AVG

NACIONAL
VIOLENCIA
   OCNF la pide por desaparición de niñas y mujeres
   
Por tercera ocasión, tramitan solicitud de AVG para Puebla
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/11/2017

En medio de la negativa de la Secretaría de Gobernación (Segob) por activar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Puebla, por tercera ocasión organizaciones de la sociedad civil la solicitaron, esta vez, por la desaparición de mujeres y niñas.

En la solicitud tramitada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) el 16 de noviembre pasado, afirmó que los datos de la Fiscalía General de Justicia de Puebla indican que entre enero de 2015 a diciembre de 2016 desaparecieron 820 poblanas, de las cuales, hallaron asesinadas a seis y 300 de ellas siguen sin ser localizadas.

La primera solicitud de AVG la presentaron agrupaciones civiles en marzo de 2016 ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), pero fue rechazada este año por la Segob porque “no existía un contexto de violencia feminicida en Puebla”.

La indignación por no reconocer la violencia contra las poblanas se avivó tras el feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, asesinada el 8 septiembre de este año por Ricardo Alexis “N”, el conductor de un taxi privado que abordó para llegar a su domicilio.

El caso desató un serie de protestas y motivó al Senado de la República a pedir a la Comisión de los Derechos Humanos de Puebla (CDH) a presentar la segunda solicitud, el órgano de Derechos Humanos local nunca respondió y en su lugar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la presentó. De ésta, aún Conavim no publica si la aceptó o no. 

Ahora se suma la petición del OCNF, pero hace hincapié que luego de la desaparición de una mujer pueden existir otros delitos como es el feminicidio y la trata de mujeres para fines de explotación sexual comercial, pues cabe recordar que Puebla es uno de los estados que conforman las rutas de trata con Tlaxcala.

El OCNF reporta a través del registro hemerográfico que realizan, que a partir de abril de 2017 documentaron al menos cinco asesinatos violentos de mujeres en un lapso de 48 horas; y de enero a marzo de este año un total de 20 casos de feminicidio.

Por ello, en su petición de AVG, el OCNF hizo una serie de recomendaciones para atacar la problemática: crear una unidad de investigación de desaparición de mujeres y niñas, y otras para los casos de feminicidio; y hacer que la Fiscalía explore exhaustivamente todas las líneas de investigación relacionadas con la desaparición de mujeres y la creación de agrupaciones delictivas.   

Estas observaciones ya las debería estar cumpliendo el gobierno de Antonio Gali Fayad, pues Conavim volvió a emitir 6 recomendaciones al estado recientemente, la cuales incluye atender la desaparición de la población femenina en la entidad.

“PAPEL PARA TORTILLAS”: LA RESPUESTA DE GALI

Sin embargo, la respuesta de Gali no está a la altura de las demandas. Días después de la segunda petición de AVG, el gobernador anunció con su gabinete un plan acción y propuso la creación de una aplicación móvil para denunciar agresiones contra las mujeres y una ley contra el acoso y hostigamientos sexuales.

Su última propuesta para hacer frente a la violencia de género fue una campaña titulada “La violencia no es normal ponte a salvo” impresa en papel para envolver tortillas, un anuncio que dio conjuntamente con empresarios locales.

17/HZM/LGL

 








NACIONAL
VIOLENCIA
   Presenta propuesta de reforma al reglamento de la LGAMVLV
Grupo de Trabajo decidirá procedencia o no de AVG, propone Inmujeres
Imagen Sandra Segura
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/11/2017

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) presentó una propuesta para reformar el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) en la que se facultaría al Grupo de Trabajo la decisión de procedencia o improcedencia de la Alerta de Violencia de Género (AVG).

La propuesta, presentada hace unos días ante organizaciones de la sociedad civil, incluye también la reducción del tiempo para declararla en máximo dos meses.

Según la reforma al Artículo 36 Ter del proyecto de Inmujeres que consultó Cimacnoticias, una vez aceptada la solicitud de Alerta y conformado el Grupo de Trabajo, éste tendría 45 días hábiles para realizar el estudio sobre el contexto de violencia contra las mujeres en el territorio solicitado.

La investigación que resulte ya no sería un “informe”, sino un “dictamen” pues el grupo de expertas además de entregar el estudio y las recomendaciones sobre la política pública que los gobiernos estatales deben cumplir, tendrían que incluir su decisión de procedencia o improcedencia de la emisión de la AVG.

Por ello el Inmujeres plantea añadir un Artículo 36 Cuáter, en el que se indica que “el Grupo de Trabajo votará sobre la declaración de la AVG; si las académicas resuelven que no hay elementos suficientes de violencia para declarar la Alerta el proceso terminaría y las organizaciones civiles no podrían presentar otra solicitud por los mismos motivos sin que hubieran transcurrido por los menores tres meses”, puntualiza el documento de reforma.

En caso de que exista un empate en la votación del Grupo de Trabajo conformado por 8 personas, quien coordine el grupo de expertas decidiría por el resto del equipo.

Cabe resaltar que Inmujeres propone que la coordinación del Grupo de Trabajo la realice una persona de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) dependencia de la Secretaría de Gobernación (Segob).

GRUPO DE TRABAJO DEBE SER AUTÓNOMO

Al ser consultadas por esta agencia, integrantes de OSC expertas en violencia de género, denunciaron que si el Grupo de Trabajo no cuenta con la experticia y autonomía las Alertas terminarán por frenarse.

Para la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada Mendoza, la imparcialidad, autonomía y especialización de los Grupos de Trabajo es una demanda que han exigido en reiteradas ocasiones las organizaciones peticionarias de las AVG.

