Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado

ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Segob confirma segunda Alerta por agravio comparado
Veracruz y la grave crisis de los DH de las mujeres
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/12/2017

A un año y medio de que las organizaciones de la sociedad solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG) por agravio comparado en Veracruz, (por el marco discriminatorio contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres), ayer la Secretaría de Gobernación decretó la emisión de la Alerta, por lo que organizaciones civiles exigieron al gobernador de la entidad, Miguel Ángel Yunes Linares, que cumpla con las obligaciones que se desprenden de ésta.

En conferencia de prensa, integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), de la asociación civil Justicia, Derechos Humanos y Género; y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, coincidieron en que será fundamental conocer el plan de trabajo que presentará Yunes Linares para cumplir con las obligaciones que estableció la Secretaría en el dictamen y urgieron a que entregue a la brevedad dicho proyecto.

El abogado especialista en género y director de la asociación civil Justicia, Derechos Humanos y Género, Rodolfo Domínguez, recordó que con la declaratoria de la Alerta por agravio comparado las autoridades veracruzanas no pueden evadir sus responsabilidades, están obligados a acatar las medidas mencionadas y ahora Segob, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contralas Mujeres (Conavim), es corresponsable del cumplimiento.

Aseveró que por las graves violaciones a los derechos de las veracruzanas, la entidad será colocada el próximo año en el centro de las denuncias ante el Comité de Expertas para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), quien evaluará al Estado mexicano en 2018.

“Es particularmente grave para un estado tener dos Alertas, se va a colocar la gravedad del asunto en CEDAW, se evidenció que el estado –Veracruz- tienen un marco jurídico que transgrede los derechos de las mujeres, se evidenció que es discriminatorio y que no hay política pública, se le aportaron todos los elementos para que lo cumplieran y asumieron una posición retrÓgrada, esto tiene impactos muy graves”, aseveró Domínguez Márquez.

Agregó que el incumplimiento de los derechos de las veracruzanas puede terminar en un juicio político contra Miguel Ángel Yunes y los servidores públicos que tienen la obligación de cumplirlos, además de los legisladores que negaron despenalizar el aborto.

ACCIONES A CUMPLIR

En el dictamen que publicó ayer Segob volvió a exigir 13 acciones que el estado tuvo que haber cumplido hace seis meses: modificar los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y añadir la causal de salud para que las mujeres puedan acceder a este.

Divulgar y asegurar la implementación adecuada de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) para que las mujeres víctimas de violación puedan abortar; elaborar un programa estatal de interrupción legal del embarazo (ILE),  así como campañas para su difusión en la población y garantizar que todas las localidades de la entidad cuenten con centros de salud en los que se pueda promover la ILE de forma gratuita, segura y de calidad con personal no objetor de conciencia y capacitado.

En tanto, al Poder Judicial se le mandó asegurar la reparación del daño integral a las víctimas a quienes les fue negado el acceso al aborto legal.

EL DOLO DEL ESTADO

El Grupo de Trabajo quien fue el encargado de vigilar el cumplimiento de las recomendaciones hechas al gobierno antes de decretar esta segunda Alerta, entregó el pasado 6 de diciembre a Segob el dictamen en el que concluyó por unanimidad, que el estado no cumplió con los estándares del informe.

El informe fue realizado a partir de las recomendaciones nacionales e internacionales en materia de los derechos de las mujeres, en el mismo, participó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para asegurar la mayor protección para las veracruzanas.

Durante su participación, la coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada Mendoza, refirió que en el proceso las y los funcionarios del estado demostraron que no quieren asegurar los derechos de las mujeres.  

El hecho más grave, recordó, fue por parte del congreso de Veracruz, quienes desecharon en septiembre la reforma al Código Penal para despenalizar el aborto, alegaron que era “inconstitucional” porque el Artículo 4 “protege la vida desde el momento de la concepción”. Mostrando que aún existen grupos conservadores dentro del estado, aseveró la defensora.

“Veracruz incumplió pero de forma dolosa, porque a la autoridad se le acompañó seis meses y no tuvo la voluntad de hacerlo. Antepuso la presión de los grupos católicos y de derecha sin importar que las mujeres mueren por abortos inseguros”, dijo Luz Estrada.  

El análisis del grupo de trabajo también dejó en evidencia la crisis de los servicios médicos de Veracruz y su negativa por garantizar el aborto a las mujeres víctimas de violación. Las organizaciones civiles peticionarias demostraron en sus investigaciones, que únicamente un hospital en el municipio de Coatzacoalcos ofrece el servicio de ILE para víctimas de violación en todo el territorio.

