Conavim

ESTADOS
VIOLENCIA
   Gobernación pide a juzgado terminar con proceso judicial
Amplían pruebas por amparo contra Segob por AVG en Cajeme
Imagen de Silvia Núñez Esquer
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/11/2017

La asociación civil Alternativa Cultural por la Equidad de Género (ACEG) peticionaria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, en Sonora, acudió este 7 de noviembre al Juzgado Séptimo de Distrito del Poder Judicial Federal con sede en la entidad, para aportar evidencias de que la Secretaría de Gobernación (Segob) omitió proteger la vida de las sonorenses al no declarar la Alerta.

El 7 de junio de 2017 la organización ACEG interpuso un amparo indirecto en el Juzgado Séptimo en contra de la Segob por demorarse más de dos años para resolver la solicitud de AVG que hicieron en mayo de 2015 para la localidad de Cajeme y por transgredir el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), al otorgar prórrogas a los gobiernos estatales para que cumplan con las recomendaciones que den los Grupos de Trabajo.

En este caso, en septiembre de 2016, la Segob dio un plazo adicional de seis meses para que el estado cumpliera las 12 observaciones de las expertas.

Esta dilación de Segob para dar respuesta a la AVG resulta violatoria a los “Derechos Humanos, acceso a la justicia, y dignidad de las mujeres” pues no garantiza “la paz social y la protección de la vida y libertad de la población femenina”, denunció la agrupación civil en el amparo del cual Cimacnoticias tiene copia.

A pesar del amparo, el pasado 4 de agosto la Segob negó la Alerta para Cajeme argumentando que “no había elementos objetivos suficientes de violencia” que permitieran proseguir con su declaratoria y porque el gobierno estatal estaba haciendo un esfuerzo para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo.

Las integrantes de ACEG, también señalaron como responsables de la dilación a la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete Morayta; y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, por ser las instituciones responsables del funcionamiento de la AVG.

SEGOB PIDE DETENER JUICIO DE AMPARO

En tanto, la Segob pidió el pasado 4 de septiembre al Juzgado Séptimo, que terminara con el proceso judicial en su contra (con número 640/2017)  porque “no son ciertos los actos” que denuncia la organización civil -señala en el documento del que tiene copia esta agencia- y enumeró las acciones que realizó el gobierno de Sonora.

Argumentó que el amparo no procede porque una eventual sentencia en su contra obligaría a la Secretaría no sólo a reparar el daño a la persona que impulsó el amparo, sino a la población de Sonora en general, situación que violenta el principio de relatividad de las sentencias, es decir, que únicamente se ocupan de quien denuncia.

Para continuar con el proceso, el Juzgado Séptimo citó este 7 de noviembre a las activistas de ACEG, con el objetivo de ampliar la demanda y aportar nuevas evidencias que sustenten los niveles de violencia feminicida, desapariciones de niñas, jóvenes y mujeres en Cajeme, informó en entrevista la integrante de la asociación, Leticia Burgos Ochoa.

Entre las pruebas, dijo la defensora de DH, presentaron el registro hemerográfico de 55 casos de feminicidio ocurridos en Cajeme desde septiembre de 2016, cuando Segob amplió el plazo de cumplimiento al gobierno encabezado por Claudia Pavlovich Arellano, al 28 de octubre de 2017.

Las víctimas de feminicidio reportadas tienen entre 17 y 35 años de edad y 2 eran niñas; mientras de las 11 mujeres reportadas como desaparecidas, se localizaron 7 sin saber las condiciones en las que fueron presentadas, ni los responsables, precisan los registros.

Asimismo las integrantes de ACEG realizaron un informe en que el analizaron cada una de las recomendaciones que no cumplió el gobierno de Claudia Pavlovich, y presentaron declaraciones del jefe municipal de Cajeme, Fausto Félix Chávez, en las que reconoce ante medios de comunicación los altos niveles de violencia en la localidad y la descoordinación de los tres poderes que conforman el Estado para atenderla.

Con estos aportes, precisó Burgos Ochoa, las activistas esperan que el Juzgado cuente con los elementos suficientes para resolver el amparo a su favor y ordene a la Segob decretar la AVG en el municipio de Cajeme, aunque aún no se sabe cuándo podrían obtener una sentencia.

Cabe mencionar que no es la primera vez que las organizaciones civiles recurren a amparos judiciales para que la Secretaría acepte los niveles de violencia feminicida y declare las Alertas. El caso emblemático es el Estado de México donde las agrupaciones feministas emprendieron un proceso jurídico de cinco años que culminó en la aceptación del amparo que ordenó activar la Alerta en la entidad en 2015.

Actualmente, en Veracruz la asociación Equifonía, también presentó un amparo derivado del incumplimiento del estado por no seguir las recomendaciones del Grupo de Trabajo encargado de atender la AVG por Agravio Comparado. 

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ESTADOS
   Ley no precisa qué instancia debe realizar asignación presupuestal
Pide CNDH transparentar recursos para AVG
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/10/2017

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a los gobiernos locales a transparentar los recursos asignados para implementar la Alerta de Violencia de Género (AVG) toda vez que existen casos en donde se asignó dinero específico para ello, y en otros, si bien no existe un recurso, sí cuentan con un presupuesto para implementarla.

Así lo destaca en su “Diagnóstico como integrante de los Grupos de Trabajo que dan seguimiento a los procedimientos de la AVG” presentado hoy, en el cual revisó en qué fases están las AVG, los retos para su implementación y los recursos destinados para ello.

En el reporte, la CNDH señala que los estados deben planear, solicitar y ejercer con transparencia el presupuesto para fortalecer la AVG. 

