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VIOLENCIA
   PGJSLP abandonó la diligencia dos años
Forenses independientes buscan a Rosa, víctima de exmilitar en SLP
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/06/2017 Un equipo de forenses independientes intervino terrenos de Cañaveral de Puntilla en Tamuín, San Luis Potosí, el 22 y 23 de junio, para localizar los restos óseos de Rosa María Sánchez González, de 15 años de edad, asesinada en 2010 por el ex militar Filiberto Hernández Martínez, autor de otros cuatro crímenes.
 
No tuvieron éxito, ya que posiblemente las pruebas se perdieran debido a que la autoridad tardó dos años para concretar la diligencia.
 
En febrero pasado se confirmó la identidad de Rosa María Sánchez a partir de un análisis de siete huesos localizados tres años atrás, cuando Filiberto Hernández fue detenido por portar un arma de uso exclusivo del Ejército y confesó haber asesinado a cuatro menores de edad y una mujer de 32 años entre 2010 y 2014, y arrojado los cuerpos en Cañaveral de Puntilla.
 
Saber que los restos eran de la menor de edad permitió que el ex militar fuera procesado por asesinarla, pero aún se necesitan recabar más pruebas para integrarlas a la carpeta de investigación y se pueda comprobar el crimen. Para eso se realizó la búsqueda los días 22 y 23 de junio, explicó en entrevista con Cimacnoticias, el abogado coadyuvante del caso, David Peña Rodríguez.
 
DILATACIÓN DE LA PROCURADURÍA LOCAL
 
En 2014, cuando el feminicida fue detenido, los forenses de la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí (PGJSLP) no concluyeron la búsqueda de los restos óseos de Rosa María al argumentar que las condiciones del terreno no eran las óptimas.
 
Dos años después la búsqueda se reanudó ante la exigencia del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social AC (Gadh), organización que acompaña legalmente los cinco casos.
 
En ese momento, la organización denunció que los especialistas de la Procuraduría local fingieron la búsqueda; no llevaban las herramientas necesarias, y no delimitaron ni resguardaron el lugar de los hechos, por lo que propusieron a un equipo de forenses independientes del estado de Michoacán para concretar las diligencias que omitió las autoridades del estado.
 
En este rastreó también participó personal de la Procuraduría local, autoridades municipales, el Grupo de Acción y familiares de la víctima.
 
PÉRDIDA DE EVIDENCIAS
 
Los resultados de este rastreo también eran claves para sustentar el asesinato de la niña de 13 años de edad, Adriana Martínez Campuzano, ya que el Poder Judicial local y la PGJSLP informó en mayo a la defensoría que perdió las evidencias de la investigación, por lo que caso corre el riesgo de quedar impune.
 
“Eso nos preocupa porque esos dos casos están en investigación, es decir, si se tienen buenos dictámenes periciales se puede avanzar”, señaló David Peña, integrante del Gadh.
 
El abogado expresó que para recuperar los restos de Rosa María o alguna evidencia, se enfrentan a condiciones adversas por el estado del terreno que se utiliza para siembra. La familia de la menor de edad decidió no desistir y se programará otra búsqueda en la que participen forenses de la Procuraduría, colectivos de búsqueda de personas, pero ya sin el equipo independiente.
 
“No lo podemos descartar es parte importante para la tranquilidad de la propia familia”, dijo David Peña.
 
PREPARAN QUEJA ANTE COMISION DH
 
El abogado adelantó que están preparando una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la pérdida del material probatorio en el caso de Adriana, “Hicimos un recuento de las pruebas que el Ministerio Público entregó al juez, ahí se perdieron los elementos de prueba”, expresó.
 
Este organismo presentó este año un informe especial donde determinó que la Procuraduría investigó mal los cinco casos. Y ordenó al Gobierno estatal a crear una fiscalía especializada en feminicidio y desapariciones de niñas y mujeres, así como un protocolo policial especializado para atender los casos.
 
Estas acciones las reafirmó la Secretaría de Gobernación el 21 de junio con el decretó de la Alerta de Violencia de Género para los municipios de Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín.
 
Asimismo, la defensa presentará un amparo para fijar la responsabilidad de los servidores públicos encargados de resguardar los objetos de prueba.
 
En tanto, el ex militar está en espera de sentencia en un penal de máxima seguridad en Durango, únicamente por tres asesinatos: el de Itzel Romaní Castillo de 11 años, Dulce Ximena Reyes de 9 años y Eliehoenai Chávez Rivera de 32 años.
 
17/HZM/GG







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   Con años de retraso, Segob declara tres alertas en 48 horas
Decretan AVG en 6 municipios de SLP, solicitada en 2015
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/06/2017 Los municipios de Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín, en San Luis Potosí, están desde ayer bajo el decreto de Alerta de  Violencia de Género (AVG), solicitada desde 2015 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 
Con este decreto, suman tres las AVG declaradas por la Secretaría de Gobernación (Segob) en sólo 48 horas, el 20 y 21 de junio,  aunque fueron solicitadas en años diferentes.
 
En Colima fue solicitada AVG en 2014 y el decreto se hizo apenas el martes pasado; en Guerrero se pidió en junio de 2016 y se decretó ayer por el Gobernador, lo que fue confirmado hoy por Segob, y en San Luis Potosí la petición fue en 2015 y se decretó también ayer.  
 
En San Luis Potosí, la AVG derivó de la solicitud presentada por  la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el 23 de noviembre la 2015, ante el Sistema Ejecutivo para decretar la Alerta en estos seis municipios.
 
El organismo defensor de los DH presentó también el “Informe especial sobre la situación del respeto de los Derechos Humanos de las mujeres, en el caso de feminicidio en San Luis Potosí”, donde detalló que de 2011 a esa fecha registró 169 asesinatos violentos de mujeres.
 
