ESTADOS
FEMINISMO
   Reforma obedece a lógica conservadora e ignorante, afirman
Feministas oaxaqueñas rechazan pretensión de cambio de nombre de Secretaría de la Mujer
Imagen cortesía de Mujeres Tejiendo Saberes RED MUTESA |Foto: Erika Luis
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/02/2018

Mujeres oaxaqueñas e integrantes de diferentes colectivos del movimiento feminista de la entidad, exigieron al gobernador Alejandro Murat una explicación sobre la decisión de cambiar el nombre de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO) por Secretaría de Igualdad e Inclusión entre Hombres y Mujeres.

Las defensoras publicaron un pronunciamiento para pedir que se informe porqué se pretende hacer este cambio que, en su opinión, solo puede obedecer a una lógica conservadora y de ignorancia respecto al origen y objetivos de los Institutos y Secretarías de las mujeres en todo el mundo.

El pasado día 15 de febrero, durante la conferencia “Amor sin violencia”, realizada en el Parque el Llano en el municipio de Oaxaca de Juárez, la titular del SMO, Ana Vásquez Colmenares, anunció la intención de realizar el cambio de nomenclatura.

Al respecto las mujeres cuestionaron: “Si la titular desconoce el origen y sustento de esta política, es alarmante, pues es posible que sus siguientes acciones tendrán el mismo sesgo retrógrada”. La SMO se creó con la intención de atender a las mujeres y generar condiciones para que haya igualdad de género en el estado.

A partir del inicio del sexenio de Alejandro Murat Hinojosa, desde finales del año 2017 y lo que va del 2018, la recién creada Secretaría de la Mujer Oaxaqueña tuvo tres titulares: Miriam Pilar Liborio Hernández, Mariuma Munira Vadillo Bravo y actualmente Ana Vásquez Colmenares.

De acuerdo con las feministas ninguna de las secretarias tiene perfil feminista ni experiencia en políticas públicas con perspectiva de género, atención a las mujeres o Derechos Humanos y violencia por razón de género.

Lo cual, señalaron, además de interrumpir la consolidación de dicha Secretaría ha detenido el impulso de los mecanismos estatales para la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

En la comunicación, también dirigida al Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría General de Gobierno del estado, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se expone que esta institución deber tomar acciones frente a la violencia.

Los registros de las asociaciones civiles indican que hay 138 víctimas de feminicidio pero no hay información sobre el proceso de solicitud de Alerta de Violencia de Género que en 2017 presentó la Defensoría estatal ante el incremento de caos de asesinatos de mujeres.

En este contexto las defensoras de Derechos Humanos dijeron que para cambiar el nombre de la Secretaría de la Mujer a la Secretaría de la Igualdad, tendría que existir un piso común entre mujeres y hombres, lo cual no sucede en el país ni en la entidad.

Aseguraron que es importante mantener vigente un órgano especializado para atender a la población femenina por lo que exigieron al gobierno del estado una revisión del funcionamiento de esta instancia y del compromiso institucional de las representantes de la SMO con los derechos de las oaxaqueñas.

18/AGM/LGL








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Enero cerró con 25 asesinatos de mujeres
Guerrero, en los primeros lugares de feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Scarlett Arias, corresponsal
Cimacnoticias | Chilpancingo, Gro.- 07/02/2018

El primer mes de este año cerró con el registro de 25 casos, casi uno por día; y a siete meses  de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) decretara la Alerta de Violencia de Género (AVG) para ocho municipios de la entidad.

En 2017 Acapulco concentró la mayor parte de casos de feminicidio, seguido por la capital del estado, Chilpancingo de los Bravo, y en tercer lugar, Chilapa de Álvarez, municipio ubicado en la zona de la Montaña, de acuerdo con el registro de la  “Asociación Guerrerense Contra la Violencia Hacia las Mujeres” quien contabilizó en este periodo, un total de 156 casos.

