Sonora

ESTADOS
VIOLENCIA
   Mecanismo se decretó en 5 municipios de Nayarit
   
Frenan Alerta de Género en Sonora, Tlaxcala y Tabasco
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/08/2017

En un sólo día, el pasado 4 de agosto, la Secretaría de Gobernación (Segob) resolvió cuatro solicitudes de Alerta de Violencia de Género (AVG) y determinó activar el mecanismo de emergencia en seis municipios de Nayarit mientras que en Sonora, Tlaxcala y Tabasco consideró que “no existían elementos objetivos suficientes” para declararla.

En Nayarit la AVG se decretó en los municipios de Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Río, Tecuala y Tepic. Igualmente la Segob resolvió establecer medidas específicas de prevención de la violencia contra las mujeres indígenas de las localidades Huajicori y La Yesca, independiente de que en estas zonas no se haya declarado la Alerta.

Con Nayarit suman 12 las entidades con Alerta, y con la negativa en Sonora, Tlaxcala y Tabasco son siete estados en donde la Segob rechazó implementar el mecanismo.

EXCLUYEN A PETICIONARIAS EN TABASCO

El 14 de marzo de 2016 el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Cedh) solicitó la activación del mecanismo considerando que de acuerdo con el Instituto Estatal de las Mujeres (IEM) tan sólo en 2015 se atendieron 22 casos de feminicidio, mientas en cuatro años (2012 a 2015) la organización civil registró 59 asesinatos violentos de mujeres, de los cuales sólo cuatro llegaron a una sentencia, lo que representa un 93 por ciento de impunidad.

La resolución que dio Segob el pasado 4 de agosto sobre no decretar la Alerta en Tabasco no fue notificada a la agrupación peticionaria, únicamente se dio a conocer a través del portal de internet del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), donde el dictamen argumenta que el gobierno estatal realizó acciones suficientes para atender la violencia de género.

Una vez que se presenta una solicitud de Alerta, el gobierno federal convoca a un Grupo de Trabajo, integrado por académicas y académicos para que evalúen la situación y hagan una serie de recomendaciones al gobierno estatal. Una vez que estas acciones se implementan se deben informar a los involucrados del cumplimiento. Con este proceso y las acciones se abre la posibilidad a no decretar la AVG.

La directora de la agrupación Leonora Ramírez Bautista, dijo en entrevista con Cimacnoticias que durante el proceso de la AVG también se les excluyó incluso nunca se les informó del reporte de cumplimiento que entregó el Gobierno estatal a la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), mismo que solicitaron a Segob por medio de la plataforma de transparencia.

En los documentos expuestos por Inmujeres, el voto razonado a favor de la declaratoria de la Alerta de Género en Tabasco es de la cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Norma Inés Aguilar León, quien concluyó en su análisis que si bien existen avances gubernamentales frente a la violencia feminicida en Tabasco, no resultaban suficientes.

Para la funcionaria las acciones para atender los asesinatos violentos de mujeres se redujeron a la capacitación de los servidores públicos, y no a la investigación profesional y metodológica de los mismos. Tampoco, consideró, se cuenta con una base de datos oficial del contexto de violencia contra las mujeres o campañas que permitan a la población reconocerla, ni estrategias educativas desde la perspectiva de género.

RECONOCEN TRATA PERO SIN ALERTA

Como si se tratara de un trámite la resolución de Segob para Tlaxcala fue similar, la alerta la pidió el 8 de agosto de 2016 la agrupación Todos para Todos para 13 municipios de la entidad donde prolifera la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual comercial. La entidad se ha colocado a nivel nacional e internacional como de las regiones con los más altos índices de este delito.

Datos del Centro Fray Julián Garcés constataban que la Fiscalía de Justicia local recibió 200 denuncia por trata de personas en el periodo de 2011 a mayo de 2016 de las cuales, sólo 13 derivaron en sentencia condenatoria.

Por ello en su dictamen final del mecanismo, la Segob pidió al gobierno estatal generar políticas públicas en las rutas de movilidad víctimas de trata de mujeres y niñas (desde Puebla -Tlaxcala a la Ciudad de México) y crear una fiscalía especializada para investigar este delito, sin que esto signifique declarar la AVG.

Tanto en Tabasco como en Tlaxcala, se especifica que en seis meses se verificará que cada gobierno esté cumpliendo con las medidas dictadas por Segob.

CAJEME, NEGATIVA DESPUÉS DE DOS AÑOS

Después de dos años de proceso, el 4 de agosto la Segob dio a conocer la resolución respecto a la AVG para el municipio de Cajeme, Sonora, solicitada el 25 de mayo de 2015.

En entrevista telefónica la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa, una de las solicitantes, denunció que la decisión se trató de un acto político porque la Segob prefirió no sumar más entidades en Alerta en vez de salvaguardar la vida de las mujeres y niñas sonorenses, pues en el mismo dictamen se reconoce que de 2015 a 2016 hubo un aumento del 110 por ciento de asesinatos de mujeres en la entidad.

Para Leticia Burgos el hecho de que la Conavim y el Inmujeres hayan resuelto cuatro solitudes de la AVG en un solo día es parte de ver al mecanismo como un mero “trámite”, sin reconocer que se trata de instrumento pensado para prevenir la violencia y salvar vidas de mujeres, expresó.

Como sucedió en Tabasco, en la votación para determinar la procedencia de la AVG en Cajeme, estuvo a favor la cuarta visitadora de la CNDH y la académica del Grupo de Trabajo, Mercedes Zuñiga Elizalde, quien precisa en su análisis que el dictamen de Segob “es producto de un proceso apresurado, limitado e irregular”, pues no votaron dos integrantes de las cuatro que conformaban el Grupo de Trabajo.

Quienes estuvieron en contra de la AVG fueron las instituciones públicas: la titular del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), Blanca Luz Saldaña, y las integrantes de la Conavim y del Inmujeres.

