REPORTAJE
VIOLENCIA
   Entre 2012 y el 2015 fueron asesinadas 169 mujeres en SLP
   Séptima de nueve partes
San Luis Potosí: otro caso de feminicidio para la SCJN
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Verónica Espinosa y Hazel Zamora Mendieta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/12/2017

La muerte de Karla Pontigo Lucciotto, de 22 años de edad estremeció a la sociedad potosina quien pasó después a la indignación, cuando su familia develó sus sospechas de lo que inicialmente fue consignado por la Procuraduría de Justicia estatal como un “homicidio accidental”, pero que en realidad, se trató de un feminicidio.

Karla, era estudiante de nutrición y trabajaba como edecán en una discoteca llamada “Play”, ubicada en la capital del estado. Era hija de una familia trabajadora –su madre es empleada de una maquiladora y su hermano mayor trabajaba también para mantener sus estudios-. Murió a fines de octubre del 2012 en el Hospital central de San Luis, al que llegó con múltiples heridas y golpes en el cuerpo y una de sus piernas casi cercenada, además de indicios de una agresión sexual.

La primera versión asentada en el expediente del Ministerio Público –al que durante mucho tiempo no pudo acceder la familia hasta que interpuso un amparo- señalaba que Karla había chocado accidentalmente con una puerta de cristal de la discoteca en la que trabajaba y se había herido la pierna.

Pero tras una lucha que ha llevado cinco años por parte de su familia y de los abogados que la respaldan (de la Fundación para la justicia y el Estado democrático de Derecho) y que ha llevado la búsqueda de justicia hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se sabe que la joven es una de las 55 mujeres asesinadas ese año 2012 en el estado, presuntamente por Jorge Vasilakos, el dueño de la discoteca, quien para las autoridades locales es indiciado por homicidio culposo.

Entre 2012 y el 2015 fueron asesinadas 169 mujeres en San Luis Potosí, según los registros del Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais). Karla figura en el segundo grupo de edad con mayor riesgo, entre los 18 y los 25 años de edad. Son las mujeres entre los 26 y los 40 años las víctimas mortales en mayor número.

A partir del 2012 se modificó el patrón del lugar donde son asesinadas la mayoría de las mujeres (hogar y vía pública).

Mientras que ese año la vía pública era el sitio más común en el que se cometían estos crímenes, en el transcurso de los años y al menos hasta el 2015, el hogar se fue convirtiendo en el escenario de los asesinatos.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

Karla forma parte de ese 5 por ciento de casos de mujeres cuyos homicidios se cometieron en comercios o establecimientos, como ocurrió la madrugada del domingo 28 de octubre, cuando su hermano, preocupado porque no salía de trabajar de la discoteca, entró al lugar y la encontró en el piso, desangrándose y pidiendo ayuda, antes de quedar inconsciente.

Un 10 por ciento de las mujeres que entre 2012 y 2015 fueron asesinadas en San Luis reportaron o sufrieron violencia familiar previamente. En el caso de Karla, testimonios de compañeros de trabajo, amigos y familiares refieren que el dueño de la discoteca la acosó desde que comenzó a laborar, que la vigilaba en otras actividades que ella realizaba y que un día le robó el teléfono celular.

Tras su violenta muerte –así lo atestiguan las casi 40 lesiones que le fueron encontradas, incluyendo heridas defensivas características de un ataque sexual- Karla siguió siendo violentada por el sistema de procuración de justicia del estado, según han denunciado su familia y los abogados: el Ministerio Público acudió hasta casi dos días después a la discoteca, donde encontró todo el lugar impecable porque ya el propietario había ordenado que lo limpiaran, así que no hubo preservación de la escena.

Eso sí, el Ministerio Público acudió al hospital mientras Karla agonizaba, para presionar a su mamá Lucero a que autorizara la donación de sus órganos y cremara sus restos, y encima de todo, la misma autoridad investigadora “extravió pruebas”, como una muestra tomada del cuerpo de Karla que hacía suponer un ataque sexual.

El 4 de julio de 2015 la SCJN atrajo el caso para revisar si el Ministerio Público investigó de manera diligente y con perspectiva de género el homicidio de esta joven estudiante universitaria, un rango de escolaridad al que pertenecían casi 8 por ciento de las mujeres que fueron asesinadas en sus casas en el periodo ya multicitado.

Pero son las mujeres con secundaria completa las que corren mayor riesgo de morir asesinadas, lo mismo en sus hogares (12.6 por ciento de los homicidios) que en la vía pública (17.9 por ciento). Un 20 por ciento de quienes fueron asesinadas en sus hogares no tenía empleo, mientras que un 23.2 por ciento de las víctimas de homicidio en la vía pública se dedicaban a servicios de vigilancia o personales.

Karla era soltera, como la mayor parte de las mujeres víctimas de homicidio en San Luis (47.7 por ciento de quienes fueron agredidas en la vía pública y 40 por ciento de quienes lo fueron dentro de sus hogares).

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

En San Luis, la familia de Karla Pontigo ha denunciado que el gobernador Juan Manuel Carreras López no ha acatado una recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo para reparar el daño causado por la abultada lista de anomalías en la investigación de su muerte; para investigar a los funcionarios que han intervenido y en su caso, fincar responsabilidades.

La misma CNDH interpuso denuncias penales en contra de cuatro agentes del Ministerio Público, tres peritos y un médico forense, que están allí, en manos de la misma Procuraduría de Justicia, ahora Fiscalía General del estado –con el mismo ex procurador Federico Garza como Fiscal general-.

Mientras siguen esperando, Esperanza, mamá de Karla, tuvo que incrementar las horas de trabajo; su hermano mayor dejó de estudiar para apoyarla, y su hermanito pequeño se quedó sin la hermana que lo acompañaba y sufragaba parte de sus gastos.

Por ello, como la familia de Karla, los allegados de otras víctimas esperan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise el proceso llevado por las autoridades estatales y determine que su muerte fue un feminicidio, el tipo penal bajo el cual, de acuerdo con la propia Corte en 2015 a raíz de otro caso de feminicidio (el de Mariana Lima Buendía), deberían de ser investigados, en primera instancia, todos los asesinatos de mujeres en el país.

* Reportaje colaborativo coordinado y elaborado por periodistas de la Red Nacional de Periodistas de Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

17/VE/HZM/LGL








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Cuarta de nueve partes
   Homicidios rebasan media nacional
Adultas mayores con mayor riesgo de ser víctimas de feminicidio en Guanajuato
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Verónica Espinosa*
Cimacnoticias | Guanajuato, Gto.- 28/11/2017

A sus 66 años, Margarita Tinajero González murió asesinada el 23 de febrero del 2014 en su casa, en la comunidad rural La Hormiga de Jerécuaro, uno de los municipios con más bajo índice de desarrollo humano de los 46 que tiene Guanajuato.

Muy cerca de esa comunidad fue capturado su nieto de 14 años. Se había presentado en la casa aparentemente drogado; se dirigió directamente a su abuela, le propinó algunos golpes. Luego la apuñaló 70 veces. Otra de sus nietas presenció el homicidio.

Un día después, en Salamanca –un municipio cercano a Jerécuaro- dos jóvenes de 15 y 17 años de edad golpearon a Josefa Puente Miranda hasta matarla. Querían robarle el tanque de gas. Asesinaron a la mujer de 89 años en su propia casa cuando los descubrió. Después la envolvieron con una cobija.

María Muñiz Rentería tenía 75 años cuando fue asesinada en Valle de Santiago, el 25 de abril del 2015. Sus vecinos la encontraron tirada en el piso de la casa de techo y paredes de láminas negras donde vivía. Minutos antes la habían escuchado discutir con su hijo, Adán Ledezma Muñiz.