Recordó que la no politización de la AVG es un logro de las organizaciones civiles. Desde la última reforma publicada en 2013 al reglamento de la Alerta, la Secretaría Ejecutiva conformada por las titulares de los institutos de las mujeres dejó de decidir la declaración del mecanismo, la decisión pasó a manos de Segob con base en las pruebas que entreguen las expertas.

Sin embargo se ha visto que estos Grupos de Trabajo no están conformados por personas especializadas en temas de violencia de género: como violencia feminicida, desaparición de mujeres, trata de mujeres o violencia sexual, por el contrario son “grupos a modo”, denunció la coordinada del OCNF, organización que ha tramitado la AVG de entidades como el Estado de México y la Ciudad de México.

En ello coincidió la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, “No tenemos especialistas sobre este tema en el país, si te fijas en todos los informes de los Grupos de Trabajo las recomendaciones para los gobiernos son una copia, no contextualizan la situación de cada estado. Ahora el Grupo de Trabajo va a tener esa posibilidad de decidir pero desde el desconocimiento y los juegos políticos”, señaló.

Inmujeres insiste que en el Grupo de Trabajo deben seguir participando una representante del Instituto y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); dos académicas de carácter nacional y dos que radiquen dentro del territorio donde se solicitó el mecanismo.

En la experiencia que ha tenido como peticionaria de la AVG en Guanajuato, Sánchez Cruz cuestionó los aportes que han tenido en el proceso de investigación estas tres instituciones (CNDH, Inmujeres y Conavim):

“La CNDH no ha hecho alguna aportación sustantiva en la investigación, Inmujeres debería salirse del grupo porque fue creado para vigilar la transversalidad de la política pública en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres”.

En el caso de Conavim, la directora del Centro las Libres indicó que le corresponde no sólo vigilar las Alertas sino aportar personal profesionalizado en género. “Si Conavim tuviera este equipo técnico de especialistas no tendría que hacer las convocatorias, el problema es que no tiene la capacidad y lo que hace son negociaciones políticas discrecionales”, sentenció.  

Esta ha sido una crítica reiterada a Conavim recientemente, al no decretar la Alerta en estados como Puebla y Tlaxcala donde las organizaciones han documentado el aumento de los casos de feminicidio y la desaparición de mujeres.

La asesora jurídica de la asociación Equifonía, peticionaria de las dos Alerta de Veracruz (violencia feminicida y agravio comparado), Adriana Fuentes Mazo, aportó otro factor determinante para que los Grupos de Trabajo tengan mejores condiciones para funcionar: no tienen el tiempo suficiente para hacer una investigación de campo profunda y no se les entregan recursos económicos para que lo realicen, su participación es voluntaria.

Con estas modificaciones al reglamento, las autoridades de los estados ya no contarían con un plazo de seis meses para atender las observaciones de los Grupos de Trabajo; la Conavim remitiría directamente el dictamen de las académicas a la Segob, quien con estos elementos tendría 10 días para informar la decisión final sobre la declaratoria de la Alerta.

Por lo tanto, el proceso se reduce a dos meses, un avance importante coinciden las defensoras de los derechos de las mujeres, ya que la burocracia y negativa de las instituciones ha hecho que las Alertas tarden años de emitirse, por ejemplo, en el Estado de México se tardó 5 años.

Otra facultad que se le daría al grupo de expertas es que tras reunirse tendrían la posibilidad en un periodo de tres días de solicitar a Segob que dicte una serie de medidas de emergencia a los gobiernos locales con el fin de que las implementen de inmediato en los municipios en los que se solicitó la AVG.

La Secretaría vigilaría que estas medidas se cumplan por medio de un informe que entregarían los estados mientras se decide en los dos meses la procedencia de la AVG.

AVG CON CADUCIDAD

En este sentido Inmujeres también precisa en el Artículo 37 que las académicas deben incluir en el dictamen “la vigencia que tendría la declaratoria”, con ello la AVG se reduce a un “instrumento de intervención gubernamental de emergencia”, se describe.

La actual normativa indica que “la declaratoria de Alerta de Violencia de Género tendrá como finalidad detenerla y erradicarla, a través de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas por la Secretaría de Gobernación en el ámbito federal y en coordinación con las entidades federativas y los municipios”.

Asimismo la reforma plantea incorporar un Artículo 30 Bis en el que se indican dos motivos por los cuales procedería una solicitud de Alerta de Género: “cuando exista en un lugar determinado un contexto de violencia feminicida contra las mujeres”, y/o, “cuando exista un agravio comparado”.

Luz Estrada señaló que es necesario revisar la redacción de este Artículo porque podría generar trabas al momento de la solicitud y condicionar a las organizaciones civiles a presentar pruebas de que existe violencia de género en el territorio en el que piden el mecanismo, una tarea que actualmente es responsabilidad del Grupo de Trabajo por medio de la investigación exhaustiva. Las asociaciones civiles sólo deben presentar a la Secretaría Ejecutiva los documentos del trámite y el motivo de la solicitud.

Las agrupaciones que recibieron por parte de Inmujeres esta propuesta ya enviaron sus observaciones, por lo que esperan que éstas sean escuchadas. La principal demanda es que se les integre dentro del proceso de AVG no sólo como peticionarias y fortalecer la actuación del Grupo de Trabajo con la participación de personal especializado en investigación criminal, política pública en género y derechos de las mujeres.

Actualmente son 28 solicitudes de Alerta de Violencia de Género que se han hecho en el país. En 12 entidades el mecanismo se decretó y está vigente: Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit.

En tanto, en 7 entidades Segob decidió no declararla: Querétaro, Tlaxcala, Sonora, Puebla, Tabasco, Baja California y Guanajuato. 

