ESTADOS
   Piden evaluar Alerta Amber y Protocolo Alba en la entidad
Activistas buscan con segunda AVG que Tlaxcala reconozca trata de mujeres
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 16/08/2017 El pasado 14 de agosto organizaciones civiles de Tlaxcala presentaron ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) la segunda petición para activar la Alerta de Violencia de Género (AVG) por la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres para toda la entidad, pues únicamente de 2016 a agosto de 2017 se contabilizaron 35 casos.
 
Tlaxcala se ha colocado en la mira internacional como una zona central de cooptación y movilidad de mujeres para fines de explotación sexual comercial, el llamado “corredor de trata”. Es por ello que en agosto de 2016 la organización Todos para Todos solicitó la primer AVG para 13 municipios de la entidad, donde han localizado organizaciones dedicadas a este delito.
                     
Sin embargo, a través de la Conavim, la Secretaría de Gobernación (Segob) negó el 4 agosto de este año activar el mecanismo, la autoridad argumentó que no había “elementos suficientes” para mantener al estado en alerta.
 
El Colectivo Mujer y Utopía, Justicia Pro Personas, la Red Retoño y 40 organizaciones suscritas a la segunda solicitud de la AVG, buscan nuevamente por medio de este mecanismo, que el Estado en sus tres niveles reconozca y ataque esta problemática que tiene un impacto mundial.
 
La solicitud, informaron en conferencia de prensa, fue focalizada en la desaparición de niñas y adolescentes porque se encuentra estrechamente ligada con la trata de personas y otros delitos como la violencia sexual y el feminicidio.
 
A partir de una investigación hemerográfica que hicieron las organizaciones peticionaras de esta segunda AVG, argumentan en la solicitud que identificaron un perfil determinado en los 35 casos de desaparición documentados; se trata de niñas entre los 14 y 16 años de edad quienes están siendo las principales víctimas.
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también ha identificado las zonas donde las mujeres son cooptadas y las rutas de movilización.
 
En su “Diagnóstico sobre la situación de trata de personas en México” precisa las rutas de estas redes: Tlaxcala-Puebla, Veracruz-Tlaxcala-Puebla, Guanajuato-Tlaxcala-Puebla, Morelos-Tlaxcala-Puebla, Ciudad de México-Puebla, Puebla-Tlaxcala-Arizona-Nueva York.
 
Con estos elementos, exigieron a Conavim en el documento que en caso de que acepte la solicitud, el Grupo de Trabajo que se conforme para investigar el contexto de violencia contra las mujeres en Tlaxcala, sean especialistas en desapariciones de mujeres y haga el análisis desde una perspectiva del interés superior de la niñez y de género.
 
Asimismo, solicitaron en la petición de la AVG, que el Comité Nacional del Programa Alerta Amber en México y la Fiscalía Especial para los Delitos Vinculados contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), realice una exhaustiva revisión y evaluación de la actuación de las autoridades de Tlaxcala al activar y dar seguimiento a los protocolos de búsqueda de mujeres, y emitan un informe público al respecto.
 
La directora del Colectivo Mujer y Utopía, Edith Méndez Ahuactzin, señaló que en los casos que acompañan las organizaciones han detectado que tanto el Protocolo Alba (especializado para la localización de mujeres) y la Alerta Amber no se activan de manera inmediata, si no después de 72 horas, tiempo vital para poder rescatar a la víctima, indicó.
 
En el documento también exigieron a Conavim que la Procuraduría General de Justicia local transparente el número de denuncias por la desaparición de mujeres que tenga en investigación, desagregue por edad y localidad, además del número de Alertas Amber que ha activado, ya que no existen datos oficiales certeros de cuántas mujeres han desaparecido en Tlaxcala, indicó la defensora Méndez Ahuactzin.
 
Mientras la Procuraduría local reporta que tiene el registro de ocho casos únicamente, Fevimtra reportó 22 a través de una solitud de información.
 
En tanto el Grupo de Trabajo conformado para atender la primer AVG, indica en su informe de que 2013 a abril de 2017, sumaron 42 mujeres desaparecidas, de las cuales, sólo cuatro fueron localizadas y cinco fueron víctimas de feminicidio.
 
De acuerdo con la representante de la organización Justicia Pro Personas, Nayeli Ortiz, en un periodo máximo de 10 días Conavim responderá si acepta o no  la AVG. En caso de aceptarla procederá a emitir una convocatoria para integrar al Grupo de Expertos.
 
PENDIENTES DE LA PRIMER AVG
 
Cabe recordar que al gobierno de Tlaxcala le quedan pendientes con la primer AVG, Segob en su dictamen final le mandato crear una Fiscalía Especializada para la Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas, un protocolo para identificar víctimas de trata, acciones en las rutas de movilidad de trata de niñas y mujeres identificadas, y una base de datos sobre los tipos de violencia contra las mujeres en el territorio.
 
Por ello la Iniciativa Popular Contra la Trata de Mujeres y Niñas en Tlaxcala solicitó a Conavim que informe el mecanismo de seguimiento que hará de las acciones gubernamentales, así como un reporte de las mismas.
 
Por último, en la conferencia las agrupaciones criticaron la decisión de Segob por negar la primera AVG, e indicaron que su análisis se basó en “la buena voluntad del gobierno por actuar”  y en un “pase de lista” de las acciones que había realizado, no en pensar en una política pública que permita atacar de fondo la violencia contra las mujeres en Tlaxcala.
 
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ESTADOS
VIOLENCIA
   El dictamen expone la “irresponsabilidad e ilegalidad” de Segob
Piden a Segob e Inmujeres decretar AVG en Cajeme
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 10/08/2017 La agrupación civil Alternativa Cultural por la Equidad de Género (ACEG) peticionaria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, Sonora, presentó el 8 de agosto una carta dirigida a la Secretaria de Gobernación (Segob) para exigirle que decrete el mecanismo en el municipio, luego de que lo negara en días anteriores por considerar “que no había elementos objetivos suficientes para su procedencia”.
 
La carta dirigida también a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, y firmada por las comisionadas para el seguimiento de la AVG en Cajeme, Leticia Burgos Ochoa y María Elena Barreras Mendivil, expone la “irresponsabilidad e ilegalidad” con la que Segob elaboró el dictamen final sobre la procedencia de la AVG para Cajeme, indican.
 
