feminicidio Ciudad de México

NACIONAL
VIOLENCIA
   Conavim salta entrega de informe y pide “medidas provisionales”
   
OSC piden no “politizar” AVG para la CDMX
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/03/2018

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) “se saltó” la entrega del informe de la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) para la Ciudad de México y sin consultar a las organizaciones peticionarias del mecanismo, emitió seis “medidas provisionales” al gobierno capitalino para atender de “manera urgente e inmediata” la violencia contra las mujeres.

En entrevista con Cimacnoticias, la integrante del área de incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria (una de las peticionarias), Selene González Luján, calificó el hecho como preocupante ya que la entrega de este informe es muy importante pues son las personas expertas quienes dan o no, la razón a las peticionarias sobre la existencia de una violencia sistemática contra la población femenina en una entidad, en este caso la capital y del fracaso de las autoridades para garantizar una vida libre de violencia.

Es de destacar que este proceso está inmerso en la etapa del proceso electoral donde está en juego la permanencia del Partido de la Revolución  Democrática (PRD) al mando de la urbe y la carrera política del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Ante ello es importante subrayar que de los 29 procesos de AVG ocurridos a lo ancho del país, es la primera vez que Conavim se salta la entrega de un informe y adelanta medidas precautorias fuera del tiempo establecido en el reglamento del mecanismo.

Así lo explicó en entrevista con esta agencia la abogada de Justicia Pro Personas, Ana Yeli Pérez Garrido, quien agregó que el Artículo 36 Bis del reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) precisa que el Grupo de Trabajo de la AVG puede solicitar a la Secretaría de Gobernación -a través de la Conavim- que “analice la posibilidad de implementar las medidas provisionales de seguridad y justicia necesarias” en un plazo no mayor a tres días, una vez que se integró el equipo de trabajo.

Con apego a la normativa, explicó, en el caso de la Ciudad de México la petición de las medidas provisionales están fuera de tiempo ya que han pasado cinco meses desde que se conformó el grupo de académicas integrado por la doctora en derecho de la UNAM, Aleida Hernández Cervantes, el doctor en demografía del Colegio de México, Carlos Javier Echarri Cánovas, la criminóloga de la UAM, Iris Rocío Santillán Ramírez y de la misma Universidad, la doctora en ciencias sociales con especialidad en la mujer, Marta Walkyria Torres Falcón. 

“EN BANDEJA DE PLATA”

Para Pérez Garrido, el gobierno capitalino “puede salir bien librado” de una AVG toda vez que las medidas que propusieron las expertas y que avaló la Conavim, ya están cumplidas o están en proceso y destacó que es la primera vez también que se dan medidas “tan superfluas”.

Como ejemplo mencionó la activación de la Red de Información de Violencia Contra las Mujeres de la Ciudad de México, la cual fue anunciada por Mancera el pasado 8 de marzo como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 6 días después de haber recibido las medidas provisionales.

Otras más ya deben existir, dijo, como el “inventario” de las instituciones que prestan servicios de atención a víctimas de violencia de género en la urbe, para lo cual Conavim dio un plazo de tres meses al gobierno capitalino “para crear un mapa”.

Pérez Garrido recordó que el eje principal de la petición de AVG para la Ciudad de México fue la falta de acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio, las fallas en las indagaciones de este delito (pérdida de evidencias, clasificaciones como suicidio y homicidio) y la revictimización de las víctimas y sus familiares.

La única medida referente a esta temática, agregó la abogada, es la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional que dará seguimiento a los casos de feminicidio en la Ciudad.

Esta mesa, informó Inmujeres en un comunicado de prensa, contará con la participación de la impulsora de las reformas en violencia sexual y familiar,  Patricia Olamendi, la perredista femenista, Beatriz Cosío y la fundadora del Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación de Mujeres (CIDEM), Mayela García.

Las acciones restantes son: la instalación de un Comité Técnico para formular el Protocolo Alba en la Ciudad de México (mecanismo de búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas) integrado por la Secretaría de Seguridad Pública local, la Procuraduría General de Justicia de la ciudad, la Comisión de Derechos Humanos local, con el apoyo técnico de la Conavim.

