Adelaida Salas Salazar

ESTADOS
VIOLENCIA
   Exigen justicia por caso de Emma Gabriela de cara a la audiencia del lunes
Clausuran OSC simbólicamente TSJ de Tabasco
Imagen retomada de Facebook de NiunamasYucatán
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/09/2017

A seis meses del feminicidio de Emma Gabriela  Molina Canto, en Yucatán, sus familiares y organizaciones civiles clausuraron simbólicamente el Tribunal Superior de Justicia de la entidad para exigir a las autoridades a cargo del caso, que juzguen con perspectiva de género y sentencien a su ex esposo y empresario tabasqueño Alberto Medina Sonda por la autoría del crimen.

Emma Gabriela fue asesinada el pasado 27 de marzo frente a su casa en Mérida, Yucatán. Desde 2012, cuando inició la búsqueda por la custodia de sus dos hijas e hijo. Ella y su madre, Ligia Canto Lugo, fueron víctimas de campañas de desprestigio y hostigamiento orquestadas por Medina Sonda.

Ambas denunciaron ante diversas instancias las violencias ejercidas en su contra, pero fueron ignoradas, por lo que en 2014 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 54/2014, dirigida a las autoridades de Yucatán, Tabasco y la Ciudad de México, en la cual acreditó violaciones a los Derechos Humanos de Emma Gabriela Molina Canto, de su madre, Ligia Canto, y de sus hijos entre las que destacó la violación a la legalidad, a la seguridad jurídica, acceso a la justicia, al trato digno y a una vida libre de violencia. Todas fueron incumplidas por las 3 instancias.

Durante la protesta en la que participaron las organizaciones acompañantes del caso, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio(OCNF) y “Ni Una Más-Yucatán”, Ligia Canto urgió a las autoridades de Yucatán y de Tabasco -en donde actualmente Medina Sonda cumple una condena de 12 años por operar con recursos ilícitos durante el sexenio de Andrés Granier- “justicia integral” y la garantía de seguridad para ella y su familia porque, aseguró, Medina Sonda planeó el crimen mientras estaba preso y temen que busque agredirlos de nuevo.

“Todo fue planeado desde un reclusorio, él tenía la libertad de hacer llamadas, (las autoridades) deben voltear  a ver esos lugares y mandarlo a un penal de alta seguridad”, mencionó.

CONTINÚA INVESTIGACIÓN

En entrevista con Cimacnoticias la coordinadora del OCNF en Yucatán, Adelaida Salas Salazar, informó que este miércoles concluyó el plazo para integrar a la carpeta de investigación las pruebas que involucran a Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla como ejecutores del crimen bajo el delito de homicidio agravado.

Por lo anterior, el próximo 2 de octubre se realizará en el Centro de Justicia Oral de Mérida la audiencia donde el juez de control encargado del caso, Luis Edwin Mugarte Guerrero, determinará las sentencias en su contra, con las que podrían alcanzar 40 años de prisión.

También mencionó que desconocen la fecha de la audiencia en la que se juzgará a Medina Sonda y al tabasqueño vinculado a proceso por la coautoría del feminicidio, César Rogelio Reyes Barrueta, pero aseguró que la familia y defensa legal de Emma Gabriela cuentan con elementos suficientes para probar la culpabilidad de ambos.

Entre las pruebas se encuentra la confesión de César Reyes, donde afirma que Medina Sonda le solicitó contratar a otras personas para asesinar a Emma Gabriela.

Ligia Canto ha recabado los 187 amparos que su hija tuvo que solicitar desde 2012 a instancias locales y federales por las acusaciones de su ex esposo “todas ellas falsas”, opinó Adelaida Salas, y que demuestran los antecedentes de violencia que ejerció en su contra por años. 

Además, Adelaida Salas recordó que a seis meses del feminicidio, las manifestantes se reunieron en la Plaza Grande de Mérida, donde exhortaron al juez Mugarte Guerrero a velar por la justicia en el feminicidio de Emma Gabriela y no favorecer los intereses del  agresor.

17/MMAE/LGL








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VIOLENCIA
   Autoridades omisas: denuncia Ligia Canto
   
Investigan a familia de Medina Sonda por autoría en feminicidio de defensora en Yucatán
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 25/07/2017

A más de tres meses del feminicidio de la defensora de Derechos Humanos en Yucatán, Emma Gabriela Molina Canto, familiares de su ex esposo acusado como autor intelectual del crimen, Alberto Medina Sonda,  fueron citados en la Fiscalía General estatal para informales que serán sujetos a investigación por su posible coalición en el feminicidio.
 