17/HZM/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   Gobernación pide a juzgado terminar con proceso judicial
Amplían pruebas por amparo contra Segob por AVG en Cajeme
Imagen de Silvia Núñez Esquer
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/11/2017

La asociación civil Alternativa Cultural por la Equidad de Género (ACEG) peticionaria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, en Sonora, acudió este 7 de noviembre al Juzgado Séptimo de Distrito del Poder Judicial Federal con sede en la entidad, para aportar evidencias de que la Secretaría de Gobernación (Segob) omitió proteger la vida de las sonorenses al no declarar la Alerta.

El 7 de junio de 2017 la organización ACEG interpuso un amparo indirecto en el Juzgado Séptimo en contra de la Segob por demorarse más de dos años para resolver la solicitud de AVG que hicieron en mayo de 2015 para la localidad de Cajeme y por transgredir el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), al otorgar prórrogas a los gobiernos estatales para que cumplan con las recomendaciones que den los Grupos de Trabajo.

En este caso, en septiembre de 2016, la Segob dio un plazo adicional de seis meses para que el estado cumpliera las 12 observaciones de las expertas.

Esta dilación de Segob para dar respuesta a la AVG resulta violatoria a los “Derechos Humanos, acceso a la justicia, y dignidad de las mujeres” pues no garantiza “la paz social y la protección de la vida y libertad de la población femenina”, denunció la agrupación civil en el amparo del cual Cimacnoticias tiene copia.

A pesar del amparo, el pasado 4 de agosto la Segob negó la Alerta para Cajeme argumentando que “no había elementos objetivos suficientes de violencia” que permitieran proseguir con su declaratoria y porque el gobierno estatal estaba haciendo un esfuerzo para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo.

Las integrantes de ACEG, también señalaron como responsables de la dilación a la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete Morayta; y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, por ser las instituciones responsables del funcionamiento de la AVG.

SEGOB PIDE DETENER JUICIO DE AMPARO

En tanto, la Segob pidió el pasado 4 de septiembre al Juzgado Séptimo, que terminara con el proceso judicial en su contra (con número 640/2017)  porque “no son ciertos los actos” que denuncia la organización civil -señala en el documento del que tiene copia esta agencia- y enumeró las acciones que realizó el gobierno de Sonora.

Argumentó que el amparo no procede porque una eventual sentencia en su contra obligaría a la Secretaría no sólo a reparar el daño a la persona que impulsó el amparo, sino a la población de Sonora en general, situación que violenta el principio de relatividad de las sentencias, es decir, que únicamente se ocupan de quien denuncia.

Para continuar con el proceso, el Juzgado Séptimo citó este 7 de noviembre a las activistas de ACEG, con el objetivo de ampliar la demanda y aportar nuevas evidencias que sustenten los niveles de violencia feminicida, desapariciones de niñas, jóvenes y mujeres en Cajeme, informó en entrevista la integrante de la asociación, Leticia Burgos Ochoa.

Entre las pruebas, dijo la defensora de DH, presentaron el registro hemerográfico de 55 casos de feminicidio ocurridos en Cajeme desde septiembre de 2016, cuando Segob amplió el plazo de cumplimiento al gobierno encabezado por Claudia Pavlovich Arellano, al 28 de octubre de 2017.

Las víctimas de feminicidio reportadas tienen entre 17 y 35 años de edad y 2 eran niñas; mientras de las 11 mujeres reportadas como desaparecidas, se localizaron 7 sin saber las condiciones en las que fueron presentadas, ni los responsables, precisan los registros.

Asimismo las integrantes de ACEG realizaron un informe en que el analizaron cada una de las recomendaciones que no cumplió el gobierno de Claudia Pavlovich, y presentaron declaraciones del jefe municipal de Cajeme, Fausto Félix Chávez, en las que reconoce ante medios de comunicación los altos niveles de violencia en la localidad y la descoordinación de los tres poderes que conforman el Estado para atenderla.

Con estos aportes, precisó Burgos Ochoa, las activistas esperan que el Juzgado cuente con los elementos suficientes para resolver el amparo a su favor y ordene a la Segob decretar la AVG en el municipio de Cajeme, aunque aún no se sabe cuándo podrían obtener una sentencia.

Cabe mencionar que no es la primera vez que las organizaciones civiles recurren a amparos judiciales para que la Secretaría acepte los niveles de violencia feminicida y declare las Alertas. El caso emblemático es el Estado de México donde las agrupaciones feministas emprendieron un proceso jurídico de cinco años que culminó en la aceptación del amparo que ordenó activar la Alerta en la entidad en 2015.

Actualmente, en Veracruz la asociación Equifonía, también presentó un amparo derivado del incumplimiento del estado por no seguir las recomendaciones del Grupo de Trabajo encargado de atender la AVG por Agravio Comparado. 

17/HZM/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Van 69 casos en 2017; 11 veces más que en 2012
ISMujeres pide 25 mdp para frenar feminicidio en Sinaloa
Imagen retomada del Instituto Sinaloense de las Mujeres
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/11/2017

El Instituto Sinaloense de las Mujeres (ISMujeres) pidió al Congreso local 25 millones de pesos (mdp) para operar un Centro de Justicia para las Mujeres como una forma de hacer frente al aumento del feminicidio en Sinaloa que este año ha cobrado la vida de 69 mujeres.

La solicitud la hizo el instituto el pasado 24 de octubre cuando compareció ante el Congreso local junto con la Fiscalía General del estado, para transparentar las acciones que han emprendido desde el 31 de marzo de 2017 cuando la Secretaría de Gobernación (Segob) declaró la Alerta de Violencia de Género en cinco municipios de la entidad (Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato).