De acuerdo con la resolución, nuevamente en seis meses a través de la Conavim, la Segob revisará que el estado encabezado por Claudia Pavlovich implemente las obligaciones que le fueron dadas hace dos años por parte del Grupo de Trabajo en su informe:

Implementar los protocolos de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas; dar medidas de protección a víctimas de violencia de género; crear una “vicefiscalía” para investigar los casos de feminicidio; aplicar la Norma Oficial Mexicana 046 para el acceso a la interrupción del embarazo en caso de violación.

Generar política pública para el ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres; realizar un diagnóstico sobre la situación de violencia de género en Cajeme; y capacitar a funcionarios públicos así como generar campañas de prevención de la violencia contra las mujeres.

17/HZM








EN DIÁLOGO
VIOLENCIA
   EN DIÁLOGO
Ilegal dilación de Segob ante las Alertas de Género
Imagen de Silvia Nuñez Esquer
Por: Leticia Burgos Ochoa*
Cimacnoticias | Sonora.- 15/06/2017

Es evidente que Sonora no se encuentra entre las prioridades para la Secretaría de Gobernación. Tal vez no vea a Sonora, como al Estado de México ni como a Veracruz, en relación con la violencia extrema y feminicida. Sin duda pesa la pluma que se desliza describiendo a Sonora como en el país de las maravillas.
 
Resulta ilegal como grave la dilación de la Secretaría de Gobernación frente a dos años que han transcurrido desde que se formuló y admitió la solicitud de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para Cajeme, Sonora. En la Ley (LGAMVLV) y en su Reglamento no hay sustento para la demora. 
 
Las motivaciones de las organizaciones solicitantes fueron claras en mayo de 2015: “no existe paz social en Cajeme, las estrategias de seguridad no han impactado en la protección de la vida y la libertad de las mujeres, la violencia extrema y feminicida agrava el tejido social, colocando a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres en mayores riesgos para preservar sus vidas”. 
 
A la vuelta de dos años, siguen presentes las motivaciones sin ser atendidas a cabalidad. La impunidad, el desdén de servidores públicos y las garantías para el acceso efectivo de las mujeres a la justicia sigue siendo deuda pendiente. El doble de hechos feminicidas, sólo en lo que va de la prórroga –en seis meses- con respecto al año anterior, lo demuestran.  Los 23 hechos que pudieron ser evitables ponen en entredicho las acciones que el Gobierno emprende en respuesta para evitar que se declare la Alerta en Cajeme.
 
El Congreso Local ha respondido al reclamo ciudadano al respaldar la petición de Alerta de Violencia de Género para todo Sonora, no solo para Cajeme, acordado por unanimidad el pasado 2 de abril. Además le pide a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que realice el trámite para su solicitud. 
 
En tanto, el Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) dirige un comunicado el 28 de mayo pasado a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, declarando: “La exigencia del cese de la violencia feminicida contra las mujeres y las niñas de Sonora, desde hace 24 meses, hace necesaria la declaración urgente de la Alerta de Violencia de Género en el estado”.
 
Señala además que “Han sido marcadamente insuficientes las acciones implementadas por el gobierno del Estado de Sonora para prevenir, atender sancionar y erradicar la violencia y garantizar la seguridad y el acceso a la justica para las mujeres y, por lo tanto, de dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)”.
 
Así mismo, el Consejo Social del Inmujeres en torno a las prórrogas cuestiona indicando que: “…viola la normativa vigente, ya que, de conformidad con el Artículo 38 de la LGAMVLV, son 6 meses para que el Ejecutivo Estatal dé cumplimiento de las observaciones -12 recomendaciones- del grupo de trabajo”.
 
Abunda el Consejo Social: “que de nueva cuenta el gobierno del Estado de Sonora, omitiendo la obligatoriedad de preservar la vida de las mujeres, anuncia acciones desvinculadas de los 134 hechos de extrema violencia y feminicida registrados en lo que va del proceso de solicitud a la fecha”.
 
Continúa en su comunicado, “Para las Consejeras Sociales, así como para la Sociedad Civil, esta situación nos resulta inaceptable, no podemos permitir que los diferentes órdenes Gobierno incumplan, obstaculicen y violenten el mecanismo de la AVGM”.
 
Finaliza marcando que de inmediato de declare la Alerta de Violencia de Género en Sonora y se adopte las acciones necesarias para preservar la vida y la seguridad de mujeres y niñas en la entidad, implementando medidas de seguridad específica en las zonas de riesgo, medidas de prevención, justicia y reparación, así como el cumplimiento integral de las propuestas del grupo de trabajo”.
 
El tratamiento político que la Secretaría de Gobernación instrumenta ante las Alertas de Género, coloca al mecanismo de la AVGM como un instrumento de intereses ajenos a la responsabilidad y a la obligación que le dicta la ley. Lo evidencia en entidades como Sonora, Colima, Nayarit, Quintana Roo y Guerrero, por señalar algunos.  El grupo de trabajo y, sobre todo, el cuerpo académico y la sociedad analítica tiene la palabra.     
 
* Ex legisladora federal e integrante de la Red Feminista Sonorense
 
17/LB/GG








ESTADOS
VIOLENCIA
   Se pidió en 2015 y ya hay más de 100 asesinatos
Sonora: con o sin AVG en Cajeme, urgen acciones contra feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 31/05/2017

Se active o no la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, Sonora, solicitada desde hace dos años, el gobierno de Claudia Pavlovich debe generar acciones de emergencia contra la violencia de género, afirmó la coordinadora de la Red Feminista Sonorense AC, Leticia Burgos Ochoa.
 
Esto es urgente, señaló Burgos, porque la violencia feminicida, desde que se pidió la AVG, no cesa: 107 casos de feminicidio de 2015 a 2016, 20 de los cuales se cometieron e Cajeme, según el  Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora.  
  
