orfandad por feminicidio

INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Estado garantiza apoyo económico, psicológico y educación
Aprueban en Buenos Aires, Ley para niñez en orfandad por feminicidio
Imagen retomada del portal lavaca.org
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/10/2017

En diciembre de 2014 en Buenos Aires, Argentina, Brisa y sus dos hermanos fueron testigos de cómo su padre asesinó a su madre Daiana Barrionuevo, y arrojó su cuerpo en un río de la ciudad de Moreno. El asesino declaró a la policía local que la madre los había abandonado por otra pareja. Nadie la buscó. Un mes después su cuerpo fue hallado y el hombre detenido. 

Brisa, de entonces 2 años de edad y sus hermanos de 7 años ambos, quedaron en la orfandad, al cuidado de la hermana de su madre, Cintia Barrionuevo, quién además tiene tres hijos. El caso se hizo público y visibilizó que la violencia feminicida tiene afectaciones también a las hijas e hijos de las víctimas y cargas económicas para las familias, por lo que se dio paso a la creación de la “Ley de reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas colaterales de feminicidio en Buenos Aires”, aprobada por la legislatura local el primero de septiembre de 2017.

La “Ley Brisa” -como también se le conoce motivada por el caso- establece un régimen de reparación económica a la niñez y adolescencia cuyo “progenitor haya sido procesado o condenado como autor, coautor o cómplice del delito de feminicidio de su pareja”.

El gobierno local está obligado a realizar un aporte económico mensual por cada víctima, y dicho apoyo es compatible con otras percepciones monetarias como la cuota alimentaria que debe otorgar el progenitor.

La iniciativa la impulsaron las organizaciones no gubernamentales “Casa del Encuentro” y la “Defensoría del Pueblo”. Para el desarrollo de esta Ley realizaron una investigación en la que registraron dos mil 518 hijos e hijas víctimas de feminicidio en Argentina entre los años 2008 al 2015, de los cuales 64 por ciento eran menores de edad, es decir mil 617 quedaron en la orfandad. En todos estos casos el perpetrador del crimen fue el padre de las víctimas.

Por esta razón la “Ley Brisa” se concentra en la reparación del daño en los casos en los que el padre o pareja de la víctima es quien comete el delito, argumentan las asociaciones, y calculan que en promedio cada semana en Argentina seis menores de edad quedan en la orfandad por un feminicidio.

La Ley establece que el Estado argentino tiene la responsabilidad de garantizar tres ejes básicos para resarcir el daño a la orfandad por feminicidio: la contención y atención psicofísica; el desarrollo educacional; y la asistencia económica a las personas que tomen a su cargo el cuidado de los niños, niñas y adolescentes.

Estos apoyos serán extendidos hasta que las víctimas cumplan los 21 años de edad y para los casos en que presenten alguna discapacidad el recurso no tiene tiempo límite. Para obtener el apoyo únicamente tienen que demostrar que residen en Buenos Aires.

En el caso de la salud la Ley estipula que las víctimas colaterales del feminicidio tendrán derecho a una cobertura integral médica asignada por el Estado, y esta debe contemplar las necesidades de salud física y psíquica por tratarse de una violencia a la que pudieron estar sometidos por un largo tiempo hasta el asesinato de su madre.

“La vivencia del asesinato de la propia madre a manos del padre constituye un trauma severo. El impacto psicológico y los síntomas en las niñas y los niños son múltiples y complejos. En el ámbito emocional un profundo desconcierto, confusión, sentimientos de culpa, miedo, rabia, tristeza, descenso de la autoestima y sensaciones de impotencia”, describe el proyecto de Ley.

De acuerdo con las metas de las organizaciones el siguiente paso en Argentina es conseguir que la “Ley Brisa” sea Federal, con el fin de que todos los hijos e hijas de víctimas de feminicidio del país pueden acceder a la reparación integral del daño como es su derecho.

MIENTRAS TANTO EN MÉXICO…

En el caso mexicano los esfuerzos por resarcir el daño a los hijos e hijas víctimas de feminicidio apenas se comienzan a vislumbrar y son mínimos si se considera que en promedio cada día siete mujeres son asesinadas en el país, según Naciones Unidas.

