AVG

ESTADOS
VIOLENCIA
   Mecanismo se decretó en 5 municipios de Nayarit
   
Frenan Alerta de Género en Sonora, Tlaxcala y Tabasco
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/08/2017

En un sólo día, el pasado 4 de agosto, la Secretaría de Gobernación (Segob) resolvió cuatro solicitudes de Alerta de Violencia de Género (AVG) y determinó activar el mecanismo de emergencia en seis municipios de Nayarit mientras que en Sonora, Tlaxcala y Tabasco consideró que “no existían elementos objetivos suficientes” para declararla.

En Nayarit la AVG se decretó en los municipios de Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Río, Tecuala y Tepic. Igualmente la Segob resolvió establecer medidas específicas de prevención de la violencia contra las mujeres indígenas de las localidades Huajicori y La Yesca, independiente de que en estas zonas no se haya declarado la Alerta.

Con Nayarit suman 12 las entidades con Alerta, y con la negativa en Sonora, Tlaxcala y Tabasco son siete estados en donde la Segob rechazó implementar el mecanismo.

EXCLUYEN A PETICIONARIAS EN TABASCO

El 14 de marzo de 2016 el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Cedh) solicitó la activación del mecanismo considerando que de acuerdo con el Instituto Estatal de las Mujeres (IEM) tan sólo en 2015 se atendieron 22 casos de feminicidio, mientas en cuatro años (2012 a 2015) la organización civil registró 59 asesinatos violentos de mujeres, de los cuales sólo cuatro llegaron a una sentencia, lo que representa un 93 por ciento de impunidad.

La resolución que dio Segob el pasado 4 de agosto sobre no decretar la Alerta en Tabasco no fue notificada a la agrupación peticionaria, únicamente se dio a conocer a través del portal de internet del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), donde el dictamen argumenta que el gobierno estatal realizó acciones suficientes para atender la violencia de género.

Una vez que se presenta una solicitud de Alerta, el gobierno federal convoca a un Grupo de Trabajo, integrado por académicas y académicos para que evalúen la situación y hagan una serie de recomendaciones al gobierno estatal. Una vez que estas acciones se implementan se deben informar a los involucrados del cumplimiento. Con este proceso y las acciones se abre la posibilidad a no decretar la AVG.

La directora de la agrupación Leonora Ramírez Bautista, dijo en entrevista con Cimacnoticias que durante el proceso de la AVG también se les excluyó incluso nunca se les informó del reporte de cumplimiento que entregó el Gobierno estatal a la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), mismo que solicitaron a Segob por medio de la plataforma de transparencia.

En los documentos expuestos por Inmujeres, el voto razonado a favor de la declaratoria de la Alerta de Género en Tabasco es de la cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Norma Inés Aguilar León, quien concluyó en su análisis que si bien existen avances gubernamentales frente a la violencia feminicida en Tabasco, no resultaban suficientes.

Para la funcionaria las acciones para atender los asesinatos violentos de mujeres se redujeron a la capacitación de los servidores públicos, y no a la investigación profesional y metodológica de los mismos. Tampoco, consideró, se cuenta con una base de datos oficial del contexto de violencia contra las mujeres o campañas que permitan a la población reconocerla, ni estrategias educativas desde la perspectiva de género.

RECONOCEN TRATA PERO SIN ALERTA

Como si se tratara de un trámite la resolución de Segob para Tlaxcala fue similar, la alerta la pidió el 8 de agosto de 2016 la agrupación Todos para Todos para 13 municipios de la entidad donde prolifera la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual comercial. La entidad se ha colocado a nivel nacional e internacional como de las regiones con los más altos índices de este delito.

Datos del Centro Fray Julián Garcés constataban que la Fiscalía de Justicia local recibió 200 denuncia por trata de personas en el periodo de 2011 a mayo de 2016 de las cuales, sólo 13 derivaron en sentencia condenatoria.

Por ello en su dictamen final del mecanismo, la Segob pidió al gobierno estatal generar políticas públicas en las rutas de movilidad víctimas de trata de mujeres y niñas (desde Puebla -Tlaxcala a la Ciudad de México) y crear una fiscalía especializada para investigar este delito, sin que esto signifique declarar la AVG.

Tanto en Tabasco como en Tlaxcala, se especifica que en seis meses se verificará que cada gobierno esté cumpliendo con las medidas dictadas por Segob.

CAJEME, NEGATIVA DESPUÉS DE DOS AÑOS

Después de dos años de proceso, el 4 de agosto la Segob dio a conocer la resolución respecto a la AVG para el municipio de Cajeme, Sonora, solicitada el 25 de mayo de 2015.

En entrevista telefónica la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa, una de las solicitantes, denunció que la decisión se trató de un acto político porque la Segob prefirió no sumar más entidades en Alerta en vez de salvaguardar la vida de las mujeres y niñas sonorenses, pues en el mismo dictamen se reconoce que de 2015 a 2016 hubo un aumento del 110 por ciento de asesinatos de mujeres en la entidad.

Para Leticia Burgos el hecho de que la Conavim y el Inmujeres hayan resuelto cuatro solitudes de la AVG en un solo día es parte de ver al mecanismo como un mero “trámite”, sin reconocer que se trata de instrumento pensado para prevenir la violencia y salvar vidas de mujeres, expresó.

Como sucedió en Tabasco, en la votación para determinar la procedencia de la AVG en Cajeme, estuvo a favor la cuarta visitadora de la CNDH y la académica del Grupo de Trabajo, Mercedes Zuñiga Elizalde, quien precisa en su análisis que el dictamen de Segob “es producto de un proceso apresurado, limitado e irregular”, pues no votaron dos integrantes de las cuatro que conformaban el Grupo de Trabajo.

Quienes estuvieron en contra de la AVG fueron las instituciones públicas: la titular del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), Blanca Luz Saldaña, y las integrantes de la Conavim y del Inmujeres.

