Procuraduría General de la Nación

INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Acusados de homicidio, maltrato e incumplimiento de deberes
Capturan a funcionarios de Hogar Seguro y piden antejuicio para jueza
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Guadalupe Gómez Q.
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/06/2017

El Ministerio Público de Guatemala y la Fiscalía contra el Delito de Feminicidio capturó hoy a funcionarios y trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y de Policía Nacional Civil (PNC), relacionados con el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en donde murieron quemadas 41 niñas el pasado 8 de marzo.
 

En un comunicado, la Fiscalía detalló que tras dos allanamientos, las personas capturadas fueron: Brenda Julissa Chamam Pacay, Jefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato en todas sus formas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Acusada por homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes. 
 
También Gloria Patricia Castro Gutiérrez, defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, detenida por maltrato contra menores de edad e incumplimiento de deberes.
 
Harold Augusto Flores Valenzuela, jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, por los delitos de homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes. 
 
Luis Armando Pérez Borja, Sub Comisario de Policía Nacional Civil, acusado de abuso de autoridad y maltrato contra personas menores de edad. Y Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, sub-Inspectora de Policía Nacional Civil, capturada por homicidio y maltrato contra personas menores de edad.    
 
EL INCENDIO
 
El incendio en Hogar Seguro tuvo su origen cuando el 7 de marzo cerca de  60 adolescentes, escaparon del Hogar Seguro, ubicado en San José Pinula, para huir  de los  malos tratos y del abuso sexual que muchas de ellas denunciaron. Los funcionarios del lugar, dependiente de la Secretaría de Bienestar Social, llamaron a las fuerzas de seguridad, recapturaron a algunos, lo que originó una protesta de las y los adolescentes.
 
Un grupo de niñas fueron encerradas esa noche en un salón, hacinadas. En la mañana, en protesta, prendieron fuego a una colchoneta y el incendio se expandió a las casi cien colchonetas.
 
Durante 25 minutos, de las 20:45 a 21:10 horas, las niñas estuvieron encerradas, sin que les abrieran la puerta, bajo temperaturas que alcanzaron, en 9 minutos, los 300 grados centígrados. Murieron 19 niñas y 22 más fueron llevadas al hospital. En los siguientes días, el número de fallecidas llegó a 41.
 
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) determinó que no se siguieron las normas de seguridad y no se presentó quien tenía la llave del lugar. Esa noche, habrían estado presentes en el albergue las defensoras de la Niñez y de las Personas Víctimas de Trata, Gloria Castro y Lucía Peláez, respectivamente, quienes habrían avalado que se reingresara a las y los adolescentes que habían escapado el día 7. 
 
ANTEJUICIO CONTRA JUEZA MURILLO
 
De igual manera, la Fiscalía informó por sus redes sociales que “a las 10.30 horas, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio presentó una solicitud de antejuicio en contra de la Jueza de Paz de San José Pinula, Rocío Albany Murillo Martínez”.
 
La solicitud se hizo, explicó la Fiscalía, “por la posible comisión de los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y retardo de justicia”.
 
La jueza Murillo Martínez, detalla el comunicado, “no practicó una exhibición personal que debía haber hecho horas antes de que ocurriera el incendio en el Hogar Seguro”.
 
EN PRISIÓN 
 
Los detenidos se suman a los ex funcionarios en prisión preventiva y con un proceso en curso: de la Secretaría de Bienestar Social, Carlos Antonio Rodas Mejía y Anahy Keller Zabala, así como Santos Torres Ramírez, exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
 
Ellos están acusados por la Fiscalía contra el Delito de Femicidio por homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, maltrato contra personas menores de edad y lesiones graves.
 
MADRES Y PADRES DE FAMILIA
 
Poco antes de que la Fiscalía informara sobre las detenciones, familiares de las 41 adolescentes fallecidas en el incendio del Hogar Seguro pidieron, en conferencia de prensa en la Fundación Sobrevivientes, que continúe la investigación del caso.
 
Pedían, reportó la agencia Cerigua, la captura de agentes de la Policía Nacional Civil que impidieron la salida de las niñas cuando el lugar comenzó a incendiarse.  
 
Hicieron también un llamado a los medios de comunicación a dar información veraz sobre lo que pasó con las niñas y con contribuir a criminalizarlas.
 
Y pidieron también investigar a jueces y personal de la Procuraduría General de la Nación, quienes en conocimiento de que dicho “hogar” era un peligro las enviaban en forma de castigo, además de incumplir con las audiencias para que las niñas fueran entregadas a familiares, aduciendo siempre “falta de gasolina”, informó Cerigua.
 
