Segob

ESTADOS
VIOLENCIA
   ¡Queremos seguridad! dicen activistas afuera de Segob
El feminicidio no puede ser encarado con pésames y disculpas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/10/2017

Con la consiga ¡Alerta ya! la Red Plural de Mujeres de Puebla demandó por la tarde de ayer frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob) activar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad.

La agrupación de activistas poblanas viajó a la Ciudad de México para entregar una carta dirigida al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la que le exigen declarar la AVG en la entidad, luego de que la institución rechazó la petición que realizaron las organizaciones civiles en marzo de 2016 por considerar que no existían razones para poner en alerta de género a Puebla.

“¿Cuántos casos más de feminicidio se necesitan en Puebla para declarar la Alerta de Violencia de Género?” cuestionó a las autoridades la agrupación en el documento, pues el feminicidio de la joven estudiante Mara Fernanda Castilla Miranda (asesinada en septiembre de 2017 por el conductor de un transporte privado que abordó) volvió a revivir la necesidad de contar con políticas públicas sólidas en Puebla que aseguren la vida de las mujeres, adolescentes y niñas.

“La forma más brutal que representa el feminicidio no puede ser encarada por el Estado con disculpas y pésames, estamos convencidas que tiene los instrumentos y los recursos para brindarnos a nosotras que somos más del 50 por ciento de la población, acciones y políticas públicas que realmente nos brinden protección y seguridad”, señaló la Red.

La carta que contenía también los nombres de las otras víctimas de feminicidio en Puebla en lo que va del año y las firmas de la sociedad civil que consideran necesario activar el mecanismo, fue recibida por la Unidad de Gobierno de Segob.

Las activistas acordaron dar un plazo de dos semanas a Secretaría para que responda a los llamados de la población, precisó a Cimacnoticias la integrante de la Red, Rosa María Avilés. De no obtener respuesta el movimiento planteará nuevas estrategias para que las poblanas puedan ejercer su derecho a una vida libre de violencia, comentó.

Comenzó a anochecer y las activistas prendieron velas en memoria de las 88 mujeres asesinadas durante 2017 en la entidad, de acuerdo con el registro del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos. Sus nombres y el municipio donde residían los hicieron visibles en cartulinas que pegaron en las puertas de Segob. La cifra de este año ya es superior a las contabilizadas por el Observatorio en 2016, la cual fue de un total de 82 casos.

Las integrantes de la Red nombraron a las víctimas de feminicidio en un pase de lista en voz alta, mientras los únicos espectadores del acto eran los más de diez elementos de seguridad de las oficinas de la Segob, quienes ante la presencia de las activistas de inmediato cerraron las puertas del edificio y no dejaron de tomar fotos a las integrantes de la Red.

¿QUIÉN PIDE LA ALERTA?

En tanto aún se espera la decisión final de la Comisión de Derechos Humanos poblana (CDH) para que ingrese la segunda solicitud de la AVG. Luego de las contradicciones que tuvo el órgano de DH con la delegada local de Segob, Ana Isabel Allende Cano, quien dijo en un evento público que la CDH ya había enviado a la petición de alerta, situación que fue negada por la propia Comisión.

Así la CDH, el gobierno de José Antonio Gali Fayad y la Secretaría de Gobernación tienen la presión no sólo por la sociedad y organizaciones civiles para declarar la AVG, sino también el Senado de la República, ya que el Grupo Parlamentario del Partido Revolución Institucional (PRI) presentó el 25 de septiembre un punto de acuerdo para exhortar a que se dé una segunda petición de la AVG.

Integrantes de la Red Plural de Mujeres de Puebla realizaron una vigilia para exigir justicia para las mujeres víctimas de feminicidio en Puebla

17/HZM/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   Comisión niega haber presentado segunda solicitud de Alerta
Se contradicen Segob y CDH de Puebla sobre AVG
CIMACFoto: Samanta Paez Guzmán
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/10/2017

La Comisión de Derechos Humanos Estatal de Puebla negó que haya presentado ya la segunda solicitud de Alerta de Violencia de Género para la entidad, como lo afirmó ayer la delegada de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ana Isabel Allende Cano, durante un evento público.

En un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos poblana informó que sigue “evaluando todos los elementos para tomar la mejor decisión para Puebla”, pero que en ningún momento envió la solicitud de Alerta.

Y es que ayer, durante un evento público, Allende Cano aseveró que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), ya contaba con la solicitud de la AVG que envió la CDH la semana pasada, y que era seguro que en esta ocasión se concluyera declarar la AVG en la entidad.

Cabe recordar que la petición para presentar una nueva solicitud de AVG para esta entidad, se dio como consecuencia del feminicidio de la joven estudiante Mara Fernanda Castilla Miranda (asesinada por el conductor del transporte privado Cabify) y fue hecha por la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Silvia Tanús Osorio, quien envió un escrito a la Comisión Estatal para que presentara nuevamente la solicitud de AVG, toda vez que en un primer intento de solicitud hecho por las organizaciones civiles en marzo de 2016, la Segob determinó que no había razones para proceder a declarar la Alerta en la entidad.