De acuerdo con la resolución, nuevamente en seis meses a través de la Conavim, la Segob revisará que el estado encabezado por Claudia Pavlovich implemente las obligaciones que le fueron dadas hace dos años por parte del Grupo de Trabajo en su informe:

Implementar los protocolos de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas; dar medidas de protección a víctimas de violencia de género; crear una “vicefiscalía” para investigar los casos de feminicidio; aplicar la Norma Oficial Mexicana 046 para el acceso a la interrupción del embarazo en caso de violación.

Generar política pública para el ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres; realizar un diagnóstico sobre la situación de violencia de género en Cajeme; y capacitar a funcionarios públicos así como generar campañas de prevención de la violencia contra las mujeres.

17/HZM








ESTADOS
VIOLENCIA
   Se incrementa violencia y no se investiga dicen ONG
   
Piden AVG para Torreón
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Sofía Noriega, corresponsal
Cimacnoticias | Saltillo, Coah.- 26/07/2017

La Red de Mujeres de la Laguna y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Coahuila (CDHEC), solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Torreón, Coahuila, ante el incremento de asesinatos contra mujeres que en 5 años suman 48, tan solo en ese municipio.
 
Las integrantes de la Red de Mujeres de la Laguna, Ariadne Lemond y Adriana Romo, acudieron a las instalaciones de la CDHEC para dejar la documentación para la solicitud de la AVG, cabe destacar que también la organización civil “La Libres” de Guanajuato, y “Mujeres Generando Cambios”, de Torreón, se sumaron a esta petición.
 
De acuerdo con Ariadne Lemond, la alerta que se promueve es exclusivamente para el municipio de Torreón. De proceder, se tendrá que conformar el grupo de personas expertas que deberán visitar el municipio para constatar que existe violencia contra las mujeres y que proceda la Alerta.
 
Las integrantes de las organizaciones civiles explicaron que en el documento que presentaron ante la CDHEC, se documentaron 48 casos de feminicidio, sólo en Torreón, desde el 2013 hasta el 2017 resultado de una investigación hemerográfica.
 
 DATOS OFICIALES
 
Según datos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila, sólo 56 de los 436 homicidios de mujeres que se han registrado en cinco años, han sido acreditados como feminicidio.
 
La PGJEC informó en un diagnóstico, que los homicidios de mujeres se redujeron 84 por ciento desde el 2012 a la fecha, y que de los 436 homicidios dolosos contra mujeres, 73 por ciento se consignó o judicializó ante un juzgado.
 
Sin embargo, otras voces como la de la consejera de la CDHEC y presidenta del organismo Eux, Arte y Sida, Aída García Badillo, han señalado que las últimas cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ubican a esta entidad en el tercer lugar en violencia contra las mujeres (7.06 por ciento), muy por encima de la media nacional que es de 4.37 por ciento.
 
García Badillo, destacó que la Red de Mujeres de La Laguna ha tratado de visibilizar la problemática, aunque es necesario que se sumen más a este llamado. "Lo que estamos viendo en Coahuila es que hay un movimiento de género incipiente, donde sólo unas cuantas tratan de hacer conciencia”.
 
Agregó que la falta de organización de la sociedad civil profundiza más el problema pues los asesinatos de mujeres en su mayoría son clasificados como dolosos, en lugar de catalogarlos como feminicidio.
 
SE INCREMENTAN ASESINATOS
 
En tanto, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) Larisa Montiel Luis, señaló que se deben tomar medidas para prevenir la violencia contra las mujeres, en específico, los asesinatos, por lo que presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades a prevenir este tipo de violencia y dar con los responsables de los hechos.
 
La legisladora panista propuso como de urgente y obvia resolución que la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de la Mujer tomen cartas en el asunto y en la exposición de motivos argumentó que el Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres en su estudio "La Violencia Feminicida en México, Aproximación y Tendencia”, colocan a Coahuila en el décimo lugar respecto al índice de violencia contra las mujeres y de defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH).
 
Detalló que de acuerdo con el Código Penal para el Estado de Coahuila, se tipificó el feminicidio a través del artículo 336 BIS 1, cuando la mujer victimada presente signos de violencia sexual de cualquier tipo o bien haya recibido lesiones o mutilaciones en zonas genitales o en cualquier otra, previa o posteriormente a la privación de la vida.
 
También se establece como feminicidio cuando existan antecedentes de violencia o discriminación por género en el ámbito familiar, laboral o escolar, y haya existido entre el sujeto y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.
 
Y ejemplificó que casos como el de una mujer hallada en Arteaga, a quien encontraron maniatada, con huellas de tortura y abandonada en un paraje solitario, o el de otra más que fue asesinada y abandonada en la vía pública, con golpes, huellas de tortura y semidesnuda, y de tantos otros que a diario se suman en Torreón, son ejemplos de la violencia creciente contra las mujeres, por lo que insistió en el llamado a las autoridades para investigar estos asesinatos como feminicidio.
 
17/SN
 








ESTADOS
SALUD
   Es la tercera entidad con más casos
En Veracruz el embarazo en niñas es 4.7 veces mayor que la media nacional
Especial
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 14/09/2017

En 2016 el Subsistema de Información sobre nacimientos de la Secretaría de Salud registró que 873 niñas de 10 a 14 años llevaron a término un embarazo en Veracruz, la entidad donde la maternidad en niñas de este grupo de edad es 4.7 veces mayor que el promedio nacional, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

En tanto, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la colocan como la tercera entidad con más casos registrados de 2012 a 2015 pues en ese periodo 3 mil 173 niñas tenían menos de 15 años al momento del nacimiento de sus hijas e hijos.

De éstas, seis tenían 10 años y en 20 casos fueron niñas de 11 años; 99 tenía 12 años, mientras que en 553 y 2 mil 495 casos se trató de menores de edad de 13 y 14 años respectivamente.

