ESTADOS
VIOLENCIA
   Acciones recomendadas por Segob, insuficientes
Sonora: 107 casos de feminicidio desde solicitud de AVG para Cajeme
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/04/2017 Desde 2015, año en que se solicitó la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, hasta el año pasado, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora contabilizó 107 casos de feminicidio en la entidad, pese a que el gobierno local estaba obligado a seguir las 12 recomendaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) para garantizar la seguridad de las mujeres, emitidas por el grupo de trabajo de la AVG.
 
De acuerdo con datos que proporcionó a Cimacnoticias, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora, Cajeme es el municipio con el mayor porcentaje de violencia feminicida en la entidad: 19 por ciento de estos casos (20 asesinatos, 10 cada año) se cometieron en dicha región.
 
El 25 de mayo de 2015, agrupaciones no gubernamentales presentaron la solicitud de la AVG para Cajeme a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
 
Tres meses después fue aceptada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim); se abrió el grupo de trabajo y al término de su investigación emitió 12 recomendaciones a las autoridades de Sonora.
 
Entre las recomendaciones figuraba la creación de un sistema de información confiable sobre la violencia contra las mujeres, del cual el gobierno de Claudia Pavlovich respondió con la creación del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Baesvim), que sólo registro 1 feminicidio en 2016.
 
En el informe sobre los avances de la AVG del gobierno de Sonora -entregado el 13 de junio de 2016- también se habla de la creación del “Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” y el establecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres.
 
En septiembre de 2016, Segob dio por concluidas 5 de las 12 recomendaciones y extendió a 6 meses más el plazo para terminar de cumplirlas. Sin embargo, ninguna de estas recomendaciones están a la altura de la emergencia que se presenta en el territorio, indican las agrupaciones.
 
El plazo para atender las recomendaciones venció el 14 de marzo, incluida la extensión de 6 meses que dio la dependencia al gobierno de Sonora, bajo Claudia Pavlovich Arellano.
  
Sin embargo, organizaciones civiles como la Red Feminista Sonorense refieren que la violencia feminicida no desciende en la entidad, como ejemplo está el feminicidio registrado en días recientes en Cajeme y la violencia extrema de la que fue víctima otra mujer por su pareja en el mismo municipio, por lo que pidieron  a las autoridades estatales y a Segob, la ejecución de un plan de acción emergente y la declaratoria de la alerta. 
 
PETICIÓN PARA TODO EL ESTADO
 
Los datos del Observatorio llevaron a que el Congreso local se uniera a la petición de la declaratoria de la AVG en todo Sonora, mediante un exhorto dirigido en marzo a la Segob y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
 
Señala el Observatorio: en 2016 de los 45 asesinatos de mujeres que registró , el 14 por ciento ocurrieron en el municipio del Hillo (6 casos), asimismo, 4 asesinatos tanto en Nogales como en San Luis Río Colorado, 3 en Navojoa y otros tres en  Carborca.  En  Empalme, Sonoyta y Etchojoa se registraron 2 por municipio.
 
La información del Observatorio indica que prácticamente en cualquier edad las sonorenses son víctimas de esta violencia extrema, sin embargo, entre ellas destaca el grupo entre 21 a 30 años de edad, que representó el 33 por ciento del total de víctimas, es decir, 15 víctimas.
 
Le sigue el grupo de 31 a 40 años, que suma 8 casos en total (17 por ciento), las víctimas entre 21 a 50 años de edad representaron el 15 por ciento, con un total de 7 casos. Las niñas menores a 10 años también marcan uno de los porcentajes más altos, 11 por ciento (5 casos).
 
De acuerdo con la información proporcionada por la organización, la mayoría de estas 5 niñas víctimas de feminicidio mantenía algún tipo de relación con el asesino: 3 se registraron como padrastros de la víctima, 1 como padre, y 1 como vecino, otro se desconoce.
 
INFORMACIÓN SOBRE AVG
 
Cabe recordar que actualmente 7 entidades cuentan con la declaratoria de AVG: Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz y Sinaloa, sin embargo, es poca la información que se cuentan sobre los avances y resultados.
 
Por eso, el 13 de marzo la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Dávila Fernández, pidió a Segob un informe detallado sobre las mismas e informar cuántas solicitudes ha recibido, las que están en proceso y las que no procedieron.
 
17/HZM/GG







ESTADOS
   Recomendaciones de Segob, insuficientes
Urge plan de acción y AVG en Cajeme, reiteran sonorenses
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/04/2017 Dos actos de violencia extrema contra mujeres, ocurridos ayer, son ejemplo de que esos hechos no cesan en el municipio de Cajeme, en Sonora, por lo que es urgente instaurar un plan de acción de emergencia y declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG), exigió la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa.
 
La feminista recordó que desde el pasado 14 de marzo concluyó la prórroga de 6 meses que otorgó la Secretaría de Gobernación (Segob) al Gobierno de Sonora para cumplir con las recomendaciones hechas por el grupo de trabajo de la AVG en el municipio.
 
Esto, luego de que el 25 mayo de 2015, organizaciones civiles presentaron la solitud de AVG para el municipio de Cajeme, la cual fue aceptada el 18 de junio de 2015 por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
 
A partir de esa fecha, se abrió el periodo de investigación del grupo de trabajo, que emitió 12 recomendaciones a las autoridades sonorenses para atacar el problema. Sin embargo, ninguna de estas acciones han sido suficientes para combatir la violencia contra las mujeres, dijo la ex legisladora.
 
Burgos Ochoa habló sobre los hechos de violencia cometidos ayer: se trata del hallazgo del cuerpo calcinado de una mujer y de la grave situación de salud que enfrenta otra, luego de que su pareja intentó quemarla con gasolina. 
 
De acuerdo con coordinadora de la Red Feminista Sonorense, quien colabora con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora, en 2016 registraron 54 casos de feminicidio, 14 ocurrieron en Cajeme. En 2015 reportaron 10 en dicho municipio, de los 61 registrados en Sonora.
 