La elaboración de un “protocolo” para el “Aviso al Ministerio Público” de la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046, que establece el derecho al aborto en casos de violación, con el objetivo de establecer enlaces entre la Secretaría de Salud y la Procuraduría local; y la última, fortalecer la Coordinación Interinstitucional de la LGAMVLV, quien deberá entregar anualmente las actividades y recursos gubernamentales enfocados en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

DEJAN FUERA A ORGANIZACIONES

El 14 de marzo las organizaciones peticionarias denunciaron en un comunicado que el gobierno capitalino no había dado respuesta si aceptaba o no estas medidas dictadas desde el pasado 2 de marzo.

De inmediato, ayer salieron en conferencia de prensa a nombre del jefe de Gobierno, la directora del Instituto de la Mujer local, Teresa Incháustegui Romero y el secretario de Gobierno de la ciudad, José Ramón Amieva Gálvez, para afirmar que pondrían “todo su esfuerzo y compromiso para atender las recomendaciones”.

Simultáneamente las organizaciones mantenían una reunión con Conavim –convocada por la institución- donde apenas se les informó que estas medidas fueron solicitadas por el Grupo de Trabajo, aceptadas por el Gobierno y que no había fecha para la entrega del informe, dijo a esta agencia Selene González quien además precisó que les dijeron que será hasta el 22 de marzo cuando el Grupo de expertas cierre el informe, “pero únicamente si no existen más observaciones”.

Desconfiadas de los dichos de Conavim –quien anteriormente afirmó que se tenía previsto la entrega del informe el 28 de febrero- la integrante Centro Fray Francisco afirmó que seguirán urgiendo a ésta acelere el proceso sin importar los tiempos electorales, y que esperan que este proceso no se “politice” como ocurrió con el Estado de México, cuando Enrique Peña Nieto contenía por la presidencia de la República.

Según datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) en promedio mensual en 2012 ocurrían 4 casos de feminicidio en la urbe, dos años después la cifra incrementó a 5 casos. Es decir, entre 2012 a 2016 se registraron 260 asesinatos de mujeres por razón de género.

Bajo este contexto el 7 de septiembre de 2017 cuatro organizaciones civiles conformadas por el Centro Fray Francisco Vitoria, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos” y Justicia Pro Personas, se unieron para solicitar el mecanismo de la Alerta de Género en las 16 delegaciones de la entidad.

A estos casos de feminicidio se suman los 101 ocurridos de noviembre de 2016 a junio de 2017 –de acuerdo con estadísticas de la Procuraduría local- y las 644 mujeres desaparecidas y pendientes de localizar tan solo de 2015 a 2016.

18/HZM/LGL








REPORTAJE
VIOLENCIA
   De 2011 a abril de 2017, sólo 77 sentencias por ese delito
PGJDF “no está queriendo” implementar protocolo de feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/05/2017

En la capital del país se abren al mes, en promedio, 5 carpetas de investigación por feminicidio, dice la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), aunque la cifra podría ser mayor, pues la omisión y negligencia de los Ministerios Públicos y de la propia Procuraduría no permiten acreditar el delito.
 
De 2015 a abril de 2017, la PGJDF reportó 116 carpetas de investigación por feminicidio, de acuerdo con la solicitud de información de Cimacnoticias. De estos, 14 se registraron en lo que va del año, 26 ocurrieron en 2016 y 56 en 2015.  
 
La coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, dice que el acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio en la ciudad se frena en los procesos de investigación, porque las instancias se reúsan a aplicar los protocolos desde la perspectiva de género, pierden evidencias, reclasifican los casos a homicidios, el peritaje no describe los rastros del feminicidio y en algunos casos incurren en corrupción.
 
En 2011 se tipificó en el Artículo 148 BIS del Código Penal de la Ciudad de México el delito de feminicidio, con condenas de 20 a 50 años de prisión. En junio de 2012, el OCNF y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos elaboraron el Protocolo de actuación pericial, ministerial y policial para indagar asesinatos de mujeres.
 
El OCNF ha denunciado reiteradamente esa falta de aplicación y seguimiento, han pedido su renovación con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó, a partir del caso Mariana Lima, que “todo asesinato violento de una mujer debe ser investigado como feminicidio”.
 
El caso de Lesvy, joven de 22 años asesinada y encontrada en la madrugada del 3 mayo en la UNAM, indica la experta, es una expresión más de la actuación de la PGJDF al atender e investigar esos casos.
 
