ESTADOS
VIOLENCIA
   Atienden 66 niñas y niños en esta situación por año
Jalisco: apoyo a niñez en orfandad por feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/07/2017 En septiembre de 2015 en Tlajomulco, Jalisco, los cinco hijos de Betsabé García, presenciaron cómo su padre asesinó a su madre. Hoy tienen 4, 7, 9 y 11 años de edad y sus abuelos se ocupan de su crianza. Son parte de las víctimas indirectas del feminicidio de las cuales no se tiene registro en México.
 
Desde entonces la madre y el padre de Betsabé, María Amparo y Mario García, ambos adultos mayores dedicados al campo, tuvieron que buscar algún apoyo social para mantener a los menores de edad y su hija con síndrome de down, asimismo fue ardua la lucha para mantener la custodia.
 
Tras las exigencias de las organizaciones civiles que acompañaron el caso, el DIF Guadalajara aceptó verlos como víctimas secundarias del feminicidio, los incorporó al programa “Acompañar la ausencia”, creado en septiembre de 2016 para dar apoyo psicológico a familiares de personas desaparecidas, pero des, después del caso de Betsabé, incluyó a las familias víctimas de feminicidio.
 
La necesidad de crear un programa especializado para resarcir los daños a la infancia en orfandad por feminicidio, hizo que en marzo de 2017 el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) lanzara el “Programa de apoyo económico para las hijas e hijos de víctimas de feminicidio”, en coordinación con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), como es su responsabilidad.
 
El abogado del instituto y coordinador del programa, Jaime Javier Torres, explicó en entrevista con Cimacnoticias que su creación nació también en cumplimiento con la Alerta de Violencia de Género (AVG) que tiene la entidad desde febrero de 2016.
 
Con un presupuesto de 1.2 millones de pesos, el programa únicamente tiene la capacidad de atender durante este año a 66 menores de edad, indicó el abogado; hasta el momento 33 ya cuentan con el apoyo del programa y están en trámite 14 solicitudes. Algunos son enviados de la Fiscalía General de Justicia local o la CEAV Jalisco, o bien, acuden las familias por cuenta propia.
 
“Estamos limitados por cuestiones de presupuesto, tenemos un número total de menores de edad que podemos cubrir, en ese sentido no podemos dar más apoyos”, declaró el coordinador y agregó que desconocen el total de niños y niñas que quedaron en orfandad en Jalisco, a causa del asesinato de sus madres.
 
Cifras del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), indican que sólo de 2012 a 2013, tres mil 892 mujeres fueron asesinadas en dicha entidad.
 
EL PROGRAMA
 
El programa para estas víctimas indirectas cubre tres ejes, continúa Javier Torres: el apoyo económico, que consta de 3 mil pesos bimestrales y sólo será emitido por el periodo de un año; la atención jurídica, que busca garantizar y facilitar los trámites de custodia de los familiares, ya que “muchas veces es el padre el asesino o se desconoce su paradero, los menores quedan en una incertidumbre jurídica ¿quién es el responsable del menor?” indicó.  
 
El último punto es la terapia psicológica, que también pueden pedir los tutores de los menores de edad, se da cada 15 días en alguna de las siguientes instancias: la CEAV, la Fiscalía de Derechos Humanos, la Ciudad Niñez, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), o algún Centro de Justicia para las Mujeres, dependiendo de la cercanía al domicilio de la víctima.
 
“La terapia psicológica también dura un año, se pretende que esto puede continuar pero no se tiene certeza por el presupuesto; la intención es que los menores de edad pueden mejorar hasta ser dados de alta, pero tenemos que ver si podemos cubrir económicamente todo el proceso”, dijo Javier Torres.
 
Para los familiares de las víctimas que busquen este apoyo económico, necesitan demostrar que la averiguación previa fue consignada como feminicidio, lo cual podría ser un obstáculo ya que datos de Cladem aseguran que de los asesinatos violentos de mujeres ocurridos entre 2012 a 2013, únicamente un 16 por ciento se investigó como feminicidio (613 en total).
 
17/HZM







MUJERES CAUTIVAS
DERECHOS HUMANOS
   MUJERES CAUTIVAS
La Historia de Rosita y la impunidad
Imagen: Sandra Dueñas
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/04/2017 Doña Gaby es una mujer menudita con un inmenso corazón que no le cabe en el pecho, pero es una guerrera. No conforme con sacar adelante a sus hijos, también se hizo cargo de Rosita y uno de sus hermanitos, quien ya es hoy un hombre de bien.
 
Abrigó a Rosita, a quien abandonaron con tercer grado de desnutrición y marcas visibles del maltrato que había sufrido. Era una niña muy dulce, indefensa y necesitada; es débil visual y tiene parálisis cerebral. Vivían en el Estado de México, donde doña Gaby tenía un trabajo, una camioneta, una casa, la vida resuelta y sus redes de apoyo familiares en Guadalajara, Jalisco.
 
Siempre preocupada por acercarle a Rosita todas las oportunidades, buscaba escuelas, maestros especializados en enseñanza en Braille y en apoyo a la educación de niñas especiales.  En ese afán, se mudó a Guadalajara, Jalisco, porque ahí había una escuela para niñas débiles visuales, en donde sólo recibía clases los lunes.
 
Preocupada por la educación de Rosita, conoció al doctor Alejandro Ricardo Meneses Cervantes, y lo contrató de manera particular para darle clases a Rosita. Las clases se le impartían en su casa, dos o tres veces por semana y doña Gaby se percató que, en cada clase de Rosita, ella se sentía muy mal y perdía la percepción de lo que pasaba a su alrededor, se desmayaba, sensación que le dejaba fuertes dolores de cabeza, a los que ella no encontraba explicación, a no ser que fueran los medicamentos que el propio doctor Meneses Cervantes le había recetado para la epilepsia.
 
