Karla Micheel Salas Ramírez

NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Primero Pegasus, ahora roban expedientes de casos
Allanan oficinas del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social
Imagen retomada de Facebook
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/12/2017

El domingo 19 de noviembre las oficinas del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social (Gadh) fueron allanadas; sustrajeron varias computadoras y expedientes de los casos de violaciones a Derechos Humanos que acompaña legalmente la asociación civil.

El hecho fue divulgado en un comunicado por los integrantes de la organización, quienes afirmaron que no es la primera ocasión que son víctimas de estos asedios. La directora del Gadh, Karla Micheel Salas Ramírez y el coordinador jurídico, David Peña Rodríguez, tuvieron en octubre de 2015 un intento de hackeo en sus teléfonos móviles a través de “Pegasus”, un programa de espionaje adquirido por el Gobierno mexicano.

En esta ocasión, los abogados reconocidos por su labor en la defensa de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, informaron que se llevaron expedientes y computadoras de los casos que tratan, no sólo de ellos, sino también de la Asociación por una Cultura de los Derechos Humanos, con la que comparten el espacio de las oficinas ubicadas en la colonia Narvarte.

Señalaron que ese mismo día presentaron una denuncia en la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF), por la cual se inició la carpeta de investigación (número 1000) para deslindar las responsabilidades sobre el ilícito.

“Este allanamiento y el robo de las instalaciones de las oficinas de ambas organizaciones está inmerso en un contexto de otros actos de intimidación y amenazas que integrantes de estos organismos de las sociedad civil han recibido”, denunciaron en el comunicado.

En 2015 cuando comenzaron a recibir los mensajes de Pegasus,  ambos abogados asumieron la defensa legal de las víctimas de feminicidio del caso Narvarte. Actualmente representan otras violaciones a los DH como el caso de Dafne McPherson acusada de homicidio luego de sufrir un parto fortuito en Querétaro; el de feminicidio de las cuatro niñas y una mujer adulta asesinadas por un ex militar en Tamuín, San Luis Potosí, es otro de los casos que llevan.

Otros casos que han llevado es el asesinato de la activista Bety Cariño y Jyri Jaakkola ocurrido en Oaxaca en 2010 y el de Digna Ochoa y Plácido en 2001 en la capital del país. Asimismo coadyuvaron en el caso de la acusación de la red de trata de personas encabezada por el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, en julio de 2015.

En contra del Estado mexicano también litigaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el caso conocido como  “Campo Algodonero”, referente al feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Por este recibieron múltiples amenazas y cuentan desde 2008 con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las intimidaciones no sólo han ido en contra de Salas y Peña, indicaron que recientemente un colaborador de la organización en Ciudad Juárez recibió amenazas vía telefónica, también allanaron el domicilio particular de la responsable del área de prevención; y robaron en el domicilio de una integrante de la Asociación por una Cultura.

Ante las agresiones, mencionaron que la abogada Karla Micheel Salas acudió al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) y también al Mecanismo de la Ciudad de México, con el objetivo de que reciban protocolos y medidas de seguridad.

Por último, ambas organizaciones exigieron a las autoridades de la Ciudad de México que esclarezcan los hechos, ya que ha afectado de manera importante su trabajo y podría tratarse de un acto de intimidación por la labor que realizan, dijeron.

Karla Micheel Salas y David Peña también forman parte de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y en 2010 ganaron el premio de Derechos Humanos otorgado por el Consejo de Abogados de Europa (CCBE) por su trabajo en la defensa de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. 

17/HZM/LGL








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Hay más dudas que certezas dice su familia
   
Belén: ser mujer y desaparecer en la Ciudad de México
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/07/2017

Son las 2 de la madrugada del lunes 5 de junio. El teléfono de la familia Cortés Santiago suena. -¿Bueno?- contesta Benito Cortés, padre de Belén, la estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) desaparecida el 29 de abril de este año. Se oye una voz que le dice “¿papá? Soy Belén”.
 
Incrédulo y aún adormilado por la hora él responde -Tú no eres Belén-, pero la voz al otro lado de la bocina insiste -¡Sí!, ¡cómo no voy a ser yo!
 
Benito Cortés reacciona y le pregunta -¿Dónde estás? Belén responde -No puedo decirles dónde -y rectifica inmediatamente- no quiero decirles dónde estoy, pero les envío un video que me tomaron los… Benito la interrumpe- ¡Todos te queremos, te queremos ver, ven a la casa, te extrañamos! Ella responde: -Estoy bien no se preocupen-.
 
La llamada dura 33 minutos, Belén pregunta insistente sobre su hermana menor de 12 años de edad y pide que la cuiden mucho. Ésta es la primera y única ocasión, desde su desaparición, en que la familia de Belén ha podido hablar con ella.
 
“Se escuchaba extraña, ella no habla así y ¿por qué llamó a esa hora? ¿por qué dijo que gente de CAPEA fue a buscarla si ellos me dijeron que ya habían cerrado la carpeta de investigación?”, externó preocupada a Cimacnoticias la mamá de Belén, Leticia Santiago.
 