La Comisión hizo una recopilación de los informes entregados por los gobiernos locales a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), encargada de hacer funcionar la AVG, y encontró que durante los últimos tres años (de 2016 a 2018) se designó en el Presupuesto de Egresos de la Federación, anexo 13, dedicado a la Igualdad entre mujeres y hombres, de un total de 81 mil millones de pesos (mdp), únicamente tres por ciento (2 mil 400 mdp) al rubro de la prevención, atención y sanción de la violencia de género.

De este monto (3 por ciento) el informe no detalla cuánto dinero se otorgó a las AVG, aunque en la página de la Conavim, ésta señala que en 2017 asignó 27 millones 992 mil 357 pesos a seis estados con AVG: el Estado de México, Chiapas, Nuevo León, Morelos, Michoacán, y Veracruz.

La situación se agrava, indica la CNDH, pues el Artículo 23, fracción cuarta, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) no explica cómo y qué nivel de gobierno debe realizar la asignación presupuestal de la AVG.  

Sólo expresa que se le debe “asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres”, sin dar mayores especificaciones del procedimiento. 

El recurso asignado a las AVG es más preocupante en el ámbito local, precisa la CNDH en el diagnóstico, pues en la práctica han observado que la mayoría de las entidades con procedimiento de Alerta no prevén un presupuesto para prevenir la violencia de género, y las instituciones dedicadas a atenderla (Institutos de las Mujeres, Centros de justicia, entre otras) reciben en su mayoría presupuesto federal del Anexo 13. 

La CNDH advirtió que la falta de recursos no debe ser una excusa o condicionante de los gobiernos para cumplir con la tareas de la AVG y recordó que en 14 entidades donde ya hay un informe del Grupo de Trabajo, se recomendó “etiquetar mayor presupuesto a la atención y procuración de justicia en situación de violencia, tanto estatales como municipales”. 

Cabe recordar que de las 28 solicitudes de AVG en 12 entidades ya se decretó (Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit); 9 estados esperan la decisión de la Segob para conocer si se emitirá; y en 7 se decidió no declararla (Querétaro, Tlaxcala, Sonora, Puebla ,Tabasco, Baja California y Guanajuato). 

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OPINIÓN
   MUJER SONORA
   
Alertas que sirven. Sonora y la AVG
Imagen de Silvia Nuñez Esquer
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 12/07/2017

El que Sonora haya hecho del proceso de la Alerta de Género una vacilada, no significa que las alertas de género no sirvan. Dos años para atender la solicitud y una prórroga sin fundamento, son muestras de ello.
 
El mecanismo creado como algo muy novedoso en 2006 en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México, vislumbraba lo que venía: un incremento en la violencia feminicida, pues ya había evidencia de que no solo en Chihuahua se disponía de la vida de las mujeres, sino en todo México.
 
Y es que esa ley vanguardista en su momento también pensó en la AVG como una protección y un límite, después del cual pararían las muertes violentas de género contra las mujeres.
 
Pero también quienes la hicieron, pensaron en el resguardo de la integridad individual al introducir las órdenes de protección como un mecanismo amplio de urgencia para salvaguardar la vida de las mujeres que estuviera en riesgo de feminicidio.
 
Ninguno de los dos ha funcionado. Pero no por sí mismo, ni porque estén mal diseñados. El problema ha sido la forma en que se han interpretado y manoseado.
 
Visto como una fuente de posibilidades de obtener beneficios políticos, mercantiles y de posición de fuerza entre los grupos internos de los partidos que gobiernan, lo último en lo que se piensa es en las mujeres, candidatas a ser asesinadas. En las preasesinadas.
 
Si habláramos en términos religiosos –lenguaje adoptado por personas políticas- es un pecado el no haber aprovechado los mecanismos de ley, para evitar que murieran más mujeres.
 
Todos los casos de feminicidio ocurridos después de que a través de las solicitudes de AVG se ha advertido por parte de la sociedad civil de que la violencia feminicida se ha recrudecido, pasan a ser responsabilidad del Estado.
 
Ningún gobernador o gobernadora puede criticar el mecanismo de AVG, si no ha hecho nada para tomar los beneficios que éste tiene para que las mujeres no sigan muriendo a manos del machismo brutal.
 
La Alerta de género no solo es un aviso de que en ese territorio se ha incrementado la incidencia de feminicidio, y de actos feminicidas en grado de tentativa –por el momento- que anuncian más muertes. Es también la única posibilidad que tienen las instituciones para demostrar que las vidas de las mujeres y las niñas les importan.
 
A pesar del fondo específico etiquetado para operar las alertas de género que han sido declaradas, cuya convocatoria la abrió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) el 26 de diciembre de 2016, los gobiernos insisten en lamentar que “no existen recursos para las alertas”.
 
Pero en Sonora no solo se repite esta afirmación imprecisa. El gobierno del estado tenía conocimiento de que los municipios de Cajeme y Hermosillo se encuentran entre los cincuenta de más riesgo en México, y dejó crecer la violencia.
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2107, publicado el 30 de noviembre de 2016, se destinan 5 mil millones de pesos para el Fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso, las entidades federativas (Fortaseg 2017).
 
El Fortaseg  enlistó los 50 municipios de mayor riesgo y los cuales deberían ser atendidos con perspectiva de prevención. Ahí figuran Hermosillo y Cajeme.
 
El 1 de enero de 2017, emitió los lineamientos para el otorgamiento del subsidio en materia de seguridad pública a quienes ejerzan de manera directa o coordinada la función.
 
Tema prioritario en el decreto son la capacitación y certificación de las policías, así como el fortalecimiento del Sistema de Justicia Oral. La bolsa concursable era de 5 mil millones de pesos.
 