El exhorto para que el órgano de DH de Puebla solicite la AVG también fue apoyado por el Senado de la República. El Grupo Parlamentario del PRI presentó el 25 de septiembre de 2017 un punto de acuerdo con el mismo fin.

En tanto, la CDH reportó que si bien el 18 de septiembre de 2017 recibió el exhorto de la diputada Silvia Tanús, aún estaban en el análisis de presentar la solicitud; mientras que en Puebla continúan sumándose casos de feminicidio. En lo que va de este año, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos lleva registrados 85 casos de feminicidio perpetrados en esta entidad.

En medio de las discusiones por la segunda solicitud de AVG las organizaciones civiles recordaron el pasado 26 de septiembre en una carta dirigida al gobierno de Puebla que aún tiene pendiente de cumplir las 11 recomendaciones que hicieron el grupo de expertas de la primera AVG, como crear el Protocolo Investigación del Delito de Feminicidio y Trata de Personas, la conformación del Banco Estatal de Mujeres Víctimas de Violencia y la capacitación de los servidores públicos.

17/HZM/LGL

 








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   A 8 días del sismo permanecen sin datos certeros sobre los rescates
Familiares de personas en Álvaro Obregón exigen información a autoridades
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/09/2017

La noche de ayer, a unas horas de cumplirse ocho días del sismo, familiares de las más de 40 personas que quedaron atrapadas en las oficinas derrumbadas en Álvaro Obregón 286 denunciaron estar desesperadas ante la nula información que se les brinda, por lo que exigieron a las autoridades locales y federales datos certeros de quiénes han sido rescatadas, a dónde son trasladadas y en qué estado.

En una conferencia de prensa convocada minutos antes de las 12 de la noche, las familias pidieron a las autoridades dos listas oficiales: una con los nombres de las personas rescatadas en el inmueble y otra con el número de las no identificadas; también exigieron transparentar el mecanismo que siguen para identificar los cuerpos sin vida; y tener contacto directo con funcionarios de alto nivel porque advirtieron “su paciencia se agotó” y desconocen “qué esconden” las personas funcionarias.

Exigieron la presencia y comunicación inmediata con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián; con la subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Sara Irene Herrerías Guerra; y con la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado Castro, así como con el procurador capitalino Edmundo Garrido Osorio.

Tras las exigencias, al mediodía de hoy, Campa Cifrián acudió al lugar e informó a los familiares de las víctimas que se reunirá con las autoridades que coordinan las labores de búsqueda para que hoy por la tarde responda a la solicitud de información certera que hicieron. Antes de ingresar al lugar fue increpado por las y los familiares a quienes les prometió que se les comunicará en caso de algún hallazgo, por lo que permanecen en espera.

En entrevista con Cimacnoticias Nancy Peña Aguilar, cuñada de Noemí Manuel García, una de las contadoras atrapadas en el inmueble de la colonia Roma, denunció la rigidez del protocolo seguido por las autoridades mexicanas, el cual prohíbe a las personas dentro del cerco que protege el edificio, comunicar a las familias sobre los hallazgos de cuerpos.

La falta de información a la que se han enfrentado las y los familiares desde el día del sismo de 7.1 grados Richter, ha abonado a su desesperación, pues desde entonces esperan que los rescatistas encuentren a sus seres queridos bajo dos carpas instaladas en el cruce de Álvaro Obregón y Valladolid, y otro en la calle Oaxaca.

Una familiar de Fernanda Michelle Castillo, quien quedó atrapada entre los escombros, indicó que ante la falta de información han tenido que acudir al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) para obtener la información que les han negado las autoridades. En su caso, buscaron por su cuenta y así se enteraron que su sobrina había fallecido.

“Juegan con nuestro dolor” y aseguró que ninguna autoridad se acercó para informarles. Aún cuando desde el jueves pasado las autoridades establecieron una “zona cero” (un perímetro que resguarda a al menos un familiar de las personas que no han sido encontradas para darles información de las labores de rescate), quienes están ahí, así como quienes trabajan retirando escombros, tienen prohibido documentar con fotos o videos las labores de rescate.

Incluso, comentó, a uno de los familiares que accedió al inmueble dañado y usó su celular para enviar imágenes a quienes esperaban afuera, fue remitido a un Ministerio Público.

“El fin de semana las autoridades recorrieron los campamentos que tenemos, pero no nos dicen cuántos cuerpos han sacado del lugar, tampoco sabemos el sexo o si estaban vivos o muertos. Desde el viernes aseguran que están por llegar al cuarto piso –donde se cree que está la mayor cantidad de personas porque antes del sismo ahí se efectuó una reunión de contadores- pero no hay más información, denunció.

Y es que desde el martes existen listas hechas por los familiares de los afectados. Una de ellas contabiliza a 46 personas que siguen sin ser rescatadas –entre ellas al menos 15- y otra lista con un número de 51 personas; en un listado más se afirma que se han rescatado a 22 personas. Sin embargo durante la conferencia el familiar de una de las víctimas, Lorenzo Barrera Gómez, denunció que desde el pasado miércoles no han sido actualizadas por alguna autoridad.

Una de las últimas informaciones la obtuvieron gracias al comunicado que emitió la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres colombiana sobre la labor de sus rescatistas.