De acuerdo con los informes que ambas instituciones presentaron a las y los diputados y que el colectivo “No se metan con nuestras hijas” compartió con Cimacnoticias, en el año 2012, cuando se tipificó el delito de feminicidio en Sinaloa, la Fiscalía estatal registró 6 casos de feminicidio y en 2017 la situación se multiplicó más de 11 veces con un total de 69 asesinatos de mujeres por razones de género.

Ante este contexto, en el informe ambas instancia hicieron tres propuestas, la primera fue aumentar el presupuesto del ISMujeres. Esta instancia argumentó que el Instituto Sonorense la Mujer que no tienen una AVG declarada tiene el doble de recursos económicos que el de Sinaloa (32 millones 968 mil 360 pesos, exactamente), por tanto, dijeron que se “necesita mejorar el presupuesto” del ISMujeres.

 

Además, dijeron que Sinaloa tiene un “rezago presupuestal” para hacer funcionar la AVG, pues aseguraron que el Estado de México cuenta con 30 mdp para atender la Alerta; en Colima se invierten 155 mdp para la misma causa; pero Sinaloa no cuenta con un presupuesto especial para hacer funcionar este mecanismo, describieron en el reporte.

La queja del ISMujeres, actualmente dirigido por Reina Aracely Tirado Gálvez, es que durante los últimos cinco años (2013 a 2017) han recibido el mismo monto económico de 15 millones 317 mil 822 pesos, por lo que necesitan 10 millones de pesos más para operar y hacer frente al feminicidio.

En caso de ser asignados, estos recursos serán para fortalecer el Centro de Justicia del municipio de Culiacán y el restante de 4 mdp para crear otro Centro. Cabe mencionar que la Segob, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, recibe recursos de la Cámara de Diputados para la construcción y equipamiento de los Centros de Justicia.

Las otras dos propuestas de las dependencias fueron crear módulos de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo en los cinco municipios que comprenden la declaratoria de la Alerta y “tener para la primera quincena de diciembre” grupos de reacción inmediata en los 18 municipios del estado.

También para diciembre propusieron que el Tribunal de Justicia estatal, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia local generan “mecanismos efectivos de implementación y seguimiento a las órdenes de protección para las mujeres víctimas de violencia”.

IMPUNIDAD Y VIOLENCIA FAMILIAR

En tanto, 78 por ciento de los 69 casos de feminicidio de este año en Sinaloa permanecen en la impunidad. La Fiscalía General dio a conocer que sólo en 15 casos aprehendió al agresor.

De estos asesinatos de mujeres, también se conoce que 38 por ciento fue cometido por la pareja de la víctima y que previamente ya había denuncia de alguna situación de violencia familiar.

El informe detalla que hasta octubre de 2017 la Fiscalía atendió mil 826 denuncias por violencia familiar, el contexto también fue grave en años anteriores, entre 2015 y 2016 sumó 4 mil 589 denuncias por este ilícito.

En los últimos seis años (2012-2017) se cometieron 181 casos de feminicidio en la entidad y antes de la tipificación de este delito, en 2010 y 2011, la instancia de justicia registró 220 homicidios de mujeres (110 en cada año).

El informe que presentaron ante el Congreso el ISMujeres y la Fiscalía General precisa que en los municipios donde se activó la AVG se sigue perpetrando el mayor número de asesinatos violentos de mujeres; en este año 26 ocurrieron en Culiacán, 13 en Mazatlán, 9 Navolato y 5 en Ahome; en tanto, en Guasave otro de los municipios en Alerta, no se ha cometido ningún feminicidio.

17/HZM








NACIONAL
VIOLENCIA
   Piden a Conavim integrar a organizaciones en discusiones
Demandan OSC conocer proyecto de reforma a reglamento de AVG
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/11/2017

La Red Nacional de Mujeres por una Vida Libre de Violencia exhortó a la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) que dé a conocer el proyecto que propuso para reformar el reglamento de la Alerta de Violencia de Género (AVG) pues lo desconocen.

Hace dos meses, el 24 agosto, en una reunión que sostuvieron las integrantes de la Red Nacional con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, la titular del Instituto de Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, y la comisionada de Conavim, Alejandra Negrete Morayta; ésta última dio a conocer que su equipo realizó un proyecto de reforma para el reglamento de la AVG, sin dar detalles de qué modificaciones contempla o cuándo lo presentaría.

Por ello, el 23 de octubre de 2017, por medio de una carta dirigida al subsecretario Campa Cifrián –de la que tiene copia esta agencia- la Red señaló que para avanzar y mejorar en la implementación de la Alerta es necesario que Conavim entregue de forma urgente dicho proyecto y que sea discutido junto a las organizaciones civiles, informó en entrevista con Cimacnoticias la integrante de la Red y promotora de la AVG para el municipio de Cajeme en Sonora, Leticia Burgos Ochoa.

La Red (conformada por solicitantes de la AVG en diversos estados) propuso a Conavim que este proyecto contemple adecuaciones de los tiempos del proceso de la Alerta, pues transcurre más de un año desde que se solicita hasta el resultado de la declaratoria. Otra de las propuestas fue aclarar en el reglamento que no se pueden dar prórrogas a los estados para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo, pues Conavim en reiteradas ocasiones lo ha hecho sin que lo indique la Ley.

Las activistas también pidieron que se pueda sancionar a los estados que incumplen con las acciones que se desprenden de las solicitudes de Alerta e incluirlas como participantes a lo largo del proceso. Por lo que Burgos Ochoa declaró que esperan que estas propuestas hayan sido incluidas en el proyecto de Conavim.