La casita donde María fue asesinada se ubica en la colonia El Calvario, en una zona de difícil acceso, calles sin pavimentar, una mayoría de habitantes sin un empleo remunerado -los pocos con sueldo reciben no más de dos salarios mínimos- y un promedio de escolaridad inferior a la media municipal y estatal.

Margarita, Josefa y María, son tres de las 314 mujeres que murieron asesinadas entre el 2012 y el 2015 en Guanajuato, un estado en el que cual el porcentaje de homicidios de mujeres mayores de 65 años (alrededor del 20 por ciento) sobresale de la estadística arrojada por el Sistema Nacional de Información en Salud, el Sinais.

La casa resulta ser el sitio más peligroso para la vida de las mujeres adultas mayores en el estado, tres veces más que la vía pública, que es el otro sitio donde son asesinadas las mujeres en Guanajuato.

La mayoría de estas víctimas contaba con una escolaridad mínima o sin estudios.

Las mujeres asesinadas entre 2012 y 2016 eran solteras o casadas casi en el mismo porcentaje; las menos, eran  divorciadas o vivían en unión libre.

Pero no sólo para ellas el hogar ha representado un sitio mortal: de acuerdo con los datos del Sinais, quienes tienen un nivel de estudios profesional tienen un doble riesgo de morir asesinadas dentro que fuera de sus casas.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

Por el contrario, en casos como el de Luz Salcedo Palacios, sobreviviente de una agresión sexual y física a sus 18 años, son las jóvenes con estudios de secundaria completa o bachillerato las que se enfrentan a la amenaza del feminicidio en las calles guanajuatenses.

La mitad de las mujeres asesinadas entre 2012 y 2015 tenían entre 18 y 40 años de edad.

Eso sí, hay un periodo del día en el que la mayoría de las víctimas fueron asesinadas o se les encontró muertas, jóvenes y mayores, en casa o en la vía pública: entre la una y las 4 de la madrugada.

No son los únicos riesgos a los que se enfrentan las mujeres víctimas de delitos, como lo describe el caso de Luz quien tres años después de haber conocido a un joven en un bar con otros amigos, quiso obligarla a sostener relaciones sexuales y cuando ella se negó, la privó de su libertad y la llevó a un paraje de una carretera donde la golpeó.

Luz hizo pública su denuncia, y fue por ello y por la intervención de la organización civil “Las Libres”, y la “Clínica jurídica del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE)”, que el agresor fue detenido, procesado y sentenciado. Aún así el proceso se llevó casi tres años, aunque fue uno de los primeros casos que entraron al nuevo sistema penal acusatorio, con la abrupta interrupción de los estudios y la cotidianidad.

La Procuraduría estatal de Derechos Humanos intervino y recomendó una disculpa pública, pero permitió que Luz fuera presionada por funcionarios del gobierno del estado para aceptarla cuando ni siquiera había sido notificada. Toda la experiencia fue traumática:

“Me parece una aberración por todo lo que yo pasé. Cómo es posible que en el hospital hayan puesto al agresor en una camilla frente a mí. Me parece increíble que eso siga pasando todavía; tratar de culpabilizar a la víctima por la ropa que traía, por las personas que conocía o por lo que estaba haciendo…lo veo y digo: con razón muchas mujeres no denuncian…”.

“Si los hombres violentos supieran que hay un castigo para lo que están haciendo, no lo harían…son números en crecimiento los de mujeres que son violadas, golpeadas o asesinadas. Pero tienen forma de disminuirse cuando veamos las mujeres que nuestra seguridad está salvaguardada por las instituciones. Si desestiman nuestras denuncias no tenemos la confianza de ir a denunciar”.

El “Centro Las Libres”, que por lo menos desde el año 2000 ha documentado los asesinatos de mujeres en Guanajuato, ha visto cómo se han modificado los modos y causales, como la aparición de un número cada vez mayor de homicidios por armas de fuego.

TV Cimac

Asesinatos de mujeres en Guanajuato





Además, tras la tipificación en noviembre del 2011 del feminicidio y la tentativa de feminicidio, se ha capturado, procesado y sentenciado a responsables por estos delitos en la entidad. No obstante, todavía pasó más de un año para que se consignara ante jueces un caso de feminicidio.

Datos del Supremo Tribunal de Justicia del estado señalan que entre 2013 y 2016 se conocieron 35 expedientes por feminicidio en el sistema de justicia tradicional y 47 en el sistema penal acusatorio oral. Entre el 2013 y el 2015 se dictaron 10 sentencias condenatorias en el sistema tradicional (la mínima de 25 años y la máxima de 37) y del 2013 al 2017, los jueces sentenciaron culpables a otras 13 personas, con penas de 15 hasta 43 años de prisión.

La integrante de “Las Libres”, Rosalía Cruz Sánchez, describe cómo hasta antes del 2015, aproximadamente, la violencia familiar u originada por la pareja era la causal principal, y posteriormente se involucran otros elementos como el narcomenudeo, el uso de armas de fuego. “Tenemos una cifra muy elevada de mujeres asesinadas este año, más de cien. Pero tenemos que ver esas otras causales, una violencia generalizada en la que las mujeres son el punto más vulnerable. Muchas mujeres han muerto incluso por estar en un lugar, con la pareja que vendía la droga o que se enfrentó en ataques armados, por ejemplo”.

En los casos de las mujeres adultas mayores víctimas de homicidio, Cruz Sánchez explicó que vivían en su mayoría en comunidades rurales o colonias populares, tenían tienditas o negocios pequeños en lugares apartados y fueron víctimas de mucha brutalidad. “Vemos muchas puñaladas, muchos balazos, como si ellas hubieran podido oponer mucha resistencia”.

Después de varias solicitudes de Alerta por Violencia de Género presentadas por esta organización civil ante la Conavim y las recomendaciones hechas al gobierno de Guanajuato hace casi dos años para atender la problemática, Rosalía Cruz afirma que “cada vez es más evidente que cuando hay un asesinato de una mujer, se investiga. Nos gustaría ver un número mucho menor de mujeres asesinadas. Quizás estamos en un pico muy alto pero los procesos judiciales también han ido avanzando. Hoy en Guanajuato hay ya varios sentenciados por feminicidio e incluso por tentativa de feminicidio, cuando antes todo se quedaba en lesiones”.

De hecho, uno de los argumentos presentados por el “Centro Las Libres” en las solicitudes, fue el de la saña creciente empleada por los feminicidas.

Mientras que en su calidad de sobreviviente, la joven Luz Salcedo pide a las autoridades que hagan sentir a las mujeres “que somos escuchadas, que somos respetadas y que nuestra seguridad es su prioridad”.

El estado de Guanajuato tipificó el feminicidio el 3 de junio de 2011, incorporando el artículo 153-A en el Código Penal estatal e hizo una reforma al mismo en junio de 2013.

* Reportaje colaborativo coordinado y elaborado por periodistas de la Red Nacional de Periodistas de Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

17/VE/LGL








REPORTAJE
VIOLENCIA
   En la madrugada ocurre gran parte de los homicidios
Jóvenes y solteras las mujeres asesinadas en Jalisco
CIMACFoto: Analy Nuño
Por: Analy Nuño, Gricelda Torres Zambrano, Elizabeth Rivera Avelar, Priscila Hernández Flores*
Cimacnoticias | Jalisco, Gua.- 24/11/2017

En Jalisco, de los 524 homicidios cometidos contra mujeres en el periodo de 2012 a 2015, la mitad (52 por ciento) ocurrió en la vía pública, lo que sitúa a este espacio, como el más peligroso para las mujeres de la entidad, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais).

La información del Sinais -elaborada con los certificados de defunción de Salud, actas del registro civil y el cuaderno de defunciones del Ministerio Público- consultados, evidencia que 51.9 por ciento (de las 524) eran solteras.

Los homicidios ocurren de camino a la escuela, al trabajo o cuando van de compras, luego de reunirse con sus amigas, o tras usar el camión, al volver a casa, con maternidad o sin ella.

