Participación Política de las Mujeres

NACIONAL
   Sentar las bases de una organización en resistencia después del 2018
Alianzas con el pueblo, no con el poder: Marichuy
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/12/2017

La meta de la vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), María de Jesús Patricio, va más allá de conseguir que una mujer indígena gane la Presidencia de México, el objetivo es más ambicioso: se trata de visibilizar, una vez más, a las comunidades indígenas pero sobre todo de sentar las bases de una organización civil que se mantenga activa, vigilante y casi en resistencia después de las elecciones de 2018.

“A veces no se entiende porque tenemos la costumbre que nos han dejado los partidos: que todo es a través de un partido”, explicó a Cimacnoticias María de Jesús, Marichuy, como le dice la gente, “la indígena nahua postulada por el CIG y en Congreso Nacional Indígena (CNI)” para buscar lo que parece imposible, una candidatura independiente que la lleve a competir con los nueve partidos políticos nacionales por la Presidencia de la República.

En medio de sus recorridos por el país para conseguir cuando menos 1 por ciento de firmas del electorado en 17 entidades federativas (866 mil 593 firmas) la vocera hizo un descanso de dos días para atender a los medios de comunicación y exponerles el proyecto inspirado en la filosofía del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que en 1994 se alzó en armas para hacer que la sociedad volteara a ver a los invisibles.   

A 23 años de que los indígenas exigieran una nueva relación con el Estado, la candidatura indígena de una mujer molesta e incomoda a políticos y ciudadanos. La tachan de ser la candidata zapatista, de querer dividir el voto de la izquierda o de restar apoyos a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido que por primera vez competirá en una elección presidencial. También dudan de ella porque no creen que pueda gobernar.  

Por otro lado es arropada por universitarios, agrupaciones civiles y una comunidad intelectual donde destacan personalidades como el escritor Juan Villoro, el cantautor Óscar Chávez y el artista gráfico Francisco Toledo, quienes hasta el 4 de diciembre habían conseguido 80 mil 883 firmas que, como dice el CIG, son apoyos que se traducen en conciencias convencidas.

En un edifico que sirve de oficina del CIG en la colonia Doctores, en la Ciudad de México, Marichuy habla de las aspiraciones de los pueblos indígenas. Siempre habla en plural porque no olvida que su voz representa a una colectividad y en su disertación repite palabras como dolor, comunidad, despojo y organización, conceptos que inspiran su andar por el país.   

UNA PROPUESTA DE IRRUPCIÓN

Conforme pasa el tiempo la lista de aspirantes a la Presidencia de México se va aclarando. Habrá por lo menos tres candidatos con posibilidades de ganar. Uno postulado por Morena, otro por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y otro más por el Frente Ciudadano por México, conformado por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC).

Además de estos candidatos hay una oleada independiente de personajes políticos que aspiran a la candidatura sin el aval de siglas partidarias. Marichuy es una de las mujeres que busca una postulación, pero ciudadana para que su nombre y su proyecto aparezca en las boletas electorales el próximo 1 de julio de 2018.

A la pregunta de por qué participar en un proceso electoral si el CIG se ha mantenido alejado de la política y ha optado por la autonomía, Marichuy responde que su participación es una propuesta de irrupción en un país donde la práctica cotidiana de cada seis años es que el gobierno acuerda, desde arriba, quién continúa en el poder y cómo seguir despojando a los pobres y a las comunidades indígenas.

“La propuesta de participar en esto es para sacudir a México y que los pueblos sean visibles, los pueblos que realmente están sufriendo esas políticas que se construyen desde arriba, los mega proyectos capitalistas que han traído muerte y destrucción. Más que beneficios ha sido un despojo de las aguas, de los recursos naturales, de las tierras, de las riquezas que se tiene”.

En este escenario, continua: “se pensó qué vamos a hacer. No podemos seguirnos encontrando y seguir manifestando nuestros dolores y nuestras rabias si no se da un paso más adelante. Es un llamado a que volteen a ver la problemática real que están dejando estos proyectos extranjeros que solamente les interesa el dinero y el poder para poder dominar a los que estamos abajo”.

El CIG está conformado por mujeres y hombres que representa a sus pueblos indígenas. Si María de Jesús Patricio llegara a obtener la candidatura cada paso que dé debe ser avalado por las y los concejales porque su filosofía marca que el pueblo sea el que gobierne y el gobierno el que obedezca, uno de los siete principios zapatistas.

“A veces no se entiende porque tenemos la costumbre que nos han dejado los partidos: que todo es a través de un partido. ¿Pero quienes han diseñado esas políticas, pues solamente los de arriba? Nosotros pensamos que se puede construir otra, desde abajo, otra donde no solamente vayamos y llevemos a alguien allá, por eso se pensó en algo más grande, colectivo, son los concejales, ahorita van más de 150 y todos ellos juntos serían el gobierno”.  

La idea es provocadora para una parte de la población pero para otra es muy difícil creer que las mujeres indígenas y pobres deban o puedan llegar al poder. Aun así, las razones de Marichuy son muchas. “(¿Para qué?) Para ya no permitir esos despojos que se están haciendo, esas contaminación de las aguas, esa imposición de proyectos extranjeros, que no se consulta a las comunidades; al contrario, que se les impone”.

RECONSTRUCCIÓN PARA TODOS

En su caminar por los rincones del país, esta jalisciense, médica tradicional, ha confirmado el diagnóstico de sus compañeras y compañeros, un despojo de los bienes comunes pero también de los cuerpos y la cultura y un desprecio por los pobres que viven sin educación ni salud.

“Ante los intentos organizativos de las comunidades por defender los recursos naturales, el agua, la tierra, viene la represión, la desaparición de algunos líderes o comunidades. Personas que están al frente los han desaparecido o encarcelado. Viene esta destrucción masiva, viene con todo. Se ve más triste la situación yendo directamente a las comunidades y que ellas lo planteen desde su misma vivencia”.

En Veracruz las tierras han sido concesionadas para la extracción de petróleo, en Puebla para la construcción de hidroeléctricas, en Oaxaca para imponer eólicas. De esos proyectos habla cuando se refiere al despojo del territorio, la tierra, los bosques y el agua pero también se refiere al exterminio de manifestaciones sociales y culturales como la partería o el despojo de la lengua, vestimenta y herbolaria medicinal indígena.

“Justamente para eso es la propuesta, para escuchar todos esos dolores y juntos buscar formas de cómo le vamos a hacer para reconstruir este México desde abajo. Pensamos que los pueblos indígenas solos no podemos dar un paso más allá porque este monstruo es gigante, entonces, por eso, en este caminar vamos haciendo un llamado a los diferentes sectores de la sociedad que también sienten que es necesaria la unidad para poder hacer una fuerza grande e impedir que nos sigan destruyendo”.