Pero lo cierto es que hasta ahora, las integrantes de la Red no han tenido respuesta de Segob o acceso al proyecto, pues hasta septiembre el personal de la Subsecretaria de Derechos Humanos les informó que no atenderían asuntos “que no estuvieran relacionados con el sismo ocurrido el 19”.

UNA REFORMA NECESARIA

Burgos Ochoa opinó que esta reforma es necesaria ante los recientes hechos en los que Segob no ha querido declarar la Alerta en entidades como Puebla y Tlaxcala, y “sólo ha llenado de recomendaciones” a los gobiernos estatales para frenar la violencia de género, “es necesario que se discutan y evalúen las adecuaciones que se necesitan” agregó.

La última reforma al reglamento de la Alerta fue hecha en 2013, igualmente por presión social, el objetivo de ésta fue derogar las trabas en el proceso de solicitud y que la decisión de decretar la AVG la respaldara un grupo de expertas.

Recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también hizo un llamado para reformar el reglamento de la Alerta, en su primer diagnóstico que hizo sobre ésta, donde propone revisar los tiempos en sus distintas fases; evaluar los avances de los estados en proceso de Alerta a través de indicadores cuantitativos y “no listas de actividades a cumplir”; sugiere que se puedan ampliar los municipios por los que originalmente se solicitó la Alerta cuando las expertas así lo consideren; y hacer que las organizaciones no gubernamentales participen en todo el procedimiento. 

NECESARIO DAR SEGUIMIENTO A LAS ALERTAS

La defensora de los derechos de las mujeres, Burgos Ochoa, detalló que además de este proyecto para ajustar el reglamento, Inmujeres y Conavim no han cumplido con otro de los acuerdos que hicieron, que es crear una Mesa de Trabajo con todas las organizaciones peticionarias de las Alertas para vigilar y dar seguimiento puntual a cada una.

Actualmente ya se decretó la AVG en 12 entidades: Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Quintana Roo y Nayarit. En tanto, en siete estados Segob determinó no declararla: Querétaro, Tlaxcala, Sonora, Puebla, Tabasco, Baja California y Guanajuato.

Cabe recordar que la Red Nacional es un frente que conformaron peticionarias de las Alertas de Sonora, Quintana Roo, Sinaloa, Querétaro, Tlaxcala, Nayarit, Guerrero y Campeche, quienes tramitaron en diciembre de 2016 una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano por incumplir el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

17/HZM/LGL








ESTADOS
SALUD
   Se negó a despenalizar aborto e incumplió recomendaciones sobre AVG
Presentan amparo indirecto contra congreso de Veracruz
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/10/2017

La asociación civil Equifonía interpuso el pasado 23 de octubre, ante el Juzgado  Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de Veracruz,  un Amparo Indirecto en contra del congreso del estado por su omisión legislativa para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

En entrevista con Cimacnoticias la directora de Equifonía, Araceli González Saavedra, explicó que en el amparo se detalla que la decisión del congreso viola los Derechos Humanos de las veracruzanas porque restringe el ejercicio libre e informado de las mujeres sobre el número y esparcimiento de sus hijos; violenta los derechos a la salud, física y psicológica de las mujeres víctimas de violación; y las aleja de su derecho a la salud cuando está en riesgo su vida por complicaciones de un embarazo.

En el amparo también se manifiesta que las y los legisladores se rehusaron a atender las recomendaciones sobre la despenalización del aborto que dictó el Grupo de Trabajo encargado de atender la AVG por Agravio Comparado. La defensora González Saavedra agregó que la próxima semana el Poder Judicial Federal informará si acepta o no el amparo.

El pasado 28 de septiembre en medio de protestas, las y legisladores rechazaron la iniciativa de reforma a los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal veracruzano, que presentó la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, derogar el plazo de 90 días que establece para que las mujeres víctimas de violación interrumpan un embarazo e incluir la causal de salud.

La despenalización del aborto es una medida que debía cumplir en seis meses el gobierno de Veracruz como parte de las recomendaciones que el Grupo de Trabajo hizo en noviembre de 2016, tras la solicitud de las organizaciones hecha el mismo año para decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) por agravio comparado.

A pesar de esta obligación, las y los integrantes de la legislatura argumentaron que la propuesta de la diputada Carola Viveros se trataba de un “acto inconstitucional” porque desde agosto de 2016 en Veracruz se “protege la vida desde el momento de la concepción”.

EN MANOS DE SEGOB SEGUNDA AVG

En la solicitud de AVG por Agravio Comparado la organización denunció tres agravios: la inadecuada aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) que garantiza el aborto cuando es producto de una violación; la protección de la vida desde el momento de la concepción, una reforma que impulsó en 2016 el entonces gobernador Javier Duarte en alianza con grupos católicos; y la tipificación del delito de aborto que se castiga con un “tratamiento educativo”.

Esta es la segunda solicitud de Alerta, pues cabe recordar que en noviembre de 2016 la Secretaría de Gobernación (Segob) decretó una por violencia feminicida en 11 municipios de Veracruz, la cual sigue vigente.

La defensora Araceli González Saavedra informó que el gobierno estatal ya entregó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) su reporte de cumplimiento de las recomendaciones que dio el grupo de expertas que analiza esta segunda solicitud, por lo que ahora está en manos de la dependencia de Segob,  determinar si decreta o no la segunda AVG en la entidad.

Si bien la directora de Equifonía señaló que observaron avances significativos en la mejora de los servicios de salud para las mujeres y la capacitación del personal médico con el fin que garanticen el acceso a la NOM 046, la reforma al Código Penal sobre la despenalización del aborto era una acción esencial, por lo esperan que Segob considere que las recomendaciones del Grupo de Trabajo y active la AVG por agravio comparado.

