan que las mujeres accedan a los servicios a lo que se suma que ellas prefieran no asistir a las clínicas especializadas porque allí no hay servicio de pediatría para sus hijas e hijos.
 
En este contexto González Rodríguez expuso que las Clínicas Especializadas Condesa e Iztapalapa ofrecen servicios para “trabajadoras sexuales” como atención ginecológica, actividades informativas sobre infecciones de transmisión sexual, servicios de diagnóstico ambulatorio y el reforzamiento de medidas de prevención como la distribución de condones a través de organizaciones sociales.
 
Destacó que al hablar del “trabajo sexual” en materia de salud se distinguen tres grupos que se dedican a esta actividad: mujeres, hombres y personas transexuales; además de las víctimas de trata de personas y señaló que cada una de estas poblaciones tiene  problemáticas de salud distintas según su perfil y condiciones sociales.
 
González Rodríguez explicó que la población más difícil de atender son las mujeres que se dedican al “trabajo sexual”, porque son parte del programa más acotado de la Clínica Condesa y porque son quienes viven más persecución y desprecio social; mientras que los hombres son el grupo más sencillo de atender porque son menos estigmatizados por ejercer este oficio.
 
Desde la perspectiva de la doctora hay una tendencia a “proteger” a las mujeres para que no “vendan su cuerpo” mientras que los hombres no viven esa “persecución moral”. 
 
Según la información del Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH/Sida, 90 por ciento de las mujeres que atiende y que realizan la “venta de servicios sexuales” son menores de 35 años, tienen estudios básicos como primaria incompleta o máximo un año de secundaria, son de otra entidad federativa, tienen en promedio uno o dos hijos y la gran mayoría usa y promueve el condón por lo que tienen menor prevalencia de VIH.
 
Además dijo que entre 30 y 40 por ciento de estas mujeres tienen antecedentes de abuso sexual, agresiones que en la mayoría de las veces ocurren en la infancia; 99 por ciento fue en algún momento víctima de violencia familiar, iniciaron su vida sexual desde los 9 o los 14 años edad y comenzaron el “trabajo sexual” entre los 15 y 18 años.
 
La especialista también mencionó que estas mujeres esperan cumplir 18 años para acceder a los servicios de salud, muchas no tienen domicilio en la Ciudad de México, en la mayoría de los casos viven en alguna ciudad con algún estado colindante donde la mamá se hace cargo de las hijas e hijos, y pertenecen a familias donde en dos generaciones no hubo papá.
 
González Rodríguez agregó que el “trabajo sexual” permite que estas mujeres puedan mantener a la mamá y a los hijos.
 
Otro grupo que dijo la doctora, es invisible, son las mujeres en “situación extrema de vulnerabilidad”, jóvenes que en la mayoría de los casos viven en las calles, en hoteles, son menores de edad y que no se dedican al “trabajo” pero cambian servicios sexuales por techo, comida o sustancia inhalables y que tienen alta prevalencia de VIH, sífilis, embarazos adolescentes o que vivieron abortos previos. 
 
Muchas de estas jóvenes pasan por las unidades de adolescentes en conflicto con la ley, son expulsadas de su casa por violencia familiar y en general son un grupo poco atendido porque realizan “transacciones sexuales” por abandono.
 
Expuso además que no es lo mismo “trabajadoras sexuales” que victimas de trata porque las primeras van a las clínicas solas, de manera voluntaria, conocen los servicios y la mayoría no consume sustancias; mientras que las víctimas de trata son acompañadas por instituciones u organizaciones civiles, acuden con miedo, ansiedad,  trauma, estrés postraumático y tienen antecedentes de prácticas sexuales obligadas.
 
En opinión de la funcionaria en otros países la persecución, desprecio y la falta de protección hacia las mujeres “que se dedican a esta actividad” provocó que los hombres tengan derecho a violar a las mujeres y se convirtió en una manera de expandir infecciones de transmisión sexual y el VIH. Actualmente en la Ciudad de México en mujeres la prevalencia de esta infección es de menos de 1 por ciento y en los hombres es de 38 por ciento.
 