Someterse a un riguroso proceso de transparencia y rendición de cuentas, es decir hay que presentar proyectos, no solo recibir recursos en forma discrecional. La parte de la fiscalización y auditoría es lo que a muchas instituciones no les gusta.
 
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer los 300 municipios que cuentan con características de riesgo, entre ellos: Caborca, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado.
 
Pero los de urgencia son Cajeme y Hermosillo, por lo que se encuentran entre los 50 municipios de atención prioritaria con perspectiva de prevención.  Se asignan para proyectos especiales de prevención social de la violencia y la delincuencia y de atención del delito de homicidio doloso.
 
Los criterios conforme a los cuales se determinan los valores que sirven de base para la selección de los 50 municipios beneficiarios de atención prioritaria con perspectiva de prevención son:
homicidio doloso, rezago social y desigualdad económica.
 
Hasta hoy no conocemos cuáles son los proyectos a través de los cuales se pretende atender con perspectiva de prevención a Cajeme y Hermosillo pues las cifras de muertas y muertos, número de casquillos y armas utilizadas solo aumentan. De cuántas se evitaron no sabemos nada.
 
¿Es la AVGM la responsable? ¿Hay o no recursos para ejercer la prevención? Tal vez las decisiones deban tomarse con otro enfoque y no con un estricto escudo político, que solo está evidenciando la omisión.
 
No queremos más víctimas de feminicidio. No queremos que se siga subvalorando la vida de las mujeres de acuerdo a su actividad económica, por sobre la de niñas y niños. Todas las vidas son importantes. Si no queremos más asesinadas tal vez la respuesta esté en la Alerta de Género, pero con una coordinación seria, responsable, y sobre todo competente y preparada.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
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NACIONAL
VIOLENCIA
   En meses pasados rechazó decretar AVG por considerar que no era necesaria
Ante situación de violencia contra poblanas, Conavim pide más acciones de prevención
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/10/2017

A raíz de las exigencias sociales por el feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda ocurrido en Puebla, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género (Conavim) determinó otorgar de manera adicional a las propuesta realizadas por el Grupo de Trabajo que atendió la Alerta de Violencia de Género (AVG), seis nuevas medidas al gobierno estatal, entre las que destaca la urgencia de diseñar acciones para prevenir y atender la violencia que enfrentan las mujeres en el transporte público.

Mara Castilla fue privada de la libertad en el municipio de San Andrés Cholula y asesinada el pasado 8 septiembre por el conductor de un taxi privado que abordó. La situación ocasionó la cancelación de la concesión de la empresa Cabify responsable del servicio y desencadenó una serie de protestas por parte de la sociedad civil para que se active el mecanismo de la AVG, que negó en julio la Conavim, por considerar que no era necesaria.

En un oficio firmado por su titular Alejandra Negrete Morayta, y enviado el 9 de octubre de 2017 a la organización civil “Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal” (Igavim), una de las peticionarias de la Alerta, la comisionada refirió que ante la situación de violencia contra las mujeres que prevalece en Puebla, la institución decidió volver a establecer acciones al gobierno de José Antonio Gali Fayad, para combatir la situación; pero no decretar la AVG.

Además de la vigilancia al transporte público de Puebla, la segunda exigencia de Conavim al gobierno poblano es crear una “Unidad de contexto para la investigación de feminicidio, homicidios dolosos de mujeres, violencia sexual y desaparición de mujeres”, que deberá estar conformada por personal experto en antropología, sociología y temas psicosociales, para identificar las dinámicas delictivas de la violencia contra la población femenina.

También tendrán que crear una segunda unidad especializada con personal de procuración e impartición de justicia que revise los expedientes y carpetas de investigación de los últimos ocho años sobre casos de feminicidio, homicidios dolosos, desaparición de mujeres y delitos de violencia sexual ocurridos en la entidad.

Tras el análisis y diagnóstico de los expedientes, la unidad debe detectar las posibles deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los delitos cometidos contra mujeres, precisó Conavim.

Otra de las gestiones que deberá realizar el gobierno de Antonio Gali es fortalecer con recursos económicos, materiales y personal profesionalizado, las instituciones involucradas en la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia de género, particularmente a los Centros de Justicia para las mujeres y las agencias de Ministerio Público.

TLAXCALA Y PUEBLA DEBEN TRABAJAR JUNTOS

En el documento, la Conavim mandata que los gobiernos de Puebla y Oaxaca deben trabajar en conjunto para erradicar la trata de niñas, adolescentes y mujeres, por lo que deberán crear una política pública para las rutas de movilidad de personas que van de Tlaxcala a Puebla y de Tlaxcala a la Ciudad de México, señaló.

Es decir, el gobierno de Puebla tendrá que cumplir además de las recomendaciones desprendidas de la AVG que solicitó en marzo de 2016 las organizaciones civiles, estas nuevas instrucciones, que serán evaluadas dentro de seis meses, indicó la Conavim, quien cabe recordar, negó en dos ocasiones, la solicitud de AVG para Tlaxcala.

CDH: OPACIDAD POR EXIGIR AVG

Mientras el gobierno de Puebla se ocupa en cumplir con la AVG, las organizaciones civiles y el Senado de la República han pedido a la Comisión de Derechos Humanos poblana (CDH) que vuelva a tramitar otra solicitud para que esta vez se active la alerta. Sin embargo la CDH sigue sin dar respuesta a la presión social.

Cimacnoticias consultó a la Comisión de DH poblana para conocer si ya tomó una decisión final sobre volver a presentar la segunda petición de AVG a lo que la responsable del área de comunicación social, Asuania López Díaz, respondió que “aún se encontraban analizando la propuesta”.