17/HZM/LGL

 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Aplicaciones móviles y requisitos a transporte público en Puebla, propone
Gobierno de Gali Fayad, sólo responde por feminicidio ante presión civil
CIMACFoto: Samantha Paez Guzmán
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 25/10/2017

En medio de la polémica que han generado las dos solicitudes para activar la Alerta de Violencia de Género (AVG) por violencia feminicida en Puebla, donde a la semana es asesinada una mujer, el gobernador de la entidad, Antonio Gali Fayad, presentó un “plan de acciones” para impedir que acepten la segunda solicitud y  decreten una AVG para su entidad.

Cabe recordar que una primera solicitud fue presentada por organizaciones civiles en marzo de 2016, misma que fue rechazada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), al argumentar que la violencia vivida por las poblanas “no era suficiente” para activarla, sin embargo, emitió 11 recomendaciones “para hacer frente a la violencia”, que a decir de las organizaciones, no se cumplieron pues en medio de ello fue la transición de gobierno de Rafael Moreno Valle.

Un caso que provocó indignación en la sociedad poblana y mexicana en general, fue el de Mara Fernanda Castilla Miranda, quien fue asesinada el 8 de septiembre de este año por el conductor, Ricardo Alexis “N”, del transporte privado que abordó de la empresa Cabify, y que motivó una segunda petición de AVG para el estado.

En esta ocasión la solicitud provino no solamente de las organizaciones, sino también del Senado de la República quien en reiteradas ocasiones exhortó a la Comisión de Derechos Humanos estatal (CDH) a que volviera a presentar la solicitud de Alerta, instancia que no respondió al llamado y que a pregunta de Cimacnoticias, señaló que estaba “analizando dicha propuesta”.

Ante este panorama, la Conavim volvió a emitir 6 recomendaciones, ahora al gobierno de Gali, para atender la violencia de género, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó la segunda solicitud de AVG el pasado 20 de octubre, por lo que aún se espera que sea aceptada por la Conavim.

En medio de esta espera y a 3 días de la segunda solicitud de AVG, el pasado 23 de octubre, el gobernador de la entidad, Antonio Gali Fayad, presentó ante su gabinete, “De una vez por todas”, nombre que otorgó al plan de acción gubernamental para “prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia de género”, en el que destaca la creación de una aplicación para teléfonos móviles en la que las mujeres reporten las agresiones que viven en los espacios públicos; una ley contra el acoso y hostigamiento sexual, y regulaciones al transporte público y privado.

La Ley de Acoso y Hostigamiento Sexual, busca “tipificar como conductas constitutivas de delito los actos no verbales, como gestos obscenos, captación de imágenes o videos sin consentimiento, exhibicionismo y contacto corporal de carácter sexual”; así como la modificación al Código Civil “para incluir como causa de responsabilidad la violencia de género”; y la creación de una Unidad especializada para atender los casos de feminicidio, son otras acciones anunciadas por Gali Fayad.

Todo ello, tuvo que haberse cumplido desde 2016, cuando Conavim emitió las primeras 11 recomendaciones al gobierno de Moreno Valle y que ahora Gali Fayad presenta como “nuevas”.

Para la directora general del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), Cinayini Carrasco Colotla, estas medidas no son suficientes para lograr un impacto directo o a largo plazo en la seguridad de las poblanas porque no atienden el problema de fondo, la prevención de la violencia y el acceso a la justicia en los casos de feminicidio.

“Podemos crear unidades, programas y nada va a servir, lo que urge es un diagnóstico del Sistema de Justicia Penal porque no cuenta con el personal capacitado y sensibilizado para permitir que las mujeres accedan a la justicia”, precisó la defensora.  

Criticó que el gobierno de su entidad sea siempre reaccionario ante la presión y agregó: “Se declare o no la Alerta el estado debe trabajar. Lo que pedimos desde las organizaciones civiles es que después de que se implementen las acciones se evalúen, porque evidentemente no se está dando un cambio”.

En medio de todo ello a las poblanas las siguen asesinando y las cifras oficiales no concuerdan con los registros de las organizaciones civiles; mientras la Fiscalía General de Justicia reporta 47 casos de feminicidio en lo que va del año, el conteo de las asociaciones indica un total de 87, sin ninguna sentencia.

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NACIONAL
VIOLENCIA
   Conforman grupo de trabajo para AVG en CDMX
Grupo de expertas deberá visibilizar feminicidio y desaparición de mujeres
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/10/2017

Ahora que está conformado el grupo de especialistas para atender la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México (AVG), su principal reto es realizar una investigación exhaustiva que dé cuenta de la creciente violencia contra las capitalinas y cuestione al gobierno sobre las acciones que hace para frenarla.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) dio a conocer el 19 de octubre los nombres de las especialistas que integran el Grupo de Trabajo: son dos académicas que radican en la Ciudad de México; la abogada y criminóloga feminista, Iris Rocío Santillán Ramírez y la doctora en estudios de la mujer, Marta Walkyria Torres Falcón.

De carácter nacional seleccionó a la doctora en derecho y defensora de los derechos de las mujeres, Aleida Hernández Cervantes, y al maestro especializado en estudios demográficos y género, Carlos Javier Echarri Cánovas.

A decir de activistas, el Grupo de Trabajo deberá integrar un informe sólido enfocado en las dinámicas y particularidades del feminicidio en la capital, la violencia comunitaria contra las mujeres, y demostrar que la desaparición de las mujeres en la Ciudad puede estar relacionada con grupos delictivos dedicados a la trata de personas.