Rosita, mientras tanto, empezó a tener pesadillas, a despertar gritando en las noches “quítamelo mamá, quítamelo”. Si, el profesor, dormía con unos polvos y unas gotas a doña Gaby y, mientras tanto, aprovechaba para violar a Rosita, morderle los senos y no sé cuántos abusos más. Hasta que un día Rosita le dijo a su mamá  Gaby que no quería seguir recibiendo clases de ese señor y le contó lo que le hacía, bañada en llanto. Doña Gaby no lo dudó, por supuesto, inmediatamente emprendió el largo y frustrante camino de la justicia.
 
Presentó la denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco y, aunque los peritajes realizados en esa institución a Rosita sólo sirvieron para acreditar la violación, no le quisieron recibir a doña Gaby el frasco con las gotas y los polvos que le recetaba Meneses Cervantes y mucho menos mandarlos a analizar.
 
Tampoco prestaron atención a una lesión que presentaba Rosita en uno de sus senos, producto de la mordida que había recibido. Por supuesto Rosita fue revictimizada innumerables veces por Yolanda Italia Flores Medina, Ministerio Público a cargo de la Averiguación Previa de Rosita. Desde el momento en que interpuso la denuncia, doña Gaby fue objeto de toda clase de ataques, en los medios y de diversas autoridades. Perdió su trabajo porque tenía que estar atendiendo el caso de Rosita y no sólo perdió su trabajo, sino también perdió todo su patrimonio.
 
Fue hasta que la llevó al Hospital Civil de Guadalajara donde confirmaron la desfloración y desgarro, así como un hematoma generado por la lesión que le provocó Meneses Cervantes en un seno, dictamen que no fue agregado a la indagatoria.
 
En dos ocasiones golpearon a la señora Gaby, la primera vez Evaristo Chamorro Escobar intentó secuestrarla; lo encarcelaron por privación ilegal de la libertad y lesiones, pero logró libertad bajo fianza y una sentencia de tres meses.
 
En la segunda, la golpeó un muchacho que le decía que “lo dejara en estupro”. Debido al hostigamiento, agresiones y las constantes amenazas que sufrió en Guadalajara, doña Gaby decidió regresarse al Estado de México, donde se sumó al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
 
En dos ocasiones, Meneses Cervantes fue sentenciado por estupro, alegando que Rosita había consentido la relación sexual.  De tanto luchar, doña Gaby logró que se reclasificara el delito a violación equiparada, sentencia que está firme, pero hasta la fecha Meneses Cervantes no ha pisado la cárcel.
 
Doña Gaby llegó hasta la Suprema Corte de Justicia defendiendo a Rosita, e interpuso un recurso de reclamación, porque en la sentencia de reparación del daño sólo se sentencia a Meneses Cervantes al pago de siete mil pesos. Eso vale la inocencia y la integridad de una niña con discapacidad para la justicia machista a patriarcal del Estado de Jalisco. Lamentablemente, a pesar de que hasta la fecha Rosita despierta por las noches gritando y sufre mucho cuando recuerda lo que le hicieron, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el monto de la reparación del daño.
 
A su llegada a México, doña Gaby emprendió un proyecto social para ayudar a madres con niños y niñas con discapacidad, y les abrió las puertas de su casa a mujeres maltratadas como refugio temporal.
 
En dos ocasiones posteriores, doña Gaby sufrió nuevos ataques, la primera fue balaceada y la segunda la apuñalaron. Las autoridades hasta la fecha no han podido esclarecer si fue por el caso de Jalisco o por abrigar a mujeres maltratadas.
 
Y esto es un breve resumen de todo lo que Rosita y doña Gaby han sufrido en la búsqueda de Justicia. Todas las veces que ha sido abusada por infinidad de personas que la han engañado en su afán por buscar ayuda para Rosita.
 
Hoy doña Gaby tiene una escuela para niñas y niños con discapacidad y Rosita tomó un curso de masoterapia del que ya se graduó, ya que tiene enormes cualidades con sus manos para curar dolores, tendones y nervios.
 
Sin embargo Gaby sigue buscando terapia psicológica especializada para niñas como Rosita y oportunidades para que aprenda a valerse por sí misma, porque le preocupa qué será de ella cuando falte.
 
La pesadilla jurídica no ha concluido, pero las dos son unas guerreras que, no dudo, podrán más tarde que temprano alcanzar la justicia, a pesar de un Tribunal de Justicia de Jalisco, profundamente patriarcal y machista, a pesar de que la justicia piense que para eso existimos las mujeres, y sé que lograrán sobreponerse a la discriminación y todas las vicisitudes que les ha tocado vivir.
 
No podía dejar de contar la historia de Rosita y doña Gaby, porque me ahoga la impotencia ante autoridades ciegas e insensibles, rancias y violadoras de los derechos humanos, ante el abuso de poder de que fue víctima Rosita.
 
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora
 
17/TCUZ/GG







ESTADOS
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Protestas escalonadas en el país
Marchan hoy en Morelos por Miroslava Breach, mañana en Oaxaca
Imagen de Adriana Mújica Murias.
Por: Adriana Mújica Murias, corresponsal
Cimacnoticias | Cuernavaca, Mor.- 27/03/2017 Portando cartulinas, además de todos los implementos de la labor periodística, decidimos levantar la voz periodistas de medios impresos, radiofónicos, televisivos y digitales en la Plaza de Armas de Cuernavaca no solamente por el artero asesinato de la colega Miroslava Breach Valducea, en Chihuahua, sino por la creciente violencia contra quienes ejercemos esta profesión en cualquier parte del territorio nacional.
 
Esta manifestación es parte de la Movilización Escalonada de Protesta, convocada por la organización Periodistas de a pie, y que tuvo ya lugar en la Ciudad de México, y en Jalisco. Mañana tocará el turno a Oaxaca, el miércoles a Puebla, el jueves a Sinaloa, el viernes a Chiapas y el sábado en Chihuahua, lugar donde fue asesinada la corresponsal de La Jornada.
 
En cada acto, se ha dado lectura a un  Pronunciamiento nacional y en el caso de Cuernavaca estuvo a cargo de la colega Rubicela Morelos Cruz, corresponsal de La Jornada.
 