“Queremos garantías para vivir en paz en Cajeme, para que nuestros hijos e hijas acudan a la escuela con seguridad, nosotras realicemos nuestros quehaceres sin ninguna sombra y preocupación por nuestra vida”, indica el comunicado hecho por la Red.
 
INSUFICIENTES
 
Entre las 12 recomendaciones hechas a las autoridades sonorenses, tras la aceptación de la solicitud de AVG están: contar con un sistema de información confiable sobre la violencia contra las mujeres, fortalecer el Instituto Municipal de la Mujer, la elaboración de protocolos especializados en la investigación del delito de feminicidio, la desaparición de niñas y mujeres.
 
El 13 de junio de 2016, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, presentó el informe a Conavim sobre los avances en el cumplimiento de estas, donde destacó la creación del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Baesvim), y la creación del Centro de Justicia para las Mujeres.
 
Asimismo, se informó de la creación del “Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” y de los reglamentos de la “Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”.
 
También, indica se capacitó a diversas instituciones de salud  sobre la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046, para el acceso a la interrupción del embarazo a víctima de violación. 
 
Con ello, en septiembre de 2016, Segob dio por concluidas 5 de las 12 recomendaciones dadas por el grupo de trabajo, y emitió un plazo de 6 meses más para que el gobierno de Sonora cumpla con las exigencias.
 
CIFRAS AL ALZA
 
Sin embargo, Leticia Burgos destacó que estas acciones apenas son la base para terminar con la violencia feminicida que está en aumento en Cajeme, y otras regiones de Sonora, como en el Valle del Yaqui, Pesqueira y el Poblado de Miguel Alemán, y dijo, aún existen grandes desafíos para garantizar la seguridad de las mujeres.  
 
En Cajeme, de enero a julio de 2016, 15 niñas fueron reportadas como extraviadas (desaparecidas), 232 mujeres reportaron violencia familiar, 134 niñas y mujeres fueron  víctimas de lesiones, se presentaron 34 denuncias por violación a niñas y mujeres y 6 casos de feminicidio fueron registrados como homicidios dolosos.
 
Contrario a lo registrado por las organizaciones, las cifras que presenta la Baesvim, indican que en 2016 sólo hubo en todo el estado un feminicidio en julio; ningún caso de violación, 32 casos de abuso sexual, 6 de hostigamiento sexual y 496 casos de violencia familiar. La base no proporciona datos desagregados por género, edad, o municipio donde se registraron.
 
17/HZM/GG
 







OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
   MUJER SONORA
Marcela Zuzueta, a un año de su despido con la reforma educativa
Imagen: Silvia Núñez Esquer
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 17/04/2017 Que encadenen la reja de su casa con la familia encerrada adentro; que su niña de dos años sea separada del CENDI al que asistía; y que el 8 de marzo la agredan en el evento oficial de conmemoración del Día internacional de la Mujer, son solo algunos ejemplos del giro que dio la vida de Marcela Guadalupe Zazueta Pillado, desde que la cesaron como maestra el 15 de abril de 2016.
 
Víctima de la reforma educativa, Marcela ha pasado por meses muy difíciles en lo económico, pero también en lo psicológico, pues la presión del desempleo y falta de ingresos está mermando su salud, a un año del cese.
 
Conocedora de sus derechos, con una Maestría y un Doctorado, Marcela, una de las 27 maestras cesadas en Sonora, no presentó el Examen de Evaluación de la Secretaría de Educación Pública, como parte de su reforma educativa y que asume la Secretaría local.
 
La maestra Zazueta tiene muy claro que una ley no puede regir retroactivamente, y mucho menos una relación laboral de tantos años como era la de ella con la Secretaría de Educación y Cultura.
 
EL LLAMADO A PAVLOVICH
 
No obstante que la Secretaría fue la que instrumentó lo que desde el punto de vista legal es un despido, Marcela hace un llamado a la gobernadora del estado de Sonora, Claudia Pavlovich para que tenga una actitud empática con las maestras cesadas, al ser la única gobernadora mujer en el país.
 
Sin embargo, no solo no ha ocurrido algún encuentro con ella para dialogar sobre esta problemática, sino que el pasado 8 de marzo, en la celebración del Día Internacional de la Mujer, las maestras acudieron a manifestarse y extender una lona para que Pavlovich la viera.
 
No era la única lona, puesto que había otras de apoyo a la gobernante. Sin embargo, la de las maestras fue objeto de jaloneos acompañados de empujones y golpes a ellas.
 
Un grupo de mujeres las agredieron mientras intentaban mostrarla, paradas en las gradas del gimnasio polifuncional Ana Gabriela Guevara, en donde se desarrollaba el evento masivo.
 
La maestra lamenta que se esté utilizando brigadas de mujeres de colonias populares quienes “por una despensa” se prestan para atacar a otras personas del mismo pueblo.
 
Al estar instaladas en la parte superior de las gradas, y al echárseles encima para jalar la lona “como si fueran luchadoras”, narra que fue un momento muy tenso, pues temieron que las aventaran hacia la duela del gimnasio en la parte inferior, a más de diez metros, en donde se realizaba el evento oficial.
 
SU LUCHA NO TERMINA
 
Marcela Zazueta ha vivido los últimos meses haciendo activismo para concientizar a la población sobre la injusticia que significa aplicar la reforma educativa y otras reformas estructurales, mismas que mantiene a más de cuarenta personas despedidas de las cuales 27 son mujeres.
 
Pero su actividad comenzó desde que se aprobó y empezó a operar la reforma educativa en 2014, siendo ella una de las docentes que se dedicaba a informar a otros maestros sobre las consecuencias de la misma.
 
Uno de los días en que saldría temprano a informar, con sorpresa se dio cuenta de que su casa estaba encadenada por fuera en el frente y no se podía abrir la reja.
 