Los municipios que concentraron la mayoría de estos embarazos fueron Veracruz, con 9.39 por ciento de los casos (298); Xalapa con 225 embarazos de menores de 15 años (ocho por ciento del total) y 5 por ciento ocurrieron en San Andrés Tuxtla.

Mientras que de 2009 a 2013 la proporción nacional de nacimientos en los que la madre era menor de 15 años se mantuvo en 0.45 por ciento, en Veracruz rebasó el 1.50 por ciento, señaló la Conavim en su informe para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) por Agravio Comparado en el estado, con lo que concluyó que la maternidad en las niñas de esa entidad es 4.7 veces mayor que el promedio nacional.  

Cabe recordar que la organización Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, presentó el 5 de abril de 2016 la solicitud de AVG por Agravio Comparado pues las mujeres de la entidad han visto violentados sus derechos por legislaciones que las criminalizan, como en el caso del acceso a la Interrupción Legal del Embarazo por la causal de violación.

Pese a ser legal esta causal en el estado, las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual no están accediendo a este derecho, y muchas de ellas o terminan los embarazos o acceden a interrupciones inseguras que colocan en riesgo sus vidas.

La maternidad en niñas, dice Conavim, significa “un obstáculo a su sano desarrollo” porque generalmente “implica el fin de la escolarización y el truncamiento de oportunidades para su desarrollo personal”.

Pese a que el Estado no cuenta con datos oficiales sobre cuántas niñas presentaron embarazos producto de una violación sí se sabe que las legislaciones en Veracruz siguen forzando a las niñas a ser madres al no garantizarles el acceso al aborto.

De acuerdo a la Fiscalía General de Veracruz de enero de 2015 al 30 de abril de 2016 iniciaron 15 investigaciones ministeriales y siete carpetas de investigación por aborto.  Mientras que el Inegi señala en su Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal de 2015, que en 2014  al menos 10 mujeres habían sido involucradas como presuntas culpables de aborto, para uno de los casos se abrió una carpeta de investigación y en nueve se iniciaron averiguaciones previas.

17/MMAE/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   Niega Alerta para Puebla
Segob declara AVG en tres municipios de Quintana Roo
Imagen de Sandra Segura
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/07/2017

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) informó que no declarará la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Puebla, pues el gobierno local realizó acciones suficientes para atender las propuestas del Grupo de Trabajo, al tiempo que decretó el mecanismo en tres municipios de Quintana Roo y no en cinco como fue solicitada: Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad.
 
OCHO MEDIDAS PARA EL GOBIERNO DE PUEBLA
 
A través de la Conavim, la Secretaría de Gobernación (Segob) indicó en su resolución el pasado 7 de julio que el Grupo de Trabajo conformado para atender y determinar la procedencia de la AVG en Puebla, determinó que el gobierno estatal, encabezado por Antonio Gali Fayad, generó las propuestas necesarias “para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la entidad”.
 
Esto a pesar de que en el dictamen señala con datos de los Censos de Procuración de Justicia (2015 y 2016), que hubo un incremento en “los homicidios de mujeres en Puebla: de 183 casos en 2014, se pasó a 258 en 2015”, lo que significa un aumento del 39 por ciento.
 
Asimismo, Segob señaló que Puebla se posiciona en el octavo lugar de estados del país con mayor número de denuncias por violencia familiar en agravio a mujeres. Por lo que si bien determinó que no había “elementos objetivos para declarar procedente la alerta”, en los próximos seis meses Conavim evaluará que el gobierno de Antonio Gali cumpla con las siguientes ocho medidas:
 
1) Elaborar un diagnóstico estatal sobre los tipos y modalidades de violencia de género; 2)Ejecutar de manera inmediata una estrategia de prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público; 3) Generar mecanismos efectivos para órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; 4)Actualizar el Centro Estatal de Datos e Información referente a casos de violencia.
 
5) Formular un programa de atención a hombres generadores de violencia desde la perspectiva de género; 6 y 7)Conformar una Unidad de Contexto para investigar el feminicidio, homicidios dolosos, violencia sexual y desapariciones de mujeres, y que revise los expedientes de los últimos ocho años para detectar las posibles deficiencias de las investigaciones; 8) fortalecer los centros de justicia de las mujeres y agencias ministeriales.
 
RETRAZOS Y ENGAÑOS
 
En marzo de 2016 el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica y la organización civil Todos para Todos, solicitaron la AVG para Puebla. Conavim aceptó la solicitud un mes después y convocó a la conformación del grupo de trabajo. Este emitió el 28 de junio un informe con 11 recomendaciones para el gobierno encabezado entonces por Rafael Moreno Valle.
 
Las irregularidades se presentaron cuando la Secretaria General de Gobierno del estado de Puebla (SGG) dijo entregó la solución a las recomendaciones del informe en diciembre de 2016, cuando en realidad sucedió hasta enero de 2017. El análisis y la resolución del grupo de trabajo sobre la información que entregó el gobierno estatal ocurrió seis meses después, hasta el pasado 7 de julio.
 
AVG PARA QUINTANA ROO, SUMAN 11 ESTADOS
 
Mientras, ese mismo día Segob decretó la alerta de violencia en tres municipios de Quintana Roo, en respuesta a la solicitud que hizo en diciembre de 2015 el Consejo Estatal de las Mujeres de Quintana Roo AC y la agrupación, Justicia Derechos Humanos y Género.
 
El mecanismo de emergencia se decretó para tres municipios y no para cinco como fue solicitado: Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad, con ello quedaron descartados los municipios de Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.
 
El grupo de trabajo que atendió la AVG determinó que el estado no atendió las 11 proposiciones que le fueron hechas en el informe, por lo que deberá asumir medidas como: recuperar espacios públicos, un programa coordinado de atención a mujeres víctima de violencia y protocolos para atender, investigar y juzgar con perspectiva de género los casos de feminicidio y delitos sexuales.
 