En entrevista con Cimacnoticias la mamá de Emma Gabriela y también defensora, Ligia Canto Lugo, afirmó que la familia Medina Sonda “debe ser investigada porque la violencia que ejerció por años contra Gaby los hace sospechosos”.
 
La tarde del pasado 20 de julio la madre y el padre de Medina Sonda, Juana María Sonda Herrera y Julio Alberto Medina Gurubel; así como sus hermanas Ericka y Lizbeth, fueron llamadas para declarar en la Dirección de Investigación y Atención Temprana de la Agencia 30 de Delitos de Alto Impacto, dependiente de la Fiscalía General estatal. Un día después fueron citadas otras seis personas cercanas a la familia del empresario.
 
El 27 de marzo Emma Gabriela fue víctima de feminicidio luego de enfrentar, desde 2014, una serie de actos violentos orquestados por su exesposo, quien actualmente está preso en Tabasco por operar con recursos ilícitos durante el gobierno de Andrés Granier,  en la búsqueda de la custodia de sus dos hijas e hijo. Pese a las exigencias de Emma Gabriela y Ligia Canto las autoridades yucatecas y tabasqueñas ignoraron el riesgo que enfrentaba.
 
La abogada Natalia Paola Punab de la O, quien a partir de hoy asumió el caso, explicó en entrevista con esta agencia que durante los citatorios la familia Medina Sonda “reservó su derecho a rendir entrevistas” sobre el feminicidio de Emma Gabriela porque, aunque fueron citados en calidad de imputados, las entrevistas solo tienen validez cuando son expuestas en audiencia oral delante de un juez. Por lo que, informó, el personal de la Agencia 30 “solo recabó sus datos generales”.
 
La directora del Observatorio Ciudadano del Feminicidio- Yucatán y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, denunció en entrevista con Cimacnoticias que las declaratorias fueron ordenadas por la Fiscalía con tres meses de retraso y bajo la presión de la también defensora Ligia Canto, quien denunció desde marzo la coalición de la familia Medina Sonda en el feminicidio de su hija y solicitó, mediante un escrito, que fueran citados.
 
“Ligia tuvo que presentar todas las pruebas y ayudarse de la presión ejercida por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –organismo que desde 2014 emitió la Recomendación 54/2014 por la violencia institucional de la que Emma Gabriela y su familia fueron víctimas- y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) –que tras el feminicidio  atrajo el caso- para que por fin hicieran su trabajo: seguir agotando todas las líneas de investigación”, dijo Salas Salazar.
 
Entre las pruebas que Ligia otorgó al fiscal que lleva el caso, Fernando Caamal López,, se encuentran fotografías de los desplegados que la mamá y el papá de Medina Sonda realizaron para difamar, en 2014,  la lucha de Emma Gabriela por la custodia de sus hijos. Además de los videos que las hermanas de Medina Sonda difundieron en plataformas digitales donde la ofendían.
 
A ello se suma que Emma Gabriela externó días previos a su muerte que familiares de su ex esposo la seguían a ella y a sus hijos.
 
La abogada Paola Punab denunció la falta de voluntad de la Fiscalía General ya que, dijo,  las autoridades sólo han realizado los actos solicitados por la familia de Emma Gabriela. “De no haber sido por la presión el fiscal Fernando Caamal hubiera concluido la investigación cuando se culpó a los dos autores materiales, un coautor –todos actualmente detenidos- y a Medina Sonda como autor intelectual del caso”.
 
La abogada señaló que la investigación no debe enfocarse solo al feminicidio de Emma Gabriela. “Tenemos que visibilizar el contexto violento e institucional que vivió Gaby durante años y la persecución por parte de las autoridades de procuración de justicia. porque ella fue victimizada y revictimizada. Un asunto familiar que debería ser sencillo de resolver como un divorcio detonó en un feminicidio”, expuso.
 
El caso se encuentra en la etapa de investigación complementaria por lo que ahora la familia de Emma Gabriela y su defensa legal seguirán entregando datos de prueba que vinculen a la familia Medina Sonda en el feminicidio.
 
También están en espera de que el juez de control encargado del caso, Luis Edwin Mugarte Guerrero, resuelva en la próxima semana si procede el amparo que Alberto Medina presentó contra su vinculación a proceso como autor del feminicidio, mismo que solicitó con argumento de que no está involucrado porque está preso en Tabasco.
 