En él informó que han encontrado a seis personas muertas en Álvaro Obregón 286 desde que iniciaron operaciones la mañana del 24 de septiembre y hasta ayer por la tarde, pero las familias desconocen quiénes eran y a dónde fueron trasladadas.

Por ello durante la conferencia las y los familiares aseguraron que de no transparentarles información interceptarán las ambulancias que salen de la zona para identificar quién va a bordo y concluyeron coreando “¡Solución inmediata!”

Por su parte Nancy Peña, la tía de Fernanda Michelle Castillo sentenció: “Vamos a hacer lo posible y lo imposible hasta que nos entreguen a nuestros familiares, llevamos ocho días sin respuesta”.

17/MMAE/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   Piden renuncia de titular del Instituto estatal de las Mujeres
   
Organizaciones exhortan al Congreso de Veracruz a despenalizar el aborto
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/08/2017

En un pronunciamiento dirigido al Poder Judicial e integrantes del Congreso de Veracruz, más de 30 organizaciones civiles y académicas hicieron un llamado a cumplir con los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas y en consecuencia, aprobar la reforma para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación en la entidad.

En el exhorto las agrupaciones también exigieron la inmediata destitución de la titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Sara Gabriela Palacios Hernández, luego de que el pasado 28 de julio declarara que la reforma sobre la despenalización del aborto no era necesaria y que el Legislativo tenía que consultar a la Iglesia católica para la aprobación de la propuesta.

Entre las organizaciones firmantes del pronunciamiento está el Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres, la Red de Mujeres Feministas de Veracruz, la Red Veracruzana por el Derechos a Decidir, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, entre otras agrupaciones.

En noviembre de 2016 la Secretaría de Gobernación (Segob) decretó la AVG por violencia feminicida en 11 municipios de Veracruz, la solicitud del mecanismo fue realizada por la organización civil Equifonía, quien el 5 abril de ese mismo año hizo una segunda petición de la AVG, esta vez por “agravio comparado”, es decir por normas que criminalizan a las mujeres que buscan acceder a los servicios del aborto; la inadecuada aplicación de Norma Oficial Mexicana 046 que permite el aborto en casos de violación sexual; y la tipificación del delito de aborto que se castiga con un tratamiento educativo y de salud.

Como parte de las acciones que debe cumplir el Gobierno de Veracruz por esta segunda AVG, el 27 de julio de este año la diputada Tanya Carola Viveros presentó en el Congreso local una propuesta para modificar los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz, para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

En Veracruz desde agosto de 2016 se “protege la vida desde el momento de la concepción” luego de que se aprobara la reforma al Artículo 4 de la Constitución local que fue impulsada por agrupaciones conversadoras y propuesta por el entonces gobernador, Javier Duarte, quien actualmente está detenido por diversos delitos como tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con las organizaciones civiles la postura de la titular del Instituto de las Mujeres local “deja en evidencia el completo desconocimiento y la falta de compresión sobre el respeto a los Derechos Humanos de las mujeres”, además de ser preocupante que estas declaraciones provengan de la titular de la instancia encargada de “garantizar los derechos de las veracruzanas de forma laica”.

Recordaron que Palacios Hernández es parte del Grupo de Trabajo que elaboró el informe de propuestas que debe cumplir el gobierno de Miguel Ángel Yunes, y será una de las integrantes que podrá votar a favor o en contra de decretar la segunda AVG en Veracruz, ya que desde noviembre de 2016 está vigente una Alerta por los asesinados violentos de mujeres en 11 municipios de la entidad.

Las agrupaciones indican que la propuesta de reforma al Código Penal responde a los acuerdos internacionales y regionales a los que se ha suscrito el Estado mexicano, incluyendo el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al validar la despenalización del aborto en la Ciudad de México.

El comunicado indica que la Suprema Corte argumentó que dicha medida legislativa “resultada idónea para salvaguardar los derechos de las mujeres, pues la no penalización de la interrupción del embarazo tiene como contraparte la libertad de las mujeres para que decidan respecto a su cuerpo, de su salud física y mental e incluso, respecto de su vida”.

Las agrupaciones suscritas al pronunciamiento señalaron que los Derechos Humanos no pueden estar sujetos “a criterios religiosos, morales y apreciaciones de autoridades que olvidan que México es un país laico”, por lo que piden al IVM que tome las medidas necesarias de conformidad con su misión y propósito como institución pública.

Cabe mencionar que la propuesta sobre la despenalizaron del aborto se votará en un periodo extraordinario en septiembre, cuando concluyen el plazo, de seis meses, que tiene el gobierno de Veracruz para cumplir con las recomendaciones hechas por el Grupo de expertos. En caso de considerar que no se realizaron las acciones necesarias la Secretaría de Gobernación (Segob) tiene la facultad de emitir la Alerta.

17/HZM








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Alertas se activan pero no atiende violencia de género
   
Alerta de Género: Desinterés del Estado por proteger la vida de las mexicanas
Imagen retomada del portal cpsicologosguanaco
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/08/2017

En una década 27 entidades del país han solicitado la Alerta de Violencia de Género (AVG) pero sólo se ha declarado para 83 municipios de 11 estados: Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Colima, Sinaloa, Veracruz, Nuevo León, Chiapas, Michoacán, Morelos y el Estado de México. 
 
