caso Tamuín

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   PGJSLP abandonó la diligencia dos años
   
Forenses independientes buscan a Rosa, víctima de exmilitar en SLP
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/06/2017

Un equipo de forenses independientes intervino terrenos de Cañaveral de Puntilla en Tamuín, San Luis Potosí, el 22 y 23 de junio, para localizar los restos óseos de Rosa María Sánchez González, de 15 años de edad, asesinada en 2010 por el ex militar Filiberto Hernández Martínez, autor de otros cuatro crímenes.
 
No tuvieron éxito, ya que posiblemente las pruebas se perdieran debido a que la autoridad tardó dos años para concretar la diligencia.
 
En febrero pasado se confirmó la identidad de Rosa María Sánchez a partir de un análisis de siete huesos localizados tres años atrás, cuando Filiberto Hernández fue detenido por portar un arma de uso exclusivo del Ejército y confesó haber asesinado a cuatro menores de edad y una mujer de 32 años entre 2010 y 2014, y arrojado los cuerpos en Cañaveral de Puntilla.
 
Saber que los restos eran de la menor de edad permitió que el ex militar fuera procesado por asesinarla, pero aún se necesitan recabar más pruebas para integrarlas a la carpeta de investigación y se pueda comprobar el crimen. Para eso se realizó la búsqueda los días 22 y 23 de junio, explicó en entrevista con Cimacnoticias, el abogado coadyuvante del caso, David Peña Rodríguez.
 
DILATACIÓN DE LA PROCURADURÍA LOCAL
 
En 2014, cuando el feminicida fue detenido, los forenses de la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí (PGJSLP) no concluyeron la búsqueda de los restos óseos de Rosa María al argumentar que las condiciones del terreno no eran las óptimas.
 
Dos años después la búsqueda se reanudó ante la exigencia del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social AC (Gadh), organización que acompaña legalmente los cinco casos.
 
En ese momento, la organización denunció que los especialistas de la Procuraduría local fingieron la búsqueda; no llevaban las herramientas necesarias, y no delimitaron ni resguardaron el lugar de los hechos, por lo que propusieron a un equipo de forenses independientes del estado de Michoacán para concretar las diligencias que omitió las autoridades del estado.
 
En este rastreó también participó personal de la Procuraduría local, autoridades municipales, el Grupo de Acción y familiares de la víctima.
 
PÉRDIDA DE EVIDENCIAS
 
Los resultados de este rastreo también eran claves para sustentar el asesinato de la niña de 13 años de edad, Adriana Martínez Campuzano, ya que el Poder Judicial local y la PGJSLP informó en mayo a la defensoría que perdió las evidencias de la investigación, por lo que caso corre el riesgo de quedar impune.
 
“Eso nos preocupa porque esos dos casos están en investigación, es decir, si se tienen buenos dictámenes periciales se puede avanzar”, señaló David Peña, integrante del Gadh.
 
El abogado expresó que para recuperar los restos de Rosa María o alguna evidencia, se enfrentan a condiciones adversas por el estado del terreno que se utiliza para siembra. La familia de la menor de edad decidió no desistir y se programará otra búsqueda en la que participen forenses de la Procuraduría, colectivos de búsqueda de personas, pero ya sin el equipo independiente.
 
“No lo podemos descartar es parte importante para la tranquilidad de la propia familia”, dijo David Peña.
 
PREPARAN QUEJA ANTE COMISION DH
 
El abogado adelantó que están preparando una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la pérdida del material probatorio en el caso de Adriana, “Hicimos un recuento de las pruebas que el Ministerio Público entregó al juez, ahí se perdieron los elementos de prueba”, expresó.
 
Este organismo presentó este año un informe especial donde determinó que la Procuraduría investigó mal los cinco casos. Y ordenó al Gobierno estatal a crear una fiscalía especializada en feminicidio y desapariciones de niñas y mujeres, así como un protocolo policial especializado para atender los casos.
 
Estas acciones las reafirmó la Secretaría de Gobernación el 21 de junio con el decretó de la Alerta de Violencia de Género para los municipios de Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín.
 
Asimismo, la defensa presentará un amparo para fijar la responsabilidad de los servidores públicos encargados de resguardar los objetos de prueba.
 