17/HZM/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   Comisión niega haber presentado segunda solicitud de Alerta
Se contradicen Segob y CDH de Puebla sobre AVG
CIMACFoto: Samanta Paez Guzmán
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/10/2017

La Comisión de Derechos Humanos Estatal de Puebla negó que haya presentado ya la segunda solicitud de Alerta de Violencia de Género para la entidad, como lo afirmó ayer la delegada de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ana Isabel Allende Cano, durante un evento público.

En un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos poblana informó que sigue “evaluando todos los elementos para tomar la mejor decisión para Puebla”, pero que en ningún momento envió la solicitud de Alerta.

Y es que ayer, durante un evento público, Allende Cano aseveró que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), ya contaba con la solicitud de la AVG que envió la CDH la semana pasada, y que era seguro que en esta ocasión se concluyera declarar la AVG en la entidad.

Cabe recordar que la petición para presentar una nueva solicitud de AVG para esta entidad, se dio como consecuencia del feminicidio de la joven estudiante Mara Fernanda Castilla Miranda (asesinada por el conductor del transporte privado Cabify) y fue hecha por la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Silvia Tanús Osorio, quien envió un escrito a la Comisión Estatal para que presentara nuevamente la solicitud de AVG, toda vez que en un primer intento de solicitud hecho por las organizaciones civiles en marzo de 2016, la Segob determinó que no había razones para proceder a declarar la Alerta en la entidad.

El exhorto para que el órgano de DH de Puebla solicite la AVG también fue apoyado por el Senado de la República. El Grupo Parlamentario del PRI presentó el 25 de septiembre de 2017 un punto de acuerdo con el mismo fin.

En tanto, la CDH reportó que si bien el 18 de septiembre de 2017 recibió el exhorto de la diputada Silvia Tanús, aún estaban en el análisis de presentar la solicitud; mientras que en Puebla continúan sumándose casos de feminicidio. En lo que va de este año, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos lleva registrados 85 casos de feminicidio perpetrados en esta entidad.

En medio de las discusiones por la segunda solicitud de AVG las organizaciones civiles recordaron el pasado 26 de septiembre en una carta dirigida al gobierno de Puebla que aún tiene pendiente de cumplir las 11 recomendaciones que hicieron el grupo de expertas de la primera AVG, como crear el Protocolo Investigación del Delito de Feminicidio y Trata de Personas, la conformación del Banco Estatal de Mujeres Víctimas de Violencia y la capacitación de los servidores públicos.

17/HZM/LGL

 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Piden renuncia de titular del Instituto estatal de las Mujeres
   
Organizaciones exhortan al Congreso de Veracruz a despenalizar el aborto
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/08/2017

En un pronunciamiento dirigido al Poder Judicial e integrantes del Congreso de Veracruz, más de 30 organizaciones civiles y académicas hicieron un llamado a cumplir con los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas y en consecuencia, aprobar la reforma para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación en la entidad.

En el exhorto las agrupaciones también exigieron la inmediata destitución de la titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Sara Gabriela Palacios Hernández, luego de que el pasado 28 de julio declarara que la reforma sobre la despenalización del aborto no era necesaria y que el Legislativo tenía que consultar a la Iglesia católica para la aprobación de la propuesta.

Entre las organizaciones firmantes del pronunciamiento está el Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres, la Red de Mujeres Feministas de Veracruz, la Red Veracruzana por el Derechos a Decidir, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, entre otras agrupaciones.

En noviembre de 2016 la Secretaría de Gobernación (Segob) decretó la AVG por violencia feminicida en 11 municipios de Veracruz, la solicitud del mecanismo fue realizada por la organización civil Equifonía, quien el 5 abril de ese mismo año hizo una segunda petición de la AVG, esta vez por “agravio comparado”, es decir por normas que criminalizan a las mujeres que buscan acceder a los servicios del aborto; la inadecuada aplicación de Norma Oficial Mexicana 046 que permite el aborto en casos de violación sexual; y la tipificación del delito de aborto que se castiga con un tratamiento educativo y de salud.

Como parte de las acciones que debe cumplir el Gobierno de Veracruz por esta segunda AVG, el 27 de julio de este año la diputada Tanya Carola Viveros presentó en el Congreso local una propuesta para modificar los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz, para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

En Veracruz desde agosto de 2016 se “protege la vida desde el momento de la concepción” luego de que se aprobara la reforma al Artículo 4 de la Constitución local que fue impulsada por agrupaciones conversadoras y propuesta por el entonces gobernador, Javier Duarte, quien actualmente está detenido por diversos delitos como tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con las organizaciones civiles la postura de la titular del Instituto de las Mujeres local “deja en evidencia el completo desconocimiento y la falta de compresión sobre el respeto a los Derechos Humanos de las mujeres”, además de ser preocupante que estas declaraciones provengan de la titular de la instancia encargada de “garantizar los derechos de las veracruzanas de forma laica”.

Recordaron que Palacios Hernández es parte del Grupo de Trabajo que elaboró el informe de propuestas que debe cumplir el gobierno de Miguel Ángel Yunes, y será una de las integrantes que podrá votar a favor o en contra de decretar la segunda AVG en Veracruz, ya que desde noviembre de 2016 está vigente una Alerta por los asesinados violentos de mujeres en 11 municipios de la entidad.

Las agrupaciones indican que la propuesta de reforma al Código Penal responde a los acuerdos internacionales y regionales a los que se ha suscrito el Estado mexicano, incluyendo el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al validar la despenalización del aborto en la Ciudad de México.

