OPINIÓN
VIOLENCIA
   DESENREDO
Posible, acabar con embarazo forzado en niñas y adolescentes
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Cimacnoticias | Guatemala, Guat.- 23/05/2017 Las muertes por causas aberrantes siempre serán condenables, y cuando éstas corresponden a niñas o adolescentes, hay que tenerlas presente por la repercusión que tienen al descubrir hasta qué nivel se menosprecia la vida de la niñez y la juventud, en especial de quienes viven en situación de pobreza, carecen de oportunidades, enfrentan contextos violentos y se han atrevido a manifestar sus demandas e inconformidades.
 
En un país como Guatemala, donde se criminaliza la protesta social, se discrimina a quienes piensan o actúan diferente, se sobredimensiona el individualismo y se profundizan las desigualdades, cabe señalar que esas prácticas NO son normales ni tienen que considerarse reglas de convivencia, en tanto, violentan los derechos de las personas.
 
Hay que decirlo claro y fuerte, la libertad de expresión, la preeminencia del bien común y el acceso a una vida digna son derechos, mientras que las medidas de control, descalificación y sojuzgamiento son agresiones.
 
Aunque pasen los días, incluso meses, hay que tener presente lo sucedido el 8 de marzo pasado, en el mal llamado Hogar Seguro Virgen de la Asunción y en una avenida de la Zona Siete capitalina, donde perdieron la vida 43 adolescentes.
 
Ambos hechos son conocidos por la opinión pública, pero también han ocurrido otras muertes violentas de niñas y adolescentes en Guatemala y otros países. Lo importante, en todo caso, es reiterar la exigencia de juicio y castigo a las personas culpables de esos femicidios/feminicidios, así como la demanda de trato digno a todas las niñas y adolescentes que ejercen su derecho a opinar y a decidir.
 
En este marco, hay que tener en cuenta que las violencias marcan la vida de las personas. Y las agresiones más frecuente que sufren niñas y adolescentes son las de tipo sexual, que van desde tocamientos, tratos degradantes hasta violaciones, que con frecuencia tienen como secuela un embarazo forzado.
 
En este renglón hay mucho por hacer en Latinoamérica para reducir hasta erradicar que adolescentes se conviertan en madres de manera obligada y/o en condiciones precarias e inhumanas, luego que un individuo abusó de su cuerpo, amparado en las enseñanzas patriarcales que lo colocan como alguien superior.
 
El Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR) de Guatemala reportó que entre enero y marzo de este año, ocurrieron 578 nacimientos de niñas entre 11 y 14 años de edad, es decir ocurrió un delito de violación que no requiere ser probado, según la legislación de este país centroamericano.
 
Así también informó que registraron 8 mil 185 nacimientos de adolescentes entre 15 y 17 años, aunque la legislación establece que en este rango de edad que la violación debe ser probada.
 
Cabe resaltar lo dicho por la doctora Mirna Montenegro, coordinadora de OSAR, quien aseguró que las denuncias contra los agresores son mínimas en comparación al número de nacimientos de madres niñas y adolescentes.
 
Hay que persistir en la demanda de educación sexual laica y científica, así como acceso a oportunidades de estudio y trabajo para las jóvenes. Reivindicar el derecho a vivir sin violencias, implica desnaturalizar los hechos aberrantes como las violaciones sexuales que cometen padrastros, abuelos, tíos, conocidos, curas, pastores, maestros y demás. Hay que persistir en exigir justicia y una vida digna para ellas.
 
* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
 
17/RHA/GG







INTERNACIONAL
   Nuevos ingresos, pese a recomendación
Urge CIDH a Guatemala apoyar a niñez que vive aún en Hogar Seguro
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/04/2017 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado guatemalteco aplicar medidas adecuadas para apoyar y asistir a familiares de las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde murieron quemadas 41 niñas como consecuencia de un incendio; y a la niñez y adolescencia que todavía se encuentran ahí, así como prohibir el ingreso de más menores de edad.
 
En un comunicado, la CIDH informó que la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez realizó una visita al lugar de los hechos el pasado 30 y 31 de marzo, donde pudieron constatar que aún permanecen en ese lugar 33 menores de edad quienes se encuentran en un sector llamado San Gabriel, en condiciones sanitarias deficientes, habitaciones inadecuadas y con la presencia de unidades de la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Especiales de la Policía en la puerta de ingreso.
 