DESINTERÉS
 
Hasta hoy Ligia Canto no tenía un abogado fijo en Yucatán solo recibía asesoría legal de la CEAV cada quince días, cuando la instancia enviaba abogados de la Ciudad de México para reunirse con ella. La defensora señaló: “El apoyo de la CEAV no ha sido contundente”
 
Salas Salazar comentó que esto dejó “en indefensión” a Ligia Canto porque “no tenía a quien consultar, incluso tuvo que presentarse a las reuniones en la Fiscalía sin abogado”, expuso.
 
Además, Ligia Canto denunció que aunque su familia, al ser víctimas indirectas, tienen derecho a recibir un “fondo emergente” -un apoyo económico mensual otorgado por la CEAV-, este solo se les entregó para el mes de junio.
 
La defensora recordó que desde 2014, cuando la CNDH emitió la recomendación, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán   debió iniciar el trámite para la inscripción al registro de víctimas de Emma y su familia, pero, dijo “la instancia defensora de Derechos Humanos local fue omisa, por lo que mi hija y yo tuvimos que juntar dinero para trasladarnos, hasta 2016, a la Ciudad de México para solicitar la inscripción”.
 
Además, manifestó, “todo quedó en papel porque la Ley general de Víctimas indica que una vez registradas se nos tuvo que haber dado  medidas de protección y mi hija nunca las recibió”.
 
Paola Punab informó que en otro momento evidenciarán legalmente la “responsabilidad penal del Estado” en el feminicidio y la violencia que ejercida hacia los familiares de Emma.
 
17/MMAE








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   Investigarán a ex esposo de Emma Gabriela como autor intelectual
   
Amplían investigación por feminicidio de defensora en Yucatán
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/08/2017

Autoridades de Yucatán rechazaron el amparo que interpuso Alberto Medina Sonda, exesposo de la defensora de Derechos Humanos Emma Gabriela Molina Canto, asesinada el pasado 27 de marzo, y por el cual buscaba que no lo vincularan a proceso como autor intelectual del feminicidio de la activista.
 
El Juzgado Quinto de Distrito de Yucatán notificó por escrito a la madre de Emma Gabriela y también defensora, Ligia Canto Lugo, y a su representación legal que negó el amparo interpuesto por Medina Sonda, quien junto a su familia encabezó desde 2014 una campaña de desprestigio y agresiones hacia Emma y Ligia ante la búsqueda de la custodia de sus hijos. 
 
Asimismo, durante una audiencia efectuada el pasado 2 de agosto en el Centro de Justicia Oral de Mérida (Cejom) el juez Segundo de Control a cargo del caso, Luis Edwin Mugarte Guerrero, amplió hasta el 2 de octubre el terminó de la investigación.
 
Esto “para dar oportunidad a que se realicen más diligencias, entre ellas algunas que puedan vincular a la familia de Medina Sonda como autores”,  explicó a Cimacnoticias la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán y acompañándote del caso, Adelaida Salas Salazar.
 
El pasado 27 de marzo Emma Gabriela fue víctima de feminicidio a fuera de su casa y en presencia de sus dos hijas e hijo. Hasta ahora la Fiscalía estatal emitió cuatro órdenes de aprehensión contra los culpables, una para Medina Sonda, dos más dirigidas a los autores materiales y otra para arrestar al tabasqueño César Rogelio Reyes Barrueta, por la coautoría del crimen.
 
Este último reveló que recibió órdenes del empresario Medina Sonda para asesinar a Emma por lo que en abril se le informó que sería investigado como el autor intelectual. El exesposo de Emma Gabriela permanece en prisión en Tabasco cumpliendo una condena de 12 años y 6 meses por operar con recursos de procedencia ilícita durante la administración del priísta Andrés Granier.
 
La ampliación de la investigación se informó luego de que los padres y hermanas de Medina Sonda fueran citados en la Fiscalía General estatal para informales que serían investigados por su posible coalición en el feminicidio, misma que Ligia denunció a esta agencia días después del asesinato de su hija.
 
Ligia Canto expuso que Emma Gabriela expresó días antes que la seguían familiares de su exesposo.
 
Desde 2014 Emma y su madre fueron víctimas de diversas violaciones a sus Derechos Humanos por parte de autoridades al no atender las denuncias que hicieron de las agresiones de Medina Sonda y porque se prestaron a la fabricación de delitos contra las defensoras. Esto derivó en la Recomendación 54/2014 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió a las autoridades de Yucatán, Tabasco y la Ciudad de México, las cuales fueron incumplidas.
 
17/MMAE








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   Altas cifras hacen urgente el decreto para 10 municipios
   
OSC y académicas piden Alerta de Violencia de Género para Yucatán
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/06/2017

Organizaciones civiles y académicas de Yucatán solicitaron que se decrete en la entidad la Alerta de Violencia de Género (AVG) por violencia feminicida, violencia física y violencia sexual en los municipios de Mérida, Progreso, Tizimín, Peto, Umán, Tekax, Ticul, Valladolid, Kanasín y Hunucmá.
 