Si la vida y la permanencia de los pueblos está en juego, en el CIG se pensó en hacer algo más para tejer redes entre las comunidades y participar en un proceso que sirva para acercarse a quienes no son parte del CNI pero que están viviendo y luchando con el ánimo de que algún día sus pueblos sean respetados.

“VOTEN POR QUIEN QUIERAN”

El reloj sigue avanzado y Marichuy tiene hasta el 19 de febrero para recolectar firmas. Hasta diciembre la vocera y aspirante a candidata había conseguido 9.3 por ciento de los apoyos necesarios para lograr su registro. Existe la posibilidad de que no llegue a la meta, sin embargo, eso de ninguna manera sería un fracaso. El éxito está en aprovechar la vorágine electoral para llevar su mensaje.

“Lo más importante es la organización. Si no logramos conseguir el millón de firmas que se ocupan para ser candidata, como lo dijimos desde el principio, nuestra propuesta era organizativa, que surgiera algo nuevo desde abajo porque está claro que quien llega arriba, al poder, se corrompe, venga de donde venga, del color que sea, porque ya está algo diseñado arriba”.

Para los pueblos originarios si no hay organización de nada sirve que Marichuy sea candidata. “Vamos a seguir insistiendo para que se entienda y quede claro. Sí, aspiramos al poder pero al poder del pueblo, que el pueblo decida qué se hace y qué no se hace, que diga si le gusta lo que están haciendo o no. Que el que está arriba escuche al que está abajo, y esa es nuestra insistencia por donde vamos pasando”.

La vocera cuenta una anécdota que sintetiza el pensamiento del CIG: En una comunidad una señora le dijo que estaba de acuerdo con ella. “Los voy a apoyar pero ¿puedo votar por fulano de tal?”. A esta pregunta la aspirante presidencial le dijo que votara por quien quisiera. “Lo que estamos diciendo es que se organicen desde abajo, como comunidad porque antes de ser de un partido somos de una comunidad”.

Al escuchar los discursos de esta nahua y de las concejalas que junto a ella toman la palabra, parece que solo se dirigen a los pueblos. ¿A quién le habla en los mensajes que da? se le pregunta.  

“A todos los mexicanos. Lo hemos dicho en algunas ocasiones, es una propuesta que surge de los pueblos para México ¿y que es México? pues incluye a obreros, estudiantes, amas de casa, trabajadores del campo y la ciudad, todos los sectores”. Por esa razón el CNI ha creado nueve grupos de trabajo donde creen que caben todas y todos: tierra y territorio; autonomía; justicia; mujeres; jóvenes y niños; personas con discapacidad; migrantes y desplazados; trabajo y explotación.

La campaña de esta indígena no es la típica campaña porque aunque recorre el país pidiendo firmas no ofrece nada, al menos no ofrece las despensas, pintura o gorras, ni siquiera la construcción de clínicas o fábricas, más bien parece que va en caravana escuchando. Cuando la gente le pregunta cuál es su proyecto la respuesta es simple. “El proyecto tiene que surgir de abajo, si no sería lo mismo, ya llevamos algo diseñado y les decimos sabes qué, va a ser esto”.

Los nueve grupos de trabajo son el comienzo de la redacción colectiva de ese proyecto.

Y CONTRA EL PATRIARCADO

“El silencio, el miedo, el machismo y el patriarcado capitalista que nos mal gobiernan son el odio mismo de los poderosos contra la vida”, pronunció la vocera el 27 de septiembre durante un mitin en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, entidad donde el feminicidio y la violencia contra las mujeres es una constante.

Sobre el patriarcado, concepto que pareciera apropiado por las citadinas, también tiene una posición. “Los proyectos o programas que ha implementado este sistema capitalista ha sido diseñado solamente por hombres. Al no considerarse la participación de las mujeres es que hay un proyecto que está excluyendo y que está diseñado solamente por hombres, por eso decimos patriarcado, porque si hubiera la participación de las mujeres sería diferente”, afirma.

“Vemos que hay una fuerte discriminación contra las mujeres, que se considera que su opinión no vale. En las comunidades es más fuerte porque se considera que la mujer solamente es para tener hijos y atender la casa, no para participar en la organización propia de la comunidad. Son estas estructuras diseñadas capitalistas patriarcales, porque están pensando en donde nada más pueden caber los hombres”.

Hablar del patriarcado con las poblaciones indígenas no es tema fácil por eso la vocera siempre está acompañada de las concejalas, son ellas quienes dan la cara y van al frente para mostrar que también son líderes y deben gobernar. “Son las que están al frente porque a los maridos más rápido los quitan, los hacen a un lado, los encarcelan, los desaparecen. Nos hemos dado cuenta que hay mujeres que están participando muy decididamente”.

Aunque hay líderes que la critican por no buscar una alianza con los partidos de izquierda o quienes esperan que decline a favor de alguien más, Marichuy está decidida a seguir firme. “Hemos planteado que más que aliarnos arriba es aliarnos abajo, con la gente del pueblo, con los diferentes sectores, con los pueblos indígenas. Esa es nuestra tirada principal, la organización desde abajo. Nuestra mirada va a estar hacia abajo, con los pobres, con los trabajadores del campo y la ciudad”.

Y si no se juntan las firmas el trabajo continúa. “Quedemos o no quedemos lo más importante es lo que vamos a construir, es lo que tiene que quedar para después, porque los gobiernos ya están pensando cómo van a implementar sus proyectos para después del 2018. No nos podemos organizar para aquí y ya, cada quien vuelve a su comunidad. Nuestra tirada es a la organización para después. ¿Cómo vamos a sobrevivir, cómo vamos a conservar nuestras comunidades, nuestras tierras, agua, bosque? Solamente unidos”.

17/AGM/LGL








NACIONAL
POLÍTICA
   19 entidades reconocen concepto en normas electorales
   
Reeditan Protocolo para atender violencia política contras las mujeres
Imagen retomada del Congreso de Morelos
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/11/2017

En México sólo 19 de las 32 entidades reconocen la violencia política de género en sus leyes o códigos electorales; sin embargo, no en todas las normas se establecen sanciones, lo que llevó a las autoridades comiciales a reeditar el “Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” de cara a los comicios de 2018.

Este jueves el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), entre otros organismos, presentaron la nueva versión de esta herramienta a fin de atender y sancionar la violencia política de género hacia pre-candidatas y candidatas que participen en los comicios del próximo año.

En México, el 1 de julio de 2018 se elegirán 3 mil 416 cargos, entre ellos la Presidencia de la República y la renovación de 500 diputaciones federales, 128 senadurías, 8 gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La nueva versión del “Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres”, editado en 2016, considera que hasta septiembre pasado cuatro estados, Guanajuato, Hidalgo, Guerrero y Puebla, no tenían el concepto de violencia política en ninguna norma mientras que dos entidades, Chihuahua y Ciudad de México, tienen esta figura en su Constitución local, en su ley electoral y en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Este Protocolo, señalaron las instituciones, pretende llenar el vacío que existe sobre el concepto de este fenómeno social que se agudiza previo, durante y después de los procesos electorales. Es de recordar que este concepto no está definida en las normas electorales federales porque la Cámara de Diputados no aprobó la minuta enviada por el Senado a tiempo, es decir, 90 días antes del inicio del actual proceso electoral.