Fue necesario que acudieran sus compañeros maestros a retirar las cadenas. Junto con ellos indagó entre personas que estaban en la calle y que eran señalados como quienes habían colocado las cadenas para encerrarla con su familia. Al cuestionarles, simplemente sonrieron y le dijeron: “foto para el feis”. Días después, su casa fue nuevamente encadenada. 
 
Intentos varios ha hecho, tanto para reunirse con la gobernadora, como con el Secretario de Educación y Cultura, Ernesto De Lucas Hopkins.
 
Este último ya accedió a dialogar con ellas, pero cuando estuvo enfrente de las maestras, siempre estuvo chateando, y cuando le llamaron la atención preguntándole que si no le interesaba el tema, él respondió: “¿Usted cree que no me interesa? Son como 26 mil maestros, y viene el 2018”.
 
Según el Artículo 14 constitucional, a nadie se le puede aplicar una ley retroactiva, afirma convencida Marcela Zazueta quien se ha convertido en emblema de la lucha de las maestras cesadas.
Es una de las 27, y una de las dos maestras madre de familia a las que les suspendieron el servido en el CENDI, privando a las niñas del derecho a la educación y el derecho al cuidado.
 
Pero a ella le favoreció un amparo que interpuso, y su niña está de gozando del servicio, y restituidos sus derechos, mismos que se habían violentado.
 
La directora del CENDI número 1, al que estaba inscrita su pequeña, ahora de dos años y cinco meses de edad, le había argumentado los artículos del reglamento en donde especifica que a las mamás que no estén trabajando se les suspende el servicio.
 
Además de la denuncia pública, interpuso un amparo, aunado al proceso jurídico que continúa por su despido injustificado.
 
El CENDI y los servicios de salud para ella y sus dependientes, se siguen brindando, ya que al encontrarse en un proceso jurídico no resuelto, no deben suspenderse.
 
Quien se desempeñara como maestra de segundo grado de la escuela primaria Jesús José Loya Aboitia, habla de la nostalgia que le produce llegar a la escuela, ahora solo a dejar a sus hijos quienes estudian ahí, pero confía en que tarde o temprano la justicia le dará la razón y podrá volver a ejercer como tanto anhela. A un año de su despido, Marcela sigue adelante.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SNE/GG
 







OPINIÓN
   MUJER SONORA
Discriminan a estudiante por llevar a su hija a la biblioteca
Imagen Silvia Núñez Esquer
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 13/04/2017 Elisa Márquez Baca es una estudiante del séptimo semestre de la Licenciatura en Sociología, en la Universidad de Sonora y madre soltera de una niña de tres años. Distribuye su tiempo entre el trabajo como ayudante de cocina, el estudio y el cuidado de su pequeña.
 
El 13 de febrero pasado acudió a la biblioteca central de la institución para solicitar un libro en préstamo para llevarlo a su casa. Ese día, como ocurre con frecuencia, no tuvo con quién dejar a su niña y se la llevó a la Universidad como ha hecho en otras ocasiones, incluso al tomar clases en el aula.
 
Nunca había tenido una llamada de atención por hacerse acompañar de su hija, por el contrario, la pequeña siempre es bienvenida y no falta quien le ofrezca cuidarla y jugar con ella.
 
Pero ese día, cuando fue a pagar una deuda de la biblioteca para poder solicitar en préstamo un libro, un vigilante no las dejó pasar, aunque en ninguna parte del reglamento de bibliotecas dice que está prohibida la entrada con niños. 
 
Ante la necesidad imperiosa del libro, insistió y una bibliotecaria le preguntó quién no las había dejado entrar y le aseguró que sí podría pagar en la caja. Para conciliar, ella propuso que la dejaran pagar y que alguien le trajera el libro a la puerta. No quisieron, el bibliotecario que consulta el sistema informático le dijo que no se podía mover de su lugar y le recomendó que ella entrara a buscarlo. 
 
Sin embargo, cuando iba a buscarlo, apareció la supervisora Adriana Madonia a impedirle el paso, porque “traía a la niña”. La supervisora ofreció entonces traerlo ella misma. 
 
Elisa le dijo que ya había propuesto eso y no habían querido, a lo que la funcionaria contestó que se pusieran de acuerdo, porque si no existe una regla específica, las personas que trabajan ahí deben tener un criterio homogéneo. 
 
Elisa presentó una queja unos días después en la Comisión de Derechos Universitarios, pero el titular, Rodrigo Abril, la atendió sin conocimiento de causa y se dirigió a ella con otro nombre: no había leído su queja, pero le preguntó que si tenía trabajo, que si tenía pareja, y le sugirió que al contar con un empleo, haga uso del seguro social para contar con guardería para la niña.
 
La cuestionó si en la biblioteca había contestado con agresividad y cómo había pedido las cosas. Luego la invitó a una plática sobre Diálogos de paz, la invitó a las actividades del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y para concluir, le sugirió que su pareja le ayude a cuidar a su hija.
 
Ella le explicó que al impedirle la entrada a la biblioteca con la niña habían cometido discriminación. Nada le contestó sobre esto, pero le dijo que no existía antecedente de un caso similar. 
 
Inconforme con la falta de respuesta y para visibilizar el caso y que no vuelva a ocurrir algo similar, Elisa fue al Consejo estudiantil de género, creado por las estudiantes para atender otros casos de violencia y acoso que se han presentado en la escuela de Sociología.
 
La directora de la División de Ciencias Sociales, Amelia Iruretagoyena, turnó el caso a Recursos Humanos y envió un escrito a la secretaria general Administrativa, Magdalena González Agramón, donde le pide que se hagan recomendaciones al personal de la biblioteca y que no vuelva a suceder, sobre todo para evitar que estudiantes madres solteras pasen por lo que Elisa. Sin embargo, el personal de la Comisión de Derechos Universitarios no tiene claro a qué se refiere la perspectiva de género.
 
Elisa Baca ha batallado para inscribir a su hija a una guardería del IMSS y para hacer trámites bancarios, porque le quitaron sus identificaciones oficiales durante un asalto que sufrió junto con sus compañeros. 
 