POR QUÉ LA ALERTA EN SLP
 
La Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí ha denunciado las irregularidades en las que trabaja la Procuraduría General de Justicia de San Luís Potosí (PGJSLP) en la investigación de casos de feminicidio, como sucedió con el de cuatro menores de edad y una mujer adulta de 32 años, asesinadas entre 2010 y 2014 en Tamuín, por el ex militar Filiberto Hernández Martínez.
 
Para este caso, seguido por Cimacnoticias, la CEDH emitió en mayo de 2017 una recomendación especial a la Procuraduría estatal por investigar mal los cincos casos de feminicidio, pues no realizó los peritajes forenses a las víctimas y no recolectó de manera correcta las evidencias.
 
Como consecuencia, la Procuraduría y el Poder Judicial locales perdieron la evidencia de una de las víctimas de 13 años de edad, Adriana Martínez Campuzano, y sólo recolectó siete huesos de la niña de 15 años, Rosa María Sánchez, enterradas en un lote baldío en Ciudad Valles. Se trataba de pruebas fundamentales para vincular a proceso al agresor que actualmente está en una prisión de máxima seguridad en Durango, pero aún sin sentencia.
 
Otro caso de feminicidio emblemático en la entidad es el de Karla Pontigo Lucciotto, quien fue asesinada en junio de 2015 en la discoteca donde trabajaba, pero su caso juzgado como “homicidio accidental”.
 
La defensa del caso argumentó 42 omisiones de distintas dependencias de la PGJSLP en la investigación,  por lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso y actualmente lo analiza para determinar si se debe investigar como feminicidio.
 
OBLIGACIONES DEL ESTADO BAJO AVG
 
Tras la presentación de la solicitud de AVG para San Luis Potosí, el Grupo de Trabajo hizo ocho recomendaciones al Gobierno estatal para el caso de Tamuín: ordenó al gobierno de Juan Manuel Carreras López crear una fiscalía especializada en feminicidio y desapariciones de niñas y mujeres, así como un protocolo policial especializado para atender los casos. 
 
Tanto la fiscalía como el protocolo debieron crearse a partir de abril de 2016, como debieron cumplirse también las restantes recomendaciones, que incluyen: 
 
1) Instaurar medidas para garantizar el acceso efectivo a la justica.  2) La reparación integral del daño a las víctimas y sus familiares.
3) La creación de un grupo especializado en análisis de contextos de violencia.
4) Armonizar su normativa en materia de género.
5) Capacitar y profesionalizar al personal público en perspectiva de género y Derechos Humanos.
6) Realizar campañas de prevención de violencia de género para la población en general.
 
A partir de la AVG, el gobierno de San Luis Potosí ya fue  informado, asegura Segob en un comunicado- de que está obligado a establecer  una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres.
 
17/HZM/GG
 







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   Caso Tamuín: irregularidades en favor de ex militar
Autoridad perdió evidencias y feminicida de niña podría quedar impune
Imagen retomada de rpp.com.pe
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/05/2017 El feminicidio de la niña de 13 años Adriana Martínez Campuzano podría quedar en la impunidad, y su asesino, el ex militar Filiberto Hernández Martínez absuelto por el caso, luego de que el Poder Judicial de San Luis Potosí, perdió la evidencia que estaba bajo su resguardo, fundamental para vincular y procesar al agresor.
 
“Es preocupante en términos de acceso a la justicia y preocupa porque es responsabilidad del Poder Judicial de San Luis Potosí salvaguardar la evidencia”, informó en entrevista con Cimacnoticias la abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social (Gadh), Karla Micheel Salas Ramírez, quien detalló que de todos los elementos que existían para vincular al feminicida, sólo quedó una colchoneta a la cual no se le pudo hacer el peritaje porque no fue resguardada adecuadamente por la autoridades, lo que dejó al caso sin ninguna evidencia.  
 
Adriana Martínez Campuzano es una de las 4 menores de edad, además  de una mujer de 32 años, asesinadas por Filiberto Hernández, entre 2010 y 2014 en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí. Su madre, Sandra Campuzano la reportó como desaparecida el 24 de mayo de 2011, después de que no regresó de la escuela.
 
Adriana fue acosada en repetidas ocasiones por el ex militar, ya que ella recolectaba dinero para la festividad del Día del Estudiante. Filiberto Hernández impartía clases de zumba y coordinaba actividades de catequesis en el templo del municipio. Su madre se enteró de acoso a través de sus amigas y empezó a notar que su hija comenzaba a aislarse de las personas y bajó de calificaciones en la escuela.
 
Un mes más tarde, el cuerpo de la niña fue encontrado en Cañaveral de Puntilla, pero fue hasta el 2014 cuando Filiberto Hernández fue detenido, por portar un arma exclusiva del Ejército, y  confesó el asesinato de las 5 víctimas. Declaró que golpeó, violó y asesinó a Adriana. Aun así, el feminicida fue absuelto de la acusación tras alegar tortura en su detención y, por su parte, el juez de la Quinta Sala Penal determinó que no existían “pruebas suficientes” para continuar con el proceso del feminicidio de Adriana Campuzano.
 
DENUNCIARÁN ANTE CONSEJO DE JUDICATURA
 
Ante la omisión y negligencia de las autoridades en 2016 la familia de la víctima interpuso un amparo para que Filiberto Hernández  fuera nuevamente consignado por el caso. En enero de 2017, la familia ganó el recurso, sin embargo, ahora sin pruebas , es imposible que se puede terminar la culpabilidad del feminicida, por lo que la defensoría, dijo Micheel Salas, se prepara para presentar una denuncia ante el Consejo de la Judicatura local, en contra las autoridades responsables del Poder Judicial.
 
Cómplices de esta negligencia, denunció la representante de los 5 casos de feminicidio, fue la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de San Luis Potosí.  “Desde el mes de marzo insistimos en que la Procuraduría General resguardara la pruebas para realizar el peritaje, en este sentido también ellos fueron omisos en realizar su trabajo, no vemos que tengan la voluntad de hacer las cosas”, indicó.
 