En tanto, el ex militar está en espera de sentencia en un penal de máxima seguridad en Durango, únicamente por tres asesinatos: el de Itzel Romaní Castillo de 11 años, Dulce Ximena Reyes de 9 años y Eliehoenai Chávez Rivera de 32 años.
 
17/HZM/GG








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   Caso Tamuín: irregularidades en favor de ex militar
Autoridad perdió evidencias y feminicida de niña podría quedar impune
Imagen retomada de rpp.com.pe
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/05/2017

El feminicidio de la niña de 13 años Adriana Martínez Campuzano podría quedar en la impunidad, y su asesino, el ex militar Filiberto Hernández Martínez absuelto por el caso, luego de que el Poder Judicial de San Luis Potosí, perdió la evidencia que estaba bajo su resguardo, fundamental para vincular y procesar al agresor.
 
“Es preocupante en términos de acceso a la justicia y preocupa porque es responsabilidad del Poder Judicial de San Luis Potosí salvaguardar la evidencia”, informó en entrevista con Cimacnoticias la abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social (Gadh), Karla Micheel Salas Ramírez, quien detalló que de todos los elementos que existían para vincular al feminicida, sólo quedó una colchoneta a la cual no se le pudo hacer el peritaje porque no fue resguardada adecuadamente por la autoridades, lo que dejó al caso sin ninguna evidencia.  
 
Adriana Martínez Campuzano es una de las 4 menores de edad, además  de una mujer de 32 años, asesinadas por Filiberto Hernández, entre 2010 y 2014 en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí. Su madre, Sandra Campuzano la reportó como desaparecida el 24 de mayo de 2011, después de que no regresó de la escuela.
 
Adriana fue acosada en repetidas ocasiones por el ex militar, ya que ella recolectaba dinero para la festividad del Día del Estudiante. Filiberto Hernández impartía clases de zumba y coordinaba actividades de catequesis en el templo del municipio. Su madre se enteró de acoso a través de sus amigas y empezó a notar que su hija comenzaba a aislarse de las personas y bajó de calificaciones en la escuela.
 
Un mes más tarde, el cuerpo de la niña fue encontrado en Cañaveral de Puntilla, pero fue hasta el 2014 cuando Filiberto Hernández fue detenido, por portar un arma exclusiva del Ejército, y  confesó el asesinato de las 5 víctimas. Declaró que golpeó, violó y asesinó a Adriana. Aun así, el feminicida fue absuelto de la acusación tras alegar tortura en su detención y, por su parte, el juez de la Quinta Sala Penal determinó que no existían “pruebas suficientes” para continuar con el proceso del feminicidio de Adriana Campuzano.
 
DENUNCIARÁN ANTE CONSEJO DE JUDICATURA
 
Ante la omisión y negligencia de las autoridades en 2016 la familia de la víctima interpuso un amparo para que Filiberto Hernández  fuera nuevamente consignado por el caso. En enero de 2017, la familia ganó el recurso, sin embargo, ahora sin pruebas , es imposible que se puede terminar la culpabilidad del feminicida, por lo que la defensoría, dijo Micheel Salas, se prepara para presentar una denuncia ante el Consejo de la Judicatura local, en contra las autoridades responsables del Poder Judicial.
 
Cómplices de esta negligencia, denunció la representante de los 5 casos de feminicidio, fue la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de San Luis Potosí.  “Desde el mes de marzo insistimos en que la Procuraduría General resguardara la pruebas para realizar el peritaje, en este sentido también ellos fueron omisos en realizar su trabajo, no vemos que tengan la voluntad de hacer las cosas”, indicó.
 
Por lo tanto, Filiberto Hernández, quien está en prisión preventiva en Durango, podría ser sentenciado únicamente por tres de los asesinatos que cometió, ante el resultado negativo por tortura que arrojó el Protocolo Estambul, aplicado al feminicida en diciembre de 2016;  los asesinatos de Itzel Romaní Castillo de 11 años de edad, Dulce Ximena Reyes de 9 años y Eliehoenai Chávez Rivera de 32 años de edad.
 
“Esto podría terminar en que el sujeto salga libre por el caso de Adriana, cómo piensa la Procuraduría que puede ser procesado sin pruebas, a eso estamos llegando a sentencias a familias”, reiteró la abogada.
 