16/AGM/LGL







NACIONAL
SALUD
   Prevalencia de VIH es mayor entre personas transexuales
Pide Censida no discriminar ni tener prejuicios contra “trabajo sexual”
Especial
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/11/2016 La directora del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida), Patricia Uribe Zúñiga, aseguró que las personas que se dedican al “trabajo sexual” enfrentan diversos padecimientos por lo que su salud no puede estar acotada al VIH y a las infecciones de transmisión sexual.
 
Así lo dijo al participar en el foro organizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y el diputado perredista Víctor Hugo Romo para escuchar opiniones sobre cómo reconocer el “trabajo sexual” en la Constitución de la Ciudad de México y derogar la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica que cataloga esta actividad como una infracción.
 
En la mesa sobre salud, la doctora –quien cuenta con amplia experiencia en salud pública, salud sexual y reproductiva y administración pública– dijo que los datos de 2013 indican que la prevalencia del VIH en mujeres biológicas que se dedican al “trabajo sexual” es de 0 .68 por ciento pero en trabajadoras trans es de 20 por ciento en promedio.
 
De acuerdo con el Informe Nacional de Avances en la Respuesta al VIH y el Sida en México 2016, en términos generales, la prevalencia del VIH en personas transgénero es mayor que en la población general por lo que reducirlo en esta población es una medida importante para hacer un seguimiento de la respuesta nacional al VIH.
 
En la mesa donde participaron mujeres y personas trans que se consideran “trabajadoras sexuales”, Uribe Zúñiga dijo que esta población no sólo enfrenta problemas de salud relacionados con el VIH toda vez que algunas personas pasan por una transformación sexo-génerica, usan hormonas o se inyectan sustancias para feminizar su cuerpo lo que les trae otras consecuencias de salud.
 
En este sentido explicó que actualmente a nivel federal las instituciones que atienden a personas que “ejercen esta actividad” no son integrales ya que sólo en la Ciudad de México se les ofrece atención en materia de salud sexual y reproductiva, mental, para atender violencia y apoyo para tratamiento hormonal, por lo que aseguró que es necesario articular estas acciones.
 
Al respecto la funcionaria dijo que el 17 de mayo, Día Nacional contra la Homofobia, la Secretaría de Salud acordó hacer un protocolo de atención integral para personas transexuales e intersexuales a fin de haya lineamientos básicos pero destacó que si no se elimina la discriminación y los prejuicios hacia el “trabajo sexual” y la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI) no se garantiza acceso a los servicios de salud pública sin discriminación.
 
Por otra parte la especialista, quien de 2003 a 2011 fue directora General del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, dijo que está demostrado que el control sanitario obligatorio para quienes realizan el “trabajo sexual” no lleva a ningún beneficio y muchas veces sirve para que se les cobren las pruebas de detección de enfermedades sin que se les realicen.
 
En opinión de Uribe Zuñiga, la ley que regule esta actividad no debe avalar que las delegaciones o los municipios determinen las medidas sanitarias más recomendables para atender a las “trabajadoras sexuales” porque, dijo, quienes tienen que hacerlo son los servicios de salud.
 
16/AGM/LGL







LA VOZ DE LA COALICIÓN
SALUD
   LA VOZ DE LA COALICIÓN
El llamado se hace grito: propuestas de la Coalición por la Salud de las Mujeres al Presupuesto de Egresos de la Federación 2017
Archivo CIMACFoto
Por: Daniela Díaz Echeverría*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 25/10/2016 En el año 2009 hubo un aumento considerable de las muertes maternas, en comparación al 2008, tanto es así que las cifras retrocedieron en prácticamente 8 años. En 2009, las defunciones por neumonía e influenza fueron 126 y por la influenza H1N1 58, es decir un total de 184; cuando en el año 2008 se registraron 16 fallecimientos por enfermedades respiratorias durante el embarazo, el parto o el puerperio (pos parto).
 
Una causa global de la pérdida de vidas humanas, fue la incapacidad del sistema de salud, de responder en términos de gestión, recursos y capacidades de las redes de atención, ante la urgencia de atender en tiempo y forma a las mujeres gestantes.
 
Desde esa fecha, han surgido otra serie de asuntos apremiantes a resolver, como las emergencias del chikungunya y el zika, el alto número de embarazos en las niñas y adolescentes, la baja detección del VIH en mujeres embarazadas, la precariedad en los servicios de salud a los cuales acuden las mujeres indígenas y que las mantienen con mayor riesgo de fallecer por salud reproductiva, y el aumento en la violencia hacia las mujeres y por tanto la necesidad de acciones de política pública en salud para su protección.
 