En 2007 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que mandata en su artículo 22 la creación de la AVG como un instrumento de emergencia para salvar la vida de las mujeres y niñas mexicanas.
 
Impulsada por legisladoras feministas, la Alerta se pensó como un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia en la que intervinieran los 3 órdenes de gobierno para atender de fondo la violencia de género en cada entidad o territorio determinado.
 
Sin embargo, a 10 años de su creación, prevalece el desinterés y falta de voluntad del Estado para implementarla, lo que se ha traducido en una “cascada” de alertas aprobadas, con medidas que no se cumplen o son acatadas a medias.
 
Como si se tratara de una “receta”, el sentido de la Alerta se ha distorsionado y a 10 años de su creación, el impacto real en donde se ha decretado se desconoce, porque hasta ahora, la instancia encargada de prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, la Conavim, no ha informado ni transparentado su funcionamiento.
 
Así lo señalan expertas en el tema de violencia de género, como la académica y doctora en estudios de género, Lucía Melgar Palacios, quien sostiene que existe una completa incomprensión y desinterés del gobierno por atender la alerta. 
 
“Todos han seguido la receta de la AVG. El grupo de trabajo hace un diagnóstico del territorio en 30 días, luego en seis meses continúan las acciones gubernamentales, hacer una campaña, capacitar a sus funcionarios, poner alumbrado, pero ¿quién está obligando a los gobiernos a hacer lo que deben; garantizar a las mujeres una vida libre de violencia?” cuestiona la académica de la UNAM.
 
A propósito del segundo aniversario de la AVG en el Estado de México, esta agencia consultó a varias especialistas para que hicieran un análisis de su funcionamiento en donde se ha decretado, y todas coinciden en que no es que el mecanismo esté mal, sino en el nulo interés del gobierno por realmente atender de fondo la violencia contra las mujeres y niñas.
 
Para Lucía Melgar, la responsabilidad de que la AVG genere resultados tan deficientes es del Estado, por la opacidad con la que actúa y su negativa en cumplir con la protección de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres.
 
En ello coincide la senadora Diva Hadamira Gastelúm Bajo, una de las impulsoras de la Ley General, y agrega: “las autoridades locales tienen una completa ignorancia en su implementación, buscan resolver las consecuencias pero no sus causas, mientras la sociedad sólo está en un estado de cachar políticas públicas”.
 
La senadora reconoce que si más de la mitad del país ha pedido acciones de emergencia para proteger la vida de las mujeres, es porque el Estado no les garantiza “el mínimo de bienestar para que este a salvo su vida, integridad y seguridad”.
 
Por ejemplo, dice la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) María de Luz Estrada, en el Estado de México ya se cumplieron dos años desde que se decretó la AVG pero la falta de voluntad política del Estado mexicano hizo que este mecanismo se convirtiera en un trámite burocrático utilizado con fines políticos y mal implementado.
 
Aún bajo la alerta el panorama no es diferente en la entidad mexiquense. En estos dos años se han registrado 31 casos de feminicidio y 412 homicidios de mujeres de acuerdo con cifras oficiales, ubicando a este estado como el territorio más peligroso para la población femenina en el país, según Naciones Unidas.
 
Por ello Luz Estrada considera que las acciones urgentes y esenciales que deben de seguir las autoridades una vez solicitada la alerta son investigar de manera profunda las razones de la violencia contra las mujeres, revisar los casos en reserva, generar un sistema de seguridad, reeducar a la sociedad civil, en conclusión, instaurar una política integral de estado. 
 
“No es de emergencia porque tienen que inventar un programa rápido, es porque hay que atender temas estructurales, tienes que ir al fondo para que lo que hagas no quede en simulación”, acotó.
 
REPENSAR LA AVG
 
Hasta ahora, las organizaciones civiles han hecho el trabajo que le corresponde al Estado, documentar, investigar las causas de la violencia y registrar los casos. Muchas más han recurrido a los amparos judiciales para pedir que se decrete una AVG y exigir reuniones gubernamentales, incluso manifestarse para agilizar los procesos.
 
Por ello piden nuevas adecuaciones a la normativa; el respeto de los tiempos del proceso, sanciones a quienes incumplan las obligaciones y la autonomía de los Grupos de Trabajo que respaldan la decisión de procedencia de la Alerta.
 
La coordinadora de Equifonía AC, peticionaria de las dos alertas para Veracruz, Araceli González Saavedra, agrega que se debe incluir en el proceso de seguimiento la participación de las organizaciones, pues son quienes ante la ausencia del Estado acompañan a las víctimas sin ningún presupuesto, pero en el reglamento su papel se reduce al trámite de la solicitud.
 
En tanto, Luz Estrada propone agregar un apartado final para que cada entidad emita un reporte de resultados de la AVG, y Lucía Melgar señala que ya pasaron 10 años desde que se pidieron las primeras alertas y por tanto, Conavim tendría que presentar un primer diagnóstico de la implementación de este mecanismo.  
 
En lo que va de este año la Secretaría de Gobernación (Segob) ya declaró cinco alertas y recibió otras cinco solicitudes, lo que para Melgar Palacios refleja “la gravedad del problema que enfrentan las mexicanas”.  
 