Y recordó que está pendiente otro caso, el de Rosa María Sánchez de 15 años de edad, a quien en febrero de 2017 se logró confirmar su identidad a partir del análisis forense de siete huesos localizados en 2014 en Cañaveral de Puntilla donde el feminicida enterró a sus víctimas, pero falta la recolección del resto del cuerpo y el dictamen pericial necesario.
 
PÉRDIDA DE EVIDENCIAS, LA CONSTANTE
 
Desde la experiencia de la abogada, quien también litigó el caso de “Campo Algodonero”, la pérdida de evidencia por parte de las procuradurías y ministerios públicos es una constante en los casos de feminicidio que impide el acceso a la justicia, “no les importa cuidar las evidencias, no sabemos por qué se niegan en proteger la vida de las mujeres y proteger a los feminicidas”, aseveró.
 
Las irregularidades en el caso también han sido denunciadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que en un informe especial sobre el caso de Tamuín determinó que la Procuraduría local investigó mal los cinco casos de feminicidio: no recolectó de manera adecuada las pruebas ni realizó de forma correcta el peritaje forense a las víctimas.
 
La Comisión también ordenó la creación de una fiscalía especializada en feminicidio y desapariciones de niñas y mujeres, así como un protocolo policial especializado para atender los casos. Esta instancia además ha insistido en activar el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en San Luís Potosí, solicitud que está pendiente desde noviembre de 2015, para los municipios de la capital, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Tamuín, Tamazunchale y Matehuala.
 
17/HZM/GG








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   No fue torturado y responderá por dos casos más
Ex militar de SLP será sentenciado por 3 casos de feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/04/2017

El dictamen pericial en materia de tortura, llamado Protocolo de Estambul, aplicado al ex militar y feminicida Filiberto Hernández Martínez, determinó que no fue torturado durante su detención, por lo que podrá ser sentenciado por los casos de feminicidio de cuatro niñas y una mujer adulta que cometió entre 2010 y 2014 en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí.
 
Después de permanecer 3 años en prisión preventiva en Durango y tras una larga lucha por parte de las familias para exigir que se le aplicara el Protocolo Estambul, Hernández Martínez recibirá sentencia por los asesinatos de Itzel Romaní Castillo de 11 años de edad, Dulce Ximena Reyes de 9 años y Eliehoenai Chávez Rivera de 32 años de edad.
 
Y continúan en proceso los casos de Rosa María Sánchez González, de 15 años de edad, y de Adriana Martínez Campuzano quien tenía 13 años de edad, informó la abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C (Gadh), Karla Micheel Salas Ramírez, en entrevista a Cimacnoticias.
 
El Protocolo Estambul es un instrumento internacional por el cual, mediante entrevistas clínicas y exámenes psicológicos, se determina si una persona fue víctima de tortura y otros tratos o penas crueles. En el caso del Filiberto Hernández, el documento indica que no existen elementos que corroboren su versión.
 
La abogada especialista en feminicidio Micheel Salas Ramírez apuntó que el resultado de este procedimiento psicológico es clave para la garantía de justicia en este caso, pues en la detención de Filiberto Hernández, en julio de 2014 -por portar una arma de uso exclusivo del ejército, y después confesar los asesinatos- alegó ser víctima de tortura por parte de los policías.
 
Este hecho, comentó Salas Ramírez, impedía a las autoridades dictar sentencia y daba la posibilidad de que fuera puesto en libertad, “ahora lo que esperamos es que el Poder Judicial otorgue una sentencia condenatoria”, señaló la abogada.
 
Cabe recordar que el primero de agosto de 2014, el juez Primero de lo Familiar, del Sexto Distrito Judicial de Ciudad Valles, Juan Ignacio Ortega Morales, dictó auto de formal prisión a Filiberto Hernández por el caso de Dulce Reyes, pero ese mismo día su defensa apeló la sentencia, porque alegó tortura en el proceso de detención.
 
El 12 de febrero de 2015 el juez Juan Ignacio Ortega resolvió a favor el amparo para que se demostrara tales actos, pero fue hasta el 13 de mayo de 2016 que emitió el exhorto, con número 84/2016/1, para que se le realizará el protocolo al exmilitar.
 
Los resultados fueron emitidos el 12 de diciembre de 2016 por parte de la Fiscalía General del Estado de Durango, estado en donde está encarcelado el asesino, y estos  se dieron a conocer el pasado 8 de abril a los familiares y abogadas que llevan el caso.
 