La agrupación señala que dentro del documento -específicamente en la numeral cuarto- se hace referencia a “las mujeres queretanas”, cuando se trataba de una resolución que buscaron las organizaciones civiles de Cajeme hace dos años, en mayo de 2015, para salvaguardar la vida de las sonorenses.
 
“Al respecto expresamos con extrañeza al concluir la lectura de ambos documentos que varias de las afirmaciones al parecer no corresponden al proceso de seguimiento que llevamos a cabo los organismos solicitantes de la AVG, mostrando irresponsabilidad e ilegalidad y poniendo en duda la veracidad de la resolución”, indican en el documento.  
 
Por lo que las comisionadas al seguimiento de la Alerta piden una audiencia con Segob e Inmujeres para poder conocer las razones de la negativa y deliberar la procedencia de la alerta considerando “la violencia extrema que asecha a las mujeres en Cajeme”. Cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora contabilizan 107 casos de feminicidio en la entidad en los dos años del proceso de la AVG (2015 a 2016).
 
De inmediato, ese mismo día el director general adjunto de Asuntos Jurídicos, Promoción de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas de Segob, Francisco Esquinca Cuevas, respondió a través de un oficio sobre la corrección al error del documento expedido el 4 agosto por la instancia a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y sin dar mayor respuesta sobre la petición de la organización para que se vuelva a considerar decretar el mecanismo en Cajeme.  
 
Las promoventes de la AVG, recuerdan en el documento que el proceso estuvo lleno de obstáculos, motivo por el cual el pasado 7 de julio la ACEG presentó un juicio de amparo por la demora de Segob para dar una respuesta sobre la procedencia de la Alerta, y la prórroga de seis meses que otorgó al gobierno local en septiembre de 2016 para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo, porque la normativa de la AVG no especifica este tipo de decisiones.
 
Sin embargo, señalan las firmantes de la carta, dentro del resolutivo de Segob se describe que ya había considerado en septiembre del año pasado que no existían elementos para declarar el mecanismo en Cajeme, pero decidió esperar otros seis meses para ver avances por parte del Gobierno local, a pesar de que había concluido que las autoridades sólo acataron cinco de las 12  propuestas contenidos en el informe del grupo de expertas.
 
Cajeme es el municipio de Sonora con el mayor porcentaje de violencia feminicida en la entidad, 19 por ciento de los casos registrados de 2015 a 2016 por el Observatorio (20 asesinatos en total, 10 cada año) se cometieron en dicha región.
 
El mismo día que la Secretaría de Gobernación dio la resolución final sobre la AVG para la localidad de Sonora, también publicó la negativa para los estados de Tlaxcala y Tabasco.
 
La decisión de Segob también llevó a la doctora del Colegio de Sonora, Mercedes Zúñiga Elizalde, integrante del Grupo de Trabajo a renunciar a su puesto “por las múltiples irregularidades observadas en la última fase del procedimiento de discusión y toma de acuerdos”. 

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ESTADOS
VIOLENCIA
   También debe elaborar un Protocolo de identificación de víctimas de este delito
Gobierno de Tlaxcala obligado a crear Fiscalía Especializada para trata de personas
Imagen retomada de argentinaindymediar.org
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 10/08/2017 Por mandato de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), el gobierno de Tlaxcala deberá crear una Fiscalía Especializada para investigar la trata de personas y un Protocolo de identificación de las víctimas de este delito.
 
La Conavim ordenó lo anterior al gobierno del priísta Marco Antonio Mena Rodríguez a través de la resolución con la que dio respuesta a la solicitud que organizaciones civiles hicieron en agosto de 2016 para decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) por trata de personas y violencia sexual en la entidad, la cual fue rechazada el pasado 4 de agosto. El plazo para cumplir las recomendaciones es de seis meses.
 
La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas, afirmó la Conavim, deberá contar con Ministerios Públicos y policías ministeriales especializados. Además, el personal deberá investigar “con estricto apego al principio de debida diligencia”.
 
Pese a que esta Fiscalía no existe en la entidad la Procuraduría General de Justicia local sí tiene una unidad de investigación especializada para la trata de personas que, según han denunciado organizaciones civiles, se caracteriza por realizar un trabajo ineficiente para atender a las víctimas.
 
Por ello, a través de un comunicado, esta medida y la creación del Protocolo de identificación de víctimas de trata fueron calificadas de “ambiguas” por la Red Retoño, el Colectivo Mujeres y Utopía y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
 
En cuanto al diseño e implementación del Protocolo las organizaciones denunciaron que, aun cuando desde hace años diversas asociaciones de la entidad lo han solicitado, actualmente dudan de su eficiencia.
 
Esto porque la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala, en lugar de investigar de inmediato la desaparición de las mujeres para descartar la trata como una posible causa, en la mayoría de los casos “decide encuadrarlas en secuestro”, deja transcurrir 72 horas antes de iniciar la búsqueda y reproduce constantemente estereotipos tales como afirmar “seguro se fue con el novio, se fue de pinta o por su propia voluntad”, mencionaron las organizaciones, quienes solicitaran de nueva cuenta la AVG para Tlaxcala, la próxima semana.
 
En la entidad la trata de personas con fines de explotación sexual es un delito recurrente y suele quedar impune. De acuerdo a la Procuraduría estatal de 2011 a 2016 se abrieron 57 denuncias por este delito. Sin embargo, las organizaciones señalan que no hay certeza de las cifras verdaderas debido al subregistro y la carencia de una base de datos actualizada de este y otros delitos.
 
Por su parte, en 2016, el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés informó que por cada 200 denuncias solo 13 derivan en sentencia condenatoria, es decir, el delito queda impune en 93.5 por ciento los casos.
 
SIN NUEVAS PROPUESTAS
 
La Conavim también solicitó al Gobierno de Tlaxcala el diseño de una “política transversal de prevención, erradicación y sanción de la trata de personas” que considere las posibles rutas de movilidad de la trata de personas entre entidades federativas para instar a los estados a atender el problema.
 
Pese a que la propuesta parece ser novedosa, desde 2009 en la entidad está vigente la Ley para la Prevención de la Trata de Personas y contempla ya la prevención, erradicación y sanción del delito. Además, actualmente el Congreso del estado analiza una nueva propuesta de ley sobre el tema que fue presentada por el Ejecutivo local en mayo de este año.
 