En el mismo, se resalta que las y los periodistas “No somos personajes de una clase especial, no exigimos un trato privilegiado, sólo las garantías constitucionales para poder seguir haciendo periodismo y ejercer la libertad de expresión, sin que nuestra integridad física, psicológica y emocional se vea abatida por violencia revanchista, porque incomoda lo que narramos, porque al poder (fáctico y constitucional) no le conviene que se sepa la verdad”.
 
La exigencia es, por supuesto, Justicia por el asesinato de la compañera Miroslava, pero también mejores condiciones para el ejercicio seguro del periodismo y el funcionamiento apropiado del Mecanismo de Protección y de la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR.
 
Recuerda que durante la administración de Enrique Peña ha habido un ataque cada 22 horas contra  una o un periodista y suman 103 periodistas asesinados en los recientes tres sexenios, 3 en marzo de 2017, ningún indicio de los desaparecidos. Critica la inoperancia del Mecanismo de Protección, y exige cuentas a la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, con 99.5 por ciento de averiguaciones sin justicia. 
 
Por eso, exigen: “Basta de disuadir a los compañeros que acuden al MP a interponer una denuncia, basta de perder expedientes, basta de opacidad, basta de criminalizarnos, basta de evadir la facultad que tiene la Fiscalía para atraer las investigaciones y explorar la línea de la labor periodística como motivo de un asesinato, desaparición y agresión. Basta de regatear medidas de protección. Basta de imponer medidas irracionales para una labor compleja como lo es reportear. Basta de mantener funcionarios de primer, segundo y tercer nivel responsables de procesar inadecuadamente la protección a quienes se acogen al Mecanismo como última opción.
 
No se salva Javier Corral, no se salva Osorio Chong, no se salva Peña Nieto ni los treinta tantos funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos que cobran a cuenta del Mecanismo, o los 3 ministerios públicos federales asignados a los casos de la FEADLE, mucho menos los diputados y senadores…ya no queremos iniciativas, inicien sanciones administrativas como penales contra quienes obstaculizan la debida protección y el acceso a la justicia.
 
Estaremos saliendo a las calles, no quitamos el dedo del renglón, pero ya no queremos salir a gritar el nombre de nadie más, concluye el comunicado. 
 
 17/AMM/GG







NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   ¿De qué lado están, autoridades?
Periodistas del país exigen justicia ante el asesinato de Miroslava
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/03/2017 Justicia: es la única cosa que exigimos para Miroslava Breach y para todos los otros compañeros y compañeras asesinados a lo largo de muchos años, se dijo durante la manifestación del sábado en la capital del país, tras el homicidio de la corresponsal de La Jornada en Chihuahua, a la que acudieron periodistas de diversos medios.
 
Frente a la Procuraduría General de la República (PGR), a donde llegó la marcha que inició en el Ángel, el periodista de La Jornada, Arturo Cano, exigió en nombre del gremio una respuesta a esa dependencia, al Gobierno federal y a los estatales, a los que llamó “inútiles”, ya que “no han podido resolver casi ninguno de los crímenes” de periodistas. Y les preguntó ¿de qué lado están?
 
Y mientras las investigaciones avanzan lentas –habrían participado tres individuos en el crimen, según La Jornada, y sería un acto del crimen organizado, según Gobernación-- a lo largo del país organizaciones de periodistas continuaron manifestándose en contra de este crimen y de la impunidad en que están decenas de casos más.  
 
UNA SOLA EXIGENCIA
 
Periodistas de Morelos afirmaron en un comunicado que el asesinato de Miroslava Breach responde a la revelación de “alianzas maliciosas que engendran un sistema político corrompido por la delincuencia organizada, porque hacía eco de la voz de los no escuchados, porque… el chayo no era lo suyo”. El mensaje es: incomodar con lo que publicamos apegados a principios éticos, tiene consecuencias mortales.
 
Recordaron que en cuatro años de administración de Enrique Peña Nieto, se da un ataque contra una o un periodista cada 22 horas y en los tres sexenios recientes se ha cometido 103 asesinatos de periodistas, 3 solo en marzo de este año. 
 
Criticaron también que la Secretaría de Gobernación mantenga un “elefante blanco” llamado Mecanismo de Protección y exigieron que dé cuentas claras y efectividad la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, ya que “en 6 años hay un acumulado de 900 averiguaciones previas abiertas por delitos contra periodistas, solo 2 han culminado en condenas; el 99.5 por ciento de los casos no han recibido justicia”
 
En Guerrero, frente a la delegación de la PGR en Chilpancingo, las y los periodistas recordaron en un comunicado que Miroslava ya había denunciado el hostigamiento en el marco de una reunión con el Mecanismo federal para defensores de derechos humanos y periodistas, celebradas en el mes de octubre del año pasado, donde señaló que a raíz de su trabajo periodístico habían iniciado intimidaciones hacia su persona y familia.
 
Pese a la denuncia, el caso de la periodista de Chihuahua responde a lo descrito en el informe de CIMAC El Poder del Cacicazgo, Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015, en donde señala que  “para algunas periodistas que han accedido al Mecanismo, ha sido la mayor pérdida de tiempo, ante la lógica burocrática que le gana ante la urgente necesidad de protección”.
 
Exigieron justicia no solo para Breach, sino también por  los asesinatos de Cecilio Pineda Pineda y Francisco Pacheco, cometidos en Guerrero y que siguen en la impunidad. “Tres periodistas críticos que hicieron énfasis en los temas de corrupción en el gobierno y sus vínculos con grupos criminales que actúan bajo su amparo”, dice el comunicado. 
 
Señalaron también las y los periodistas de Guerrero que marzo será recordado como mes trágico para el periodismo, ya que el día 2 de marzo, en Tierra Caliente de Guerrero fue asesinado Cecilio Pineda Birto; el 19 de marzo en el municipio de Yanga, en Veracruz asesinaron a Ricardo Monlui Cabrera, y a la fecha no hay resultados de alguna investigación.  
 