Y afirma que la biblioteca en la que le negaron la entrada con su hija es la única en la que ha visto un anuncio que dice: “Por razones de seguridad, espacio y orden, se prohíbe la entrada a jóvenes menores de 13 años”.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
 
17/SNE/GG







OPINIÓN
INFANCIA
   MUJER SONORA
¡Hasta nunca!
CIMACFoto: Begoña González
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 21/03/2017 Un eufórico “¡Hasta nunca!” fue la expresión de despedida de un sonriente niño que salía con su hermanito y hermanita de la casa hogar Unacari ubicada en Hermosillo, Sonora.
 
El niño de 6 años, peinado igual que su hermanito con un fleco hacia arriba, detenido con gel, abandonaba el albergue para niñas y niños maltratados o que por alguna razón han sido retirados de sus padres, para estar bajo el resguardo del gobierno del Estado.
 
Era el día más feliz de su existencia a juzgar por su amplia sonrisa y la euforia que tenían sus palabras cuando levantó su manita y saludó al personal mientras cruzaba la puerta hacia la salida que también significaba la salida a su libertad.
 
Y es que las y los niños que radican en Unacari viven ahí, no porque lo hayan escogido, sino como consecuencia del estilo de vida de sus padres, más no fueron consultados para esa decisión.
 
Son más de cien, entre niñas, niños y adolescentes. A partir de la publicación de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, en 17 de diciembre de 2015, hubo cambios nominativos, de facultades y obligaciones.
 
La antes Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia hoy se llama Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, pero fuera del edificio, en letras grandes, después de un año, permanece el nombre anterior.
 
En teoría, cambia el enfoque para orientarlo hacia los estándares internacionales y armonizarlo a la Constitución mexicana.
 
Los cambios llevan a considerar a niñas, niños y adolescentes personas con derechos, con capacidad de ejercerlos y no como una extensión de sus padres, como si fueran pertenencias de éstos.
 
La institución, a la que todos los miércoles le llegan pizzas de la empresa Domino’s, llama “fuga” o “abandono” al acto en el cual las niñas o niños, solos o en grupo, salen de las instalaciones sin permiso o determinación de autoridades.
 
“Cada rato pasa”, fue una frase recurrente que durante la semana pasada escuchamos mientras dábamos seguimiento a la desaparición de dos niñas de 9 años, un niño de la misma edad, y una adolescente de 16 años.
 
Todos habían salido de las  instalaciones de Unacari el domingo 12 de marzo sin que el personal se percatara de ello.
 
La familia no fue informada del incidente, sino dos días después. Fue la tía de una de las niñas, Isabel Hernández, quien a través de las redes sociales inició la denuncia, exigiendo ver a su sobrina.
 
Ante la falta de información y el haberse enterado un día después a través de un reportero que ya habían encontrado a las niñas y niño, la angustiada tía decidió solicitar que le entregaran en custodia a la niña y a dos hermanitos de ésta que también se encuentran en Unacari.
 
Pasó otro día más en el que nadie le daba explicaciones y su preocupación empezó a crecer pues temía que fuera falso que los niños habían aparecido.
 
Cuando al fin y tras muchas horas de espera le permitieron ver a su sobrina, el estado en que la encontró acrecentó su temor, pues la niña estaba sedada, junto con la otra niña y niño que habían estado fuera del albergue.
 
No pudo dialogar con ella, dadas las condiciones  en que se encontraba. La vio adormilada, flácida y apenas balbuceaba lo que pretendía fueran palabras.
 
Hasta el momento, las condiciones de cómo salieron, o cómo se trasladaron hacia el punto en donde los encontraron, aún  no son explicadas por las autoridades.
 
Isabel exigió  le entregaran a los hijos de su hermana: sobrina y dos sobrinos. Primero le dijeron que tendrían que pasar por varios exámenes, desde toxicológicos hasta psicológicos, tanto ella como su esposo para poder considerarlo.
 
Sin embargo, ante las irregularidades del llamado “escape de los niños” por parte de Unacari, la tía acrecentó su exigencia pues la institución no garantizaba la integridad de sus familiares.
 
Fue así que los exámenes se hicieron en un solo día, pues había la promesa de entregar a los niños el viernes 17 de marzo.
 
Pero a las horas la decisión se contradijo, ya que por un “error de un empleado”, siempre no se los entregarían.
 
Volvieron a confirmarle que los niños se irían con Isabel, ante las denuncias públicas que hizo a través de las redes sociales. Los tres menores de edad fueron entregados a su tía el jueves 16 de marzo, justo en su cumpleaños.
 
Las irregularidades y la tardanza en salir a dar una explicación pública por parte del Procurador de protección de niñas, niños y adolescentes, de nuevo puso en la mira a la casa hogar Unacari.
 
Las historias van desde la supuesta frecuencia con que “se escapan” niñas y niños del recinto, hasta que todos tienen piojos, que los sedan para que estén tranquilos y otras.
 
Como medio, fuimos retiradas de la sala de espera de Unacari por una psicóloga, sin una argumentación suficiente pues solo esperábamos a Isabel Hernández, mientras permanecía dentro intentando que le permitieran llevarse a sus sobrinos.
 
Hermosillo no es cualquier ciudad. Su mala relación con el cuidado infantil la ha hecho ver como un punto en donde la infancia no vale mucho.
 
En esta ciudad han ocurrido hechos catastróficos que obligan a que las políticas públicas deban respetar impecablemente la legislación, y la rendición de cuentas sea cotidiana.
 
Por si fuera poco, las hijas y los hijos de la violencia están encerrados, tal vez revictimizados por las propias autoridades. Si bien la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, es parte de la armonización legislativa, lo cierto es que los ojos están puestos para constatar si es solo para cumplir, o en verdad respetarán sus derechos.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
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OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
   MUJER SONORA
¿Por qué paramos las mujeres en Sonora?
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 07/03/2017 Miles de mujeres habremos de parar actividades este 8 de marzo ante el llamado a un Paro Mundial de Mujeres.
 