De igual forma, desde 2011, entró en función la Estrategia Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas que plantea la búsqueda inmediata de mujeres y niñas; como medidas preventivas establece la elaboración de campañas informativas sobre el delito en medios de comunicación y propone identificar el perfil de las víctimas y las zonas en donde es más recurrente que sean violentadas.
 
A ello se suma que las rutas de las redes de trata en Tlaxcala ya han sido señaladas en informes diagnósticos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Organización de las Nacionales Unidas.
 
Por ello las organizaciones afirmaron que los resolutivos de la Conavim “no fueron claros, ni suficientes para generar  un proceso serio de transformación para desactivar la problemática de violencia sexual y trata de personas con fines de explotación sexual” y recalcaron que no aprobar la AVG en el estado refleja la falta de voluntad por parte de los gobiernos federales y estatales para atender dichos delitos
 
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VIOLENCIA
   Piden renuncia de titular del Instituto estatal de las Mujeres
Organizaciones exhortan al Congreso de Veracruz a despenalizar el aborto
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 09/08/2017 En un pronunciamiento dirigido al Poder Judicial e integrantes del Congreso de Veracruz, más de 30 organizaciones civiles y académicas hicieron un llamado a cumplir con los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas y en consecuencia, aprobar la reforma para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación en la entidad.
 
En el exhorto las agrupaciones también exigieron la inmediata destitución de la titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Sara Gabriela Palacios Hernández, luego de que el pasado 28 de julio declarara que la reforma sobre la despenalización del aborto no era necesaria y que el Legislativo tenía que consultar a la Iglesia católica para la aprobación de la propuesta.
 
Entre las organizaciones firmantes del pronunciamiento está el Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres, la Red de Mujeres Feministas de Veracruz, la Red Veracruzana por el Derechos a Decidir, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, entre otras agrupaciones.
 
En noviembre de 2016 la Secretaría de Gobernación (Segob) decretó la AVG por violencia feminicida en 11 municipios de Veracruz, la solicitud del mecanismo fue realizada por la organización civil Equifonía, quien el 5 abril de ese mismo año hizo una segunda petición de la AVG, esta vez por “agravio comparado”, es decir por normas que criminalizan a las mujeres que buscan acceder a los servicios del aborto; la inadecuada aplicación de Norma Oficial Mexicana 046 que permite el aborto en casos de violación sexual; y la tipificación del delito de aborto que se castiga con un tratamiento educativo y de salud.
 
Como parte de las acciones que debe cumplir el Gobierno de Veracruz por esta segunda AVG, el 27 de julio de este año la diputada Tanya Carola Viveros presentó en el Congreso local una propuesta para modificar los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz, para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
 
En Veracruz desde agosto de 2016 se “protege la vida desde el momento de la concepción” luego de que se aprobara la reforma al Artículo 4 de la Constitución local que fue impulsada por agrupaciones conversadoras y propuesta por el entonces gobernador, Javier Duarte, quien actualmente está detenido por diversos delitos como tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
 
De acuerdo con las organizaciones civiles la postura de la titular del Instituto de las Mujeres local “deja en evidencia el completo desconocimiento y la falta de compresión sobre el respeto a los Derechos Humanos de las mujeres”, además de ser preocupante que estas declaraciones provengan de la titular de la instancia encargada de “garantizar los derechos de las veracruzanas de forma laica”.
 
Recordaron que Palacios Hernández es parte del Grupo de Trabajo que elaboró el informe de propuestas que debe cumplir el gobierno de Miguel Ángel Yunes, y será una de las integrantes que podrá votar a favor o en contra de decretar la segunda AVG en Veracruz, ya que desde noviembre de 2016 está vigente una Alerta por los asesinados violentos de mujeres en 11 municipios de la entidad.
 
Las agrupaciones indican que la propuesta de reforma al Código Penal responde a los acuerdos internacionales y regionales a los que se ha suscrito el Estado mexicano, incluyendo el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al validar la despenalización del aborto en la Ciudad de México.
 
El comunicado indica que la Suprema Corte argumentó que dicha medida legislativa “resultada idónea para salvaguardar los derechos de las mujeres, pues la no penalización de la interrupción del embarazo tiene como contraparte la libertad de las mujeres para que decidan respecto a su cuerpo, de su salud física y mental e incluso, respecto de su vida”. 
 
Las agrupaciones suscritas al pronunciamiento señalaron que los Derechos Humanos no pueden estar sujetos “a criterios religiosos, morales y apreciaciones de autoridades que olvidan que México es un país laico”, por lo que piden al IVM que tome las medidas necesarias de conformidad con su misión y propósito como institución pública.
 
Cabe mencionar que la propuesta sobre la despenalizaron del aborto se votará en un periodo extraordinario en septiembre, cuando concluyen el plazo, de seis meses, que tiene el gobierno de Veracruz para cumplir con las recomendaciones hechas por el Grupo de expertos. En caso de considerar que no se realizaron las acciones necesarias la Secretaría de Gobernación (Segob) tiene la facultad de emitir la Alerta.
 
17/HZM







ESTADOS
   Mecanismo se decretó en 5 municipios de Nayarit
Frenan Alerta de Género en Sonora, Tlaxcala y Tabasco
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 08/08/2017 En un sólo día, el pasado 4 de agosto, la Secretaría de Gobernación (Segob) resolvió cuatro solicitudes de Alerta de Violencia de Género (AVG) y determinó activar el mecanismo de emergencia en seis municipios de Nayarit mientras que en Sonora, Tlaxcala y Tabasco consideró que “no existían elementos objetivos suficientes” para declararla.
 
En Nayarit la AVG se decretó en los municipios de Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Río, Tecuala y Tepic. Igualmente la Segob resolvió establecer medidas específicas de prevención de la violencia contra las mujeres indígenas de las localidades Huajicori y La Yesca, independiente de que en estas zonas no se haya declarado la Alerta.  
 
Con Nayarit suman 12 las entidades con Alerta, y con la negativa en Sonora, Tlaxcala y Tabasco son siete estados en donde la Segob rechazó implementar el mecanismo.
 
EXCLUYEN A PETICIONARIAS EN TABASCO
 
El 14 de marzo de 2016 el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Cedh) solicitó la activación del mecanismo considerando que de acuerdo con el Instituto Estatal de las Mujeres (IEM) tan sólo en 2015 se atendieron 22 casos de feminicidio, mientas en cuatro años (2012 a 2015) la organización civil registró 59 asesinatos violentos de mujeres, de los cuales sólo cuatro llegaron a una sentencia, lo que representa un 93 por ciento de impunidad.
 