En junio de 2017, la Conavim decretó la AVG para 8 municipios de Guerrero, luego de que ésta fuera solicitada el 23 de junio de 2016 por la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, A.C para Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.

De acuerdo con el informe presentado por la organización para la solicitud de la AVG, de 2010 a 2015 se cometieron 901 homicidios dolosos de mujeres en la entidad: en 2010 se registraron 124, al 2015 la cifra se ubicó en 225. Destaca Acapulco como el municipio que concentró el mayor número de casos (431) seguido por Chilpancingo (45), Iguala (49) José Azueta (29), Tlapa de Comonfort (12 ) Ometepec (14), Coyuca (16) Ayutla (8), y en otros municipios con 297 casos. Guerrero tiene 81 municipios.

El mismo informe refiere que del total de asesinatos registrados, 62.6 por ciento fue por arma de fuego y en todos, la víctima tenía una relación cercana con su agresor, es decir, fue asesinada por su esposo, novio, expareja sentimental.

Organizaciones civiles como la Alianza Feminista y el  Observatorio “Hannah Arendt”, señalaron que la violencia contra las mujeres se incrementó de manera considerable a partir del año 2006, cuando el panista Felipe Calderón arribó a la presidencia del país e inició su llamada “guerra contra el narcotráfico”.

Análisis en el que coincide ONU Mujeres en su informe: “Violencia Feminicida en México Aproximaciones y Tendencias 1985 – 2014”, el cual constata que en el periodo de 2007 a 2013, se “observa un aumento muy importante en la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio en el estado” y que colocó a Guerrero en el primer lugar durante 2006 y 2007.

LEGISLACIÓN

Guerrero fue el primer estado en tipificar el delito de feminicidio en su Código Penal, el cual entró en vigor en diciembre de 2010 y estableció que “el feminicidio es la privación de la vida de una mujer cuando se tenga por fin ocultar una violación; por desprecio u odio a la víctima; por tortura o tratos crueles o degradantes; por la existencia de una relación de afecto entre la víctima y el agresor; por violencia familiar o cuando la víctima se encontrara en un estado de indefensión”.

El Código fue reformado en 2012 para quitar la parte relativa a la violencia sexual, pero aún así, organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) criticaron la reforma ya que para acreditarlo se condiciona la intencionalidad del agresor.

Respecto al protocolo para investigar este delito, Guerrero también fue el primer estado en presentarlo (2008), no obstante, un análisis hecho por el OCNF consideró que éste “no está elaborado a partir del tipo penal vigente y está desfasado de las circunstancias que establece el Código Penal de la entidad, de forma que no explica las circunstancias del tipo penal ni desarrolla las actuaciones con perspectiva de género y Derechos Humanos”.

IMPUNIDAD

Un protocolo deficiente y la mala clasificación de los asesinatos dolosos de mujeres derivan en que en la entidad, existan cifras dispares que realmente den cuenta de la dimensión de la violencia feminicida en el estado.

Mientras las organizaciones civiles que dan seguimiento y acompañamiento a los casos de feminicidio señalan que durante el año pasado se cometieron 217, la Fiscalía General del estado solamente reconoció 13. La dependencia no informa ni cuántos homicidios son investigados siguiendo el protocolo de feminicidio, tampoco si se da seguimiento.

Aunado a ello, la falta de capacitación y sensibilización a los funcionarios y encargados de procurar y administrar justicia contribuyen a revictimizar a las mujeres asesinadas y a sus familias.

El Grupo de Trabajo responsable de la investigación calificó como “preocupante”, que personal de la Fiscalía y las agencias del MP especializadas, en muy pocos casos, tenían conocimiento de la existencia de los protocolos que se han creado para la investigación de delitos relacionados con la violencia contra mujeres, incluso, refirió “algunas de las personas entrevistadas no conocían los tipos penales de los delitos que son competentes; en otros casos, las servidoras o servidores públicos relacionan los casos de feminicidio con la delincuencia organizada, lo que deja la impresión de la normalización de la violencia o bien su indebida justificación”.