Aún queda un largo camino, las organizaciones civiles presentaron un amparo contra el congreso estatal por no despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y esperan que la Comisión Especial de la AVG del Congreso Federal llame a las y los diputados a que comparezcan al respecto.

Hasta ahora el gobierno de Yunes Linares no se ha pronunciado al respecto.

Entre las asistentes a la conferencia, estuvo también la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nira Cárdenas.

17/HZM/LGL








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   OCNF y Frente Veracruzano llaman a congreso federal a pedir cuentas
Piden comparecencia de legisladores que votaron contra despenalización del aborto
CIMACFoto: Sandra Segura Segura
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 30/11/2017

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y el Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos Humanos de las Mujeres, solicitaron a la Comisión Especial de Alerta de Violencia de Género (AVG) del Congreso Federal, llamar a comparecer a los cuatro diputados del congreso estatal que rechazaron la reforma para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

Despenalizar el aborto del Código Penal de Veracruz fue una de las recomendaciones que dictó el Grupo de Trabajo por la solicitud de AVG por Agravio Comparado que hizo la asociación civil Equifonía en abril de 2016, ante las leyes que restringen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Sin embargo los diputados del congreso veracruzano, Gregorio Murillo Uscangan, Bigen Rementería Molina, Carlos Antonio Morales Guevara y la diputada Teresita Zuccolotto Feito, firmaron el pasado 22 de septiembre en negativo el dictamen de esta iniciativa y argumentaron que era un acto “inconstitucional” porque el Artículo 4o de la constitución veracruzana “protege la vida desde el momento de la concepción”.

Finalmente seis días después en una sesión extraordinaria el pleno discutió la reforma y terminó desechándola con 24 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.

Por ello en un comunicado de prensa el OCNF y el Frente Veracruzano –conformado para seguir el proceso del mecanismo- exigieron al Congreso Federal la comparecencia de estos cuatro legisladores y legisladora ante su “evasión en el proceso de la AVG por Agravio Comparado”.

De la misma manera pidieron al Congreso Federal la rendición de cuentas del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, pues el Grupo de Trabajo le presentó  una propuesta de reforma sobre la despenalización del aborto pero él nunca dio una respuesta a las expertas.

En su lugar la propuesta fue presentada por la diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Tanya Carola Viveros Cházaro.

Esta no es la única presión para el congreso de veracruzano por sus omisiones legislativas, por la misma razón –incumplir con la despenalización de la interrupción del embarazo- la organización peticionaria de la Alerta, Equifonía, interpuso en octubre un amparo indirecto ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa del Poder Judicial Federal.

IMPACTO DE LAS RECOMENDACIONES

Las organizaciones también demandaron a las autoridades locales explicar los alcances que tuvo la implementación de las medidas recomendadas por el Grupo de Trabajo, ya que únicamente conocen la creación de un plan de atención para las víctimas de violencia sexual.

Pidieron al gobierno que se respete la laicidad del Estado debido a la alineación de jerarcas de la Iglesia católica que han impulsado con el gobierno iniciativas como “la protección de la vida” en la Constitución local.

En tanto la expectativa está en la Secretaría de Gobernación (Segob), quien ya rebasó el tiempo con el que cuenta para decidir la procedencia de la declaratoria de AVG por Agravio Comparado.

En caso de que Segob resuelva declarar esta alerta en Veracruz, sería la segunda del estado pues cabe recordar que se cumplió un año de la vigencia de la AVG por violencia feminicida que hay en 11 de sus municipios.

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ESTADOS
SALUD
   Se negó a despenalizar aborto e incumplió recomendaciones sobre AVG
Presentan amparo indirecto contra congreso de Veracruz
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/10/2017

La asociación civil Equifonía interpuso el pasado 23 de octubre, ante el Juzgado  Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de Veracruz,  un Amparo Indirecto en contra del congreso del estado por su omisión legislativa para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

En entrevista con Cimacnoticias la directora de Equifonía, Araceli González Saavedra, explicó que en el amparo se detalla que la decisión del congreso viola los Derechos Humanos de las veracruzanas porque restringe el ejercicio libre e informado de las mujeres sobre el número y esparcimiento de sus hijos; violenta los derechos a la salud, física y psicológica de las mujeres víctimas de violación; y las aleja de su derecho a la salud cuando está en riesgo su vida por complicaciones de un embarazo.

