AVG

ESTADOS
VIOLENCIA
   Van 15 casos de feminicidio en el municipio en lo que va de 2018
Juez resolverá en abril si se decreta o no, AVG en Cajeme
CIMACFoto: Silvia Núñez Esquer
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/03/2018

El próximo 4 de abril el Juez Séptimo de Distrito del Poder Judicial Federal con sede en Sonora, resolverá si la Secretaría de Gobernación (Segob) debe activar la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, luego de que la negó en agosto del año pasado, informó la Red Feminista Sonorense.

El 7 de junio de 2017 una de las organizaciones peticionarias de la AVG para Cajeme, Alternativa Cultural por la Equidad de Género AC (ACEG), interpuso un amparo contra de la Segob por demorar la resolución de la solicitud Alerta y después rechazarla replicando que “no había elementos suficientes para su decreto” a pesar de las pruebas de hechos de violencia de género en el municipio.

En un comunicado, la Red Feminista Sonorense informó que el próximo 4 de abril se llevará a cabo la cuarta y última audiencia en la que el Juez Séptimo determinará si otorga o no el amparo a la organización quien tener un fallo a su favor, puede obligar a la Segob a decretar la Alerta de Género en Cajeme, dijeron.

Las activistas señalaron que siguen aportando documentación sobre la violencia extrema que viven las mujeres de Cajeme y conforme a sus registros, hasta el día de ayer se cometieron 15 casos de feminicidio en dicho municipio, además de otros cinco intentos de asesinato contra mujeres por parte de sus parejas; un caso de abuso sexual en contra de una niña; dos desapariciones de mujeres (una localizada) y un intento de secuestro.

Cabe recordar que el proceso de la Alerta de Género para Cajeme –que tramitaron organizaciones en mayo de 2015- se atrasó dos años porque la Segob, por medio de la Conavim, otorgó al gobierno de Sonora un plazo adicional de seis meses para completar las recomendaciones que emitió el Grupo de Trabajo.

En el amparo, las organizaciones argumentaron que esta prórroga fue ilegal porque no está regulada ni prevista en el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Además, que negar la AVG resulta violatorio a los Derechos Humanos de las mujeres porque no les garantiza “la paz social, la libertad y la protección de la vida”.

Por su parte, la Segob defendió que los dichos de las activistas no eran ciertos y pidió al Juez Séptimo terminar el proceso judicial en su contra.

Por último, la red de activistas feministas denunció que las autoridades sonorenses están rebasadas por los acontecimientos criminales sin que se garantice la seguridad de la población femenina.

Cabe recordar que cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que en 2017 Cajeme fue el tercer municipio del país con mayor casos de feminicidio, su tasa fue de 5.59 por cada 100 mil.

Por lo tanto, indicaron que si el Juez Séptimo niega el amparo a las organizaciones se revelaría que “por motivos políticos” se deja “sin resolver una estrategia de protección integral para la vida de las mujeres y sus familias en Sonora”.

El Estado de México y Nuevo León son dos entidades donde las organizaciones que solicitaron Alertas lograron la activación del mecanismo gracias a amparos que interpusieron y ganaron.

18/HZM/LGL

 








ESTADOS
VIOLENCIA
   OSC denuncian freno en avance a protección de DH de mujeres
Denuncian irregularidades y omisiones de Conavim en AVG
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/03/2018

Organizaciones peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), de diversos estados del país, denunciaron la existencia de irregularidades y omisiones en los procedimientos de las AVG, por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

En un comunicado, las organizaciones denunciaron que la nueva administración de la Conavim –desde enero 2018 a cargo de Ángela Quiroga Quiroga- ha frenado el avance por proteger los Derechos Humanos (DH) de las mujeres debido al “dudoso y deficiente desarrollo de sus facultades”.

Las organizaciones señalaron que tienen conocimiento que a casi tres meses de la llegada de la titular a la Conavim, ésta se ha reunido con los representantes de los gobiernos sin la participación de los Grupos de Trabajo, ni de las organizaciones peticionarias de las AVG para acordar las situaciones relacionadas con las Alertas.

Lo anterior enfatizaron, es una de las muchas irregularidades realizadas por esta instancia, ya que los gobiernos no están contemplados dentro del procedimiento de AVG y por tanto, dijeron, atenta contra el objetivo de las AVG, pues el emitir informes de recomendaciones y declarar las Alertas, “no depende de la voluntad de los estados, sino del cumplimiento de las recomendaciones y del cese de la violencia”.

Ante ello consideraron que la administración de Ángela Quiroga Quiroga pone en riesgo el avance para disminuir la violencia contra las mujeres, como en el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Tlaxcala, Puebla y la Cuidad de México, entidades donde no ha dado un seguimiento a las Alertas ya emitidas por desaparición y feminicidio de mujeres.