En Nayarit por las elecciones de junio se detuvo el proceso, y ya van cuatro meses sin que la Segob dicte la deliberación final.
 
En Sonora, la AVG lleva dos años estancada pues aún cuando su reglamento no lo determina así, la Segob otorgó una prórroga al gobierno estatal para que cumpla con las recomendaciones.
 
Mientras Segob no respete los procesos establecidos en la ley y los gobiernos locales simulen la implementación de la AVG, se seguirán perdiendo vidas de mujeres y niñas, concluyen las expertas. 

17/HZM








NACIONAL
LABORAL
   Pese a acuerdos para dialogar, no asisten a las mesas de trabajo
Funcionarios dejan plantadas a personas jornaleras de San Quintín
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 25/03/2017

Personas jornaleras del Valle de San Quintín, se retiraron de la mesa de diálogo que se tenía prevista para este día en la Secretaría de Gobernación (Segob), ante la ausencia de funcionarios de diversas dependencias, con quienes discutirían sus derechos laborales.

 

Funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) no se presentaron para cumplir con la agenda en la que se discutirían las demandas de jornaleras y jornaleros, como un salario mínimo de 300 pesos diarios y prestaciones de ley, así como acceso a seguridad social y terminar con el acoso laboral que viven.

 

El martes 21 de marzo jornaleras y jornaleros del país, representados por el Sindicato Independiente Nacional Democrático Jornaleros Agrícolas (SINDJA) y la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social del Valle de San Quintín, presentaron el pliego petitorio al subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros y acordaron atender, en mesas de trabajo programadas para hoy, primero las demandas en materia de derechos laborales.

 

La secretaria de Equidad de Género del SINDJA, Abelina Ramírez Ruíz, dijo para Cimacnoticias que las personas jornaleras decidieron no comenzar el primer bloque del diálogo,  donde se abordaría el tema de salarios y seguridad social, ante la falta de funcionarios que pudieran responder a sus demandas.

 

“Estaba el subsecretario de Gobernación, sin embargo, no había funcionarios de la STPS, del IMSS o de Sedesol, los que sí pueden firmarnos acuerdos, sólo mandaron a representantes”, denunció.

 

Ramírez Ruíz expuso que el subsecretario de Gobernación les propuso avanzar con otros puntos de la agenda, sin embargo se negaron porque dijo, “para nosotros no es un juego”. Y aseguró que al incumplir con el diálogo los funcionarios “le están faltando al respeto a las miles de personas jornaleras del país, porque el SINDJA y la Alianza de Organizaciones las representa.

 

El pasado 17 de marzo concluyó en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México la “Caravana Nacional por las y los Jornaleros de San Quintín”, la cual recorrió ocho entidades del país para recopilar información sobre las condiciones laborales de personas jornaleras, mismas que se presentaron a la Segob en busca de resultados.

 

Las denuncias de jornaleros y jornaleras se reunieron en la Caravana Nacional tras cumplirse 2 años desde que miles de personas trabajadoras de la tierra en el Valle de San Quintín, Baja California, realizaron, el 17 de marzo de 2015, un paro laboral para exigir que se les garantizaran sus derechos laborales, establecidos en la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, el gobierno federal sigue sin cumplir sus demandas.

 

De acuerdo al informe “Despertar en tierra ancha y ajena: El movimiento de jornaleros del Valle de San Quintín”, elaborado por la académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso México), Elena Jaloma Cruz, hay aproximadamente 5 millones de personas jornaleras, para 2015 solo una de cada 10 ganaba más de dos salarios mínimos al día. Es decir, trabajan hasta por 12 horas al día por sueldos de 100 a 120 pesos.

 

Abelina Ramírez Ruíz denunció las malas condiciones en las que laboran. “Exigimos que los funcionarios nos escuchen porque tan solo uno de los compañeros que viene con nosotros corta una tonelada de caña por 40 pesos. Tiene las manos destrozadas”, dijo.

 

La secretaria de Equidad de Género del SINDJA expuso también el limitado esfuerzo del gobierno federal por garantizarles derechos laborales: “En la Segob nos dicen que desde 2015 el gobierno les ha dado atención de salud a 26 mil jornaleras y jornaleros de San Quintín, pero sabemos que en el Valle somos 86 mil personas las que nos dedicamos a la tierra ¿y las demás cuándo?”.

 

Ramírez Ruíz mencionó que además, el funcionario Juárez Cisneros prometió asistir al Valle de San Quintín para ver por cuenta propia las condiciones laborales de las y los denunciantes.

 

Las y los jornaleros de San Quintín están en espera de la reanudación del diálogo que, de acuerdo a lo que el subsecretario de gobernación les dijo hoy, y que consta en un video publicado en las redes sociales de la Alianza de Organizaciones, comenzará cuando todos los funcionarios correspondientes garanticen su asistencia.

 

Ramírez Ruíz argumentó que iniciarán “hasta que nos garanticen que se atenderá el primer punto, el de las condiciones de trabajo, esto no puede retrasarse más. No vamos a estar más de rodillas, que se nos respete. Los de la Caravana Nacional vamos a seguir denunciando”.