La solicitud para que se active la AVG en Yucatán fue presentada  el 23 de junio ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a través de un escrito dirigido a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, y a la titular de la Conavim, Alejandra Negrete Morayta, y del cual Cimacnoticias tiene copia.
 
El documento fue suscrito por la representante legal de la organización Ni una más, Clemencia Adelaida Salas Salazar, y las organizaciones Ciencia Social Alternativa, el Centro de Apoyo Solidario, Documentación y Estudio A.C. y Yucatán Feminicida. También se sumaron las académicas Gina Irene Villagómez Valdés y Ligia del Carmen Vera Gamboa.
 
La AVG es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia implementadas para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Actualmente se han admitido 24 solicitudes de la Alerta y se ha declarado en 10 entidades, entre ellas Veracruz, Chiapas, y el Estado de México, de acuerdo a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
 
En Yucatán la AVG se solicitó porque, aseguraron las organizaciones y académicas, en la entidad son sistemáticas las violaciones al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
 
Ejemplo de ello es el caso de la defensora de Derechos Humanos Emma Gabriela Molina Canto, víctima de feminicidio el pasado 27 de marzo y por el cual se acusa a su ex esposo, Alberto Medina Sonda, como de autor intelectual, quien está encarcelado por el delito de operación con recursos ilícitos en Tabasco durante el gobierno del priista Andrés Granier.
 
Emma Gabriela denunció desde 2012 la violencia física y psicológica, la sustracción de sus dos hijas e hijo y el hostigamiento del que fue víctimas ella y su madre, la también defensora, Ligia Canto Lugo, por parte de su exesposo y la familia del mismo.
 
Por ello, en 2014,  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ordenó a las autoridades federales, de la Ciudad de México, de Yucatán y Tabasco garantizar la protección, seguridad e integridad de Emma y su familia. Sin embargo, expusieron las OSC en el documento de solicitud de AVG, “las autoridades nunca hicieron nada para protegerlos”, por lo que el caso es “paradigmático” y refleja “la falta de garantías y protección para las mujeres en el estado de Yucatán”, así como la falta de investigaciones con perspectiva de género.
 
CONTEXTO VIOLENTO
 
De acuerdo con las organizaciones y académicas, urge emitir la Alerta por el contexto de violencia física y sexual que viven las mujeres en el estado, mismo que ocupa el cuarto lugar nacional en violencia contra mujeres casadas o unidas, ya que 47 por ciento de ellas aseguran haber sido violentadas: 26 por ciento han sido víctimas de violencia física y 11 por ciento de violencia sexual, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares.
 
Además, se registran al menos cinco casos de violencia intrafamiliar al día, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la entidad, con datos del 1 enero de 2008 al 31 de diciembre de 2016. En total en ese periodo se registraron 16 mil 404 casos. 
 
En cuanto a la violencia feminicida, las organizaciones han denunciado la falta de cifras oficiales de los casos y  emprendieron desde 2014 una serie de exigencias para que el Congreso local pudiera homologar las causales de investigación consideradas para el delito con las establecidas en el Código Penal Federal. Esto, con el fin de que se dictaminen como feminicidio diversos casos de muertes violentas de mujeres.
 
En Yucatán, de 2008 al 15 de junio de 2017 las organizaciones Yucatán Feminicida el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán documentaron más de 90 muertes violentas de mujeres, 62 de ellas clasificadas como feminicidio.
 
Las solicitantes de la AVG afirmaron que en la entidad las mujeres son también víctimas de violencia institucional porque el Gobierno local generan información “fragmentada e incompleta” sobres los casos de violencia, con lo que incumple las recomendaciones nueve y 12 del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer (Comité CEDAW).
 
Ejemplo de ello es que desde hace nueve años el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán no ha integrado ni implementado el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, previsto en la Ley General del estado.
 
Además, las organizaciones y académicas solicitantes denunciaron que la omisión del Poder Legislativo de Yucatán que, en 2016, eliminó del Código Penal estatal a la violencia sexual de la lista de delitos graves.
 
17/MMAE/GG
 








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   Pendiente incremento de penas y agravar abuso sexual
Yucatán armoniza su Código penal con el federal sobre feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/06/2017
La Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso de Yucatán aprobó que se armonice el Código Penal del estado con el Federal en materia de feminicidio, para lo cual restituyó las cuatro causales previstas para que se investigara el delito y que había eliminado en 2014.
 