Sin ninguna política de Estado capaz de reconocer los Derechos Humanos de estas víctimas secundarias, apenas existen tres proyectos que buscan brindarles apoyos sociales. Por ejemplo, en Jalisco este año a las hijos e hijas de víctimas de feminicidio se les da un recurso económico y atención psicológica, sin embargo únicamente es extendida para 66 víctimas por el periodo de un año.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, lugar reconocido a nivel mundial por el fenómeno del feminicidio desde los años noventa, los apoyos son dispersos y se extienden a becas de estudio y compra de materiales escolares.

En el Estado de México, donde se encuentra el municipio de Ecatepec considerado también por la ONU como el más peligroso para las mexicanas, en 2017 se comenzaron a dar becas escolares a la niñez y adolescencia en orfandad por feminicidio.

A pesar de la existencia de estos programas no se cuenta en México con cifras que dimensionen dónde están, en qué situaciones viven y cuáles son las necesidades de las hijas e hijos víctimas de feminicidio.

17/HZM/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Conavim coordina atención; hay programas dispersos
Ciudad Juárez: 13 años de programas para infancia en orfandad por feminicidio
Especial
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/07/2017

El 26 de mayo de 2010 un Tribunal de Casación de Ciudad Juárez, en Chihuahua, dictaminó que Heidi, la hija de Rubí Marisol Frayre Escobedo, joven asesinada en 2009, debía recibir una cantidad de 38 mil 390 pesos por concepto de indemnización, monto con el que al mismo tiempo se acreditaba su condición de orfandad.
 
Seis años antes de esta sentencia (en 2004) el gobierno chihuahuense, estado donde se ha documentado el fenómeno del feminicidio desde 1993, creó un programa social para dar mil 900 pesos y apoyo psicológico a las niñas y niños que quedaban en orfandad tras el asesinato de sus madres, programa que ha resultado insuficiente.
 
Así lo reconoció la directora general adjunta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en Ciudad Juárez, Zulay Alaid Abbud Esparza, quien explicó en entrevista que en Juárez hay por lo menos tres programas enfocados en este fenómeno social a pesar de que esta instancia no tiene una política específica para atender a esta población y no cuenta con datos al respecto.
 
Entre las acciones que realiza la Conavim –creada a nivel federal en 2009 a partir de los crímenes cometidos en la ciudad fronteriza– está diseñar políticas en materia de igualdad de género; construir y equipar los Centros de Justicia para las Mujeres; coadyuvar en los trámites de Alerta de Violencia de Género y dar cursos y capacitaciones en la materia. En la ciudad fronteriza es un enlace entre el gobierno estatal y federal.
 
VIOLENCIA QUE SE EXTIENDE
 
Un informe que realizó Amnistía Internacional en 2003 describía el perfil de las mujeres víctimas de la franja fronteriza como jóvenes “sin ningún poder en la sociedad”, trabajadoras de las industrias maquiladoras, camareras, empleadas en la economía informal o estudiantes; muchas de ellas vivían en circunstancias precarias y a veces con hijas e hijos que mantener.
 
A su vez un informe de la Conavim encontró que en la década de los noventa las mujeres asesinadas o desaparecidas eran menores de 25 años, solteras, estudiantes y trabajadoras de la maquiladora y documentó  que a principios del nuevo milenio creció el número de víctimas de 25 a 35 años que eran amas de casa o empleadas.
 
Desde que comenzaron los crímenes en Juárez se comprobó que la violencia feminicida afectaba también a las hijas e hijos de las víctimas, lo que llevó a las madres de las mujeres asesinadas a demandar apoyos para sus nietos que quedaron en orfandad. Con el impulso de las organizaciones civiles, estas abuelas consiguieron la atención de las autoridades. 
 
Abbud Esparza, quien ha trabajado en el Instituto Chihuahuense de la Mujer y en el Centro de Justicia para la Mujer, explica que casi una década después de que en 1993 se dieran a conocer a nivel nacional e internacional los asesinatos de mujeres en esta zona, en 2004 comenzó un programa para atender a la infancia en esta situación.
 
En ese entonces 14 familias recibían una cantidad de mil 900 pesos mensuales, atención psicológica, apoyo para comprar útiles y uniformes escolares y becas de estudio. Hasta 2013 el programa beneficiaba a 125 familias y de acuerdo con la funcionaria sigue vigente y hay alrededor de 150 familias apoyadas.
 
