NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Acceso a justicia para mujeres obstaculizado por prejuicios y estereotipos
Nuevo Sistema de Justicia penal, mismas prácticas sexistas y discriminatorias
Imagen retomada de cafeprensa.blogspot.com
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/07/2017 El nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio representa una oportunidad para el acceso a la justicia y respeto de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, sin embargo, a más de dos años de operar, no hay infraestructura  y el personal encargado de la impartición de justicia, actúa de manera deficiente, afirmaron personas expertas en material legal.
 
Tras la reforma constitucional en junio de 2008 la entrada del nuevo sistema penal  implicó cambios normativos como la restricción de la prisión preventiva obligatoria únicamente para los delitos de violación, trata de personas, delincuencia organizada, homicidio doloso, delitos cometidos con armas y explosivos, atentados a la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y a la salud.
 
La reforma obligó a jueces y ministerios públicos a evaluar si las víctimas del resto de los delitos, en especial cuando se trata de violencia contra las mujeres, están en situaciones de riesgo ante sus agresores; por lo que deben de determinar si es necesario aplicar la medida de prisión preventiva durante el proceso judicial hasta que se dicte sentencia.
 
Entre los delitos antes denominados graves cometidos contra las mujeres donde deberá identificarse si es necesaria la prisión preventiva, se encuentran: acoso, abuso sexual, violencia familiar, y aborto, cabe recordar que el que se haga esta revisión no significa que el delito tenga una pena menor.
 
Las reformas se hicieron con los objetivos de garantizar la protección a los derechos de las víctimas y los acusados, evitar la burocracia en los procesos,  lograr la reparación del daño, así como evitar seguir con la saturación de los centros penitenciarios, “antes se podía pasar años ahí sin tener sentencia”, explicó en entrevista con Cimacnoticias el abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C, David Peña Rodríguez. 
 
Para el abogado esta situación representa una oportunidad para el acceso a la justicia de las mujeres, pues “la violencia de género es considerada en este nuevo sistema un atentado contra los Derechos Humanos” (DH) por lo que desde esa perspectiva debe interpretarse y evaluarse cada delito cometido contra las mujeres y las medidas que las protegerán.
 
“Abre el margen de la interpretación y de protección, permite un espectro de protección y cobertura de los derechos para las mujeres que se tendría que aprovechar y explotar en los próximos años”, indicó.
 
VIOLENCIA FAMILIAR Y ABORTO
 
La violencia familiar es uno los delitos que necesita del estudio eficiente del personal ministerial, indicó la directora de Propuesta Cívica, Sara Mendiola Landeros. La abogada explicó que el personal ministerial está obligado a analizar el contexto desde una perspectiva de género: tomar en cuenta antecedentes de violencia, ubicación del domicilio y encontrar situaciones de riesgo.
 
De ser necesario la víctima puede solicitar como medida cautelar la prisión preventiva del acusado o los ministerios públicos lo pueden determinar con base en los elementos de prueba que acumulen, todo “con el fin de garantizar la seguridad de las mujeres y sus familias”, explicó Sara Mendiola.
 
El abogado Peña Rodríguez, agregó que estas nuevas adecuaciones del sistema, en el caso de las mujeres acusadas de interrumpir un embarazo pueden enfrentar un proceso en libertad ya que deberá revisarse si es necesaria la prisión preventiva, aunque la pena por el delito sigue siendo la misma.
 
A decir del abogado el personal ministerial no está capacitado para realizar las evaluaciones de riesgo”, aunque las versiones oficiales hablan de una la profesionalización y especialización del personal en materia de seguridad pública.
 
FALTA DE INFRAESTRUCTURA
 
Otro elemento, es que a pesar de que ya se debería de contar a nivel nacional con la infraestructura para el funcionamiento del sistema, no se tienen los recursos mínimos para emitir y supervisar las medidas de seguridad para las víctimas.
 