Reprocharon que desde hace meses Conavim ha limitado su participación en el proceso de las AVG, sigue sin aplicar los indicadores de resultado para medir el funcionamiento del impacto de las recomendaciones y ha retrasado de manera injustificada los informes sobre las AVG en las entidades donde la desaparición y el feminicidio son problemas graves, como la Cuidad de México, Tlaxcala y el estado de Puebla.

Destacaron las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública quien documentó, de 2015 a 2017, el asesinato de 8 mil 190 mujeres en todo el país, de los cuales sólo mil 640 casos fueron investigados como feminicidio, lo que demuestra, dicen las organizaciones, el desinterés por parte de las autoridades federales de desarrollar acciones para erradicar la violencia feminicida en las entidades.

En tanto, las cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), de 2014 a 2017, registraron 8 mil 940 asesinatos de mujeres en todo el país, de los cuales 2 mil 188 casos han sido investigados bajo el delito de feminicidio.

Por ello demandaron a la Secretaría de Gobernación llevar a cabo acciones inmediatas y efectivas para salvaguardar la vida e integridad de las mujeres, así como atender y resolver “los pendientes, vacíos y seguimientos” a las alertas emitidas en el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Tlaxcala, Puebla y la Cuidad de México, y eliminar las barreras para la implementación de la AVG como lo establece la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

“Recordamos a las autoridades, sociedad civil y a las organizaciones que... ()…que el mecanismo de Alertas de Violencia de Género contra las mujeres fue hecho para proteger a las víctimas y sus derechos, no a los gobiernos”.

18/AEG/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   Falta de transparencia, de coordinación y de seguimiento a acciones denuncia CIDHM
Incumple Graco Ramírez, recomendaciones por AVG y feminicidio aumenta en Morelos
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/03/2018

A dos años y medio de haberse decretado la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Morelos, el gobierno del estado no sólo no ha erradicado esta violencia sino que sumó cinco municipios más a la lista de los más violentos para las mujeres y el estado se mantiene con altos niveles, en 2017 cerró con 202 casos de feminicidio.

Esto sucedió como consecuencia de que el gobierno morelense no ha cumplido ninguna recomendación a nivel estatal para implementar la AVG y a que son sólo dos municipios los que están cumpliendo algunas de las recomendaciones, determinó un análisis de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C (CIDHM).

La CIDHM A.C. presentó hoy en conferencia de prensa en la Ciudad de México, su informe de balance de la AVG en Morelos. Ésta se declaró el 10 de agosto de 2015 sólo para los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapara, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.

No obstante, en 2017 el gobierno de Morelos sumó cinco municipios más a la lista: Axochiapan, Atlahuacan, Jojutla, Miacatlán, y Huitzilac.

De acuerdo con la coordinadora de Investigación del CIDHM, Paloma Estrada Muñoz, esto es porque “no se están haciendo acciones en todo el estado, lo que se ve reflejado en otros municipios”. Destacó que si bien la (la AVG) estaba focalizada, se harían políticas públicas para todo el estado, pero ahora observan un incremento en el feminicidio y manifestó su preocupación de que estos focos rojos “se extiendan a otros municipios.”

NO HAY LUGAR QUE SE SALVE

De acuerdo con la CIDHM, 32 de los 33 municipios de Morelos han presentado al menos un caso de feminicidio del año 2000 a la fecha. Durante 2017, los municipios con mayor número de feminicidio fueron: Cuernavaca con 19 casos; Temixco con 8; Tlaltizapan con 5, Atlatlahuacan, Axochiapan, Jojutla y Miacatlán con 4 cada uno; Cuautla, Huitzilac, Jiutepec y Yautepec con 3, cada uno.

Sólo en tres municipios en los que se decretó la AVG se registró una disminución en la violencia feminicida, entre ellos Puente de Ixtla y Xochitepec, que -según Estrada-  fueron los únicos municipios en los que se cumplió de una a dos recomendaciones de las 8 que les impuso la AVG, y el resto está en proceso.

Las medidas cumplidas fueron la implementación de campañas de difusión, la recuperación de espacios públicos y sanciones para servidores públicos.

Por el contrario, el municipio de Temixco no sólo aumentó de 6 a 8 los casos de feminicidio, sino que no reporta ningún cumplimiento en las recomendaciones de la AVG y tiene sólo 3 medidas en proceso.

La investigadora señaló que en el caso de Emiliano Zapata, las autoridades responsables del cumplimiento de la Alerta le informaron vía telefónica que no hay avances por problemas organizacionales y porque no existe una coordinación con el gobierno del estado.

Estrada observó que esta situación se extiende a otros municipios y al gobierno del estado, a lo que se suma el proceso electoral que se avecina en la entidad y que ya hizo que algunos servidores públicos encargados de la AVG abandonaran su puesto sin avisar a las organizaciones quién dará continuidad.

Otros factores, señaló la investigadora, son la ausencia de comunicación y coordinación interinstitucional, la falta de transparencia, e incluso la ignorancia de algunas personas responsables de esta política.