CONTINÚA INVESTIGACIÓN
 
A partir de la constante exigencia del Gadh y las familias que perdieron a las niñas y la mujer del municipio de Tamuín, se ha evidenciado la falta de una investigación adecuada por parte de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de San Luis Potosí.
 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se unió al llamado a través de un informe especial que hizo sobre el caso, donde determinó que la Procuraduría local investigó mal los cinco casos de feminicidio: no recolectó de manera adecuada las pruebas ni realizó de forma correcta el peritaje forense a las víctimas.
 
Con ello responsabilizó a los agentes del Ministerio Público (MP) municipal involucrados, a la Procuraduría estatal y a Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por las irregularidades latentes en el caso. La Comisión además ordenó la creación de una fiscalía especializada en feminicidio y desapariciones de niñas y mujeres, así como un protocolo policial especializado para atender los casos.
 
La abogada recordó que la investigación del caso de Adriana Martínez Campuzano, violada y asesinada por el feminicida en 2011, permanece, pues sus familiares ganaron en enero de 2017 un amparo para investigar de nuevo el caso, después de que el juzgado exoneró a Filiberto Hernández  del asesinato  “por falta de pruebas”.
 
En tanto el de Rosa María Sánchez continúa, pues recién en febrero de 2017 se logró confirmar su identidad a partir del análisis forense de siete huesos localizados en 2014 en Cañaveral de Puntilla, San Luis Potosí, donde el asesino enterró los cuerpos.
 
17/HZM/GG








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   Problema estructural, urge Fiscalía especializada
Procuraduría de SLP investigó mal cinco casos de feminicidio: CEDH
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/03/2017
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) confirmó que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de San Luis Potosí no investigó con la debida diligencia los casos de feminicidio de las niñas de 9, 11, 15, 13 años de edad y de una mujer de 32 años, asesinadas entre 2010 y 2014 por el ex militar Filiberto Hernández Martínez, en el municipio de Tamuín.
 
La CEDH determinó, en un informe especial, que se cometieron diversas irregularidades y deficiencias durante la investigación: falta de pruebas de ADN a los cuerpos de las víctimas, no tomar muestras del carro donde ellas fueron trasladadas y no realizar una inspección y recolección de pruebas del domicilio del agresor, además de que  se desestimaron los testimonios de los familiares.
 
Señala como responsables de estas irregularidades y deficiencias a “diversos servidores públicos del estado”, desde el personal de la policía hasta agentes del Ministerio Público (MP) municipal, de la Procuraduría estatal y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del estado, esta última, por incumplir su  obligación de brindar apoyo y acompañamiento a las familias de las víctimas, explicó en entrevista con Cimacnoticias la abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social (GADH ), Karla Micheel Salas Ramírez.
 
Este no es un hecho aislado, sino un problema estructural, señaló la abogada especialista en casos de feminicidio, y por eso la CEDH mandata al Gobierno estatal crear una Fiscalía especializada para casos de feminicidio y desaparición de niñas y mujeres, un protocolo policial especializado, capacitado desde la perspectiva de género.  
 
PROCESOS JUDICIALES
 
El feminicida confeso, Filiberto Hernández Martínez, se encuentra preso, sin sentencia, desde 2014 en una prisión de máxima seguridad en Gómez Palacio, Durango. Fue detenido por portar un arma de uso exclusivo del ejército, y durante el proceso, confesó haber asesinado a las cinco víctimas y haber enterrado los cuerpos en Cañaverales de Puntilla, San Luis Potosí.
 
La identificación de su primera víctima, Rosa María Sánchez, de 15 años de edad, a quien reportaron como desaparecida el 29 de octubre de 2010, se logró en febrero de 2016, a partir de 7 huesos encontrados en Cañaveral de Puntilla. Esto permitió que la investigación por este caso continué y que el asesino pueda ser sentenciado.
 
Sin embargo, de los cinco casos de feminicidio, sólo tres están ya en proceso: los de Itzel Romaní Castillo, Dulce Ximena Reyes y Eliehoenai Chávez Rivera, mientras los de Rosa María Sánchez González y Adriana Martínez Campuzano aún están en investigación, recordó la abogada Salas Ramírez, quien acompaña los casos.
 