También señaló que el Hogar está rodeado de alambre de púas en sus altas paredes y dispositivos “similares a un centro de privación de libertad” en lugar de uno de protección.
 
De las pláticas que la relatora Esmeralda Arosemena de Troitiño sostuvo con las y los menores de edad que permanecen ahí, se pudo apreciar que “están muy afectados por la tragedia vivida y debería encontrarse para ellos un ambiente que les pueda ofrecer condiciones de protección y cuidado adecuadas para que puedan dejar cuanto antes ese Hogar”.
 
NUEVAS ADMISIONES
 
Asimismo, dijo la CIDH, la delegación fue informada que tres niños habían sido admitidos en ese mismo Hogar en los últimos días, el último de ellos con una orden del juez que apercibía a los funcionarios con arresto si no era recibido en el recinto, lo que la Comisión considera sumamente preocupante toda vez que había solicitado al Estado prohibir el ingreso de más niñas o niños al “Hogar Seguro Virgen de Asunción”.
 
La Comisión destacó que no recibió información consistente sobre el número de menores de edad que se encontraban en el Hogar el 8 de marzo (día del incendio) pues las cifras de las autoridades oscilan entre 588 y 604, y que se activaron 29 alertas por desaparición de niños, niñas y adolescentes los días 7 y 8 de marzo.
 
ENTREGA SIN RESGUARDOS LEGALES
 
Otra irregularidad, señaló el comunicado, es que algunas niñas, niños y adolescentes fueron entregados a quienes fueron a buscarlos “sin adoptar los resguardos legales correspondientes para su protección”; y que no hubo información sobre medidas para garantizar procesos de reinserción segura con acompañamiento especializado a sus familias.
 
“En los casos en que no se pudo localizar un recurso familiar, el Estado procedió a trasladar a los niños, niñas y adolescentes a otros hogares y a otro tipo de instalaciones para un albergue de emergencia”.
 
La  CIDH otorgó la medida cautelar No. 958/16, el 12 de marzo con el fin de proteger la vida e integridad personal de las niñas, niños y adolescentes que se encontraban alojados en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción al momento del incendio que tuvo lugar el día 8 de marzo; la medida alcanzó a los que resultaron lesionados y que fueron trasladados a otros lugares.
 
Urgió al Estado a otorgar todo el apoyo psicológico necesario para la niñez y adolescencia y otras medidas de protección por su condición de víctimas y testigos de los hechos como el resguardo de su privacidad e identidad.
 
ALIDA ESPAÑA, MALAS CONDICIONES
 
Como parte de su visita, la delegación también estuvo en la escuela Alida España, un albergue temporal para niñas y niños con discapacidad mental, donde observó, señaló en su comunicado, “las condiciones de hacinamiento en que están viviendo los niños y las niñas al interior de la escuela; las salas de clases han sido habilitadas como dormitorios con colchonetas en el suelo, y los baños son insuficientes para la cantidad de niños”.
 
Por lo anterior, urgió también al Estado a trasladar a las y los niños a un lugar adecuado a su condición; a prestar apoyo a las familias en el ámbito de la comunidad, a través de servicios de salud, sociales y educativos adaptados, que permita a la familia hacerse cargo y cuidarles; y contemplar la posibilidad de formas de acogimiento alternativo en aquellos casos en que esté en el interés superior del niño, en centros que cumplan los estándares internacionales.
 
La Comisionada y vicepresidenta Segunda de la Comisión y Relatora sobre los Derechos de la Niñez y personal de la Secretaría Ejecutiva, Esmeralda Arosemena de Troitiño, recordó que no es la primera vez que la Comisión visita este país debido a diversas situaciones de desprotección en que se encuentra la niñez ante la falta de un sistema eficiente y coordinado que integre las diversas dependencias del Estado a nivel nacional y local, que realmente garantice los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes.
 
La delegación estuvo integrada por la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, y personal de la Comisión, y en carácter de observadora, la vicepresidenta del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) Sylvia Mesa.
 