“No existen aún pulseras de monitoreo para los acusados, o capacidad de vigilar las órdenes de restricción cuando se les otorga libertad condicional, y muchos de estos avisos restrictivos se dan en los casos de violencia familiar”, dijo Peña Rodríguez, quien ha litigado casos en el Sistema Interamericano de DH como “Campo Algodonero”.
 
Y da ejemplos, apenas el pasado 19 de julio, el gobierno federal creó la primera Unidad de Medidas Cautelares, área encargada de evaluar si las personas acusadas deben ser o no recluidas como medida preventiva de acuerdo a su “nivel de peligrosidad”.
 
LASTRE, PRÁCTICAS SEXISTAS
 
Ambos abogados coinciden que el funcionamiento del sistema depende de la eficacia de sus funcionarios, quienes, dijeron, actúan con las mismas prácticas sexistas y discriminatorias en las investigaciones y los juicios orales -una característica del nuevo sistema-.
 
El acceso a la  justicia para las mujeres,  asegura el abogado Peña, "lo obstaculizan los estereotipos de género y prejuicios.”, En ello concuerda, la directora de Propuesta Cívica, “el sistema no funciona por la deficiente actuación de los funcionarios”, mencionó.
 
Si se mantienen estas costumbres, concluyen los expertos, difícilmente se podrán emitir las medidas de seguridad necesarias para proteger su derecho a una vida libre de violencia.
 
17/HZM/MMAE







NACIONAL
   Conclusión de informe del Ministerio de España
Alienación Parental no confirma ni desestima testimonios de abusos
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/07/2017 El Síndrome de Alienación Parental (SAP) carece de fundamento científico, considera la pedofilia como orientación espontánea de la naturaleza humana y califica de falsas o injustificadas todas las denuncias o quejas de maltrato o abuso sexual que hacen las hijas o hijos en contra uno de sus progenitores.
 
El SAP tampoco es una enfermedad; sin embargo, un informe realizado por el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, grupo que pertenece al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de España, encontró que el concepto ha sido incluido en las demandas judiciales de los conflictos de separación familiar y divorcio en el país europeo.
 
Por esta razón, en 2010, el Observatorio convocó a un grupo de personas expertas en Derecho, Psiquiatría y Psicología, a realizar una investigación sobre el SAP, estudio que tras analizar los orígenes y las evidencias del supuesto síndrome concluyó que era necesario aclarar la incorrección técnica y la falta de fundamento científico de la Alienación Parental.
 
Lo que establece el SAP, es que cuando un progenitor es acusado o denunciado por el otro progenitor (y por una hija o hijo) de abuso sexual o malos tratos, las acusaciones son falsas y sin real motivación, y para evitar que continúen, proponen el cambio de custodia de las y los menores de edad y estrictas medidas de control entre el menor de edad y el progenitor acusador.
 
Para la comunidad científica el SAP no puede discriminar sobre la veracidad o falsedad de los testimonios, por ello para el Grupo resultó inexplicable que se esté aplicando en los juzgados de España, hecho que preocupa aún más cuando la sociedad y las organizaciones de mujeres llevan años demandando a las instituciones reconocer que niñas, niños y adolescentes también son víctimas de violencia de género.
 
En el “Informe del Grupo de Trabajo de Investigación Sobre el Llamado Síndrome de Alienación Parental” se expone que alrededor de 1985 el médico estadounidense Richard Gardner ideó el SAP como una herramienta para defender a sus clientes de la acusación de atentados y agresiones en litigios familiares ante los tribunales de justicia. 
 
Cuando se conceptualizó este supuesto síndrome –reconocido en el Código Civil de la Ciudad de México– Gardner consideraba la pedofilia “una orientación espontánea de la naturaleza humana”.
 
Gardner dejó una escuela que defiende la Alienación Parental pero con los años fue incapaz de diagnosticar esta supuesta enfermedad o trastorno psíquico, incluso antes de morir (2003) reconoció en un artículo publicado en 1999 que esta teoría permitía ocultar malos tratos y abusos. 
 