En el amparo también se manifiesta que las y los legisladores se rehusaron a atender las recomendaciones sobre la despenalización del aborto que dictó el Grupo de Trabajo encargado de atender la AVG por Agravio Comparado. La defensora González Saavedra agregó que la próxima semana el Poder Judicial Federal informará si acepta o no el amparo.

El pasado 28 de septiembre en medio de protestas, las y legisladores rechazaron la iniciativa de reforma a los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal veracruzano, que presentó la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, derogar el plazo de 90 días que establece para que las mujeres víctimas de violación interrumpan un embarazo e incluir la causal de salud.

La despenalización del aborto es una medida que debía cumplir en seis meses el gobierno de Veracruz como parte de las recomendaciones que el Grupo de Trabajo hizo en noviembre de 2016, tras la solicitud de las organizaciones hecha el mismo año para decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) por agravio comparado.

A pesar de esta obligación, las y los integrantes de la legislatura argumentaron que la propuesta de la diputada Carola Viveros se trataba de un “acto inconstitucional” porque desde agosto de 2016 en Veracruz se “protege la vida desde el momento de la concepción”.

EN MANOS DE SEGOB SEGUNDA AVG

En la solicitud de AVG por Agravio Comparado la organización denunció tres agravios: la inadecuada aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) que garantiza el aborto cuando es producto de una violación; la protección de la vida desde el momento de la concepción, una reforma que impulsó en 2016 el entonces gobernador Javier Duarte en alianza con grupos católicos; y la tipificación del delito de aborto que se castiga con un “tratamiento educativo”.

Esta es la segunda solicitud de Alerta, pues cabe recordar que en noviembre de 2016 la Secretaría de Gobernación (Segob) decretó una por violencia feminicida en 11 municipios de Veracruz, la cual sigue vigente.

La defensora Araceli González Saavedra informó que el gobierno estatal ya entregó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) su reporte de cumplimiento de las recomendaciones que dio el grupo de expertas que analiza esta segunda solicitud, por lo que ahora está en manos de la dependencia de Segob,  determinar si decreta o no la segunda AVG en la entidad.

Si bien la directora de Equifonía señaló que observaron avances significativos en la mejora de los servicios de salud para las mujeres y la capacitación del personal médico con el fin que garanticen el acceso a la NOM 046, la reforma al Código Penal sobre la despenalización del aborto era una acción esencial, por lo esperan que Segob considere que las recomendaciones del Grupo de Trabajo y active la AVG por agravio comparado.

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ESTADOS
VIOLENCIA
   Segunda petición de Alerta
Plazo a Yunes para cumplir DSyR o decretan AVG
Organizaciones civiles realizaron una conferencia de prensa sobre la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado en Veracruz | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/03/2017

El pasado 10 de marzo la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) entregó al gobierno de Veracruz el informe donde se solicita la Alerta de Violencia de Género, esta vez por Agravio Comparado, por incumplir con los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas.
 
El incumplimiento radica en las dificultades que enfrentan las veracruzanas para acceder a la interrupción legal del embarazo, por inadecuada aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046) para víctimas de violencia sexual, por la criminalización de las mujeres por aborto, y por la reforma al Artículo 4 de la Constitución local, que “protege la vida desde el momento de la concepción”.
 
A partir de ese momento el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares tiene como fecha límite el día 24 del mes para aceptar o rechazar las recomendaciones del informe. En caso de aceptarlo tendrá un plazo de seis meses para cumplir con los compromisos asumidos y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, informaron en conferencia de prensa el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y el colectivo Equifonía.
 
Pero, si en ese periodo el estado de Veracruz incumple con las demandas establecidas en el informe, la CONAVIM tendrá la facultad de prorrogar el plazo o declarar de inmediato la AVG por agravio comparado, con lo que sería la segunda AVG en la entidad, la primera se emitió y está vigente desde noviembre de 2016 por violencia feminicida en 11 municipios.
 
En el caso de que el Gobierno de Veracruz no acepte, el Gobierno federal declarará automáticamente la AVG, e implementará una mesa de seguimiento para vigilar al gobierno de Veracruz que cumpla cabalmente con las recomendaciones, reportaron las organizaciones.
 