Dos días después de la llamada, el 7 de junio, familiares de Belén fueron citados en las oficinas del Centro de Atención de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ubicadas en la colonia Doctores, y acudieron acompañados de la académica de la UACM, Samantha Zaragoza.
 
En un cuarto con paredes amarillas y desgastadas se sentaron con el director general de Atención a Víctimas del Delito, Carlos Rodríguez Sánchez; con el director del CAPEA, José Antonio Ferrer y la subdirectora Psicosocial del Centro, Susana Méndez Cedillo.
 
“Belén se acercó y nos pidió que por favor les transmitiéramos este video porque sabía de la inquietud que tenían ustedes de no haberla visto y con la intención de tranquilizarlos”, afirmaron Antonio Ferrer y Carlos Rodríguez antes de proyectar en la pared el primer video.
 
VIDEOS
 
En un video de tres minutos se observa a Belén sosteniendo el periódico Reforma con fecha del lunes 5 de junio y su credencial de elector, la misma que el personal del CAPEA omitió pedir a Belén cuando la localizó y ella dio su declaración. Lleva puesta una sudadera gris con líneas horizontales blancas y letras rojas. Una media cola recoge su cabello ondulado que ahora es negro y no rojo como cuando desapareció. Es de noche. Está de pie frente a una pared de tabiques grises y en lo que parece ser un jardín porque hay pasto y tierra.
 
El video continúa. Belén saluda: “este video es para decirles que estoy bien, me encuentro muy bien”. Mira al piso, alarga las palabras y aprieta sus labios antes de explicar que no quiso informarles en donde estaba.
 
Belén continúa: “Hoy me vienen a ver y me dicen que siguen las marchas y muchas cosas más que están haciendo y, pues, yo no sabía nada de esto, pero quiero decirles que me encuentro muy bien”, menciona nerviosa.
 
Belén Montserrat Cortés Santiago desapareció el 29 de abril cuando tenía 19 años, hoy tiene 20. Ese día salió a trabajar vendiendo pastes en la colonia San Miguel Teotongo, Iztapalapa, pero no regreso a casa. Luego de las exigencias que la comunidad universitaria hizo para agilizar la búsqueda la PGJDF anunció su localización el 25 de mayo y aseguró que ella no quería ver a su familia.
 
En el video, al que esta agencia tuvo acceso, se observa que Belén voltea a ver a quienes la están grabando: “Me encuentro –hace una pausa de dos segundos- en un lugar muy bonito, con personas muy gentiles que empiezo a apreciar y estoy muy bien de salud, estoy aquí por mi propia voluntad”. Agradece a su familia el interés por buscarla.
 
Esforzándose por no llorar, manda saludos a su hermana menor y enfatiza “cuídenla mucho, protéjanla”.
 
También menciona: “Espero que estén tranquilos con este video, los quiero mucho, familia, gracias por todo”. Apenas termina la frase comienza a llorar, asiente con la cabeza, se cubre el rostro con el periódico y el video finaliza.
 
Al terminar la proyección y durante la reunión, el papá de Belén, Benito Cortés les dice a los de CAPEA con un tono incrédulo: “ella no está bien, su labio inferior está hinchado y se ve triste”.
 
Leticia Santiago, su madre, afirma categórica: “Estaba nerviosa, no dejaba de mover sus manos, de morder sus labios, no veía a la cámara y volteaba a ver siempre a los del CAPEA, a los que grabaron los videos, como si les preguntara ‘¿está bien lo que dije?’ como si la estuvieran obligando a decir lo que ellos querían”.
 
Cuando terminaron de ver el video, molestos, sus padres y sus hermanos insistieron en que eso no probaba que ella estuviera bien, por lo que, serios, Antonio Ferrer, Carlos Rodríguez y la directora general de Derechos Humanos de la PGJDF, Eunice Beatriz Castañeda junto con el subdirector Jurídico del CAPEA, Magdaleno Montes de Oca, también presentes en la reunión, insistieron en mostrarles un segundo video, que contiene la grabación de la llamada de la madrugada del 5 de junio.
 
“Se los mostramos para que vean el desenvolvimiento de Belén en la plática que tuvo con ustedes”, recalcó Antonio Ferrer e inició la proyección de un video de aproximadamente 35 minutos.
 
En él, Belén aparece parada en el mismo lugar que en el video anterior momentos antes de llamar a su familia. Acaricia sus brazos para darse calor, parece que tiene frío. La subdirectora Psicosocial del CAPEA, Susana Méndez, se acerca con la joven y le presta su celular. En altavoz marca a un número que nadie contesta. “Han de estar bien dormidos”, menciona Belén y pide llamar a su casa.
 
La subdirectora le pide que dicte el teléfono, la marcación es incorrecta, esto provoca la risa de Susana Méndez, Belén la observa y sonríe nerviosa, como si no entendiera por qué ríe. Están en otra entidad. La funcionaria marca en su celular la lada y el número de la Ciudad de México.
 