 

17/MMAE/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   Tres años, el promedio en seis estados
¿Cuánto tardará el decreto de AVG en Puebla?
Imagen retomada de producciones y milagros
Por: Samantha Páez*
Cimacnoticias | Puebla, Pue.- 16/02/2017

Tres años es el tiempo promedio que tardó la Secretaría de Gobernación (Segob) en emitir las alertas de género en seis estados del país, aunque no hay ninguna garantía: en el Estado de México tardó cinco años; para Veracruz un año y un mes; en Colima y Sonora, donde se solicitó antes que en Veracruz, el proceso sigue en trámite.
 
Considerando el tiempo promedio, en Puebla podría decretarse hasta marzo de 2019, lo que significa que el costo político no recaerá en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, ni en el de Antonio Gali.
 
En marzo de 2016, el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica y la organización Todos para Todos solicitaron la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) para Puebla y actualmente el proceso está en la fase de revisión del informe que presentó el gobierno de Puebla, en respuesta a las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
 
La vocera de la organización Todos para Todos, Violeta Lagunes Viveros, comentó que los procesos se han agilizado, por lo cual confía en que, en no más de seis meses, se dé a conocer si se decreta la alerta en Puebla. “Cada proceso tiene una vida muy diferente, dijo, creo que en menos de seis meses se echan esa segunda etapa” de revisión del informe de trabajo.
 
CONAVIM DELEGA RESPONSABILIDAD
 
Sin embargo, la agilización de los procesos no se debería a una voluntad por parte del Gobierno federal, agregó Lagunes, sino a que ni la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), ni el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) tienen el personal para analizar a profundidad cada uno de los casos y están dejando el problema en manos de los estados.
 
En el mismo sentido habló la coordinadora del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF), María de la Luz Estrada Mendoza, en el marco del VI Encuentro de la Red Nacional de Periodistas en febrero del año pasado, al advertir que la Conavim ya no quiere investigar los casos, por ello traslada la responsabilidad a los estados.
 
“Como la Conavim ya está harta de que todas nosotras estemos pidiendo la declaratoria, le regresaron la bolita al estado. Lo que quieren es que los gobiernos lo asuman y ellos tomen las recomendaciones que quieran”, afirmó Estrada Mendoza.
 
QUE NO SUCEDA COMO EN QUERÉTARO
 
La vocera de Todos para Todos dijo que aunque ocurra algo como en Querétaro, donde no se decretó la AVG porque la Conavim consideró que el Gobierno estatal dio cumplimiento a todas las propuestas hechas por el grupo de trabajo, como promoventes insistirán en que se emita la alerta para Puebla, aun si eso significa llevar el caso a instancias internacionales.
 
En Querétaro --documentó ladobe.com.mx en el mes de noviembre--  para el Gobierno estatal el cumplimiento de las 11 recomendaciones sólo consistió en firmar convenios o anunciar intenciones.
 
RECOMENDACIONES A PUEBLA
 
Entre las acciones que se recomendaron al gobierno poblano, incluidas en el informe que se dio a conocer el 28 de junio de 2016, están: elaborar un diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres; implementar y diseñar campañas permanentes que visibilicen el problema de la violencia de género; publicar y mantener actualizada la información sobre la violencia contra las mujeres en la entidad; modificar el protocolo de investigación de feminicidio y trata de personas, y garantizar que las personas responsables de la aplicación del protocolo lo apliquen.
 
De acuerdo con el Gobierno estatal, aún encabezado por Moreno Valle Rosas, el informe que acreditó el cumplimiento de todas las propuestas se entregó el 29 de diciembre, pero la Conavim confirmó a ladobe.com.mx que fue hasta el 17 de enero que recibió el documento.
 
No hay, por tanto, un plazo definido para que el grupo de trabajo analice si se cubrieron las 11 recomendaciones, ni para declarar o no la AVG.
 
*Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx
 
17/SM/GGQ








ESTADOS
VIOLENCIA
   Requieren Alerta de Violencia de Género
Por feminicidio en Colima exigen reunión con Osorio Chong
Foto: Glenda Libier
Por: Heidi de León Gutiérrez
Cimacnoticias/Diario Avanzada | Colima, Col.- 14/12/2016

Las organizaciones civiles IUS Género y el Centro de Apoyo Integral a la Mujer (CAM), alertaron que es preocupante que el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género (AVG) se desvirtuó hasta evitar atender emergencias de la violencia feminicida en México, y se encaminó a impedir su declaratoria en la mayor parte de las entidades federativas donde la han solicitado.
 
Por lo anterior y junto con las integrantes de otras 22 organizaciones del país solicitaron desde noviembre de este año, una reunión colectiva con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de la que aún esperan respuesta.
 
El martes 22 de noviembre organizaciones sociales y activistas de 22 estados de la República Mexicana, solicitantes y promoventes de la AVG, se reunieron en la Secretaría de Gobernación (Segob) con la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete Morayta y con la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz para analizar la implementación del mecanismo de Activación de la AVG.
 
En ese encuentro quedó evidenciada la crisis de violencia extrema expresada en los casos de feminicidio que día a día aumentan en nuestro país, y en particular en su entidad, Colima, que en general es “una problemática que debe ser considerada un asunto de seguridad nacional”, expusieron.
 