17/LGL/GG
 







INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   A un mes del incendio que mató a 41 niñas
Juez ordena enjuiciar a ex funcionarios de Hogar Seguro
Imagen retomada de radiorebelde.cu
Por: Guadalupe Gómez Quintana
Cimacnoticias | Guatemala, Guat.- 07/04/2017 El juez Carlos Guerra Jordán ordenó abrir un proceso penal contra el exsecretario de Bienestar Social, Carlos Antonio Rodas Mejía, contra la exsubsecretaria, Anahy Keller Zavala, y el exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Santos Torres, por la muerte de 41 niñas de ese albergue, quienes perecieron quemadas, tras ser encerradas en  un cuarto de 6 por 7 metros,  porque intentaron huir y protestaron los maltratos y abusos sexuales de que eran víctimas en ese lugar.
 
Como lo había solicitado el Ministerio Público (MP), a partir de la denuncia de algunos familiares de las víctimas, las tres personas que serán juzgadas están acusadas de homicidio culposo, incumplimiento de deberes, maltrato de menores de edad y abuso de autoridad.
 
El MP, por voz del fiscal Edwin Marroquín, señaló que fueron incumplidas reglas básicas de seguridad en normativas planteadas por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y que  los acusados no cumplían con los requisitos para ocupar los puestos en la Secretaría de Bienestar social (SBS), ni cumplieron con la obligación de proteger a las niñas.
 
300 GRADOS CENTÍGRADOS Y ENCERRADAS
 
De acuerdo con las pruebas y testimonios aportados por el fiscal del MP, Edwin Marroquín, durante las audiencias que se realizaron desde el lunes hasta este viernes en que el juez decidió sujetar a proceso a los acusados, ese 8 de marzo las niñas estaban encerradas en el área de Pedagogía del albergue, luego de que algunas intentaron escapar y hubo una protesta por los abusos que sufrían.
 
El incendio, según el MP, fue provocado por dos adolescentes, quienes prendieron fuego a unas colchonetas del lugar, lo que originó una rápida propagación del fuego. 
 
De desde las 8:45 hasta las 9:10 de la mañana hubo llamas, es decir durante 25 minutos, y nueve minutos de ese tiempo el incendio alcanzó una temperatura superior a los 300 grados centígrados, por lo que las posibilidades de que las niñas encerradas sobrevivieran eran mínimas.
 
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala informó que entre las causas de esas muertes son signos de asfixia, quemaduras e intoxicación por monóxido de carbono.
 
El MP explicó también durante las audiencias que el director del albergue faltó al deber de cuidado porque era la única autoridad que podía tomar decisiones ante alguna circunstancia anómala, como sucedió el 7 y 8 de marzo. El director avisó a sus superiores de la Secretaría y tras una reunión, decidieron separar a las niñas y encerrarlas, bajo el resguardo de la Policía.  
 
RECOMENDACIONES DEL CONGRESO
 
Ayer por la tarde, en el Congreso guatemalteco, la comisión especial creada para seguir el caso Hogar Seguro entregó al pleno un informe, donde las y los diputados realizaron recomendaciones, entre ellas que la Secretaría de Bienestar Social cree un protocolo para evitar otro caso similar.
 
Ante la ausencia de varios legisladoras y legisladores, el diputado del partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE), Mario Taracena, criticó las ausencias y recordó que hay 500 niñas en riesgo en ese y otros albergues, mientras en el Congreso “tranquilos a Semana Santa, señores diputados, saquen su calzoneta (traje de baño)”, dijo. 
  
El informe recomienda usar leyes vigentes para enfrentar los problemas en los albergues del país. 
  
EL FUTURO, ¿IGUAL?
 
La directora interina del Consejo Nacional de Adopciones, Sully Santos, dijo al diario local Prensa Libre que en Hogar Seguro había mucha resistencia a las revisiones del lugar, por lo que tenían que realizarlas periódicamente desde 2015 por medio de la orden de un juez.
 
Dijo que, debido a esas resistencias, no pudieron hacer el año pasado un censo, al que está obligado el Consejo, para saber cuántos niños y niñas había en Hogar Seguro, pero sí pudieron hacerlo en albergues privados y este arrojó 3 mil 215 niñas y niños.
 
