NACIONAL
VIOLENCIA
   Publicada en el DOF, entra en vigor mañana
Ley sobre tortura debe aplicarse sin estereotipos de género
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/06/2017 A partir de mañana entrará en vigor la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la cual dice que la prevención, sanción y reparación de este delito debe ser libre de estereotipos de género.
 
Este 26 de junio, Día internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de Tortura, esta ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación, pero organizaciones defensoras de los Derechos Humanos advierten que la norma contribuirá a la erradicación de la tortura sólo en la medida en que sea plenamente implementada y cumplida por las autoridades correspondientes.
 
Con la nueva Ley, este delito se investigará y perseguirá de oficio o por denuncia o vista de autoridad judicial, y se establece una pena de 10 a 20 años de prisión y de 500 a mil días de multa al servidor público que cometa está práctica, sanción que aumentará hasta en la mitad cuando la víctima sea niña, niño o adolescente, mujer gestante, persona con discapacidad o haya violencia sexual, entre otras condicionantes.
 
Un informe elaborado por la Red Nacional de Peritos y Expertos Independientes Contra la Tortura indica que, en una muestra de casos, el 22 por ciento de las víctimas fueron mujeres; el 65 por ciento de los torturadores fueron policías, 15 por ciento eran policías con Ministerios Públicos, en 57 por ciento de los casos la tortura se practicó en vía pública y en 31 por ciento en el domicilio del sobreviviente de tortura.
 
De acuerdo con organizaciones como Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, los Centros de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), este crimen pude ser considerado, en ciertas circunstancias, un crimen de lesa humanidad.
 
Ante la vigencia de esta práctica, las organizaciones emitieron un comunicado donde señalan que por ninguna razón debe ser tolerada y donde exponen que la ley contribuirá a la erradicación de la tortura sólo en la medida en que sea plenamente implementada y cumplida por las autoridades correspondientes.
 
DENUNCIAS Y RECOMENDACIONES
 
Los colectivos indican que tan sólo del 2007 a finales del 2016, se presentaron más de 7 mil 695 quejas por tortura en las comisiones estatales de Derechos Humanos y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Si se incluyen las quejas calificadas como tratos crueles, inhumanos y degradantes, el total aumenta a más de doce mil quejas anuales en años recientes.
 
En el mismo periodo, la CNDH ha emitido al menos 144 recomendaciones en donde se aprecian actos de tortura, que involucran a 730 víctimas.
 
La tortura documentada por las organizaciones civiles va desde las amenazas y golpes, hasta choques eléctricos, asfixia con bolsas de plástico y en muchas ocasiones violencia sexual. Por su parte, en los últimos años la Procuraduría General de la República (PGR) registra más de 2 mil averiguaciones y ahora carpetas de investigación por tortura al año.
 
Las asociaciones civiles instaron al Estado mexicano a priorizar la plena implementación y aplicación de la nueva Ley General, y en particular, a investigar, procesar y sancionar a todos los responsables de cometer tortura, incluyendo a aquellos que la ordenen o toleren.
 
Asimismo llamaron a garantizar la exclusión de cualquier prueba fabricada u obtenida bajo tortura; a reparar a las víctimas; y a tomar todas las acciones necesarias para poner fin a esta práctica; así como generar diagnósticos confiables de la situación de la tortura en el país, a fin de construir herramientas de política pública certeras para erradicar el delito en México y la impunidad en torno a ella.
 
Los casos de tortura sexual también han sido documentados: por ejemplo, en 2016 Amnistía Internacional publicó el informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de Mujeres y fuerzas armadas en México” que documenta cien casos; mientras que en 2014 las once mujeres sobrevivientes de los operativos policiacos de 2006 en Atenco, Estado de México, lanzaron la campaña “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”.
 
17/AGM/GG







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Avanzó en lactancia materna, madres solteras y tortura
San Lázaro deja pendientes reformas sobre NOM 046 y violencia política de género
Imagen retomada del facebook de la Cámara de Diputados
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/04/2017 Durante el segundo periodo ordinario de sesiones, que concluyó este 28 de abril, la Cámara de Diputados aprobó reformas en materia de lactancia y maternidad de las trabajadoras, asistencia social a madres solteras y la expedición de una ley de tortura, pero dejó pendiente reconocer en la ley la violencia política de género.
 