Por lo tanto, Filiberto Hernández, quien está en prisión preventiva en Durango, podría ser sentenciado únicamente por tres de los asesinatos que cometió, ante el resultado negativo por tortura que arrojó el Protocolo Estambul, aplicado al feminicida en diciembre de 2016;  los asesinatos de Itzel Romaní Castillo de 11 años de edad, Dulce Ximena Reyes de 9 años y Eliehoenai Chávez Rivera de 32 años de edad.
 
“Esto podría terminar en que el sujeto salga libre por el caso de Adriana, cómo piensa la Procuraduría que puede ser procesado sin pruebas, a eso estamos llegando a sentencias a familias”, reiteró la abogada.
 
Y recordó que está pendiente otro caso, el de Rosa María Sánchez de 15 años de edad, a quien en febrero de 2017 se logró confirmar su identidad a partir del análisis forense de siete huesos localizados en 2014 en Cañaveral de Puntilla donde el feminicida enterró a sus víctimas, pero falta la recolección del resto del cuerpo y el dictamen pericial necesario.
 
PÉRDIDA DE EVIDENCIAS, LA CONSTANTE
 
Desde la experiencia de la abogada, quien también litigó el caso de “Campo Algodonero”, la pérdida de evidencia por parte de las procuradurías y ministerios públicos es una constante en los casos de feminicidio que impide el acceso a la justicia, “no les importa cuidar las evidencias, no sabemos por qué se niegan en proteger la vida de las mujeres y proteger a los feminicidas”, aseveró.
 
Las irregularidades en el caso también han sido denunciadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que en un informe especial sobre el caso de Tamuín determinó que la Procuraduría local investigó mal los cinco casos de feminicidio: no recolectó de manera adecuada las pruebas ni realizó de forma correcta el peritaje forense a las víctimas.
 
La Comisión también ordenó la creación de una fiscalía especializada en feminicidio y desapariciones de niñas y mujeres, así como un protocolo policial especializado para atender los casos. Esta instancia además ha insistido en activar el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en San Luís Potosí, solicitud que está pendiente desde noviembre de 2015, para los municipios de la capital, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Tamuín, Tamazunchale y Matehuala.
 
17/HZM/GG







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   No fue torturado y responderá por dos casos más
Ex militar de SLP será sentenciado por 3 casos de feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/04/2017 El dictamen pericial en materia de tortura, llamado Protocolo de Estambul, aplicado al ex militar y feminicida Filiberto Hernández Martínez, determinó que no fue torturado durante su detención, por lo que podrá ser sentenciado por los casos de feminicidio de cuatro niñas y una mujer adulta que cometió entre 2010 y 2014 en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí.
 
Después de permanecer 3 años en prisión preventiva en Durango y tras una larga lucha por parte de las familias para exigir que se le aplicara el Protocolo Estambul, Hernández Martínez recibirá sentencia por los asesinatos de Itzel Romaní Castillo de 11 años de edad, Dulce Ximena Reyes de 9 años y Eliehoenai Chávez Rivera de 32 años de edad.
 
Y continúan en proceso los casos de Rosa María Sánchez González, de 15 años de edad, y de Adriana Martínez Campuzano quien tenía 13 años de edad, informó la abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C (Gadh), Karla Micheel Salas Ramírez, en entrevista a Cimacnoticias.
 
El Protocolo Estambul es un instrumento internacional por el cual, mediante entrevistas clínicas y exámenes psicológicos, se determina si una persona fue víctima de tortura y otros tratos o penas crueles. En el caso del Filiberto Hernández, el documento indica que no existen elementos que corroboren su versión.
 
La abogada especialista en feminicidio Micheel Salas Ramírez apuntó que el resultado de este procedimiento psicológico es clave para la garantía de justicia en este caso, pues en la detención de Filiberto Hernández, en julio de 2014 -por portar una arma de uso exclusivo del ejército, y después confesar los asesinatos- alegó ser víctima de tortura por parte de los policías.
 
Este hecho, comentó Salas Ramírez, impedía a las autoridades dictar sentencia y daba la posibilidad de que fuera puesto en libertad, “ahora lo que esperamos es que el Poder Judicial otorgue una sentencia condenatoria”, señaló la abogada.
 
Cabe recordar que el primero de agosto de 2014, el juez Primero de lo Familiar, del Sexto Distrito Judicial de Ciudad Valles, Juan Ignacio Ortega Morales, dictó auto de formal prisión a Filiberto Hernández por el caso de Dulce Reyes, pero ese mismo día su defensa apeló la sentencia, porque alegó tortura en el proceso de detención.
 
El 12 de febrero de 2015 el juez Juan Ignacio Ortega resolvió a favor el amparo para que se demostrara tales actos, pero fue hasta el 13 de mayo de 2016 que emitió el exhorto, con número 84/2016/1, para que se le realizará el protocolo al exmilitar.
 
Los resultados fueron emitidos el 12 de diciembre de 2016 por parte de la Fiscalía General del Estado de Durango, estado en donde está encarcelado el asesino, y estos  se dieron a conocer el pasado 8 de abril a los familiares y abogadas que llevan el caso.
 
CONTINÚA INVESTIGACIÓN
 
A partir de la constante exigencia del Gadh y las familias que perdieron a las niñas y la mujer del municipio de Tamuín, se ha evidenciado la falta de una investigación adecuada por parte de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de San Luis Potosí.
 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se unió al llamado a través de un informe especial que hizo sobre el caso, donde determinó que la Procuraduría local investigó mal los cinco casos de feminicidio: no recolectó de manera adecuada las pruebas ni realizó de forma correcta el peritaje forense a las víctimas.
 
Con ello responsabilizó a los agentes del Ministerio Público (MP) municipal involucrados, a la Procuraduría estatal y a Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por las irregularidades latentes en el caso. La Comisión además ordenó la creación de una fiscalía especializada en feminicidio y desapariciones de niñas y mujeres, así como un protocolo policial especializado para atender los casos.
 