La edad, es otro factor importante: 34.1 por ciento tenía entre 18 y 25 años y 37.1 por ciento entre 26 y 40 años.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

El horario en que se mueven en la vía pública también implica un factor de probabilidad para ser víctima. La salida del trabajo, la escuela, a divertirse o cenar, empatados con la oscuridad de la noche, la falta de luminarias en muchas zonas de la ciudad y la ausencia de vigilancia hacen de las 9 de la noche a las 4 de la madrugada el horario de más riesgo para ellas. Los datos revelaron que entre esas horas, 40.2 por ciento de las mujeres fue asesinada.

En cuanto a escolaridad y ocupación también hay una tendencia: 12.3 por ciento de las mujeres asesinadas tenía primaria terminada y 10 por ciento estudió la secundaria completa, mientras que 8.1 por ciento de ellas no trabajaba.

De acuerdo con datos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (SEMEFO), de estos 524 homicidios, en 44.6 por ciento se utilizó un arma de fuego; en 18.64 por ciento un arma punzo cortante; 15.35 por ciento murió por golpes; 8.77 por ciento fueron estranguladas y el resto por quemaduras y otros.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

MENOR DE 17 AÑOS, UNA DE CADA 5 MUJERES ASESINADAS

El registro del Sinais también da cuenta de los asesinatos cometidos contra niñas: 82 de las 524 mujeres asesinadas durante el mismo periodo (2012-2015) era menor de 17 años de edad; 20 tenían entre 0 y 11 años. Ni la calle, ni el hogar son espacios seguros para ellas: 42 fueron asesinadas en el hogar y 40 en el espacio público.

La mayoría de los homicidios de las menores de edad ocurrieron entre las 9 de la mañana y las 12 del día y entre las 5 de la tarde y 8 de la noche.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

PERFIL DE LAS VÍCTIMAS NO HA VARIADO EN TRES DÉCADAS

Para la académica y abogada de la Universidad de Guadalajara, Guadalupe Ramos Ponce, el perfil de las mujeres asesinadas en Jalisco es muy similar al de las víctimas en América Latina. “¿Esto qué te quiere decir? que son jovencitas, mujeres en edad productiva y reproductiva y que justo es en esa etapa donde son truncados sus sueños, sus planes de vida y ¡todo!”.

La experta, con más de 20 años de estudios en violencia de género, afirmó en entrevista, que desde la década de los noventa el perfil es el mismo. “En los últimos años no sólo no han cambiado las estructuras patriarcales, sociales, económicas,  jurídicas que sustentan una sociedad como la nuestra, sino que incluso se han agudizado esas estructuras y al mismo tiempo agudizan las violencias”.

La violencia feminicida, enfatizó Ramos Ponce, es “una violencia sistemática y estructural” que va desde el acoso hasta el feminicidio. Insistió que “no existen políticas públicas que prevengan, que sancionen la violencia contra las mujeres”. Algo que se contradice con los compromisos del Estado Mexicano al firmar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Belém Do Pará).

Para la representante en Jalisco del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), Alejandra Cartagena López, el principal problema es la impunidad.

“Si matan a una mujer no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? porque tenemos una cultura machista donde las mujeres no somos vistas como sujetas de derechos, sino como objetos que los varones pueden usar y desechar. Es así que nos usan y desechan. Tenemos una cultura que ha permitido y naturalizado la violencia de las mujeres”.

TV Cimac

Asesinatos de mujeres en Jalisco





En eso coinciden las familias de las víctimas: la falta de justicia es la principal deuda del Estado. Consuelo Pérez García, madre de una víctima, exige que el asesino de su hija -quién dejó en la orfandad a una niña de un año y ocho meses- sea castigado.

“Este tipo está en la penal ya, ¡y esperemos que no lo dejen salir! ¡Que no lo dejen salir! que pague lo que tenga que pagar, porque no se vale haber dejado a mi niña sin madre y a mi sin mi hija”.

Betsabé García Hernández fue asesinada por su marido en septiembre de 2015. Su madre, María Amparo Hernández, demanda justicia y cárcel para el asesino.

“A mí me pueden dar todo el oro y a mí no me llena, yo preferiría a mi hija. Yo con que lo agarren. Ya si lo agarran tanto mis hijos como mi nuera, mis nietos, vamos a andar más tranquilos”.

La defensora de Derechos Humanos, Cartagena López, lamentó que en muchos de los casos los hijos sean testigos de la muerte de sus madres. “Algo que nos hemos encontrado en el estado de Jalisco es que las mujeres son asesinadas frente a sus hijos”, lo que calificó como “maquiavélico” pues es un sufrimiento infringido a las mujeres el saber que sus hijos ven cuando las matan.  

Así ocurrió con Lidia Olivarez, asesinada por su pareja en la vía pública frente a sus hijos de 3, 6 y 7 años de edad. Su madre, María Guadalupe Centeno Trujillo, habla de lo sucedido el 8 de octubre de 2017:

“A mi hija la pareja la asesinó. La mató con una navaja, le dio siete puñaladas, una le tocó en el corazón. A mí los niños me dijeron que su papá le pegaba a su mamá y de hecho cuando la mató los niños estaban presentes, ellos vieron, los tres chiquitos. No preguntan por su mamá porque dicen que su mamá está muerta, dicen que su papá la mató, pero del papá no preguntan nada”.

En México a partir de 2012 el Código Penal Federal considera como feminicidio los asesinatos de mujeres donde el homicida tenga o haya tenido alguna relación de sentimental, afectiva o de confianza. Aunque ésta no es la única causal, también contempla cualquier signo de violencia sexual; lesiones o mutilaciones degradantes, así como actos de necrofilia; antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar; si hubo amenazas, acoso o lesiones previas al homicidio; si la víctima fue incomunicada antes de la privación de la vida, y si el cuerpo de la víctima es expuesto o exhibido en algún lugar público.

Bajo este criterio 385 de los homicidios reportados en el Sinais como homicidio se considerarían casos de feminicidio, ya que se documentó violencia familiar previa. Los estados que acumulan más casos son: Estado de México (58), Colima (37), Guanajuato (23), Ciudad de México (20), Puebla (20), Veracruz (17), Coahuila (16), Michoacán (16) y Oaxaca (16).

Jalisco estipuló en el artículo 232 BIS de su Código Penal el delito del feminicidio, el cual entró en vigor  en septiembre de 2012. En él, se determina que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género y concurra, además, alguna de las circunstancias previstas en el tipo penal, entre las que señala relación de parentesco, o cualquier tipo de unión entre la víctima y su agresor, sin embargo, muchos de estos homicidios dolosos continúan investigándose bajo esta figura penal y no, como feminicidio, aún cuando cumplan con las características.

* Reportaje colaborativo coordinado y elaborado por periodistas de la Red Nacional de Periodistas de Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

17/AN/GTZ/ERA/PHF/LGL








INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Cada año son asesinadas por sus parejas más de 60 mil mujeres
   
“Atrapadas. Del amor romántico al feminicidio”
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias/Cerigua | Guatemala, Gua .- 23/11/2017

La Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG), en Madrid, España, realizará el performance “Atrapadas. Del amor romántico al feminicidio”, con motivo del 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La AMG reúne en Madrid a mujeres de todos los continentes para denunciar que el amor romántico daña gravemente su autonomía y constituye, en innumerables ocasiones, la antesala del feminicidio.

La performance pone en escena a mujeres jóvenes, vestidas de novia, con corazones “humanos” atrapados en jaulas, que recorrerán la Gran Vía de Madrid, interactuando con las y los peatones, a través de una reflexión sobre la crisis global denominada feminicidio y algunas de sus raíces más profundas, como las creencias sobre el amor romántico.

La información destaca que cada año, en el mundo, son asesinadas más de 60 mil mujeres a manos de hombres con quienes mantenían una relación de pareja o por familiares.