Este contexto coloca a México con 11 estados bajo la AVG, cinco de ellas se aceptaron en lo que va del 2017: 11 municipios del Estado de México, ocho en Morelos, 14 en Michoacán, siete municipios en Chiapas, cinco en Nuevo León, 11 en Veracruz, cinco en Sinaloa, cinco en Colima, seis en San Luis Potosí, ocho en Guerrero, y tres en Quintana Roo.
 
17/HZM








NACIONAL
VIOLENCIA
   Organizaciones presentaron denuncia ante CIDH
Piden a Segob plan de emergencia por violencia feminicida
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 13/09/2017

La Secretaría de Gobernación (Segob) debe reconocer como un problema de seguridad nacional la violencia extrema que enfrentan la mexicanas y crear una agenda de política pública de emergencia en las 26 entidades del país que han solicitado declararse en Alerta de Violencia de Género (AVG), exigió la Red Nacional de Mujeres por una Vida Libre de Violencia.

El frente de mujeres conformado por promoventes y solicitantes de las Alertas de Género en todo el país expresaron en una carta enviada el pasado 24 de agosto al titular de Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, su inconformidad por el nulo avance en la eliminación de la violencia contra las mujeres, a pesar de que está vigente y activado el mecanismo de emergencia en 12 entidades del país.

La exigencia a Segob se hizo luego de que el 4 agosto la dependencia se negará a activar la Alerta en los estados de Sonora, Tlaxcala y Puebla. Actualmente Estado de México, Morelos, Chiapas, Nuevo León, Michoacán, Colima, Nayarit, Veracruz, Sinaloa, Quintana Roo, Guerrero y San Luis Potosí tienen una Alerta decretada.

En el documento las activistas y organizaciones también demandaron a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, y la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete Morayta, la creación de una mesa de trabajo multidisciplinaria sobre AVG para todo el país, en donde se revisen estrategias sobre seguridad y garantía de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres.

La mesa, propusieron, debe estar conformada por expertas en la Alerta, especialistas de Conavim e Inmujeres, la Comisión Nacional de Seguridad, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

También pidieron que se reconozca el papel fundamental de las organizaciones de la sociedad civil, quienes solicitan la AVG, y se cree una mesa de seguimiento donde participen las agrupaciones para valorar la implementación del mecanismo y en caso de ser necesario reciban protección por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob, por la labor de acompañamiento y defensa de víctimas de violencia de género.

En el último punto de la carta, exhortan a Segob a crear una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, “que tenga la facultad amplia de sancionar de manera severa a las autoridades responsables de la impunidad de la violencia feminicida en nuestro país”.

“NO ENTIENDEN AVG”

La Red de solicitantes de las Alertas recordaron a las autoridades que el funcionamiento de este mecanismo depende de las políticas públicas implementadas por los tres niveles de gobierno, las cuales hasta ahora, “no cumplen con el principio de exhaustividad, congruencia y seguridad jurídica, ni con el debido proceso constitucional ni satisface los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano”, indicaron en su carta.

La AVG, aseguraron las agrupaciones “ha desvirtuado” el propósito por el cual se estableció hace una década en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: generar acciones de urgencia para salvar la vida de mujeres y cesar la violencia.

Mientras la situación se agrava con desapariciones forzadas de mujeres y altos índices de violencia de género en todos los ámbitos, las autoridades se niegan a declarar una AVG nacional, señalaron.

Por ello plantearon a Segob, Inmujeres y Conavim, la necesidad de hacer efectiva la Alerta y eliminar las barreras en su implementación, por ejemplo, respetar los plazos del mecanismo establecido en el reglamento de la ley, no emitir prórrogas a los gobiernos para acatar las órdenes que se desprenden de la Alerta, vigilar las políticas públicas que las entidades lleven a cabo y asignar presupuesto suficiente para su funcionamiento.

Sin embargo, expusieron a las autoridades que el 7 de abril de 2016 la ahora Red Nacional de Mujeres, presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el incumplimiento del Estado mexicano en la prevención, sanción y erradicación de la violencia feminicida en el territorio.

ANTE OMISIÓN RECUERREN A LA CIDH

En la demanda (con el número de expediente P-594-16, que tiene copia esta agencia) las agrupaciones expresan que a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) hizo una serie de recomendaciones en 2009 al gobierno mexicano por el feminicidio de tres jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, caso conocido como “Campo Algodonero”, persiste la justicia y la falta de reparación integral del daño.

En la denuncia ante la CIDH las agrupaciones pidieron que sancione al Estado mexicano por el incumplimiento de la sentencia de Campo Algodonero mediante “el desafuero, inhabilitación y destitución de los responsables ante sus actuaciones omisas y negligentes, que se traducen en violencia institucional”. Además de obligarlo a cumplir con la AVG en todo el país.

Las organizaciones fueron notificadas en diciembre de 2016 que la denuncia contra el Estado mexicano fue recibida por la CIDH y se encuentra bajo el estudio de la Secretaría Ejecutiva del organismo para determinar su procedencia.

Cabe recordar que la Red Nacional de Mujeres por una Vida Libre de Violencia nació en abril de 2017, tras una reunión  entre integrantes de las organizaciones civiles y solicitantes de las Alertas con funcionarios de  Conavim, Inmujeres y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

17/HZM








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Alertas se activan pero no atiende violencia de género
   
Alerta de Género: Desinterés del Estado por proteger la vida de las mexicanas
Imagen retomada del portal cpsicologosguanaco
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/08/2017

En una década 27 entidades del país han solicitado la Alerta de Violencia de Género (AVG) pero sólo se ha declarado para 83 municipios de 11 estados: Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Colima, Sinaloa, Veracruz, Nuevo León, Chiapas, Michoacán, Morelos y el Estado de México. 
 