Al igual que el 24A o el 25N, este 8 de marzo 8M, el mundo se cimbrará con el reclamo de las mujeres que hará huelga o paro, de acuerdo a la región.
 
Las demandas y denuncias serán también enfocadas en relación a los tipos de discriminación y violencia que cada grupo de mujeres esté sintiendo que le afecta con mayor magnitud.
 
En Sonora la violencia feminicida no da tregua. El 2017 se ha presentado como un año violento en general, pero especialmente para las mujeres, pues en dos meses se presentaron once eventos en donde la vida de las mujeres quedó comprometida.
 
Siete de los casos terminaron con la existencia de las mujeres, y cuatro más quedaron heridas de muerte, sin que tengamos información de si lograron sobrevivir o están muertas.
 
A diferencia del año pasado, que documentamos dos casos, febrero de 2017 se ensañó contra las mujeres, pues cinco murieron víctimas de feminicidio, pero otras cuatro se vieron de pronto en una lucha por conservar la vida, a pesar de las heridas.
 
Los lugares  en los que se produjeron las muertes son el municipio de Cajeme con tres casos, Poblado Miguel Alemán con un caso, y Nogales con otro caso más.
 
El arma de fuego estuvo presente en cuatro de ellos y un feminicida utilizó el cuchillo para asesinar a su pareja.
 
Las armas cada vez de más alto poder, son las protagonistas este año. En 2016 documentábamos que el uso de las armas de fuego se presentaba en más de la mitad de los casos.
 
Pero este año también en el feminicidio en grado de tentativa, éstas fueron el vehículo para intentar el asesinato.
De cuatro casos ocurridos en los municipios de Navojoa, Empalme, Cajeme y Guaymas, en tres de ellos estuvo involucrada un arma de fuego.
 
Eso significa que solo durante febrero tuvimos nueve casos de violencia feminicida, en los que 5 mujeres perdieron la vida y 4 estuvieron a punto de ello.
 
En total, siete de los eventos estuvieron caracterizados por el disparo directo del arma de fuego en contra de las mujeres.
 
Esto difiere de los eventos del pasado en donde las pistolas, metralletas y otros instrumentos antes de uso exclusivo de las fuerzas armadas, estaban presentes en regiones de combate al crimen organizado.
 
Las mujeres y niñas eran víctimas indirectas al quedar en el fuego cruzado, más eso no ocurría en el estado de Sonora.
 
Por su parte, el mes de enero de 2017 tuvo la misma incidencia que el año pasado con dos casos, una asesinada por golpes y otra por arma de fuego.
 
Ambas en el municipio de Cajeme ubicado al sur del Estado, y para el cual organizaciones de la sociedad civil solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG) el mayo de 2015.
 
Por ello es que en Sonora se escogió el Alto al feminicidio como consigna del paro-concentración-marcha del 8 de marzo.
 
Hay un desconcierto por una política estatal no clara para atender los casos de desapariciones de mujeres, no obstante que puntualmente se cumplió la recomendación sobre AVG de implementar un protocolo para búsqueda de mujeres desaparecidas.
 
Las 768 mujeres que se registraron como desaparecidas en Sonora de enero de 2014 a agosto de 2015 por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), ponen a la entidad en el tercer lugar nacional después de Jalisco y Veracruz.
 
Y si bien hay un esfuerzo y compromiso por mejorar las técnicas de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género, los casos en aumento nos siguen indicando que algo falta.
 
No solo se siguen presentando, sino que están modificando su estructura, pues el incremento en el uso directo del arma de fuego contra las mujeres habla de un descontrol en la capacidad de técnicas de inteligencia para estimar la magnitud de la población armada en nuestra entidad.
 
La Seguridad Pública no ha hecho lo propio para cumplir la dimensión de prevención, ordenada por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado de Sonora.
 
Es como si los esfuerzos caminaran por detrás de la realidad, cuando ésta ya nos ha rebasado, pues otro fenómeno que se ha presentado son los suicidios dudosos.
 
El caso de Linda Jocellyne en Guaymas, que se determinó como suicidio, mantiene en la mira los métodos judiciales, pues su familia no ha quedado conforme con esa resolución, por las irregularidades presentadas durante las investigaciones.
 
Es un caso pendiente para la sociedad guaymense que se manifestó en el Ministerio Público en apoyo a la familia que dolida imploraba una investigación profunda de los hechos, en donde estuvo involucrada la pareja de la chica, y a quien se le creyó sin más,  la versión del ahorcamiento de su pareja.
 
Por las víctimas de feminicidio, que como aquellas mujeres de la fábrica textil en Nueva York el 8 de marzo de 1911 murieron quemadas por la discriminación laboral, hemos de parar.
 
Para visibilizar todas las formas de violencia que sufren las mujeres del Estado que según la ENDIREH 2011 ocupa el primer lugar en violencia en el noviazgo, pararemos y marcharemos este 8 de marzo. Explanada del museo y biblioteca de la Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SNE/GG







ESTADOS
VIOLENCIA
   Tres años, el promedio en seis estados
¿Cuánto tardará el decreto de AVG en Puebla?
Imagen retomada de producciones y milagros
Por: Samantha Páez*
Cimacnoticias | Puebla, Pue.- 16/02/2017 Tres años es el tiempo promedio que tardó la Secretaría de Gobernación (Segob) en emitir las alertas de género en seis estados del país, aunque no hay ninguna garantía: en el Estado de México tardó cinco años; para Veracruz un año y un mes; en Colima y Sonora, donde se solicitó antes que en Veracruz, el proceso sigue en trámite.
 
Considerando el tiempo promedio, en Puebla podría decretarse hasta marzo de 2019, lo que significa que el costo político no recaerá en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, ni en el de Antonio Gali.
 