Asimismo, señala que las mujeres, en todo el mundo, viven atrapadas por mandatos que les imponen el “ser para otros”; se trata de reglas que, aunque están descomponiéndose en algunos lugares del planeta, no terminan de romperse por completo; son instituciones sociales diseñadas para el mantenimiento de la dominación patriarcal, a base de la subordinación de las mujeres.

Uno de esos mandatos es el del amor romántico, un complejo conjunto de creencias y mitos que diseña y esculpe, bajo pena de castigo social, mujeres que están socializadas para sacrificar enormes dosis de su libertad y autonomía a cambio de encajar en un molde que no sólo se convierte en su prisión sino del cual les es, en muchos casos, imposible escapar vivas.

El amor romántico es la categoría cultural en que se asienta el modelo de pareja y de familia patriarcal que representa en la actualidad uno de los escenarios de mayor riesgo para la vida de las mujeres; es un mandato social y de género que daña gravemente la libertad, la autonomía y la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres; es también la antesala de la inmensa mayoría de feminicidios, subraya.

Algunos datos recabados por la AMG, destacan que cada año 60 mil mujeres y niñas son asesinadas de manera violenta en 104 países y territorios del mundo, lo que representa 16 por ciento de los homicidios dolosos en el hemisferio, según el Informe Carga Global de la Violencia Armada 2015, Secretaría de la Declaración de Ginebra.

Dos de cada tres víctimas de homicidio a manos de la pareja o familiares son mujeres, a diferencia del total de casos de homicidio, en los cuales las mujeres constituyen 20 por ciento de las víctimas, refiere The World’s Women 2015, ONU Mujeres.

17/RED/LGL








REPORTAJE
   Una de cada tres es asesinada en la vía pública
   PRIMERA DE 9 PARTES
La calle, el sitio más peligroso para las mexicanas
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Samantha Páez y Sandra de los Santos*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/11/2017

Este 2017, la defensa por los derechos de las mujeres en México marca dos aniversarios importantes: hace 10 años se promulgó y entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y desde hace cinco está vigente en el Código Penal Federal el delito de feminicidio, el cual es definido como el asesinato de una mujer por razones de género. Es decir, por ser mujer.

Si bien ambas normativas fueron impulsadas para modificar las políticas públicas enfocadas a garantizar una vida libre de violencias para las mujeres y niñas así como para mejorar la procuración e impartición de justicia para las víctimas de violencia de género, eso no se ha logrado para ninguna en el territorio  nacional.

Las instituciones de procuración de justicia en el país no han homologado la investigación de los casos de feminicidio, ni los protocolos para realizar estas investigaciones, así que en todos los estados del país la mayoría de los asesinatos de mujeres se siguen investigando como homicidios y los responsables juzgados bajo ese tipo penal, además de que los tribunales estatales son omisos en la aplicación del fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visto como "un insumo, no una obligación", según han referido juzgadores de estados como Guanajuato.

A días de conmemorarse el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, integrantes de la Red Nacional de Periodistas de los estados de Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala, presentarán un serial de reportajes que demuestran cómo ser asesinada en cada uno de estos estados, tiene características específicas, como el ser joven, tener cierto grado de estudios y el lugar donde ocurren los hechos.

TV Cimac

Mujeres asesinadas en México





EL FEMINICIDIO EN EL PAÍS

En México, de 2012 a 2015, fueron asesinadas 10 mil 10 mujeres; siete al día, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información de Salud (Sinais). Pero ¿cómo son estas mujeres a quienes se les privó de la vida? La información de Salud nos permite asomarnos a la realidad nacional, pero también a la de los estados.

Lo primero que salta a la vista al analizar la información del Sinais -elaborada con los certificados de defunción de Salud, actas del registro civil y el cuaderno de defunciones del Ministerio Público- es que en el país una de cada tres mujeres fue asesinada en la vía pública, esto convierte a las calles en el sitio más peligroso para las mujeres.

Después de la vía pública el otro lugar donde más matan a las mexicanas es el hogar: 22.8 por ciento. Le sigue “otro lugar” –que en la estadística no está definido-, con 17.6 por ciento y “se ignora”, con 15.4 por ciento.

La mayor parte de víctimas de homicidio en la vía pública eran solteras -42.6 por ciento- y una de cada cinco tenía de 26 a 40 años. Aunque a nivel nacional el grupo específico más vulnerable son las mujeres solteras de 18 a 25 años.

En cuanto a las mujeres que fueron asesinadas en sus hogares, la mitad -49.4 por ciento- vivía en pareja, es decir, su estado civil era casada o en unión libre, mientras que una tercera parte era soltera; y una de cada diez, viuda.

Los homicidios de mujeres ocurridos en la vía pública correspondieron a mujeres con estudios de bachillerato y superiores; en el hogar fueron de mujeres sin escolaridad. Es decir, entre más es el nivel de estudios existe una mayor probabilidad de que a las mexicanas las maten en la vía pública.

Los datos del Sinais también revelan que 39 por ciento de las víctimas “no trabajaba”, aunque este criterio quizás se deba a que se dedicaban al trabajo del hogar no remunerado o a que estaban estudiando. A nivel nacional, una de cada tres víctimas se empleaba en servicios personales y vigilancia y otro 7.7 por ciento al comercio.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

¿Qué pasa en los estados?

En los estados se viven realidades distintas. Por ejemplo, en Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Quintana Roo, la mayor parte de los homicidios de mujeres ocurren en el hogar. Mientras que en Guerrero, Morelos y Tamaulipas los homicidios de mujeres en la vía pública sobrepasan el promedio nacional.

Las edades, estados civiles y ocupaciones de las víctimas de homicidio también varían de entidad federativa a otra. En algunas se sigue la tendencia nacional de que son las mujeres de 26 a 40 años las principales víctimas, pero en Oaxaca el rango de edad se eleva y en Chihuahua disminuye; mientras que Tlaxcala es la entidad donde más asesinan a niñas de 0 a 11 años.

El Estado de México se convirtió en una de las entidades más violentas y peligrosas para las mujeres, seguido por Coahuila y Guerrero. Pero a partir de 2013, entidades como Puebla y Baja California pasaron de estar en los últimos lugares a los primeros. 

LOS HOMICIDIOS DE MUJERES NOS IMPORTAN

Del total de homicidios del país, nueve de cada diez corresponden a hombres y sólo un 12 por ciento de los casos es de mujeres. ¿Por qué entonces analizar los asesinatos de mujeres? Porque 95 por ciento de los homicidios, no sólo en México sino en el mundo, son perpetrados por hombres, de acuerdo con el Estudio mundial sobre el homicidio 2013, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Esto casi en consecuencia vuelve a las mujeres víctimas y, según el estudio antes mencionado, la gran mayoría de victimarios son personas cercanas a las mujeres, como sus compañeros íntimos y sus parejas.

En México a partir de 2012 el Código Penal Federal considera como feminicidio los asesinatos de mujeres donde el homicida tenga o haya tenido alguna relación de sentimental, afectiva o de confianza. Aunque ésta no es la única causal, también contempla cualquier signo de violencia sexual; lesiones o mutilaciones degradantes, así como actos de necrofilia; antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar; si hubo amenazas, acoso o lesiones previas al homicidio; si la víctima fue incomunicada antes de la privación de la vida, y si el cuerpo de la víctima es expuesto o exhibido en algún lugar público.

Bajo este criterio 385 de los homicidios reportados en el Sinais como homicidio se considerarían casos de feminicidio, ya que se documentó violencia familiar previa. Los estados que acumulan más casos son: Estado de México (58), Colima (37), Guanajuato (23), Ciudad de México (20), Puebla (20), Veracruz (17), Coahuila (16), Michoacán (16) y Oaxaca (16).