Para resolver los rezagos en las condiciones de los servicios y fortalecer realmente su capacidad, requiere de la asignación progresiva y significativa de financiamiento público. Sin embargo, la actual administración ha aplicado recortes desde el año 2015, y en el proyecto del presupuesto para el año 2017, suma otra reducción. De igual manera, es apremiante hacer pública toda la información del uso de los recursos financieros y materiales en salud, para que el Ejecutivo federal y los estatales rindan cuentas reales de estos a la población en general. Transparentar es un mecanismo concreto para verificar si los recursos se orientan al cumplimiento de los Derechos Humanos de las mujeres y se garantiza su dignidad.
 
Año tras año, la Coalición por la Salud de las Mujeres presenta a las y los diputados, propuestas de mejora en la asignación de los presupuestos para el Seguro Popular y los específicos para los servicios en salud sexual y reproductiva. Lo que ha sido un llamado a avanzar, ahora es un grito de exigencia.
 
Ante un escenario de inequidades, desigualdades que afectan a las mujeres pobres urbanas, rurales, o indígena aunado a las condiciones de rezagos y precariedades en los servicios de salud, es fácil imaginar que estas decisiones presupuestarias conllevarán mortalidades, morbilidades previsibles, finalmente sufrimientos evitables.
 
Ante esta propuesta de presupuesto en salud para el 2017, hemos argumentado los incumplimientos constitucionales y legales que significa la disminución de presupuesto en salud, sin embargo el ejecutivo, ya sea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Secretaría de Salud, hacen oídos sordos a tales señalamientos.
 
Esperamos que la Cámara de Diputados corrija las deficiencias y retome las recomendaciones de la Coalición, las cuales se resumen en las siguientes:
 
En materia de rendición de cuentas, es fundamental transparentar el Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública, de Información en internet, en el cual la Secretaría de Salud registra el ejercicio de los programas de política pública —incluidos todos los de salud sexual y reproductiva y de atención a la violencia hacia las mujeres en salud— y las diferentes fuentes de financiamiento vinculado a metas e indicadores comprometidos entre las secretarías de salud federal y de los 32 estados.
 
Sobre asignación de recursos, es prioritario Recuperar la pérdida:
 
•          del -10.34 por ciento de decrecimiento en el presupuesto para el Programa Presupuestario P020 (Salud materna, sexual y reproductiva).
•          Del -10,82 en Salud (ramo 12, que son los recursos que se transfieren a través de la Secretaría de Salud, preferentemente a los 32 estados y a institutos y hospitales generales).
•          Del -11,85 para el Seguro Popular.
 
Para fortalecer en acciones hacia adolescentes asignar y transparentar recursos para el abasto de insumos anticonceptivos dedicados a esta población y que ya los contempla la compra centralizada.
 
•          Sensibilización y capacitación a prestadores de servicio para que el acceso se facilite y se eliminen las barreras de acceso que todavía existen y que se identifican con posturas personales. Para ello, la capacitación en sexualidad adolescente, en Salud Sexual y Reproductiva, metodología anticonceptiva, NOM 047 para la atención del grupo etáreo de 10 a 19 años, son fundamentales.
 
•          Incrementar la Anticoncepción Pos Evento Obstétrico (APEO) entre la población adolescente también es crucial, ya que es muy alto el número de adolescentes que regresa con un segundo y hasta tercer embarazo.
 
Fortalecer los recursos presupuestales para acciones específicas en salud con población indígena:
 
•          Inyección de mayores recursos e insumos para ampliar la cobertura de atención
•          Etiquetación de recursos para la contratación de personal de salud como parteras tradicionales y profesionales para la atención de partos y el impulso de las estrategias comunitarias de protección a la mujer embarazada.
•          Incorporación de un enfoque de atención en salud intercultural en zonas donde exista presencia de población indígena.
•          Actualizar las competencias de los proveedores de servicio para que puedan ofrecer una asistencia de calidad y dentro de lo que dicta la normatividad existente para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio.
 