El comunicado indica que la Suprema Corte argumentó que dicha medida legislativa “resultada idónea para salvaguardar los derechos de las mujeres, pues la no penalización de la interrupción del embarazo tiene como contraparte la libertad de las mujeres para que decidan respecto a su cuerpo, de su salud física y mental e incluso, respecto de su vida”.

Las agrupaciones suscritas al pronunciamiento señalaron que los Derechos Humanos no pueden estar sujetos “a criterios religiosos, morales y apreciaciones de autoridades que olvidan que México es un país laico”, por lo que piden al IVM que tome las medidas necesarias de conformidad con su misión y propósito como institución pública.

Cabe mencionar que la propuesta sobre la despenalizaron del aborto se votará en un periodo extraordinario en septiembre, cuando concluyen el plazo, de seis meses, que tiene el gobierno de Veracruz para cumplir con las recomendaciones hechas por el Grupo de expertos. En caso de considerar que no se realizaron las acciones necesarias la Secretaría de Gobernación (Segob) tiene la facultad de emitir la Alerta.

17/HZM








ESTADOS
VIOLENCIA
   Mecanismo se decretó en 5 municipios de Nayarit
   
Frenan Alerta de Género en Sonora, Tlaxcala y Tabasco
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/08/2017

En un sólo día, el pasado 4 de agosto, la Secretaría de Gobernación (Segob) resolvió cuatro solicitudes de Alerta de Violencia de Género (AVG) y determinó activar el mecanismo de emergencia en seis municipios de Nayarit mientras que en Sonora, Tlaxcala y Tabasco consideró que “no existían elementos objetivos suficientes” para declararla.

En Nayarit la AVG se decretó en los municipios de Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Río, Tecuala y Tepic. Igualmente la Segob resolvió establecer medidas específicas de prevención de la violencia contra las mujeres indígenas de las localidades Huajicori y La Yesca, independiente de que en estas zonas no se haya declarado la Alerta.

Con Nayarit suman 12 las entidades con Alerta, y con la negativa en Sonora, Tlaxcala y Tabasco son siete estados en donde la Segob rechazó implementar el mecanismo.

EXCLUYEN A PETICIONARIAS EN TABASCO

El 14 de marzo de 2016 el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Cedh) solicitó la activación del mecanismo considerando que de acuerdo con el Instituto Estatal de las Mujeres (IEM) tan sólo en 2015 se atendieron 22 casos de feminicidio, mientas en cuatro años (2012 a 2015) la organización civil registró 59 asesinatos violentos de mujeres, de los cuales sólo cuatro llegaron a una sentencia, lo que representa un 93 por ciento de impunidad.

La resolución que dio Segob el pasado 4 de agosto sobre no decretar la Alerta en Tabasco no fue notificada a la agrupación peticionaria, únicamente se dio a conocer a través del portal de internet del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), donde el dictamen argumenta que el gobierno estatal realizó acciones suficientes para atender la violencia de género.

Una vez que se presenta una solicitud de Alerta, el gobierno federal convoca a un Grupo de Trabajo, integrado por académicas y académicos para que evalúen la situación y hagan una serie de recomendaciones al gobierno estatal. Una vez que estas acciones se implementan se deben informar a los involucrados del cumplimiento. Con este proceso y las acciones se abre la posibilidad a no decretar la AVG.

La directora de la agrupación Leonora Ramírez Bautista, dijo en entrevista con Cimacnoticias que durante el proceso de la AVG también se les excluyó incluso nunca se les informó del reporte de cumplimiento que entregó el Gobierno estatal a la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), mismo que solicitaron a Segob por medio de la plataforma de transparencia.

En los documentos expuestos por Inmujeres, el voto razonado a favor de la declaratoria de la Alerta de Género en Tabasco es de la cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Norma Inés Aguilar León, quien concluyó en su análisis que si bien existen avances gubernamentales frente a la violencia feminicida en Tabasco, no resultaban suficientes.

Para la funcionaria las acciones para atender los asesinatos violentos de mujeres se redujeron a la capacitación de los servidores públicos, y no a la investigación profesional y metodológica de los mismos. Tampoco, consideró, se cuenta con una base de datos oficial del contexto de violencia contra las mujeres o campañas que permitan a la población reconocerla, ni estrategias educativas desde la perspectiva de género.

RECONOCEN TRATA PERO SIN ALERTA

Como si se tratara de un trámite la resolución de Segob para Tlaxcala fue similar, la alerta la pidió el 8 de agosto de 2016 la agrupación Todos para Todos para 13 municipios de la entidad donde prolifera la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual comercial. La entidad se ha colocado a nivel nacional e internacional como de las regiones con los más altos índices de este delito.

Datos del Centro Fray Julián Garcés constataban que la Fiscalía de Justicia local recibió 200 denuncia por trata de personas en el periodo de 2011 a mayo de 2016 de las cuales, sólo 13 derivaron en sentencia condenatoria.

Por ello en su dictamen final del mecanismo, la Segob pidió al gobierno estatal generar políticas públicas en las rutas de movilidad víctimas de trata de mujeres y niñas (desde Puebla -Tlaxcala a la Ciudad de México) y crear una fiscalía especializada para investigar este delito, sin que esto signifique declarar la AVG.

Tanto en Tabasco como en Tlaxcala, se especifica que en seis meses se verificará que cada gobierno esté cumpliendo con las medidas dictadas por Segob.

CAJEME, NEGATIVA DESPUÉS DE DOS AÑOS

Después de dos años de proceso, el 4 de agosto la Segob dio a conocer la resolución respecto a la AVG para el municipio de Cajeme, Sonora, solicitada el 25 de mayo de 2015.