La solicitud para la AVG en Cajeme fue presentada el 25 de mayo de 2015 por la agrupación Alternativa Cultural por la Equidad de Género, ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y un mes después fue remitida a la Comisión Nacional para prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que la aceptó en junio del mismo año.
 
Luego se conformó el Grupo de Trabajo que inició la investigación y  emitió en noviembre de 2015 su informe con 12 recomendaciones para el gobierno estatal, para ser ejecutadas en un periodo de 6 seis meses a partir de diciembre.
 
Sin embargo, el Gobierno estatal pidió y se le concedieron seis meses más de prórroga para aplicar dichas recomendaciones, lo que  generó el reclamo de consejeras sociales del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), pues viola la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), porque las acciones “han sido marcadamente insuficientes” y no cesa la violencia feminicida: desde entonces han sido asesinadas 11 mujeres. 
 
La decisión sobre la AVG para Cajeme será anunciada en los próximos días por la Secretaría de Gobernación (Segob), pero sea cual la respuesta, la posición de la Red ante la Conavim, dependiente de la Segob, quedó clara en la reunión que tuvieron el 20 de abril en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme: exigir acciones, informó en entrevista telefónica Burgos Ochoa
 
En esta reunión, informó Burgos, el Grupo de Trabajo debería de haber dado su dictamen sobre emitir o no la alerta, pero no fue así y solo dijo que se reuniría en los próximos días, sin dar una fecha exacta, para discutir sobre la declaratoria y remitir la información a la Segob, encargada de dar el fallo correspondiente.
 
El Grupo presentó a Conavim un “informe sombra” con 13 apartados sobre el seguimiento que dan a la AVG desde que la solicitaron y que contienen: antecedentes de violencia de género, observación a las acciones del Gobierno estatal y propuestas para prevenir la violencia contra las sonorenses.
 
INACEPTABLE DILACIÓN DEL GOBIERNO
 
Entre las recomendaciones del Grupo de Trabajo, estaban: crear un sistema de información sobre violencia de género, fortalecer las instancias públicas para la mujer; elaborar protocolos especializados para investigar casos de feminicidio y desaparición de mujeres; impartir capacitaciones para funcionarios; y crear campañas y programas para prevenir y erradicar la violencia contra las sonorenses.
 
El 1 de junio de 2016 el Gobierno estatal remitió a la Conavim la información sobre la implementación de las propuestas, donde solo cumplió 5 del total, por lo que Segob extendió a 6 meses más el plazo para terminar de cumplirlas, pues el tiempo “no era suficiente”, determinó.
 
La coordinadora de la Red, Leticia Burgos, indicó que es “inaceptable” la espera de 2 años, y dijo en este tiempo el gobierno local no ha implementado acciones contundentes ante la violencia contra las sonorenses, que no acaba.
 
VIOLENCIA DOCUMENTADA
 
De acuerdo con el seguimiento hemerográfico de la Red Feminista Sonorense, desde el momento en que se otorgó la prórroga para cumplir con las recomendaciones, hasta mayo de 2017, ocurrieron 11 casos de feminicidio en Sonora; 6 muertes de mujeres calificados como suicidio; un intento de feminicidio y la desaparición de una mujer adulta.
 
El reporte que brindó la Red a esta agencia y que fue entregado al personal de Conavim en la reunión de ayer indica que estos casos se concentraron en la localidad de Ciudad Obregón y en los municipios del Valle del Yaqui, Bacúm y Benito Juárez.
 
Explicó Burgos que los funcionarios de Conavim “no tenían conocimiento detallado de hechos concretos de feminicidio porque la autoridad no reconoce este tipo de violencia”. Pero ante las cifras, los presentes en la reunión coincidieron y aceptaron que existía un problema de violencia contra las mujeres en la entidad y “había mucho por hacer”.
 
Además, aseveró, existe un sub-registro, pues esta es la información que recuperan a través de los medios de comunicación locales. Pero tiene conocimiento de otros casos no mediáticos que acompañan agrupaciones civiles de la entidad.
 
La directora de la Red Sonorense dijo que si bien la solicitud de la AVG se pidió sólo para Cajeme, será responsabilidad de las autoridades determinarla en otras localidades, porque también se observa un patrón de violencia feminicida muy alto.
 
SE UNEN CONSEJERAS DE INMUJERES
 
Al llamado para exigir la declaración de la Alerta, se unieron las Consejeras Sociales de Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), quienes a través de un comunicado exigieron la inmediata aplicación del mecanismo, y condenaron la prórroga que otorgó Segob al Gobierno sonorense, pues “viola la norma vigente, establecida en el Artículo 38 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), que son 6 meses para que el Ejecutivo Estatal cumpla con las observaciones del grupo de trabajo”. 
 
“Han sido marcadamente insuficientes las acciones implementadas por el gobierno del Estado de Sonora, para prevenir, atender sancionar y erradicar la violencia”, afirmaron las firmantes del Consejo; Rosa Verónica Terrazas Aragonez, Raquel Arely Torres Mirnado, Magaly Reyes Chávez, Claudia María Vélez Londoño, María Dores Ybone Candilla Echeverría; Natalia Reyes Andrade, Enma Obrador Garrido; Marigarita Camacho Rodríguez; Violeta Lagunes Viveros; Ofelia Torres, Diana Ibarra Soto y Luordes Elizabeth Murgía Ferreira.
 
Al concluir la reunión con Conavim, integrantes de la Red se manifestaron enfrente al Palacio Municipal de Cajeme para mantener y visibilizar la exigencia. “Esperamos que la deliberación de Segob sea apegada a las exigencias y el contexto que vivimos de zozobra y falta de paz social en la localidad, bajo esta idea se debe declarar la alerta”, concluyó Burgos.
 