Para que una niña o niño tenga acceso a estos beneficios, explicó, la familia tiene que estar vinculada con la Fiscalía General del estado, en particular con la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por razones de Género, que es la autoridad que acredita que se cometió un feminicidio.
 
En Chihuahua la ley no reconoce el término feminicidio pero Abbud Esparza detalló que la Fiscalía Especializada es competente en los asesinatos de mujeres siempre y cuando el delito cumpla ciertos requisitos: el más importante, que la mujer fuera privada de la vida por condición de género.
 
Si la Fiscalía (ubicada en el edificio del Centro de Justicia) considera que se trató de un homicidio por razón de género entonces puede canalizar a las víctimas indirectas al Instituto Chihuahuense de la Mujer para que les expliquen los apoyos sociales que pueden recibir en caso de que haya menores de edad que quedaron en orfandad.
 
PROGRAMAS DISPERSOS
 
En mayo de 2005 la Procuraduría General de la República creó que el Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Victimas de Homicidio de Mujeres en el municipio de Juárez con un monto de 25 millones de pesos de la dependencia y 5 millones de la Fiscalía gobierno estatal. 
 
La directora adjunta de la Conavim en Juárez señaló que este fondo también está vinculado al análisis y a la investigación que arroja la Fiscalía y para acceder al apoyo las autoridades analizan los casos y determinan las circunstancias de los hechos y la cantidad que se puede otorgar a las familias. El apoyo es en una sola ocasión.
 
“En general, todas las que están en ese programa son familias con muchas necesidades económicas para sacar a sus nietos, o a las hijas e hijos de las víctima de la situación en la que se encuentran, por eso el apoyo se les da en efectivo, para poder solventar un poco pagos, estudios. Evidentemente nada va a resarcir o les podría reintegrar a su hija, pero es parte de un programa que trata de apoyarles en lo que se pueda”.
 
En 2010, durante la implementación de la política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, el gobierno de Chihuahua propuso una serie de acciones para reestablecer el tejido social en la frontera azotada por los asesinatos. Así se creó el Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen.
 
Este fondo, señaló la funcionaria, lo manejaba el DIF por tratarse de la niñez y posteriormente estuvo a cargo de la Fiscalía de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito pero con el cambio de administración del gobierno estatal el año pasado se analizó transferir este fideicomiso a la Secretaría de Desarrollo Social.
 
Abbud Esparza explica que aunque hay tres programas de apoyos a las niñas y niños en orfandad a cusa del feminicidio, la Conavim coordina una red interinstitucional para detectar la situación de las víctimas y coordinar a las instituciones de los tres niveles de gobierno que manejan recursos o programas específicamente para apoyarlas.
 
Cada dos meses se hacen reuniones de trabajo para analizar las necesidades de las familias de una mujer asesinada y ver quien puede atenderla toda vez que puede requerir desde ayuda legal para tramitar la custodia de los menores de edad o una bolsa de empleo para conseguir trabajo. “Cada caso se trabaja de manera particular porque las necesidades son diversas y son diferentes”, aseguró.
 
Sin embargo no sólo se trata, dijo, de que los gobiernos den apoyos económicos, sino de promover la igualdad y erradicar la violencia contra las mujeres y en el caso de los programas enfocados a las niñas y niños en orfandad que permanezcan a pesar de los cambios de gobierno.
 
17/AGM
 








NACIONAL
VIOLENCIA
   
Huérfanos del feminicidio tienen derecho a apoyos sociales
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/07/2017

Como muchas niñas y niños, los tres hijos de Emma Gabriela Molina Canto –asesinada el 27 de marzo en Mérida, Yucatán– quedaron en orfandad tras el feminicidio de su madre pero también porque su padre, Martín Alberto Medina Sonda, está en prisión y porque a pesar de que su abuela trata de cuidarlos tiene que darse tiempo para exigir seguridad y justicia para su familia.
 
A partir de 2010, cuando comenzó el proceso de divorcio entre Emma Gabriela y Martín Alberto –y durante siete años– los tres niños quedaron en la indefensión: el 25 de mayo de 2012 fueron raptados por su padre; en octubre de 2014 fueron entregados por su progenitor al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo del DIF de Yucatán, finalmente su madre fue asesinada y ahora viven con su abuela.
 