El Grupo alertó que este término está proliferando en las instancias jurisdiccionales para resolver conflictos de separación y divorcio en la sociedad española pero además con la Alienación Parental una denuncia puede declararse falsa y como resultado la custodia de las niñas y niños violentados pueden ser para el progenitor maltratador.
 
La Alienación Parental se alimenta de varios mitos, por ejemplo: el mito de la denuncia falsa; de la perversidad y malicia de las mujeres; de que las leyes de igualdad provocan discriminación; de que el número de casos de maltrato infantil son exagerados; y el mito de que las niñas y niños que viven con un padre que maltrata a su madre no son víctimas de violencia de género. 
 
EXPERIENCIA MEXICANA
 
En próximos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, organismo que demandó la invalidez del artículo 323 séptimaus del Código Civil para la Ciudad de México que desde el mayo de 2014, reconoce la Alienación Parental.
 
El Artículo 323 séptimus dice que la Alienación “es cuando un integrante de la familia transforma la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores”. El Código dice que cuando esta conducta es realizada por uno de los padres, se suspenderá su derecho a la patria potestad, el régimen de visitas y convivencias, en caso de tenerlo.
 
“Asimismo, en caso de que el padre alienador tenga la guarda y custodia del niño, ésta pasará de inmediato al otro progenitor, si se trata de un caso de alienación leve o moderada. En el supuesto de que el menor presente un grado de alienación parental severo, en ningún caso, permanecerá bajo el cuidado del progenitor alienador o de la familia de éste, se suspenderá todo contacto con el padre alienador y el menor será sometido al tratamiento que indique el especialista que haya diagnosticado dicho trastorno”, dice la ley.
 
Además la norma continúa: “A fin de asegurar el bienestar del menor, y en caso de que, por su edad, resulte imposible que viva con el otro progenitor, el departamento de psicología del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, evaluando a los parientes más cercanos del niño, determinará qué persona quedará encargada de su cuidado; mientras recibe el tratamiento respectivo que haga posible la convivencia con el progenitor no alienador”.
 
Como remate, la ley de la Ciudad de México, que se basó en la teoría de Gardner, dice que el tratamiento para la niña o el niño “alienado” será llevado a cabo en el Departamento de Alienación Parental del Servicio Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, misma institución que desde hace siete años desestimó una denuncia de violación sexual infantil que al parecer llevó a una mujer a suicidarse con sus tres hijos el pasado 7 de junio.
 
17/AGM/
 







QUINTO PODER
   QUINTO PODER
La violencia detrás del embarazo adolescente
Cimacfoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam.- 21/03/2017 Cuando se habla de la prevención del embarazo adolescente se habla también de la prevención de la violencia familiar contra las mujeres, la violencia económica por el empobrecimiento y la criminalización que lleva a muchas mujeres a ser imputadas por delitos de “hambre” o acusadas de ser malasmadres, expulsadas de los hogares familiares y abandonadas a su suerte potenciales víctimas de trata.
 
En muchas áreas geográficas de México, si es que sobreviven al abuso sexual y el hambre, y a la sobrecarga de trabajo, las niñas al llegar a la edad de los 12 años son “sexualizadas”, no solo por el entorno comunitario que empieza a ejercer acoso y hostigamiento, en algunos casos hasta violación por parte de hombres cercanos a su vivienda o escuela, o en algunos casos por familiares que las “toman” considerándolas propiedad del patriarca de la familia.
 
En municipios rurales de México la realidad de las niñas es tan terrible que narrarla supone un esfuerzo anímico. Escucharla, saberla y contarla se vuelve necesario para que nos quitemos la venda de los ojos y aceptemos que los horrores se ensañan en su contra. Si el mundo es injusto para las mujeres, imaginen cómo lo es para ellas.
 
En Campeche un juez no reconoció el testimonio de una niña de 9 años víctima de abuso sexual de un profesor, que tiene 20 años cometiendo estos delitos contra sus alumnas con la total complicidad de la Secretaría de Educación, que ha callado este y muchos otros casos.
 