Detrás de la cámara, Ferrer, el director del CAPEA, se dirige a Belén: “Puedes pedir hablar con tu mamá o con quien te conteste”- “O con quien tú quieras”-interrumpe Susana Méndez. Antes de que contesten, Ferrer agrega: “Diles que les mandas un video, para que vean que estás bien y se calmen”.
 
Belén habla con su papá, su mamá y uno de sus hermanos. Al fondo, se escuchan ladridos de perros y gallos que cantan. Aún sin preguntarle, ella afirma que se fue por su propia voluntad y repite varias veces “estoy bien, me encuentro bien”.  
 
Cuando César Cortés, su hermano, le preguntó por qué llamó a esa hora Belén respondió: “porque a esta hora me vinieron a ver” y contó que el día que despareció le robaron su celular en el local donde trabajaba. En más de cuatro ocasiones insistió “cuiden mucho a mi hermanita”.
 
Al terminar el video la familia de Belén cuestionó a Juan Antonio Ferrer y Susana Méndez Cedillo qué hacían ahí y por qué la habían buscado a las dos de la madrugada.
 
Sobre la hora, el director del CAPEA aseguró: “nosotros teníamos que ajustarnos a las horas donde la podíamos ver”. Más adelante y, con un tono engreído, como si estuviera cansado de responder a esa pregunta mencionó: “fue a esa hora porque ella lo pidió así”.
 
En el video se observa que Belén no conocía a las personas que acudieron a buscarla. Cuando su hermano César le preguntó de dónde llamó ella respondió: “Hablo del celular de una –hace una pausa y voltea a ver en dirección de la cámara - ¿qué es usted?”, se escucha que Susana Méndez ríe y le responde “de una persona de CAPEA”, Belén repite esa respuesta. 
 
Las contradicciones continuaron. Los familiares de Belén confrontaron al personal del CAPEA por las incongruencias. “El problema está en lo que dicen, primero comentan que Belén los buscó a ustedes y ella claramente afirma que fue al revés”, expresó molesto, Víctor Cortés Santiago, el hermano mayor de Belén.
 
Antonio Ferrer argumentó: “La buscamos porque ustedes manifestaron que querían ver a su hija, querían saber que estaba bien y que sí contaba con su credencial de elector, por eso, a pesar de que ya cerramos la carpeta de investigación, le compartimos a Belén su inquietud y quisimos darles algún elemento visual para que estuvieran más tranquilos”.
 
Susana Méndez señaló: “Buscar a Belén no fue una diligencia de la carpeta es más bien ‘un acto’ de parte de la procuraduría sabiendo  que Belén tiene nuestra confianza –corrigió de inmediato- más bien, ella confía en nosotros. Lo que afirmó también el director general de Atención a Víctimas del Delito.
 
Al terminar la reunión, la familia solicitó, mediante un escrito, el acceso completo a la carpeta de investigación. Días después, en entrevista con Cimacnoticias, el hermano de Belén, César Cortés Santiago, dijo que ésta se les entregó, pero les fueron negados los videos con el argumento de que no pertenecen a la investigación.
 
La abogada de la familia, Karla Micheel Salas, explicó en entrevista con Cimacnoticias que la decisión del cierre de carpeta no es definitiva hasta que la PGJDF les entregue un documento oficial que lo acredite. Por lo que, luego de analizar la carpeta, pueden impugnar la decisión ante un juez de control.
 
Después de la reunión de casi dos horas, Benito Cortés fue firme y claro con los funcionarios: “No les creemos. No le enseñé a mi hija a hablarnos así, por videos, si estuviera bien nos buscaría y lo diría en persona”.
 
“Vamos a estar tranquilos hasta que volvamos a ver en persona a Belén. No es normal que de la noche a la mañana dejara a sus amigos, su escuela y a su familia, todos la extrañamos y la queremos de vuelta”, aseguró Leticia Santiago.
 
Antes de dejar las instalaciones del CAPEA, Samantha Zaragoza,  consternada, opinó que la actitud de los funcionarios y las constantes violaciones por parte de la PGJDF al Protocolo para la búsqueda inmediata de mujeres extraviadas acrecientan las dudas.
 
“Su familia y la comunidad universitaria nos cuestionamos hoy más que nunca “¿Dónde, cómo y con quién estás, Belén?”, concluyó.
 
17/RED
 








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Familias y OSC luchan por revertir fallas y misoginia de autoridad
   
PGJDF y su perversa práctica contra víctimas de violación
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/07/2017

Como una práctica común, la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) criminaliza a las víctimas de violación que en defensa propia matan a sus agresores. Así sucedió con la menor de edad Itzel, a quién la autoridad definió como victimaria, la  persiguió junto con su familia,  y a quien se negó a investigar la violación y reconocer sus derechos como víctima.
 
De las mil 872 personas que denunciaron ser víctimas de violación en la Ciudad de México entre 2014 y febrero de 2017, según datos de la Procuraduría, el caso Itzel, de 15 años de edad, violada el pasado primero de junio, logró salir a la luz pública y demostrar la práctica de asedio y criminalización que utiliza la PGJDF en estos casos.
 