En esta reedición, elaborada por el TEPJF y otras instituciones, se señala que la violencia política contra las mujeres “comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo”.

La nueva definición, que retoma el estándar de la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, dice que esta violencia “puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida”.

A partir de 2014 cuando la paridad se legisló como un principio constitucional, se han documentado más casos de violencia política, por ejemplo, en marzo de 2015 fue asesinada la perredista y precandidata a la presidencia municipal de Ahuacuotzingo, en Guerrero, Aída Nava González; y el 2 de enero de 2016 fue asesinada la alcaldesa electa de Temixco, en Morelos, Gisela Mota Ocampo.

Entre los casos que han sido reconocidos por las autoridades está el de Rosa Pérez Pérez, quien en 2015 fue electa presidenta municipal de San Pedro Chenalhó, en Chiapas, sin embargo denunció que fue obligada a renunciar por ser mujer e indígena. Otro caso fue el de Felicitas Muñiz Gómez, presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, Guerrero, amenazada y descalificada también por ser mujer.

Este Protocolo, que es una guía para que las autoridades atiendan el problema, hace hincapié en que las mujeres también pueden ejercer violencia política en razón de género contra otras mujeres y en que no toda violencia que se ejerce contra una mujer tiene como motivación una cuestión de género.

El documento indica que aunque esta violencia no está tipificada, muchas de las conductas que la constituyen sí configuran delitos, por ello una víctima puede iniciar una acción penal o acudir a las intuiciones como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres o la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

A través de este Protocolo también se hizo un llamado a los partidos políticos, considerados por un estudio de ONU Mujeres como el mayor obstáculo para la participación política de las mujeres, para que diseñen y pongan en práctica protocolos para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las aspirantes a cargos de elección.

Se expuso que los nueve partidos políticos nacionales y las agrupaciones política estatales deben considerar las reformas necesarias a sus estatutos internos, con el objeto de reconocer y prohibir esta violencia, realizar acciones de prevención y sensibilización y ejercer con la mayor eficiencia posible el presupuesto para el empoderamiento de las mujeres.

17/AGM/LGL








NACIONAL
POLÍTICA
   Denuncia misoginia de Tribunal Electoral de Oaxaca
Alcaldesa Samantha Caballero Melo interpone recurso ante SCJN
Imagen retomada del portal página3.mx
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/10/2017

Desde que Samantha Caballero Melo asumió el cargo como alcaldesa del municipio oaxaqueño de San Juan Bautista Lo de Soto, en enero pasado, recibió amenazas para declinar el cargo a favor del síndico Pablo Anica Valentín, quien nunca se ha presentado a laborar pero quien recientemente fue considerado víctima por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO).  

En el proceso electoral de 2016 Caballero Melo fue postulada como candidata a presidenta de su municipio por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Como resultado de la contienda ganó la elección y tomó protesta el 1 de enero, día en que el síndico electo, también priista, tomó el Palacio Municipal a fin de que ella no rindiera protesta.

Desde entonces, Pablo Anica Valentín ha hecho todo lo posible para que la presidenta municipal no pueda realizar las funciones para las cuales fue electa. Por ejemplo, se llevó a su domicilio la patrulla, la ambulancia, el camión para recoger la basura y otro vehículo, todos propiedad del Ayuntamiento y utilizados para dar servicios a la comunidad.

Sumado a esta violencia, el síndico destituyó a la tesorera nombrada por la alcaldesa, acción que fue avalada por la Secretaria General de Gobierno de Oaxaca, por lo que de enero a mayo Samantha Caballero no recibió recursos públicos destinados al municipio, lo que provocó que denunciara estas acciones ante las autoridades electorales para que éstas garantizaran sus derechos como funcionaria pública. 

Esta mañana, acompañada por el “Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres”, la alcaldesa se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para interponer una controversia constitucional en contra de la resolución emitida por el TEEO el pasado 11 de octubre y en la cual se favorece a su principal agresor.

La integrante del Colectivo, Anabel López Sánchez, expuso a Cimacnoticias que la sentencia de la autoridad electoral obedeció a un juicio presentado por el síndico, quien se quejó porque la alcaldesa llamó a su suplente para ejercer funciones de gobierno cuando al parecer esa acción es facultad exclusiva del Congreso del estado.

Caballero Melo explicó que después de tres sesiones de cabildo, a las cuales los síndicos y regidores no se presentaron, la ley municipal la faculta para llamar a los suplentes con el objetivo de no detener las labores y continuar los trabajos de gobierno, lo que acató pues sus agresores no estaban dispuestos a ejercer sus respectivos cargos.

Además de Anica Valentín, los regidores Eloi Bernardo Vargas, María Elena González Arellanes y María Rentería Silva, nunca se presentaron a laborar en el municipio.

Después de ser prácticamente destituido, Anica Valentín presentó un juicio ante el Tribunal Electoral estatal alegando que él fue quien ganó la contienda y debería tener el cargo. El 11 de octubre el TEEO le dio la razón al determinar que el Ayuntamiento no tiene facultades para llamar a los suplentes y ordenó invalidar las actas de sesión de cabildo donde se les tomó protesta así como pagar los sueldos caídos al síndico y regidores.

En este proceso, que Caballero Melo y López Sánchez consideran violencia política, la alcaldesa presentó una controversia constitucional en contra de la autoridad del estado argumentando que en su sentencia invade competencias porque como órgano electoral no puede pronunciarse por actos administrativos como las actas de sesión y mucho menos invalidarlas. 

Además agregan que el pasado 24 de marzo la presidenta municipal presentó un juicio ante el Tribunal Electoral local por los actos de violencia que padeció. En aquella ocasión, el organismo emitió una sentencia en la que reconoció la existencia de violencia política de género, consideración que fue ratificada el 27 de abril por la Sala Regional Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Las activistas también denunciaron la inacción del Congreso de Oaxaca que desde marzo recibió una solicitud de revocación de mandato en contra del síndico Pablo Anica Valentín, petición firmada por más de 500 ciudadanos; y desde mayo tiene otra solicitud de la alcaldesa también pidiendo la destitución de su principal agresor. Hasta la fecha no hay respuesta. 

17/AGM/LGL








NACIONAL
POLÍTICA
   Persisten estereotipos y prejuicios
Violencia de género y sexismo: dos retos de la paridad en política
Imagen retomada del twitter del TEPJF
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/10/2017

Mujeres políticas que han accedido a cargos de decisión señalaron que a pesar de que hace 64 años se consagró el derecho al sufragio femenino para que las mujeres pudieran votar y después contender en las elecciones, aún enfrentan retos como la violencia.