En marzo de 2016, el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica y la organización Todos para Todos solicitaron la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) para Puebla y actualmente el proceso está en la fase de revisión del informe que presentó el gobierno de Puebla, en respuesta a las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
 
La vocera de la organización Todos para Todos, Violeta Lagunes Viveros, comentó que los procesos se han agilizado, por lo cual confía en que, en no más de seis meses, se dé a conocer si se decreta la alerta en Puebla. “Cada proceso tiene una vida muy diferente, dijo, creo que en menos de seis meses se echan esa segunda etapa” de revisión del informe de trabajo.
 
CONAVIM DELEGA RESPONSABILIDAD
 
Sin embargo, la agilización de los procesos no se debería a una voluntad por parte del Gobierno federal, agregó Lagunes, sino a que ni la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), ni el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) tienen el personal para analizar a profundidad cada uno de los casos y están dejando el problema en manos de los estados.
 
En el mismo sentido habló la coordinadora del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF), María de la Luz Estrada Mendoza, en el marco del VI Encuentro de la Red Nacional de Periodistas en febrero del año pasado, al advertir que la Conavim ya no quiere investigar los casos, por ello traslada la responsabilidad a los estados.
 
“Como la Conavim ya está harta de que todas nosotras estemos pidiendo la declaratoria, le regresaron la bolita al estado. Lo que quieren es que los gobiernos lo asuman y ellos tomen las recomendaciones que quieran”, afirmó Estrada Mendoza.
 
QUE NO SUCEDA COMO EN QUERÉTARO
 
La vocera de Todos para Todos dijo que aunque ocurra algo como en Querétaro, donde no se decretó la AVG porque la Conavim consideró que el Gobierno estatal dio cumplimiento a todas las propuestas hechas por el grupo de trabajo, como promoventes insistirán en que se emita la alerta para Puebla, aun si eso significa llevar el caso a instancias internacionales.
 
En Querétaro --documentó ladobe.com.mx en el mes de noviembre--  para el Gobierno estatal el cumplimiento de las 11 recomendaciones sólo consistió en firmar convenios o anunciar intenciones.
 
RECOMENDACIONES A PUEBLA
 
Entre las acciones que se recomendaron al gobierno poblano, incluidas en el informe que se dio a conocer el 28 de junio de 2016, están: elaborar un diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres; implementar y diseñar campañas permanentes que visibilicen el problema de la violencia de género; publicar y mantener actualizada la información sobre la violencia contra las mujeres en la entidad; modificar el protocolo de investigación de feminicidio y trata de personas, y garantizar que las personas responsables de la aplicación del protocolo lo apliquen.
 
De acuerdo con el Gobierno estatal, aún encabezado por Moreno Valle Rosas, el informe que acreditó el cumplimiento de todas las propuestas se entregó el 29 de diciembre, pero la Conavim confirmó a ladobe.com.mx que fue hasta el 17 de enero que recibió el documento.
 
No hay, por tanto, un plazo definido para que el grupo de trabajo analice si se cubrieron las 11 recomendaciones, ni para declarar o no la AVG.
 
*Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx
 
17/SM/GGQ







OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
   MUJER SONORA
Dictamen excluyente
Especial
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 07/02/2017 Treinta y nueve segundos fue tiempo suficiente para que las y los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Sonora aprobaran en lo general y en lo particular el dictamen de la ley que crea el Instituto Sonorense de la Mujer.
 
A eso se redujo el intento de las ciudadanas que con oportunidad presentaron una iniciativa que trabajaron en conjunto en el movimiento amplio de mujeres y que, a pesar de los años, es vigente.
 
Siete personas que desconocen la iniciativa ciudadana, que nunca mencionaron la petición de las mujeres, y que tampoco dijeron algo sobre otra iniciativa presentada por un diputado que proponía convertir en Secretaría a la instancia de la mujer.
 
Siete legisladoras y legisladores cuya especialidad es cualquiera, menos los derechos humanos de las mujeres. Ellas y ellos levantaron la mano en automático para dar la venia a la iniciativa de la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich.
 
El propio dictamen de fecha 30 de enero de 2017 se refiere a la iniciativa oficial como la única, omitiendo mencionar las otras dos iniciativas.
 
LEY SIN CONSULTA
 
Con ello cancelaron la posibilidad de que las ciudadanas -por cierto algunas fueron impulsoras del Instituto Sonorense de la Mujer- pudieran dar su opinión. Ignoraron la posibilidad de consultarlas para conocer su punto de vista sobre la viabilidad de la propuesta gubernamental.
 
Las viejas prácticas de aprobar iniciativas gubernamentales sin discusión e ignorando a la ciudadanía se reviven para dar vida propia a una instancia que en diez y ocho años ha demostrado que ser una oficina de gobierno sujeta a los vaivenes políticos no ha dado resultado.
 
La esperanza de ciudadanizar el ISM la están cancelando las y los legisladores al aprobar un dictamen que esta semana será llevado al pleno del Congreso, además con la petición de que se dispense el trámite de segunda lectura y sea considerado de obvia resolución.
 
Sabemos que eso significa que, de alguna manera, los partidos políticos que tienen representación en la 61 Legislatura ya se pusieron de acuerdo para aprobarla, seguramente a cambio de alguna negociación que desconocemos.
 
El próximo jueves tendremos Ley del Instituto Sonorense de las mujeres, pero no la propuesta por las mujeres, ni alguna en la que hayan sido consultadas.
 
El colmo es que, en reunión de diciembre de 2016 del Consejo Consultivo del ISM, la directora de la instancia se comprometió a circular la iniciativa gubernamental para conocer las opiniones de las consejeras, misma que nunca compartió.
 
CUMPLIÓ SOLO EL TRÁMITE
 
El dictamen aprobado por la Comisión, que preside la diputada Lisette López Godínez, es un documento que vacía la iniciativa de la Gobernadora y solo cumple el trámite para cumplir la formalidad de convertirla en ley.
 
El Congreso desdeñó la propuesta ciudadana, violando el elemental derecho de petición, en este caso para ser consideradas en las discusiones de las iniciativas, ante la conciencia de que eran tres.
Pero la sumisión política al poder ejecutivo volvió a hacerse presente, y la era de la transparencia y vinculación con la ciudadanía tirada al traste.
 