“Solo están componiendo algo que hicieron mal”, afirmaron organizaciones civiles de la entidad.
 
Desde el 2012, organizaciones civiles, encabezadas por Ciencia Social Alternativa Kóokay, el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio-Yucatán, y Yucatán Feminicida impulsaron que el feminicidio se investigara como delito grave, lo que fue aprobado hasta 2014. Pero fue ese mismo año cuando el Congreso eliminó cuatro de las siete causales consideradas en el Código Penal Federal
 

Las causales que se reintroducen son: considerar la existencia de un lazo afectivo entre el agresor y víctima; si existieron amenazas previas; si la mujer fue incomunicada previo al crimen, y si su cuerpo fue expuesto en espacios públicos. 
 
Dichas causales deben incorporarse al Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el delito de Feminicidio en el estado para que las autoridades las consideren en las investigaciones de asesinatos de mujeres.
 
De no hacerlo, dijo en entrevista a Cimacnoticias la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán, Adelaida Salas Salazar, casos como el de Emma Gabriela Molina Canto, asesinada frente a su domicilio el pasado 27 de marzo en Mérida, y en donde actualmente se investiga como autor intelectual a su ex esposo Alberto Medina Sonda, corren el riesgo de no ser juzgados como feminicidio. 
 
“Se vuelve obligatorio incorporar estas causales al Protocolo, sin retrasos, porque urgen para acelerar la investigación, por ejemplo, del caso de Gaby. Donde ahora el juez podría sancionar, incluyendo las especificaciones que no están”, explicó Salas Salazar.
 
URGE AUMENTAR PENAS
 
Sin embargo, aún queda pendiente, dijo Salas, que incrementen las penas por feminicidio y se considere el abuso sexual como un delito grave, ambas exigencias de la sociedad civil expuestas desde marzo de este año. 
 
Contó que, desde marzo, representantes de la sociedad civil denunciaron esto ante la Comisión de Equidad de Género, pero las exigencias siguen siendo ignoradas. Por ello organizaciones como el Observatorio y académicas solicitaron hoy a la Cámara de Diputados local una reunión con la Comisión de Equidad Género.
 
La defensora de Derechos Humanos llamó a no ignorar la petición de las organizaciones civiles por aumentar las penas en el delito porque, dijo, hay tres casos emblemáticos en la entidad donde los agresores fueron sentenciados con pocos años de prisión. 
 
Uno es el caso de Martha Eugenia, de 18 años, víctima de feminicidio en 2015, “que cumplía todas las causales previstas en el Código Penal de Yucatán y solo le dieron 35 años”, dijo Adelaida Salas. En otro caso, también juzgado por feminicidio, el agresor se declaró culpable, “por lo que solo fue sancionado con 12 años de cárcel”. Lo mismo ocurrió en el caso de otra mujer asesinada en enero de 2016 y que cumplía con las causales de feminicidio, caso en el cual el individuo se declaró culpable y le dieron seis años de prisión. 
 
De acuerdo con lo informado por el Congreso estatal, elaborarán un plan de trabajo junto con la sociedad civil para avanzar en la incorporación del abuso sexual como un delito grave. “Ignorar su incorporación es sumamente preocupante, toda vez que Yucatán, Campeche y Quintana Roo están en los primeros lugares de violencia sexual infantil”, expresó Salas Salazar. 
 
La defensora sentenció: “Sólo hicieron lo que ya les correspondía, no se tomaron la molestia de proponer algo más en materia de Derechos Humanos de las mujeres. No estamos en la agenda del Congreso, hasta que empiecen las elecciones seguro nos buscarán”.
 
17/MMAE/GG
 







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   Alberto Medina podría usar sus influencias políticas: Ligia Canto
Fiscales de Yucatán se niegan a investigar a familia de feminicida
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/05/2017
Autoridades de Yucatán no quieren investigar a la familia del empresario Alberto Medina Sonda como inculpada en el feminicidio de Emma Gabriela Molina Canto. Él está acusado de ser autor intelectual del crimen y sobre su familia hay antecedentes que demuestran su complicidad en las agresiones que cometió el empresario contra la defensora de Derechos Humanos, contra sus dos hijas e hijo, y contra Ligia Canto Lugo, madre de Emma. 
 
Eso denunció la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio- Yucatán y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, en entrevista con Cimacnoticias. Explicó que Ligia Canto ya solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que se investigue a la familia de Medina Sonda, ex esposo de Emma Gabriela, sin embargo, dijo: “Tres fiscales encargados de delitos de alto impacto del estado se reunieron con ella para decirle que no hay elementos suficientes para investigar a la familia”.
 