La abogada recordó que la investigación del caso de Adriana Martínez Campuzano, violada y asesinada por el feminicida en 2011, permanece, pues sus familiares ganaron en enero de 2017 un amparo para investigar de nuevo el caso, después de que el juzgado exoneró a Filiberto Hernández  del asesinato  “por falta de pruebas”.
 
En tanto el de Rosa María Sánchez continúa, pues recién en febrero de 2017 se logró confirmar su identidad a partir del análisis forense de siete huesos localizados en 2014 en Cañaveral de Puntilla, San Luis Potosí, donde el asesino enterró los cuerpos.
 
17/HZM/GG







NACIONAL
VIOLENCIA
   Buscarán juicio por feminicidio
Confirman identidad de Rosa María, asesinada por ex militar en SLP
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/02/2017 A partir del análisis de siete huesos localizados en 2014 en Cañaveral de Puntilla, San Luis Potosí, se logró confirmar la identidad de Rosa María Sánchez González, una niña de 15 años de edad asesinada en 2010 por el ex militar Filiberto Hernández Martínez, actualmente preso, pero sin sentencia por este homicidio, ni por otros cuatro que cometió.  
 
La identificación permitirá que el ex militar sea juzgado por matar a Rosa María, ya que solo está siendo procesado por los asesinatos de Itzel Romaní Castillo, Dulce Ximena Reyes y Eliehoenai Chávez Rivera, y se encuentra recluido desde 2014 en un penal de máxima seguridad en Gómez Palacio, Durango, señaló en entrevista con Cimacnoticias la abogada Karla Micheel Salas Ramírez, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social (Gadh).
 
Rosa María Sánchez fue reportada como desaparecida el 29 de octubre de 2010 en Tamuín, San Luis Potosí, y sus restos encontrados hasta julio de 2014 en Cañaveral de Puntilla, luego de que Filiberto Hernández fue detenido por portar un arma de uso exclusivo del ejército y confesó haber asesinado a cuatro menores de edad y una mujer de 32 años, a quienes dijo haber enterrado.  
 
FEMINICIDIO
 
El feminicidio de Rosa María Sánchez se está investigando como un “homicidio agravado”, por lo que la abogada explicó que interpusieron un amparo ante el juzgado de Ciudad Valles, San Luís Potosí, que maneja los casos, para que se incorpore la perspectiva de género en el proceso de investigación.
 
Este recurso permite que “el juez pueda abrir una etapa especial donde se permita presentar todas esas pruebas con perspectiva de género” ya que “se tienen que corregir las deficiencias que contiene la investigación hecha por el Ministerio Público”, reportó la abogada.
 
Forenses independientes del estado de Michoacán, propuestos por Gadh, se encargarán de continuar con la búsqueda, en las próximas semanas, de los restos de Rosa María.
 
Por lo pronto, dice la abogada, los resultados entregados por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de San Luis Potosí, “permiten a la familia cerrar un ciclo”.  
 
SIN SENTENCIA
 
El agresor aún no cuenta con sentencia por ninguno de los casos, debido a que falta el dictamen pericial en materia de tortura bajo el “Protocolo de Estambul”, ya que denunció ser víctima de tortura por parte de los policías, durante su detención.
 
Ante la situación, la abogada Salas agregó que presentaron una serie de propuestas ante la PGJ para acelerar el proceso, y en esta  se “comprometieron a colaborar con la representación de las víctimas”.
 
“Queremos lograr una sentencia condenatoria en contra del sujeto, no ejemplar en el número de años, si no en términos de la calidad de la sentencia, donde efectivamente se haga justicia a las víctimas”, concluyó Karla Micheel Salas.  
 
En tanto, el caso de Adriana Martínez Campuzano, violada y asesinada por el feminicida en 2011, continúa en investigación, ya que sus familiares ganaron en enero de 2017 un amparo para investigar de nuevo el caso, después de que el juzgado lo exoneró del asesinato, “por falta de pruebas”.

17/HZM/GG
 







NACIONAL
VIOLENCIA
   Tras el fallo, Procuraduría estatal volverá a investigar el delito
Familia gana amparo en caso de víctima de feminicidio en SLP
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/01/2017 Los familiares de Adriana Martínez Campuzano, niña de 13 años de edad, asesinada y violada en mayo de 2011 por el exmilitar Filiberto Hernández Martínez, ganaron el amparo interpuesto por sus abogados, para volver a investigar el delito, luego de que el feminicida fuera absuelto de la acusación por “falta de pruebas”.
 
Así lo explicó en entrevista telefónica, la abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social (Gadh), Karla Micheel Salas Ramírez, quien agregó que los familiares fueron informados del fallo por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de San Luis Potosí.
 
Adriana Martínez Campuzano, es una de las 4 menores de edad y una mujer de 32 años, asesinadas por Filiberto Hernández Martínez entre 2010 y 2014 en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí. El 24 de mayo de 2011 su madre, Sandra Campuzano, la reportó como desaparecida, después de que no regresó de la escuela. Su cuerpo fue encontrado un mes después en el Cañaveral de Puntilla, un lugar que se encuentra entre Tamuín y Ciudad Valles, San Luis Potosí.
 
Filiberto Hernández Martínez fue detenido en octubre de 2014, por portar una arma de uso exclusivo del ejército, durante la detención, él confesó haber asesinado a las 5 víctimas, también señaló que enterró a las mujeres en el mismo lugar que Adriana.
 
Sin embargo, en el caso de Adriana, el juzgado lo exoneró del asesinato, después de que su defensa alegara que no existían pruebas de que él cometió el delito y que había sido torturado durante su declaración.
 
Desde 2014 el agresor permanece en una prisión de máxima seguridad en Gómez Palacio, Durango, únicamente bajo los cargos de tres asesinatos: los de Itzel Romaní Castillo, Dulce Ximena Reyes y Eliehoenai Chávez Rivera, toda vez que el caso de Rosa María Sánchez González, se encuentra pendiente de identificación.
 