Entre lo más grave es que, dentro de los cambios expuestos por la iniciativa dictaminada, está la creación de dos consejos, a diferencia de uno extenso que existe actualmente.
 
Consejo consultivo y Consejo social son los nombres de las organizaciones en donde en teoría estarán representados los diferentes sectores de las mujeres en Sonora y que formarán parte de la estructura de consulta y asesoría del ISM.
 
No obstante, se introducen candados para la inclusión de las mujeres en dichos consejos, por lo que ya podemos augurar que es una nueva forma que institucionalizará la exclusión.
 
Lo que parece una buena acción -demandada por las mujeres- la creación de la Ley del ISM, se convierte en la evidencia de que para los poderes del Estado las mujeres siguen siendo menores de edad que no son capaces de hacer propuestas serias y dignas de tomarse en cuenta.
 
La exclusión es el sino de la ley que será aprobada el próximo jueves. No se tomaron en cuenta ni se discutieron las otras iniciativas presentadas al Congreso, no se consultó a las ciudadanas peticionarias.
 
Peor aún, no se incluyó ni consultó a la Comisión de Igualdad del propio Congreso. Mucho menos se le invitó a dictaminar en forma unida. La Ley va mal de origen, por lo tanto el propio Instituto tendrá un sustento legal tal vez, pero ilegítimo pues no dio cabida a otras opiniones.
 
El proceso es una verdadera lástima pues nos hace retroceder décadas en el tiempo al llevarnos a la sumisión de todas las partes que podrían estar involucradas, por el solo hecho de cerrar filas ante una iniciativa gubernamental.
 
El acuerdo que haya sido por parte de los partidos cancela la posibilidad de avanzar en las recomendaciones internacionales de vincular cada vez más a la sociedad en la armonización de la legislación así como en la creación de políticas públicas.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SNE/GG 







OPINIÓN
VIOLENCIA
   MUJER SONORA
2016, año feminicida
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 03/01/2017 El 2016 fue un año estándar en la incidencia de feminicidio en Sonora. En el estado el promedio anual de asesinatos de mujeres fluctúa entre 45 y 55 casos. Sólo en los años electorales se supera la cifra. Este año fue igual de feminicida que los demás, con 46 casos documentados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en el estado (OCNF-Sonora).
 
Siempre decimos que el número no importa pues con una mujer que pierda la vida, castigada por ser mujer, es suficiente para protestar, para manifestar nuestra indignación, para exigir un alto al feminicidio. Nadie debería ser víctima de una muerte violenta y mucho menos debería dejar de existir por el hecho de ser mujer u hombre.
 
Pero no todas las áreas fueron lamentables para las mujeres en 2016. Sin duda el paso grande que se dio fue formalizar la paridad (igualdad) en candidaturas y con ella finalmente permitir a las mujeres la participación política en total equidad e igualdad con los hombres.
 
Con algunos varones militantes de partidos políticos como principales detractores, las mujeres podrán ir como candidatas al tener como universo, ya no lo que decidan internamente los partidos, sino exactamente la mitad de todos los puestos de elección en juego.
 
Fue la propia gobernadora, Claudia Pavlovich, quien cumplió una petición de las mujeres políticas, presentó la iniciativa para que legisladoras y legisladores demostraran que sus partidos están unánimemente de acuerdo en que el 50-50 se haga realidad. Todos votaron a favor.
 
Aunque los municipios no se opusieron, tardaron mucho en dar a conocer la votación del cabildo, refrendaron la reforma constitucional, la cual se promulgó con la mayoría de los municipios, más no con la totalidad.
 
El 2016 reveló las deficiencias en el sistema de justicia, pues las reglamentaciones complementarias a las leyes, no se conocen, mucho menos se dominan. Caso vergonzoso fue la no aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 en julio pasado cuando la niña Citlali de 13 años presentó un embarazo resultado de una violación sexual.
 
Nadie le informó que podía evitar el embarazo, a pesar de que denunció de inmediato el delito. Tampoco le dieron a conocer su derecho a interrumpir el embarazo cuando éste se dio como producto de la agresión sexual y de la negligencia de las autoridades omisas a su obligación de dar a conocer sus derechos a la víctima.
 
Este caso puso a Sonora en el ojo nacional e internacional como una de las injusticias mayúsculas contra la niñez, pues la triple victimización fue perpetrada por el delincuente, por operadores de justicia y por trabajadores de salud.
 
La nueva administración priista enfrentó en 2016 el cumplimiento de las doce recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género (AVG) derivadas de la solicitud que hizo la Red feminista sonorense a través de las organizaciones Alternativa Cultural A.C. y Manitas por la equidad A.C.
 
Tal como ha sucedido en otros estados de la República, las recomendaciones van encaminadas sólo a actualizar las omisiones y deficiencias que presentaron las anteriores administraciones, mismas que acusaban incumplimiento extremo a los mandatos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y otras.
 
A pesar de que se hicieron esfuerzos para que el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres funcionara de manera colegiada, esto sucedió sólo durante el periodo de intento de cumplimiento.
 
Finalmente las acciones no fueron suficientes ni para cumplir las doce recomendaciones, ni para cesar la violencia contra las mujeres, ni parar el feminicidio. Tanto se evidenció que el feminicidio se presentó cada vez con más crueldad y cinismo y las personas feminicida son cada vez más proclives a asesinar en público, no tiene piedad por sus víctimas ni por quienes las ayuden.
 
Sonora sigue ocupando el primer lugar en tasa de mortalidad por cáncer de mama, son las mujeres quienes constituyen el 97 por ciento.
 
Este año tuvo algo especial, pues la condena popular estuvo a la orden del día hacia las y los funcionarios que tomaron a la ligera su responsabilidad o que no supieron estar a la altura de las circunstancias, fueron exhibidos públicamente exigiendo su rectificación.
 