En entrevista telefónica la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa, una de las solicitantes, denunció que la decisión se trató de un acto político porque la Segob prefirió no sumar más entidades en Alerta en vez de salvaguardar la vida de las mujeres y niñas sonorenses, pues en el mismo dictamen se reconoce que de 2015 a 2016 hubo un aumento del 110 por ciento de asesinatos de mujeres en la entidad.

Para Leticia Burgos el hecho de que la Conavim y el Inmujeres hayan resuelto cuatro solitudes de la AVG en un solo día es parte de ver al mecanismo como un mero “trámite”, sin reconocer que se trata de instrumento pensado para prevenir la violencia y salvar vidas de mujeres, expresó.

Como sucedió en Tabasco, en la votación para determinar la procedencia de la AVG en Cajeme, estuvo a favor la cuarta visitadora de la CNDH y la académica del Grupo de Trabajo, Mercedes Zuñiga Elizalde, quien precisa en su análisis que el dictamen de Segob “es producto de un proceso apresurado, limitado e irregular”, pues no votaron dos integrantes de las cuatro que conformaban el Grupo de Trabajo.

Quienes estuvieron en contra de la AVG fueron las instituciones públicas: la titular del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), Blanca Luz Saldaña, y las integrantes de la Conavim y del Inmujeres.

De acuerdo con la resolución, nuevamente en seis meses a través de la Conavim, la Segob revisará que el estado encabezado por Claudia Pavlovich implemente las obligaciones que le fueron dadas hace dos años por parte del Grupo de Trabajo en su informe:

Implementar los protocolos de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas; dar medidas de protección a víctimas de violencia de género; crear una “vicefiscalía” para investigar los casos de feminicidio; aplicar la Norma Oficial Mexicana 046 para el acceso a la interrupción del embarazo en caso de violación.

Generar política pública para el ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres; realizar un diagnóstico sobre la situación de violencia de género en Cajeme; y capacitar a funcionarios públicos así como generar campañas de prevención de la violencia contra las mujeres.

17/HZM








ESTADOS
VIOLENCIA
   Mercedes Zúñiga Elizalde renuncia a Grupo de Trabajo
   
Académica señala irregularidades en negativa de AVG en Sonora
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 08/08/2017

La doctora Mercedes Zúñiga Elizalde renunció a su puesto como integrante del Grupo de Trabajo que investigó la solicitud de Alerta de Violencia de Género para el municipio de Cajeme, Sonora, misma que fue negada el pasado 4 de agosto.

Zuñiga presentó su renuncia a Alejandra Negrete Morayta, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), después de que la Secretaría de Gobernación (Segob) diera a conocer la resolución de no procedencia de la Alerta en Cajeme.

El Grupo de Trabajo fue conformado en junio de 2015 luego de una convocatoria nacional abierta para dos académicas o académicos de instituciones de investigación de Sonora, y dos de otros estados, denominados “nacionales”.

La investigadora de El Colegio de Sonora expresó en el documento que las razones para su dimisión fueron las múltiples irregularidades observadas en la última fase del procedimiento para la discusión y toma de acuerdos sobre el dictamen emitido en relación al informe de cumplimiento que presentó el gobierno del estado.

Dichos señalamientos los había comunicado en su voto razonado de fecha 5 de agosto de 2017, tanto a la comisionada nacional de Conavim, como al resto del Grupo de Trabajo.

Tales irregularidades, consideró, desvirtúan la naturaleza del Grupo, mismo que de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, es un órgano autónomo de composición mixta, cuya función principal es estudiar y analizar la situación que guarda el territorio sobre el que se señala que existe violación a los Derechos Humanos de las mujeres.

Otra razón expresada como motivación de la renuncia fue que el Grupo de Trabajo no tuvo conocimiento a través de una notificación oficial (ni extraoficial) de la resolución de la Segob sobre la no procedencia de la Alerta.

Fue hasta el lunes 7 de agosto por la mañana cuando únicamente se les envió una liga a la página de Conavim, donde se ubicaba el documento que fue publicado en la página del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) desde el viernes 4 de agosto.

La notificación de la negativa fue enviada a la organización peticionaria pero las y los integrantes del Grupo de Trabajo la desconocían, a pesar de que son pieza fundamental para ofrecer argumentos para la decisión final de Segob.

La dinámica de las reuniones había sido establecida por el Grupo de Trabajo desde el principio, acordando como norma a su interior el mantener un canal de comunicación e intercambio permanente de borradores de documentos y resoluciones gubernamentales, lo cual no ocurrió al final.

Esta forma de trabajo posibilitó en el pasado llegar a acuerdos consensados sobre cada uno de los aspectos requeridos para facilitar su quehacer, tanto en cuestiones de logística como de organización y procedimiento, según expuso la académica.

Sin embargo, lamentó que en la última fase imperó la desinformación, la rigidez y la imposición por lo que como académica y estudiosa de la violencia de género dijo que le resultaba imposible llevar a cabo ya el compromiso obligado que tenía con la sociedad en general y la sonorense en particular.

La doctora Mercedes Zúñiga Elizalde es profesora investigadora de El Colegio de Sonora, y fue seleccionada en la convocatoria pública para la conformación del grupo de trabajo al que se refiere el artículo 36 del reglamento de la LGAMVLV.

En su momento, las y los académicos que integraron el grupo fueron: Adriana Guadalupe Mejía Salcido como representante del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Edgar Alejandro Jaimes como representante de la Universidad Nacional Autónoma de México. También formó parte la maestra Gilda Salazar del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo.