En los últimos siete años, señalan en su texto, tres periodistas han sido asesinados a balazos en el estado de Guerrero y 16 más han sufrido algún tipo de agresión física por parte de sujetos desconocidos o escoltas de  alcaldes, diputados o funcionarios del gobierno del estado de Guerrero.
 
En Guadalajara, Jalisco, ayer al menos 50 periodistas marcharon porque no ocurran más agresiones contra comunicadores y porque se esclarezca este crimen. En Ciudad Juárez, decenas de periodistas grabaron un video en el que exigen a las autoridades el esclarecimiento del homicidio y garantías para ejercer su labor informativa. 
 
En Querétaro el gremio periodístico también se sumó a la movilización nacional en contra de la violencia contra las y los periodistas, y demandaron salvaguarda de  sus derechos humanos y a esclarecer todos los casos, “más de 125 periodistas en los últimos años”.  
 
De igual manera, integrantes de la Iglesia católica expresaron su repudio contra el asesinato de Miroslava Breach, como el sacerdote Alejandro Solalinde, quien la recordó, en conferencia de prensa en Ciudad Juárez, Chihuahua, como una gran heroína del periodismo, luchadora por los derechos humanos, valiente amiga. Lamentó que no sea un caso aislado. En San Cristóbal de las Casas, el obispo Felipe Arizendi pidió una investigación eficaz y castigo a los responsables.   
 
QUE INFORMEN

En la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones contra Comunicadores, de la Cámara de Diputados, la diputada Candelaria Ochoa, de Movimiento Ciudadano, y Virgilio Caballero, de Morena, pidieron que las fiscalías Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) y la de Chihuahua, informen del seguimiento que dan a las agresiones contra periodistas, así como los avances en la investigación del asesinato de Breach Velducea, lo que sucederá el miércoles próximo. 

En declaraciones a La Jornada, Virgilio Caballero, afirmó que el caso no avanza porque “está mezclado probablemente con propósitos políticos”, ya que ella tenía amistad con el gobernador Javier Corral y este ha sido un político honesto, quien “se la está viendo duras y se las verá peor”.
Sin embargo, dijo el también comunicador, es oportunidad para que emprenda la contención de asesinatos y persecución contra periodistas. Insistió en que en los crímenes contra periodistas están involucrados funcionarios del gobierno y recordó que así lo ha dicho a las autoridades. 

Lo dicho por Caballero coincide también con el informe de CIMAC El Poder del Cacicazgo, Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015, el cual señala que “las agresiones en contra de comunicadoras durante 2015 fueron responsabilidad -67 por ciento- de un servidor público, cuyas redes dentro del poder permitieron la impunidad.

Por otra parte, el comisionado nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación, Renato Sales Heredia, afirmó al semanario Proceso que detrás del asesinato de Miroslava Breach está el crimen organizado, grupos que vienen operando desde hace tiempo y que disputan regiones, espacios. Reveló que hay una orden de aprehensión contra alguien apodado El 80, cuyo nombre aparece en la cartulina que dejaron los criminales junto al cuerpo de Miroslava.    

Mientras, en redes sociales continúa circulando hastags como #YaBastaDeBalas, #PeriodistasEncabronados, #JusticiaParaMiroslava, #NiUnPeriodistaMás,
#NoSeMataLaVerdadMatandoPeriodistas,
#AlMatarUnPeriodistaSeAcuchillaLaDemocracia,
así como la pregunta ¿Dónde están los dueños de los medios de comunicación cuando asesinan a un periodista mexicano?  

17/RED/RED







REPORTAJE
VIOLENCIA
   Omisión e indolencia del Estado
Hijas e hijos de mujeres asesinadas, víctimas ignoradas del feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez y Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/03/2017 Un feminicida no solo destruye el cuerpo de una mujer: el daño y el dolor trascienden el tiempo y el espacio, llegan a las niñas, niños y adolescentes que quedaron en orfandad, azotan a los que perdieron a una hija, mata también la justicia, la posibilidad de una vida sin violencia de la que hablan las leyes. Sin embargo, prácticamente nada se sabe de estas víctimas, quiénes son, dónde están, cómo sobrellevan el duelo y el dolor, quién las atiende, cómo viven la ausencia, quien les repara el daño, quién las mantiene...
 
Ante la omisión, la burocracia y la indolencia, estas víctimas “colaterales”, “indirectas” del feminicidio apenas son reconocidas con unos cuantos datos por instituciones del Gobierno federal, que están obligadas a saber y atender la problemática, entre ellas: la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Comité de Violencia Sexual de la Conavim y la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.   
 
Y es su obligación saber e informar porque la Ley General de Víctimas indica que los familiares o las personas que tengan una relación inmediata con la víctima directa son víctimas indirectas y por tanto pueden recibir ayuda provisional, oportuna y rápida de los Recursos de Ayuda de los sistemas de víctimas federales o de las entidades federativas.
 
Esta ley no surgió por iniciativa del Estado mexicano, sino como consecuencia de una sentencia que dictó en su contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en noviembre de 2009, como responsable del feminicidio de Esmeralda, Claudia Ivette y Laura, asesinadas en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua  proceso conocido como Campo Algodonero. Desde entonces, el Estado debe reconocer también como víctimas a hijas e hijos de mujeres contra las que se cometió un homicidio por razón de género y fue exhortado a crear una ley para apoyarlas. 
 
Hoy, el Sistema Nacional de Protección de Víctimas es la entidad encargada de coordinar apoyos médicos, psicológicos y jurídicos a esas víctimas, y existe también la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes que garantizarían dichos apoyos. Sin embargo, no hay datos de las víctimas indirectas, ningún registro público los tiene, lo que las convierte, también, en víctimas invisibles del feminicidio.
 
Eso llevó a esta agencia a echar mano de la ley para solicitar datos. Así, obligadas por solicitudes públicas de información, dos de estas instituciones revelaron a Cimacnoticias lo que tienen: apenas una pálida semblanza de las niñas, niños y adolescentes que sobreviven al feminicidio, víctimas invisibles para el Estado.
 