Sin embargo, lograron obtener los datos que maneja la Secretaría de Bienestar, que indican que hay 5 mil 300 niños institucionalizados, entre albergues públicos y privados.
 
Tras la tragedia en Hogar Seguro, señaló la funcionaria a la prensa local, se deben agilizar los procesos de adopción de las niñas y niños de los albergues, pero solo 303 están declarados adoptables y el resto, cinco mil, deberían estar con sus familias y no en los albergues.    
 
En Hogar Seguro sólo había 29 con posibilidades de ser adoptados, de los cuales el 90 por ciento tiene discapacidad severa, detalló.
 
Y sobre la condición legal de los albergues explicó que, de los 127 que están en funciones, sólo 32 están autorizados, 31 están en proceso de revalidación y 63 no están autorizados, porque no tienen personal, ni programas e instalaciones adecuadas o, simplemente, no han pedido ser autorizados.
 
Mientras tanto, en Hogar Seguro aún hay menores de edad, aproximadamente 50, según informó el canal Guatevisión a mediados de marzo. Por otra parte, en clínicas de Estados Unidos permanecen siete niñas hospitalizadas, sobrevivientes del incendio. 
 
17/GG
 







INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   OSC piden a Unicef misión de observación para albergues
Tras denuncias, investigan en Guatemala “hogares seguros” privados
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Guatemala, Gua .- 24/03/2017 A dos semanas del incendio en el albergue Hogar Seguro Virgen de la Asunción --cuyas víctimas llegaron esta madrugada a 41, con la muerte de un niña que estaba internada en Galveston, Estados Unidos-- la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala publicó este miércoles un informe sobre las investigaciones en contra de “hogares seguros”, manejados por la iniciativa privada.
 
En Guatemala hay  seis mil niñas y niños en albergues privados, según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) muchos vinculados con agrupaciones religiosas. Las investigaciones derivaron de denuncias realizadas por familiares de las niñas y niños que viven en el lugar, de los propios menores de edad y de algunas personas que conocieron estos lugares.
 
Entre los albergues en donde se indaga están Padre Nery, Todos Los Niños de dios, Casa Hogar Bernabé, Casa Hogar del Cantó La Libertad y Asociación Alianza. Y las denuncias presentadas, según el informe “Denuncias de casas hogares recibidas en la PDH 2016-2017 2016”, son por maltratos, descuido, falta de alimentación, falta de atención médica, escape de las y los menores de edad, abuso emocional e incluso abuso sexual.
 
La mala situación en algunos albergues privados se conoce desde hace años y ha conducido a denuncias penales, así como al cierre, en junio de 2016 de la Casa Hogar Mamá Carmen, en la Ciudad de Guatemala, por órdenes de la Procuraduría General de la Nación. Las niñas y niñas fueron trasladados a otro centro en esa ciudad y en otras dos.
 
Mientras prosigue estas investigaciones, sigue en espera la respuesta de la autoridad judicial por la denuncia contra el presidente Jimmy Morales por los hechos en Hogar Seguro, dependiente de la Secretaría de Bienestar Social.
 
La denuncia fue presentada el 14 de marzo por la diputada  Sandra Morán, el diputado Leocadio Juracán, ambos de Convergencia, y sus abogados. Acusan al mandatario de tortura, ejecución extrajudicial, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
 
Exigen el retiro de inmunidad para el Presidente, que se inicie la investigación y persecución penal, individualizando a los responsables, desde agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal de turno trabajadoras dentro del Hogar Seguro.
 
A la par, continúan sumándose condenas por la tragedia en Hogar Seguro Virgen de la Asunción, como la del Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, que agrupa a 520 organizaciones que defienden la democracia y los derechos humanos.
 
En un comunicado, considera la red que “reprochable que las niñas y adolescentes que se encontraban recluidas en esa macro-institución Hogar de acogimiento, que atiende a menores que no cuentan con cuidados parentales adecuados, que son víctimas de violencia intrafamiliar, adicciones, violencia y abuso sexual, hayan sido objeto de similares y peores vejámenes exponenciales de maltrato y violencia, comercio y explotación sexual”.
 