Desde 2012, cuando Emma Gabriela comenzó el proceso de divorcio con Alberto Medina y la búsqueda de la custodia de sus hijas e hijos, ella, los menores de edad y su madre fueron constantemente agredidas por la familia de Medina Sonda, según ha denunciado Ligia Canto Lugo.
 
Canto Lugo expuso previamente a Cimacnoticias que desde que la juez Sandra Beatriz Bermejo Burgos nombró, el 18 de octubre de 2012, como tutores de los menores a Juana María Sonda Herrera y Julio Alberto Medina Gurubel, madre y padre de Medina Sonda, “no verificaron en dónde los tendrían, ignoraron que su familia no eran las personas idóneas para tener a los menores”.
 
Ejemplo de ello, dijo, fue que los tutores “pusieron a mis nietos sobre sus hombros y corazones la responsabilidad de los actos de Medina Sonda”; ellos les repetían “Por culpa de su mamá, su papá está en la cárcel, si ustedes dicen que quieren estar con su mamá, él se va a quedar ahí”.
 
De acuerdo a Adelaida Salas, pese a que Ligia Canto ha entregado pruebas suficientes de antecedes de agresiones hacia Emma Gabriela y sus hijos por parte de Medina Sonda y su familia, “le aseguran que no pueden investigarla”, pese a que “Ligia Canto les ha dado a las autoridades todo para vincularlos, notas periodísticas, amparos y todos los registros de la violencia que él y su familia ejerció sobre Emma Gabriela”.
 
Actualmente Medina Sonda está preso en Tabasco acusado por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita en esa entidad durante la administración del priista Andrés Granier, sin embargo, apeló la sentencia de 12 años 6 meses que debería cumplir. Además, se le otorgaron 2 años de prisión preventiva para que continué la investigación en su contra por el delito de feminicidio de Emma Gabriela, efectuado el pasado 27 de marzo en Mérida Yucatán.
 
“Los fiscales del estado ya se sentaron y no quieren investigar nada sobre la familia de Medina”, denunció Salas Salazar. “(Las autoridades) ignoran los recursos con los que él cuenta, tantos como para fabricar delitos”, dijo la Defensora para referirse a los arrestos que Emma Gabriela y Ligia Canto sufrieron respectivamente de 2012 a
2014 por falsas acusaciones de robo de una camioneta y falsificación de tarjetas bancarias.
 
 
En ambos casos demostraron su inocencia y en 2014 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó en la recomendación 54/2014, que los arrestos fueron muestra de violencia institucional, por la participación de funcionarios de Yucatán, Tabasco, Ciudad de México y de la PGR.
 
JUSTICIA EN DUDA
 
De acuerdo a Salas Salazar la exigencia de Ligia Canto porque se investigue también a la familia de Medina Sonda no es aislada “se sabe de los recursos de ese señor y le preocupa que, de nuevo, utilice sus relaciones con funcionarios para encontrar la forma de liberarse”.
 
Tan solo durante el primer juicio de vinculación de Medina Sonda para el delito de feminicidio, efectuado el pasado 21 de abril, Canto Lugo denunció la existencia de conflictos de interés y solicitó, a través de un comunicado recibido por la FGE ese día y el cual está en manos de esta agencia, que se removiera al defensor particular del empresario, Edier Josué Pech Farfán.
 
Lo anterior porque, cuando se le nombró como defensor, se ignoró que efectuaba el cargo de Fiscal Investigador Titular de las Agencias Investigadoras Mixta Tres, la Décima Primera y la Trigésimo Quinta, entre otras en Yucatán, cuando en el artículo 60 de la Ley de la FGE se establece que ningún servidor de la Fiscalía puede "puede ejercer la abogacía, sino en causa propia".
 
Un día después la FGE anunció el despido y el cese en la defensa de Medina Sonda de Pech Farfán quien, de acuerdo a lo reportado por medios yucatecos, durante el juicio del 21 de abril declaró que fue contactado por un familiar del acusado para asesorarlo en su defensa.
 
17/MMAE/GG







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   Urge que Congreso local legisle ya, reclaman OSC
Código Penal de Yucatán debe homologarse con Federal para juzgar feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/05/2017

En Yucatán, de 2008 a 2016 se registraron 57 casos de feminicidio, pero la falta de homologación de causales entre el Código Penal estatal con el Federal no permite que se investigue con  celeridad ni que se sancione con las penas correspondientes al delito de feminicidio, denunciaron organizaciones civiles.
 