Así lo describió a Cimacnoticias la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) María de la Luz Estrada, agrupación que en conjunto con el Centro Fray Francisco Vitoria, la Red “Todos para Todas y Todos” y Justicia Pro Personas, solicitaron el pasado 7 de septiembre la alerta de género para las 16 delegaciones de la entidad.

LOS RETOS DE LAS EXPERTAS: TRATA Y FEMINICIDIO

Las organizaciones consideraron necesaria activar la alerta en la Ciudad, porque aunque es un referente de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, lo cierto es que también ocurren los niveles de violencia más altos contra la población femenina. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares 2016, la capital del país ocupa el primer lugar de violencia en las calles, transporte, parques y otros sitios públicos.

Violencia que incrementa hasta sus niveles más extremos como es el feminicidio. De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia local (PGJDF) en promedio mensual ocurren 5 casos de feminicidio en la urbe, tan sólo de 2015 a abril de 2017 inició 116 carpetas de investigación por este delito.

En suma, las familias de las víctimas enfrentan obstáculos para el acceso a la justicia y el debido proceso; son revictimizadas, las investigaciones no se elaboran desde la perspectiva de género, y reclasifican los casos a simples homicidios. Acciones recurrentes de las autoridades que han denunciado las organizaciones, como lo demostró el reciente asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio, recordó Luz Estrada.

Por ello el Grupo de Trabajo deberá centrar su atención en el acceso a la justicia y la aplicación de protocolos para investigar el feminicidio, indicó la coordinadora el OCNF: entender en qué zonas y bajo qué circunstancias están asesinando a las mujeres y sobre todo, conocer “qué está haciendo la PGJDF para frenarlo”, precisó.

Asimismo en la desaparición de mujeres, las investigadoras tendrán que cuestionar el trabajo de dependencias de la Procuraduría como el Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (Capea), que ha sido pasiva y poco transparente ante las desapariciones sobre todo de niñas y adolescentes de la Ciudad, pues los datos son alarmantes, dijo Estrada.

Los propios datos de la PGJDF en este sentido, indican que de 2015 a 2016 se reportaron como “ausentes o extraviadas” dos mil 294 mujeres, de las cuales hasta la fecha faltan por localizar a 644, un 60 por ciento son menores de 17 años de edad.

“En este tema deben cuestionar por qué tenemos tantas mujeres desaparecidas, reconocer los modos operandi de los tratantes, y revisar qué está haciendo Capea y si está aplicando los protocolos de localización. Deben recordar que la Ciudad de México (con Puebla y Tlaxcala) es una de las rutas de trata de personas”, precisó la defensora de Derechos Humanos. 

NECESITAN MÁS EXPERTAS

Para concretar esta investigación la coordinadora del Observatorio sugirió que debe consultarse con más expertas en dichos temas, entrevistar a familiares de víctimas, sobrevivientes y organizaciones civiles.

De acuerdo con lo que presente el Grupo en su informe, el gobierno tendrá un plazo de 6 meses para cumplir las recomendaciones que de éste emanen, y de no hacerlo, la Secretaría de Gobernación (Segob) tendrá la facultad de decretar la AVG.

¿QUIÉNES SON?

La especialista en criminología es Iris Rocío, doctora en Ciencias Jurídico Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, cuenta con un master en Sistemas Penales y Problemas Sociales de la Universidad de Barcelona; y por 18 años ha realizado investigaciones en materia de violencia contra las mujeres, por lo cual recibió en 2015 la Medalla Omecíhuatl.

La otra investigadora de la capital, Marta Torres Falcón, es doctora en relaciones de género por parte de la UAM y cuenta con una especialización en Estudios de la Mujer por El Colegio de México. También ha sido consultora del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y es autora del libro “Las enseñanzas de Alicia y la cultura de la no violencia. Una visión de género”.

Javier Echarri es maestro en demografía por El Colegio de México, institución de la cual también es maestro estudios urbanos y ambientales. En materia de género coordinó en 2011 el Programa Salud Reproductiva y Sociedad, fue investigador en la Dirección General de Planificación Familiar de la Secretaría de Salud.

Por último, está la doctora en derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Aleida Hernández, quien es docente en dicha universidad en investigación feminista y perteneciente a la Red de CONACyT “Ciencia, tecnología y género”. 

Además de las académicas seleccionadas, en el Grupo de Trabajo también debe participar una representante del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) -quien se encarga de coordinar el equipo-, una representante de Conavim y otra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

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ESTADOS
VIOLENCIA
   Se desempeñaba como secretario particular de senador del PVEM
Otorgan amparo de excarcelación a feminicida confeso
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Sandra de los Santos
Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis.- 19/10/2017

El feminicida confeso de la joven Viridiana Flores Ramírez, de 21 años de edad, Omar Fernando Rosales Toledano, quien era secretario particular del senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Armando Melgar, obtuvo un amparo federal de excarcelación, por presuntos problemas de salud.

En junio del 2013 Omar Fernando Rosales Toledano asesinó a la joven Viridiana y arrojó su cuerpo al puente San Cristóbal. Fingió que la joven fue secuestrada y hasta pidió un rescate a sus padres, quienes sospechaban de él porque su hija había sostenido una relación sentimental y lo abandonó por sufrir violencia física. Fernando Rosales Toledano se dio a la fuga, pero fue aprehendido días después.

El padre de Viridiana, Juan Carlos Flores Santiago, dio este miércoles una conferencia de prensa para denunciar que el feminicida de su hija fue excarcelado y desde hace dos meses está en el Sanatorio Rojas, en Tuxtla Gutiérrez.