Fue el caso del procurador, Rodolfo Montes de Oca cuando en una entrevista radiofónica expresó que Citlali, no era una niña indígena sino una “mujercita” que nació en Sonora. Después, en otra entrevista, sonrió ante una pregunta. La razón para sonreír era que no estaba en su oficina y no tenía los datos que le solicitaban sobre un tema tan delicado como el feminicidio. También tuvo críticas.
 
También fue exhibido el secretario de Salud, Gilberto Ungson Beltrán, pues entre más explicaciones daba sobre el caso Citlali y la ineficiencia de la institución a su cargo para proporcionar los servicios a los que tenía derecho la niña como víctima de violación, cada vez se hundía más con sus declaraciones que exhibían desconocimiento de la NOM 046 y de otras normativas.
 
Más adelante, se presentó un caso tan dramático como todos, tan doloroso para sus familiares como los anteriores, pero por alguna razón fue más conocido y muy sentido por los diversos contextos en los que se desenvolvía la víctima de feminicidio, la maestra de danza folclórica, Aracely Fuentes.
 
Sin duda esa fue la agresión que las mujeres de Sonora sintieron como si fueran ellas mismas. El enojo por la pérdida de una vida, de una persona joven, productiva, de igual valor que todas. Este caso generó movilización ciudadana que no había logrado otros.
 
Fue “Shely”, como se le conoció a Aracely, la que provocó una declaración de cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres, el llamado a la denuncia y una serie de acciones de emergencia por parte de la gobernadora.
 
Por extraño que parezca, fue este caso el que tuvo como consecuencia que a una mujer se le juzgara con perspectiva de género por que mató a su esposo en defensa propia: Daniela evitó que éste la asesinara primero.
 
La Procuraduría acreditó la legítima defensa, con el lente de la perspectiva de género, pues una de las motivaciones es tomar en cuenta el contexto, siempre se relacionó el caso con la violencia que recibió por parte de él, más en esta ocasión se defendió, con ese desenlace. Ella evitó que la asesinaran, pero la Procuraduría evitó que castigaran a una víctima.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SNE/KVR
 







ESTADOS
POBLACIÓN Y DESARROLLO
   Juárez Cisneros apoya la obra
Yaquis denuncian amenazas de Segob por gasoducto
Tomada de IEnova Sempra Energy
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/12/2016
En un comunicado firmado por las autoridades tradicionales del pueblo de Bácum, la tropa Yoemia y habitantes de Loma de Bácum denunciaron al subsecretario de Gobernación (Segob), René Juárez Cisneros, por amenazar con utilizar la fuerza pública para continuar con la obra del gasoducto en Sonora, en el territorio de los 8 pueblos yaquis.
 
La construcción se reanudó el pasado 8 de diciembre, y en la misiva señalan que las autoridades tradicionales de Bácum sostuvieron una reunión privada el 18 de noviembre del año en curso con el funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) en un hotel ubicado en Ciudad Obregón, Sonora.
 
Tras el encuentro, denunciaron que Juárez Cisneros les dijo que “el gasoducto pasará por las buenas o por las malas. Por las buenas ustedes reciben todos los beneficios que pidan, y por las malas mandaremos a la fuerza pública y militares para obligar a que se haga la obra”. 
 
Cinco días después la empresa “Gasoducto Aguaprieta”, filial de la empresa transnacional, se reunió con las autoridades tradicionales de Bácum para hacerles una “oferta económica” de un solo pago, diferido a 30 años, por más de 7 millones de pesos y becas escolares para las niñas y niños de la comunidad. 
 
Mujeres que promueven los derechos indígenas y la seguridad de los habitantes de la Loma de Bácum (cuyos nombres se mantienen en anonimato), informaron a Cimacnoticias que la empresa transnacional IEnova Sempra Energy reanudó la construcción en el territorio de los 8 pueblos Yaquis, a pesar de la orden judicial que emitió el Juzgado Séptimo de Distrito.
 
 
El número de expediente del amparo es el 312/2016 y el Juzgado Séptimo de Distrito emitió la orden judicial para la detención de la construcción el 6 de abril pasado. A partir de ese momento, la obra que había iniciado la transnacional se detuvo.
 
IEnova Sempra Energy les entregó ese 23 de noviembre un “convenio” que tenían que firmar, desistimientos del amparo y un contrato de servidumbre sellado por los otros 7 pueblos Yaquis. El condicionamiento de la empresa para hacer válida la oferta era que las autoridades tradicionales de Bácum firmaran los documentos un día después, frente a toda la comunidad. 
 
El día 24 de noviembre la comunidad se congregó en la “guardia tradicional” de la Loma de Bácum y por no estar de acuerdo con algunos puntos del contrato de servidumbre, las autoridades tradicionales de Bácum no lo firmaron. 
 
En el comunicado también denunciaron que los representantes de la empresa dijeron que “ellos no podían volver a discutir con la gente” de su comunidad, que se “comunicarían con la Subsecretaría de Gobernación” y amenazaron con la frase: “aténganse a las consecuencias”.
 
En el documento reiteraron que el Pueblo de Bácum y la Loma de Bácum siempre han estado abiertos al diálogo, a la armonía y la paz para hablar sobre el “desarrollo económico” y bienestar social de los 8 pueblos Yaquis y del municipio de Cajeme. 
 
Indicaron que proponen una nueva ruta para el gasoducto que atraviesa los municipios de San Ignacio Río Muerto, otra zona del municipio de Bácum y Cajeme, llevando el gas natural directamente por el “parque industrial” de Ciudad Obregón, Sonora.
 
En entrevista con las mujeres que promueven los derechos indígenas de la etnia Yaqui, explicaron que el modelo económico de los 3 niveles de gobierno y las políticas públicas que impulsan bajo el enfoque “indigenismo integracionista etnicista”, no respeta las tradiciones y derechos de los pueblos indígenas, ya que los “despoja” de sus tierras, obliga a la comunidad a trabajar para empresas transnacionales que atentan contra su seguridad y a una vida libre de violencia, autonomía, usos y costumbres. 
 
16/GVV/AMS
 







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