Al ser absuelto del feminicidio de Adriana Martínez Campuzano, los familiares de la víctima interpusieron un amparo en 2016 para volver a abrir el caso. Al otorgar el amparo a la familia, explicó Salas Rodríguez, la Procuraduría estatal otorgó un plazo de 6 meses para consignar el caso.
 
Esto “significa un avance importante porque de acuerdo con la legislación de San Luis Potosí, no existía la posibilidad de volver a presentar el caso ante un juez”, explicó la abogada.
 
Salas Rodríguez informó también que en las próximas semanas, se volverá a realizar la búsqueda y análisis de los restos óseos de la primera víctima del asesino serial, Rosa María Sánchez González de 15 años de edad, reportada como desaparecida el 29 de octubre de 2010.
 
Los restos óseos de Rosa María Sánchez fueron encontrados el 3 de julio del 2014, tras la confesión del feminicida, pero en ese momento sólo encontraron 7 huesos y no se continuó con la búsqueda.
 
Después de que el Gadh y los familiares de la víctima denunciaron irregularidades en la investigación y solicitaran una segunda búsqueda, serán forenses independientes del estado de Michoacán y propuestos por la organización, los que se encarguen de continuar con la búsqueda de los restos de la víctima y del análisis de ellos, comentó.
 
Asimismo, la abogada reportó que las autoridades de la PGJ hicieron una inspección durante la última semana de diciembre de 2016 en la camioneta donde el feminicida trasladaba a las víctimas y encontraron una alfombra con sangre y cabellos pertenecientes a las niñas, mismas que se encuentran en análisis.
 
La abogada, quien representa a las familias de las 5 víctimas de feminicidio, lamentó que hasta ahora se tuviera respuesta por parte de las autoridades cuando el caso surgió desde 2014.
 
Destacó que estos avances se presentaron gracias a la presión y trabajo de los familiares: “lamentablemente las familias y los medios de comunicación han tenido que estar presentes para hacer visible este caso y que las autoridades de San Luis Potosí pongan especial atención en él”.
 
Actualmente, el Gadh espera el dictamen pericial en materia de tortura del  “Protocolo de Estambul” porque el agresor denunció que fue torturado por parte de policías cuando fue detenido, “sin ese dictamen no se puede continuar con el juicio”, concluyó la abogada.
 
17/HZM/KVR







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   Llaman a comunidad a realizar búsqueda
Simulan búsqueda de restos óseos de víctimas de feminicidio en SLP
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/12/2016 El Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social así como la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas denuncian a través de un comunicado al procurador de San Luis Potosí Federico Garza Herrera, por realizar simulación de búsqueda de restos óseos de la niña Rosa María Sánchez González.
 
A través de un comunicado emitido el 15 de diciembre del año en curso el Grupo de Acción por los Derechos Humanos AC (Gadh) y la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas (Itam) denunciaron al procurador de San Luis Potosí Federico Garza Herrera, porque después de haber efectuado diversas reuniones con las agrupaciones en las que se comprometió a dar seguimiento a los 5 casos de las víctimas del feminicida Filiberto Hernández Martínez, sólo ha hecho simulación.
 
El Gadh es la organización civil que representa de manera legal a las madres de las 5 víctimas de Filiberto Hernández Martínez, quien violó y mató a cuatro niñas y a una adulta, todas fueron habitantes del municipio de Tamuin de San Luis Potosí,  por ello la organización había solicitado al procurador una segunda búsqueda de restos óseos con personal capacitado, para continuar con la investigación de la niña Rosa María Sánchez González, la primera víctima de Filiberto Hernández Martínez.
 
La solicitud del Gadh fue hecha para aportar más elementos a la carpeta de investigación 071/2010 que lleva la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de San Luis Potosí, por la desaparición de la niña Rosa María Sánchez González, de 15 años de edad, quien fue reportada como desaparecida por sus familiares el 29 de octubre del 2010. 
 
Los restos óseos de Rosa María Sánchez González fueron encontrados el 3 de julio del 2014, tras la confesión del feminicida Filiberto Hernández Martínez, pero en ese momento sólo encontraron 7 huesos y no continuaron la búsqueda de sus restos porque “había mucho lodo” en el terreno.
 
En el comunicado denuncian que en esta semana la PGJ de San Luis Potosí decidió realizar una “inspección” en el Cañaveral de Cutilla en donde el feminicida tiró los cuerpos de sus víctimas, pero el personal no llevaba las herramientas necesarias para realizar la búsqueda de pruebas periciales como lo son las osamentas, además no delimitaron ni resguardaron el lugar en donde encontraron más restos.
 
Ambas organizaciones civiles (Gadh e Itam) llamarán a la comunidad de Tamuín San Luis Potosí para realizar una búsqueda de los restos de la niña Rosa María Sánchez González.
 
En octubre del 2014 cuando fue detenido por portar armas, Filiberto Hernández Martínez declaró que mató a la niña Rosa María Sánchez González, después asesinó a las niñas Adriana Martínez Campuzano, Itzel Romany Castillo Torres y Dulce Ximena Reyes Rodríguez, su última víctima fue Eliehoenai Chávez Rivera de 32 años de edad.

El feminicida mató a las 4 menores y a la mujer durante un período de 4 años, entre el 2010 al 2014, en su declaración dio detalles del cómo las mató y mencionó el lugar donde tiró sus cuerpos, un lugar conocido como el “Cañaveral de Cutilla” que se encuentra entre Tamuín y Ciudad Valles.
 
En el caso de Adriana Martínez Campuzano, de 13 años de edad, el Juzgado lo exoneró del delito, después de que su defensa alegó que había sido torturado durante su declaración y por “falta de pruebas” de que él haya cometido el delito.
 