En este periodo de sesiones, que comenzó en febrero y concluyó en abril, se aprobaron reformas en favor de los derechos de las mujeres, entre ellas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley Federal de Trabajo y la Ley de Asistencia Social.
 
Las legisladoras federales, que conforman el 425.6 por ciento de la Cámara baja, junto con sus compañeros, también avalaron la expedición la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que considera las particularidades de las víctimas mujeres.
 
Sin embargo la propuesta que no avanzó fue la de incorporar la NOM 046 a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reforzar la obligación de prestadores de salud de garantizar la anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo a las víctimas de violación sexual.
 
Tampoco se avalaron las reformas a las leyes generales en materia político electoral para incorporar el concepto de violencia política de género, toda vez que estas modificaciones debieron ser avaladas por la Comisión de Gobernación y la Comisión de Igualdad de Género pero sólo la primera la aprobó.
 
REFORMAS APROBADAS
 
En materia de género se aprobó una reforma al Artículo 12 de la Ley de Asistencia Social para decir que se entiende como servicio básico en materia de asistencia social el apoyo a mujeres en periodos de gestación o lactancia y madres solas que tengan hijos menores de 18 años, con especial atención a adolescentes en situación de vulnerabilidad.
 
La reforma, que aún debe ser ratificada por el Senado, tiene el fin de que estas mujeres puedan beneficiarse de los programas sociales. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 10.1 de las mujeres de 12 años y más, con al menos un hijo, son viudas; 8.44 son separadas y 2.8 por ciento están divorciadas.
 
Otra reforma que se aprobó en San Lázaro fue una minuta para precisar, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que la violencia laboral también es negar las oportunidades de ascenso a las mujeres, así como exigirles la presentación de certificados médicos de no embarazo.
 
Uno de los argumentos de las y los legisladores es que la Encuesta sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2011, realizada por el Inegi, señala que una de cada cinco mujeres ocupadas de 15 años y más, es decir 20.6 por ciento, declaró haber tenido al menos un incidente de discriminación laboral.
 
También en materia laboral se reformaron los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo; y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para las trabajadoras embarazadas puedan distribuir sus 12 semanas de descanso antes y después del parto y  tengan la opción de reducir una hora laboral para amantar a su hijo. 
 
En otro dictamen se reformó el Artículo 25 de la Ley General de Acceso, a fin de establecer que la Secretaría de Gobernación (Segob) también notifique a los ayuntamientos sobre las declaratorias de Alerta de Violencia de Género.
 
La Cámara de Diputados además aprobó la expedición de una ley general en materia de tortura, que establece una pena mayor si la víctima fue sometida a cualquier forma de violencia sexual y señala que los dictámenes para acreditar el delito deberán ser realizados por peritos mujeres en caso de que la víctima sea mujer, entre otras consideraciones.
 
PENDIENTES LEGISLATIVOS
 
El tema que quedó pendiente fue una reforma a la Ley General de Acceso para incorporar la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046), que contempla la anticoncepción de emergencia y el aborto en casos de violación sexual, una propuesta avalada en la Comisión de Igualdad de Género y que pasó al pleno pero fue retirada en tres ocasiones por “no tener consenso”.
 
En este tema las legisladoras del Partido Acción Nacional e integrantes de asaciones civiles como Pasos por la vida se manifestaron en contra de la aplicación de la NOM-046; mientras que legisladoras de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática, en su mayoría, apoyaron la propuesta.
 
A pesar de que la NOM 046 no se incorporó a la Ley General de Acceso, los prestadores de salud siguen obligados a ofertar la anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo a las víctimas de violación sexual, ya que esta norma es una política de aplicación nacional.
 
El segundo pendiente legislativo fue avalar la minuta que envió el Senado para definir el concepto de violencia política de género como “la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al Pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público”.
 
Esta definición, que se incluiría en cinco leyes generales, fue avalada en la Comisión de Gobernación, pero no en la Comisión de Igualdad de Género, por lo que no se presentó ante el pleno, por lo que podría retomarse en el siguiente periodo de sesiones en agosto próximo.
 