Esa autoridad  no sólo viola el Artículo 29 del Código Penal capitalino, que considera la "legítima defensa" como causa de exclusión de un delito. Le es tan frecuente esta práctica, que el grupo especial que conformó para investigar a Itzel por homicidio, fue el mismo que, en diciembre de 2013, encarceló por la misma razón a la joven de entonces 20 años de edad, Yakiri
Rubí Rubio.
 
DE VÍCTIMA A VICTIMARIA
 
Hace más de tres años, la PGJDF se negó a reconocer a Yakiri Rubio como víctima, por herir de muerte a Miguel Ángel Ramírez Anaya, quien, en complicidad con su hermano, la violó e intentó asesinar en un hotel de la colonia Doctores.
 
La Procuraduría la acusó de homicidio, y de inmediato orquestó toda una investigación que respaldara su hipótesis:
1) Durante la investigación “perdió” la evidencia que comprobaba, a través de fotografías y peritajes, los rasgos de violencia psicológica y las 20 lesiones que le ocasionó el criminal; 2) Buscó relacionarla sentimentalmente con su agresor, Ángel Ramírez, con lo que dijo fue “una relación sexual consensuada” y ella se provocó las lesiones; 3) Concluyó que se trataba de un “montaje”.
 
La denuncia de su familia, logró que feministas se organizaran en el “Comité por la Liberación de Yakiri”.
 
La presión mediática fue tal, que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió por el caso la recomendación 6/2016 dirigida a la PGJDF por su actuar irregular en el debido proceso de investigación; el sistema la aceptó.
 
El organismo de Derechos Humanos fue contundente: la PGJDF violó cuatro derechos a Yakiri: la garantía de una vida libre de violencia, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la integridad personal. Si bien consideró que fue víctima de violación, señaló, la posicionó como victimaria, lo que la alejó del acceso a la justicia.
 
Al aceptar la recomendación, la Procuraduría local tenía que elaborar, por exigencia de la Comisión, “un diagnóstico que permitiera modificar las herramientas de atención para la investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género”.
 
ITZEL, LA MISMA PRÁCTICA DE LA PGJDF
 
Sin embargo, a más de tres años del caso Yakiri, la Procuraduría capitalina repite la misma práctica con la niña de 15 años, Itzel. El pasado primero de junio, Miguel Ángel Pérez Alvarado la violó en la vía pública cerca del metro Taxqueña en la colonia Coyoacán, ella se defendió y lo mató.
 
Una vez más, la PGJDF se centró en investigar a Itzel por homicidio y para sustentarlo realizó las siguientes acciones:
1) Retomó los peritajes de la denuncia de violación para afirmar que la menor de edad fue quien mató a Miguel Pérez; 2) Tanto a la familia como a la defensa, les negó el acceso a la carpeta de investigación que estaba conformando.
 
3) El personal de la PGJDF filtró los datos de la víctima y la familia, lo que generó hostigamiento en el  trabajo y escuela, y ocasionó que Itzel abandonara el plantel;  4) En la Agencia Especializada de Delitos Sexuales del “bunker”, la denuncia se levantó pasadas 48 horas y la familia tuvo que comprar los anticonceptivos de emergencia porque no tenían; asimismo, una psicóloga del Centro de Terapia y Apoyo (CTA) violentó a Itzel y desestimó su denuncia.
 
ANTE FALTAS: PRESIÓN SOCIAL
 
La familia de Itzel buscó a la de Yakiri, recordó el caso y supo que la presión mediática era el único camino para que la Procuraduría terminará con la acusación contra la menor de edad.
 
Así, el pasado 27 de junio ambas familias y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC (Gadh) denunciaron la actuación de las autoridades y el asedio que vivían por parte de la PGJDF.
 
Sólo bastaron unas horas y, a través de un boletín de prensa, la Procuraduría local resolvió que “la víctima quedaba libre de la responsabilidad” porque "actuó en legítima defensa, en virtud de que su integridad física y su vida estuvieron en riesgo".
 
Pero el oficio que constataba la decisión fue entregado a la defensoría y la familia hasta el 29 de junio, así como la carpeta de investigación por homicidio que estaban concretando.
 
“QUE SE VAYAN SERVIDORES PÚBLICOS”
 
El caso de Itzel no concluye con el cierre de la investigación: se presentó una queja ante la CDHDF, porque la Procuraduría de la Ciudad violó cuatro derechos de Itzel: no se le dio debida atención como víctima, se incumplió el protocolo de atención a víctimas de delitos sexuales, se violó el debido proceso y su derecho a una vida libre de violencia.
 
Para terminar con los actos irregulares de la Procuraduría en estos casos, afirma en entrevista con Cimacnoticias la abogada de Itzel, Karla Micheel Salas Ramírez, el personal que ha obstaculizado  el debido proceso y el acceso a la justicia de las víctimas de violación sexual debe ser sancionado, “administrativa y penalmente si es necesario”.
 
Y señala que ante la ineficacia de la Fiscalía de Delitos Sexuales dependiente de la PGJDF, la misma titular, Alicia Rosas Rubí, debe renunciar, no sólo por su proceder sino por su falta de experiencia en el tema, pues su cargo anterior fue el de  directora de la Unidad de Investigación de Delitos Ambientales de la Procuraduría General de la República (PGR).
 