17/HZM/GG








NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Exigen protección y cese de impunidad
Alto al asesinato de periodistas, reclaman en Sonora, Chiapas y CDMX
Imagen de Claudia Pérez R.
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/05/2017

Periodistas de Ciudad Obregón, Sonora, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y de la Ciudad de México, se manifestaron ayer en las calles para exigir el cese a la impunidad y para que las autoridades competentes protejan con acciones concretas a las y los integrantes del gremio periodístico en todo el país.
 
Esto, en respuesta a las recientes agresiones contra periodistas, como el asesinato de Javier Valdez Cárdenas, fundador del semanario Río Doce y corresponsal del diario La Jornada, cometido la mañana del pasado lunes 15 de mayo, en Culiacán, Sinaloa.
 
A continuación les presentamos el trabajo de Claudia Pérez R. en Ciudad Obregón, Sonora, de Sandra de los Santos, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y de Lucía Lagunes Huerta en la Ciudad de México, integrantes de la Red Nacional de Periodistas.
 
Ciudad obregón, Sonora
 

Imagen Claudia Pérez R.

 

Imagen Claudia Pérez R.

 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
 

Imagen Sandra de los Santos

 

Imagen Sandra de los Santos

 

Imagen Sandra de los Santos

 
Ciudad de México
 

Periodistas protestan en Secretaría de Gobernación (Segob). CIMACFoto: Lucía Lagunes Huerta

 

Imagen Lucía Lagunes Huerta

 
17/RED








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Producto de diálogo entre Poder Legislativo y mujeres
Publican Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres
Especial
Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 09/05/2017

A un mes de aprobada en el Congreso del Estado, fue publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 181 del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM).
 
Fue el pasado 4 de abril cuando la 61 Legislatura aprobó por unanimidad el dictamen presentado por las comisiones de Igualdad de Género y la de Gobernación y Puntos Constitucionales, en forma unida.
 
La Ley del ISM surgió a raíz de una iniciativa de la gobernadora Claudia Pavlovich, que fue modificada en puntos sustanciales por la propuesta del Colectivo Organizaciones de Mujeres.
 
Las integrantes del Colectivo solicitaron a las Comisiones Dictaminadoras participar de las discusiones rescatando las propuestas realizadas por mujeres de la sociedad civil y funcionarias de gobierno, en los años noventa.
 
El colectivo Organizaciones de Mujeres sostuvo varias reuniones tanto con las comisiones encargadas de dictaminar la iniciativa, así como con autoridades gubernamentales que presentaron la iniciativa de ley.
 
La nueva Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres fue producto de un diálogo entre el Poder Legislativo y las mujeres de la sociedad civil.
 
La iniciativa de abril de 2016 fue discutida en conjunto y las modificaciones que se hicieron se enfocan en la participación con voz y voto de las mujeres del sector no gubernamental en los órganos de gobierno.
 
A diferencia de la configuración anterior, que emanaba del decreto de octubre de 1998, el nuevo ISM contará no solo con un Consejo Consultivo, sino con un Consejo Social y un Consejo Consultivo.
Ambos estarán compuestos por mujeres con un perfil relacionado a la defensa de los derechos humanos de las mujeres.
 
Para el colectivo esto era lo más importante de lograr pues la instancia de la mujer tendrá una reorientación desde sus propios órganos de gobierno.
 
Esto es porque  las integrantes de los consejos,  como las mujeres que a su vez participen en la Junta de Gobierno, deberán contar con una trayectoria de incidencia y trabajo a favor de los derechos de las mujeres.
 
Otra aportación es el nombramiento de la coordinadora general  que se realizará por convocatoria abierta de la cual se elegirán los perfiles idóneos para seleccionar una terna de la cual la o el titular del poder ejecutivo la nombrará.
 
Hay un salto cualitativo importante, ya que la forma de nombrar a directora y la conformación de los órganos de gobierno abre la puerta a la participación de perfiles acordes a los Derechos Humanos de las mujeres.
 
La inclusión con voz y voto en la Junta de Gobierno, máxima autoridad para tomar las decisiones de una cantidad de defensoras de derechos humanos de las mujeres, casi paritaria a la de los representantes gubernamentales, no tiene precedente.
 
Con la nueva configuración, el rumbo del ISM se definirá de manera más equilibrada entre gobierno y sociedad civil.
 
Las tareas inmediatas que se derivan de la entrada en vigencia de la Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres es el nombramiento de las integrantes no gubernamentales de la Junta de Gobierno.
 
Esto recaerá por única ocasión en el Congreso del Estado, para posteriormente ser el propio instituto el que convoque a la conformación de los consejos Consultivo y Social, de donde saldrán las integrantes futuras de la Junta de Gobierno.
 
La otra gran tarea es la de la elaboración y publicación del Reglamento de la Ley del ISM, lo cual es prerrogativa del Poder Ejecutivo.
 
No obstante, las mujeres impulsoras de la ley esperan ser consultadas para poder dar su punto de vista en lo que será el complemento que facilitará la operación de la Ley del ISM, publicada en el Boletín Oficial el 4 de mayo de 2017 y en vigencia un día después.
 
17/SNE/GG 








OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
   MUJER SONORA
Escoltas para Martha
CIMACFoto: Yunuhen Rangel Medina
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 25/04/2017

En su visita a México, Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, mostró su preocupación por la situación de personas defensoras en nuestro país.
 
En particular, hizo una distinción para Martha Solórzano, defensora de Derechos Humanos radicada en San Luis Río Colorado, Sonora. Martha es una incansable piedra en el zapato de las corporaciones policiacas de ese municipio ubicado en el noroeste del país, limitando con Baja California y con Estados Unidos.
 
Con su lucha anticorrupción policiaca, ha visibilizado actos de abuso de los policías a través de los trienios y sexenios gubernamentales.
 
La gente que acude a ella para que le ayude en caso de abusos de la policía y violaciones a sus Derechos Humanos, le agradece que la policía le devuelva su carro que algún elemento en funciones le robó.
 