Para que no se repitiera la misma sentencia en los casos de las otras víctimas, porque con ella se favoreció al agresor y dejó impune el feminicidio de Adriana Martínez Campuzano, el Gadh solicitó que se aplique el “Protocolo de Estambul” y se realicen las pruebas psicológicas correspondientes al agresor.
 
Otra de las solicitudes que hizo el Gadh al representar legalmente los 5 casos, fue la investigación con perspectiva de género de todos los casos, porque la manera en la que fueron asesinadas reunen las características para que se clasifique el delito de feminicidio.
 
16/GVV







OPINIÓN
VIOLENCIA
   MUJER SONORA
¿Por qué Rubí y no otra?
Especial / Tomada de Internet
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/12/2016
Para muchas personas el fenómeno “XV de Rubí”, es uno más de los videos o productos de redes sociales viralizados por causas no estipuladas con precisión. Pero más allá de analizarlo como fenómeno mediático, es importante destacar su significado.
 
La que no ha sido asesinada, la que no ha sido levantada y desaparecida, la que no ha sido violada, la que no se ha embarazado antes de los quince, la que no ha intentado suicidarse por ser víctima de bullying, la que sigue una pauta tradicional familiar que refleja seguridad para ella.
 
La que se puede emocionar al portar un vestido especial para ir a dar gracias por haber llegado a esa edad. Significa lo que muchas niñas y jovencitas han tenido negado en este país de personas torturadas, desaparecidas, esclavizadas y asesinadas.
 
Al igual que Zaira Salazar hace un año, que con su ingenuidad y naturalidad logró tener un vehículo nuevo, Rubí nos regresó en el tiempo, a cuando para tomar decisiones no teníamos que medir el grado de violencia para realizar un evento familiar, como si se tratara del pronóstico del clima para hacerlo al aire libre o en lugar cerrado.
 
Rubí no es un producto del mercado de los medios, ni de la política, es un resquicio de lo que fuimos, pero no por ello dejamos de anhelar ser.
 
Esta quinceañera es igual que Zaira, la mujer que hace exactamente un año fue víctima del robo de su automóvil en Hermosillo, Sonora, por lo que al no contar con una foto de éste, lo dibujó y subió a Facebook, pidiendo la colaboración de los internautas para recuperarlo. El dibujo se viralizó, evolucionó en la oferta de un vehículo nuevo si las personas colaboraban con muchos “me gusta”.
 
Exactamente un año después nos volvemos a encontrar con otro fenómeno similar, los XV de Rubí. Este año quisiéramos ser Rubí.  O tal vez Zaira, la señora de la Pick Up en Hermosillo. No por lo que hayan logrado en popularidad o en su economía, sino porque actuaron espontáneamente de acuerdo a lo que muchas personas quisiéramos volverlo a hacer.
 
En diciembre de 2015 todas y todos queríamos apoyar a Zaira Salazar, quien al igual que el papá de Rubí al ver que su dibujo trascendió las fronteras del estado y del país, se asustó y cerró su cuenta de Facebook.
 
Pero al percatarse de tanta gente que quería apoyarla para que lograra la cantidad de “me gusta” que pretendía una compañía de automóviles para obsequiarle uno nuevo, comprendió que las personas lo que sentían era una gran afinidad, simpatía y solidaridad para que lograra el objetivo. Su espontaneidad fue compensada.
 
En este tiempo que nos tocó vivir, la cotidianidad de una vida tranquila, espontánea y de acuerdo a lo planeado, sin ser parada en seco por una bala, o un evento de violencia de género contra las mujeres, es absolutamente disruptivo. Pero también es atractivo para anhelarlo.
 
Eso es “lo que le vamos quitando a la guerra”, como expusieron Clemencia Rodríguez y otras, en el libro del mismo título. La obra se refiere a los tiempos más violentos en la historia de Colombia, en donde las personas debían aprender a convivir con tanques, armas de alto poder, barricadas en los caminos y a desplazarse, sabiendo que muy probablemente quedarían en medio del fuego cruzado.
 
La fiesta de Rubí, que no es producto artificial de la mercadotecnia de nadie, nos recuerda lo que le vamos ganando a la guerra como ciudadanía desarmada. Como aquellos que defienden también su derecho a vivir normalmente.
 
Ajenos a los cárteles -incluidos el del gobierno y la Policía-, entre los que tenemos que interactuar, nadie nos preguntó si estábamos de acuerdo en convivir con su violencia como única forma de resolver su competencia de poderes. 
 
El gusto que despertó la celebración de Rubí, así como el deseo espontáneo de más de un millón de personas para asistir, con independencia de si sólo fue una reacción al manifestar que irían, significa el enorme deseo de que la realidad sea tan liviana como parece cuando vemos a esa familia.
 
Lo que le vamos ganando a la guerra no es que tenga algo positivo, sino que quienes no participamos directamente, pero igual somos afectados, nos aferramos a conservarlo. Celebrar la cotidianidad, el gusto por la vida, que no nos han matado, ni mutilado, ni tenemos un familiar desaparecido o secuestrado, es lo único que no nos pueden quitar.
 
Por eso da gusto el fenómeno Rubí, así como Zaira el año pasado. Las dos nos recuerdan que no sólo somos balas, cascos, patrullas, cinismo, corrupción o legislaciones sin sentido que van contra los Derechos Humanos.
 
Ninguna de ellas degrada a los seres humanos, nadie se burla de ellas, ambas son tratadas con familiaridad como si fueran conocidas, no protagonizaron un evento violento ni indigno. Las dos lograron lo que querían sin proponérselo. Nadie se aprovechó de su imagen como sí lo han hecho con otras mujeres.
 
Por ello hay que celebrar los 15 de Rubí, o el que Zaira tenga un automóvil nuevo. Ese gusto y gozo porque otras personas puedan lograr algo que las hace felices, hay que celebrarlo.
 