También las integrantes manifestaron que las conclusiones alcanzadas por los grupos de trabajo que investigan los procesos de solicitud de activación de la Alerta, no cumplen con los principios de exhaustividad, congruencia, naturaleza y seguridad jurídica.
 
Además hay vacíos en el debido proceso constitucional, con los compromisos adquiridos por el Estado mexicano al suscribir y ratificar los Tratados Internacionales, así como sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en materia de erradicación de la violencia de género, como el caso Campo Algodonero.
 
El colectivo reiteró que en Colima solicitaron la Alerta por los altos índices de violencia contra las mujeres, ocupando desde el primero al séptimo lugar en todos los tipos de violencias respecto a otras entidades, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
 
El pasado 7 de noviembre, la Procuraduría General de Justicia de la entidad reconoció en su informe a la Conavim y ante el Congreso del Estado de Colima, el asesinato de 105 mujeres en el periodo de 2003 a 2014.
 
“Aún después de esta solicitud, del análisis y las 10 recomendaciones que formuló el Grupo de Trabajo Interinstitucional al gobierno del estado, a fin de que realizara acciones para frenar la violencia, fueron asesinadas 80 mujeres más: 25 en el año 2015 y 55 de enero al mes de noviembre de este año”.
 
16/HDLG/AMS/LGL








OPINIÓN
VIOLENCIA
   MUJER SONORA
Un 25 de noviembre en alerta
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Sonora.- 22/11/2016

Dos estados más han sido declarados en Alerta de Violencia de Género (AVG). Algunos municipios de Nuevo León y Chiapas son, según la Secretaría de Gobernación (Segob), dignos de tomarles especial atención con medidas que coadyuven a detener la violencia feminicida.
 
Pero no es que sólo esos estados o municipios estén en esa situación. Ésa es la interpretación que hacen la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y la Segob, después de muchos intentos por proteger a los gobiernos de las entidades dándoles oportunidad tras oportunidad para que corrijan los errores en la atención a la violencia de género.
 
Para que no se escuche feo que están en AVG, para que cubran o subsanen las omisiones que permiten la prevalencia del feminicidio en sus territorios, los estados han tenido tiempo suficiente para tomar medidas que desafortunadamente no son de emergencia, por lo que el feminicidio continúa presente.
 
No obstante, el hecho de que se declare la Alerta es en sí mismo el reconocimiento de que la violencia feminicida ha cobrado la vida de más mujeres que las que han ocurrido en toda la historia de las guerras civiles.
 
En los casos de Nuevo León y Chiapas, es justo destacar que han sido las organizaciones de la sociedad civil, afiliadas al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) quienes han impulsado el mecanismo ofreciendo datos, propuestas, análisis y seguimiento al proceso.
 
Se puede pensar que es muy tarde para la declaratoria pues en Nuevo León se solicitó desde 2012, mientras que en Chiapas desde 2013.
 
Este 25 de noviembre, Día para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres estará vestido de alerta. Las mujeres y organizaciones que saldrán a marchar en el contexto de este día inspirado en las hermanas Mirabal, lo harán también por una aplicación eficaz de la AVG tal como lo describe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su reglamento.
 
Son 5 años de insistir en Nuevo León, mientras que en Chiapas cuentan ya tres años desde que se inició la petición.
 
Se declara la AVG con un total de 449 mujeres asesinadas en  Nuevo León, según la documentación de casos a cargo de Irma Alma Ochoa, de Arthemisas por la Equidad, A.C. promovente de la AVG en ese estado.
 
En tanto, Martha Figueroa Mier, del Colectivo de Mujeres en Chiapas (Colem) advierte que si bien ellas solicitaron la Alerta para los 122 municipios, es posible que la Segob lo reduzca a sólo ocho de ellos, por lo que se preparan para impugnar.
 
Cuando la solicitaron habían documentado 156 casos de feminicidio entre 2012 y 2013. Sin embargo, la petición no se basa solo en la cantidad, sino en la violencia estructural que permite que esto siga sucediendo.
 
El carácter emergente de la AVG ha sido soslayado por las autoridades obligadas a brindar seguridad a todas las personas y particularmente a las mujeres, ante la vulnerabilidad que históricamente se ha construido en razón del género.
 
Por ello las organizaciones se preparan para dar la batalla por una adecuada implementación de la AVG, pues su espíritu de emergencia ha quedado olvidado, al tratarla como una oportunidad de revisión que se puede corregir a mediano y largo plazo.
 
Según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Alerta de Violencia de Género se puede solicitar cuando “los delitos de orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame”.
 
Y eso es justo lo que ha pasado en cada una de las entidades en las que organizaciones decidieron solicitar la alerta.
 
El problema es que quienes tienen la facultad para emitir la AVG se han dado su tiempo, se han tomado la libertad de interpretar la ley y el reglamento de la misma, conduciendo hacia un estado de inacción.
 
El resultado es que si sumamos los meses o años que han tardado en dar respuesta, más los meses y hasta un año en que los gobiernos cumplan las recomendaciones cuando las hay; la condición de emergencia desaparece transformándose en un favor que el gobierno federal hace a las entidades, recomendándoles que corrijan su actuación.
 