Agradecidas se encuentran madres de familia cuyos hijos han sido desaparecidos, o encarcelados injustamente, en actos de suprema prepotencia para lograr obtener algún beneficio económico o de otro tipo por parte de algunos policías municipales.
 
No pocas personas han podido acceder a la justicia por violaciones sexuales o tortura policiaca que han quedado al descubierto por la difusión y denuncias que Martha ha acompañado hasta lograr el castigo a los responsables.
 
Por eso a Martha Solórzano los policías le temen, pero también la agreden. Ejemplos hay varios, destacando el encarcelamiento de su hijo.
 
Éste fue liberado del encierro ilegal, gracias a una lucha sin tregua que dio la defensora, quien pudo demostrar ante un tribunal colegiado la ausencia de elementos para que su hijo estuviera preso.

Sufrió tortura, aislamiento y amenazas mientras estuvo preso, pero nunca perdió la esperanza de que su madre y otros familiares  estaban de su lado para defenderlo.
 
Manifestaciones por fuera del penal, denuncia pública local y nacional, fueron algunas de las tácticas, que aunadas a la batalla legal, devolvieron la libertad al hijo de Martha.
 
Eso fue fundamental para que el Relator de la ONU considerara que el riesgo por el trabajo que desempeña la defensora de Derechos Humanos de San Luis Río Colorado sea de alto nivel.
 
EL INFORME DE FORST
 
En su informe de 24 de enero de 2017, Michel Forst expresó que en muchos casos se criminaliza a las defensoras y los defensores por denunciar violaciones por parte de las autoridades públicas.

Enfrentan represalias indirectas a través de ataques o procesos penales dirigidos contra sus familias o personas cercanas a ellos, explica su informe.
 
“El caso de Martha Esthela Solórzano de San Luis Río Colorado, Sonora, es emblemático. Debido a sus repetidas denuncias en contra de la policía por abuso  y de poder, corrupción y malos tratos enfrentó repetidas amenazas de la policía municipal”.
 
Y procede a narrar lo ocurrido: “En 2012 su hijo, Jorge Luis Zavala Solórzano, fue detenido y condenado por presuntamente haber cometido varios delitos graves. En 2015, después de varios años de sufrimiento, Jorge Luis fue liberado y absuelto por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora”.
 
Según la apreciación del Relator, esto se debió a las claras contradicciones entre las acusaciones y los testimonios utilizados para sustentar la sentencia inicial.
 
En el documento, Forst hace además 17 recomendaciones al Gobierno de México relacionadas con la protección a personas defensoras de Derechos Humanos. Igualmente hace recomendaciones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de Derechos Humanos.
 
Los organismos y agencias de la ONU, las universidades, las empresas y otros actores no estatales, la comunidad internacional en México y la sociedad civil, son también objeto de recomendaciones en el informe derivado de su visita a México.
 
LA  SEGURIDAD DE MARTHA
 
El pasado 28 de marzo, Martha Solórzano, quien es beneficiaria del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), sostuvo una mesa de trabajo en Hermosillo, Sonora, con instancias responsables de velar por su seguridad y la de todas las personas.
 
Con la presencia de servidores públicos de la Consejería Jurídica, del jurídico de la Secretaría de Gobierno, el abogado de víctimas, un visitador de la CEDH, un representante de la CNDH, un representante de Seguridad Pública del municipio de San Luis Río Colorado, el director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, y un representante del mecanismo de protección de la Segob, Martha pudo dar seguimiento a su petición de que regrese la medida de protección, sus escoltas.
 
Y es que en el sexenio de Guillermo Padrés, por decisión unilateral del Gobernador se retiraron los escoltas que, entre otras medidas, acompañaban a la defensora a realizar sus actividades.
 
A más de un año en que Martha planteó a la nueva administración su situación de riesgo, el Gobierno del estado no ha atendido aún la necesidad que ella considera urgente.
 
Más aún, el acuerdo de dar seguimiento a la reunión los días 27 y 28 de abril ha sido incumplido, ya que el encuentro se ha pospuesto sin fecha definida. Un año de agresiones en su vivienda, amenazas y otras violaciones a sus derechos, no son suficientes.
 
Asegurar condiciones para que las y los defensores realicen su labor es una de las principales responsabilidades del Estado. Políticas y mecanismos de protección efectivos, aplicando un enfoque sensible al género, son recomendaciones del Relator Especial.
 
En México el Relator de la ONU se reunió con más de 800  defensores, provenientes de 24 estados, de los que aproximadamente 60 por ciento son mujeres. Martha Solórzano sigue defendiendo los Derechos Humanos, pero sus escoltas no regresan.             
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SNE/GG








ESTADOS
VIOLENCIA
   Acciones recomendadas por Segob, insuficientes
Sonora: 107 casos de feminicidio desde solicitud de AVG para Cajeme
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/04/2017

Desde 2015, año en que se solicitó la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, hasta el año pasado, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora contabilizó 107 casos de feminicidio en la entidad, pese a que el gobierno local estaba obligado a seguir las 12 recomendaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) para garantizar la seguridad de las mujeres, emitidas por el grupo de trabajo de la AVG.
 
De acuerdo con datos que proporcionó a Cimacnoticias, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora, Cajeme es el municipio con el mayor porcentaje de violencia feminicida en la entidad: 19 por ciento de estos casos (20 asesinatos, 10 cada año) se cometieron en dicha región.
 
El 25 de mayo de 2015, agrupaciones no gubernamentales presentaron la solicitud de la AVG para Cajeme a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
 
Tres meses después fue aceptada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim); se abrió el grupo de trabajo y al término de su investigación emitió 12 recomendaciones a las autoridades de Sonora.
 
Entre las recomendaciones figuraba la creación de un sistema de información confiable sobre la violencia contra las mujeres, del cual el gobierno de Claudia Pavlovich respondió con la creación del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Baesvim), que sólo registro 1 feminicidio en 2016.
 