La resolución que dio Segob el pasado 4 de agosto sobre no decretar la Alerta en Tabasco no fue notificada a la agrupación peticionaria, únicamente se dio a conocer a través del portal de internet del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), donde el dictamen argumenta que el gobierno estatal realizó acciones suficientes para atender la violencia de género.
 
Una vez que se presenta una solicitud de Alerta, el gobierno federal convoca a un Grupo de Trabajo, integrado por académicas y académicos para que evalúen la situación y hagan una serie de recomendaciones al gobierno estatal. Una vez que estas acciones se implementan se deben informar a los involucrados del cumplimiento. Con este proceso y las acciones se abre la posibilidad a no decretar la AVG.  
 
La directora de la agrupación Leonora Ramírez Bautista, dijo en entrevista con Cimacnoticias que durante el proceso de la AVG también se les excluyó incluso nunca se les informó del reporte de cumplimiento que entregó el Gobierno estatal a la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), mismo que solicitaron a Segob por medio de la plataforma de transparencia.
 
En los documentos expuestos por Inmujeres, el voto razonado a favor de la declaratoria de la Alerta de Género en Tabasco es de la cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Norma Inés Aguilar León, quien concluyó en su análisis que si bien existen avances gubernamentales frente a la violencia feminicida en Tabasco, no resultaban suficientes.
 
Para la funcionaria las acciones para atender los asesinatos violentos de mujeres se redujeron a la capacitación de los servidores públicos, y no a la investigación profesional y metodológica de los mismos. Tampoco, consideró, se cuenta con una base de datos oficial del contexto de violencia contra las mujeres o campañas que permitan a la población reconocerla, ni estrategias educativas desde la perspectiva de género.
 
RECONOCEN TRATA PERO SIN ALERTA
 
Como si se tratara de un trámite la resolución de Segob para Tlaxcala fue similar, la alerta la pidió el 8 de agosto de 2016 la agrupación Todos para Todos para 13 municipios de la entidad donde prolifera la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual comercial. La entidad se ha colocado a nivel nacional e internacional como de las regiones con los más altos índices de este delito.
 
Datos del Centro Fray Julián Garcés constataban que la Fiscalía de Justicia local recibió 200 denuncia por trata de personas en el periodo de 2011 a mayo de 2016 de las cuales, sólo 13 derivaron en sentencia condenatoria. 
 
Por ello en su dictamen final del mecanismo, la Segob pidió al gobierno estatal generar políticas públicas en las rutas de movilidad víctimas de trata de mujeres y niñas (desde Puebla -Tlaxcala a la Ciudad de México) y crear una fiscalía especializada para investigar este delito, sin que esto signifique declarar la AVG.
 
Tanto en Tabasco como en Tlaxcala, se especifica que en seis meses se verificará que cada gobierno esté cumpliendo con las medidas dictadas por Segob.
 
CAJEME, NEGATIVA DESPUÉS DE DOS AÑOS
 
Después de dos años de proceso, el 4 de agosto la Segob dio a conocer la resolución respecto a la AVG para el municipio de Cajeme, Sonora, solicitada el 25 de mayo de 2015.
 
En entrevista telefónica la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa, una de las solicitantes, denunció que la decisión se trató de un acto político porque la Segob prefirió no sumar más entidades en Alerta en vez de salvaguardar la vida de las mujeres y niñas sonorenses, pues en el mismo dictamen se reconoce que de 2015 a 2016 hubo un aumento del 110 por ciento de asesinatos de mujeres en la entidad.
 
Para Leticia Burgos el hecho de que la Conavim y el Inmujeres hayan resuelto cuatro solitudes de la AVG en un solo día es parte de ver al mecanismo como un mero “trámite”, sin reconocer que se trata de instrumento pensado para prevenir la violencia y salvar vidas de mujeres, expresó.
                                                                         
Como sucedió en Tabasco, en la votación para determinar la procedencia de la AVG en Cajeme, estuvo a favor la cuarta visitadora de la CNDH y la académica del Grupo de Trabajo, Mercedes Zuñiga Elizalde, quien precisa en su análisis que el dictamen de Segob “es producto de un proceso apresurado, limitado e irregular”, pues no votaron dos integrantes de las cuatro que conformaban el Grupo de Trabajo.
 
Quienes estuvieron en contra de la AVG fueron las instituciones públicas: la titular del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), Blanca Luz Saldaña, y las integrantes de la Conavim y del Inmujeres.
 
De acuerdo con la resolución, nuevamente en seis meses a través de la Conavim, la Segob revisará que el estado encabezado por Claudia Pavlovich implemente las obligaciones que le fueron dadas hace dos años por parte del Grupo de Trabajo en su informe:
 
Implementar los protocolos de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas; dar medidas de protección a víctimas de violencia de género; crear una “vicefiscalía” para investigar los casos de feminicidio; aplicar la Norma Oficial Mexicana 046 para el acceso a la interrupción del embarazo en caso de violación.
 
Generar política pública para el ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres; realizar un diagnóstico sobre la situación de violencia de género en Cajeme; y capacitar a funcionarios públicos así como generar campañas de prevención de la violencia contra las mujeres.
 
17/HZM







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VIOLENCIA
   Mercedes Zúñiga Elizalde renuncia a Grupo de Trabajo
Académica señala irregularidades en negativa de AVG en Sonora
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Cimacnoticias | Hermosillo, Son..- 08/08/2017 La doctora Mercedes Zúñiga Elizalde renunció a su puesto como integrante del Grupo de Trabajo que investigó la solicitud de Alerta de Violencia de Género para el municipio de Cajeme, Sonora, misma que fue negada el pasado 4 de agosto.
 
Zuñiga presentó su renuncia a Alejandra Negrete Morayta, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), después de que la Secretaría de Gobernación (Segob) diera a conocer la resolución de no procedencia de la Alerta en Cajeme.
 
El Grupo de Trabajo fue conformado en junio de 2015 luego de una convocatoria nacional abierta para dos académicas o académicos de instituciones de investigación de Sonora, y dos de otros estados, denominados “nacionales”.
 