Tras 4 años en busca de justicia, el juzgado Segundo de Distrito en el estado concedió un amparo que reconoce que los derechos de una mujer y su niña fueron gravemente violentados, entre otras razones porque “el juez local y magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado no otorgaron valor preponderante a la información testimonial de la víctima –en este caso la niña-, “haciendo no solo excesiva sino ilegal su exigencia de requerimientos de otros medios de prueba” y que “no atendió a la naturaleza del delito sexual”.
 
Esto nos da una idea de que si en la sociedad en la que vivimos la voz de las mujeres no existe ni tiene valor, la de las niñas mucho  menos, por esa razón se cometen a diario abusos y violaciones a lo largo y ancho del país, y cuando las niñas tienen el valor de denunciar no les creerán.
 
El embarazo adolescente es, por donde se le quiera ver, un síntoma de la violencia contra las niñas. A las “adolescentes”, con su minoría de edad, nos lleva a mirarlas desde una perspectiva de género y de derechos humanos como niñas a las que el contexto social las conduce a un escenario de violencia derivada del abandono, el desinterés, la violencia económica o la desatención que viven frente al interés sobre los hijos varones.
 
En muchos de los casos, el embarazo adolescente entraña hechos de violencia sexual, abuso, violación, sometimiento de hombres adultos que, valiéndose de la asimetría emocional, el control y  la subyugación, abusan de ellas y estas presentan embarazo, niñas cuyos parámetros afectivos son del abandono y el desinterés familiar lo que las hace proclives a ser víctimas de esos abusos.
 
Este “caldo de cultivo” de violencias se traduce en la trata, enganchadores, abusadores que las ven como objetos disponibles para su uso y explotación, pero también como cosas que pueden usar porque a nadie le importan, porque ni siquiera hay estadísticas que nos hablen del empobrecimiento al que son sometidas las niñas en el área rural y su pobreza alimentaria.
 
El embarazo adolescente tiene muchas más aristas y todas son caminos distintos hacia un mismo lugar: la violencia.
 
Hablamos de casos en los que las niñas-madres son casadas (matrimonio infantil) con hombres mayores que las maltratan y explotan en condiciones de matrimonio servil, a las que abandonarán apenas lleguen a los 25 años de edad con dos o tres hijos e hijas, sin educación formal para valerse por sí mismas y proclives a los abusos.
 
Se trata de historias de adolescentes embarazadas por sus padres-abuelos que, con total y absoluta impunidad, continúan historias de abusos de los que sus propias madres no han logrado escapar.
 
Se trata de las mujeres que están encarceladas y cuyas vidas tienen en común el embarazo temprano, obligadas a ser madres por las circunstancias, sin acceso a la educación y al empleo, empobrecidas y con dependencia emocional de parejas que las conducen a la comisión de delitos bajo ese esquema de subyugación y control.
 
Cuando se habla de embarazo adolescente hay que hablar no solo de métodos anticonceptivos o de las jóvenes que se embarazan y serán “mamás luchonas”. Detrás hay miles de historias de abuso y violencia sexual que se pretende caricaturizar incluso con una lona institucional que habla de las “mujeres que se embarazan antes de los 18 años”, así, solas, sin que veamos la violencia sobre las niñas porque si no lo vemos, nadie tiene que hacer nada para cambiar esa realidad.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GG
 







NACIONAL
   Suicidio es segunda causa de muerte en adolescentes
Derecho a la familia impacta en víctimas de agresión sexual
Foto: Zaqi
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/12/2016 El sistema de impartición de justicia antepone el derecho a la familia sobre los derechos de las víctimas, quienes a veces están obligadas a convivir con sus agresores sexuales, facilitando otro episodio de violencia o que ellas se autolesionen, atentando contra su propia integridad física y emocional.
 