Por otro lado, dijo, el gobierno del estado y sus instituciones a nivel estatal no han cumplido tampoco con las recomendaciones que le tocan, como establecer una cultura de no violencia contra las mujeres en el sector educativo, crear un programa estatal con perspectiva de género para la atención de personas generadoras de violencia, revisar la legislación estatal sobre los derechos de las mujeres, entre otras. 

VIOLENCIA FEMINICIDA EN AUMENTO

Con base en investigación de campo, recopilación de informes, documentación de cifras oficiales e investigación hemerográfica, la CIDHM corroboró que a dos años y medio de esta declaratoria “la violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles”.

Tan sólo en 2017 ellas registraron 74 casos de feminicidio, mientras que en el 2015 –cuando se decretó la AVG- contaban 57. El 2016, muestra el informe, fue el año más cruento con 97 casos, pero la Fiscalía de la entidad sólo reconoció 33 durante ese año.

A esto hay que agregar que cuando se solicitó la AVG, las organizaciones de la sociedad civil identificaron que la Fiscalía había emitido sólo dos sentencias por feminicidio. Actualmente no se puede saber si estas cifras han cambiado, ya que la dependencia no les ha proporcionado la información que solicitan. 

En total, durante estos dos años y medios que el gobierno de Morelos ha contado con una AVG se registraron 202 casos de feminicidio, por lo que la CIDHM pidió al gobierno del estado que realice ya las mesas de trabajo con los municipios para saber por qué no están informado sobre el avance y por qué no han cumplido.

Asimismo, pidió llevar a cabo mesa de trabajo con el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y con autoridades del Tribunal de Justicia de la entidad para saber el estado de las investigaciones en cada caso.

La CIDHM también exigió que se haga un plan gubernamental para que las siguientes administraciones dan seguimiento y continuidad a las acciones realizadas; se publiquen cifras estatales sobre feminicidio; repare el daño a las víctimas; garantice el acceso pleno a la justicia; se investiguen todos los casos de muertes violentas de mujeres de acuerdo al Protocolo de Feminicidio, entre otras.

18/AJSE/LGL

 








NACIONAL
VIOLENCIA
   Exigen activar la AVG en CDMX
"El único rosa que nos deja Mancera son las cruces del feminicidio”: feministas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/02/2018

“¡El único rosa que nos deja Mancera son las cruces del feminicidio!” fue la consigna que ayer por la tarde pronunciaron colectivos feministas, jóvenes y madres de mujeres asesinadas a las afueras del Palacio de Gobierno, en el Zócalo de esta capital, para reprobar la renuncia de Miguel Ángel Mancera Espinosa en medio del proceso de la Alerta de Violencia de Género (AVG).

Este domingo las capitalinas convocaron a una protesta afuera de las oficinas del todavía jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en repudio al incremento de violencia de género y los casos de feminicidio ocurridos bajo su administración, 260 según datos de la Procuraduría General de Justicia local (2012-2017).

La madre de Lesvy Rivera -víctima de feminicidio en Ciudad Universitaria- Araceli Osorio, tomó el micrófono y se hizo escuchar “Mancera no se va a llevar la frente en alto” para llegar al senado con la cantidad de mujeres -que como su hija- dijo, han sido asesinadas y sus casos permanecen en la impunidad.

Araceli Osorio y otras activistas no sólo reprobaron la renuncia de Mancera, sino también de la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, quien de acuerdo con las organizaciones, era pieza fundamental en el seguimiento del proceso de la AVG, pero que ya dejó el cargo para postularse como candidata al senado.

Cabe recordar que en declaraciones previas a la prensa, Patricia Mercado afirmó que no era necesario activar el mecanismo en la Ciudad de México porque los asesinatos de mujeres “están por debajo de la media nacional”.

Las feministas condenaron que la salida de ambos funcionarios “coincidió” con la decisión de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de aplazar la entrega del informe de la AVG hasta el próximo 28 de febrero, cuando ya dejaron sus cargos. Por lo que demandaron la activación de la AVG en la Ciudad de México.

“No es una Ciudad de vanguardia, no es una ciudad progresista, no se imparte justicia, las niñas y mujeres no están seguras”, denunciaron las mujeres quienes una por una relataban sus experiencias de violencia en la ciudad que ocupa el primer lugar en violencia comunitaria –principalmente violencia sexual- según la Encuesta sobre las Dinámicas de la Relaciones en los Hogares 2016.

Al concluir la protesta, las mujeres plantaron las cruces rosas en la jardineras del Zócalo capitalino, en ellas colgaban fotografías de adolescentes, niñas y adultas asesinadas; algunos rostros conocidos que han marcado la administración de Marcera como el de Victoria Pamela Salas y Lesvy Berlín Rivera Osorio. Para todas ellas pedían justicia.