Al participar en el foro “Aprendizajes de la participación política de las mujeres” que organizó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) diputadas y alcaldesas señalaron que ante las agresiones han tenido que recurrir a los tribunales y al acompañamiento de organizaciones civiles.

Así coincidieron las diputadas federales Cecilia Soto y Candelaria Ochoa Ávalos; la senadora Marcela Torres Peimbert; las presidentas municipales de Eloxochitlán, Oaxaca, Eliza Zapata; de Atitzihuacan, Puebla, Maricela Ramos; de Oxchuc, Chiapas, María Gloría Sánchez Gómez y de Chenalhó, también en Chiapas, Rosa Pérez Pérez.

La presidenta municipal del municipio chiapaneco de San Pedro Chenalhó, destacó que no viene de una familia política y pese a ello compitió por el Partido de la Revolución Democrática y después por el Partido Verde Ecologista de México pero cuando ganó la elección de 2015 le arrebataron el triunfo.

La alcaldesa dijo que falta cambiar la mentalidad de los hombres que todavía no aceptan la participación de las mujeres en los espacios políticos. Como ejemplo, dijo que ella vivió una persecución de sus opositores, quienes pidieron un recuento de votos e impugnaron su triunfo ante las autoridades electorales.  

“Ellos querían burlarse de mí, pensaban que una mujer no puede tomar decisión”, expuso. 

Por su parte la diputada de Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, dijo que lo más difícil que ha enfrentado fue ganar un distrito en la zona metropolitana de Guadalajara, donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) siempre había ganado y hacer feminismo en una campaña política.

La diputada quien es una académica feminista, destacó que tuvo que usar todas sus habilidades para transmitir un mensaje de igualdad y hacer una campaña donde conjugara su experiencia como investigadora y su militancia a favor de la igualdad de género.

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Marcela Torres Peimbert, coincidió en que lo más difícil para la participación política de las mujeres es romper estereotipos y prejuicios, en particular en el poder. Destacó que ser una política dócil, que no cuestiona al partido es lo más fácil para las candidatas.

Como ejemplo, señaló que hubo legisladoras de Nuevo León que votaron en contra de la paridad en los estados y cuando cuestionó qué pasaba, encontró que para las diputadas era complicado romper con los estereotipos porque cuando son oposición se les califica de “locas” y a ellos de innovadores, disidentes o revolucionarios. 

Para la alcaldesa chiapaneca, Gloria Sánchez Gómez, lo más difícil es no tener miedo y saber que si cometen errores asumir su responsabilidad y como ejemplo destacó que en su caso vivió violencia política y presiones para que en 2016 la obligaran a renunciar y pese a ello continúa trabajando por sus convicciones.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), hay 7 averiguaciones previas por violencia política de género en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, pero Chiapas destaca por tener el índice más alto representado en 43 por ciento, mientras que Oaxaca y Tabasco cuentan con 29 por ciento.

Una de las mujeres que ha sido víctima de violencia es Eliza Zapata, alcaldesa de Atitzihuacan, quien fue agredida físicamente en una asamblea, su hija mayor se exilió del país y su hermano fue asesinado. “A pesar de tanto dolor, tanta violencia, no se puede dar un paso atrás cuando se ha avanzado bastante para otras compañeras”, dijo. 

Eliza Zapata agregó que la violencia comienza con la difamación y por ello advirtió que las autoridades deben atender estos casos porque hoy en día hay muchas regidoras amenazadas, acosadas y relegadas de sus funciones. “Si no se escucha con ese interés o previendo que puede desatarse una violencia física, nos van a matar”, dijo.  

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NACIONAL
POLÍTICA
   Inclusión de mujeres es una exigencia social: consejera electoral
Partidos políticos deben definir sus reglas en materia de paridad
Imagen retomada de Twitter
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/10/2017

Los partidos políticos tienen plena libertad para autodeterminarse en su interior y definir sus reglas para promover la participación política de las mujeres y aunque los organismos electorales se encargan de calificar sus estatutos, únicamente pueden evaluar que no tengan disposiciones inconstitucionales.

Así lo afirmó la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Paola Ravel Cuevas, en entrevista con Cimacnoticias después de participar en la presentación del Índice de Paridad Política (IPP) en México que encontró que uno de los mayores obstáculos para la participación de las mujeres en la arena política son los partidos políticos.

El IPP que elaboró ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte del proyecto “Atenea. Por una democracia 50/50”, encontró que México obtuvo un puntaje de 66.2 sobre 100 y concluyó que las agrupaciones políticas son el principal obstáculo para fomentar la presencia de las mexicanas en cargos de toma de decisiones.

De acuerdo con el índice que se presentó este 10 de octubre, el cual analiza 8 rubros, entre ellos los compromisos en el marco legal, determinó que un gran avance para el caso de México, fue elevar (en 2014) a rango constitucional la paridad, aunque destacó que hay rubros por trabajar aún como en el de las presidencias municipales y ayuntamientos donde la presencia de las mujeres es muy baja.

De acuerdo con el IPP solo tres partidos cuentan con una regulación sobre paridad en sus estatutos; las militantes en promedio representan 25.4 por ciento de quienes integran las instancias ejecutivas; y aunque ocho partidos tienen instancias de igualdad, sólo dos tienen facultades para participar en la selección de candidaturas.

Consultada sobre este tema, la consejera del INE y ex consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, señaló que los partidos políticos pueden determinar con plenitud de libertad cómo se van a conformar, que órganos van a tener y cómo estructurar sus instancias de justicia o si van a tener una Unidad de Igualdad o de La Mujer.

Es por ello que consideró que documentos como el recién presentado por las instancias de Naciones Unidas en México buscan mejorar las condiciones del contexto político electoral en la sociedad y son valiosos porque sirven como guía para para las agrupaciones políticas.

La paridad, señaló, “más que una exigencia de la autoridad se vuelve una exigencia social, que al interior de los partidos políticos exista paridad” y destacó que hay otras vías para la participación política de las mujeres como las candidaturas por la vía independiente y los mecanismos de participación ciudadana que se encuentran en las entidades federativas, por ejemplo, los Comités Ciudadanos o los Consejos de los Pueblos que buscan incidir en su comunidad.

Otra forma de intervenir en política es participar como observadoras electorales, funcionarias de casillas. “Hay muchas y muy diversas formas para empezarse a meter en la política, como consejeras distritales. En el INE sacamos convocatorias para esos temas. Entonces, la participación para las mujeres no se limita al ámbito de los partidos, pero si son preponderantes”.

Aun cuando los partidos tienen libre determinación, los órganos electorales han tomado acciones para promover los derechos de las ciudadanas al interior de estos órganos. Un caso relevante, dijo la consejera, fue en junio pasado cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Partido del Trabajo (PT) garantizar la paridad de género en la integración de sus órganos directivos partidistas.