La investigadora de El Colegio de Sonora expresó en el documento que las razones para su dimisión fueron las múltiples irregularidades observadas en la última fase del procedimiento para la discusión y toma de acuerdos sobre el dictamen emitido en relación al informe de cumplimiento que presentó el gobierno del estado.
 
Dichos señalamientos los había comunicado en su voto razonado de fecha 5 de agosto de 2017, tanto a la comisionada nacional de Conavim, como al resto del Grupo de Trabajo.
 
Tales irregularidades, consideró, desvirtúan la naturaleza del Grupo, mismo que de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, es un órgano autónomo de composición mixta, cuya función principal es estudiar y analizar la situación que guarda el territorio sobre el que se señala que existe violación a los Derechos Humanos de las mujeres.
 
Otra razón expresada como motivación de la renuncia fue que el Grupo de Trabajo no tuvo conocimiento a través de una notificación oficial (ni extraoficial) de la resolución de la Segob sobre la no procedencia de la Alerta.
 
Fue hasta el lunes 7 de agosto por la mañana cuando únicamente se les envió una liga a la página de Conavim, donde se ubicaba el documento que fue publicado en la página del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) desde el viernes 4 de agosto.
 
La notificación de la negativa fue enviada a la organización peticionaria pero las y los integrantes del Grupo de Trabajo la desconocían, a pesar de que son pieza fundamental para ofrecer argumentos para la decisión final de Segob.
 
La dinámica de las reuniones había sido establecida por el Grupo de Trabajo desde el principio, acordando como norma a su interior el mantener un canal de comunicación e intercambio permanente de borradores de documentos y resoluciones gubernamentales, lo cual no ocurrió al final.
 
Esta forma de trabajo posibilitó en el pasado llegar a acuerdos consensados sobre cada uno de los aspectos requeridos para facilitar su quehacer, tanto en cuestiones de logística como de organización y procedimiento, según expuso la académica.
 
Sin embargo, lamentó que en la última fase imperó la desinformación, la rigidez y la imposición por lo que como académica y estudiosa de la violencia de género dijo que le resultaba imposible llevar a cabo ya el compromiso obligado que tenía con la sociedad en general y la sonorense en particular.
 
La doctora Mercedes Zúñiga Elizalde es profesora investigadora de El Colegio de Sonora, y fue seleccionada en la convocatoria pública para la conformación del grupo de trabajo al que se refiere el artículo 36 del reglamento de la LGAMVLV.
 
En su momento, las y los académicos que integraron el grupo fueron: Adriana Guadalupe Mejía Salcido como representante del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Edgar Alejandro Jaimes como representante de la Universidad Nacional Autónoma de México. También formó parte la maestra Gilda Salazar del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo.
 
Si bien este grupo sufrió una serie de cambios en la composición: uno del representante de Inmujeres, dos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dos del Instituto Sonorense de las Mujeres, y cuatro de Conavim, es ésta la primera renuncia por motivos de diferencias por las irregularidades, lo que se traduce en una crítica que quedó expresada tanto en la renuncia como en el voto razonado de Zúñiga Elizalde.

17/SNE







REPORTAJE
VIOLENCIA
   Alertas se activan pero no atiende violencia de género
Alerta de Género: Desinterés del Estado por proteger la vida de las mexicanas
Imagen retomada del portal cpsicologosguanaco
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 07/08/2017 En una década 27 entidades del país han solicitado la Alerta de Violencia de Género (AVG) pero sólo se ha declarado para 83 municipios de 11 estados: Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Colima, Sinaloa, Veracruz, Nuevo León, Chiapas, Michoacán, Morelos y el Estado de México. 
 
En 2007 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que mandata en su artículo 22 la creación de la AVG como un instrumento de emergencia para salvar la vida de las mujeres y niñas mexicanas.
 
Impulsada por legisladoras feministas, la Alerta se pensó como un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia en la que intervinieran los 3 órdenes de gobierno para atender de fondo la violencia de género en cada entidad o territorio determinado.
 
Sin embargo, a 10 años de su creación, prevalece el desinterés y falta de voluntad del Estado para implementarla, lo que se ha traducido en una “cascada” de alertas aprobadas, con medidas que no se cumplen o son acatadas a medias.
 
Como si se tratara de una “receta”, el sentido de la Alerta se ha distorsionado y a 10 años de su creación, el impacto real en donde se ha decretado se desconoce, porque hasta ahora, la instancia encargada de prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, la Conavim, no ha informado ni transparentado su funcionamiento.
 
Así lo señalan expertas en el tema de violencia de género, como la académica y doctora en estudios de género, Lucía Melgar Palacios, quien sostiene que existe una completa incomprensión y desinterés del gobierno por atender la alerta. 
 
“Todos han seguido la receta de la AVG. El grupo de trabajo hace un diagnóstico del territorio en 30 días, luego en seis meses continúan las acciones gubernamentales, hacer una campaña, capacitar a sus funcionarios, poner alumbrado, pero ¿quién está obligando a los gobiernos a hacer lo que deben; garantizar a las mujeres una vida libre de violencia?” cuestiona la académica de la UNAM.
 
A propósito del segundo aniversario de la AVG en el Estado de México, esta agencia consultó a varias especialistas para que hicieran un análisis de su funcionamiento en donde se ha decretado, y todas coinciden en que no es que el mecanismo esté mal, sino en el nulo interés del gobierno por realmente atender de fondo la violencia contra las mujeres y niñas.
 
Para Lucía Melgar, la responsabilidad de que la AVG genere resultados tan deficientes es del Estado, por la opacidad con la que actúa y su negativa en cumplir con la protección de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres.
 
En ello coincide la senadora Diva Hadamira Gastelúm Bajo, una de las impulsoras de la Ley General, y agrega: “las autoridades locales tienen una completa ignorancia en su implementación, buscan resolver las consecuencias pero no sus causas, mientras la sociedad sólo está en un estado de cachar políticas públicas”.
 
La senadora reconoce que si más de la mitad del país ha pedido acciones de emergencia para proteger la vida de las mujeres, es porque el Estado no les garantiza “el mínimo de bienestar para que este a salvo su vida, integridad y seguridad”.
 
Por ejemplo, dice la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) María de Luz Estrada, en el Estado de México ya se cumplieron dos años desde que se decretó la AVG pero la falta de voluntad política del Estado mexicano hizo que este mecanismo se convirtiera en un trámite burocrático utilizado con fines políticos y mal implementado.
 