La AVG para la Ciudad de México fue solicitada el 7 de septiembre de 2017 por las organizaciones el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Pro Personas AC, la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria en las 16 delegaciones de la capital.

FIN SEMANA POR VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO

También este fin de semana las madres de Lilia Alejandra García Andrade y Nadia Alejandra Muciño Márquez, exigieron justicia para sus hijas, la primera asesinada en febrero de 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua y la otra, en 2004 en el Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

A través de un performance en el Hemiciclo a Juárez relataron los casos de feminicidio de estas mujeres, como parte de una campaña para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les brinde un espacio en el próximo periodo de audiencias a celebrarse en mayo en República Dominicana.

18/HZM/LGL

 








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Presentó informe “La situación de los Derechos Humanos en el mundo”
   
Deficientes las investigaciones sobre feminicidio en México: AI
CIMACFoto: Silvia Núñez Esquer
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/02/2018

La organización Amnistía Internacional (AI) alertó sobre el incremento de la violencia de género en México, la falta de estadísticas sobre feminicidio y las deficientes investigaciones en los asesinatos de mujeres y niñas y su clasificación.

Al presentar su informe “La situación de los Derechos Humanos en el mundo” en el capítulo dedicado a México, presentado esta mañana, AI señaló que el problema de la violencia de género se sigue generalizando, muestra de ello, dijo, es que los asesinatos de mujeres se investigan como homicidios, en 2016, señaló, 2 mil 668 asesinatos de mujeres se consideraron homicidio.

De acuerdo con su informe, la violencia contra mujeres y niñas sólo se registró en la encuesta 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cual estimó que dos tercios de las niñas y mujeres mayores de 15 años han vivido violencia en espacios públicos o comunitarios a lo largo de su vida; y que la violencia más frecuente es la sexual (acoso, abuso o violación).

En este sentido, AI retomó lo dicho por el Relator Especial sobre la tortura del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Juan E. Méndez quien en su última visita a México en 2014, dijo que la violencia sexual es el método de tortura más frecuente.

El informe también se refiere a la Alerta de Violencia de Género (AVG) implementada en 12 entidades federativas, sin embargo, destaca la falta de resultados en la disminución de la violencia contra las mujeres.

En el tema de desapariciones, AI destaca la falta de información sobre las 8 mil 974 mujeres desaparecidas y advirtió que esta cifra puede ser aún más alta, ya que no están contemplados en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) los casos anteriores a 2014 y los clasificados como secuestro o tráfico de personas, lo cual, dijo, ha conllevado a que persista la impunidad en estos delitos.

La organización defensora de los Derechos Humanos, también se refirió a la libertad de expresión y precisó que las amenazas, hostigamientos, agresiones y homicidios contra periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos (DH) no ha descendido a causa de las deficientes investigaciones por parte de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) quien no ha esclarecido si existe una relación entre los asesinatos y la profesión de la persona, como ocurrió con el caso de la defensora de DH (cuya hija está desaparecida) Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, ocurrido en mayo de 2017 en Tamaulipas, al norte del país.

AI señaló que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de DH y Periodistas no ofrece protección a las defensoras ni a los periodistas.

Con este informe, Amnistía Internacional documentó la situación de los DH en 159 países y territorios durante 2017 así como el cumplimiento de los gobiernos en su protección y respeto.

18/AEG/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   “Coincide” con salida de Mancera de la jefatura de gobierno
El informe de AVG para la CDMX estará a finales de febrero
Imagen retomada del Centro de Derechos Humanos para las Mujeres
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/02/2018

El aún jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, no tendrá que hacer frente al proceso de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para la Ciudad de México, toda vez que la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), anunció a las agrupaciones peticionarias que entregará el informe del Grupo de Trabajo -el cual está listo desde enero- hasta el 28 de febrero, es decir, cuando Mancera deje el cargo.

Durante el gobierno de Mancera en la Ciudad de México (2012-2018) se cometieron, a decir de la Procuraduría General de Justicia capitalina, 260 casos de feminicidio, pero destacan por lo menos, cinco casos que dan muestra de la saña con la que son asesinadas las mujeres en la capital.

Se trata de los casos de la estudiante de la UNAM Karen Joanna Sánchez Gochi, asesinada en un hotel en Azcapotzalco el 11 de junio de 2012, que fue litigado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), y clasificado por la deficiente investigación de la Procuraduría, como homicidio, por lo que su agresor obtuvo 35 años de prisión.

También se encuentra el de Lesvy Berlín Osorio, estudiante universitaria encontrada asesinada en la UNAM, el 3 de mayo de 2017, en el que la Procuraduría concluyó que se trató de un “suicidio” y por el cual aún no hay sentencia para su presunto feminicida, quien está acusado de homicidio simple culposo.