PGJDF, FALLAS
 
Entre las irregularidades que repite la PGJDF, dice el coordinador general de Justicia, Derechos Humanos, y Género, Rodolfo Domínguez Martínez, está lo sucedido con Karen Joanna Sánchez Gochi, estudiante de la UNAM, asesinada en un hotel de Azcapotzalco el 11 de junio de 2012.
 
Ese día, ella regresó del gimnasio y pidió permiso para salir con un conocido que fue a buscarla. No regresó. Su familia presentó denuncia por desaparición y al día siguiente se enteraron que fue asesinada.
 
Pese a que su cuerpo estaba desnudo y expuesto en un lugar público, su caso no fue referido a la Agencia Especializada para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual Diferente, sino a la Fiscalía Antisecuestros.

El agresor fue procesado por homicidio, no por feminicidio, recordó Domínguez, coadyuvante del caso, porque “no cumplía con una de las 5 razones de género establecidas en el tipo penal”, pues “no había signos de violencia en la zona genital”. La sentencia fue de solo 35 años de cárcel.
 
“El problema es que la autoridad no está queriendo implementar el protocolo, no es un problema de marco legislativo, es cómo las autoridades están actuando, no actúan con la debida diligencia, actúan de forma omisa lo que afecta a las mujeres”, aseveró el abogado.
 
Luz Estrada dice que estas sentencias demuestran criterios mal aplicados por los jueces, “sólo es necesario acreditar una de las 5 circunstancias del tipo penal para continuar con la investigación como feminicidio”. Esto es: que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; que el cuerpo presente lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones; conocer si fue víctima de acoso, amenazas, violencia o lesiones por parte del sujeto activo; que el cuerpo sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; y que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.
 
La PGJDF informa que desde 2011 a abril de 2017, se han puesto a disposición a 219 probables responsables, se consignaron 203 y se han dado sólo 77 sentencias por feminicidio.
 
PGJDF EXPUESTA
 
Luz Estrada recuerda que en casos mediáticos se evidencia el sistema de justicia local, como ocurrió en noviembre de 2014 con asesinato de Angélica Trinidad Romero en la tienda Liverpool.
 
Primero las autoridades dijeron que la muerte fue por asfixia por comida, hasta que familiares revelaron que presentaba golpes y señales de atadura en las muñecas. Cuando el caso fue referido a la Agencia de Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres, “ya se había perdido todo el material probatorio”, indica Estrada. 
 
No es novedad, dice la especialista, “mucho material probatorio fundamental para vincular a los posibles asesinos y acreditar el feminicidio no se resguarda”. Pasa el tiempo y se complica encarcelar a los responsables. 
 
REVICTIMIZACIÓN
 
En el caso de Lesvy, la PGJDF no informó en un inicio la aplicación del Protocolo, pero dio información académica y de su vida privada, lo que enfadó a capitalinas y comunidad universitaria, que marchó en el campus el 5 de mayo.
 
No es sólo aprender el Protocolo, sino cambiar una concepción, cómo miras a las mujeres, cómo entiendes la violencia hacia ellas, de lo contrario, dice Estrada, pasa lo que con Lesvy: prácticas discriminatorias contra las víctimas.
 
La directora del OCNF recuerda otro caso: en diciembre de 2016, Valeria del Carmen Reyes, de 24 años, y su amiga, Alma Josefina Huerta de 29, fueron reportadas como desaparecidas y sus cuerpos hallados en las zonas boscosas de Milpa Alta y Xochimilco.
 
Presentaban golpes, signos de violencia sexual y estrangulamiento, a Valeria le introdujeron billetes en los genitales y de inmediato la PGJDF dijo que “se dedicaban a dar servicios sexuales”.
 
“Es una constante, invisibilizan a las mujeres, aparecen como narcotraficantes, vinculadas con la delincuencia, las descreditan y se olvida el proceso que debe seguir una investigación”, refiere Estrada.
 
Estrada y Domínguez coinciden en que mientras las instituciones se nieguen a aplicar la ley y los protocolos de actuación en los asesinatos de mujeres, la impunidad persistirá. Ante ello, una alternativa es aplicar sanciones a quien incurra en omisiones, para garantizar el funcionamiento del sistema judicial y el derecho a la justicia de las víctimas. 
 
17/HZM/GG
 








Subscribe to RSS - feminicidio Ciudad de México