Aún bajo la alerta el panorama no es diferente en la entidad mexiquense. En estos dos años se han registrado 31 casos de feminicidio y 412 homicidios de mujeres de acuerdo con cifras oficiales, ubicando a este estado como el territorio más peligroso para la población femenina en el país, según Naciones Unidas.
 
Por ello Luz Estrada considera que las acciones urgentes y esenciales que deben de seguir las autoridades una vez solicitada la alerta son investigar de manera profunda las razones de la violencia contra las mujeres, revisar los casos en reserva, generar un sistema de seguridad, reeducar a la sociedad civil, en conclusión, instaurar una política integral de estado. 
 
“No es de emergencia porque tienen que inventar un programa rápido, es porque hay que atender temas estructurales, tienes que ir al fondo para que lo que hagas no quede en simulación”, acotó.
 
REPENSAR LA AVG
 
Hasta ahora, las organizaciones civiles han hecho el trabajo que le corresponde al Estado, documentar, investigar las causas de la violencia y registrar los casos. Muchas más han recurrido a los amparos judiciales para pedir que se decrete una AVG y exigir reuniones gubernamentales, incluso manifestarse para agilizar los procesos.
 
Por ello piden nuevas adecuaciones a la normativa; el respeto de los tiempos del proceso, sanciones a quienes incumplan las obligaciones y la autonomía de los Grupos de Trabajo que respaldan la decisión de procedencia de la Alerta.
 
La coordinadora de Equifonía AC, peticionaria de las dos alertas para Veracruz, Araceli González Saavedra, agrega que se debe incluir en el proceso de seguimiento la participación de las organizaciones, pues son quienes ante la ausencia del Estado acompañan a las víctimas sin ningún presupuesto, pero en el reglamento su papel se reduce al trámite de la solicitud.
 
En tanto, Luz Estrada propone agregar un apartado final para que cada entidad emita un reporte de resultados de la AVG, y Lucía Melgar señala que ya pasaron 10 años desde que se pidieron las primeras alertas y por tanto, Conavim tendría que presentar un primer diagnóstico de la implementación de este mecanismo.  
 
En lo que va de este año la Secretaría de Gobernación (Segob) ya declaró cinco alertas y recibió otras cinco solicitudes, lo que para Melgar Palacios refleja “la gravedad del problema que enfrentan las mexicanas”.  
 
En Nayarit por las elecciones de junio se detuvo el proceso, y ya van cuatro meses sin que la Segob dicte la deliberación final.
 
En Sonora, la AVG lleva dos años estancada pues aún cuando su reglamento no lo determina así, la Segob otorgó una prórroga al gobierno estatal para que cumpla con las recomendaciones.
 
Mientras Segob no respete los procesos establecidos en la ley y los gobiernos locales simulen la implementación de la AVG, se seguirán perdiendo vidas de mujeres y niñas, concluyen las expertas. 

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NACIONAL
VIOLENCIA
   Conavim coordina atención; hay programas dispersos
Ciudad Juárez: 13 años de programas para infancia en orfandad por feminicidio
Especial
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/07/2017 El 26 de mayo de 2010 un Tribunal de Casación de Ciudad Juárez, en Chihuahua, dictaminó que Heidi, la hija de Rubí Marisol Frayre Escobedo, joven asesinada en 2009, debía recibir una cantidad de 38 mil 390 pesos por concepto de indemnización, monto con el que al mismo tiempo se acreditaba su condición de orfandad.
 
Seis años antes de esta sentencia (en 2004) el gobierno chihuahuense, estado donde se ha documentado el fenómeno del feminicidio desde 1993, creó un programa social para dar mil 900 pesos y apoyo psicológico a las niñas y niños que quedaban en orfandad tras el asesinato de sus madres, programa que ha resultado insuficiente.
 
Así lo reconoció la directora general adjunta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en Ciudad Juárez, Zulay Alaid Abbud Esparza, quien explicó en entrevista que en Juárez hay por lo menos tres programas enfocados en este fenómeno social a pesar de que esta instancia no tiene una política específica para atender a esta población y no cuenta con datos al respecto.
 
Entre las acciones que realiza la Conavim –creada a nivel federal en 2009 a partir de los crímenes cometidos en la ciudad fronteriza– está diseñar políticas en materia de igualdad de género; construir y equipar los Centros de Justicia para las Mujeres; coadyuvar en los trámites de Alerta de Violencia de Género y dar cursos y capacitaciones en la materia. En la ciudad fronteriza es un enlace entre el gobierno estatal y federal.
 
VIOLENCIA QUE SE EXTIENDE
 
Un informe que realizó Amnistía Internacional en 2003 describía el perfil de las mujeres víctimas de la franja fronteriza como jóvenes “sin ningún poder en la sociedad”, trabajadoras de las industrias maquiladoras, camareras, empleadas en la economía informal o estudiantes; muchas de ellas vivían en circunstancias precarias y a veces con hijas e hijos que mantener.
 
A su vez un informe de la Conavim encontró que en la década de los noventa las mujeres asesinadas o desaparecidas eran menores de 25 años, solteras, estudiantes y trabajadoras de la maquiladora y documentó  que a principios del nuevo milenio creció el número de víctimas de 25 a 35 años que eran amas de casa o empleadas.
 
Desde que comenzaron los crímenes en Juárez se comprobó que la violencia feminicida afectaba también a las hijas e hijos de las víctimas, lo que llevó a las madres de las mujeres asesinadas a demandar apoyos para sus nietos que quedaron en orfandad. Con el impulso de las organizaciones civiles, estas abuelas consiguieron la atención de las autoridades. 
 
Abbud Esparza, quien ha trabajado en el Instituto Chihuahuense de la Mujer y en el Centro de Justicia para la Mujer, explica que casi una década después de que en 1993 se dieran a conocer a nivel nacional e internacional los asesinatos de mujeres en esta zona, en 2004 comenzó un programa para atender a la infancia en esta situación.
 
En ese entonces 14 familias recibían una cantidad de mil 900 pesos mensuales, atención psicológica, apoyo para comprar útiles y uniformes escolares y becas de estudio. Hasta 2013 el programa beneficiaba a 125 familias y de acuerdo con la funcionaria sigue vigente y hay alrededor de 150 familias apoyadas.
 
Para que una niña o niño tenga acceso a estos beneficios, explicó, la familia tiene que estar vinculada con la Fiscalía General del estado, en particular con la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por razones de Género, que es la autoridad que acredita que se cometió un feminicidio.
 