En estos últimos meses el feminicidio de Victoria Pamela Salas ha evidenciado la incapacidad de las autoridades de la Ciudad para capturar a los presuntos feminicidas; el presunto agresor, Mario Sáenz, permanece prófugo mientras emprende una campaña de desprestigio contra la víctima en redes sociales, aunque está fichado por la Interpol y las autoridades “lo buscan”.

En el recuento de estos casos está el de Campira Camorlinga Alanís, perpetrado en diciembre de 2016 en la delegación Coyoacán. Su agresor, Jorge Humberto Martínez, había sido acusado dos años antes del feminicidio de María Sun Borrego, pero la Procuraduría, como en el caso de Lesvy, dijo que ella se había suicidado permitiendo que Jorge Humberto repitiera una vez más los hechos, con otra mujer.

Destaca también en el 2014, el feminicidio de Angélica Trinidad Romero, asesinada en la tienda Liverpool del centro comercial Perisur, por Marco Antonio Ochoa Almazán, donde las autoridades afirmaron en un principio “que había fallecido por asfixiarse con comida”, hasta que los familiares revelaron que presentaba golpes y señales de tortura. Cuando el expediente del caso se trasladó a la unidad especializada de feminicidio, ya se habían “perdido” las evidencias del asesinato.

¿COINCIDENCIA O PROTECCIÓN?

Durante la reunión de ayer de la Conavim con las organizaciones que pidieron la AVG para la capital, se les informó que aplazará la entrega de este reporte porque “se deben realizar modificaciones y agregar otros temas”, informó a Cimacnoticias la abogada e integrante del OCNF, Ana Yeli Pérez Garrido.

Entre las organizaciones se encuentran el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Pro Personas, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria y la Red  “Todos los Derechos para Todas y Todos”.

Si bien no aseguran que el tema de la Alerta se esté politizando –como ocurrió en el Estado de México- para la integrante del área de incidencia del Centro Fray Francisco, Selene González Luján, sí puede haber obstáculos para la AVG en medio del proceso electoral.

La abogada Pérez Garrido, contó que externaron a Conavim su temor de que el proceso de Alerta de Género se retrase más con la salida de Mancera y mientras alguien ocupa la jefatura de gobierno.

Por su parte, la doctora en derecho de la UNAM e integrante del Grupo de Trabajo, Aleida Hernández Cervantes, señaló en entrevista con Cimacnoticias que el equipo de trabajo entregó el reporte de la AVG la primera semana de diciembre y tras una serie de modificaciones había sido aprobado para entregarlo desde enero a Mancera, pero el cambio de titular de Conavim, ahora presidida por Ángela Quiroga Quiroga, frenó el proceso.

Hernández Cervantes aseveró que al asumir el cargo, la Comisionada Quiroga planteó al Grupo de Trabajo la posibilidad de extender el periodo de investigación, pero tres integrantes del equipo votaron en contra pues argumentaron que este proceso ya lo habían concluido, además de que agregó, esto no puede realizarse por tratarse de un mecanismo de emergencia.

Cabe recordar que el reglamento de la AVG contenido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) establece que el equipo de expertas creado para atender la solicitud de Alerta, tiene un plazo de 30 días para realizar el informe, después procede a Conavim entregar el reporte al gobierno estatal y éste en un plazo de 15 días, avisar si acepta las recomendaciones que contiene para cumplirlas a lo largo de seis meses.

Con este retraso, finalmente Mancera no tendrá que acatar las recomendaciones que den las expertas, ni afrontar una posible declaratoria de Alerta de Género en la Ciudad de México, donde también destaca el elevado número de desapariciones de mujeres.

De 2015 a 2016 según datos de la Procuraduría se reportaron “ausentes o extraviadas” 2 mil 494 mujeres, de ellas, no se ha localizado al 26 por ciento, es decir, 644 capitalinas continúan desaparecidas.

18/HZM/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Diputada denuncia falta de datos de violencia
Segob e Inmujeres deberían evaluar municipios en Alerta de Género
Imagen de Citlalli López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/02/2018

La diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Concepción Villa González, promovió en la Cámara de Diputados una propuesta para que la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) realicen una evaluación pública sobre las acciones emprendidas por los municipios que tienen vigente la Alerta de Violencia de Género (AVG).

Mediante un punto de acuerdo presentado la semana pasada, la legisladora Concepción Villa denunció que se desconoce la eficiencia de las Alertas de Género ya que no existe información pública ni fiable sobre las acciones que han realizado las 12 entidades que tienen declarado este mecanismo.

Villa González expuso que se debe realizar una constante evaluación en los municipios donde esta decretada la AVG, esto mediante actualizaciones de datos e investigaciones promovidos por las dependencias de la administración pública federal, mismas que deben ser de carácter público.

Cabe recordar que la tarea de declarar y vigilar la AVG corresponde a la Segob por medio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependencia que ha declarado la VG en 13 ocasiones: en el Estado de México, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Chiapas, San Luis Potosí, Colima, Sinaloa, Nayarit, Guerrero, Quintana Roo y dos en Veracruz (una por feminicidio y otra por los obstáculos a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres).