AGRAVIOS
 
El Grupo de Trabajo encargado de la investigación mandata, en el Informe entregado al Gobierno de Veracruz, dar seguimiento a tres agravios que atentan contra los derechos de las mujeres:
 
El Primero obliga a dar cumplimiento a la NOM 046, que obliga a las autoridades otorgar servicios de salud y la interrupción legal del embarazo (ILE) a las víctimas de violación sexual, pues tan sólo en el año 2015 se registraron 487 nacimientos en los que las madres eran niñas entre 10 y 14 años de edad, probables víctimas de violencia sexual; la cifra más alta en todo el país, reporta el documento.
 

Araceli González Saavedra de la organización Equifonía Colectivo por la Ciudadanía participó en la conferencia de prensa | CIMACFoto: César Martínez López

La coordinadora del colectivo Equifonía, Araceli González Saavedra, dijo que se registró que las autoridades de salud no proporcionan el acceso a la ILE a las víctimas de violación sexual, a menos de que medie el mandato de alguna autoridad ministerial o judicial, lo que contraviene con lo dispuesto en la NOM 046, la cual estipula que no es necesario contar con una demanda o tutor para interrumpir el embarazo.
 
Asimismo González Saavedra agregó que existe un “vacío de información”, ya que las autoridades veracruzanas no contaban con cifras sobre cuántas interrupciones de embarazo han realizado las instituciones de salud y sólo el 20 por ciento del personal de médico entrevistado ha sido capacitado para implementar la NOM.
 
El Segundo agravio es referente a la criminalización de las mujeres por el delito de aborto, el cual se encuentra regulado en los artículos 149 al 154 del Código Penal estatal, donde se estipula como pena contra las mujeres que interrumpen sus embarazos brindarles medidas de salud y educación.
 
De acuerdo con datos de Equifonía, de 2009 a 2016 estaban sentenciadas por el delito de homicidio 18 mujeres que interrumpieron su embarazo, González Saavedra indicó que esta situación es preocupante, ya que la mayoría eran jóvenes indígenas que fueron denunciadas por las mismas autoridades y de nueva cuenta las autoridades no tiene un registro de las mismas.
 
Ante esta situación, por último se pide al gobierno de Veracruz derogar la reforma al Artículo 4to de la Constitución local que “protege la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural”. Las organizaciones indicaron que se debe modificar el marco jurídico y garantizar el aborto seguro e informado durante las primeras 12 semanas de gestación, así como agregar la causalidad de riesgo para la salud con el fin de reducir la tasa de muerte materna y el riesgo de que las mujeres busquen métodos clandestinos.
 
INFORME APEGADO A ESTÁNDARES INTERNACIONALES
 
La coordinadora del OCNF, María Luz Estrada, dijo que este informe es un hecho histórico en el que el Gobierno de Veracruz por fin reconoce los problemas de discriminación y violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas de la entidad.
 
Y, asegura, que las recomendaciones en las que el informe se basó están acorde a los estándares internacionales y recomendaciones emitidas por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien comprometió al Estado mexicano a aplicar la NOM 046, tras el caso Paulina, una niña obligada a continuar un embarazo tras una violación, en Baja California.
 
LUCHA POR DERECHOS REPRODUCTIVOS
 
Las organizaciones civiles por el derecho a decidir sobre la maternidad han realizado un trabajo intenso y prolongado en Veracruz, como el emprendido luego de que en septiembre de 2016 el Congreso de Veracruz aprobó el Artículo 4 de la Constitución del estado para “proteger la vida desde el momento de la concepción”, misma reforma que en lugar de ser rechazada fue ratificada por los 212 ayuntamientos de la entidad de forma definitiva.
 
Con ello, las organizaciones buscaron contrarrestar la situación de violencia que viven las mujeres en la entidad, las mismas peticionarias de la AVG por feminicidio buscaron los medios jurídicos para garantizar los servicios de salud a las mujeres.
 
Así el 15 de abril de 2016, la Conavim aceptó la AVG únicamente por dos agravios: la falta de aplicación de la NOM 046 y la criminalización de las mujeres por aborto, pues el último presentado en la solitud que correspondía a “la protección de la vida desde el momento de la concepción”, aún no se votaba en el Congreso estatal para ser incluido en el Artículo cuarto de la Constitución local. Por ello la Conavim tuvo que rechazarlo. 
 
Esta vez, esperan que sea un hecho histórico, dijo Luz Estrada, quien destacó que esta AVG por agravio comparado es la primera que tuvo avances en el país, a pesar de que está establecida como un mecanismo en Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esperan, por tanto, que sea un precedente para el resto de las entidades de la República.
 
17/HZM/GG
 








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