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya función inició en octubre de 2015, conoce sólo un caso de orfandad por feminicidio y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) logró registrar, en tres años de operación (de 2014 a febrero de este año), 65 casos de orfandad por feminicidio. 
 

 
Las otras dependencias, a las que se interrogó por las hijas e hijos de las mujeres víctimas de feminicidio, callaron. Desde febrero pasado, solicitamos entrevistas con la entonces directora nacional del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Laura Vargas Carrillo; con la titular del Comité de Violencia Sexual de la Conavim, Anita Suárez Valencia: y con la subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, María de los Ángeles López Peña. Hoy, esta agencia sigue en espera de respuesta.  
 
En suma, solo 66 orfandades reconocen estas autoridades, aunque existe un registro oficial de 34 mil 176 asesinatos de mujeres cometidos en el país de 1985 a 2009, lo que habría dejado miles de huérfanas y huérfanos, niñas, niños y adolescentes, así como un número igualmente alto de abuelas convertidas súbitamente en madres, ante el asesinato de sus hijas y cuyas historias también son ignoradas por las autoridades.
 
Y si, en el mejor de los casos, el homicida es llevado a la justicia, remoto es que un juez dé vista a alguien para ver qué ocurre con los hijos e hijas de la víctima, como afirma la pedagoga y fundadora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI), Margarita Griesbach Guizar.
 
Hablamos de un número de víctimas que, además, se incrementa cada vez que un feminicida comete el crimen, lo que sucede al menos siete veces por día en nuestro país.
 
Aunque invisibles para las autoridades, las niñas, los niños y adolescentes que quedaron en huérfanos existen, tiene voz, necesidades y una historia para contar, lo que revela cada omisión o agravio que padecen, en un país donde las leyes que deben protegerlos no lo hacen.
 
ALAN, REGATEO DE APOYOS
 
A la medianoche del 9 de septiembre de 2015, Alan*, de 10 años de edad, llegó corriendo a casa de sus abuelos, a unos metros de su domicilio, en el municipio de Tlajomulco, Jalisco, para pedir ayuda porque su padre, Alberto, quería asesinar a Betsabé, su madre.
 
Alan contó angustiado a sus abuelos que él y sus hermanos, de 9, 3 y dos de 7 años de edad estaban durmiendo, cuando los gritos de su madre y su padre los despertaron. En medio de la violencia, su mamá le pidió que fuera corriendo a traer a los abuelos para que la auxiliaran, pero en ese momento su padre lo detuvo, lo aventó violentamente y lo amenazó con asesinarlo junto a sus hermanos. 
 
Pudo huir, pidió ayuda, pero cuando regresó con sus abuelos, el cuerpo de su mamá estaba ya en el suelo, con heridas de cuchillo en el pecho. De eso pasaron ya 2 años y desde entonces él y sus hermanas y hermanos viven con sus abuelos, quienes tratan de cubrir sus necesidades de salud, su educación y les dan la oportunidad de conservar una familia. Sin embargo, Alan tiene miedo de que su padre, prófugo de la justicia, regrese y cumpla su amenaza de matarlos. 
 
Al día siguiente del asesinato de Betsabé, su madre y su padre, María Amparo Hernández y Mario García, adultos mayores, él dedicado al campo y ella a atender una mercería,  fueron a la Procuraduría Social de Tlajomulco a tramitar la custodia de sus cinco nietos, donde les dijeron que  tendrían que “pagar ocho mil pesos por cada niño si realmente los querían”.
 
La respuesta, insensible y hasta abusiva, no extraña, como explica la pedagoga y fundadora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI), Margarita Griesbach Guizar, pues cuando una niña o niño queda en orfandad tras un feminicidio, “se vuelve invisible para el Estado y si hay una tía o una abuela es ella quien se queda a cargo, sin que la autoridad intervenga como debiera ser. Y al final, dice, dependiendo del contexto la familia hace lo que puede hacer.
 
Así sucedió con los nietos de Amparo y Mario, pues para que pudieran quedarse con ellos, fue necesaria la intervención del DIF Tlajomulco, donde se agilizó el trámite de custodia ante la Procuraduría Social, explica la abogada y vicecoordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), Alejandra Cartagena.
 
Así, la pareja, además de una hija con síndrome de Down, sumó a sus responsabilidades el cuidado y la crianza de sus cinco nietos, sin más recursos que los que les deja su trabajo de campesinos y con una batalla perpetua para que las instituciones les den el apoyo a que tienen derecho como víctimas secundarias de feminicidio.
 
La insistencia de la abogada Cartagena ante el DIF de Tlajomulco apenas tuvo respuesta en 2016: una despensa para la familia “de vez en cuando”. También  una beca de la Secretaría de Educación Pública, por un año, solo para Alan, nada para los demás.
 
¿Por qué?, preguntamos a la abogada: “La ayuda no está llegando a quienes la necesitan porque las autoridades no están organizadas”, responde. Y agrega: “no tendrían que ser las víctimas quienes estén buscando ayuda, tendría que ser el Estado quien les de todo el apoyo que necesitan”.
 
A la familia le falta apoyo psicológico, que no pueden pagar y al que tienen derecho. Les urge también construir un cuarto más y dicen que el DIF ya se los prometió, para que no estén tan restringidos de espacio.
 
Mientras tanto, en espera de que la ley se aplique, hoy Amparo y Mario sobreviven sin el negocio de la mercería y resuelven  los gastos de cinco hijos-nietos más. Peor aún, decidieron abandonar su casa, por temor a que el feminicida los busque, mientras la abogada insiste, toca puertas para recordar a las autoridades que tienen una obligación legal para con las víctimas. 
 

 
HUELLAS DE LA VIOLENCIA
 
Rafael tiene 18 años, Ulises 17 y Fabiola 15, todos quieren ir a la universidad, Rafael para ser abogado, Ulises y Fabiola quieren estudiar diseño gráfico. Han pasado 13 años desde que el 12 de febrero de 2014, vieron a su madre, Nadia, inerte, en cuclillas y con una cuerda atada al cuello.
 