Al resolver un juicio, por primera vez el Tribunal Electoral ordenó a un partido considerar el principio de paridad en la integración de sus máximas instancias. “Si vamos a caminar por ese precedente también deben darse cuenta los partidos políticos que con mayor razón tienen que hacer las reformas reglamentarias necesarias para garantizar la paridad en sus órganos directivos”, destacó la consejera.

En este sentido el INE está trabajando para determinar los criterios de paridad que deberán cumplir los partidos de cara a las alecciones de 2018 cuando se renovará Presidencia de la República, Cámara de Diputados, Senado y cargos estatales y locales.

Actualmente el Artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos prohíbe que las candidaturas de mujeres sean postuladas exclusivamente en los distritos donde el partido haya obtenido los porcentajes más bajos de votación; en el mismo sentido el Artículo 282 del Reglamento de Elecciones define tres estratos de votación (baja, media y alta) para que las abanderadas no estén solamente en distritos perdedores.

17/AGM/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Inconstitucional quitar concepto, debe revisar SCJN: diputada
   
Diputados quieren excluir de la ley “violencia política de género”
Imagen retomada de Twitter de la Asamblea Legislativa
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 30/06/2017

Sin un proceso legislativo de por medio, diputados de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALDF) pretenden borrar de un plumazo el concepto de “violencia política de género” del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la capital porque argumentan que se equivocaron al incluirlo en la ley.
 
El 31 de mayo, el pleno de la ALDF aprobó la expedición del nuevo Código electoral en el tiempo que establecía la Constitución capitalina y, luego de una revisión del texto, por parte de la Jefatura de Gobierno, se publicó en la Gaceta Oficial el 7 de junio, con lo que entró en vigor para el proceso electoral de 2018.  
 
Sin embargo, fue hasta el 21 de junio, prácticamente tres semanas después de que se avaló la ley, cuando los asambleístas se dieron cuenta e informaron que “hubo una equivocación” y que en la norma electoral aparecía el concepto de “violencia política de género” cuando en realidad debería decir “violencia política”.
 
REVERSA
 
Ese mismo día, el miércoles 21, la Mesa Directiva de la ALDF, integrada por los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mauricio Toledo y Rebeca Peralta, y del Partido Humanista, Luciano Jimeno, publicaron una “nota aclaratoria” en la Gaceta Oficial para dejar en claro que la ley no debería tener dicho término. 
 
De acuerdo con la nota, la ley debe decir que “violencia política” es  “toda acción, omisión o conducta ejercida contra las personas, directa o indirectamente, que tiene por objeto o resultado sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los derechos político-electorales…”.
 
Asimismo la definición correcta, que no aparece en el Código electoral, dice que la violencia política se puede manifestar “mediante cualquier modalidad de violencia contemplada en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, expresándose en los ámbitos político, público y privado” y enumera 12 características y no 19 como están en la ley vigente.
 
¿CON “ACLARACIÓN” SE CAMBIA LA LEY?
 
Al siguiente día de que fue publicada la aclaración, el diputado del PRD y presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna Estrada, afirmó que el proceso legislativo del Código electoral no fue vulnerado sino que la “aclaración” era para que no entrara en vigor “algo diferente a lo votado por los diputados”.
 
El asambleísta también informó que en uso de sus facultades y junto con los integrantes de la Mesa Directiva revisó la versión estenográfica de la sesión del día 31 de mayo. “Hubo un error en el contenido que se envió para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, esto es grave porque se hubiera publicado una ley con un artículo distinto a lo aprobado por el Pleno”, destacó.
 
Luna Estrada explicó que durante la discusión del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México se presentaron varias reservas y una de ellas hablaba de la violencia política de género. “El pleno decidió dejar solo el concepto de violencia política”, recalcó.
 
El perredista subrayó que aún con la nota aclaratoria, no había impedimento legal para recurrir a la autoridad correspondiente si se llegase a presentar un caso de violencia política de género, ya que la Constitución Política de la Ciudad de México contempla este concepto.
 
¿ACLARACIÓN DESAPARECE CONCEPTO?
 
Sin embargo, el 24 pasado la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Dunia Ludlow, se pronunció sobre el tema y dijo que la nota aclaratoria dejaba la puerta abierta para que los supuestos para acreditar la violencia política de género se consideren inexistentes porque se construyeron a partir de un proceso legislativo inadecuado e ilegal.
 
Durante la aprobación del Código Electoral, el día 31 de mayo, la asambleísta presentó reservas al Artículo 4 de la norma, a fin de incluir el concepto aprobado anteriormente en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia capitalina; y reservas al Artículo 351 del Código Penal para que se incluyeran los “actos de violencia política”.
 
Pero ese día las reservas se presentaron en bloque junto con otros seis artículos, no se discutieron una por una, se generó confusión y fueron rechazadas. No obstante se publicó el decreto como si hubieran sido aprobadas.
 
ACCIÓN INCONSTITUCIÓNAL
 
Al respecto, la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ana Juana Ángeles Valencia, consideró que excluir el término “violencia política de género” en toda su acepción es una acción inconstitucional que merece ser sometida a revisión mediante un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
 
Para la legisladora, la modificación que la Asamblea Legislativa quiere hacer a través de una nota aclaratoria y no por medio de un proceso parlamentario, implicaría dejar inválida la posibilidad de argumentar que la violencia política de género como una causal para anular una elección, tal como lo establece la Carta Magna de la Ciudad de México.
 
El Articulo, Apartado D, numeral 2 de la Constitución capitalina dice que “sin perjuicio de las causales específicas que prevea la ley de la materia, será nula la elección o el proceso de participación ciudadana en el que se acredite la existencia de violencia política de género e irregularidades graves durante las diversas etapas del proceso electoral que violenten los principios previstos en esta Constitución”.
 
Con el proceso electoral de 2018 para renovar la Asamblea Legislativa y poner en marcha la nueva estructura electoral de la capital, todavía no hay certeza de si una nota publicada en la Gaceta Oficial es suficiente para modificar el Código electoral o si es necesario un proceso parlamentario para rectificar un error del Legislativo local.
 
En tanto, el 22 de junio, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, César Cravioto, dijo que “el cambio” no se informó a los diputados y ante ello mencionó que su partido analizaría la pertinencia de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte porque la modificación era de fondo y no una fe de erratas.
 
17/AGM/GG








NACIONAL
POLÍTICA
   Ciudadanas pueden y deben ser mandatarias
Mujeres presidentas son un símbolo para las mujeres
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/09/2017

En América Latina siete mujeres han sido presidentas y si bien es importante la presencia femenina en cargos ejecutivos de alto nivel para transmitir la idea de que ellas pueden gobernar, también hay que tomar en cuenta que no reflejan a la mayoría de las mujeres que hacen política en un país.