La coordinadora de atención psicológica de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), Laura Elizabeth Martínez Hernández, explicó que las niñas y adolescentes que sufren violencia sexual tienen diferentes conductas y emociones como: ansiedad, depresión, comportamientos sexuales que no van acordes a su edad y experiencia, falta de concentración, ideación de muerte, intentos de suicidio o autolesiones, hasta llegar a concretar en quitarse la vida.
 
La representante de Adivac -una asociación que tiene 26 años de experiencia en la atención a víctimas de violación y otros delitos sexuales-, refirió en entrevista para Cimacnoticias que las autolesiones que se provocan niñas y adolescentes presentan la emoción de ira contenida, debido a que no pueden expresar la rabia contra su agresor, que en la mayor parte de los casos son familiares cercanos o los mismos progenitores.
 
De acuerdo a la experta, muy pocas de las denuncias sobre violencia sexual que reciben el apoyo de Adivac, tienen una resolución y seguimiento que vaya acorde a los derechos de las víctimas, en donde además de que sancionen con cárcel a los agresores, se les restituya el daño a las denunciantes.
 
Ocurre lo contrario cuando los progenitores son los agresores y por ese mismo motivo las madres solicitan el divorcio, con sentencias judiciales que anteponen el núcleo familiar (contenido en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes) antes de garantizarles tener una vida libre de violencia, que ya padecieron.
 
Martínez Hernández explicó que en la práctica, las autoridades continúan juzgando bajo la creencia de que el Síndrome de Alienación Parental (SAP) existe aunque éste no haya sido reconocido como un concepto pquiátrico, tras responsabilizar a las madres de querer separar a sus hijas de sus progenitores, así como obligar a las niñas y adolescentes a convivir con sus agresores, en vez de dar el peso adecuado a los testimonios y pruebas psicológicas efectuadas a las víctimas.
 
Desde el 2014,  la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra del concepto del SAP, contemplado en el Código Civil de la Ciudad de México ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por contravenir los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como lo establecido en la Convención de Belém do Pará, debido que el SAP es un término que refleja discriminación de las mujeres y las estereotipa, al culparlas de manipular a sus hijas e hijos en contra de sus padres.
 
FUNDAMENTAL PARA EL SUICIDIO
  
Las investigaciones realizadas en torno al tema de intento de suicidio en niñas y adolescentes por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría (INPRFM) vinculan los factores de violencia sexual, familiar y comunitaria como motivos por los cuales las niñas y adolescentes de las zonas urbanas de México intentaron suicidarse.
 
Datos de 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) arrojan que los estados con más alto índice de niñas y adolescentes con conductas suicidas en México son: la Ciudad de México con 16 por ciento de incidencia, seguido de Tlaxcala con 14.7 por ciento, y Baja California con 14.5 por ciento. 
 
La psicóloga social del área de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del INPRFM, Catalina González Forteza, explicó que las niñas de 12 a 14 años que han intentado suicidarse, a veces ocurre por su enojo con la situación familiar que viven, por lo general relacionada a la violencia familiar, violación o abuso sexual.
 
González Forteza -quien ha realizado investigaciones sobre “Tentativa de Suicidio” desde 1986-, abunda que en las niñas de 14 a 18 años de edad, intervienen los mismos factores, pero también influyen otros como la construcción de identidad sexual, autoestima y aceptación social, aunado a otros tipos de violencia como “bullying” y violencia comunitaria.
 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio se ha convertido en la segunda causa de muerte entre adolescentes de 10 a 19 años de edad, y la principal causa de mortalidad en adolescentes de 15 a 19 años.
 
En tanto que las adolescentes de 17 a 18 años de edad empiezan a sentirse presionadas por decidir qué carrera estudiarán o por elegir una pareja, factores que a veces se conjuntan con la fantasía de que el embarazo a temprana edad les ayudará a formar una familia diferente a la que tuvieron. En la realidad repiten patrones al unirse a parejas violentas o que no tienen la madurez para formar una familia, truncando sus proyectos de vida.
 