Y urge al Estado de Guatemala, a la Unicef y a los Sistemas de Protección de los Niños y Niñas, a reaccionar y tomar medidas para que estos hechos no se repitan y que los organismos de Justicia realicen las investigaciones pertinentes y con celeridad den con los culpables.
 
Pide también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que realice una Misión de Observación y Verificación sobre el estado y situación de la niñez albergada en esas macro-instituciones en Guatemala. Manifiesta asimismo “gran alarma y preocupación” por los continuos actos de extrema violencia contra mujeres y niñas en las Américas”. 
 
17/RED







OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
Las niñas de Chiapas y Guatemala
Estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Unach realizaron una velada por las niñas de Guatemala en el foro cultural de la “Higuera”. Foto: Osiris Aquino/ Cortesía.
Por: Sandra de los Santos
Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis.- 15/03/2017 La distancia de Tuxtla Gutiérrez a la capital de Guatemala es de 600 kilómetros, menos de lo que hay de la capital del estado de Chiapas a la Ciudad de México (alrededor de 960 kilómetros). No tiene ni dos siglos que Chiapas, el estado más al sur del país, era parte de Guatemala, ese país que hoy llora  a 43 niñas que murieron calcinadas cuando realizaban una protesta en contra de las condiciones en las que vivían en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
 
Chiapas tiene más similitudes con Guatemala que con México, que va más allá del clima y su historia antes de 1824, cuando se dio la anexión de Chiapas a México.
 
Las condiciones de vida de las niñas de Chiapas no son muy diferentes a las que tienen las menores de edad de Guatemala. En ambos lados del río Suchiate, la división natural entre México y Guatemala, las niñas y adolescentes tienen que padecer la exclusión, desigualdad, pobreza, impunidad y corrupción institucional. Todas estas condiciones son las que generaron la tragedia en ese mal llamado “Hogar Seguro”.
 
Las cifras en cuanto a embarazos en niñas y adolescentes, acceso a la educación, el uso de herramientas tecnológicas son parecidas entre las niñas de Chiapas y Guatemala.
 
De acuerdo al Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA) el 26 por ciento de los partos atendidos en Guatemala son de niñas y adolescentes de 10 a 19 años, que se convierten en madres, comprometiendo sus oportunidades educativas y laborales y poniendo en riesgo su salud y su vida.
 
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) Chiapas ocupa el primer lugar en embarazos en niñas y adolescentes y uno de los estados con mayor tasa de matrimonios infantiles.
 
El contexto en que se presentan estos embarazos, tanto en Guatemala como Chiapas es parecido: violaciones sexuales, matrimonios forzados y falta de acceso a los servicios de salud reproductiva.
 
Chiapas es también la entidad con el mayor índice de niñas y adolescentes que no asisten a la escuela.
 
La organización civil Melel Xojobal, que trabaja en la promoción de los derechos de las niñas y adolescentes, denunció hace unos días que de 2011 a la fecha 41 niñas y adolescentes han sido víctimas de feminicidio en Chiapas.
 
LAS NIÑAS EVIDENCIARON EL SISTEMA
 
La manifestación de las niñas de Guatemala el 8 de marzo –Día Internacional de la Mujer- y la muerte de 43 de ellas calcinadas dejó al descubierto que el sistema de protección a la niñez que existe en Guatemala no funciona, que es irregular, que las personas que deberían de ser garantes de los derechos de las niñas y adolescentes están siendo sus principales violentadores.
 
En Chiapas desde hace más de un año diversas organizaciones de la sociedad civil han manifestado su preocupación de que el gobierno de Manuel Velasco Coello se resiste a implementar de manera debida el Sistema de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes en el estado a pesar que la Ley lo obliga.
 
Las cifras de embarazos en niñas y adolescentes, violaciones sexuales en su contra, falta de acceso a los servicios básicos, ponen de manifiesto de que hasta ahora el estado de Chiapas no ha sido capaz de garantizar el respeto a los derechos de las niñas en la entidad como sucede en Guatemala.
 
Lo que sucedió en Guatemala no solo pasó el 8 de marzo, es el resultado de problemas estructurales y sociales de hace décadas y mal haríamos en no ver que las niñas de Guatemala también podrían ser las de Chiapas, que Guatemala no nos queda lejos, sus problemas son nuestros problemas y que algo se debe de hacer al respecto.
 