Por ahora me siento contenta de que Rubí pueda tener su fiesta de 15 años. Eso significa que no es de las siete mujeres que son asesinadas diariamente en México. No pertenece al grupo de 400 mil adolescentes que son madres antes de los 15 años en nuestro país, algunas de ellas forzadas a serlo. Y claro, no es de las aproximadamente 800 mujeres que desaparecen al año.
 
Eso, hay que celebrarlo.  

*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/

Twitter: @mujersonora.
 
16/SNE/AMS







ESTADOS
VIOLENCIA
   Confesó 5 asesinatos, alegó tortura en uno
Realizan protocolo de Estambul a presunto feminicida serial de SLP
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/10/2016 Dulce Ximena Reyes era una niña de 9 años de edad que vivía con su mamá, una tía, su abuela y su hermana mayor, en Tamuín, San Luis Potosí; todas ellas en situación de pobreza. El 11 de abril del 2014 a las 10 de la mañana, la abuela de la niña, Adela Rodríguez Santiago, envió a Dulce a la tienda, pero ya no regresó.
 
Adela Rodríguez visitó por vez primera la capital en septiembre de este año para contar públicamente el caso de su nieta porque en su opinión, debido a su condición económica no ha tenido suficiente atención por parte de las autoridades potosinas.
 
La abuela de Dulce contó que el 12 de abril reportó la desaparición de su nieta ante la policía de Tamuín y al día siguiente interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, la cual quedó registrada con el número de Averiguación Previa 1/130/2014.
 
De acuerdo con el expediente consultado por Cimacnoticias, en su declaración, la abuela de Dulce narró que el principal sospechoso de la desaparición de su nieta era Filiberto Hernández Martínez, ex  militar, que daba clases de zumba y coordinada actividades de catequesis en el templo del municipio de Tamuín. Y lo era, porque ella ya tenía antecedentes de que éste en reiteradas ocasiones le había pedido a su nieta “de favor” que entrara a su casa por dinero, a lo que Dulce se negó -afirmó la abuela- todas las ocasiones en la que se le solicitó.
 
En su declaración, la cual fue integrada a la averiguación previa, el acusado, Filiberto Hernández, de 43 años de edad -quien enfrenta proceso por otros tres casos de feminicidio- le dijo a los agentes del Ministerio Público, que “él se encontraba trapeando su casa en donde daba clases de zumba y karate, cuando vio pasar a la niña Dulce Ximena y la vio llorando, al ver que lloraba la invitó a pasar a su casa para darle un vaso con agua”.
 
Según el agresor, la niña le pidió dinero para ir a la escuela y le “sugirió tener relaciones sexuales” a cambio del pago. Él le pidió que lo acompañara a la segunda planta de su casa con el pretexto de ir por su celular y ahí la niña vio una alberca que le pidió de regalo, pero él le “respondió que era para sus hijos”.
 
En la misma declaración, el presunto feminicida dijo que “tuvo relaciones sexuales” con la niña y cuando bajaron las escaleras de su casa, ella cayó “accidentalmente” por las escaleras. Dijo que Dulce se quejaba mucho de dolor de tobillo debido a la caída y entonces él “decidió ahorcarla para que no dijera que tuvieron relaciones sexuales”.
 
Explicó que colocó el cuerpo en una caja de cartón que tenía en la segunda planta de su casa y la subió a la parte trasera de su camioneta para trasladarla al cañaveral de Puntilla, y ahí arrojarla.
 
El cuerpo de la niña Dulce Ximena fue encontrado por las autoridades potosinas -siguiendo las indicaciones del agresor- el 5 de julio del mismo año. De acuerdo al oficio de “Gestión de cadáveres y restos humanos no identificados post mortem”, de la Procuraduría de Justicia estatal, tenía una bolsa de plástico en la cabeza, un vestido color rosa o salmón con olanes y la valoración de primera observación señala que el motivo de su muerte fue “asfixia por estrangulación manual”.
 
El 22 de julio, Agentes del Ministerio Público catearon la camioneta de Filiberto Hernández para realizar pruebas de rastros de sangre, cabellos y objetos relacionados con la víctima, pero de acuerdo al equipo jurídico del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C (quienes representan legalmente el caso) no hicieron el contraste con la genética de la niña Dulce Ximena, lo que es considerado una deficiencia en el proceso de investigación.
 
El presunto feminicida fue detenido el 3 de julio del 2014 pero por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército; sin embargo ese día él confesó la violación y asesinato de 4 niñas y uno de una adulta.
 
El 1 de agosto de 2014 el juez Primero del Sexto Distrito de lo Familiar, Juan Ignacio Ortega Morales, le dictó auto de formal prisión por el caso de Dulce, pero ese mismo día su defensa apeló la sentencia alegando tortura.
 
Cabe mencionar que según consta en el expediente, el 4 de julio de 2014 (un día después de su detención), el médico legista Saúl Onorio Barrios emitió el certificado médico en donde declara que Filiberto Hernández Martínez no presentaba lesiones en el cuerpo, lo que significa, aseguran los abogados que llevan el caso, que no hubo tortura al momento de su declaración.
 
El 12 de febrero de 2015 el juez Primero del Sexto Distrito de lo Familiar, Juan Ignacio Ortega Morales resolvió a favor el amparo para que se demostrara la tortura, pero fue hasta el 13 de mayo de 2016, que emitió el exhorto con número 84/2016/1, para que se realizara al exmilitar el Protocolo de Estambul. A la fecha la familia y litigantes del caso continúan a la espera de los resultados.
 
Aunque las familias de las 5 víctimas exigieron que los casos se investigaran con perspectiva de género y que se clasificaran como feminicidio, no se tomaron en cuenta sus testimonios.
 
San Luis Potosí tipificó el delito de feminicidio en 2013. El “Informe Especial sobre Respeto de los Derechos Humanos de las Mujeres en el caso de Feminicidios” elaborado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, reportó un total de 37 casos de feminicidio durante el período 2011 al 2015.
 