17/AGM/GG







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Con agravantes si se comete contra niñez y mujeres embarazadas
Aprueban Ley sobre Tortura en San Lázaro y la envían al Senado
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/04/2017 El pleno de la Cámara de Diputados ayer aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que contempla agravantes en caso de que la víctima sea menor de edad, una mujer embarazada o sobreviviente de violencia sexual.
 
Con 417 votos a favor, el pleno aprobó la minuta enviada por el Senado pero hizo modificaciones, por lo que el proyecto fue regresado a la Cámara alta para su ratificación. La Ley debió estar lista desde el pasado 5 de enero, fecha en que se cumplió un año del límite establecido por el Congreso de la Unión para expedirla.
 
Una vez que se avale esta ley –y se derogue la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1994– entrarán en vigor nuevas consideraciones, por ejemplo: la tortura será un delito que no prescribe; se investigará de oficio o a petición de las partes y se crearán fiscalías especializadas para investigar en el ámbito local y federal.
 
Esta Ley haría frente a la tortura, una práctica que en las mujeres se caracteriza por la violencia sexual, como asegura el informe de Amnistía Internacional  “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, que documentó 100 casos de tortura hacia mujeres.
 
PENAS DIFERENCIADAS
 
La minuta avalada en San Lázaro prevé penas diferenciadas, dependiendo de si la conducta delictiva la comete un servidor público o no, y aumentará hasta en una mitad cuando se cometa contra poblaciones en vulnerabilidad como niñas, niños, adolescente, mujeres gestantes, personas con discapacidad o adultas mayores.
 
También se establece una pena mayor si la víctima fue sometida a cualquier forma de violencia sexual; si es migrante, afro descendiente, indígena, periodista o se trata de una persona defensora de Derechos Humanos o cuando la tortura sea motivada por la identidad de género u orientación sexual de la víctima.
 
Adicionalmente en el tema de investigación se establecen reglas especiales para considerar la calidad de la víctima y las situaciones particulares a la hora de realizar los dictámenes periciales. Por ejemplo, estos dictámenes deberán evitar la revictimización y se realizaran en compañía de los padres si se trata de menores de edad.
 
Los dictámenes para acreditar la tortura deberán realizaran en lugares seguros, salubres, que garanticen la privacidad de la persona, de preferencia con peritos mujeres en caso de que la víctima sea mujer o menor de edad y en casos de violencia sexual habrá asistencia médica con especialistas en ginecología, quien debe ser del mismo sexo de la víctima.
 
Estos procedimientos deben realizarse con base en los principios establecidos en los protocolos con perspectiva de género en la materia. El dictamen señala que se debe garantizar la plena igualdad al valor probatorio de dictámenes aportados por peritos independientes, incluso se prevé la negativa de aceptar peritajes que no cuenten con el consentimiento informado de las víctimas.
 
TENTATIVA
 
La tortura también podrá perseguirse en grado de tentativa, es decir, cuando el agresor inicie su ejecución sin que se consume o cuando un sujeto ordene cometer el delito pero no se lleve a cabo por causas ajenas a su voluntad. Además este delito podrá investigarse de oficio o a petición de las partes.
 
La nueva Ley considera la exclusión o su nulidad de la prueba en un proceso si fue obtenida mediante tortura o por cualquier otra violación a derechos humanos en cualquier etapa del procedimiento y el juez deberá dar vista a la Fiscalía Especializada con el objetivo de que se inicie la investigación por el delito.
 
En materia de prevención, la minuta establece la Creación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el Mecanismo Nacional de Prevención; y del Registro Nacional de este delito.
 
Cabe decir que organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, como los Centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Tlachinollan; Zeferino Ladrillero y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, exigieron al Congreso tomar en cuenta las recomendaciones internacionales para prevenir, investigar y sancionar este crimen.
 
Agrupaciones civiles aseguran que hay una falta de cifras pero los organismos de Derechos Humanos han constatado la gravedad del problema. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los organismos públicos de DH registraron 3 mil 195 y 3 mil 20 presuntas violaciones por tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes durante el año 2013 y 2014, respectivamente.
 
La Cámara de Diputados informó que de acuerdo con la Procuraduría General de la República, hasta abril de 2015 contaba con 2 mil 420 investigaciones en trámite sobre tortura. Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Estado registra 15 sentencias condenatorias por casos de tortura desde 1991.
 
17/AGM/GG
 







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