El caso de Adriana Martínez, una niña de 13 años, está aún en la etapa de investigación porque el feminicida había sido absuelto “por falta de pruebas”, ante lo cual su familia, a través de sus abogados, interpuso  un amparo para volver a investigar el delito y lo ganaron en enero pasado.  
 
El reporte especial de la CEDH se presentó el pasado lunes 13 de marzo en un acto público donde estuvieron las familias de las víctimas y las representantes legales del caso, entre ellas la abogada Karla Micheel Salas, quien llevó también el caso conocido como Campo Algodonero, por el cual el Estado mexicano recibió una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en 2009, como responsable de tres casos de feminicidio.
 
Cabe recordar que en esa ocasión, la CoIDH incluyó en su condena, entre otras cosas, la recomendación de incluir en las investigaciones la perspectiva de género, investigar a funcionarios públicos acusados de irregularidades y sancionarlos, reconstruir los protocolos de investigación en casos de feminicidio y capacitar a nivel federal a servidores públicos, jueces, militares, para “superar estereotipos” sobre las mujeres. El fallo tiene incidencia en todo el país.
 
Indicó Micheel Salas que el documento de la CEDH ya fue remetido al Congreso local y al Tribunal Superior de Justicia de San Luis Potosí, “por ser asunto que le corresponde al gobernador de la entidad, Juan Manuel Carreras”, señaló.
 
LAS RECOMENDACIONES
 
En la investigación especial se hacen recomendaciones puntuales para continuar con la plena investigación de los cinco casos, señaló Micheel Salas Ramírez, ya que aún no se completa la recolección de las evidencias, como el chequeo del domicilio del agresor y de la camioneta donde trasladó a las víctimas. “Han pasado muchos años, señala, pero son acciones que se deben de tomar en una investigación con la debida diligencia.”
 
También se pide la reparación integral de daños a las familias de las víctimas, por la inadecuada actuación de los servidores públicos. “La CEDH posee un listado específico de quiénes intervinieron en diferentes momentos”, y se solicita que sean sancionados, tanto administrativa como penalmente, explicó la abogada.
 
FISCALIA Y PROTOCOLO EN FEMINICIDIO
 
Las recomendaciones también buscan enfrentar la problemática de feminicidio y desaparición de niñas y mujeres en la entidad, pues el caso de Tamuín “no es un hecho aislado, es un problema estructural” dijo Micheel Salas.
 
Es por eso que la CEDH, agregó la abogada, ordena al Gobierno del estado crear una fiscalía especializada para investigaciones por casos de feminicidio y desaparición de niñas y mujeres. Esta unidad especializa deberá trabajar de manera coordinada con las instituciones gubernamentales necesarias para su debido funcionamiento.
 
Además, indicó la abogada del Gadh, se pide a la Policía Ministerial del estado crear y contar con un protocolo especializado para la búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas en San Luis Potosí, deberá ser un grupo especializado el encargado de realizar las investigaciones y deberán recibir capacitaciones en técnicas de investigación criminal desde la perspectiva de género.
 
A estas acciones se debe agregar el fortalecimiento de los registros para este tipo de crímenes -tanto de feminicidio como desapariciones- pues “resultan fundamentales para el diseño de cualquier política pública” señaló Salas Ramírez.
 
“Idealmente no tendrían que existir este tipo de documentos”, dijo, pero esto refleja que San Luis Potosí “es un estado donde no se está cumpliendo las obligaciones que mandata la ley y no está realizando su trabajo con la debida diligencia”.  
 
PROCEDIMIENTOS URGENTES
 
La abogada comentó que este trabajo ha sido posible gracias a la insistencia de las familias para garantizar justicia para sus hijas, pues las autoridades tenían prácticamente en el olvido la investigación del caso, “Esta recomendación es una forma simbólica para las familias para no dejar esta lucha, porque  después de todos los años las familias han vivido un proceso muy desgastante”, dijo.
 
Sin embargo aún quedan procesos urgentes que las autoridades tienen que realizar, añadió la abogada, ya que Filiberto Hernández sigue sin sentencia,  pues falta realizar el dictamen pericial en materia de tortura, el “Protocolo de Estambul”, ya que denunció ser víctima de tortura por parte de los policías durante su detención.
 
17/HZM/GG
 







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