Ejemplo de ello es que en días pasados, durante una conferencia de prensa por el caso de Azucena, una joven de 17 años que estuvo desaparecida, cuyo cuerpo encontraron degollado y abandonado junto a su hija recién nacida en el municipio de Chilapa de Álvarez, el propio fiscal general Xavier Olea Pelaéz responsabilizó a las mujeres por el aumento de la violencia en su contra al argumentar “que las mujeres están participando de una o de otra manera en el crimen organizado”.

Cabe recordar que apenas el pasado 30 de enero se informó que la AVG se extendió también para el municipio de Chilapa. 

En las regiones de la montaña, principalmente en los municipios de Tlapa de Comonfort, Alcozauca, Zapotitlan y Acatepec, las mujeres no están exentas de esta violencia.

Los Centros de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y  “José María Morelos y Pavón” han señalado en reiteradas ocasiones que las mujeres no tienen acceso a la justicia, aún cuando en el estado, existen 18 Unidades Municipales de Atención y Prevención de Violencia de Género, 15 Centros para el Desarrollo de las Mujeres, y tres Centros de Justicia que deben prestar servicios de acompañamiento jurídico y orientación a las víctimas.

De enero a abril de 2017, estas organizaciones documentaron diez casos de feminicidio en los municipios de Tlapa de Comonfort. Todos continúan impunes.

18/SA/LGL

 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Expertas entregan informe, estados tienen seis meses para cumplir
Durango y Coahuila deben investigar feminicidio y trata
CIMACFoto: Silvia Núñez Esquer
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/01/2018

En Durango los asesinatos de mujeres no son investigados como feminicidio, por lo que el grupo de expertas que atendió la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) urgió al gobierno estatal crear un protocolo de investigación especializado en este delito.

Cimacnoticias consultó el informe del Grupo de Trabajo de la AVG que fue entregado este mes a Durango. En éste, las expertas que analizaron la situación de violencia que viven las mujeres en 10 municipios de la entidad, determinaron que los asesinatos de mujeres no son calificados como feminicidio debido a la falta de capacitación y protocolos de investigación.

De esto dio cuenta la agrupación que requirió la AVG el 4 de julio de 2017, la “Fundación para la promoción, el desarrollo y el empoderamiento de las mujeres AC”, quien documentó el año pasado 14 asesinatos de mujeres pero solo uno de estos fue tipificado como feminicidio.

Por su parte, la Fiscalía de Justicia de Durango aseguró a las expertas que en 2017 calificó cuatro asesinatos de mujeres como feminicidio y otros dos como homicidios culposos.

También indicó que en cuatro años, de 2014 a 2017,  ocurrieron siete casos de feminicidio y 19 homicidios de mujeres, perpetrados en la capital del estado, y en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo.

Las expertas examinaron que varios de los casos reportados por las autoridades cumplen con el tipo penal del feminicidio, por las condiciones en las que se hallan los cuerpos de las víctimas y las causas de muerte, pero no eran clasificados como tal.

Por ello entre las 13 recomendaciones dirigidas al gobierno de Durango, urgen a crear un protocolo de investigación del feminicidio.

TRATA DE NIÑAS EN DURANGO

Otro de los protocolos de investigación pedidos por las expertas es uno enfocado a la atención de los delitos de trata de mujeres.

En una visita que realizó el Grupo de Trabajo al municipio de Tlahualilo, ubicado al noroeste de Durango, se les informó de casos de trata de niñas menores de 14 años de edad con fines de explotación sexual.

Las expertas relatan en su informe que las autoridades locales les dijeron conocer de la problemática por lo que mantenían vigilados bares y cantinas del municipio. Sin embargo, al pedir información encontraron que no hay ninguna denuncia formal por este delito.

Estos hechos concuerdan con el “Diagnóstico sobre la Situación de Trata de Personas en México” realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, recuerdan las expertas, en donde se indica que Tlahualilo es un foco rojo de trata de mujeres.