Estos niños, que actualmente tienen 13, 11 y 9 años de edad, son parte de un número desconocido de niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad a causa del feminicidio pero también son parte de los pocos casos en los que las instituciones del Estado los reconocen como víctimas indirectas y con ello les dan la oportunidad de recibir apoyos para menguar su situación de vulnerabilidad.  
 
En México, en promedio, al día son asesinadas 7 mujeres, algunas ultimadas por sus parejas y otras tantas dejando hijas e hijos que deben ser atendidos por familiares cercanos y por instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), organismos encargados de proteger a víctimas de violaciones a Derechos Humanos y a la niñez, respectivamente.
 
Hasta 2017 la CEAV atendía 11 casos de feminicidio, de los cuales en cuatro había menores de edad considerados víctimas indirectas tras el asesinato de sus madres. Así lo dijo la abogada y directora General de Atención Inmediata y Primer Contacto de la CEAV, Adriana Carmona López, quien comentó en entrevista con Cimacnoticias las acciones que se realizan para atender a esta población.
 
NIÑEZ TAMBIÉN ES VÍCTIMA
 
La CEAV atiende muy pocos asuntos relacionados con el feminicidio si se considera que hay 11 expedientes y que durante el segundo trimestre de 2017 el organismo atendió 3 mil 87 víctimas de delito o violaciones a Derechos Humanos y 2 mil 99 víctimas indirectas. La razón, explica Carmona López, es que se atienden asuntos de orden federal y generalmente los asesinatos de mujeres son materia del fuero local.
 
Sin embargo, el organismo comenzó a atraer estos casos desde la modificación a la Ley General de Víctimas, aprobada el pasado 9 de enero, que le otorgó esta facultad. El primer caso que atrajo fue el asesinato de Emma Gabriela, asesinada el 27 de marzo, al considerar que ella, su madre, Ligia Canto Lugo y sus hijas e hijo fueron víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos, lo que a su vez derivó en el feminicidio.
 
En este caso como en todos, aclara la funcionaria, la ley reconoce a estas hijas e hijos como víctimas indirectas y por tanto se toman medidas para protegerlos o resarcir el daño como pagar los gastos funerarios, darles medidas de apoyo alimentario, vivienda, apoyo económico y garantizarles el derecho a recibir apoyo psicológico, social y jurídico.
 
En particular cuando el crimen es cometido por el padre y cuando hay antecedentes de violencia familiar, una demanda de divorcio o de custodia de los menores, el primer reto es que las familias de las mujeres a quienes se les arrebató la vida puedan tramitar y conseguir la custodia de las niñas y niños que quedan sin sus madres y padres. “La muerte viene a culminar un proceso terrible de amenaza permanente y la incertidumbre de lo que iba a pasar”, dice la funcionaria.
 
Lo primero que hay que enfrentar, explica Carmona López, es la incertidumbre jurídica de saber quiénes se quedan a cargo de los menores de edad porque lo que debería ser un proceso automático se convierte en una primera batalla. En el caso de la CEAV, dice, la asesoría jurídica federal se ha concentrado en atender casos penales o de violaciones a Derechos Humanos y muy pocos en materia familiar.
 
Con un número reducido de asesores jurídicos, que ronda 70 personas, la funcionaria reconoce que es primordial tramitar la custodia de las y los niños porque puede suceder que terminen con las familias de los agresores, quienes no necesariamente busquen su bienestar sino tenerlos como testigos para poder ofrecer mejores pruebas para que no vinculen a proceso al presunto culpable o para que disminuya su sentencia.
 
“Imagínate que lo primero que tendrían que tener después de un evento de esta naturaleza es el resguardo de su seguridad. Su seguridad en todos los sentidos: jurídica, psicológica, social; quiénes van a ser sus redes de apoyo, quiénes van a cobijarlos en medio de todo ese conflicto, por todo lo que tienen que acomodar después”, expone.
 
Tras sortear los retos administrativos, Carmona López identifica que el siguiente paso es otorgar apoyo psicológico para que los menores de edad involucrados puedan sobrellevar el feminicidio y al mismo tiempo dar apoyo económico para que tengan becas para continuar y concluir su educación, estudios que en ocasiones ya no puede ser sustentados por sus familias cercanas.
 