En el informe sobre los avances de la AVG del gobierno de Sonora -entregado el 13 de junio de 2016- también se habla de la creación del “Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” y el establecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres.
 
En septiembre de 2016, Segob dio por concluidas 5 de las 12 recomendaciones y extendió a 6 meses más el plazo para terminar de cumplirlas. Sin embargo, ninguna de estas recomendaciones están a la altura de la emergencia que se presenta en el territorio, indican las agrupaciones.
 
El plazo para atender las recomendaciones venció el 14 de marzo, incluida la extensión de 6 meses que dio la dependencia al gobierno de Sonora, bajo Claudia Pavlovich Arellano.
  
Sin embargo, organizaciones civiles como la Red Feminista Sonorense refieren que la violencia feminicida no desciende en la entidad, como ejemplo está el feminicidio registrado en días recientes en Cajeme y la violencia extrema de la que fue víctima otra mujer por su pareja en el mismo municipio, por lo que pidieron  a las autoridades estatales y a Segob, la ejecución de un plan de acción emergente y la declaratoria de la alerta. 
 
PETICIÓN PARA TODO EL ESTADO
 
Los datos del Observatorio llevaron a que el Congreso local se uniera a la petición de la declaratoria de la AVG en todo Sonora, mediante un exhorto dirigido en marzo a la Segob y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
 
Señala el Observatorio: en 2016 de los 45 asesinatos de mujeres que registró , el 14 por ciento ocurrieron en el municipio del Hillo (6 casos), asimismo, 4 asesinatos tanto en Nogales como en San Luis Río Colorado, 3 en Navojoa y otros tres en  Carborca.  En  Empalme, Sonoyta y Etchojoa se registraron 2 por municipio.
 
La información del Observatorio indica que prácticamente en cualquier edad las sonorenses son víctimas de esta violencia extrema, sin embargo, entre ellas destaca el grupo entre 21 a 30 años de edad, que representó el 33 por ciento del total de víctimas, es decir, 15 víctimas.
 
Le sigue el grupo de 31 a 40 años, que suma 8 casos en total (17 por ciento), las víctimas entre 21 a 50 años de edad representaron el 15 por ciento, con un total de 7 casos. Las niñas menores a 10 años también marcan uno de los porcentajes más altos, 11 por ciento (5 casos).
 
De acuerdo con la información proporcionada por la organización, la mayoría de estas 5 niñas víctimas de feminicidio mantenía algún tipo de relación con el asesino: 3 se registraron como padrastros de la víctima, 1 como padre, y 1 como vecino, otro se desconoce.
 
INFORMACIÓN SOBRE AVG
 
Cabe recordar que actualmente 7 entidades cuentan con la declaratoria de AVG: Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz y Sinaloa, sin embargo, es poca la información que se cuentan sobre los avances y resultados.
 
Por eso, el 13 de marzo la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Dávila Fernández, pidió a Segob un informe detallado sobre las mismas e informar cuántas solicitudes ha recibido, las que están en proceso y las que no procedieron.
 
17/HZM/GG








ESTADOS
   Recomendaciones de Segob, insuficientes
Urge plan de acción y AVG en Cajeme, reiteran sonorenses
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/04/2017

Dos actos de violencia extrema contra mujeres, ocurridos ayer, son ejemplo de que esos hechos no cesan en el municipio de Cajeme, en Sonora, por lo que es urgente instaurar un plan de acción de emergencia y declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG), exigió la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa.
 
La feminista recordó que desde el pasado 14 de marzo concluyó la prórroga de 6 meses que otorgó la Secretaría de Gobernación (Segob) al Gobierno de Sonora para cumplir con las recomendaciones hechas por el grupo de trabajo de la AVG en el municipio.
 
Esto, luego de que el 25 mayo de 2015, organizaciones civiles presentaron la solitud de AVG para el municipio de Cajeme, la cual fue aceptada el 18 de junio de 2015 por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
 
A partir de esa fecha, se abrió el periodo de investigación del grupo de trabajo, que emitió 12 recomendaciones a las autoridades sonorenses para atacar el problema. Sin embargo, ninguna de estas acciones han sido suficientes para combatir la violencia contra las mujeres, dijo la ex legisladora.
 
Burgos Ochoa habló sobre los hechos de violencia cometidos ayer: se trata del hallazgo del cuerpo calcinado de una mujer y de la grave situación de salud que enfrenta otra, luego de que su pareja intentó quemarla con gasolina. 
 
De acuerdo con coordinadora de la Red Feminista Sonorense, quien colabora con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora, en 2016 registraron 54 casos de feminicidio, 14 ocurrieron en Cajeme. En 2015 reportaron 10 en dicho municipio, de los 61 registrados en Sonora.
 
“Queremos garantías para vivir en paz en Cajeme, para que nuestros hijos e hijas acudan a la escuela con seguridad, nosotras realicemos nuestros quehaceres sin ninguna sombra y preocupación por nuestra vida”, indica el comunicado hecho por la Red.
 
INSUFICIENTES
 
Entre las 12 recomendaciones hechas a las autoridades sonorenses, tras la aceptación de la solicitud de AVG están: contar con un sistema de información confiable sobre la violencia contra las mujeres, fortalecer el Instituto Municipal de la Mujer, la elaboración de protocolos especializados en la investigación del delito de feminicidio, la desaparición de niñas y mujeres.
 
El 13 de junio de 2016, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, presentó el informe a Conavim sobre los avances en el cumplimiento de estas, donde destacó la creación del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Baesvim), y la creación del Centro de Justicia para las Mujeres.
 
Asimismo, se informó de la creación del “Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” y de los reglamentos de la “Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”.
 
También, indica se capacitó a diversas instituciones de salud  sobre la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046, para el acceso a la interrupción del embarazo a víctima de violación. 
 
Con ello, en septiembre de 2016, Segob dio por concluidas 5 de las 12 recomendaciones dadas por el grupo de trabajo, y emitió un plazo de 6 meses más para que el gobierno de Sonora cumpla con las exigencias.
 