En Chihuahua la ley no reconoce el término feminicidio pero Abbud Esparza detalló que la Fiscalía Especializada es competente en los asesinatos de mujeres siempre y cuando el delito cumpla ciertos requisitos: el más importante, que la mujer fuera privada de la vida por condición de género.
 
Si la Fiscalía (ubicada en el edificio del Centro de Justicia) considera que se trató de un homicidio por razón de género entonces puede canalizar a las víctimas indirectas al Instituto Chihuahuense de la Mujer para que les expliquen los apoyos sociales que pueden recibir en caso de que haya menores de edad que quedaron en orfandad.
 
PROGRAMAS DISPERSOS
 
En mayo de 2005 la Procuraduría General de la República creó que el Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Victimas de Homicidio de Mujeres en el municipio de Juárez con un monto de 25 millones de pesos de la dependencia y 5 millones de la Fiscalía gobierno estatal. 
 
La directora adjunta de la Conavim en Juárez señaló que este fondo también está vinculado al análisis y a la investigación que arroja la Fiscalía y para acceder al apoyo las autoridades analizan los casos y determinan las circunstancias de los hechos y la cantidad que se puede otorgar a las familias. El apoyo es en una sola ocasión.
 
“En general, todas las que están en ese programa son familias con muchas necesidades económicas para sacar a sus nietos, o a las hijas e hijos de las víctima de la situación en la que se encuentran, por eso el apoyo se les da en efectivo, para poder solventar un poco pagos, estudios. Evidentemente nada va a resarcir o les podría reintegrar a su hija, pero es parte de un programa que trata de apoyarles en lo que se pueda”.
 
En 2010, durante la implementación de la política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, el gobierno de Chihuahua propuso una serie de acciones para reestablecer el tejido social en la frontera azotada por los asesinatos. Así se creó el Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen.
 
Este fondo, señaló la funcionaria, lo manejaba el DIF por tratarse de la niñez y posteriormente estuvo a cargo de la Fiscalía de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito pero con el cambio de administración del gobierno estatal el año pasado se analizó transferir este fideicomiso a la Secretaría de Desarrollo Social.
 
Abbud Esparza explica que aunque hay tres programas de apoyos a las niñas y niños en orfandad a cusa del feminicidio, la Conavim coordina una red interinstitucional para detectar la situación de las víctimas y coordinar a las instituciones de los tres niveles de gobierno que manejan recursos o programas específicamente para apoyarlas.
 
Cada dos meses se hacen reuniones de trabajo para analizar las necesidades de las familias de una mujer asesinada y ver quien puede atenderla toda vez que puede requerir desde ayuda legal para tramitar la custodia de los menores de edad o una bolsa de empleo para conseguir trabajo. “Cada caso se trabaja de manera particular porque las necesidades son diversas y son diferentes”, aseguró.
 
Sin embargo no sólo se trata, dijo, de que los gobiernos den apoyos económicos, sino de promover la igualdad y erradicar la violencia contra las mujeres y en el caso de los programas enfocados a las niñas y niños en orfandad que permanezcan a pesar de los cambios de gobierno.
 
17/AGM
 







OPINIÓN
VIOLENCIA
   MUJER SONORA
Alertas que sirven. Sonora y la AVG
Imagen de Silvia Nuñez Esquer
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 12/07/2017 El que Sonora haya hecho del proceso de la Alerta de Género una vacilada, no significa que las alertas de género no sirvan. Dos años para atender la solicitud y una prórroga sin fundamento, son muestras de ello.
 
El mecanismo creado como algo muy novedoso en 2006 en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México, vislumbraba lo que venía: un incremento en la violencia feminicida, pues ya había evidencia de que no solo en Chihuahua se disponía de la vida de las mujeres, sino en todo México.
 
Y es que esa ley vanguardista en su momento también pensó en la AVG como una protección y un límite, después del cual pararían las muertes violentas de género contra las mujeres.
 
Pero también quienes la hicieron, pensaron en el resguardo de la integridad individual al introducir las órdenes de protección como un mecanismo amplio de urgencia para salvaguardar la vida de las mujeres que estuviera en riesgo de feminicidio.
 
Ninguno de los dos ha funcionado. Pero no por sí mismo, ni porque estén mal diseñados. El problema ha sido la forma en que se han interpretado y manoseado.
 
Visto como una fuente de posibilidades de obtener beneficios políticos, mercantiles y de posición de fuerza entre los grupos internos de los partidos que gobiernan, lo último en lo que se piensa es en las mujeres, candidatas a ser asesinadas. En las preasesinadas.
 
Si habláramos en términos religiosos –lenguaje adoptado por personas políticas- es un pecado el no haber aprovechado los mecanismos de ley, para evitar que murieran más mujeres.
 
Todos los casos de feminicidio ocurridos después de que a través de las solicitudes de AVG se ha advertido por parte de la sociedad civil de que la violencia feminicida se ha recrudecido, pasan a ser responsabilidad del Estado.
 
Ningún gobernador o gobernadora puede criticar el mecanismo de AVG, si no ha hecho nada para tomar los beneficios que éste tiene para que las mujeres no sigan muriendo a manos del machismo brutal.
 
La Alerta de género no solo es un aviso de que en ese territorio se ha incrementado la incidencia de feminicidio, y de actos feminicidas en grado de tentativa –por el momento- que anuncian más muertes. Es también la única posibilidad que tienen las instituciones para demostrar que las vidas de las mujeres y las niñas les importan.
 
A pesar del fondo específico etiquetado para operar las alertas de género que han sido declaradas, cuya convocatoria la abrió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) el 26 de diciembre de 2016, los gobiernos insisten en lamentar que “no existen recursos para las alertas”.
 
Pero en Sonora no solo se repite esta afirmación imprecisa. El gobierno del estado tenía conocimiento de que los municipios de Cajeme y Hermosillo se encuentran entre los cincuenta de más riesgo en México, y dejó crecer la violencia.
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2107, publicado el 30 de noviembre de 2016, se destinan 5 mil millones de pesos para el Fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso, las entidades federativas (Fortaseg 2017).
 
El Fortaseg  enlistó los 50 municipios de mayor riesgo y los cuales deberían ser atendidos con perspectiva de prevención. Ahí figuran Hermosillo y Cajeme.
 