La diputada de Morena recordó que el mecanismo de la Alerta obliga a los estados –entre otras responsabilidades – a la elaboración de reportes sobre comportamientos y estadísticas de la violencia que se ejerce contra las mujeres, sin embargo, mencionó que hasta ahora no existen datos oficiales fiables “ni pronunciamientos de las autoridades gubernamentales a nivel nacional sobre el tema”.

La legisladora cuestionó la operatividad del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres (Banavim) –cuya creación fue ordenada en 2007 por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia– para almacenar información “veraz, actualizada y accesible de las 32 entidades federativas”.

Sin embargo, esta plataforma no es alimentada por los gobiernos estatales por lo que organizaciones de mujeres locales se han dado a la tarea de documentar la violencia de género y sobre todo los casos de feminicidio, denunció la también integrante de la Comisión Especial de la AVG de la Cámara de Diputados.

La falta de un registro fidedigno del feminicidio en México, también fue criticado recientemente en el nuevo conteo que realiza la Segob a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que evidenció a las Procuradurías locales porque clasifican los casos como homicidios. Según estados datos hay  estados en Alerta de Género que tienen menos de cuatro casos de feminicidio, tales como Quintana Roo, Colima y Nayarit.

En otros estados con AVG ocurre lo mismo, Michoacán reportó 17 casos de feminicidio, San Luis Potosí 18 y Guerrero a penas 13 casos.

De la misma forma, planteó Concepción Villa en su propuesta punto de acuerdo que aún debe ser discutido por el Legislativo, es necesario plantear la posibilidad de decretar una AVG a nivel nacional debido “al número alarmante” de casos de feminicidio que ocurren en toda la República.

Según el último informe de ONU Mujeres en los 32 años, de 1985 a 2016, han sido asesinadas 52 mil 210 mujeres en México, es decir, en promedio son asesinadas siete mexicanas al día.

En tanto, Segob reportó que el 2017 culminó en 617 casos de feminicidio con lo que la tasa de feminicidio nacional se ubicó en 1.06 casos por cada 100 mil mujeres.

18/HZM








ESTADOS
VIOLENCIA
   No hay transparencia en datos ni en recursos
   
OSC poblanas denuncian simulación de gobierno para acatar recomendaciones por AVG
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/02/2018

La Universidad Iberoamericana Puebla, el Centro de Análisis y Formación e Iniciativa Social (CAFIS), el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), entre otras organizaciones, denunciaron la falta de transparencia y opacidad del gobierno poblano sobre las acciones emprendidas para cumplir con las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo encargado del seguimiento de la Alerta de Violencia de Género para la entidad.

En conferencia de prensa, las organizaciones civiles, explicaron que tuvieron que tramitar solicitudes de información para conocer el estado de las recomendaciones, encontrando que el estado gastó 18 millones de pesos en recursos económicos para acatarlas.

A decir de las agrupaciones este es un recurso es limitado, si se compara con los 400 millones de pesos que el gobierno local destinó para construir la rueda de la fortuna ubicada en el centro de Puebla.

Cabe recordar que Puebla acumuló tres solicitudes de AVG hechas por distintas agrupaciones, y en los tres casos fueron rechazadas por lo que no se decretó pues según el informe presentado por el Grupo de Trabajo, no existían elementos para hacerlo, por lo que únicamente se dieron una serie de recomendaciones al gobierno estatal, encabezado entonces por Rafael  Moreno Valle, para atender la violencia de género en la entidad.

De acuerdo con lo recabado por las organizaciones que este día se pronunciaron en conferencia de prensa, el gobierno poblano erogó en 2016 la cantidad de 2 millones 522 mil pesos en el “Programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género”.

En el mismo año otros 320 mil pesos al “Programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas” y dotó de 388 mil 160 pesos para fortalecer al Instituto Poblano de las Mujeres para capacitaciones a corto plazo.

En el análisis las organizaciones hallaron que nunca se desglosó cómo invirtió este dinero cada institución, no hay certeza a qué fue designado y los resultados que se obtuvieron.

Lo mismo, dijeron, sucede en la información estadística sobre la violencia contra las mujeres en la entidad. No se cuenta con datos públicos desagregados por edad y municipios de los casos, sin embargo, esta situación, denunciaron, el Grupo de Trabajo la tomó como cumplida en su evaluación sobre las recomendaciones para decretar la AVG.

Respecto a la capacitación del personal de salud en la Norma Oficial Mexicana 046 que permite el aborto en caso de violación, no se sabe cuántas mujeres acceden a este derecho.

Las organizaciones hicieron un llamado para crear un mecanismo de seguimiento de la AVG en estado que haga transparente y de manera pública, el proceso de atención a las recomendaciones y que se permita la participación de las organizaciones.