16/GVV/AMS







NACIONAL
   AI demanda protección legal para mujeres migrantes. Aumenta violencia contra mujeres afrodescendientes en Brasil. Invitan al 5 Congreso Internacional de Museos de las Mujeres: por una cultura de la igualdad. Violencia de género, un problema de salud pública
BREVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2016
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/11/2016 AI demanda protección legal para mujeres migrantes
Madrid, Esp.-
Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado a los gobiernos de todo el mundo para mejorar la protección a las mujeres y niñas migrantes.
 
A propósito del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la organización señaló que existe una falta de protección legal para las migrantes, quienes en la mayoría de los casos no denuncian los delitos cometidos contra ellas por no arriesgarse a ser detenidas, deportadas o sancionadas. 
 
En 2015 se registró la existencia de aproximadamente 10.5 millones de mujeres y niñas refugiadas, por lo cual AI manifestó su preocupación ante el aumento de desplazamientos forzados.

Aumenta violencia contra mujeres afrodescendientes en Brasil
Río de Janeiro, Bra.-
En los últimos diez años en Brasil se incrementaron los asesinatos de mujeres afrodescendientes en 54 por ciento según cifras recogidas del Mapa de la Violencia, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
 
En tanto, los asesinatos de mujeres blancas disminuyeron un 9 por ciento. “El racismo explica ese contraste. Los mecanismos de combate a la violencia no protegen la vida de todos de manera igual”, señaló la defensora de Derechos Humanos Jurema Werneck.
La activista también apuntó que las políticas públicas en Brasil no son las adecuadas para las necesidades de las mujeres afrodescendientes. (Con información de IPS noticias)

Invitan al 5 Congreso Internacional de Museos de las Mujeres: por una cultura de la igualdad
Ciudad de México.-
La Asociación Internacional de Museos de la Mujer (IAWM, por sus siglas en inglés) invita al “5 Congreso Internacional de Museos de las Mujeres: por una cultura de la igualdad”, del 28 al 30 de noviembre.
El congreso debatirá sobre la importancia de los museos de las mujeres alrededor del mundo y en la divulgación de la cultura de la igualdad.
 
La cita es en el Museo de la Mujer ubicado en República de Bolivia 17, Col. Centro, a partir de las 10:00 horas. Para conocer la programación completa ir a http://www.museodelamujer.org.mx/index.php?page=23

Violencia de género, un problema de salud pública
Nueva York, EU.-
La violencia contra las mujeres es una clara violación de los Derechos Humanos y representa una pandemia de salud pública, declaró el secretario general la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon.
 
El titular de la organización resaltó que la violencia familiar continúa siendo un problema grave por la impunidad con la que se cometen esos delitos.
 
Asimismo exhortó a los gobiernos en aumentar el presupuesto para las organizaciones que apoyan a las mujeres, debido a la falta de financiamiento que sufren estas iniciativas.

16/HZM/LGL







NACIONAL
INFANCIA
   El entorno familiar
Realizan conversatorio sobre impacto de la violencia en menores de edad
Conversatorio “El impacto de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en el entorno familiar” | Foto retomada de twitter: ‏@UNICEFMexico
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/11/2016 Siete de cada diez víctimas de violencia contra menores de edad son niñas, y en 3 de cada 100 homicidios contra niñas, niños y adolescentes la violencia familiar fue identificada como una de las primeras señales de maltrato, informó la directora de Protección a la Infancia del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) Dora Giusti .
 
Giusti realizó un análisis de datos de varias encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Secretaría de Salud (Ss) y encontró que del 2011 al 2015 asesinaron a un promedio de 3 niñas, niños y adolescentes en México y en 2 de cada 10 homicidios eran niñas.
 
Durante el conversatorio “El impacto de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en el entorno familiar”, realizado hoy por UNICEF y organizaciones con trabajo en infancia y adolescencia, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) Ricardo Bucio Mújica, señaló que la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes no prohíbe el castigo corporal al mantener el  concepto de “abstenerse” de cualquier atentado contra la integridad física y psicológica y eso normaliza la violencia dejando a criterio ese tipo de actos, cuando se trata de eliminar toda posibilidad de acto violento en contra de menores de edad.
 