Otras de las recomendaciones para este estado es que asegure acceso a las justicia para las mujeres y niñas que habitan en entornos rurales, capacite a funcionarios públicos en Derechos Humanos (DH) y perspectiva de género, y genere campañas de prevención de la violencia y sensibilización para la población duranguense.

TORREÓN URGE ATENDER FEMINICIDIO

El gobierno del estado colindante, Coahuila, también recibió al iniciar el año recomendaciones de expertas por la petición de Alerta de Género, en específico por el alto índice de asesinatos de mujeres en el municipio de Torreón.

Las agrupaciones, “Mujeres Generando Cambios AC” y el “Centro las Libres de Información en Salud Sexual Región Centro”, pidieron la AVG el 31 de julio de 2017 para Torreón, ante el aumento de asesinatos de mujeres desde 2010.

Según precisaron a las expertas, en 2012 este municipio tuvo una tasa de 27.52 defunciones femeninas con presunción de homicidio por cada 100 mil mujeres, arriba de la tasa nacional ubicada en 4.6 y la estatal de 9.2.

Pero no todos los asesinatos son reconocidos como feminicidio, destacó el Grupo de Trabajo en el reporte; de acuerdo con Fiscalía del estado únicamente en Torreón de 2013 a 2017 contaron 19 asesinatos de mujeres, pero sólo dos fueron calificados como feminicidio.

Esto sucede –precisan las expertas- a pesar de que Coahuila cuenta con un protocolo especializado para investigar el feminicidio, por lo que exigen entre las 10 recomendaciones hechas al gobierno local, que capaciten a los funcionarios y creen mesas de trabajo para la revisión de los casos.

En este informe, las recomendaciones que dan las expertas son principalmente de asignaciones de presupuesto para programas enfocados en la violencia contra las mujeres y formación de servidores públicos con enfoque en DH y género.

Con ello, a partir de enero de 2018 corre el periodo de seis meses en los que los gobiernos de Durango y Coahuila deben atender las recomendaciones desprendidas de estos informes.

Al concluir este tiempo, las mismas expertas evaluarán si cumplieron, de lo contrario, la Secretaría de Gobernación (Segob) tendrá la facultad de decretar la AVG, con lo que estas dos entidades se sumarían  a los 12 estados que ya cuentan con AVG en el país: Estado de México, Morelos, Chiapas, Nuevo León, Michoacán, Sinaloa, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz (con dos Alertas, agravio comparado y feminicidio), Colima, Guerrero y Nayarit.

Mientras, los únicos estados que no han pedido declararse en Alerta de Género son Baja California Sur, Tamaulipas y Chihuahua.

17/HZM/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Sumarían 20 estados en emergencia por violencia contra las mujeres
En 2018 se resolverán ocho solicitudes de Alerta de Género
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 29/12/2017

En 2018 la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) debe resolver si declara la Alerta de Violencia de Género (AVG) en ocho estados del país; de ser así 20 entidades, más de la mitad del país, contarían con este mecanismo de emergencia para asegurar una vida libre de violencia para las mujeres.

El próximo año los estados de Oaxaca, Campeche, Zacatecas, Yucatán y Jalisco deberán informar si cumplieron con las recomendaciones que en 2017 les hicieron los expertos en violencia de género que analizaron las peticiones de Alerta; mientras que en la Ciudad de México, Coahuila y Durango los grupos de especialistas entregarán los informes con las políticas públicas a implementar.

En todos los casos una vez cabe mencionar que las agrupaciones de la sociedad civil presentan una solicitud de AVG, la Conavim lanza una convocatoria para integrar Grupos de Trabajo de expertos que analizan la petición y emiten un informe con recomendaciones que los gobiernos estatales deben implementar. Una vez que se cumple con estas observaciones la dependencia de la Segob decide si procede o no la declaratoria de emergencia.