LA HISTORIA

Después de que el 7 de julio de 2017 la Secretaría de Gobernación (Segob) rechazó declarar la AVG para Puebla al argumentar “no había elementos suficientes para hacerlo”, el feminicidio de Mara Fernanda Castilla perpetrado por el conductor del transporte privado Cabify,  provocó que las organizaciones civiles presionarán a Segob a declarar el mecanismo como una medida para que el gobierno estatal reaccionara ante los asesinatos de mujeres.

Las agrupaciones solicitaron nuevamente la Alerta, una de estas peticiones la hizo el 16 de noviembre de 2017 el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la hizo  sobre la desaparición de mujeres por estar relacionada con los delitos de feminicidio, la trata con fines de explotación sexual comercial y la violencia sexual.

La otra solicitud de AVG la impulsó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por los casos de feminicidio, la tercera se sumó el 23 de noviembre de 2017 y fue hecha por las organizaciones Protección Popular Nacional, Sumando por Guerrero AC y la Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derecho Humanos, por la misma razón.

La Conavim determinó que serían las mismas expertas que votaron en contra de declarar la primera AVG (solicitada en marzo de 2016) las responsables de darle seguimiento a las otras dos solicitudes presentadas.

18/HZM/LGL

 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Red Sonorense amplía amparo con 5 de feminicidio en 2018
   
Exhortan a Segob a revisar y decretar Alerta de Género en Sonora
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Por la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 30/01/2018

La Red Feminista Sonorense exhortó al nuevo titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, a revisar la negativa de declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, en Sonora, y decretar el mecanismo.

Cajeme, argumentaron, es el tercer municipio con la tasa más alta de casos de feminicidio del país, 5.59  por cada 100 mil mujeres, según las cifras relevadas la semana pasada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El pasado 26 de enero las integrantes de la red enviaron un oficio a Navarrete Prida, donde describen que de acuerdo con los datos del SESNSP, Cajeme quintuplicó la media nacional de 1.6 casos de feminicidio por cada 100 mil mujeres, colocándose como el tercer municipio más peligroso en 2017, sumó un total de 13 casos de feminicidio.

La violencia también ocurre en el resto de Sonora, según los datos proporcionados por la Procuraduría de Justicia estatal al Secretariado Ejecutivo, el año pasado en toda la entidad ocurrieron 32 casos de feminicidio y 37 mujeres víctimas de homicidio doloso.

Por esta razón la Red Sonorense apeló al nuevo titular de Segob a revisar el proceso de la Alerta de Género solicitada por las organizaciones civiles en mayo 2015 y negada por la Secretaría dos años después, el 4 de agosto de 2017.

En esta decisión Segob aseguró que “no había elementos objetivos suficientes de violencia” para activar el mecanismo en Cajeme y que el gobierno estatal, encabezado por Claudia Pavlovich Arellano, había atendido las recomendaciones del Grupo de Trabajo conformado para dar seguimiento a la AVG.

Sin embargo, la cifras reportados por el Secretariado Ejecutivo y las documentadas por las activistas sonorenses demuestran que la violencia contra las mujeres no ha cesado. En el documento indicaron que en lo que va de este año llevan el registro de cinco asesinatos de mujeres y otros tres intentos.

Según un comunicado emitido por la Red Feminista Sonorense como evidencia entregó al titular de Segob el registro de los casos que han documentado, esta información también fue enviada al Juzgado Séptimo de Distrito del Poder Judicial Federal para ampliar las pruebas del amparo que interpuso la asociación Alternativa Cultural por la Equidad de Género (ACEG) en contra de Segob el 7 de junio de 2017.

Este amparo indirecto presentado por ACEG, se debió a la prórroga de seis meses que otorgó en septiembre de 2016 la Segob al gobierno de Sonora para atender la Alerta de Género, a pesar de que la ampliación del tiempo para cumplir con las recomendaciones de las expertas no está establecido en el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).

Las integrantes de ACEG –una de las organizaciones peticionarias de la Alerta para Cajeme– consideraron que esta decisión trasgredía la normativa de la AVG y no decretar el mecanismo incumplía con la protección de la vida y derechos de las sonorenses, sin embargo, Segob pidió en septiembre del año pasado a Juzgado Séptimo que terminará el proceso en su contra.

Aún las activistas están en espera de que el Juzgado resuelva el amparo a su favor, en caso de hacerlo, ordenaría a Segob a decretar la AVG en Cajeme, por lo que siguen aportando pruebas para demostrar que la violencia feminicida en este municipio se mantiene.

17/HZM








ESTADOS
VIOLENCIA
   Niegan casos de trata, dos AVG, y la violencia continúa: OSC
En lo que va del año, 3 casos feminicidio en Tlaxcala
Imagen retomada del blog Entre amigos
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 25/01/2018

En Tlaxcala la relación entre la desaparición de mujeres, la trata con fines de explotación sexual comercial y el feminicidio está documentada y reconocida internacionalmente, pero las autoridades locales se niegan a aceptarlo y mucho menos a atenderlo, en lo que va de 2018 ya van tres casos de feminicidio.