 

En opinión de la profesora-investigadora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina, Mariana Caminotti, tener presidentas es un fenómeno interesante porque se trata de personas con trayectorias excepcionales que trasmiten un mensaje: que las ciudadanas pueden y deben ser mandatarias.

 

En América Latina, Nicaragua (1990), Panamá (1999), Guyana (1997), Chile (2006 y 2014), Argentina (2007), Costa Rica (2010) y Brasil (2010) han sido gobernados por mujeres; y en el Caribe  Haití, Guyana, Bahamas, Dominica, Antillas Neerlandesas, Jamaica y Trinidad y Tobago, han tenido presidentas o primeras ministras.

 

Sin embargo, la también autora de investigaciones como “Las legisladoras. Cupos de género y política en Argentina y Brasil” destacó en entrevista que las presidentas no son representativas de la situación general, es decir, se convierten en símbolos pero advierte que hay que mirar más allá porque el país que gobiernan no necesariamente tiene igualdad de género.

 

En la región, Michelle Bachelet de Chile (actualmente presidenta de su país por segunda ocasión); Cristina Fernández de Argentina; Dilma Rousseff de Brasil (destituida antes de terminar su mandato); y Laura Chinchilla de Costa Rica, son mandatarias cuestionadas por su desempeño, incluso odiadas por parte de la población.

 

A decir de Caminotti hay que tomar en cuenta que la presencia femenina en este cargo de alto nivel se enfrenta con contextos particulares y aunque tienen una trayectoria excepcional “no reflejan la trayectoria de las mujeres que hacen política en el país”, expuso.

 

Por ejemplo, Bachelet gobierna Chile, un país con un Congreso masculinizado, con dificultades para avalar normas relacionadas con los derechos de las mujeres, tanto que apenas hace dos años, en 2015, se aprobó una ley de cuotas que impone que las agrupaciones políticas tengan 40 por ciento de mujeres candidatas mientras otros países ya transitaron a la paridad (50-50). 

 

En México cinco mujeres han competido por la Presidencia de la República: Rosario Ibarra de Piedra, Cecilia Soto González,  Marcela Lombardo, Patricia Mercado y Josefina Vázquez Mota, sin embargo ninguna ha sido electa.

 

MUJERES NO PARTICIPAN

 

Uno de los argumentos de las agrupaciones políticas para tratar de evadir su obligación de reservar lugares para que las mujeres sean candidatas a cargos de elección es que ellas no quieren participar. Al respecto, la investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, dice que hay una parte de verdad en esta afirmación.

 

“Mi primer trabajo de investigación fuera de Argentina fue en Brasil. Los actores políticos decían: no hay mujeres, de dónde las sacamos, no quieren ser candidatas. Y entendí que es cierto, que no querían ser candidatas y que era muy racional que no quisieran”.

 

Una de las causas, explicó Caminotti, es que en Brasil las listas son abiertas. Es decir, el partido presenta una nómina de candidatos pero el votante elige sólo uno. No elige a las personas anotadas en toda la papeleta. “Entonces, el éxito electoral depende de cómo hagas tu campaña, del dinero que puedas invertir en tu campaña y del tiempo que le puedas dedicar”.

 

En este caso, las mujeres deben tener tiempo y recursos económicos para aventurarse a incursionar en un proceso político intenso pero además deben conocer el escenario de la competencia;  pero otra causa para no participar es tener un entorno partidario muy hostil donde sean marginadas a partir de prácticas explicitas o implícitas.

 

A pesar de ello cada vez hay más mujeres en cargos de gobierno y legislativos. Bolivia es el segundo país del mundo con más presencia de mujeres en su Cámara de Diputados con 53 por ciento de mujeres y en México la Cámara baja está conformada por 42.4 por ciento.

 

Aunque hay excepciones como Costa Rica donde la legislación incluyente de la paridad no fue tan exitosa porque el sistema de partidos se fragmentó y se crearon muchos partidos políticos que podían conseguir pocos lugares en el parlamento, además en estos casos las primeras posiciones, con probabilidades de triunfo, fueron encabezadas por hombres.

 

17/AGM








NACIONAL
   Falta de dinero y tiempo evitan participación de mujeres
El reto es pensar la paridad más allá de lo electoral
Imagen retomada de americo.usal.es
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/09/2017

En una década las mujeres han conseguido ir plasmando la paridad de género en las leyes electorales de América Latina a fin de acceder a la mitad las candidaturas a cargos de elección pero aún enfrentan obstáculos como la falta de tiempo y dinero para acceder al poder político.

México junto con Ecuador, Bolivia, Costa Rica y Nicaragua han consagrado la paridad en su legislación; sin embargo, la investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, Mariana Caminotti, afirma que este principio debe acompañarse de cambios estructurales.

La también profesora en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín en el país sudamericana y quien se ha dedicado a realizar estudios políticos desde una mirada feminista, advierte en entrevista con Cimacnoticias que hay que pensar la paridad más allá de lo estrictamente electoral.

En 1991 Argentina fue el primer país de la región en aprobar una ley de cuotas de género (30 por ciento) aunque no ha legislado la paridad (50-50) a nivel nacional como lo hicieron otros países. En la actualidad siete estados argentinos contemplan este principio en sus normas locales.

TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

A partir de los años 80, expone Caminotti, los países de América Latina vivieron procesos de transición democrática. En muchos casos destacó la participación social y política de las mujeres desde la sociedad civil organizada o desde los movimientos sociales y de Derechos Humanos.

En Argentina, por ejemplo, están las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, mujeres con familiares desaparecidos por la dictadura militar que se agruparon y salieron al espacio público para reclamar el retorno de la democracia. En varios países los movimientos que lucharon contra las dictaduras fueron movimientos con muchas mujeres.

Cuando los países latinoamericanos salieron de la dictadura, expone la politóloga, las mujeres ya estaban en las bases de los partidos políticos pero no en las instituciones, no eran parte de la oferta electoral de los partidos, es decir, no eran candidatas y tampoco eran electas.

En este contexto, a partir de 1991 surgieron las leyes de cuota de género en postulaciones como una acción afirmativa para generar condiciones de participación para las mujeres que ya estaban en procesos políticos y para hacer que otras se interesaran en incursionar en este ámbito.

“La idea que hay detrás (de la paridad) es que se necesita la participación del conjunto social y las mujeres no pueden estar excluidas de esos espacios de participación”, señala Caminotti.

HITO HISTÓRICO

De 2007 en adelante hubo un hito importante en American Latina a partir del Consenso de Quito que se firmó en 2007 durante la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina. En este documento por primera vez se planteó la paridad como una nueva meta para alcanzar la igualdad real en las estructuras de poder.

Después de experimentar las leyes de cuota se comprobó que las mujeres ampliaron su acceso a los puestos decisión, sobre todo en cargos legislativos, pero también se vio que los partidos políticos hicieron todo lo posible para explotar los huecos de las legislaciones y evitar que los hombres con más poder en las estructuras internas perdieran sus privilegios.

