Derechos político-electorales

ESTADOS
POLÍTICA
   Hacer valer sus derechos político-electorales
   
Juzgar sin prejuicios ni estereotipos a mujeres indígenas, pide Presidenta del TEPJF
Foto retomada del TEPJF
Por: Jaime Guerrero
Cimacnoticias/página3.mx | Oaxaca, Oax .- 21/11/2017

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, pidió a los magistrados electorales del país, hacer una introspección y revisar sus condicionamientos a la hora de dictar sentencias, para abonar en la lucha de las mujeres indígenas a que se respeten sus Derechos Humanos y político-electorales.

“Las mujeres indígenas no necesitan ser salvadas, necesitan que nuestras sentencias las miren con sus ojos, las nombren. Por eso, quienes impartimos justicia debemos hacer una introspección y revisar nuestros condicionamientos basados en estereotipos discriminadores e inercias de sobreprotección y colonización. Sólo así estaremos en posibilidad de dictar sentencias que abonen a la lucha que las mujeres indígenas hacen y siguen haciendo desde sus saberes, desde su autonomía”, aseveró la magistrada Otálora Malassis.

Al participar en la clausura del Seminario “Los aprendizajes y retos para una democracia paritaria”, organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), la magistrada presidenta del TEPJF sostuvo que, ante la obligación de garantizar el acceso a la justicia y la participación de las mujeres indígenas, los juzgadores habrían de formularse cuando menos cuatro preguntas.

Desde dónde juzgan, desde qué realidades y desde qué concepciones preconstruidas, sobre quiénes son, qué aspiraciones y de qué forma deben comportarse las mujeres indígenas; cómo detectan y se hacen cargo de las asimetrías que implica el dictar una sentencia; de qué forma las y los jueces deben de construirse a fin de lograr una verdadera justicia electoral; y cuáles son los referentes adecuados para juzgar casos que involucran a mujeres indígenas sin estereotiparlas, ni esencializarlas.

“De las respuestas que demos a estas preguntas al momento de pronunciar una sentencia depende que la justicia no sea una justicia impuesta. Impuesta desde lo que somos, por como fuimos formadas; impuesta desde la inercia colonialista que tanto daño ha hecho al pueblo y territorio de las mujeres indígenas”, aseveró Otálora Malassis.

La magistrada presidenta de la Sala Superior insistió en que quienes imparten justicia tienen que aproximarse a las demandas de las mujeres indígenas, dado que tienen la inmensa responsabilidad de materializar y de hacer viable todos sus derechos.

“En nuestras manos está el hacer posible las promesas constitucionales de igualdad, representación y participación, de materializar las aspiraciones de un país que pretende vivir en democracia, y que se reflejen en los mandatos de los tratados internacionales”, subrayó.

Otálora Malassis afirmó que los juzgadores tienen que darse cuenta si su formación limita el entendimiento de los problemas que enfrentan las mujeres indígenas en el ejercicio de sus derechos políticos y que, para ello, deben ser conscientes dónde se encuentran y en dónde deben colocarse cada vez que tengan que analizar y resolver un juicio en el que están involucradas.

“Esto no significa el hecho que, de no ser personas indígenas, nos impida juzgar adecuadamente, en el mismo sentido; tampoco podemos afirmar que el hecho de que sea una mujer la que tenga que juzgar, garantice una relación apegada a un enfoque de género. Afirmar que las mujeres tenemos una sensibilidad especial, implica esencializarnos y descartar que los hombres cuentan con la capacidad de juzgar con tal perspectiva, lo cual sería un error”, puntualizó la magistrada Otálora Malassis.

17/JG/LGL








ESTADOS
POLÍTICA
   Se incluirá en el Código Electoral
   
Veracruz sancionará la violencia política en razón de género
Imagen retomada del twitter del Congreso de Veracruz
Por: la Redacción
Cimacnoticias/AVCNoticias | Xalapa, Ver.- 26/07/2017

En el proceso electoral 2017-2018 en el estado de Veracruz, las mujeres contarán con mayores herramientas que hagan valer sus derechos político- electorales, como las sanciones impuestas en el Código Electoral por la violencia política en razón de género, indicó la diputada y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Teresita Zuccolotto.
 
Con 45 votos a favor el congreso del estado aprobó incluir en el Código Electoral una fracción sobre violencia política en razón de género que permitirá sanciones administrativas en contra de quien la ejerza.
 
Durante su participación en tribuna, la Presidenta de la Comisión para la Igualdad, detalló que la aprobación de la iniciativa presentada en la sesión ordinaria del 2 de mayo, coloca a Veracruz a la vanguardia en el respeto de los derechos de las mujeres en el servicio público.
 
“Hoy avanzamos con infracciones y sanciones a aspirantes, precandidatos, candidatas y autoridades, pronto seremos testigos de la aprobación de este tipo de violencia en el Congreso de la Unión y entonces también los partidos políticos tendrán responsabilidad de este tipo de violencia; además será incorporada como delito electoral desde la Ley General de delitos electorales”.
 