El 1 de enero de 2017, emitió los lineamientos para el otorgamiento del subsidio en materia de seguridad pública a quienes ejerzan de manera directa o coordinada la función.
 
Tema prioritario en el decreto son la capacitación y certificación de las policías, así como el fortalecimiento del Sistema de Justicia Oral. La bolsa concursable era de 5 mil millones de pesos.
 
Someterse a un riguroso proceso de transparencia y rendición de cuentas, es decir hay que presentar proyectos, no solo recibir recursos en forma discrecional. La parte de la fiscalización y auditoría es lo que a muchas instituciones no les gusta.
 
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer los 300 municipios que cuentan con características de riesgo, entre ellos: Caborca, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado.
 
Pero los de urgencia son Cajeme y Hermosillo, por lo que se encuentran entre los 50 municipios de atención prioritaria con perspectiva de prevención.  Se asignan para proyectos especiales de prevención social de la violencia y la delincuencia y de atención del delito de homicidio doloso.
 
Los criterios conforme a los cuales se determinan los valores que sirven de base para la selección de los 50 municipios beneficiarios de atención prioritaria con perspectiva de prevención son:
homicidio doloso, rezago social y desigualdad económica.
 
Hasta hoy no conocemos cuáles son los proyectos a través de los cuales se pretende atender con perspectiva de prevención a Cajeme y Hermosillo pues las cifras de muertas y muertos, número de casquillos y armas utilizadas solo aumentan. De cuántas se evitaron no sabemos nada.
 
¿Es la AVGM la responsable? ¿Hay o no recursos para ejercer la prevención? Tal vez las decisiones deban tomarse con otro enfoque y no con un estricto escudo político, que solo está evidenciando la omisión.
 
No queremos más víctimas de feminicidio. No queremos que se siga subvalorando la vida de las mujeres de acuerdo a su actividad económica, por sobre la de niñas y niños. Todas las vidas son importantes. Si no queremos más asesinadas tal vez la respuesta esté en la Alerta de Género, pero con una coordinación seria, responsable, y sobre todo competente y preparada.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SNE
 







ESTADOS
VIOLENCIA
   Niega Alerta para Puebla
Segob declara AVG en tres municipios de Quintana Roo
Imagen de Sandra Segura
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/07/2017 La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) informó que no declarará la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Puebla, pues el gobierno local realizó acciones suficientes para atender las propuestas del Grupo de Trabajo, al tiempo que decretó el mecanismo en tres municipios de Quintana Roo y no en cinco como fue solicitada: Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad.
 
OCHO MEDIDAS PARA EL GOBIERNO DE PUEBLA
 
A través de la Conavim, la Secretaría de Gobernación (Segob) indicó en su resolución el pasado 7 de julio que el Grupo de Trabajo conformado para atender y determinar la procedencia de la AVG en Puebla, determinó que el gobierno estatal, encabezado por Antonio Gali Fayad, generó las propuestas necesarias “para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la entidad”.
 
Esto a pesar de que en el dictamen señala con datos de los Censos de Procuración de Justicia (2015 y 2016), que hubo un incremento en “los homicidios de mujeres en Puebla: de 183 casos en 2014, se pasó a 258 en 2015”, lo que significa un aumento del 39 por ciento.
 
Asimismo, Segob señaló que Puebla se posiciona en el octavo lugar de estados del país con mayor número de denuncias por violencia familiar en agravio a mujeres. Por lo que si bien determinó que no había “elementos objetivos para declarar procedente la alerta”, en los próximos seis meses Conavim evaluará que el gobierno de Antonio Gali cumpla con las siguientes ocho medidas:
 
1) Elaborar un diagnóstico estatal sobre los tipos y modalidades de violencia de género; 2)Ejecutar de manera inmediata una estrategia de prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público; 3) Generar mecanismos efectivos para órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; 4)Actualizar el Centro Estatal de Datos e Información referente a casos de violencia.
 
5) Formular un programa de atención a hombres generadores de violencia desde la perspectiva de género; 6 y 7)Conformar una Unidad de Contexto para investigar el feminicidio, homicidios dolosos, violencia sexual y desapariciones de mujeres, y que revise los expedientes de los últimos ocho años para detectar las posibles deficiencias de las investigaciones; 8) fortalecer los centros de justicia de las mujeres y agencias ministeriales.
 
RETRAZOS Y ENGAÑOS
 
En marzo de 2016 el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica y la organización civil Todos para Todos, solicitaron la AVG para Puebla. Conavim aceptó la solicitud un mes después y convocó a la conformación del grupo de trabajo. Este emitió el 28 de junio un informe con 11 recomendaciones para el gobierno encabezado entonces por Rafael Moreno Valle.
 
Las irregularidades se presentaron cuando la Secretaria General de Gobierno del estado de Puebla (SGG) dijo entregó la solución a las recomendaciones del informe en diciembre de 2016, cuando en realidad sucedió hasta enero de 2017. El análisis y la resolución del grupo de trabajo sobre la información que entregó el gobierno estatal ocurrió seis meses después, hasta el pasado 7 de julio.
 
AVG PARA QUINTANA ROO, SUMAN 11 ESTADOS
 
Mientras, ese mismo día Segob decretó la alerta de violencia en tres municipios de Quintana Roo, en respuesta a la solicitud que hizo en diciembre de 2015 el Consejo Estatal de las Mujeres de Quintana Roo AC y la agrupación, Justicia Derechos Humanos y Género.
 
El mecanismo de emergencia se decretó para tres municipios y no para cinco como fue solicitado: Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad, con ello quedaron descartados los municipios de Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.
 
El grupo de trabajo que atendió la AVG determinó que el estado no atendió las 11 proposiciones que le fueron hechas en el informe, por lo que deberá asumir medidas como: recuperar espacios públicos, un programa coordinado de atención a mujeres víctima de violencia y protocolos para atender, investigar y juzgar con perspectiva de género los casos de feminicidio y delitos sexuales.
 
Este contexto coloca a México con 11 estados bajo la AVG, cinco de ellas se aceptaron en lo que va del 2017: 11 municipios del Estado de México, ocho en Morelos, 14 en Michoacán, siete municipios en Chiapas, cinco en Nuevo León, 11 en Veracruz, cinco en Sinaloa, cinco en Colima, seis en San Luis Potosí, ocho en Guerrero, y tres en Quintana Roo.
 
17/HZM







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