Si bien este grupo sufrió una serie de cambios en la composición: uno del representante de Inmujeres, dos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dos del Instituto Sonorense de las Mujeres, y cuatro de Conavim, es ésta la primera renuncia por motivos de diferencias por las irregularidades, lo que se traduce en una crítica que quedó expresada tanto en la renuncia como en el voto razonado de Zúñiga Elizalde.

17/SNE








NACIONAL
VIOLENCIA
   Conavim coordina atención; hay programas dispersos
Ciudad Juárez: 13 años de programas para infancia en orfandad por feminicidio
Especial
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/07/2017

El 26 de mayo de 2010 un Tribunal de Casación de Ciudad Juárez, en Chihuahua, dictaminó que Heidi, la hija de Rubí Marisol Frayre Escobedo, joven asesinada en 2009, debía recibir una cantidad de 38 mil 390 pesos por concepto de indemnización, monto con el que al mismo tiempo se acreditaba su condición de orfandad.
 
Seis años antes de esta sentencia (en 2004) el gobierno chihuahuense, estado donde se ha documentado el fenómeno del feminicidio desde 1993, creó un programa social para dar mil 900 pesos y apoyo psicológico a las niñas y niños que quedaban en orfandad tras el asesinato de sus madres, programa que ha resultado insuficiente.
 
Así lo reconoció la directora general adjunta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en Ciudad Juárez, Zulay Alaid Abbud Esparza, quien explicó en entrevista que en Juárez hay por lo menos tres programas enfocados en este fenómeno social a pesar de que esta instancia no tiene una política específica para atender a esta población y no cuenta con datos al respecto.
 
Entre las acciones que realiza la Conavim –creada a nivel federal en 2009 a partir de los crímenes cometidos en la ciudad fronteriza– está diseñar políticas en materia de igualdad de género; construir y equipar los Centros de Justicia para las Mujeres; coadyuvar en los trámites de Alerta de Violencia de Género y dar cursos y capacitaciones en la materia. En la ciudad fronteriza es un enlace entre el gobierno estatal y federal.
 
VIOLENCIA QUE SE EXTIENDE
 
Un informe que realizó Amnistía Internacional en 2003 describía el perfil de las mujeres víctimas de la franja fronteriza como jóvenes “sin ningún poder en la sociedad”, trabajadoras de las industrias maquiladoras, camareras, empleadas en la economía informal o estudiantes; muchas de ellas vivían en circunstancias precarias y a veces con hijas e hijos que mantener.
 
A su vez un informe de la Conavim encontró que en la década de los noventa las mujeres asesinadas o desaparecidas eran menores de 25 años, solteras, estudiantes y trabajadoras de la maquiladora y documentó  que a principios del nuevo milenio creció el número de víctimas de 25 a 35 años que eran amas de casa o empleadas.
 
Desde que comenzaron los crímenes en Juárez se comprobó que la violencia feminicida afectaba también a las hijas e hijos de las víctimas, lo que llevó a las madres de las mujeres asesinadas a demandar apoyos para sus nietos que quedaron en orfandad. Con el impulso de las organizaciones civiles, estas abuelas consiguieron la atención de las autoridades. 
 
Abbud Esparza, quien ha trabajado en el Instituto Chihuahuense de la Mujer y en el Centro de Justicia para la Mujer, explica que casi una década después de que en 1993 se dieran a conocer a nivel nacional e internacional los asesinatos de mujeres en esta zona, en 2004 comenzó un programa para atender a la infancia en esta situación.
 
En ese entonces 14 familias recibían una cantidad de mil 900 pesos mensuales, atención psicológica, apoyo para comprar útiles y uniformes escolares y becas de estudio. Hasta 2013 el programa beneficiaba a 125 familias y de acuerdo con la funcionaria sigue vigente y hay alrededor de 150 familias apoyadas.
 
Para que una niña o niño tenga acceso a estos beneficios, explicó, la familia tiene que estar vinculada con la Fiscalía General del estado, en particular con la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por razones de Género, que es la autoridad que acredita que se cometió un feminicidio.
 
En Chihuahua la ley no reconoce el término feminicidio pero Abbud Esparza detalló que la Fiscalía Especializada es competente en los asesinatos de mujeres siempre y cuando el delito cumpla ciertos requisitos: el más importante, que la mujer fuera privada de la vida por condición de género.
 
Si la Fiscalía (ubicada en el edificio del Centro de Justicia) considera que se trató de un homicidio por razón de género entonces puede canalizar a las víctimas indirectas al Instituto Chihuahuense de la Mujer para que les expliquen los apoyos sociales que pueden recibir en caso de que haya menores de edad que quedaron en orfandad.
 
PROGRAMAS DISPERSOS
 
En mayo de 2005 la Procuraduría General de la República creó que el Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Victimas de Homicidio de Mujeres en el municipio de Juárez con un monto de 25 millones de pesos de la dependencia y 5 millones de la Fiscalía gobierno estatal. 
 
La directora adjunta de la Conavim en Juárez señaló que este fondo también está vinculado al análisis y a la investigación que arroja la Fiscalía y para acceder al apoyo las autoridades analizan los casos y determinan las circunstancias de los hechos y la cantidad que se puede otorgar a las familias. El apoyo es en una sola ocasión.
 
“En general, todas las que están en ese programa son familias con muchas necesidades económicas para sacar a sus nietos, o a las hijas e hijos de las víctima de la situación en la que se encuentran, por eso el apoyo se les da en efectivo, para poder solventar un poco pagos, estudios. Evidentemente nada va a resarcir o les podría reintegrar a su hija, pero es parte de un programa que trata de apoyarles en lo que se pueda”.
 
En 2010, durante la implementación de la política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, el gobierno de Chihuahua propuso una serie de acciones para reestablecer el tejido social en la frontera azotada por los asesinatos. Así se creó el Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen.
 