La reforma implica infracciones hacia los aspirantes, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular, o autoridades y servidores públicos que a través de la violencia busquen inhibir, impedir o entorpecer el trabajo electoral, político o que como servidoras públicas realicen las mujeres.
 
De igual forma se agregan supuestos a la violencia política de género en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como el de impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los partidos políticos.
 
Teresita Zuccolotto recordó que antes de la reforma, las mujeres violentadas en sus derechos políticos o electorales, acudían a un Juicio de Protección de los Derechos Político-Electorales, y ahora las sanciones serán claras y aplicadas por el Órgano Público Local Electoral (OPLE).
 
El OPLE será incorporado al Sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres de la Ley en la materia, y se le señalan atribuciones específicas para prevenir y atender este tipo de violencia.
 
La legisladora celebró que los legisladores locales apoyaran la reforma solicitada para continuar avanzando en el respeto a los Derechos Humanos de las mujeres y para alcanzar la paridad de género en las próximas elecciones.
 
17/RED








NACIONAL
POLÍTICA
   Firman Protocolo de cara a las próximas elecciones
PRD sancionará violencia política por razón de género
Imagen retomada del Twitter del PRD
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 04/09/2017

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) implementará un protocolo interno para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Política en razón de género tanto al interior, como al exterior del partido, por lo que llamó a los demás partidos a realizar lo mismo.

En un comunicado, la Secretaria Nacional de Igualdad de Género del PRD, Claudia Castello Rebollar, informó que su partido tendrá Cero Tolerancia a la violencia política contra las mujeres, y rechazó todas las conductas que impliquen discriminación y violencia política, por lo que el Protocolo, deberá ser aplicado por el Comité Ejecutivo Nacional, Comités Ejecutivos Estatales y Municipales, así como a todos sus órganos autónomos, en el proceso electoral que se avecina.

Con este protocolo se mandata a todos los grupos parlamentarios del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, así como de las legislaturas de los estados a priorizar en sus agendas legislativas la erradicación de la violencia política de género toda vez que ésta obstaculiza el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.

Claudia Castello Rebollar, hizo un llamado respetuoso a que los demás partidos políticos adopten medidas para sancionar esta violencia  ya que se presenta los partidos políticos.

El Protocolo plantea “sancionar toda acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga como finalidad o resultado, limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, así como el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público, conducta que puede ser realizada en forma directa o a través de terceros”.

Detalla una lista de conductas sancionables por violencia política contra las mujeres afiliadas al Partido en su calidad de aspirantes, precandidatas o candidatas a un cargo de elección popular o partidario, candidatas externas, candidatas electas, representantes populares o dirigentes.

Entre las sanciones propuestas, destacan la suspensión de derechos partidarios, destitución del cargo en los órganos de representación y dirección del Partido, inhabilitación para ser registrarse a candidaturas a cargos de elección popular, la negativa o cancelación de su registro en precandidaturas, hasta la expulsión.

El Protocolo precisa que las y los perredistas y sus equipos se abstendrán de recurrir a mensajes sexistas para descalificar a candidatas de otros partidos con base en estereotipos de género, así

como de ejercer cualquier tipo de violencia política en su contra, haciendo extensivo este compromiso de respeto y no agresión a las mujeres que se desempeñen como autoridades, legisladoras, o funcionarias emanadas de otros partidos políticos.

17/LGL








NACIONAL
   Sólo 9 de 32 entidades incluyen concepto en su Ley Electoral
Violencia política contra mujeres, mal previsible sin ley federal
Imagen de Guadalupe Cabañas
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/06/2017

Descalificaciones, amenazas, intromisión en la vida privada y agresiones físicas serán los principales obstáculos que enfrentarán aquellas mujeres que en los comicios de 2018 se postulen, por un partido político o por la vía independiente, para competir por uno de los 3 mil 326 cargos legislativos y de gobierno que se elegirán en todo el país.
 
En la carrera por ganar el voto ciudadano y ser electas se prevé que las candidatas se topen con acciones que hoy se conocen como violencia política de género, un concepto cada vez más reconocido en las leyes estatales aunque todavía ausente en las leyes que a nivel federal regulan las elecciones y previenen la violencia de género.          
 
Hasta julio de este año, nueve de las 32 entidades (Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala, Sonora, Yucatán, y Zacatecas) tenían una definición de este concepto en su Ley Electoral; y cuatro (Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Sinaloa) mencionaban la violencia política sin profundizar o acotándola a propaganda electoral.  
 
Además, de acuerdo con información obtenida a través de la revisión parlamentaria de los 31 congresos locales y de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, nueve entidades (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán y Morelos) tienen el concepto en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 
En total, en México tres entidades (Aguascalientes, Campeche y Morelos) definen la violencia política de género en su norma electoral y en su ley para una vida libre de violencia, lo que indica que en 2018 las mujeres que compitan en estos estados podrían hacer uso de estas leyes en caso de ser víctimas de violencia en contextos político-electorales.
 