Hasta el cierre de 2017 los gobiernos de cinco estados: Oaxaca, Campeche, Zacatecas, Yucatán y Jalisco cuentan con un periodo para implementar las políticas públicas de urgencia recomendadas por la  en materia de seguridad, prevención, justicia y para visibilizar la violencia cometida contra la población femenina.

Asimismo, para 2018 se resolverá la solicitud de Alerta para la Ciudad de México. Hace dos meses trascendió que el informe del Grupo de Trabajo se daría a conocer en las primeras semanas de diciembre y aunque concluyó el trabajo de revisión de los expertos, la Conavim no lo publicó y dejó a la sociedad civil a la expectativa.

En este caso la petición de Alerta de Genero en la capital ha generado opiniones encontradas entre las autoridades y las cuatro organizaciones civiles que la solicitaron, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Justicia Pro Personas, el Centro Fray Francisco Vitoria y la  Red “Todos los Derechos para Todas y Todos”.

Las agrupaciones a favor de la implementación señalan que la AVG es necesaria ante la falta de acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio pero el Gobierno capitalino se niega a tener esta declaratoria aludiendo a que “no se necesita” porque ya existe política pública para atender la situación y porque considera que el número de asesinatos no es alarmante.

Por otra parte Coahuila y Durango son dos estados más que esperan tener un resolutivo en 2018 ya que en ambos casos los Grupos de Trabajo entregarán su informe. Una vez que estos documentos se publiquen las autoridades de las entidades tendrán seis meses para acatar las recomendaciones encaminadas a prevenir y atender la violencia de género.

De declararse el mecanismo de emergencia en las ocho entidades, se sumarían a las 12 que ya cuentan con una Alerta: 11 municipios del Estado de México; ocho municipios de Morelos; 14 de Michoacán; siete de Chiapas; 11 de Veracruz (que cuenta con dos Alertas: una por Agravio Comparado y otra por violencia feminicida); cinco de Sinaloa, Nuevo León y Colima, respectivamente; seis de San Luis Potosí; ocho de Guerrero; tres de Quintana Roo; y siete de Nayarit.

2017, EL AÑO DE LAS ALERTAS

Este 2017 se convirtió en el año con el mayor número de emisiones de Alertas de Género. La Segob declaró siete, en Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit y en Veracruz que ya contaba con una por violencia feminicida y que este año acumuló la segunda, esta vez por Agravio Comparado, es decir por tener normas vigentes que violentan los derechos de las mujeres.  

La Segob también negó otras cuatro Alertas que causaron la indignación de la sociedad civil: primero la AVG en Puebla y Tlaxcala, donde se denunciaron los altos números de desapariciones, asesinatos y casos de trata de mujeres y niñas. Asimismo, después de dos años de trámites, se negó la AVG para Cajeme, municipio de Sonora y la solicitud para Tabasco también fue desechada. 

Tras estas resoluciones las agrupaciones y sociedad civil se organizaron y manifestaron en las calles, palacios municipales y en las oficinas de la Segob para mostrar su descontento. Finalmente, las peticionarias de la Alerta en Tlaxcala y Puebla volvieron a tramitar la solicitud. Por su parte, en Sonora, optaron por interponer un amparo que está por resolverse.

Otro precedente que marcó el año fue la declaratoria de la primer Alerta por Agravio Comparado en Veracruz, es decir, por la existencia de leyes que obstaculizan los derechos de las mujeres, en este caso los derechos sexuales y reproductivos al criminalizar a las veracruzanas que interrumpen un embarazo no deseado y castigándolas con tratamientos psicológicos.

Esta decisión no sólo colocó al estado como el primero en acumular dos Alertas (agravio comparado y feminicidio), también evidenció la crisis de violencia que viven las veracruzanas.