En su fallo de 2015 por el caso de feminicidio de Mariana Lima Buendía, asesinada por su pareja en el Estado de México en 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que todos los asesinatos de mujeres tendrían que ser investigados bajo los protocolos de feminicidio, preservando las evidencias que determinen si se cometen ataques sexuales y realizando las periciales necesarias para conocer si las mujeres estuvieron inmersas en un contexto de violencia.

CHIAPAS: LA JUSTICIA QUE NO LLEGA

En junio del 2013, Omar Fernando Rosales Toledano, entonces secretario particular del senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Luis Armando Melgar, fue detenido por el feminicidio de Viridians Flores Ramírez, de 21 años de edad y con quien sostenía una relación sentimental y había procreado un hijo.

Omar Fernando arrojó el cuerpo de Viridians al puente San Cristóbal ese 2013. Fingió el secuestro de la joven y hasta pidió un rescate a sus padres, quienes sospechaban de él porque su hija había sostenido una relación sentimental y lo abandonó por sufrir violencia física. Fernando Rosales Toledano se dio a la fuga, pero fue aprehendido.

A cuatro años de distancia no ha recibido sentencia y su juicio sigue en proceso pues el inculpado continúa interponiendo amparos, apelaciones y otros recursos legales que han retrasado el fallo final.

En Chiapas, 352 mujeres fueron asesinadas de 2012 a 2015, de acuerdo con datos del Sinais elaborado con los certificados de defunción de Salud, actas del registro civil y el cuaderno de defunciones del Ministerio Público.

La mayoría de mujeres asesinadas –una de cada tres- eran solteras al momento de su muerte como es el caso de Viridians, quien se había separado de Omar Fernando. También una de cada cuatro de las víctimas de homicidio tenían de 18 a 25 años de edad, como Viridians, lo cual coloca a este grupo poblacional como el segundo más vulnerable tan sólo después de las mujeres de 26 a 40 años.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

La posición económica de Fernando Rosales Toledano le ha permitido interponer una serie de recursos, legales entre ellos un amparo federal de excarcelación alegando presuntos problemas de salud.

De agosto a octubre de este año, estuvo internado en un hospital privado de Tuxtla Gutiérrez, uno de los más conocidos y costosos de la capital del estado, por padecer, presuntamente “problemas gastrointestinales y con el nervio ciático”.

El juez quinto federal, José del Carmen Constantino Avendaño, otorgó un amparo al feminicida para que pudiera ser excarcelado y atendido en el sanatorio particular, lo que fue denunciado públicamente por la familia de Viridians quien logró, apenas hace unas semanas, que éste regresara a la cárcel para continuar con su proceso legal.

Los datos del Sinais revelan que la mayor parte de las mujeres –seis de cada diez- que sufrieron previamente violencia fueron asesinadas en sus hogares; es decir, en un lugar privado.

El hogar es uno de los sitios más peligroso para las chiapanecas, ya que una de cada cinco es asesinada ahí, mientras que en la vía pública son asesinadas entre 30 y 40 por ciento de las mujeres y en otro lugar –como puede ser un hotel- el 15 por ciento, tal cual ocurrió con Viridians.

El grupo etáreo más propenso a un homicidio es el que corresponde a las mujeres de 26 a 40 años de edad, en unión libre; así como las que no trabajan y que tienen estudios de secundaria.

En el caso de Viridians, sus padres han tenido que salir a los medios de comunicación en más de una ocasión para denunciar la forma en que se ha llevado el proceso del feminicida confeso. Es la segunda vez que logra obtener un amparo de excarcelación por supuestos problemas de salud. El temor de la familia es que logre escaparse cuando está fuera de la cárcel.

En septiembre del 2014 los familiares denunciaron que el juez Julio César Morales Ríos aceptó llevar a cabo la reconstrucción del crimen, a petición del acusado, con el cuerpo de un cerdo. La diligencia fue suspendida ante la indignación de la familia y la ciudadanía, por no respetar Ley de Víctimas, que establece que éstas deben ser tratadas, aun cuando haya fallecido, con humanidad y respeto a su dignidad.

La familia de la joven ha seguido durante estos cuatro años todo el proceso legal del feminicida de su hija para vigilar que no use sus influencias para lograr una pena más ligera.

En Chiapas, el delito de feminicidio se contempla en el artículo 164 bis del Código Penal del estado, el cual entró en vigor el 8 de febrero de 2012 y establece una pena de 25 a 60 años de prisión a quien lo cometa.

* Reportaje colaborativo coordinado y elaborado por periodistas de la Red Nacional de Periodistas de Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala

17/SP/SS/LGL








NACIONAL
   Realizan audiencia en Reclusorio Oriente
Extienden plazo de investigación por feminicidio de Lesvy
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/11/2017

La jueza Gloria Hernández Franco adscrita a la unidad de gestión judicial número 6, a cargo de la audiencia de Jorge González, ex pareja de Lesvy B. Rivera Osorio acusado de su feminicidio, extendió al 11 de enero de 2018 el plazo de la investigación por este delito, por lo que a partir de esta fecha se terminará la parte de aportación de pruebas de ambas partes.

Lesvy, de 22 años, fue hallada asesinada en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 3 de mayo pasado. La Procuraduría capitalina (PGJDF) argumentó que ella se había suicidado pese a que su cuerpo presentó signos de violencia que acreditan un feminicidio y los videos de seguridad de la universidad muestran a Jorge Luis González Hernández agrediéndola previo a su muerte.

El viernes pasado se realizó la audiencia para ventilar el caso en la sala 7 del sistema procesal acusatorio del Reclusorio Oriente (donde se encuentra recluido el feminicida) la cual inició con una hora de retraso porque los agentes del Ministerio Público (MP) Alejandro Madrid Soria y Fabián Lara Ramírez, de la Fiscalía Central para la Investigación de Homicidios, a cargo de la indagación y en representación de la familia, no llegaron a tiempo.

La audiencia inició a las 13:47 horas y no a las 12:30 como estaba previsto. En ese lapso un funcionario del Área de Estrategias Procesales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJDF), sin conocimientos del caso, se presentó para cubrir a los agentes. “Solicitó de 30 a 40 minutos para revisar la carpeta de investigación”, dijo. Después de ese tiempo, los agentes de la Fiscalía de Homicidios llegaron y lo sustituyeron.

“Todo ese tiempo de espera puso en incertidumbre e indefensión jurídica a la familia de Lesvy”, afirmó en entrevista la observadora de la Cuarta Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) Xanny Hernández, quien dijo que por esa razón presentarán un escrito a la PGJDF en el que le llamarán la atención y expondrán que la instancia de justicia violó el derecho de la familia Rivera Osorio a estar representada.

Para uno de los abogados del caso, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Alejandro de Jesús Martínez Martínez, el retraso fue una muestra más de la actitud omisa con la que la PGJDF ha actuado desde el inicio de la investigación. 

Durante la audiencia, Jorge González, ex pareja de Lesvy acusado de asesinarla, se mostró indiferente. Fue hasta que escuchó el fallo de la jueza cuando, molesto, levantó los hombros y opinó; “el tiempo se me hace excesivo, pero me acato a lo que ordene”.

La abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, organización que acompaña el caso, Sayuri Herrera Román, indicó que el plazo apenas alcanza para realizar los peritajes independientes que contemplan, como la reconstrucción de hechos en la caseta telefónica del Instituto de Ingeniería en CU, donde Lesvy fue hallada asesinada- y la consulta de peritos independientes.

La jueza Gloria Hernández recordó a los agentes de la PGJDF el compromiso que tienen de investigar con perspectiva de género, como ordenó la Quinta Sala Penal del TSJDF el pasado 18 de octubre cuando pidió a la instancia de justicia reclasificar el delito por el que se investigaba a Jorge González (de homicidio simple por omisión) a feminicidio agravado.