En 2007 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que mandata en su artículo 22 la creación de la AVG como un instrumento de emergencia para salvar la vida de las mujeres y niñas mexicanas.
 
Impulsada por legisladoras feministas, la Alerta se pensó como un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia en la que intervinieran los 3 órdenes de gobierno para atender de fondo la violencia de género en cada entidad o territorio determinado.
 
Sin embargo, a 10 años de su creación, prevalece el desinterés y falta de voluntad del Estado para implementarla, lo que se ha traducido en una “cascada” de alertas aprobadas, con medidas que no se cumplen o son acatadas a medias.
 
Como si se tratara de una “receta”, el sentido de la Alerta se ha distorsionado y a 10 años de su creación, el impacto real en donde se ha decretado se desconoce, porque hasta ahora, la instancia encargada de prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, la Conavim, no ha informado ni transparentado su funcionamiento.
 
Así lo señalan expertas en el tema de violencia de género, como la académica y doctora en estudios de género, Lucía Melgar Palacios, quien sostiene que existe una completa incomprensión y desinterés del gobierno por atender la alerta. 
 
“Todos han seguido la receta de la AVG. El grupo de trabajo hace un diagnóstico del territorio en 30 días, luego en seis meses continúan las acciones gubernamentales, hacer una campaña, capacitar a sus funcionarios, poner alumbrado, pero ¿quién está obligando a los gobiernos a hacer lo que deben; garantizar a las mujeres una vida libre de violencia?” cuestiona la académica de la UNAM.
 
A propósito del segundo aniversario de la AVG en el Estado de México, esta agencia consultó a varias especialistas para que hicieran un análisis de su funcionamiento en donde se ha decretado, y todas coinciden en que no es que el mecanismo esté mal, sino en el nulo interés del gobierno por realmente atender de fondo la violencia contra las mujeres y niñas.
 
Para Lucía Melgar, la responsabilidad de que la AVG genere resultados tan deficientes es del Estado, por la opacidad con la que actúa y su negativa en cumplir con la protección de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres.
 
En ello coincide la senadora Diva Hadamira Gastelúm Bajo, una de las impulsoras de la Ley General, y agrega: “las autoridades locales tienen una completa ignorancia en su implementación, buscan resolver las consecuencias pero no sus causas, mientras la sociedad sólo está en un estado de cachar políticas públicas”.
 
La senadora reconoce que si más de la mitad del país ha pedido acciones de emergencia para proteger la vida de las mujeres, es porque el Estado no les garantiza “el mínimo de bienestar para que este a salvo su vida, integridad y seguridad”.
 
Por ejemplo, dice la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) María de Luz Estrada, en el Estado de México ya se cumplieron dos años desde que se decretó la AVG pero la falta de voluntad política del Estado mexicano hizo que este mecanismo se convirtiera en un trámite burocrático utilizado con fines políticos y mal implementado.
 
Aún bajo la alerta el panorama no es diferente en la entidad mexiquense. En estos dos años se han registrado 31 casos de feminicidio y 412 homicidios de mujeres de acuerdo con cifras oficiales, ubicando a este estado como el territorio más peligroso para la población femenina en el país, según Naciones Unidas.
 
Por ello Luz Estrada considera que las acciones urgentes y esenciales que deben de seguir las autoridades una vez solicitada la alerta son investigar de manera profunda las razones de la violencia contra las mujeres, revisar los casos en reserva, generar un sistema de seguridad, reeducar a la sociedad civil, en conclusión, instaurar una política integral de estado. 
 
“No es de emergencia porque tienen que inventar un programa rápido, es porque hay que atender temas estructurales, tienes que ir al fondo para que lo que hagas no quede en simulación”, acotó.
 
REPENSAR LA AVG
 
Hasta ahora, las organizaciones civiles han hecho el trabajo que le corresponde al Estado, documentar, investigar las causas de la violencia y registrar los casos. Muchas más han recurrido a los amparos judiciales para pedir que se decrete una AVG y exigir reuniones gubernamentales, incluso manifestarse para agilizar los procesos.
 
Por ello piden nuevas adecuaciones a la normativa; el respeto de los tiempos del proceso, sanciones a quienes incumplan las obligaciones y la autonomía de los Grupos de Trabajo que respaldan la decisión de procedencia de la Alerta.
 
La coordinadora de Equifonía AC, peticionaria de las dos alertas para Veracruz, Araceli González Saavedra, agrega que se debe incluir en el proceso de seguimiento la participación de las organizaciones, pues son quienes ante la ausencia del Estado acompañan a las víctimas sin ningún presupuesto, pero en el reglamento su papel se reduce al trámite de la solicitud.
 
En tanto, Luz Estrada propone agregar un apartado final para que cada entidad emita un reporte de resultados de la AVG, y Lucía Melgar señala que ya pasaron 10 años desde que se pidieron las primeras alertas y por tanto, Conavim tendría que presentar un primer diagnóstico de la implementación de este mecanismo.  
 
En lo que va de este año la Secretaría de Gobernación (Segob) ya declaró cinco alertas y recibió otras cinco solicitudes, lo que para Melgar Palacios refleja “la gravedad del problema que enfrentan las mexicanas”.  
 
En Nayarit por las elecciones de junio se detuvo el proceso, y ya van cuatro meses sin que la Segob dicte la deliberación final.
 
En Sonora, la AVG lleva dos años estancada pues aún cuando su reglamento no lo determina así, la Segob otorgó una prórroga al gobierno estatal para que cumpla con las recomendaciones.
 
Mientras Segob no respete los procesos establecidos en la ley y los gobiernos locales simulen la implementación de la AVG, se seguirán perdiendo vidas de mujeres y niñas, concluyen las expertas. 