“El mensaje que envían los órganos de procuración de justicia al atender estos casos es perverso. Muestra la total desprotección de las víctimas de delitos sexuales por parte del Gobierno capitalino y las investigaciones por casos de violaciones se caracterizan por una profunda misoginia”, concluye Salas Ramírez.
 
17/HZM/MMAE/GG








NACIONAL
VIOLENCIA
   Inconforme con los dichos y la foto que les presentó la PGJDF
No descansaremos hasta volver a ver a Belén, advierte su familia
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/06/2017

“Belén no es un objeto que puede perderse y ya: no vamos a descansar hasta verla”, advierte la familia de la joven estudiante, de 19 años de edad, quien desapareció el pasado 29 de abril en esta ciudad y a quien la Procuraduría capitalina dice haber ubicado “sana y salva”, aunque “sin querer ver a su familia”.
 
En entrevista  con Cimacnoticias, la familia de Belén Montserrat Cortés Santiago, estudiante de Comunicación y Cultura, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), plantel San Lorenzo Tezonco, quien quiere ser locutora y trabajar en la televisión, afirman que no saben dónde ni cómo está, tienen dudas de que no quiera verlos, pues eso no coincide con su forma de ser. 
 
La mamá de Belén, Leticia Santiago del Ángel, camina despacio, toma mucho aire antes de hablar, está cansada, aún no se recupera por completo de las últimas tres cirugías a las que tuvo que someterse por problemas en su vejiga. Con la voz entrecortada describe a su hija como una persona alegre e interesada siempre por superarse, “estaba muy contenta en la Universidad”, afirma en entrevista.
 
Los datos en la hoja de desaparición emitida por el Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) el 7 de mayo describen a Belén Montserrat como una mujer de poco menos de un metro y medio de estatura, de complexión delgada, tez morena, con ojos pequeños café oscuro y la cara alargada.
 
De acuerdo con la información recabada por familiares y amigos de Belén, el último lugar donde ella estuvo fue afuera del local comercial donde trabajaba ubicado a unos metros de la gasolinera cercana al metro Santa Marta de la línea A, en la colonia San Miguel Teotongo de la delegación Iztapalapa, a 15 minutos de su casa. La última persona con la que habló fue su jefe. 
 
Leticia Santiago recuerda que Belén le ayudaba a limpiar su casa y ella a hacer sus tareas: “Juntas buscábamos el significado de las palabras que no entendía. Ella me decía que no sabía cómo iba a hacerle, pero que cumpliría su sueño de salir en la tele y de tener un programa de radio”.
 
Para su papá, Benito Cortés Juárez, un hombre moreno de baja estatura y no más de 50 años, la ausencia de su hija le ha dejado un “vacío” que, dice, cerrará hasta que Belén regrese a casa. “Su lugar en nuestra mesa nadie lo va a ocupar, la seguimos esperando”, dice mientras se esfuerza por no llorar. 
 
Los padres y la tía de Belén cuentan a Cimacnoticias que la joven, además de gustarle música que iba desde reggaeton hasta la banda, disfrutaba también de su familia. “A veces me acompañaba al trabajo los miércoles, cuando no tenía clases. Yo vendo producto embolsado de Boing, mucha gente de la zona nos conoce por eso”, cuenta Benito Cortés.
 
Belén es la tercera de cuatro hermanos, fue la primera hija de la familia Cortés Santiago. ”Desde que llegó a nuestros brazos fue una niña bien linda, la esperábamos con los brazos abiertos, la consentimos en todo”, menciona su papá pausado y sin levantar la vista.
 
Leticia Santiago sonríe al recordar que una de las pasiones de Belén era hacer ejercicio, por ello “dejaba tiempo después de la escuela para ir al gimnasio” y afirma que pese a que le insistió a su hija para que no buscara un trabajo ”ella quería ganar su propio dinero”.
 
SUPUESTOS HALLAZGO
 
El 25 de mayo el procurador General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF), Rodolfo Ríos Garza, informó en conferencia de prensa, antes que a su familia, que habían localizado a Belén. El funcionario dijo que la joven “decidió ausentarse voluntariamente”, afirmó que “personas de su confianza tenían conocimiento de ello”.
 
La madre de la estudiante duda de esa versión porque, dice: “Belén era organizada, por eso después de la escuela iba directo al trabajo, al regresar hacía su tarea y a veces iba al gimnasio, siempre estaba activa”.  La joven empezó a trabajar  de lunes a sábado en “Los pastes el olivo” como vendedora en las calles y el local.
 
SIN RASTROS
 
El sábado 29 de abril, Belén salió a trabajar, su familia comenzó a preocuparse por ella cuando pasaron las ocho de la noche, horario en el que acostumbraba llegar, y no regresó a casa. Tampoco contestó su teléfono. Las llamadas que Benito y Leticia hicieron durante la noche y la madrugada de ese día fueron siempre directo a buzón.
 