Este fondo, señaló la funcionaria, lo manejaba el DIF por tratarse de la niñez y posteriormente estuvo a cargo de la Fiscalía de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito pero con el cambio de administración del gobierno estatal el año pasado se analizó transferir este fideicomiso a la Secretaría de Desarrollo Social.
 
Abbud Esparza explica que aunque hay tres programas de apoyos a las niñas y niños en orfandad a cusa del feminicidio, la Conavim coordina una red interinstitucional para detectar la situación de las víctimas y coordinar a las instituciones de los tres niveles de gobierno que manejan recursos o programas específicamente para apoyarlas.
 
Cada dos meses se hacen reuniones de trabajo para analizar las necesidades de las familias de una mujer asesinada y ver quien puede atenderla toda vez que puede requerir desde ayuda legal para tramitar la custodia de los menores de edad o una bolsa de empleo para conseguir trabajo. “Cada caso se trabaja de manera particular porque las necesidades son diversas y son diferentes”, aseguró.
 
Sin embargo no sólo se trata, dijo, de que los gobiernos den apoyos económicos, sino de promover la igualdad y erradicar la violencia contra las mujeres y en el caso de los programas enfocados a las niñas y niños en orfandad que permanezcan a pesar de los cambios de gobierno.
 
17/AGM
 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Niega Alerta para Puebla
Segob declara AVG en tres municipios de Quintana Roo
Imagen de Sandra Segura
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/07/2017

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) informó que no declarará la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Puebla, pues el gobierno local realizó acciones suficientes para atender las propuestas del Grupo de Trabajo, al tiempo que decretó el mecanismo en tres municipios de Quintana Roo y no en cinco como fue solicitada: Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad.
 
OCHO MEDIDAS PARA EL GOBIERNO DE PUEBLA
 
A través de la Conavim, la Secretaría de Gobernación (Segob) indicó en su resolución el pasado 7 de julio que el Grupo de Trabajo conformado para atender y determinar la procedencia de la AVG en Puebla, determinó que el gobierno estatal, encabezado por Antonio Gali Fayad, generó las propuestas necesarias “para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la entidad”.
 
Esto a pesar de que en el dictamen señala con datos de los Censos de Procuración de Justicia (2015 y 2016), que hubo un incremento en “los homicidios de mujeres en Puebla: de 183 casos en 2014, se pasó a 258 en 2015”, lo que significa un aumento del 39 por ciento.
 
Asimismo, Segob señaló que Puebla se posiciona en el octavo lugar de estados del país con mayor número de denuncias por violencia familiar en agravio a mujeres. Por lo que si bien determinó que no había “elementos objetivos para declarar procedente la alerta”, en los próximos seis meses Conavim evaluará que el gobierno de Antonio Gali cumpla con las siguientes ocho medidas:
 
1) Elaborar un diagnóstico estatal sobre los tipos y modalidades de violencia de género; 2)Ejecutar de manera inmediata una estrategia de prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público; 3) Generar mecanismos efectivos para órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; 4)Actualizar el Centro Estatal de Datos e Información referente a casos de violencia.
 
5) Formular un programa de atención a hombres generadores de violencia desde la perspectiva de género; 6 y 7)Conformar una Unidad de Contexto para investigar el feminicidio, homicidios dolosos, violencia sexual y desapariciones de mujeres, y que revise los expedientes de los últimos ocho años para detectar las posibles deficiencias de las investigaciones; 8) fortalecer los centros de justicia de las mujeres y agencias ministeriales.
 
RETRAZOS Y ENGAÑOS
 
En marzo de 2016 el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica y la organización civil Todos para Todos, solicitaron la AVG para Puebla. Conavim aceptó la solicitud un mes después y convocó a la conformación del grupo de trabajo. Este emitió el 28 de junio un informe con 11 recomendaciones para el gobierno encabezado entonces por Rafael Moreno Valle.
 
Las irregularidades se presentaron cuando la Secretaria General de Gobierno del estado de Puebla (SGG) dijo entregó la solución a las recomendaciones del informe en diciembre de 2016, cuando en realidad sucedió hasta enero de 2017. El análisis y la resolución del grupo de trabajo sobre la información que entregó el gobierno estatal ocurrió seis meses después, hasta el pasado 7 de julio.
 
AVG PARA QUINTANA ROO, SUMAN 11 ESTADOS
 
Mientras, ese mismo día Segob decretó la alerta de violencia en tres municipios de Quintana Roo, en respuesta a la solicitud que hizo en diciembre de 2015 el Consejo Estatal de las Mujeres de Quintana Roo AC y la agrupación, Justicia Derechos Humanos y Género.
 
El mecanismo de emergencia se decretó para tres municipios y no para cinco como fue solicitado: Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad, con ello quedaron descartados los municipios de Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.
 
El grupo de trabajo que atendió la AVG determinó que el estado no atendió las 11 proposiciones que le fueron hechas en el informe, por lo que deberá asumir medidas como: recuperar espacios públicos, un programa coordinado de atención a mujeres víctima de violencia y protocolos para atender, investigar y juzgar con perspectiva de género los casos de feminicidio y delitos sexuales.
 
Este contexto coloca a México con 11 estados bajo la AVG, cinco de ellas se aceptaron en lo que va del 2017: 11 municipios del Estado de México, ocho en Morelos, 14 en Michoacán, siete municipios en Chiapas, cinco en Nuevo León, 11 en Veracruz, cinco en Sinaloa, cinco en Colima, seis en San Luis Potosí, ocho en Guerrero, y tres en Quintana Roo.
 
17/HZM








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