“En México han tenido un montón de experiencias en ese sentido. Por ejemplo, Las Juanitas, el caso de la renuncia de las mujeres que lograron acceder al cargo. Es un ejemplo emblemático para la región”, destaca la analista al referirse al caso de las legisladoras electas en 2009 que fueron obligadas a renunciar para ceder su lugar a sus suplentes varones.

“En ningún lugar los partidos voluntariamente aceptaron esto (postular a las mujeres) sin resistencias. Esas resistencias llevaron a que todas estas leyes de cuotas tuvieran que ser reformadas”, destaca. Las normas fueron modificadas para asegurar que se cumpliera el propósito incluyente de la ley.

Ante los límites de las cuotas a partir de 2007 se planteó abiertamente la posibilidad de implementar la paridad. “La paridad lo que hace es sacar ese porcentaje arbitrario y decir a la ciudadanía, el electorado: somos 50 por ciento, queremos 50 por ciento de representación”.

OBSTÁCULOS PRESENTES

Para Caminotti, en la región aún existen obstáculos para acceder al poder político porque a pesar de los cambios en la legislación electoral, hay condiciones estructurales que hacen difícil que las ciudadanas ejerzan el poder y que no las ponen en una situación de completa igualdad con los hombres.

En el Consenso de Quito, argumenta, la paridad no está restringida al ámbito electoral, está planteada como un objetivo transversal para las políticas públicas. Sin embargo, dice, persiste una división sexual del trabajo y políticas públicas que no permiten que las mujeres manejen el tiempo de la misma manera que los hombres.

“Siguen existiendo dificultades concretas para las mujeres políticas que tienen que ver con el tiempo. Mujeres y varones tenemos diferente tiempo porque hay toda una responsabilidad doméstica y la política es una actividad que demanda mucho tiempo. No es lo mismo estar hasta la madrugada en una reunión política”.

Otro tema de importancia es la autonomía económica. A decir de la investigadora, las militantes tienen menos dinero para hacer política y menos acceso a las redes que financian la política y aunque en México los partidos están obligados a destinar recursos económicos para la capacitación de liderazgos femeninos, en la región el financiamiento aún es un reto.

“La paridad y las acciones afirmativas han ayudado pero las condiciones estructurales han cambiado relativamente poco. No es lo mismo el poder que uno puede logar al interior de una estructura partidaria con limitaciones de tiempo y de dinero. Hay mucho por hacer y tenemos el gran desafío de pensar a la paridad más allá del terreno estrictamente electoral”.

MÉXICO: CAMBIO SOCIAL

En México, el 10 de febrero de 2014 se aprobó una reforma constitucional en materia político-electoral que incluyó la paridad. La norma se puso a prueba en 2015 en la elección de 17 entidades y después en 2015 en la elección de 13 entidades más. En 2018 se volverá a implementar en los comicios de 30 elecciones locales.

En primer logro se observó en los resultados de la elección de 2015 cuando se alcanzó 42.4 por ciento de mujeres y 57.6 por ciento hombres en la Cámara de Diputados, cifra histórica que se aproxima a la igualdad de género.

Con todo y los avances que significa una norma como la paridad, la doctora en Ciencia Política señala que es necesario generar condiciones para  que la sociedad se transforme y tener estructuras más igualitarias que no dependen de un Estado que disciplina a los partidos políticos que intentan resistirse al cambio.

17/AGM

 








NACIONAL
   Sólo 9 de 32 entidades incluyen concepto en su Ley Electoral
Violencia política contra mujeres, mal previsible sin ley federal
Imagen de Guadalupe Cabañas
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/06/2017

Descalificaciones, amenazas, intromisión en la vida privada y agresiones físicas serán los principales obstáculos que enfrentarán aquellas mujeres que en los comicios de 2018 se postulen, por un partido político o por la vía independiente, para competir por uno de los 3 mil 326 cargos legislativos y de gobierno que se elegirán en todo el país.
 
En la carrera por ganar el voto ciudadano y ser electas se prevé que las candidatas se topen con acciones que hoy se conocen como violencia política de género, un concepto cada vez más reconocido en las leyes estatales aunque todavía ausente en las leyes que a nivel federal regulan las elecciones y previenen la violencia de género.          
 
Hasta julio de este año, nueve de las 32 entidades (Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala, Sonora, Yucatán, y Zacatecas) tenían una definición de este concepto en su Ley Electoral; y cuatro (Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Sinaloa) mencionaban la violencia política sin profundizar o acotándola a propaganda electoral.  
 
Además, de acuerdo con información obtenida a través de la revisión parlamentaria de los 31 congresos locales y de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, nueve entidades (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán y Morelos) tienen el concepto en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 
En total, en México tres entidades (Aguascalientes, Campeche y Morelos) definen la violencia política de género en su norma electoral y en su ley para una vida libre de violencia, lo que indica que en 2018 las mujeres que compitan en estos estados podrían hacer uso de estas leyes en caso de ser víctimas de violencia en contextos político-electorales.
 
RUMBO A 2018
 
El próximo año en México habrá elecciones para elegir Presidente de la República y 3 mil 326 cargos: 500 diputaciones federales, 128 senadurías, nueve gubernaturas (incluyendo Jefatura de Gobierno en la capital), 984 diputaciones locales, mil 598 ayuntamientos, 16 alcaldías en la Ciudad de México (antes Jefaturas delegacionales), 24 juntas municipales en Campeche y 67 sindicaturas en Chihuahua.
 
En las próximas elecciones habrá una gran cantidad de mujeres haciendo campaña para obtener el triunfo en las urnas, gracias a la reforma aprobada en 2014 que elevó a rango constitucional el principio de paridad de género, es decir, la responsabilidad de los partidos políticos de postular a 50 por ciento de mujeres y hombres a los cargos electivos.
 
La paridad cumple el objetivo de llevar más mujeres a la competencia electoral y que más de ellas tengan posibilidad de llegar al poder, como se comprobó en los comicios de 2015 cuando fueron electas 212 mujeres, lo que representa 42.6 por ciento de los 500 legisladoras en la Cámara de Diputados.
 
Sin embargo, agrupaciones ciudadanas como la Red Mujeres en Plural, la Asamblea Política Nacional de Mujeres Indígenas y la Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas llamaron la atención sobre la violencia y explicaron que un mayor número de ciudadanas compitiendo por obtener cargos implicaba más violencia hacia ellas en razón de su género.
 
HERRAMIENTAS A FAVOR
 
Con 38 casos de violencia contra mujeres políticas y dos asesinatos durante las elecciones de 2015, el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) crearon un protocolo de atención para estos casos.
 
En marzo de 2016 las autoridades electorales presentaron el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres que, ante la falta de una legislación, establece la coordinación entre las dependencias y una ruta para atender las denuncias que surgen durante todo el proceso, desde las precampañas, las campañas, la jornada electoral y hasta que las mujeres ejercen las funciones para las que fueron electas.
 