Bucio Mújica agregó que los datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, demostraron que 96 por ciento de las personas adultas que la respondieron reconocieron que se ejerce violencia física en las niñas, niños y adolescentes de este país.
 
La directora Tech Palewi, organización civil que trabaja en atención psicosocial de víctimas de violencia, Ana Gladys Vargas Espínola, explicó que las afectaciones en menores de edad que viven cualquier tipo de violencia en el entorno familiar ya sea de manera directa e indirecta (en donde la madre es la víctima de violencia por parte del padre) desarrollan trastornos que afectan su salud física y emocional, como incontinencia urinaria, estrés constante y baja autoestima.
 
La experta en atención psicosocial señaló que es necesario que el Estado implemente modelos de atención psicológica para la violencia familiar ejercida de manera intencionada y la violencia que se da de manera no intencionada, a consecuencia de un acelerado ritmo de vida, en donde madres y padres incurren en omisiones de afecto.
 
La Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Nelly Montealegre, informó que para la implementación de la Ley General instalaron 30 Procuradurías estatales, sólo faltan las de la Ciudad de México y del Estado de México y capacitan al personal para la atención y protección de los derechos de la infancia.
 
El conversatorio se dio como parte de las acciones de la campaña internacional impulsada por el UNICEF denominada #ENDViolence.
 
16/GVV/LGL







ESTADOS
VIOLENCIA
   Modifican Código Penal estatal
Baja California prohíbe mediación en casos de violencia familiar
Foto: Christian Jiménez
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/08/2016 El pasado 4 de agosto el congreso local de Baja California aprobó la modificación  del artículo 242 bis del Código Penal del estado, para perseguir de oficio la violencia familiar e impedir que el Ministerio Público remita a las víctimas a mediación.
 
El sitio oficial de la XXI legislatura de Baja California, publicó la aprobación para la modificación del Artículo 242 bis del Código Penal de Baja California, una propuesta de reforma presentada por la Comisión de Justicia, a iniciativa de las diputadas Nereida Fuentes González, Rosa Isela Peralta Casillas y del diputado Roberto Dávalos Flores.
 
Con las modificaciones a este artículo que trata sobre la punibilidad del delito de violencia familiar, se podrá perseguir de oficio, es decir sin necesidad de que la víctima interponga una denuncia.
 
También establecerá que los agentes del Ministerio Público no puedan enviar a las víctimas y agresores a “mediación” o cualquier otro “proceso alternativo de solución” y les dará la posibilidad de solicitar a la “autoridad judicial correspondiente” el embargo de bienes o “retención sueldos y salarios”, con el fin de garantizar las obligaciones alimentarias de las y los menores de edad.
 
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, la directora de la asociación Gente Diversa, Rebeca Maltos Garza, dijo que esta reforma es el resultado de una mesa de trabajo que realizan 17 organizaciones civiles que integran la Coalición de Grupos para la Igualdad de Género en Baja California, con el congreso local.
 
Rebeca Maltos Garza, indicó que las diputadas Nereida Fuentes González y Rosa Isela Peralta Casillas, trabajaron de cerca impulsando las propuestas de las organizaciones civiles y en el caso de las modificaciones al Artículo 242 bis, fue una iniciativa de Mujeres Unidas Olimpia de Gouges AC del municipio de Tecate.
 
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California obtenidos a través del servicio del C4 de atención de denuncia telefónica al número 066, registró que 80 por ciento de las llamadas de enero a junio del 2016, son denuncias de violencia familiar en las que se solicita la presencia de policías para el rescate y protección de las víctimas.
 
Baja California es el quinto estado que recibió en el 2015, las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) después de haber solicitado se activara la Alerta de Violencia de Género (AVG).
 
16/GVV/LGL







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