CIFRAS AL ALZA
 
Sin embargo, Leticia Burgos destacó que estas acciones apenas son la base para terminar con la violencia feminicida que está en aumento en Cajeme, y otras regiones de Sonora, como en el Valle del Yaqui, Pesqueira y el Poblado de Miguel Alemán, y dijo, aún existen grandes desafíos para garantizar la seguridad de las mujeres.  
 
En Cajeme, de enero a julio de 2016, 15 niñas fueron reportadas como extraviadas (desaparecidas), 232 mujeres reportaron violencia familiar, 134 niñas y mujeres fueron  víctimas de lesiones, se presentaron 34 denuncias por violación a niñas y mujeres y 6 casos de feminicidio fueron registrados como homicidios dolosos.
 
Contrario a lo registrado por las organizaciones, las cifras que presenta la Baesvim, indican que en 2016 sólo hubo en todo el estado un feminicidio en julio; ningún caso de violación, 32 casos de abuso sexual, 6 de hostigamiento sexual y 496 casos de violencia familiar. La base no proporciona datos desagregados por género, edad, o municipio donde se registraron.
 
17/HZM/GG

A nuestras personas lectoras:
 
Como autora de la nota “Urge plan de acción y AVG en Cajeme, reiteran sonorenses”, que se publicó el 20 de abril de 2017 a través del portal cimacnoticias.com.mx, hago la siguiente aclaración:
 
En el párrafo: “De acuerdo con la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, quien colabora con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora, en 2016 registraron 54 casos de feminicidio, 14 ocurrieron en Cajeme. En 2015 reportaron 10 en dicho municipio, de los 61 registrados en Sonora”.
 
Al respecto comento que la persona a la que hago referencia es a la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa, quien no es colaboradora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora.
 
Respecto a los datos sobre el número de casos de feminicidio, los datos fueron registrados por la Red Feminista Sonorense, y no por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora, como se entiende en la nota.
 
Atentamente
 
Hazel Zamora Mendieta
 
 
 








OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
   MUJER SONORA
Marcela Zuzueta, a un año de su despido con la reforma educativa
Imagen: Silvia Núñez Esquer
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 17/04/2017

Que encadenen la reja de su casa con la familia encerrada adentro; que su niña de dos años sea separada del CENDI al que asistía; y que el 8 de marzo la agredan en el evento oficial de conmemoración del Día internacional de la Mujer, son solo algunos ejemplos del giro que dio la vida de Marcela Guadalupe Zazueta Pillado, desde que la cesaron como maestra el 15 de abril de 2016.
 
Víctima de la reforma educativa, Marcela ha pasado por meses muy difíciles en lo económico, pero también en lo psicológico, pues la presión del desempleo y falta de ingresos está mermando su salud, a un año del cese.
 
Conocedora de sus derechos, con una Maestría y un Doctorado, Marcela, una de las 27 maestras cesadas en Sonora, no presentó el Examen de Evaluación de la Secretaría de Educación Pública, como parte de su reforma educativa y que asume la Secretaría local.
 
La maestra Zazueta tiene muy claro que una ley no puede regir retroactivamente, y mucho menos una relación laboral de tantos años como era la de ella con la Secretaría de Educación y Cultura.
 
EL LLAMADO A PAVLOVICH
 
No obstante que la Secretaría fue la que instrumentó lo que desde el punto de vista legal es un despido, Marcela hace un llamado a la gobernadora del estado de Sonora, Claudia Pavlovich para que tenga una actitud empática con las maestras cesadas, al ser la única gobernadora mujer en el país.
 
Sin embargo, no solo no ha ocurrido algún encuentro con ella para dialogar sobre esta problemática, sino que el pasado 8 de marzo, en la celebración del Día Internacional de la Mujer, las maestras acudieron a manifestarse y extender una lona para que Pavlovich la viera.
 
No era la única lona, puesto que había otras de apoyo a la gobernante. Sin embargo, la de las maestras fue objeto de jaloneos acompañados de empujones y golpes a ellas.
 
Un grupo de mujeres las agredieron mientras intentaban mostrarla, paradas en las gradas del gimnasio polifuncional Ana Gabriela Guevara, en donde se desarrollaba el evento masivo.
 
La maestra lamenta que se esté utilizando brigadas de mujeres de colonias populares quienes “por una despensa” se prestan para atacar a otras personas del mismo pueblo.
 
Al estar instaladas en la parte superior de las gradas, y al echárseles encima para jalar la lona “como si fueran luchadoras”, narra que fue un momento muy tenso, pues temieron que las aventaran hacia la duela del gimnasio en la parte inferior, a más de diez metros, en donde se realizaba el evento oficial.
 
SU LUCHA NO TERMINA
 
Marcela Zazueta ha vivido los últimos meses haciendo activismo para concientizar a la población sobre la injusticia que significa aplicar la reforma educativa y otras reformas estructurales, mismas que mantiene a más de cuarenta personas despedidas de las cuales 27 son mujeres.
 
Pero su actividad comenzó desde que se aprobó y empezó a operar la reforma educativa en 2014, siendo ella una de las docentes que se dedicaba a informar a otros maestros sobre las consecuencias de la misma.
 
Uno de los días en que saldría temprano a informar, con sorpresa se dio cuenta de que su casa estaba encadenada por fuera en el frente y no se podía abrir la reja.
 
Fue necesario que acudieran sus compañeros maestros a retirar las cadenas. Junto con ellos indagó entre personas que estaban en la calle y que eran señalados como quienes habían colocado las cadenas para encerrarla con su familia. Al cuestionarles, simplemente sonrieron y le dijeron: “foto para el feis”. Días después, su casa fue nuevamente encadenada. 
 
Intentos varios ha hecho, tanto para reunirse con la gobernadora, como con el Secretario de Educación y Cultura, Ernesto De Lucas Hopkins.
 