La PGJDF, mencionaron los ministerios públicos, utilizará la extensión del plazo para solicitar la ampliación de entrevistas de algunos peritos involucrados en la investigación (médico forense y uno en criminalística); además de realizar peritajes en trabajo social, en antropología social, así como una autopsia psicológica a familiares y amistades de la víctima.

“Necesitamos este tiempo para realizar algunos elementos que por el nuevo delito que se investiga (feminicidio agravado) son necesarios”, argumentó el agente Fabián Lara a la jueza durante la audiencia.

Herrera Román, destacó que estos peritajes, tuvieron que realizarse desde el inicio de la indagatoria, apegados al Protocolo de Investigación del delito de Feminicidio, “pero no lo hicieron, aunque la PGJDF afirmó que agotó esa línea”.

De acuerdo con los abogados de la familia de Lesvy, el primer plazo de la investigación terminó el pasado 10 de noviembre, pero ellos, recordaron, solicitaron una audiencia de ampliación con la que buscaban que fuera hasta el 17 de enero del 2018 cuando concluyera la etapa de aportación de pruebas, por ello quedaron inconformes con el fallo de la jueza, que restó 6 días para el mismo.

“Los seis días que nos  quitaron son importantes. Yo sí valoro el tiempo porque Jorge me lo quitó con mi hija cuando la mató; y por meses las autoridades nos impidieron saber de la investigación” opinó molesta la mamá de Lesvy, Areceli Osorio Martínez.

Para Lesvy Rivera Calderón, papá de Lesvy, la ampliación no los deja satisfechos del todo “no nos dieron días muy importantes, se les olvidó que ellos nos tuvieron más de dos meses sin ver la carpeta de investigación”.

Por lo pronto, dijo que seguirán con el proceso legal de la mano de las organizaciones y colectivos de mujeres que se sumaron a la exigencia de la verdad y que hoy no estuvieron ausentes pues organizaron un mitin afuera de la sala séptima y al finalizar la audiencia recordaron la consigna: “¿Qué quiere Lesvy?... ¡Justicia!”

17/MMAE/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Presenta propuesta de reforma al reglamento de la LGAMVLV
Grupo de Trabajo decidirá procedencia o no de AVG, propone Inmujeres
Imagen Sandra Segura
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/11/2017

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) presentó una propuesta para reformar el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) en la que se facultaría al Grupo de Trabajo la decisión de procedencia o improcedencia de la Alerta de Violencia de Género (AVG).

La propuesta, presentada hace unos días ante organizaciones de la sociedad civil, incluye también la reducción del tiempo para declararla en máximo dos meses.

Según la reforma al Artículo 36 Ter del proyecto de Inmujeres que consultó Cimacnoticias, una vez aceptada la solicitud de Alerta y conformado el Grupo de Trabajo, éste tendría 45 días hábiles para realizar el estudio sobre el contexto de violencia contra las mujeres en el territorio solicitado.

La investigación que resulte ya no sería un “informe”, sino un “dictamen” pues el grupo de expertas además de entregar el estudio y las recomendaciones sobre la política pública que los gobiernos estatales deben cumplir, tendrían que incluir su decisión de procedencia o improcedencia de la emisión de la AVG.

Por ello el Inmujeres plantea añadir un Artículo 36 Cuáter, en el que se indica que “el Grupo de Trabajo votará sobre la declaración de la AVG; si las académicas resuelven que no hay elementos suficientes de violencia para declarar la Alerta el proceso terminaría y las organizaciones civiles no podrían presentar otra solicitud por los mismos motivos sin que hubieran transcurrido por los menores tres meses”, puntualiza el documento de reforma.

En caso de que exista un empate en la votación del Grupo de Trabajo conformado por 8 personas, quien coordine el grupo de expertas decidiría por el resto del equipo.

Cabe resaltar que Inmujeres propone que la coordinación del Grupo de Trabajo la realice una persona de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) dependencia de la Secretaría de Gobernación (Segob).

GRUPO DE TRABAJO DEBE SER AUTÓNOMO

Al ser consultadas por esta agencia, integrantes de OSC expertas en violencia de género, denunciaron que si el Grupo de Trabajo no cuenta con la experticia y autonomía las Alertas terminarán por frenarse.

Para la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada Mendoza, la imparcialidad, autonomía y especialización de los Grupos de Trabajo es una demanda que han exigido en reiteradas ocasiones las organizaciones peticionarias de las AVG.

Recordó que la no politización de la AVG es un logro de las organizaciones civiles. Desde la última reforma publicada en 2013 al reglamento de la Alerta, la Secretaría Ejecutiva conformada por las titulares de los institutos de las mujeres dejó de decidir la declaración del mecanismo, la decisión pasó a manos de Segob con base en las pruebas que entreguen las expertas.

Sin embargo se ha visto que estos Grupos de Trabajo no están conformados por personas especializadas en temas de violencia de género: como violencia feminicida, desaparición de mujeres, trata de mujeres o violencia sexual, por el contrario son “grupos a modo”, denunció la coordinada del OCNF, organización que ha tramitado la AVG de entidades como el Estado de México y la Ciudad de México.

En ello coincidió la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, “No tenemos especialistas sobre este tema en el país, si te fijas en todos los informes de los Grupos de Trabajo las recomendaciones para los gobiernos son una copia, no contextualizan la situación de cada estado. Ahora el Grupo de Trabajo va a tener esa posibilidad de decidir pero desde el desconocimiento y los juegos políticos”, señaló.

Inmujeres insiste que en el Grupo de Trabajo deben seguir participando una representante del Instituto y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); dos académicas de carácter nacional y dos que radiquen dentro del territorio donde se solicitó el mecanismo.

En la experiencia que ha tenido como peticionaria de la AVG en Guanajuato, Sánchez Cruz cuestionó los aportes que han tenido en el proceso de investigación estas tres instituciones (CNDH, Inmujeres y Conavim):

“La CNDH no ha hecho alguna aportación sustantiva en la investigación, Inmujeres debería salirse del grupo porque fue creado para vigilar la transversalidad de la política pública en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres”.

En el caso de Conavim, la directora del Centro las Libres indicó que le corresponde no sólo vigilar las Alertas sino aportar personal profesionalizado en género. “Si Conavim tuviera este equipo técnico de especialistas no tendría que hacer las convocatorias, el problema es que no tiene la capacidad y lo que hace son negociaciones políticas discrecionales”, sentenció.  

Esta ha sido una crítica reiterada a Conavim recientemente, al no decretar la Alerta en estados como Puebla y Tlaxcala donde las organizaciones han documentado el aumento de los casos de feminicidio y la desaparición de mujeres.

La asesora jurídica de la asociación Equifonía, peticionaria de las dos Alerta de Veracruz (violencia feminicida y agravio comparado), Adriana Fuentes Mazo, aportó otro factor determinante para que los Grupos de Trabajo tengan mejores condiciones para funcionar: no tienen el tiempo suficiente para hacer una investigación de campo profunda y no se les entregan recursos económicos para que lo realicen, su participación es voluntaria.

Con estas modificaciones al reglamento, las autoridades de los estados ya no contarían con un plazo de seis meses para atender las observaciones de los Grupos de Trabajo; la Conavim remitiría directamente el dictamen de las académicas a la Segob, quien con estos elementos tendría 10 días para informar la decisión final sobre la declaratoria de la Alerta.

Por lo tanto, el proceso se reduce a dos meses, un avance importante coinciden las defensoras de los derechos de las mujeres, ya que la burocracia y negativa de las instituciones ha hecho que las Alertas tarden años de emitirse, por ejemplo, en el Estado de México se tardó 5 años.

Otra facultad que se le daría al grupo de expertas es que tras reunirse tendrían la posibilidad en un periodo de tres días de solicitar a Segob que dicte una serie de medidas de emergencia a los gobiernos locales con el fin de que las implementen de inmediato en los municipios en los que se solicitó la AVG.