El amparo se lo concedió el juez quinto, José del Carmen Constantino Avendaño, por presentar supuestamente problemas gastrointestinales y con el nervio ciático. Ambos padecimientos podrían haber sido atendidos al interior del penal, pero la defensa del feminicida argumentó que no había medicamentos en el centro penitenciario.

Los familiares de Viridiana temen que Fernando Rosales se dé a la fuga y responsabilizaron de ello a las autoridades penitenciarias;  al secretario de seguridad pública en el estado, Jorge Luis Llaven Abarca; así como al juez federal que otorgó el amparo.

Exigieron a las autoridades que el feminicida de su hija sea regresado a la cárcel y continúe en ese lugar su tratamiento.

Los padres de Viridiana han tenido que salir a los medios de comunicación en más de una ocasión para denunciar la forma en cómo se ha llevado el proceso del feminicida confeso.

En Septiembre del 2014 denunciaron que el juez Julio César Morales Ríos aceptó llevar a cabo la reconstrucción del crimen, a petición del acusado, con el cuerpo de un cerdo. La diligencia fue suspendida ante la indignación de la familia y la ciudadanía por no respetar la Ley de Víctimas, que establece que éstas deben ser tratadas, aún ya muertas, con humanidad y respeto a su dignidad.

Cabe recordar que el 18 de noviembre de 2016 se declaró en Chiapas la Alerta de Violencia de Género por violencia feminicida. La medida los municipios de Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, de los 122 que hay en la entidad.

De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia del estado, de agosto de 2014 al año 2016, se registraron 104 casos de feminicidio en Chiapas.

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ESTADOS
VIOLENCIA
   Organizaciones civiles vigilarán acciones del gobierno
   
Conavim rechaza por segunda ocasión AVG para Tlaxcala
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/10/2017

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) rechazó por segunda ocasión la petición de las organizaciones civiles para declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Tlaxcala por la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, con el argumento de que no pueden presentarse dos alertas por la misma causa y porque incumplieron los tiempos.

Lo anterior lo establece el Artículo 36 Ter en el párrafo segundo del Reglamento de la AVG en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el que se precisa que cuando “el Grupo de Trabajo no encuentre elementos suficientes que le permitan presumir la existencia o la veracidad de los hechos que dieron lugar a la solicitud, no podrá presentarse una nueva solicitud por los mismo hechos, sin que hubiera transcurrido, por lo menos, tres meses”.

El primer intento de las organizaciones civiles fue el 8 de agosto de 2016, cuando la organización civil “Todos para Todos” solicitó la AVG para 13 municipios de Tlaxcala en los que se reconoce la actividad de grupos dedicados al ilícito de trata de mujeres con fines de explotación sexual.  

Esta primera AVG la rechazó Conavim el 4 de agosto de 2017, por lo que las organizaciones civiles “Colectivo de Mujer y Utopía”, “Justicia Pro Personas” y la “Red Retoño”, volvieron a solicitar el mecanismo diez días después, el 14 de agosto de 2017. Es decir, de acuerdo con el reglamento de la AVG las organizaciones civiles tuvieron que esperar hasta noviembre de 2017 para intentar tramitar por segunda ocasión la Alerta.

Así lo informó en entrevista con Cimacnoticias, la directora del Colectivo Mujer y Utopía, Edith Méndez Ahuactzin, quien proporcionó a esta agencia el documento de la negativa a la AVG que envío el 4 septiembre Conavim a las organizaciones peticionarias.

EL SIGUIENTE PASO: VIGILAR AL GOBIERNO

La directora del Colectivo Mujer y Utopía señaló que la respuesta de Conavim es producto de la negativa del Estado por reconocer la trata de mujeres en Tlaxcala y que el gobierno estatal únicamente ha simulado en el cumplimiento de la AVG y la implementación de leyes y estrategias para la prevención de la trata de personas con las que cuenta la entidad desde 2009.

“Esperamos que se decretará la AVG porque es la vía en que el Estado puede asumir su compromiso y tener la voluntad política para atender los problemas de violencia de género en Tlaxcala, y en el tema de trata entender cuáles son los mecanismos por los cuales se mantiene la explotación de las mujeres en la zona”, dijo.

Entre las vías que analizan las organizaciones civiles peticionarias de la AVG para que el gobierno estatal reaccione ante la desaparición de mujeres en Tlaxcala, es unirse a las mesas de seguimiento existentes para vigilar que las autoridades locales cumplan con las acciones que mandó Conavim.

Cabe recordar que el gobierno local tiene aún pendiente una serie de obligaciones a cumplir, como crear una Fiscalía Especializada para Investigar Delitos en Materia de Trata de Personas y un Protocolo para identificar a las víctimas.

Además deberá priorizar acciones gubernamentales en las rutas de trata de niñas y mujeres, que son: Tlaxcala-Puebla, Veracruz-Tlaxcala-Puebla, Guanajuato-Tlaxcala-Puebla, Morelos-Tlaxcala-Puebla, Ciudad de México-Puebla, Puebla-Tlaxcala-Arizona-Nueva York, ubicadas través de un diagnóstico realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

De acuerdo con la información proporcionada por Edith Méndez, Conavim, el grupo de expertas y el gobierno local, aún no reanudan las mesas de trabajo sobre el seguimiento de las acciones de prevención de violencia, pues las fechas que se tenían previstas para la reunión estaban programadas en la semana del 19 de septiembre cuando ocurrió el sismo que impacto Morelos, la Ciudad de México y Puebla, y a la fecha no han tenido información de cuándo se reanudarán.

17/HZM/LGL








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