Los obstáculos de la familia de Belén se presentaron desde los primeros días que comenzaron a buscarla. El 2 de mayo sus padres se entrevistaron con el dueño del local donde trabajaba, él les dijo que ella lo había llamado por última vez a las 20:00 horas  para informarle que había cerrado el negocio.
 
El jefe de Belén, recuerda el señor Benito, “nos pidió que no denunciáramos su desaparición, creemos que no quería tener problemas. Nos advirtió que él tenía cinco abogados y que mejor dejáramos las cosas en paz, que seguro se había ido con su novio”. 
 
Los días previos al 29 de abril, e incluso el mismo sábado, Belén  no dio señales que indicaran a su familia que se ausentaría por su voluntad. “Nosotras jugábamos, platicábamos y nos reíamos mucho, por eso para mí es muy extraño.
 
Ni el último día que la ví noté algo raro en ella”, asegura su hermana de 12 años, con quien compartía el cuarto,  “Blacky -uno de sus perros- se dormía con ella, él también la extraña”, dice.
 
Para la tía de Belén, Alicia Santiago, la versión del Procurador es falsa. “La Belén que describen no es la que yo conozco, simplemente me la cambiaron. Ella siempre estaba alegre, quería mucho a sus papás, siempre les pedía permiso cuando salía y les avisaba en dónde iba a estar”.
 
En ello coinciden académicos de la UACM, como Tania Paloma Hernández Ramírez y el profesor de Belén, Samuel Cielo Canales, quienes afirman que antes de comenzar a movilizarse para exigir a la PGJDF que la localizaran se aseguraron de preguntar a los compañeros de clase de Belén, así como a sus amigas y amigos más cercanos, si sabían en dónde podría estar o si tenía una razón para ausentarse. Ninguno sabía nada.
 
“No es normal que haya dejado a sus amigos, su escuela y a su familia de la noche a la mañana”, comenta Leticia Santiago.
 
LA BÚSQUEDA
 
La familia de Belén denunció su desaparición en la Agencia Ministerio Público de Ermita, Iztapalapa el 6 de junio, donde les dijeron que no podrían revisar las cámaras de la zona porque los videos se borran cada cinco días. Un día después acudieron a CAPEA, donde la ingresaron al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
 
El hermano mayor de Belén, Víctor Cortés Santiago, estudiante de Ciencia Política y Administración Urbana de la UACM en el plantel Casa Libertad, pidió a seis amigos que lo apoyaran para pegar hojas de identificación de su hermana, las colocaron también en los planteles San Lorenzo Tezonco y Casa Libertad. Al enterarse, varios profesores se solidarizaron y propusieron organizar brigadas de búsqueda.
 
“Hicieron más investigación los alumnos y maestros, que la policía de investigación”, afirma Leticia Santiago y en ello coincide el papá de Belén: “CAPEA no ponía empeño en la búsqueda, hasta que comenzaron las brigadas, ellos empezaron a trabajar”. 
 
La solidaridad de la comunidad de la UACM también se tradujo en el contacto que el rector Hugo Aboites Aguilar tuvo con la familia de Belén, a quien acompañó el 15 de mayo a CAPEA. Ahí les dijeron que “aún no había una investigación porque no había indicios de nada”, dice. 
 
Los hermanos de Belén, Víctor y César Cortés Santiago, pidieron a través de Facebook que la comunidad uacemita se uniera a la búsqueda. La convocatoria resultó en un grupo de 40 personas entre estudiantes y personal académico de la UACM que el miércoles 17 de mayo, divididos en dos turnos, pegaron carteles y mostraron fotos de ella a los habitantes de las calles donde acudía para vender pastes. Algunas personas confirmaron haberla visto por última vez el sábado 29 de abril.
 
“NO LES GUSTÓ QUE NOS ORGANIZÁRAMOS”
 
En la brigada, los estudiantes y profesores se percataron que el caso no era el único. Las calles de la colonia San Miguel Teotongo, colindante con la carretera a Puebla, estaban tapizadas con carteles de mujeres y niñas desaparecidas.  Las exigencias a la PGJDF para que acelerara la investigación continuaron y fueron expuestas el 22 de mayo por la familia de Belén y el rector Hugo Aboites en una conferencia de prensa en el plantel Centro de la UACM. Al día siguiente realizarían la segunda brigada.
 
“A la PGJDF no le gustó que nos organizamos”, recuerda el padre de Belén, quien junto a su esposa e hijo Víctor cuentan que el 23 de mayo, luego de que el señor Benito Cortés fue a CAPEA a declarar, la subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, María de los Ángeles López Peña, los acompañó a su casa.
 
“A bordo de su camioneta nos dijo que a ella no le gusta trabajar bajo presión, que lo hacía con calma y tranquila. Nos pidió que dejáramos de hacer las marchas y las brigadas porque, a lo mejor, poníamos en riesgo la vida de nuestra hija”, denuncia Benito Cortés. 
 