Esta escena los persiguió durante su infancia y aunque repitieron hasta el cansancio el mismo testimonio de cómo vieron a su padre, Bernardo López, y su tío Isidro “El Matute”, meter a su madre a la cisterna y luego colgarla en la habitación de su casa en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, casi ninguna autoridad les creyó, porque apenas tenían entonces 5, 4 y 3 años de edad, y  su declaración no fue considerada como evidencia.
 
Presenciar el feminicidio de su madre les dejó graves secuelas: Rafael, quien tenía 5 años de edad, perdió el control de sus esfínteres y Ulises, de 4 años, comenzó a esconderse debajo de las sábanas para gritar y escapar de las constantes pesadillas, otras veces se golpeaba contra la pared, subía a la azotea de su casa y preguntaba cuándo regresaría su madre.
 
Su hermana más pequeña, Fabiola, a sus 2 años de edad, articulaba palabras que según María Antonia, su abuela, querían decir que su “papá le pegó a su mamá” y al igual que Ulises cada vez que la niña tenía ansiedad se golpeaba la cabeza con las manos: “Era horrible”, narra su abuela.
 
Cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) concluyó que se trató de un “suicidio”, María Antonia se dedicó a dos arduas tareas: primero cuidar a sus nietos y después tocar puertas para exigir justicia a todas las instancias que se encontró en el camino.
 
En 2004, María Antonia escuchó en la radio al psiquiatra Giuseppe Amara, en su programa “Parejas Disparejas ¿Y la Familia?”. Le pidió ayuda y este aceptó dar terapia psicológica y psiquiátrica gratuita a los dos hijos mayores de Nadia, por un tiempo determinado. Fabiola nunca recibió atención porque su abuela pensó que era  muy pequeña para recordar los hechos.
 
Terminada la ayuda del doctor Amara, María Antonia buscó por su cuenta ayuda psicológica particular para sus nietos. Un gasto que pudo solventar con enormes dificultades, gracias a su trabajo como  costurera.
 
Abocada a entender el expediente del caso de su hija, buscadora incansable de salidas, imaginó que tal vez Fevimtra, alguna Instancia de las Mujeres, la Procuraduría General de Justicia o el DIF podría ayudarla para obtener algún tipo de apoyo, pero se dio cuenta de que eso dependía de la buena voluntad de la institución.
 
La urgencia de Antonia por buscar apoyo psicológico está perfectamente fundamentada, como lo explica la investigadora del Centro de Estudios de la Mujer de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Julia del Carmen Chávez Carapia, quien asegura que las probabilidades de que esos huérfanos del feminicidio hayan vivido violencia familiar es muy alta porque es muy difícil que un padre violento con su pareja no lo sea con sus hijas e hijos.
 
La niñez que no es atendida tras haber sido violentada por su padre y luego presenciar o vivir el asesinato de su madre “puede normalizar la violencia y reproducirla en la escuela o en su entorno general o presentar desequilibrios en su personalidad”.
 
La niña o el niño queda súbitamente huérfano y necesita recibir apoyo psicológico porque “en un segundo le arrebatan a su madre y su padre se convierte en un delincuente”, dice la especialista. 
 
Sin embargo, poco se ha investigado sobre estas víctimas, dice Chávez Carapia, porque las instituciones y muchas veces las propias familias no lo permiten, en ocasiones creyendo que aislarlos les evitará más daños, aunque el apoyo es necesario para que comprendan el contexto. 
 
Fue hasta 2008 cuando, apoyada por organizaciones civiles, Antonia logró que sus dos nietos mayores fuera atendidos a través de la Fiscalía Especializada para Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), ya que fueron sometidos a un careo con su tío Isidro.
 
El careo se realizó tomando medidas para no revictimizarlos, le aseguraron a Antonia, lo que no ocurre en otros casos, donde se evidencia la falta de perspectiva de género en los procesos judiciales y en el tratamiento de las víctimas secundarias, “pues es un nivel de violencia tan fuerte que necesita ser atendida por especialistas en psicología, psiquiatría, pedagogía y personal de trabajo social, capaz de atender e integrar a las víctimas de manera individual y familiar”, señala Chávez Carapia.
 
Hoy, Antonia tiene como prioridad, a la par de la búsqueda de justicia en el proceso judicial, que sus nietos y su nieta tengan salud emocional. En pos de tranquilidad vendió su casa, por temor a que Isidro, puesto en libertad por falta de pruebas, tome venganza, y pidió un crédito para comprar una casa.
 
En 2011 en una reunión entre la Secretaría de Gobernación, autoridades del Edomex y familiares de víctimas de feminicidio, María Antonia expuso su problema de vivienda y la dependencia le prometió facilitar un crédito, pero el beneficio que nunca llegó.
 
Y aunque en  2016, un año después de que en el Estado de México se decretó la Alerta de Violencia de Género (AVG), el gobernador Eruviel Ávila anunció becas educativas y  capacitación para el trabajo para las hijas e hijos de las mujeres asesinadas por razones de género, para los hijos de Nadia solo hubo un registro en el Seguro Popular.
 
“Económicamente me ha sido muy difícil sacarlos adelante, pero también se puede decir que han sido mi fortaleza”, dice Antonia a Cimacnoticias, y continuará apoyándolos para que terminen la universidad. A la par no cesará en su demanda de justicia, que podría llegar hasta instancias internacionales, y que en 2010 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) presentó el caso de su hija ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 

 
ABUELA-MADRE-ACTIVISTA
 
Tras el asesinato de Alejandra, Norma Andrade, su madre, dejó su profesión de maestra y se convirtió en abuela de sus nietos, Judith de un año y  Alberto*, de seis meses de edad. Alejandra fue encontrada sin vida y con signos de violencia sexual en un lote baldío de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 20 de febrero de 2001.
 