17/HZM








NACIONAL
   101 casos feminicidio: omisión y negligencia, la constante
Piden Alerta de Violencia de Género para CDMX
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/09/2017

En sólo ocho meses, de noviembre de 2016 a junio de 2017, se cometieron 101 asesinatos violentos de mujeres en la Ciudad de México pero en vez de investigarlos y sancionarlos la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) revictimiza a las víctimas y  sus familias, pierde evidencias y clasifica los delitos como homicidios simples o suicidios, lo que llevó a organizaciones de la sociedad civil a solicitar que la capital se declare en Alerta de Violencia de Género (AVG).

Este 7 de septiembre el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Pro Personas AC, la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, presentaron ante el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) la solicitud de AVG por violencia feminicida en la urbe.

La Ciudad de México, recordaron las organizaciones en conferencia de prensa, fue la primera ciudad del país en tipificar el feminicidio en 2011 con lo que se estableció una condena de 20 a 50 años de prisión e incluso se le dio certeza al crear el Protocolo Especializado de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del delito de Feminicidio que colocó a la capital como un referente de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres.

Sin embargo, las autoridades de la PGJDF se han negado a aplicar dichos instrumentos legales, señaló la abogada de la organización Justicia Pro Personas, Ana Yelí Pérez Garrido. Lo que se traduce en una falta a la debida diligencia en las investigaciones, violaciones a los DH de las víctimas en el acceso a la justicia, el derecho a la verdad y la reparación del daño.

Las autoridades capitalinas se niegan a investigar con debida diligencia los homicidios de mujeres ocurridos en la Ciudad a pesar de que en 2013 un fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el feminicidio de Mariana Lima, señaló que todo asesinato violento de una mujer se debe investigar como feminicidio.

En este contexto, la solicitud de las organizaciones contempla la violencia feminicida cometida desde 2012, que de acuerdo con datos retomados de la Procuraduría, desde ese año hasta 2016 se registraron 260 casos de feminicidio en la capital. Las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Coyoacán concentran 50 por ciento de los casos.

Estos asesinatos de mujeres por razones de género reconocidos por la PGJDF no responden necesariamente a la realidad, dijo la abogada especialista en DH, pues en base a la experiencia del acompañamiento que realizan a víctimas, el hecho de que se investigue un asesinato como feminicidio depende de la voluntad de los Ministerios Públicos.

Tan es así que de los 101 casos de feminicidio registrados entre noviembre pasado y junio de 2017, en 22 de ellos, la Coordinación de Agentes Auxiliares del MP decidió “no ejercer acción penal”. Como consecuencia 21 por ciento quedó en la impunidad, detalló Pérez Garrido.

De acuerdo con cifras que proporcionó la PGJDF a Cimacnoticias, desde 2011 a abril de 2017, por el delito de feminicidio, se han puesto a disposición 219 probables responsables, se consignaron 203 y se han dado únicamente 77 sentencias.

PGJDF: NEGLIENCIA Y OMISIÓN EN FEMINICIDIO

El asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio, hallada en Ciudad Universitaria el 3 mayo de este año, volvió a exponer las prácticas negligentes y omisas de la PGJDF en la investigación de feminicidio, recordó durante la conferencia la litigante del caso y abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Sayuri Herrera Román.

A pesar de las pruebas e indicios de que la joven de 22 años fue asesinada por su entonces novio y ex trabajador de la UNAM, Jorge Luis Gonzáles Hernández, la PGJDF afirmó en un comunicado que Lesvy se suicidó con el cable de un teléfono público –donde fue encontrada– e investigó al probable agresor por homicidio por no impedirlo.

Esto, es una constante en los casos de feminicidio indicó Herrara Román, por ello dentro de la petición de la AVG para CDMX, las organizaciones especialistas en violencia contra las mujeres enumeraron las prácticas que repite la Procuraduría local en las diligencias de este delito:

Primero, la revictimización de las mujeres es constante, se difunden en los medios de comunicación imágenes de la víctima, se da información privada de ellas o bien, se les criminaliza y responsabiliza de los hechos. Y a pesar de la obligación por informar a las víctimas y a las personas litigantes del proceso judicial,  se les niega el acceso a las carpetas de investigación.

Segundo, existe por parte de la PGJDF un mal manejo y protección de las evidencias, hay casos registrados donde se han perdido pruebas vitales para vincular a proceso al feminicida, recordó la abogada. Asimismo, hay inconsistencias en los análisis periciales, que no concuerdan con lo ocurrido o no registrar los rastros del feminicidio.

Tercero, aún con pruebas que acreditan un feminicidio, jueces y juezas con criterios fuera de la perspectiva de género, reclasifican los casos a homicidio o suicidio, lo que niega el acceso a la justicia a las mujeres y sus familiares, culminando en la impunidad, señaló.  

CDMX, VIOLENTA PARA LAS MUJERES

Pero no sólo se trata del aumento del feminicidio en la Ciudad de México, subrayaron las asociaciones civiles, la ciudad se ha colocado a nivel nacional como la segunda con la mayor prevalencia de incidentes violentos cometidos contra las mujeres, según la última Encuesta sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 presentada el pasado agosto por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según la encuesta quinquenal, la capital ocupa el primer lugar en violencia comunitaria contra las mujeres, sobre todo violencia sexual, que ocurre en la calle, transporte, parques y otros lugares públicos, a pesar del programa público “Ciudad Segura” implementado por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, el Instituto de las Mujeres local (Inmujeres DF) y ONU Mujeres desde 2008.

A ello se suma que de enero de 2015 a diciembre de 2016, se reportaron dos mil 494 mujeres como ausentes o extraviadas, de las cuales se localizaron mil 836, y quedan 644 mujeres pendientes de localizar, un 60 por ciento son niñas y adolescentes menores de 17 años, reportaron las organizaciones.

No obstante, de 2015 a 2017 el portal oficial de Alerta Amber de la ciudad, reporta que únicamente activó el mecanismo en nueve ocasiones, de las cuales, ocho eran de niñas.