Víctor narra que ese día, a las 21:30 horas, cuando caminaba a su casa de regreso de la escuela, la camioneta en la que viajaba la subprocuradora con sus papás y dos patrullas de la PGJDF lo abordaron, le pidieron que se subiera a la camioneta y que los llevaran a la calle de Palmas, en donde, de acuerdo con las brigadas, habían visto a Belén.
 
“Me dijo que dejáramos de buscar, que enviarían a gente capacitada para que no nos arriesgáramos, porque es una zona roja, ahí venden mucha droga y es peligrosa”, recuerda Víctor. Tan solo en 2017 la colonia San Miguel Teotongo fue identificada como una de las más riesgosas para las mujeres por la gran cantidad de violaciones sexuales registradas, de acuerdo a la Fiscalía especializada en Delitos Sexuales.
 
López Peña les propuso también que cancelaran la manifestación planeada para el próximo día, el 24 de mayo, a la PGJDF. “Dijo que si la hacíamos podíamos exponer a Belén si se encontraba en una situación de riesgo y que podíamos alentarla para que se moviera de lugar”, expone Víctor Cortés.
 
La manifestación se efectuó. Partió del plantel Centro de la UACM hasta la PGJDF. Encabezados por el rector Aboites, un grupo formado por estudiantes y profesores que habían participado en las brigadas conversó con personal de la Procuraduría y exigieron que localizaran a Belén porque, temían que fuera víctima de un delito. Ese día la familia de la joven no pudo asistir, pero las irregularidades en la investigación continuaron.
 
SÓLO UNA FOTO
 
Durante el miércoles 24 de mayo, un día antes de que el Procurador anunciara el supuesto hallazgo de Belén en Hidalgo, la ministerio público, Martha Patricia Hernández Ortinez, acompañada de otras dos personas de CAPEA, pidieron entrar al domicilio de Belén sin mostrar a su papá y hermano César un documento oficial que justificara la diligencia.
 
César Cortés cuenta que le pidieron fotos de Belén y pasaron a su cuarto. “Me preguntaron si sabía donde guardaba su ropa, si yo sabía si falta algo”.
 
Un día después, Hernández Ortinez fue quien les informó en CAPEA del hallazgo de Belén la misma La única prueba presentada a la familia para corroborar su bienestar fue una fotografía en blanco y negro de mala calidad, a ello se suma que Belén no presentó una identificación oficial que comprobara que era ella la madrugada del 25 de mayo cuando, de acuerdo al procurador, Belén se acercó a CAPEA a declarar.
 
La familia de Belén interpuso una queja ante la Cuarta Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos de la capital (CDHDF) y a ella se suma una que la Comisión abrió de oficio en la Primera Visitaduría.
 
La abogada feminista del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social (GADH), Karla Micheel Salas Ramírez, quien ya asumió el caso, dijo a Cimacnoticias que la actuación de la PGJDF “ha sido terrible porque se aleja de la debida diligencia” por lo que como primer paso solicitaron a CAPEA tener acceso a la carpeta de investigación.
 
 “Yo no sé si así se hacen las cosas aquí en México, tan chuecas”, dice la tía de Belén, Alicia Santiago. “Nunca nos imaginamos pasar por algo así, pero no vamos a estar seguros hasta que volvamos a ver a Belén”, asegura. 
 
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NACIONAL
VIOLENCIA
   Problema estructural, urge Fiscalía especializada
Procuraduría de SLP investigó mal cinco casos de feminicidio: CEDH
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/03/2017
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) confirmó que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de San Luis Potosí no investigó con la debida diligencia los casos de feminicidio de las niñas de 9, 11, 15, 13 años de edad y de una mujer de 32 años, asesinadas entre 2010 y 2014 por el ex militar Filiberto Hernández Martínez, en el municipio de Tamuín.
 
La CEDH determinó, en un informe especial, que se cometieron diversas irregularidades y deficiencias durante la investigación: falta de pruebas de ADN a los cuerpos de las víctimas, no tomar muestras del carro donde ellas fueron trasladadas y no realizar una inspección y recolección de pruebas del domicilio del agresor, además de que  se desestimaron los testimonios de los familiares.
 
Señala como responsables de estas irregularidades y deficiencias a “diversos servidores públicos del estado”, desde el personal de la policía hasta agentes del Ministerio Público (MP) municipal, de la Procuraduría estatal y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del estado, esta última, por incumplir su  obligación de brindar apoyo y acompañamiento a las familias de las víctimas, explicó en entrevista con Cimacnoticias la abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social (GADH ), Karla Micheel Salas Ramírez.
 
Este no es un hecho aislado, sino un problema estructural, señaló la abogada especialista en casos de feminicidio, y por eso la CEDH mandata al Gobierno estatal crear una Fiscalía especializada para casos de feminicidio y desaparición de niñas y mujeres, un protocolo policial especializado, capacitado desde la perspectiva de género.  
 
PROCESOS JUDICIALES
 
El feminicida confeso, Filiberto Hernández Martínez, se encuentra preso, sin sentencia, desde 2014 en una prisión de máxima seguridad en Gómez Palacio, Durango. Fue detenido por portar un arma de uso exclusivo del ejército, y durante el proceso, confesó haber asesinado a las cinco víctimas y haber enterrado los cuerpos en Cañaverales de Puntilla, San Luis Potosí.
 