Pese al dolor por la pérdida de su hija, Norma, sin la misma fuerza de cuando era joven y fue madre, se convirtió nuevamente en mamá de sus nietos, obligada por una situación que la llevó más allá de asumir ese papel y la convirtió en activista, en busca de justicia para su hija y las cientos de hijas víctimas de feminicidio. 
 
Como muchas madres que quieren ver a los asesinos de sus hijas en prisión, Norma vio a las otras víctimas de Ciudad Juárez, vio a las hijas e hijos huérfanos, a las abuelas y, junto con la profesora que daba clases a Alejandra, Marisela Ortiz, fundó la agrupación “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, una de las primeras organizaciones en documentar y acompañar a familiares de víctimas de feminicidio en el territorio fronterizo.
 
Las dos mujeres y otras madres se dieron cuenta que muchas otras estaban en la misma situación, eran abuelas educando hijos que no habían planeado, a la par que se alejaban de sus oficios y sus familias para aprender a hacer las tareas de un Ministerio Público porque los funcionarios simplemente no investigaban los crímenes.
 
Así decidieron organizarse y en 2002 lograron que el gobierno de Chihuahua comenzará a realizar mesas de trabajo con las familias de las víctimas para solventar algunas de sus necesidades. A los hijos de las víctimas se les dio apoyos educativos que incluían útiles escolares, uniformes, becas, pago de inscripción a la escuela y acceso gratuito a los servicios de salud pública.
 
A las madres de esas mujeres que fueron encontradas sin vida les brindaron 900 pesos quincenales, una cantidad de dinero que Norma no le alcanzaba para cubrir los gastos de sus dos nietos y de su esposo enfermo de cáncer. Por dignidad al inicio ella se negó a aceptarlo pero la necesidad por comprar las medicinas para su esposo hizo que aceptara el apoyo.
 
Por un par de años Norma se exilió de Juárez pero a su regresó en 2005 notó que estos servicios, conseguidos por las víctimas, se redujeron a becas y útiles escolares.
 
Sin embargo, en 2012 la Fiscalía General de Chihuahua, estado donde desde 1993 se ha documentado el feminicidio, informó a la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados que tenían un Fideicomiso de Apoyo para Niños Huérfanos Víctimas de la Violencia, con un registro de 4 mil 158 menores de edad, de los que 3 mil 897 fueron atendidos con algún apoyo asistencial.
 
Para Norma Andrade la atención psicológica llegó meses después con la creación del Instituto Chihuahuense de la Mujer (en 2001), pero sólo se atendió a las madres de las víctimas, explica Norma. Judith y Alberto parecían invisibles para el Estado a pesar de ser afectados directos.
 
Las becas, uniformes y consultas médicas gratuitas a Judith y Alberto se hicieron a través de programas sociales del estado de Chihuahua, sin embargo para su abuela Norma estas acciones gubernamentales fueron y son una forma de calmar las exigencias de las familias que quieren conocer la verdad sobre los asesinatos de las mujeres y castigo para los culpables.
 
ESCENARIO “IDEAL”
 
La vida de las mujeres víctimas de feminicidio no es recuperable, pero sí la de las niñas, niños y adolescentes que les sobreviven, sí la de sus madres y padres, la de su familia. Para ello hay sentencias, leyes, acuerdos, obligaciones gubernamentales y hasta morales. Falta que se apliquen, como revela lo aquí narrado. 
 
Sin embargo, aun cuando un juez penal dicta una sentencia condenatoria a un feminicida, “jamás se le ocurre dar vista a alguien para ver qué ocurre con los niños”, señala  la experta en derechos de la infancia, Margarita Griesbach Guizar, y al final, dependiendo del contexto, la familia hace lo que puede hacer. 
 
Debería de existir, señala la pedagoga Griesbach, “una cadena de protección” para las hijas e hijos de víctimas de feminicidio”, sobre todo porque desde 2014 existe la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes que contempla responsabilidades para los gobiernos.
 
A través de esta ley, se crearon las Procuradurías de Protección estatales, y una federal, encargadas de representar a las niñas y niños y de articular todas las instancias y servicios médicos, psicológicos o sociales para atender a esta población cuando está en riesgo o son víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos.
 
Es decir, el escenario ideal sería que en caso de que una mujer se quede al cargo de niñas y niños por causa de un feminicidio, acuda a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de su estado y esta instancia se encargue de conseguir todos los servicios que se necesitan aunque en realidad esto no sucede.
 
Aún más, en la sentencia que en 2009 dictó la CoIDH contra el Estado mexicano por tres casos de feminicidio, el tribunal consideró que la prestación de los servicios sociales que el Estado brinda a los individuos no se puede confundir con las reparaciones a las que tienen derecho las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, porque se trata de un daño específico generado por la violación.
 
Sin embargo, hay un hueco por donde se cuelan omisiones e irregularidades: la Corte Interamericana consideró que no podía indicar al Estado mexicano cómo regular los apoyos que brinde a las personas como parte de un programa de asistencia social y  se abstuvo de pronunciarse respecto a ese tema.
 
Lo que sí mencionó fue que México debía adoptar medidas de rehabilitación para los familiares de las víctimas que incluyeran atención psicológica y médica.


 
RAZÓN DE VIVIR…
 
Judith y Alberto saben cómo fue asesinada Alejandra, su madre, un severo impacto, dice Norma Andrade,  que ocasionó que su nieto sea hoy un joven reservado, que no toca el tema del feminicidio, mientras Judit desarrolló el trastorno de “despliegue de personalidad”. Ambos reciben atención psiquiátrica, pagada con dificultades por su abuela.
 
Judit tiene hoy 16 años, es activista y escribe poemas, cuentos, e historia sobre feminicidio, algunos dedicados a su madre. En ocasiones se le ha visto marchar junto a su abuela, tomar el micrófono y gritar justicia, para su madre y para otras madres, y para ellos mismos y su abuela, quienes siguen siendo víctimas. 
 
Dos atentados contra Norma Andrade, presenciados por Judith, obligaron a la familia a dejar Ciudad Juárez y a exiliarse en la capital del país, para salvar sus vidas.
 