VIVIR CON EL FEMINICIDIO
 
Co el reciente cambio de personal de la CEAV se ha propuesto un acompañamiento integral a las víctimas, que tenga un enfoque psicosocial y que les permita reformular sus proyectos de vida, para que niñas y niños puedan vivir con la ausencia de sus madres o sabiendo que las abuelas se dividen en darles atención y en buscar la verdad de lo ocurrido a estas mujeres. 
 
Anteriormente, dice Carmona López, estas terapias psicológicas eran breves y de emergencia pero casos de esta índole requieren acompañar un proceso completo con la familia, algo que debe hacer un profesional. Para facilitar la atención las víctimas pueden escoger a su terapeuta y la CEAV tiene la obligación de pagar los costos económicos.
 
“En uno de los casos que estamos acompañando, uno de los varios casos, me decía la abuela: Es que tengo a mis nietos, no sólo perdieron a su mamá, están perdiendo a su abuela que tiene que estar pidiendo justicia y al final no puedo ni acompañarlos ni arroparlos como yo quisiera porque tengo que estar pendiente de que haya justicia”, recuerda la también abogada especializada en perspectiva de género. 
 
Si dimensionamos que estas niñas y niños, expone, han sido víctimas de esa violencia familiar por la que finalmente muere su madre, indudablemente el proceso terapéutico no puede ser dado por cualquier persona y tienen que ser expertos, que tenga una perspectiva de género y que conozcan el tema de violencia.
 
En el caso de la educación la servidora pública señala que la Secretaría de Educación Pública es la autoridad responsable de otorgar las becas a los huérfanos de la violencia feminicidio, sin embargo, si hay alguna razón para que no lo haga la CEAV puede otorgar el apoyo económico.
 
Carmona López destaca que el organismo de protección a víctimas no tiene más casos porque las Comisiones de Atención Víctimas de los estados son quienes probablemente estén atendiéndolos ya que están facultadas para conocer los casos del fuero local; sin embargo considera que todavía quienes acompañan y litigan los casos de feminicidio no ven a la CEAV como una autoridad a la cual acudir.
 
17/AGM








NACIONAL
VIOLENCIA
   Kathia Bolio reconoce que son “grupo vulnerable”
Desconocen diputadas información sobre orfandad por feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/03/2017

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) y presidenta de la Comisión sobre la No Discriminación de la Cámara de Diputados, Kathia Bolio Pinelo, dijo desconocer información sobre niñas, niños y adolescentes huérfanos a causa del feminicidio, ni conoce propuestas legislativas para atender a esta población.
 
Consultada por Cimacnoticias, la diputada panista señaló que desconoce el tema y que, en todo caso, quien debería tener información no es ella sino las y los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez, presidida por el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Valencia Guzmán.
 
La también secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables dijo que desconoce cuál es la situación de la orfandad en México, ya que ni familiares ni asociaciones civiles se han acercado para hablar al respecto e incluso afirmó que era la primera vez que le mencionaban el tema. 
 
Lo único que la diputada Bolio Pineda pudo asegurar es que las niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad a causa de la violencia de género son un grupo vulnerable.
 
Señaló lo anterior, a pesar de que las legisladoras tienen la facultad de proponer reformas a las leyes o la creación de normas para atender problemáticas particulares y de que las Comisiones son órganos parlamentarios de revisar las iniciativas y dictaminarlas para, en su caso, enviarlas al pleno y sean aprobadas.
 
Una investigación publicada el 8 de marzo por Cimacnoticias destaca la falta de cifras y de información sobre las hijas e hijos de mujeres asesinadas quienes quedan en la indefensión por falta de políticas públicas; de acuerdo con estos datos, sólo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) registró 65 casos de orfandad por feminicidio en tres años.
 
Por su parte la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y presidenta de la Comisión Especial para la Atención a la Niñez y Adolescencia con Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo, Patricia Elena Aceves Pastrana, también dijo desconocer la situación de la orfandad en México a causa del feminicidio.
 
A la pregunta de esta agencia, la ex rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco, señaló que la orfandad es un tema sensible para ella, porque perdió a su madre desde muy pequeña, pero destacó que las personas en esta situación se acostumbran a vivir “porque no queda de otra”.
 
La también química y secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, señaló que no cuenta con datos sobre la situación educativa, social ni psicológica de esta población que constituye un grupo vulnerable y destacó que debería haber políticas públicas al respecto. 
 
17/AGM/GG








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