Una de las causales que el Código Penal de la entidad ignora es “la existencia de una relación sentimental afectiva o de confianza entre el activo y la víctima”, esto pese a que en la mayoría​ de los casos de feminicidio, de 2008 a 2016, existía una relación entre las dos partes: cinco de cada 10 casos los cometieron hombres que vivían​ con la víctima y siete de cada 10 eran personas conocidas por ellas.
 
Tampoco contempla si la mujer fue incomunicada, o si hubo amenazas relacionadas con el hecho, o acoso en contra de la víctima, o “si su cuerpo fue exhibido en un lugar público”.
 
Estos factores son los que  han causado el retraso, por ejemplo, en la investigación del feminicidio de la defensora de Derechos Humanos Emma Gabriela Molina Canto, asesinada frente a su casa el pasado 27 de marzo, delito por el que actualmente se investiga como autor intelectual a su ex esposo Alberto Medina Sonda.
 
Eso afirmó la directora del Observatorio Nacional del Feminicidio - Yucatán, Adelaida Salas Salazar, en entrevista con Cimacnoticias. “Ligia Canto -madre de Emma Gabriela- sigue entregando pruebas a la Fiscalía del Estado para que el caso se investigue como feminicidio, pero también es trabajo del Congreso Estatal, deben legislar para considerar las causales que faltan en el Código Penal”.
 
Para Salas Salazar, el problema radica en que “las mujeres no están en la agenda del Congreso yucateco”.
 
El delito de feminicidio del Código penal yucateco “no responde del todo a la problemática que enfrenta el estado”, señaló en entrevista el coordinador de Investigación de  la organización Yucatán Feminicida, Efraín Tzuc Salinas, y añadió que no homologar las causales significa “la violación a los Derechos Humanos de las mujeres, porque se evita la implementación de los acuerdos internacionales y nacionales que los protegen”.
 
Desde 2014 se reformó el Código Penal yucateco y el feminicidio se incorporó a los delitos graves, sin embargo, la modificación también representó un retroceso en términos de armonización legislativa al eliminar las causales mencionadas, denunciaron Salas Salazar y Tzuc Salinas.
 
Por ello, desde el 25 de noviembre de 2016 las organizaciones Ciencia Social Alternativa Kóokay, el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio-Yucatán, y Yucatán Feminicida, han exigido a través de pronunciamientos, reuniones con integrantes del Congreso y una carta pública al gobernador, Rolando Zapata Bello, que se homologue el delito de feminicidio del Código Penal de Yucatán, con el Federal.
 
Al hacerse, mencionó Salas Salazar, tendría que reformarse el Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el delito de Feminicidio, vigente desde marzo de 2016 mediante el Acuerdo FGE 06/2016, y los agentes ministeriales contarían con más elementos para investigar los homicidios de mujeres como feminicidio.
 
Grupos de la sociedad civil de Yucatán también han definido como una simulación la actuación de las autoridades en materia de feminicidio. Ejemplo de ello es su inconformidad por la integración del Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el delito de Feminicidio, creado a la par del Protocolo, del que, aseguran, son parte organizaciones sin experiencia en la prevención, atención e investigación de la violencia feminicida.
 
De acuerdo con el informe “Estado del Feminicidio en Yucatán, 2008-2016” en ese periodo se registraron 90 muertes violentas de mujeres, 57 con elementos característicos de los casos de feminicidio, sin embargo, solo hubo una sentencia condenatoria por este delito.
 
17/MMAE/GG








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   Logro de OSC de Yucatán que se procese por esa causa
Alberto Medina será juzgado por feminicidio agravado contra Emma Gabriela
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/04/2017

El ex funcionario de Tabasco, Alberto Medina Sonda, fue vinculado a proceso penal como coautor directo del delito de feminicidio agravado cometido contra la defensora de Derechos Humanos, Emma Gabriela Molina Canto, informó el Poder Judicial de Yucatán.

En la audiencia realizada el 24 de abril en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM) el juez a cargo del caso, Luis Edwin Mugarte Guerrero, dictó que hay pruebas suficientes para investigar a Medina Sonda como autor del presunto feminicidio de Emma Gabriela, cometido el pasado 27 de marzo en Yucatán, Mérida.

Con ello, la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) continuará con la investigación sobre el caso, informó el Poder Judicial de Yucatán a través de un comunicado y confirmó la representante en esa entidad del Observatorio Nacional del Feminicidio y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, en entrevista con Cimacnoticias.

El empresario, actualmente recluido en Tabasco por usar recursos de procedencia ilícita, presenció la audiencia a través de videoconferencia desde el centro de Justicia del Sistema Penal de ese estado.