De igual manera, piden al Ministerio Público a través de la Fiscal General, Thelma Aldana, que provea suficientes fiscales para que hagan investigaciones profundas sobre este, que es un caso grave y de gran magnitud.  Exhortaron también a las familias de las niñas que no se han sumado a las demandas que se unan. 
 
17/GG








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Feminicidio institucional
Feministas y mayas exigen justicia para niñas de “Hogar seguro”
Velada por la dignidad y la justicia de las niñas de Guatemala realizada en la explanada de Bellas Artes en la Ciudad de México. CIMACFoto: César Martínez López.
Por: Por la Redacción
Cimacnoticias | Guatemala, Gua.- 14/03/2017
Feministas de distintas procedencias y tendencias, así como integrantes del Consejo del Pueblo Maya, exigieron hoy al Estado de Guatemala que se investigue y castigue con las máximas penas administrativas, civiles y penales, a los culpables de la muerte de 40 niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, y por las lesiones de decenas más, durante un incendio provocado, durante su protesta por malos tratos y abusos sexuales en ese lugar.
 
Las decenas de organizaciones feministas exigen también, en un comunicado, garantías de no repetición y justicia plena en toda la jerarquía institucional, desde los responsables materiales, hasta los institucionales, como la Procuraduría General de la Nación, el Procurador de los Derechos Humanos, Ministerio Público y Fiscalía contra el Delito de Femicidio/Feminicidio y Congreso de la República. Al presidente Jimmy Morales le exigen que deje de lado “las banalidades y asuma con seriedad la gravedad de la situación”.
 
En el ámbito internacional, las feministas solicitan a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que intervenga para vigilar las investigaciones. Piden también una visita al país de la Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de Naciones Unidas y de la Relatora Especial de Violencia contra las Mujeres, sus Causas y Consecuencias, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
  
El Consejo del Pueblo Maya, en otro comunicado, llama también a la reflexión sobre lo que significa seguridad en el hogar, porque no existe tal, si permitimos que haya violencia contra las mujeres. Debemos, dice,  ante la tragedia de las niñas del albergue Hogar seguro, parar y denunciar todos los abusos contra las mujeres, las niñas y los niños.    
 
La mayoría de los “hogares seguros” creados por el Estado, afirma el Consejo Maya, no tienen la visión, capacidad, y voluntad para atacar de raíz las causas de las violencias contra la niñez. “Son cárceles y “funcionan mal porque este Estado no está hecho para proteger a la sociedad ni para garantizar la vida”.
 
FEMINICIDIO INSTITUCIONAL
Las feministas califican la muerte de las niñas como un “Femicidio Institucional” y recuerdan que las autoridades habían sido señaladas de cometer abusos, violaciones sexuales, torturas y una serie de agresiones que condujeron al “desenlace atroz”. “La denuncia y la rebeldía de las niñas fueron castigadas con la pena de muerte”, como se quiere castigar a quien se opone al régimen de desigualdades y corrupción, aseguran.  
 
Tanto el Consejo del Pueblo Maya, como las organizaciones feministas llaman a las familias, escuelas, iglesias y medios de comunicación a no callar frente a este hecho y ante el aumento de la violencia social. Propone que la sociedad “contribuya a erradicar cualquier acto de violencia, desde los gestos despectivos, insultos, los malos tratos, hasta las torturas, desapariciones y asesinatos”, en lo individual, en su casa, trabajo o escuela, para que la violencia salga de la cotidianidad. Descolonizar nuestras relaciones y derribar los cimientos de las violencias, privilegios y segregaciones. 
 
Piden también a los medios de comunicación respeto a las niñas fallecidas y hospitalizadas, a sus familias, para que no se las victimice ni criminalice y no se exponga a las sobrevivientes “cuya vida corre peligro”.  A los hombres les piden que no se convierta en máquinas de destrucción y dolor, y que se asuman como seres íntegros, generosos y solidarios.  
 
Las mujeres, dicen las organizaciones, debemos unirnos para salir de las opresiones y solicitan a la comunidad internacional que siga observando y acompañando a las comunidades y pueblos más necesitados. “Las niñas no se tocan, no se violan, no se queman, no se matan”, finalizan las feministas. “No más pactos para controlar y matar a las mujeres”, dice el Consejo del Pueblo Maya. 
 
17/RED/GG
 







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