En este sentido la solicitud de la AVG, también buscó visibilizar el incremento de desapariciones de niñas y adolescentes en la capital, situación, que a decir de Ana Yelí Pérez es negada por las autoridades de la Procuraduría por estar vinculado a la trata de personas con fines de explotación sexual y el crimen organizado.

Por último, las organizaciones recordaron que a pesar de que el próximo año se esperan elecciones y con ello la salida de Miguel Ángel Mancera, es obligación del jefe de gobierno garantizar la vida y seguridad de las capitalinas, por lo cual, esta etapa electoral, no tendría que ser un obstáculo para el decreto de la AVG.

En un tiempo máximo de 3 a 5 días esperan que la Secretaria de Gobernación (Segob) por medio la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) les informe a las organizaciones la procedencia de la alerta y comience con la conformación del grupo de expertas para evaluar la violencia contra en el territorio.

Con la Ciudad de México son 29 de las 32 entidades federativas que han solicitado desde hace una década la AVG en el país. En tanto, son 12 las entidades bajo este mecanismo de emergencia para la protección a la vida de mujeres y niñas.

PIDEN MODIFICAR TIPIFICACIÓN DEL FEMINICIDIO

En este contexto, la diputada local de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Beatriz Rojas Martínez, anunció hoy en un foro sobre feminicidio en la Asamblea Legislativa, que en un periodo extraordinario presentará una reforma al Código Penal local para precisar el delito de feminicidio, y de esta manera “las autoridades no determinen de forma arbitraria si la muerte de una mujer fue por feminicidio u homicidio”.

Actualmente las cinco razones para acreditar el delito son: que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; que el cuerpo presente lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida.

Que existan indicios que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; que el cuerpo sea expuesto, depositado o arrojado a un lugar público; y que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.

17/HZM








ESTADOS
VIOLENCIA
   Falta capacitación e interés de servidores públicos
   
Fiscalía de Chiapas no actúa conforme al decreto de AVG: CDMCH
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/06/2017

Aunque la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Chiapas se decretó hace más de medio año, el 18 de noviembre de 2016, la Fiscalía General Estatal (FGE) continúa con las faltas al debido proceso y al acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres, denunció la agrupación civil, Centro de Derechos de la Mujer en Chiapas (CDMCH).
 
La AVG fue solicitada por dicho Centro hace tres años y se otorgó para los municipios de Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. 
 
Esta situación, señala el CDMCH en un comunicado, se debe a la falta de capacitación, voluntad e interés de fiscales, peritos, policías, traductores y secretarios de la Fiscalía para actuar de acuerdo al mandato que dio la Secretaría de Gobernación (Segob), por medio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), al gobierno encabezado por Manuel Velasco Coello.
 
De esta forma, las medidas urgentes de seguridad, prevención y justicia que implica la AVG no se aplican, ya que no existe en la Fiscalía la claridad de cómo actuar, por ejemplo cuando una mujer se presenta a denunciar una agresión o algún tipo de violencia de género.
 
Otras irregularidades que detectó el CDMCH respecto a la AVG, solicitada hace tres años por esta organización civil, son que no existen espacios privados y adecuados para escuchar a las víctimas de violencia cuando presentan una denuncia, “generalmente este tipo de procedimiento se realiza en áreas de atención inmediata, un espacio abierto que revictimiza a las personas”, describió la organización.
 
Además, no se llevan a cabo los procedimientos de actuación inmediata de atención a víctimas. “Esto implica canalizar de inmediato a los servicios de salud cuando existen lesiones físicas o bien la sospecha de daños no visibles que puedan generar riesgo para su vida y requieran atención médica”, dice el Centro.
 
Por el contrario, observó el CDMCH, las autoridades se tardan en los trámites, no se le da a conocer a la víctima el procedimiento a seguir ni copias o revisión de su declaración, y los tiempos y recursos en la intervención que existen. Todo esto, bajo un trato que no es digno ni sensible por parte de los servidores públicos, lo que reproduce “los perjuicios que tienden a revictimizar y culpar a las mujeres”.
 
MALOS TRATOS A MUJERES INDÍGENAS
 
La organización peticionara de la AVG destacó en particular los malos tratos que enfrentan las mujeres indígenas, quienes viajan por varias horas para acudir a denunciar ante un Ministerio Público, donde se encuentran con la falta de traductores, personal médico, psicológico y trabajadoras sociales capacitadas.
 
Cabe recordar que la declaratoria del Mecanismo incluye recomendaciones específicas para la población indígena y para las 16 localidades de la zona de los Altos de Chiapas, no obstante, el Centro indicó que en su mayoría no se cumplen con las órdenes de protección a favor de mujeres indígenas.
 
SIN APLICAR PROTOCOLO POR FEMINICIDIO
 
La organización civil insistió que se mantienen las omisiones por parte del Estado para atender los casos de feminicidio ya que no se aplica el “Protocolo de Actuación Operativa y Técnica en la Investigación de los Delitos de Homicidio y Feminicidio”.
 
Tampoco se tiene conocimiento por parte de la Fiscalía estatal de cuántos casos de feminicidio (número, lugar, y fecha) se han cometido de noviembre de 2016 hasta la fecha, argumentó la agrupación. Desde agosto de 2014 hasta ese momento, la FGE había documentado 104 casos de feminicidio en Chiapas.
 
De acuerdo con el Centro, estas irregularidades ya han sido discutidas en tres sesiones ordinarias con el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) sobre el seguimiento de la Alerta, por lo que, como parte de la Campaña Popular contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, continuará vigilando al gobierno de Manuel Velasco en su obligación de “salvaguardar la vida e integridad de las mujeres”.
 