Para robustecer la prevención y el control del VIH y sida en mujeres, establecer recursos para:
•          Ampliar la detección en todos los programas de salud reproductiva,
•          El apoyo para traslados de las mujeres con VIH y
•          La asignación de los recursos para la vacuna de VPH en el Centro Nacional de Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, CENSIA.
•          Mejora los indicadores de seguimiento para que reflejen realmente cuál es el beneficio directo en las mujeres:
 
Cambiar el concepto con el cual se denomina el PP P016 en el Anexo 13 a: Prevención y atención de VIH/Sida y otras ITS en mujeres.
 
A los indicadores del P016 en el tomo de Objetivos, Indicadores y Metas (OIM) en el Ramo 12, se agregue la desagregación por sexo.
 
*Responsable de los proyectos de Salud reproductiva y presupuesto público, y Partería y presupuesto público en Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.
 
16/DDE/LGL







INTERNACIONAL
INFANCIA
   38 por ciento de “esposas” es menor de edad: HRW
Gobierno de Nepal incumple acciones para erradicar matrimonio infantil
Imagen retomada del portal de Human Rights Watch/ Fotografía: Smita Sharma
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/09/2016 El matrimonio infantil sigue perjudicando a las niñas de Nepal y son pocas las evidencias de acciones gubernamentales para erradicarlo o mitigar las afectaciones que contrae, señaló la organización Human Rights Watch en su informe “Nuestro momento de cantar y jugar: matrimonio infantil en Nepal”.
 
En junio de 2014, el gobierno de Nepal se comprometió a implementar un plan nacional para que en el año 2020 el matrimonio infantil estuviera erradicado, sin embargo, este objetivo se postergó para el 2030, debido a la falta de acciones concretas por parte del gobierno.
 
El matrimonio infantil es ilegal en Nepal desde 1963, sin embargo, HRW comprobó que son muy pocos los casos en los que se cuenta con la intervención de la policía para impedir el matrimonio e incluso funcionarios gubernamentales aceptan la práctica aunque constituya un delito.
 
Nepal tiene el tercer lugar en matrimonio infantil en Asia. Alrededor de 37 por ciento de las jóvenes que contraen matrimonio tiene menos de 18 años de edad, 10 por cierto se casó antes de los 15 años y se estima que 11 por cierto de los varones se casa antes de los 18 años, aunque la legislación nepalesa fija los 20 años como la edad mínima para contraer matrimonio.
 
Investigadoras de HRW destacaron en su informe, que entre los principales factores que propician el matrimonio infantil se encuentran la pobreza, la falta de acceso a la educación, el trabajo infantil y las presiones sociales.
 
El matrimonio infantil, señaló la organización defensora de Derechos Humanos, se vuelve un mecanismo para la sobrevivencia de las familias. Los padres no cuentan con condiciones básicas para alimentar a sus hijas e hijos, por lo cual el matrimonio se vuelve un “seguro” para comer. Las jóvenes a menudo abandonan la escuela para buscar empleo porque sus familias no pueden solventar sus estudios, como consecuencia muchas de ellas terminan casándose.
 
De acuerdo con lo reportado en el documento, las presiones sociales continúan vigentes y obligan a las jóvenes a casarse poco tiempo después de haber tenido su primera menstruación. “El matrimonio infantil es en esta región algo aceptado, incluso deseado”, lamenta la organización.
 
La falta de acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos, expone a las menores de edad a matrimonios apresurados por embarazos extramaritales.
 
De acuerdo con el informe, el matrimonio infantil provoca en las niñas y sus familias, graves consecuencias como negarles el acceso a la educación, problemas de salud debido a embarazos a temprana edad, abuso doméstico (violencia, abuso sexual), incluida la muerte.
 
Actualmente el gobierno de Nepal se encuentra trabajando con organizaciones no gubernamentales y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desarrollando la Estrategia Nacional para Erradicar el Matrimonio Infantil como parte del Plan de Acción Nacional del país.
 
A pesar de ello, Human Rights Watch señala que los avances del plan han sido lentos y las estrategias carecen de especificaciones para construir un verdadero plan de acción que asegure un buen futuro para las niñas de Nepal.
 
16/HZM/LGL







Syndicate content

Todos los materiales realizados por Cimacnoticias (Texto, audio, video y fotografía) son realizados sin fines de lucro, se permite su uso y reproducción siempre y cuando se cite la fuente. No se permiten modificaciones o cambios en los materiales.

Para mayor información escríbenos a: agencia.cimacnoticias@gmail.com