La identificación de su primera víctima, Rosa María Sánchez, de 15 años de edad, a quien reportaron como desaparecida el 29 de octubre de 2010, se logró en febrero de 2016, a partir de 7 huesos encontrados en Cañaveral de Puntilla. Esto permitió que la investigación por este caso continué y que el asesino pueda ser sentenciado.
 
Sin embargo, de los cinco casos de feminicidio, sólo tres están ya en proceso: los de Itzel Romaní Castillo, Dulce Ximena Reyes y Eliehoenai Chávez Rivera, mientras los de Rosa María Sánchez González y Adriana Martínez Campuzano aún están en investigación, recordó la abogada Salas Ramírez, quien acompaña los casos.
 
El caso de Adriana Martínez, una niña de 13 años, está aún en la etapa de investigación porque el feminicida había sido absuelto “por falta de pruebas”, ante lo cual su familia, a través de sus abogados, interpuso  un amparo para volver a investigar el delito y lo ganaron en enero pasado.  
 
El reporte especial de la CEDH se presentó el pasado lunes 13 de marzo en un acto público donde estuvieron las familias de las víctimas y las representantes legales del caso, entre ellas la abogada Karla Micheel Salas, quien llevó también el caso conocido como Campo Algodonero, por el cual el Estado mexicano recibió una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en 2009, como responsable de tres casos de feminicidio.
 
Cabe recordar que en esa ocasión, la CoIDH incluyó en su condena, entre otras cosas, la recomendación de incluir en las investigaciones la perspectiva de género, investigar a funcionarios públicos acusados de irregularidades y sancionarlos, reconstruir los protocolos de investigación en casos de feminicidio y capacitar a nivel federal a servidores públicos, jueces, militares, para “superar estereotipos” sobre las mujeres. El fallo tiene incidencia en todo el país.
 
Indicó Micheel Salas que el documento de la CEDH ya fue remetido al Congreso local y al Tribunal Superior de Justicia de San Luis Potosí, “por ser asunto que le corresponde al gobernador de la entidad, Juan Manuel Carreras”, señaló.
 
LAS RECOMENDACIONES
 
En la investigación especial se hacen recomendaciones puntuales para continuar con la plena investigación de los cinco casos, señaló Micheel Salas Ramírez, ya que aún no se completa la recolección de las evidencias, como el chequeo del domicilio del agresor y de la camioneta donde trasladó a las víctimas. “Han pasado muchos años, señala, pero son acciones que se deben de tomar en una investigación con la debida diligencia.”
 
También se pide la reparación integral de daños a las familias de las víctimas, por la inadecuada actuación de los servidores públicos. “La CEDH posee un listado específico de quiénes intervinieron en diferentes momentos”, y se solicita que sean sancionados, tanto administrativa como penalmente, explicó la abogada.
 
FISCALIA Y PROTOCOLO EN FEMINICIDIO
 
Las recomendaciones también buscan enfrentar la problemática de feminicidio y desaparición de niñas y mujeres en la entidad, pues el caso de Tamuín “no es un hecho aislado, es un problema estructural” dijo Micheel Salas.
 
Es por eso que la CEDH, agregó la abogada, ordena al Gobierno del estado crear una fiscalía especializada para investigaciones por casos de feminicidio y desaparición de niñas y mujeres. Esta unidad especializa deberá trabajar de manera coordinada con las instituciones gubernamentales necesarias para su debido funcionamiento.
 
Además, indicó la abogada del Gadh, se pide a la Policía Ministerial del estado crear y contar con un protocolo especializado para la búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas en San Luis Potosí, deberá ser un grupo especializado el encargado de realizar las investigaciones y deberán recibir capacitaciones en técnicas de investigación criminal desde la perspectiva de género.
 
A estas acciones se debe agregar el fortalecimiento de los registros para este tipo de crímenes -tanto de feminicidio como desapariciones- pues “resultan fundamentales para el diseño de cualquier política pública” señaló Salas Ramírez.
 
“Idealmente no tendrían que existir este tipo de documentos”, dijo, pero esto refleja que San Luis Potosí “es un estado donde no se está cumpliendo las obligaciones que mandata la ley y no está realizando su trabajo con la debida diligencia”.  
 
PROCEDIMIENTOS URGENTES
 
La abogada comentó que este trabajo ha sido posible gracias a la insistencia de las familias para garantizar justicia para sus hijas, pues las autoridades tenían prácticamente en el olvido la investigación del caso, “Esta recomendación es una forma simbólica para las familias para no dejar esta lucha, porque  después de todos los años las familias han vivido un proceso muy desgastante”, dijo.
 
Sin embargo aún quedan procesos urgentes que las autoridades tienen que realizar, añadió la abogada, ya que Filiberto Hernández sigue sin sentencia,  pues falta realizar el dictamen pericial en materia de tortura, el “Protocolo de Estambul”, ya que denunció ser víctima de tortura por parte de los policías durante su detención.
 
17/HZM/GG
 







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