RUMBO A 2018
 
El próximo año en México habrá elecciones para elegir Presidente de la República y 3 mil 326 cargos: 500 diputaciones federales, 128 senadurías, nueve gubernaturas (incluyendo Jefatura de Gobierno en la capital), 984 diputaciones locales, mil 598 ayuntamientos, 16 alcaldías en la Ciudad de México (antes Jefaturas delegacionales), 24 juntas municipales en Campeche y 67 sindicaturas en Chihuahua.
 
En las próximas elecciones habrá una gran cantidad de mujeres haciendo campaña para obtener el triunfo en las urnas, gracias a la reforma aprobada en 2014 que elevó a rango constitucional el principio de paridad de género, es decir, la responsabilidad de los partidos políticos de postular a 50 por ciento de mujeres y hombres a los cargos electivos.
 
La paridad cumple el objetivo de llevar más mujeres a la competencia electoral y que más de ellas tengan posibilidad de llegar al poder, como se comprobó en los comicios de 2015 cuando fueron electas 212 mujeres, lo que representa 42.6 por ciento de los 500 legisladoras en la Cámara de Diputados.
 
Sin embargo, agrupaciones ciudadanas como la Red Mujeres en Plural, la Asamblea Política Nacional de Mujeres Indígenas y la Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas llamaron la atención sobre la violencia y explicaron que un mayor número de ciudadanas compitiendo por obtener cargos implicaba más violencia hacia ellas en razón de su género.
 
HERRAMIENTAS A FAVOR
 
Con 38 casos de violencia contra mujeres políticas y dos asesinatos durante las elecciones de 2015, el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) crearon un protocolo de atención para estos casos.
 
En marzo de 2016 las autoridades electorales presentaron el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres que, ante la falta de una legislación, establece la coordinación entre las dependencias y una ruta para atender las denuncias que surgen durante todo el proceso, desde las precampañas, las campañas, la jornada electoral y hasta que las mujeres ejercen las funciones para las que fueron electas.
 
Como el fenómeno no es exclusivo de México, en octubre de 2016 la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) crearon la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres.
 
Este documento se creó como una guía para que los Estados legislen, protejan y garanticen el ejercicio de los derechos políticos de las ciudadanas, al considerar que las acciones para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en el ámbito privado no cubren la violencia de género que se produce en el “ámbito público”.
 
SIN LEGISLACIÓN FEDERAL
 
En marzo, el Senado aprobó y envió a la Cámara de Diputados una reforma para definir y sancionar la violencia política en las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
 
En la Cámara baja la reforma fue turnada a las Comisiones de Gobernación y de Igualdad de Género, para su análisis y votación. Además, la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género estaba encargada de dar una opinión en la materia. Sin embargo sólo la Comisión de Gobernación aprobó la minuta, el pasado 25 de abril.
 
Por esta razón la legislación en la materia sigue pendiente a nivel federal, a pesar de que en marzo los representantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal) se comprometieron a impulsar la tipificación.
 
ESTADOS QUE YA LEGISLARON
 
Aun con la ausencia de las reformas en las leyes generales, los estados han legislado en la materia. Es el caso del Congreso de Morelos que el 7 de marzo reformó su Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el Código Penal y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado.
 
La ley electoral de esta entidad señala que los partidos políticos, dirigentes y militantes incurren en una infracción si realizan cualquier acción u omisión que “basadas en elementos de género, tengan por objeto o resultado menoscabar, anular, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
Recientemente, el 6 de junio, el Congreso de Campeche aprobó incluir el término en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales estatal; además este concepto ya estaba en su Ley de Acceso local que en el Artículo 5 dice que violencia política es “cualquier acto u omisión que limite, niegue, obstaculice, lesione, dañe la integridad y libertad de las mujeres a ejercer en plenitud sus derechos políticos”.
 
En Aguascalientes, el 29 de mayo de este año se publicó en el Periódico Oficial estatal la reforma al Código Electoral para definir este concepto en el Artículo 2, fracción XVII y modificar los Artículos 58 y 68 para que los partidos políticos establezcan mecanismos para prevenir, atender, sancionar y en su caso erradicar esta violencia.
 
Meses después, el pasado 8 de junio el Congreso local aprobó reformar diversos Artículos, entre ellos el 16, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Aguascalientes, con el objeto de definir la violencia política de género y especificar esquemas de protección de los derechos electorales de las mujeres.
 
En algunas entidades se discutieron y aprobaron reformas en la materia pero no han sido publicadas o no están disponibles en el catálogo de Legislación estatal de la Secretaría de Gobernación (Segob) ni en el listado de reformas electorales del TEPJF.
 
De acuerdo con el Artículo 105 de la Constitucional federal, las leyes en materia de elecciones deben aprobarse y publicarse 90 días antes del inicio de un proceso electoral. En este caso el proceso federal inicia en el mes de septiembre de 2017 por lo que las reformas en materia de violencia política en los estados restantes no se aprobaron en el tiempo establecido para su aplicación.
 
17/AGM/GG
 








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