La Secretaría vigilaría que estas medidas se cumplan por medio de un informe que entregarían los estados mientras se decide en los dos meses la procedencia de la AVG.

AVG CON CADUCIDAD

En este sentido Inmujeres también precisa en el Artículo 37 que las académicas deben incluir en el dictamen “la vigencia que tendría la declaratoria”, con ello la AVG se reduce a un “instrumento de intervención gubernamental de emergencia”, se describe.

La actual normativa indica que “la declaratoria de Alerta de Violencia de Género tendrá como finalidad detenerla y erradicarla, a través de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas por la Secretaría de Gobernación en el ámbito federal y en coordinación con las entidades federativas y los municipios”.

Asimismo la reforma plantea incorporar un Artículo 30 Bis en el que se indican dos motivos por los cuales procedería una solicitud de Alerta de Género: “cuando exista en un lugar determinado un contexto de violencia feminicida contra las mujeres”, y/o, “cuando exista un agravio comparado”.

Luz Estrada señaló que es necesario revisar la redacción de este Artículo porque podría generar trabas al momento de la solicitud y condicionar a las organizaciones civiles a presentar pruebas de que existe violencia de género en el territorio en el que piden el mecanismo, una tarea que actualmente es responsabilidad del Grupo de Trabajo por medio de la investigación exhaustiva. Las asociaciones civiles sólo deben presentar a la Secretaría Ejecutiva los documentos del trámite y el motivo de la solicitud.

Las agrupaciones que recibieron por parte de Inmujeres esta propuesta ya enviaron sus observaciones, por lo que esperan que éstas sean escuchadas. La principal demanda es que se les integre dentro del proceso de AVG no sólo como peticionarias y fortalecer la actuación del Grupo de Trabajo con la participación de personal especializado en investigación criminal, política pública en género y derechos de las mujeres.

Actualmente son 28 solicitudes de Alerta de Violencia de Género que se han hecho en el país. En 12 entidades el mecanismo se decretó y está vigente: Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit.

En tanto, en 7 entidades Segob decidió no declararla: Querétaro, Tlaxcala, Sonora, Puebla, Tabasco, Baja California y Guanajuato. 

17/HZM/LGL








OPINIÓN
   MUJER SONORA
   
Alertas que sirven. Sonora y la AVG
Imagen de Silvia Nuñez Esquer
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 12/07/2017

El que Sonora haya hecho del proceso de la Alerta de Género una vacilada, no significa que las alertas de género no sirvan. Dos años para atender la solicitud y una prórroga sin fundamento, son muestras de ello.
 
El mecanismo creado como algo muy novedoso en 2006 en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México, vislumbraba lo que venía: un incremento en la violencia feminicida, pues ya había evidencia de que no solo en Chihuahua se disponía de la vida de las mujeres, sino en todo México.
 
Y es que esa ley vanguardista en su momento también pensó en la AVG como una protección y un límite, después del cual pararían las muertes violentas de género contra las mujeres.
 
Pero también quienes la hicieron, pensaron en el resguardo de la integridad individual al introducir las órdenes de protección como un mecanismo amplio de urgencia para salvaguardar la vida de las mujeres que estuviera en riesgo de feminicidio.
 
Ninguno de los dos ha funcionado. Pero no por sí mismo, ni porque estén mal diseñados. El problema ha sido la forma en que se han interpretado y manoseado.
 
Visto como una fuente de posibilidades de obtener beneficios políticos, mercantiles y de posición de fuerza entre los grupos internos de los partidos que gobiernan, lo último en lo que se piensa es en las mujeres, candidatas a ser asesinadas. En las preasesinadas.
 
Si habláramos en términos religiosos –lenguaje adoptado por personas políticas- es un pecado el no haber aprovechado los mecanismos de ley, para evitar que murieran más mujeres.
 
Todos los casos de feminicidio ocurridos después de que a través de las solicitudes de AVG se ha advertido por parte de la sociedad civil de que la violencia feminicida se ha recrudecido, pasan a ser responsabilidad del Estado.
 
Ningún gobernador o gobernadora puede criticar el mecanismo de AVG, si no ha hecho nada para tomar los beneficios que éste tiene para que las mujeres no sigan muriendo a manos del machismo brutal.
 
La Alerta de género no solo es un aviso de que en ese territorio se ha incrementado la incidencia de feminicidio, y de actos feminicidas en grado de tentativa –por el momento- que anuncian más muertes. Es también la única posibilidad que tienen las instituciones para demostrar que las vidas de las mujeres y las niñas les importan.
 
A pesar del fondo específico etiquetado para operar las alertas de género que han sido declaradas, cuya convocatoria la abrió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) el 26 de diciembre de 2016, los gobiernos insisten en lamentar que “no existen recursos para las alertas”.
 
Pero en Sonora no solo se repite esta afirmación imprecisa. El gobierno del estado tenía conocimiento de que los municipios de Cajeme y Hermosillo se encuentran entre los cincuenta de más riesgo en México, y dejó crecer la violencia.
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2107, publicado el 30 de noviembre de 2016, se destinan 5 mil millones de pesos para el Fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso, las entidades federativas (Fortaseg 2017).
 
El Fortaseg  enlistó los 50 municipios de mayor riesgo y los cuales deberían ser atendidos con perspectiva de prevención. Ahí figuran Hermosillo y Cajeme.
 
El 1 de enero de 2017, emitió los lineamientos para el otorgamiento del subsidio en materia de seguridad pública a quienes ejerzan de manera directa o coordinada la función.
 
Tema prioritario en el decreto son la capacitación y certificación de las policías, así como el fortalecimiento del Sistema de Justicia Oral. La bolsa concursable era de 5 mil millones de pesos.
 
Someterse a un riguroso proceso de transparencia y rendición de cuentas, es decir hay que presentar proyectos, no solo recibir recursos en forma discrecional. La parte de la fiscalización y auditoría es lo que a muchas instituciones no les gusta.
 
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer los 300 municipios que cuentan con características de riesgo, entre ellos: Caborca, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado.
 
Pero los de urgencia son Cajeme y Hermosillo, por lo que se encuentran entre los 50 municipios de atención prioritaria con perspectiva de prevención.  Se asignan para proyectos especiales de prevención social de la violencia y la delincuencia y de atención del delito de homicidio doloso.
 
Los criterios conforme a los cuales se determinan los valores que sirven de base para la selección de los 50 municipios beneficiarios de atención prioritaria con perspectiva de prevención son:
homicidio doloso, rezago social y desigualdad económica.
 
Hasta hoy no conocemos cuáles son los proyectos a través de los cuales se pretende atender con perspectiva de prevención a Cajeme y Hermosillo pues las cifras de muertas y muertos, número de casquillos y armas utilizadas solo aumentan. De cuántas se evitaron no sabemos nada.
 
¿Es la AVGM la responsable? ¿Hay o no recursos para ejercer la prevención? Tal vez las decisiones deban tomarse con otro enfoque y no con un estricto escudo político, que solo está evidenciando la omisión.
 
No queremos más víctimas de feminicidio. No queremos que se siga subvalorando la vida de las mujeres de acuerdo a su actividad económica, por sobre la de niñas y niños. Todas las vidas son importantes. Si no queremos más asesinadas tal vez la respuesta esté en la Alerta de Género, pero con una coordinación seria, responsable, y sobre todo competente y preparada.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SNE
 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Se desempeñaba como secretario particular de senador del PVEM
Otorgan amparo de excarcelación a feminicida confeso
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Sandra de los Santos
Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis.- 19/10/2017

El feminicida confeso de la joven Viridiana Flores Ramírez, de 21 años de edad, Omar Fernando Rosales Toledano, quien era secretario particular del senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Armando Melgar, obtuvo un amparo federal de excarcelación, por presuntos problemas de salud.