La Alerta de Género es el único y el mejor mecanismo que se ha integrado a alguna ley en México para detener la violencia feminicida.
 
Desafortunadamente en nuestro país lo que no es obligatorio -y aún lo que sí-  es la mejor oportunidad para incumplir, para tomarlo a la ligera.
 
Existe ya una verdadera inquietud entre la población en relación a por qué no se emiten de inmediato las alertas de género cuando las mujeres la solicitan. La mirada internacional está puesta en México, pues con más frecuencia es tema en diarios extranjeros.
 
La difusión y el trabajo de las organizaciones de mujeres como Arthemisas por la Equidad en Nuevo León, o el Colem en Chiapas, comprometidas en la lucha contra el feminicidio, ha dado como resultado que la Secretaría de Gobernación al fin emita un dictamen y considere necesaria la declaratoria de AVG.
 
Ojalá que los argumentos que “convencieron” a la Segob para declarar las dos AVG, no sean obsoletos y la situación real del feminicidio se haya agravado tanto, que las medidas de emergencia, si es que se contemplan, ya ni siquiera cubran lo que hoy se necesita.
 
La Alerta de Violencia de Género debe recuperar su espíritu de emergencia. No puede seguir sucediendo que pasen años para declarar que los gobiernos tomen medidas urgentes, temporales, para garantizar la seguridad, integridad y libertad de las mujeres. Queremos ver cerca el fin del feminicidio.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
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NACIONAL
POBLACIÓN Y DESARROLLO
   Gobierno dice que es prioridad, pero le quita recursos para 2017
Prevención y atención de violencia contra mujeres, sólo en papel
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 30/09/2016

Pese a que uno de los objetivos del gobierno federal es prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas y garantizar su acceso a la justicia -según el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018- el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017 prevé recortes a programas en la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR).
 
Para cumplir este objetivo el PPEF incluye en el Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, un apartado que contiene montos específicos para este objetivo.
 
Entre las instancias que reciben recursos para erradicar la violencia de género están la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) de la Segob, y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la PGR.
 
Para 2017 el PPEF contempla una reducción para los recursos del programa “Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres”, de la Conavim, toda vez que planea otorgarle 143 millones 844 mil 21 pesos, mientras que en 2016 recibió 204 millones 370 mil 290 pesos.
 
Con los recursos de este programa la Comisión realiza diversas acciones, por ejemplo, diseña e instrumenta la política pública en materia de igualdad entre mujeres y hombres y construye y equipa los Centros de Justicia para las Mujeres.
 
A la fecha existen 29 Centros de este tipo que están en funcionamiento, 27 de los cuales atendieron a un total de 17 mil 13 mujeres víctimas de violencia durante los primeros tres meses de 2016, según informó la Conavim a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su primer informe trimestral sobre avances financieros.
 
En una reunión con la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Alejandra Negrete Morayta, titular de esta instancia, informó que estos centros están equipados para atender a las mujeres, cuentan con Ministerio Publico, salas de juicios orales y ludoteca para las hijas e hijos de las víctimas.
 
De acuerdo con la funcionaria este año se invirtieron 51 millones de pesos para la construcción de Centros de Justicia para las Mujeres y hasta ahora sólo falta que Tlaxcala tenga uno de estos complejos arquitectónicos. 
 
La Segob también es la encargada de operar el “Programa de Derechos Humanos” el cual está en manos de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y de la Dirección General de Estrategias para la Atención de los Derechos Humanos de esta dependencia, el cual funcionará con menos recursos el siguiente año; este año recibió 37 millones 205 mil 286 pesos; para 2017 obtendrá 19 millones 76 mil 260 pesos.
 
Estos recursos son para acciones específicas para mujeres en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y para la implementación del Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de la Trata de Personas y la Protección de Víctimas de estos Delitos.
 
Parte de esta bolsa también se usa para operar y fortalecer el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.
 
En materia de delitos la PGR también recibe recursos para atender la violencia de género a través de la Fevimtra, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos. El PPEF también reduce los recursos destinados a esta instancia.
 
Por ejemplo, el programa presupuestario “Investigar y perseguir los delitos relativos a la delincuencia organizada”, pasaría de tener 66 millones 179 mil 517 pesos, a 52 millones 271 mil 350 pesos.
 
La SEIDO utiliza estos recursos para acciones como capacitar al personal en temas de sensibilización de género y para realizar investigaciones como lo mandan las Leyes Generales para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 
Otro programa que opera la PGR es el de Promoción del respeto a los Derechos Humanos y atención a víctimas del delito – a cargo de Fevimtra– a través del cual se realizan investigaciones acordes con las leyes para erradicar la trata de personas y la violencia de género el cual  tuvo este año 4 millones 76 mil 570 pesos y para 2017 recibirá 3 millones 694 mil 582 pesos.
 
Actualmente la Cámara de Diputados está en análisis del PPEF 2017 para que las y los diputados eventualmente hagan  modificaciones para aprobarlo en noviembre próximo, en este proceso la Comisión de Igualdad de Género puede proponer  adecuaciones a fin de no reducir los recursos para hacer frente la violencia de género.
 
16/AGM/LGL








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