Las hijas e hijos de víctimas de feminicidio, dice Norma, “son los más ausentes, muchos han quedado sin madre y ahora ya están sin abuelas”, dice.  

“Quisiera, señala Norma, que al Estado se le obligue a hacerse responsable de esas víctimas invisibles, desde su alimentación, su manutención, en lo más esencial, hasta terminar de ir a la escuela”, pero prevenir el feminicidio y para evitar que el dolor de tener más huérfanas y huérfanos. 
 
*Los nombres de todas las niñas, niños y adolescentes fueron cambiados para proteger su identidad.  
 
17/AGM/HZM/GG 
 







REPORTAJE
DERECHOS HUMANOS
   Atentan contra Derechos Humanos, dicen ONG
Conforman Movimiento Laico Nacional para frenar avance Provida
Imagen retomada del portal elperiodico.com.mx
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/09/2016 Luego de que el “Frente Nacional de Defensa de la Familia” entregó la “Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia” a la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía Gutiérrez, para modificar el artículo 4 de la Constitución Mexicana y establecer la “protección de la vida desde la fecundación” y definir “la esencia heterosexual del matrimonio”, organizaciones civiles que promueven la defensa y respeto de los Derechos Humanos, se organizan para defender el Estado laico.
 
Actualmente el artículo 4 constitucional establece “el varón y la mujer son iguales ante la ley, ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”.
 
También se refiere a que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”.
 
Y sobre la familia señala “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.
 
Y complementa “Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. La ley determinará los apoyos y protección de los menores a cargo de las instituciones públicas”.
 
Apenas esta semana la diputada del Partido Encuentro Social (PES) Norma Edith Martínez Guzmán, hizo suya la propuesta Provida y la presentó en San Lázaro, lo que ya provocó diversas reacciones de organizaciones civiles, ciudadanía y Universidades, como la de Jalisco, Sonora y Morelos, quienes ya se organizan para hacer marchas y otras actividades y promover el respeto al Estado Laico y a los Derechos Humanos (DH) en lo que han llamado el “Movimiento Laico Nacional”.
 
Cabe recordar que el artículo 3 constitucional establece que “todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado-Federación, estados y municipios, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria serán obligatorias…”
 
Y agrega “garantizada por el artículo 24, la libertad de creencias, dicha educación será laica y por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”.
 
Por último señala que “el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”.
 
JALISCO
 
La integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), María Guadalupe Ramos Ponce, informó a Cimacnoticias que en Jalisco realizarán un foro sobre el Estado laico convocado por la Universidad de Guadalajara (UDG) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (de orden Jesuita).
 
Destacó que en el foro- que también fue convocado por el Colectivo Lésbico Tapatío, Colectivo Calle Sin Acoso y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo-  se informará sobre la importancia de la laicidad en la elaboración de iniciativas de ley y con apego a los DH.
 
La activista criticó que el “Frente Nacional por la Familia” (movimiento religioso que presentó la iniciativa provida), manipule la información para ganar adeptos, puesto que muestra imágenes que no corresponden a los libros de texto de educación básica, para lograr que la gente firme su iniciativa de ley y apoye la “prohibición al Estado de promover ideologías en educación obligatoria, que atenten contra la familia”.
 
Cabe recordar que en Jalisco “la protección a la vida desde el momento de la concepción” se legisló en el año 2009.
 
SONORA
 
En Sonora, la colaboradora del Área Jurídica de Diverciudad, Luz Alba Carillo Kimball, dijo que al unirse al Movimiento Laico Nacional, realizarán marchas pacíficas en la ciudad de Hermosillo y jornadas informativas sobre la importancia del Estado laico y para explicar por qué la iniciativa atenta contra los DH de las mujeres, niñas y niños.
 
La primera marcha es este sábado 10 de septiembre, mismo día en el que el “Frente Nacional por la Familia” convocó a manifestarse en “defensa de la familia”.
 
La también abogada y secretaria técnica del Consejo Ciudadano para Prevenir la Discriminación en Sonora, explicó que la propuesta Provida se basa en el modelo “único y heterosexual” y en preceptos religiosos, lo que atenta contra los derechos de las mujeres solteras heterosexuales y lesbianas, que educan solas a sus hijos.
 
Además enviarán una carta a la gobernadora de la entidad Claudia Pavlovich Arellano, para exigirle el respeto a la laicidad y que reforme el Código Civil de la entidad para incluir el matrimonio igualitario.
 
MORELOS
 
La integrante del Comité de Diversidad Sexual del estado de Morelos, Patricia Bedolla Zamora, informó en entrevista que grupos civiles en la entidad se unirán al movimiento Laico Nacional y que preparan un documento donde argumentan por qué las y los legisladores no deben aprobar la iniciativa presentada en San Lázaro, por la diputada Norma Edith Martínez Guzmán.
 
Coincidió con las otras activistas, en que existe una pretensión de la Iglesia Católica de imponer su ideología religiosa ante los DH, por lo que consideró importante sumarse a la exigencia de respeto al Estado laico.
 
Cabe recordar que el 18 de mayo del 2016, se aprobó el matrimonio igualitario en el estado de Morelos, en donde 18 municipios de los 33 que conforman el estado, votaron a favor de la iniciativa. Sin embargo los panistas Alberto Mujica Islas y Edmundo Javier Bolaños, diputados del congreso local, presentaron una acción de inconstitucionalidad.
 
No obstante, la SCJN la declaró (en días pasados) improcedente, con lo que queda vigente el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.
 
La iniciativa recién presentada la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, está avalada por 6 fracciones parlamentarias de San Lázaro: el Partido Encuentro Social, PAN, PRI, PVEM, PRD y Morena, así como por 48 legisladores de los cuales 25 son mujeres y 23 hombres.
 
Cimacnoticias buscó una entrevista con la presidenta de la Comisión de Igualdad y Género de San Lázaro, Laura Nereida Plascencia Pacheco, para conocer la postura de dicha comisión, pero no obtuvo respuesta.
 
16/GVV/LGL







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