17/SS/GG







INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Feminicidio institucional
Feministas y mayas exigen justicia para niñas de “Hogar seguro”
Velada por la dignidad y la justicia de las niñas de Guatemala realizada en la explanada de Bellas Artes en la Ciudad de México. CIMACFoto: César Martínez López.
Por: Por la Redacción
Cimacnoticias | Guatemala, Gua.- 14/03/2017
Feministas de distintas procedencias y tendencias, así como integrantes del Consejo del Pueblo Maya, exigieron hoy al Estado de Guatemala que se investigue y castigue con las máximas penas administrativas, civiles y penales, a los culpables de la muerte de 40 niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, y por las lesiones de decenas más, durante un incendio provocado, durante su protesta por malos tratos y abusos sexuales en ese lugar.
 
Las decenas de organizaciones feministas exigen también, en un comunicado, garantías de no repetición y justicia plena en toda la jerarquía institucional, desde los responsables materiales, hasta los institucionales, como la Procuraduría General de la Nación, el Procurador de los Derechos Humanos, Ministerio Público y Fiscalía contra el Delito de Femicidio/Feminicidio y Congreso de la República. Al presidente Jimmy Morales le exigen que deje de lado “las banalidades y asuma con seriedad la gravedad de la situación”.
 
En el ámbito internacional, las feministas solicitan a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que intervenga para vigilar las investigaciones. Piden también una visita al país de la Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de Naciones Unidas y de la Relatora Especial de Violencia contra las Mujeres, sus Causas y Consecuencias, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
  
El Consejo del Pueblo Maya, en otro comunicado, llama también a la reflexión sobre lo que significa seguridad en el hogar, porque no existe tal, si permitimos que haya violencia contra las mujeres. Debemos, dice,  ante la tragedia de las niñas del albergue Hogar seguro, parar y denunciar todos los abusos contra las mujeres, las niñas y los niños.    
 
La mayoría de los “hogares seguros” creados por el Estado, afirma el Consejo Maya, no tienen la visión, capacidad, y voluntad para atacar de raíz las causas de las violencias contra la niñez. “Son cárceles y “funcionan mal porque este Estado no está hecho para proteger a la sociedad ni para garantizar la vida”.
 
FEMINICIDIO INSTITUCIONAL
Las feministas califican la muerte de las niñas como un “Femicidio Institucional” y recuerdan que las autoridades habían sido señaladas de cometer abusos, violaciones sexuales, torturas y una serie de agresiones que condujeron al “desenlace atroz”. “La denuncia y la rebeldía de las niñas fueron castigadas con la pena de muerte”, como se quiere castigar a quien se opone al régimen de desigualdades y corrupción, aseguran.  
 
Tanto el Consejo del Pueblo Maya, como las organizaciones feministas llaman a las familias, escuelas, iglesias y medios de comunicación a no callar frente a este hecho y ante el aumento de la violencia social. Propone que la sociedad “contribuya a erradicar cualquier acto de violencia, desde los gestos despectivos, insultos, los malos tratos, hasta las torturas, desapariciones y asesinatos”, en lo individual, en su casa, trabajo o escuela, para que la violencia salga de la cotidianidad. Descolonizar nuestras relaciones y derribar los cimientos de las violencias, privilegios y segregaciones. 
 
Piden también a los medios de comunicación respeto a las niñas fallecidas y hospitalizadas, a sus familias, para que no se las victimice ni criminalice y no se exponga a las sobrevivientes “cuya vida corre peligro”.  A los hombres les piden que no se convierta en máquinas de destrucción y dolor, y que se asuman como seres íntegros, generosos y solidarios.  
 
Las mujeres, dicen las organizaciones, debemos unirnos para salir de las opresiones y solicitan a la comunidad internacional que siga observando y acompañando a las comunidades y pueblos más necesitados. “Las niñas no se tocan, no se violan, no se queman, no se matan”, finalizan las feministas. “No más pactos para controlar y matar a las mujeres”, dice el Consejo del Pueblo Maya. 
 
17/RED/GG
 







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