17/HZM/GG








ESTADOS
VIOLENCIA
   Enlistan pendientes para atender Alerta
ONG chiapanecas denuncian dilación y omisiones en AVG
Imagen retomada de la campaña Niunamas de Chiapas
Por: Isaín Mandujano
Cimacnoticias/DiarioContrapoderenChiapas | Tuxtla Gutiérrez, Chis .- 05/09/2017

La red de organizaciones sociales y civiles que integran la “Campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio” denunció que a nueve meses de la declaración de la Alerta de Violencia de Género (AVG), sigue “lento el proceso” para blindar a las mujeres contra el feminicidio y otras acciones violentas que sufren a diario en la entidad.

La red denunció hoy que tras varias reuniones con las autoridades estatales, sigue pendiente formalizar la instalación para el seguimiento y coordinación con los 23 enlaces municipales, y que tampoco se define cómo se va a incluir el trabajo de los municipios indígenas.

Previo a la instalación de una mesa de trabajo este miércoles 6 en Tuxtla Gutiérrez, las ONG solicitaron al gobierno estatal se tomen las medidas necesarias para garantizar la asistencia de los alcaldes municipales y sus enlaces para avanzar en la puesta en marcha de la AVG a nivel de las localidades y respecto al tema de salud de las mujeres, aún continúa pendiente por agendar la fecha de la reunión para la instalación formal, ya que la pactada el mes pasado fue cancelada de última hora.

Sobre este último tema dijeron que además de tratar lo relacionado con la capacitación de la Norma Oficial Mexicana 046 Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Actuación; también verán los casos de violencia obstétrica, la aplicación de los protocolos de actuación ante violaciones sexuales, violencia directa y el procedimiento para operar las órdenes de protección.

En la mesa de materia de justicia siguen a la espera de la propuesta metodológica y de los contenidos para la integración de las tres unidades y/o mesas a fin de atender las medidas ordenadas para solucionar las demandas de justicia de las mujeres en Chiapas.

Hicieron un llamado a las autoridades competentes del gobierno de Chiapas para que, en tanto se avanza en las medidas de la Alerta, no incurran en omisiones y atiendan con debida diligencia los casos de violencia de género y feminicidio que se presentan en la entidad, ya que tan sólo en este mes de agosto, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas AC,  cerró su monitoreo con 27 casos de violencia, que van desde amenazas, agresiones, lesiones, homicidios dolosos, muertes sospechosas y feminicidio en varias regiones del estado.

Consideraron que es de suma importancia que las mujeres y la población en general, se mantengan informadas sobre las acciones que se realizan para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como exigir su cumplimiento.

“Esto implica también denunciar el uso de la Alerta de Género con fines electorales, pues su objetivo no es servir para posicionar políticamente a secretarios, gobernantes, diputados, senadores o presidentes municipales a quienes no les interesa la vida de las mujeres”, dijeron activistas como Martha Figueroa Mier, integrante y vocera de la Campaña Popular.

La Campaña Popular la conforman mujeres y hombres de las regiones Norte, Altos, Sierra, Frontera, así como organizaciones civiles, entre ellas el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), la Brigada Feminista por la Autonomía, Casa Cereza, Casa de la Mujer de Palenque, Casa Gandhi, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVIF), Frayba, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba y Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC.

17/IM/LGL








ESTADOS
   Declaratoria, un año después de solicitada por Alianza Feminista
   
Declaran AVG para ocho municipios de Guerrero
Foto: Sandra Segura
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/06/2017

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, declaró hoy la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad, para ocho municipios: Acapulco, Ayutla de los Libres, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, José Azueta (Zihuatanejo), Ometepec y Tlapa.

La solicitud de AVG fue presentada el 23 de junio de 2016 por la agrupación Alianza Feminista, que entregó un documento, realizado por el Observatorio de Violencia Feminicida Hannah Arendt, al Instituto Nacional de las Mujeres, donde contabilizaron 2 mil 774 mujeres víctimas de feminicidio en el estado de Guerrero, y donde señalaron los municipios con mayor número de casos de feminicidio: Acapulco, con 580; Chilpancingo (capital de la entidad), con 77; Iguala, 69; José Azueta, 47; Ometepec, 32; Coyuca, 28; Ayutla de los Libres, 17, y Tlapa, con 29.
 
La declaratoria se hizo esta mañana en palacio de gobierno en donde Astudillo Flores informó que previamente entregó un informe a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), en donde “se evidenció un contexto de violencia mostrando que de 2009 a 2016 se registraron 744 casos de homicidios dolosos de mujeres y niñas en las siete regiones”.

Agregó que también desde diciembre de 2010, cuando se tipificó el delito de feminicidio “en el código penal de Guerrero, se han registrado 142 casos de feminicidios”.
 
La AVG obliga al Ejecutivo estatal a realizar las siguientes acciones:
 
1. Fortalecer la Fiscalía Especializada para la Investigación de Feminicidios.
2. Consolidar el funcionamiento del Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía General del Estado.
3. Asegurar el funcionamiento del Banco Estatal de Datos, que permitirá el registro de la incidencia de la violencia contra las mujeres, para generar estadísticas a fin de realizar acciones efectivas de prevención y erradicación de la violencia.
4. Establecer acciones preventivas, de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida.
5. Reasignar los recursos presupuestales para hacer frente a la contingencia de violencia de género y feminicida.
6. Implementar medidas para dar cumplimiento a la reparación del daño a las víctimas de la violencia de género.
7. Consolidar los instrumentos que hagan efectivo el cumplimiento de las leyes, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y de igualdad entre mujeres y hombres; destacadamente los sistemas estatales y los programas integrales, así como su evaluación periódica.

En la investigación “La Violencia Feminicida en México. Aproximaciones y Tendencias 1985-2014” –elaborado por Inmujeres y ONU-Mujeres–  Guerrero ocupa alguno de los tres primeros lugares en asesinatos de mujeres durante 15 años.
17/RED








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