En la audiencia, el juez Mugarte Guerrero dictó prisión preventiva de un año para el acusado y estableció un plazo de cuatro meses para que la FGE recabe más pruebas.

Salas Salazar definió la decisión de juzgar el caso de esta forma como un “logro de las organizaciones sociales en Yucatán” por las demandas que han hecho para que el delito de feminicidio se sancione e investigue como un delito grave, según establece el Artículo 13 del Código Penal de Yucatán.

Sin embargo, dijo, aún es necesario presionar a las y los diputados para que legislen en favor de la homologación de los elementos para juzgar como feminicidio presentes en el Código de Yucatán y el Federal para que no sea un elemento que intervenga en la acusación de Medina Sonda.

Las organizaciones Ni Una Más-Yucatán, Ciencia Social Alternativa "Kóokay", el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán, el Centro de Apoyo Solidario Documentación y Estudio y Yucatán Feminicida demandaron desde noviembre de 2016 que el Congreso del Estado de Yucatán realice las modificaciones necesarias para que el delito de feminicidio se investigue correctamente.

Lo anterior, porque en el Código Penal de Yucatán se ignoran cuatro causales presentes en el Código Federal, entre ellas considerar la existencia de una relación sentimental afectiva o de confianza entre el activo y la víctima, si hay datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho o acoso en contra de la víctima; también si esta fue incomunicada y si su cuerpo fue exhibido en un lugar público.

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ESTADOS
VIOLENCIA
   Ligia Canto aporta pruebas para castigarlo por feminicidio
Juzgarán a Alberto Medina como autor intelectual del asesinato de Emma Gabriela
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/04/2017

El ex funcionario de Tabasco, Alberto Medina Sonda, será juzgado como autor intelectual del asesinato de su ex esposa Emma Gabriela Molina Canto, cometido el pasado 27 de marzo en Mérida, Yucatán. El proceso judicial en su contra comienza hoy, sin embargo no será juzgado por feminicidio.
 
La audiencia de imputación de Medina Sonda, actualmente preso en Tabasco por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que cumple  una condena de 12 años 6 meses, se realizará a través de una videoconferencia entre las 17:00 y 19:00 horas, cuando elementos policiales de Tabasco trasladen al inculpado al centro de Justicia del Sistema Penal de Tabasco.
 
La Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) ejecutó una orden de aprehensión contra Medina Sonda luego de la solicitud del juez Luis Edwin Mugarte Guerrero.
 
Así lo informó el fiscal Ariel Aldecua Kuk, según  medios tabasqueños, y confirmó en entrevista para Cimacnoticias la defensora de Derechos Humanos y madre de Emma Gabriela, Ligia Canto Lugo, quien aseguró que no cesará su insistencia porque se investigue también a la familia de Medina Sonda como autores.
 
INVESTIGACIÓN COMO FEMINICIDIO
 
Pese a que la FGE aseguró el pasado 1 de abril que los implicados en el asesinato de Emma Gabriela serían sujetos a proceso penal por el delito de feminicidio, el juez Murgarte Guerrero no encontró los elementos necesarios para emitir sentencia a los actualmente presos por homicidio agravado, Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla, ejecutores del crimen, y Rogelio Reyes Barrueta, identificado como coautor.
 
CÓDIGO PENAL INSUFICIENTE
 
Canto Lugo afirmó que la línea para juzgar no continuó así, porque el Código Penal de Yucatán “es muy limitante, estrecho y castrante en cuanto a la justicia para las mujeres, especialmente en el delito de feminicidio”.
 
La representante en Yucatán del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Adelaida Salas Salazar, explicó en entrevista que actualmente en el Código Penal del estado se ignoran elementos esenciales para que un homicidio se juzgue como feminicidio y que sí contempla el Código Penal Federal.
 
Por ejemplo, explicó, la situación de relación “sentimental, afectiva o de confianza” entre la víctima y el victimario, la incomunicación de la víctima previa al asesinato, la exhibición del cuerpo de la víctima y existencia de datos sobre violencia previa.
 
En el caso de Emma Gabriela “los elementos no se tuvieron, por el retraso de la legislatura local que desde 2014 está en desacato. Las mujeres no estamos en la agenda del Congreso del Estado. Los diputados no han homologado el Código Local con el Federal respecto al delito de feminicidio y todas las causales no están completas”, denunció Salas Salazar.
 
Salas Salazar informó que tras la vinculación de Medina Sonda, la madre de Emma entregará los probatorios de “toda la violencia que Medina ejerció mientras ella buscaba la custodia de sus hijos”, para que se integren a las carpetas de investigación y el juez pueda rectificar y juzgar el caso feminicidio.
 
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