Muestra de este desdén de las autoridades es el rechazo de dos Alerta de Violencia de Género (AVG) y los recientes datos presentados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (Segob), en donde la procuraduría estatal reportó en 2017 apenas dos casos de feminicidio y 11 mujeres víctimas de trata.

Las organizaciones locales han tenido que realizar registros alternos para tener datos más certeros de la violencia contra las tlaxcaltecas, en contraste con los datos proporcionados por la procuraduría, el Colectivo Mujer y Utopía AC documentó el año pasado 16 casos de feminicidio.

Asimismo, de 2016 a agosto de 2017 la agrupación contó 35 desapariciones de mujeres –principalmente niñas entre 14 y 16 años-, mientras el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Segob informó solo 11 desapariciones de mujeres de 2009 a 2016.

El 4 agosto de 2017 la Segob negó decretar en Alerta de Género a 13 municipios de Tlaxcala, asegurando que “no habían elementos suficientes” de violencia contra las mujeres para hacerlo.

Esta solicitud la había realizado en 2016 la agrupación “Todos para Todos AC”, quien pidió el mecanismo en estos municipios por estar identificados por la operación de redes de tratantes: Tenancingo, San Pablo del Monte, Chiautempan, Acuamanala de Miguel Hidalgo, Apizaco, Papalotla de Xicohténcatl, San Lorenzo Axocomanitla, Zacatelco, Contla, La Magdalena Tlaltelulco, Xicohtzinco, Teolocholco y Santa Catarina Ayometla.

Ante la respuesta de Segob, organizaciones de mujeres volvieron a solicitar diez días después el mecanismo (14 de agosto de 2017), esta ocasión buscaron que la AVG fuera por la desaparición de mujeres, pues es un delito relacionado con otros: el feminicidio y la trata.

Las integrantes del Colectivo Mujer y Utopía, Justicia Pro Personas y la Red Retoño fueron las encargadas de tramitar esta segunda Alerta, pero un mes más tarde, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim)  dependencia de Segob- volvió a desecharla, argumentando que tenían que esperar tres meses para presentar otra petición de acuerdo con el reglamento de la AVG.

Pero la violencia contra las mujeres de Tlaxcala permanece y no cesa. En estos 25 días que lleva el 2018, según denunció a Cimacnoticias la directora de Colectivo Mujer y Utopía, Edith Méndez Ahuactzin, van tres casos de feminicidio. 

En estos asesinatos se siguen observando los mismos patrones que fueron descritos en las solicitudes de Alerta y son reconocidos en estudios sobre la trata de mujeres en Tlaxcala; a las mujeres las privan de la libertad y de no ser localizarlas de forma inmediata, son halladas asesinadas.

El pasado 13 de enero Wendy Sánchez Pérez de 21 años de edad fue obligada por desconocidos a subir a un vehículo, mandó a su familias un mensaje de auxilio pero un día después el cuerpo de una persona calcinada fue hallado. Este 24 de enero se confirmó que era la joven.

La directora del Colectivo Mujer y Utopía, advirtió que las autoridades investigan el asesinato de Wendy como homicidio y que lo mismo ocurre en los otros dos casos que registraron en lo que va de 2018.

Ante la indignación de estos asesinatos, la agrupación junto al Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (OCNF) hicieron un llamado a las autoridades e insistieron en la urgencia de atender las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes, para prevenir otros delitos de razón de género, como la trata, violencia sexual o el feminicidio.

Edith Méndez también indicó en entrevista que agotarán todos los recursos hasta que el estado atienda la situación y decrete la AVG. Actualmente las activistas participan en las mesas de trabajo del estado que se conformaron tras la negativa de la primera Alerta y buscan una junta con la nueva comisionada de Conavim, Ángela Quiroga Quiroga, para manifestar su preocupación. Advirtieron que de no tener una respuesta severa por parte del gobierno ante esta problemática, interpondrán un amparo hasta que logren que se decrete la AVG en la entidad.

De acuerdo con un estudio de Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, se tienen identificados en Tlaxcala 35 de los 60 municipios de Tlaxcala, que operan grupos de tratantes.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en una investigación sobre la trata en México ubicó las rutas naciones e internacionales de trata entre las entidades de Puebla y Tlaxcala: Tlaxcala-Puebla, Veracruz-Tlaxcala-Puebla, Guanajuato-Tlaxcala-Puebla, Morelos-Tlaxcala-Puebla, Ciudad de México-Puebla, Puebla-Tlaxcala-Arizona-Nueva York.

La ONU en el “Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México”, sostiene que en todo el país solo 49 por ciento de las denuncias por este delito derivan en averiguaciones previas, en el caso de Tlaxcala se reduce a 18 por ciento.

18/HZM/LGL








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