En tanto, el registro de “homicidios dolosos” de mujeres y niñas fue de 79 durante el mismo periodo, y añade 8 muertes violentas de mujeres (sin precisar el tipo penal).
 
16/GVV/LGL







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Cierran etapa de instrucción sin notificar a familiares
Esperan sentencia por 3 casos de feminicidio en SLP
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/10/2016 La abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC, Karla Micheel Salas Ramírez, denunció irregularidades en la etapa de instrucción de tres casos (de las 5 víctimas) de feminicidio de San Luis Potosí, ya que el Ministerio Público omitió los testimonios de los familiares que dan cuenta del contexto de violencia al que fueron sometidas las víctimas, además de que esta etapa ya se cerró.
 
La representante legal de los familiares de las niñas Itzel Romani Castillo Torres y Dulce Ximena Reyes Rodríguez, así como el de la adulta Eliehoenai Chávez Rivera, víctimas de feminicidio por parte del exmilitar Filiberto Hernández Martínez, explicó que ahora están en espera de la sentencia que deberá emitir la Sala Superior del Tribunal de Justicia de aquella entidad.
 
La abogada dijo que el cierre de los casos no fue notificado a las y los familiares quienes exigían la reclasificación del delito a feminicidio y una investigación con perspectiva de género, ya que de esa manera las posibilidades de que el agresor salga libre se reducen, no obstante, aclaró, existe la posibilidad de que éste pueda obtener la libertad por falta de pruebas, y porque en uno de los 5 casos de los que se le acusa, su defensa alegó tortura, lo que le permitió quedar exonerado de esa acusación.
 
ELIEHOENAI
 
Las cámaras de vigilancia de la fábrica donde trabajaba Eliehoenai captaron su salida al término de su jornada laboral la cual quedó registrada a las 19:40 horas del día 6 de mayo del 2014, pero la joven de 32 años de edad, nunca llegó a su casa.
 
Su familia llamó a la fábrica en la que trabajaba y a sus amistades pero no tuvieron respuesta, por lo que al día siguiente su padre, Guadalupe Chávez Martínez, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público de San Luis Potosí por la desaparición de su hija, la cual quedó registrada con el número de averiguación previa 160/2014.
Desde ese momento, Guadalupe Chávez señaló como sospechoso a Filiberto Hernández Martínez, quien tenía un gimnasio e impartía clases de zumba, porque ya la había acosado, por lo que el padre pedía que lo investigaran e interrogaran.
 
En el expediente, el testimonio de una compañera de trabajo de Eliehoenai la describe como una mujer que nunca hablaba de su vida privada y que no asistía a las fiestas de convivencia laboral “porque es Testigo de Jehová”.
 
Eliehoenai tomaba clases de zumba, un compañero suyo declaró ante el Ministerio Público que el día 6 de mayo -el último día que la vieron- tenían entrenamiento de zumba y al no verla llegar, la llamó por teléfono pero la llamada fue desviada al buzón, por lo que decidió enviarle un mensaje por whatsapp, pero Eliehoenai no contestó.
 
En su declaración ministerial, el presunto feminicida Filiberto Hernández Martínez, dijo que cuando conoció a Eliehoenai en el gimnasio en donde él imparte zumba, ella fue quien mostró interés en él, y según su versión, sostuvieron un noviazgo que duró poco tiempo porque ella era Testigo de Jehová y él católico, por lo que tuvieron diferencias religiosas.
 
Hernández Martínez declaró que el día 6 de mayo la vio salir de su trabajo y se ofreció a llevarla a su casa en su camioneta tipo explorer y que con el pretexto de mostrarle la televisión que había comprado se dirigió a su casa (del agresor) la besó a la fuerza “y la cacheteó porque empezó a gritar”. Después la violó y la estranguló hasta matarla.
 
Él mismo describió que envolvió el cuerpo de la joven en una sábana y el día 7 de mayo, por la mañana, lo llevó al cañaveral de Puntilla, en donde arrojó los otros cuatro cuerpos de sus víctimas. También tiró los objetos de Eliehoenai como su bolsa, celular y ropa.
 
El 4 de julio del mismo año, agentes del Ministerio Público, buscaron y encontraron el cuerpo de Eliehoenai, a 40 metros dentro del cañaveral ubicado sobre la carretera 70 de Ciudad Valles y Ébano, donde Filiberto Hernández Martínez declaró que lo había arrojado.
 
La madre de Eliehoenai, Ruth Rivera Mora, amplió la averiguación previa, declaró que ella y su hija acudían a clases de zumba, pero en la quinta clase ella se dio cuenta que Filiberto Hernández, se acercaba mucho a su hija.
 
Señaló que un día el exmilitar fue a su casa a platicar con Eliehoenai, y le contó que había sido militar y piloto aviador y que le propuso que vivieran juntos, pero su hija le dijo que no porque pensaba que era una persona posesiva y que estaba “loco”.
 
El caso de Eliehoenai, es uno de los que están en espera de sentencia que será emitida por la Sala Superior del Tribunal de Justicia de San Luis Potosí.
 
En octubre del 2014 Filiberto Hernández Martínez fue detenido por portar una navaja y le impusieron una multa de 50 mil pesos, en ese proceso de detención, le encontraron también una pistola de uso exclusivo del Ejército Mexicano, por lo que el Ministerio Público inició un proceso federal en su contra por no tener permiso para portar armas.
 
Cuando lo llamaron a comparecer por portación de armas, él confesó haber matado a cuatro niñas y a una mujer de 32 años y mencionó el lugar donde las enterró, un lugar conocido como “el cañaveral de Puntilla” que se encuentra entre Tamuín y Ciudad Valles.
 
La defensa del exmilitar Filiberto Hernández Martínez alegó tortura, por lo que la Procuraduría de Justicia estatal le otorgó auto de formal libertad por el caso de Adriana Martínez Campuzano, una de las 5 víctimas, al argumentar que “no existían pruebas suficientes” que demostraran la comisión del delito.
 
16/GVV/LGL







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