Este último ya accedió a dialogar con ellas, pero cuando estuvo enfrente de las maestras, siempre estuvo chateando, y cuando le llamaron la atención preguntándole que si no le interesaba el tema, él respondió: “¿Usted cree que no me interesa? Son como 26 mil maestros, y viene el 2018”.
 
Según el Artículo 14 constitucional, a nadie se le puede aplicar una ley retroactiva, afirma convencida Marcela Zazueta quien se ha convertido en emblema de la lucha de las maestras cesadas.
Es una de las 27, y una de las dos maestras madre de familia a las que les suspendieron el servido en el CENDI, privando a las niñas del derecho a la educación y el derecho al cuidado.
 
Pero a ella le favoreció un amparo que interpuso, y su niña está de gozando del servicio, y restituidos sus derechos, mismos que se habían violentado.
 
La directora del CENDI número 1, al que estaba inscrita su pequeña, ahora de dos años y cinco meses de edad, le había argumentado los artículos del reglamento en donde especifica que a las mamás que no estén trabajando se les suspende el servicio.
 
Además de la denuncia pública, interpuso un amparo, aunado al proceso jurídico que continúa por su despido injustificado.
 
El CENDI y los servicios de salud para ella y sus dependientes, se siguen brindando, ya que al encontrarse en un proceso jurídico no resuelto, no deben suspenderse.
 
Quien se desempeñara como maestra de segundo grado de la escuela primaria Jesús José Loya Aboitia, habla de la nostalgia que le produce llegar a la escuela, ahora solo a dejar a sus hijos quienes estudian ahí, pero confía en que tarde o temprano la justicia le dará la razón y podrá volver a ejercer como tanto anhela. A un año de su despido, Marcela sigue adelante.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SNE/GG
 








OPINIÓN
   MUJER SONORA
Discriminan a estudiante por llevar a su hija a la biblioteca
Imagen Silvia Núñez Esquer
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 13/04/2017

Elisa Márquez Baca es una estudiante del séptimo semestre de la Licenciatura en Sociología, en la Universidad de Sonora y madre soltera de una niña de tres años. Distribuye su tiempo entre el trabajo como ayudante de cocina, el estudio y el cuidado de su pequeña.
 
El 13 de febrero pasado acudió a la biblioteca central de la institución para solicitar un libro en préstamo para llevarlo a su casa. Ese día, como ocurre con frecuencia, no tuvo con quién dejar a su niña y se la llevó a la Universidad como ha hecho en otras ocasiones, incluso al tomar clases en el aula.
 
Nunca había tenido una llamada de atención por hacerse acompañar de su hija, por el contrario, la pequeña siempre es bienvenida y no falta quien le ofrezca cuidarla y jugar con ella.
 
Pero ese día, cuando fue a pagar una deuda de la biblioteca para poder solicitar en préstamo un libro, un vigilante no las dejó pasar, aunque en ninguna parte del reglamento de bibliotecas dice que está prohibida la entrada con niños. 
 
Ante la necesidad imperiosa del libro, insistió y una bibliotecaria le preguntó quién no las había dejado entrar y le aseguró que sí podría pagar en la caja. Para conciliar, ella propuso que la dejaran pagar y que alguien le trajera el libro a la puerta. No quisieron, el bibliotecario que consulta el sistema informático le dijo que no se podía mover de su lugar y le recomendó que ella entrara a buscarlo. 
 
Sin embargo, cuando iba a buscarlo, apareció la supervisora Adriana Madonia a impedirle el paso, porque “traía a la niña”. La supervisora ofreció entonces traerlo ella misma. 
 
Elisa le dijo que ya había propuesto eso y no habían querido, a lo que la funcionaria contestó que se pusieran de acuerdo, porque si no existe una regla específica, las personas que trabajan ahí deben tener un criterio homogéneo. 
 
Elisa presentó una queja unos días después en la Comisión de Derechos Universitarios, pero el titular, Rodrigo Abril, la atendió sin conocimiento de causa y se dirigió a ella con otro nombre: no había leído su queja, pero le preguntó que si tenía trabajo, que si tenía pareja, y le sugirió que al contar con un empleo, haga uso del seguro social para contar con guardería para la niña.
 
La cuestionó si en la biblioteca había contestado con agresividad y cómo había pedido las cosas. Luego la invitó a una plática sobre Diálogos de paz, la invitó a las actividades del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y para concluir, le sugirió que su pareja le ayude a cuidar a su hija.
 
Ella le explicó que al impedirle la entrada a la biblioteca con la niña habían cometido discriminación. Nada le contestó sobre esto, pero le dijo que no existía antecedente de un caso similar. 
 
Inconforme con la falta de respuesta y para visibilizar el caso y que no vuelva a ocurrir algo similar, Elisa fue al Consejo estudiantil de género, creado por las estudiantes para atender otros casos de violencia y acoso que se han presentado en la escuela de Sociología.
 
La directora de la División de Ciencias Sociales, Amelia Iruretagoyena, turnó el caso a Recursos Humanos y envió un escrito a la secretaria general Administrativa, Magdalena González Agramón, donde le pide que se hagan recomendaciones al personal de la biblioteca y que no vuelva a suceder, sobre todo para evitar que estudiantes madres solteras pasen por lo que Elisa. Sin embargo, el personal de la Comisión de Derechos Universitarios no tiene claro a qué se refiere la perspectiva de género.
 
Elisa Baca ha batallado para inscribir a su hija a una guardería del IMSS y para hacer trámites bancarios, porque le quitaron sus identificaciones oficiales durante un asalto que sufrió junto con sus compañeros. 
 
Y afirma que la biblioteca en la que le negaron la entrada con su hija es la única en la que ha visto un anuncio que dice: “Por razones de seguridad, espacio y orden, se prohíbe la entrada a jóvenes menores de 13 años”.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
 
17/SNE/GG








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