Como el fenómeno no es exclusivo de México, en octubre de 2016 la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) crearon la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres.
 
Este documento se creó como una guía para que los Estados legislen, protejan y garanticen el ejercicio de los derechos políticos de las ciudadanas, al considerar que las acciones para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en el ámbito privado no cubren la violencia de género que se produce en el “ámbito público”.
 
SIN LEGISLACIÓN FEDERAL
 
En marzo, el Senado aprobó y envió a la Cámara de Diputados una reforma para definir y sancionar la violencia política en las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
 
En la Cámara baja la reforma fue turnada a las Comisiones de Gobernación y de Igualdad de Género, para su análisis y votación. Además, la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género estaba encargada de dar una opinión en la materia. Sin embargo sólo la Comisión de Gobernación aprobó la minuta, el pasado 25 de abril.
 
Por esta razón la legislación en la materia sigue pendiente a nivel federal, a pesar de que en marzo los representantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal) se comprometieron a impulsar la tipificación.
 
ESTADOS QUE YA LEGISLARON
 
Aun con la ausencia de las reformas en las leyes generales, los estados han legislado en la materia. Es el caso del Congreso de Morelos que el 7 de marzo reformó su Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el Código Penal y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado.
 
La ley electoral de esta entidad señala que los partidos políticos, dirigentes y militantes incurren en una infracción si realizan cualquier acción u omisión que “basadas en elementos de género, tengan por objeto o resultado menoscabar, anular, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
Recientemente, el 6 de junio, el Congreso de Campeche aprobó incluir el término en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales estatal; además este concepto ya estaba en su Ley de Acceso local que en el Artículo 5 dice que violencia política es “cualquier acto u omisión que limite, niegue, obstaculice, lesione, dañe la integridad y libertad de las mujeres a ejercer en plenitud sus derechos políticos”.
 
En Aguascalientes, el 29 de mayo de este año se publicó en el Periódico Oficial estatal la reforma al Código Electoral para definir este concepto en el Artículo 2, fracción XVII y modificar los Artículos 58 y 68 para que los partidos políticos establezcan mecanismos para prevenir, atender, sancionar y en su caso erradicar esta violencia.
 
Meses después, el pasado 8 de junio el Congreso local aprobó reformar diversos Artículos, entre ellos el 16, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Aguascalientes, con el objeto de definir la violencia política de género y especificar esquemas de protección de los derechos electorales de las mujeres.
 
En algunas entidades se discutieron y aprobaron reformas en la materia pero no han sido publicadas o no están disponibles en el catálogo de Legislación estatal de la Secretaría de Gobernación (Segob) ni en el listado de reformas electorales del TEPJF.
 
De acuerdo con el Artículo 105 de la Constitucional federal, las leyes en materia de elecciones deben aprobarse y publicarse 90 días antes del inicio de un proceso electoral. En este caso el proceso federal inicia en el mes de septiembre de 2017 por lo que las reformas en materia de violencia política en los estados restantes no se aprobaron en el tiempo establecido para su aplicación.
 
17/AGM/GG
 








ESTADOS
POLÍTICA
   PRI y PAN arguyen que municipios ejercen libres su gobierno
Se resiste Congreso de Nuevo León a aceptar paridad horizontal
Imagen retomada del portal hcnl.gob.mx
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/06/2017

La Comisión Ciudadana de Inteligencia Electoral llamó al Congreso de Nuevo León a incluir la paridad horizontal en la Ley Electoral del estado, es decir, la obligación de los partidos de dar a las mujeres la mitad de las postulaciones a presidencias municipales para que compitan en las elecciones de 2018.
 
El pasado 18 de mayo, el Congreso local votó en primera vuelta reformas a la Ley Electoral del Estado, pero los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) estuvieron en contra de aprobar este principio, por lo que no se incluyó. 
 
Al respecto María Elena Chapa Hernández, quien integra la Comisión Ciudadana de Inteligencia Electoral  --organismo ciudadano que promueve los derechos político-electorales de las ciudadanas— llamó a los líderes de las bancadas a analizar este tema e incluirlo en las reformas.
 
Con el propósito de exponer sus argumentos, el 29 de mayo las y los integrantes de esta Comisión se reunieron con integrantes de las Comisiones unidas de Legislación y Puntos Constitucionales, que analizaron el dictamen, para exponer diversos principios internacionales y a nivel federal sobre derechos de las mujeres.
 
Los partidos políticos se oponen a la paridad horizontal porque argumentan que se contrapone con la reelección y porque cada municipio ejerce de forma libre su gobierno y porque las elecciones de cada ayuntamiento están desvinculadas entre sí, según reportaron medios locales.
 
En la sesión donde se aprobaron las modificaciones a la ley electoral, la diputada independiente Karina Barrón Perales, consideró lamentable que en el dictamen hubiera una simulación de la paridad y que se pretendiera engañar a la ciudadanía, toda vez que sí se incluyó la paridad en diputaciones pero no en alcaldías.
 
“No, señores, aquí no hay nada, nada que celebrar, hemos perdido y matado las aspiraciones válidas de mujeres capaces, que luchan por tomar parte en las decisiones de su entidad”, señaló en aquel momento.
 
Al respecto, la ex titular del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, María Elena Chapa, dijo en entrevista que los hombres no quieren aprobar que la mitad de las candidaturas a las presidencias municipales sean para las mujeres porque eso les resta poder y por ello se excusan en que no hay ciudadanas capaces de ser postuladas.
 
La reforma aprobada por el Congreso señala en el Artículo 143 de la Ley Electoral que “para garantizar la paridad entre géneros en el caso de la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso del Estado, no podrá haber más del 50 por ciento de candidatos de un mismo género”.
 
Por su parte, Chapa Hernández considera que además se debieron agregar modificaciones a los Artículos 76, 143, 144, 145 y 146, entre otros, para garantizar el derecho de las mujeres a contender por la mitad de las 51 presidencias municipales del estado y no obligar a las militantes a recurrir a los tribunales electorales.   
 
Es por ello que la Comisión de Inteligencia, que se activa durante los procesos electorales en el estado, circuló una petición en la plataforma change.org donde se destaca que la igualdad, la no discriminación y la paridad son Derechos Humanos para las mujeres y los hombres.
 
“Si consideras que las mujeres tenemos las mismas oportunidades para el ejercicio político en las alcaldías en la toma de decisiones, registra tu respuesta, firmando esta petición”, dice el documento suscrito por colectivos como Nosotras por la Igualdad, la Red Mujeres en Plural y el Comité Ciudadano del Barrio Antiguo, entre otros.
 
La idea es entregar las firmas al Congreso para que diputadas y diputados hagan las reformas pertinentes a más tardar en julio, 90 días antes de que comience el proceso electoral local.
 
17/AGM/GG








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