En junio del 2013 Omar Fernando Rosales Toledano asesinó a la joven Viridiana y arrojó su cuerpo al puente San Cristóbal. Fingió que la joven fue secuestrada y hasta pidió un rescate a sus padres, quienes sospechaban de él porque su hija había sostenido una relación sentimental y lo abandonó por sufrir violencia física. Fernando Rosales Toledano se dio a la fuga, pero fue aprehendido días después.

El padre de Viridiana, Juan Carlos Flores Santiago, dio este miércoles una conferencia de prensa para denunciar que el feminicida de su hija fue excarcelado y desde hace dos meses está en el Sanatorio Rojas, en Tuxtla Gutiérrez.

El amparo se lo concedió el juez quinto, José del Carmen Constantino Avendaño, por presentar supuestamente problemas gastrointestinales y con el nervio ciático. Ambos padecimientos podrían haber sido atendidos al interior del penal, pero la defensa del feminicida argumentó que no había medicamentos en el centro penitenciario.

Los familiares de Viridiana temen que Fernando Rosales se dé a la fuga y responsabilizaron de ello a las autoridades penitenciarias;  al secretario de seguridad pública en el estado, Jorge Luis Llaven Abarca; así como al juez federal que otorgó el amparo.

Exigieron a las autoridades que el feminicida de su hija sea regresado a la cárcel y continúe en ese lugar su tratamiento.

Los padres de Viridiana han tenido que salir a los medios de comunicación en más de una ocasión para denunciar la forma en cómo se ha llevado el proceso del feminicida confeso.

En Septiembre del 2014 denunciaron que el juez Julio César Morales Ríos aceptó llevar a cabo la reconstrucción del crimen, a petición del acusado, con el cuerpo de un cerdo. La diligencia fue suspendida ante la indignación de la familia y la ciudadanía por no respetar la Ley de Víctimas, que establece que éstas deben ser tratadas, aún ya muertas, con humanidad y respeto a su dignidad.

Cabe recordar que el 18 de noviembre de 2016 se declaró en Chiapas la Alerta de Violencia de Género por violencia feminicida. La medida los municipios de Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, de los 122 que hay en la entidad.

De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia del estado, de agosto de 2014 al año 2016, se registraron 104 casos de feminicidio en Chiapas.

17/SDLS/LGL








LENGUANTES
   Lenguantes
Des-romantizar la solidaridad y politizar la respuesta colectiva
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Dirce Navarrete Pérez*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/10/2017

En el contexto de las movilizaciones del #24A del 2016 en México, algunas feministas del área metropolitana (por no generalizar las experiencias en toda la república), experimentamos una especie de idealización de “la manada” y romantización de la “sororidad”. Es decir, la respuesta a la convocatoria superó lo que en ese momento imaginábamos posible, lo cual nos dio mucha felicidad e hizo sentir que por fin se hacía realidad el “nunca más solas”, el estar todas juntas con todo lo que implica la diversidad al interior del movimiento y a pesar de las dificultades en el exterior.

Este momento de felicidad, mezclada con la digna rabia en un grito que parecía unísono de “estamos hartas, pero estamos juntas”, tuvo su dolorosa caída cuando en los días, semanas y meses siguientes, nos dimos cuenta que quizá habíamos idealizado un poco… solo un poco, nuestro movimiento feminista. Tuvimos que acordarnos de todas aquellas situaciones complicadas que siempre habían estado allí, que no dejaron de estar en la movilización y que seguían luego de ésta, tales como las divisiones confrontativas entre nosotras, violencias en nuestros espacios ejercidas por nosotras y nuestras pocas herramientas para gestionarlo.

Nos dimos cuenta de lo peligroso y doloroso que es romantizar la idea de “sororidad”, sin atender el clasismo, la discriminación, la violencia que nosotras mismas ejercemos y que pone en riesgo nuestros procesos organizativos. Estar con y para las otras, movidas por esta idealización, hace de nuestra sororidad un adorno o una justificación.

Dudé mucho en poner como referencia este proceso, para hablar de la romantización de la solidaridad luego de los sismos de septiembre, pero he decidido hacerlo ya que, desde mi lugar, experimenté una serie de sensaciones y emociones muy parecidas en ambos casos.

No necesito describir una vez más la respuesta ciudadana que se dio ante la catástrofe que vivimos, pues lo hemos visto reiteradamente en medios de comunicación y redes sociales. El dolor y la pérdida parecían sentirse menos cuando, al mismo tiempo, sentíamos que regresaba la esperanza de estar juntas y juntos, haciendo algo por las demás personas, la tan aclamada: solidaridad. Por días experimentamos el ¡Sí se puede! ¡Fuerza México! ¡El pueblo unido! Incluso el ¡Es lo más parecido al anarquismo! Hasta el sentirnos culpables, por no ser “útiles” y estar apoyando en todos lados.

Conforme pasaron los días, el apoyo fue disminuyendo, las manos empezaron a escasear y llegaron más malas noticias de las que, de por sí, ya había. Resulta que durante esos días no dejó de existir todo lo demás que nos afecta como sociedad, ni siquiera en los espacios de rescate y acopios. No dejó de existir el autoritarismo ni la corrupción ejercida desde las instancias gubernamentales, no dejó de existir la mentira en los medios masivos de comunicación.

El Ejército y la Marina no dejaron de ser violentos y prepotentes, no dejaron de seguir instrucciones que ponen en riesgo la vida de las personas y la seguridad de las familias. Hubo voluntarios que se tentaron el corazón para ir a mover escombros pero no dejaron de acosar y violar. Las mujeres no dejaron de desaparecer y los casos de feminicidio siguieron ocurriendo, recordándonos que, en efecto, vivimos en una zona de emergencia, de desastre, igual que hace años.

Aquí fue donde algunas experimentamos el ¡Oh, gran decepción!  Nos sentimos envueltas en un cerco que Televisa supo vender muy bien, desgastadas física y emocionalmente, por hacer una parte de la chamba que no solo no nos tocaba hacer,  ya que es la obligación del gobierno atenderlo, sino que estábamos sirviéndoles también a ellos, llevándoles de comer, asegurándoles agua y bebidas, consiguiéndoles herramientas, resolviéndoles todo y sintiéndonos orgullosas de conformar conjuntamente lo que llaman “El Estado”.

Luego en la recuperación… Pienso en la importancia de darnos cuenta que en efecto, podemos y necesitamos atender de manera colectiva muchas cosas que nos aquejan y que nos cobran muchas vidas diariamente. Sentirnos igualmente capaces y responsables de atender conjuntamente problemáticas como la corrupción, la injusticia, la violencia feminicida.

Pienso en lo doloroso y peligroso que resulta quedarnos en la respuesta desde la histeria colectiva que exacerba el patriotismo, pero lo trascendental  y urgente que es responder con la fuerza de la comunidad, sin dejar de ver, señalar y denunciar la incapacidad y falta de voluntad de las instancias gubernamentales y de darnos cuenta de que no, no los necesitamos, pero que tampoco podemos hacer frente de manera desorganizada.

Nunca dejar de mirar, cuestionar y luchar en contra de la violencia machista, el racismo, el clasismo propio y de las demás personas, pues aportar sin cuestionar es asistencialista, es neoliberal. Juntarnos, para reconstruir el tejido social y no solo en forma de unidades habitacionales, que aportan a inmobiliarias voraces que le hacen juego a las políticas urbanas capitalistas.

Politizar, cuestionar, proponer, des-jerarquizar, hacer comunidad. Y ponerlo claro ¡la reconstrucción será feminista! Lucharemos para no quedar excluidas de este proceso de de-construir desde nuestra política en femenino, pensar y hacer desde nosotras el porvenir. ¿Podemos?

*Dirce Navarrete Pérez es politóloga feminista @agateofobia_

17/DNP/LGL








Subscribe to RSS - violencia feminicida