Con la declaratoria el próximo año se espera que el Gobierno de Veracruz cumpla con las obligaciones que dictó la Segob, una de las más importantes es reformar el Código Penal local para despenalizar el aborto de forma voluntaria hasta las 12 semanas de gestación, con lo cual Veracruz podría ser la segunda entidad del país (además de la Ciudad de México) en permitir que las mujeres decidan sobre su maternidad.

Así, para 2018 la Conavim tiene que asegurar que se implementen de forma de correcta y transparente las 13 Alertas de Género hasta ahora emitidas, y resolver las ocho solicitudes.

Cabe mencionar que para esta tarea y para la creación de otros programas y política pública enfocada en prevenir la violencia contra las mujeres, la dependencia de Segob contará con un presupuesto de 256 millones de pesos.

17/HZM








NACIONAL
VIOLENCIA
   A las mujeres se les asesina con mayor brutalidad: ONU Mujeres
México suma 52 mil asesinatos de mujeres en 32 años
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 26/12/2017

En los últimos 32 años se han registrado en México 52 mil 210 asesinatos de mujeres pero de estos no se tiene certeza cuántos podrían ser feminicidio aunque en todos existen características que muestran la brutalidad con la que son asesina a las mujeres, revela un estudio de ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres.

Dada la falta de registros certeros sobre el feminicidio en el país, la investigación “La violencia feminicida en México aproximaciones y tendencias 1985 y 2016”, intenta realizar un acercamiento a esta problemática a partir de los certificados de defunciones de mujeres en los que se presume se trató de un “homicidio”.

Con ello, el estudio también apoyado por la Secretaría de Gobernación y el Colegio de México, retoma las características de estos decesos para aproximarse a las razones de género que marcan el feminicidio.

De acuerdo con la investigación, a pesar de que el uso de armas de fuego es la principal herramienta para asesinar a mujeres y hombres, se observa que en ellas se ejercen medios más brutales: el ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación y objetos punzocortantes.

Por ejemplo, tan sólo en 2016 de las 21 mil 225 mujeres asesinadas se registró que 17.2 por ciento de los crímenes se perpetraron ahorcando a la víctima, otro 16.6 por ciento con un objeto cortante y 1.4 por ciento con sustancias nocivas o fuego.

Las mujeres asesinadas con un arma de fuego representaron 48.4 por ciento, mientras los hombres un 67.4 por ciento. Estos datos permiten mostrar la saña con la que son cometidos los asesinatos de la población femenina, sostiene la investigación.

Otra característica de los asesinatos de mujeres es el lugar donde se cometen: son ultimadas principalmente en la vía pública (en 2016 representó un 41 por ciento de los decesos), aunque existe un porcentaje amplio que fue asesinada dentro de sus hogares (31 por ciento en 2016).

Cabe destacar que el restante (28 por ciento) se desconoce dónde las asesinaron pues en los certificados se ignora el lugar en el que ocurrió.

Otro problema que destaca el informe es en el número de asesinatos de mujeres que derivaron de la violencia familiar. De 2011 a 2016 un total de 9 por ciento de los asesinatos de mujeres se calificó como producto de este tipo de violencia pero estos datos podrían ser mayores ya que esta variable no se contestó en todos los certificados.

Estas características (lugar y modo) se acercan a las siete razones de género establecidas en el Código Penal Federal para tipificar un feminicidio: que la víctima presente signos de violencia sexual; le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes; antecedentes de violencia en al ámbito familiar laboral o escolar del asesino contra la víctima; que haya existido una relación sentimental, afectiva o de confianza; acoso, amenazas del asesino contra la víctima; y que la víctima haya sido incomunicada y el cuerpo sea expuesto en un lugar público.

Asimismo desde 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia por el feminicidio de Mariana Lima (ocurrido en 2010 en el Estado de México) estableció que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse con perspectiva de género.

El informe retoma las cifras de feminicidio registradas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) pero incluso en esta plataforma las cifras varían según la encuesta que se consulte.

Por ejemplo, el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales del Inegi contó sólo 125 “probables víctimas de feminicidio” de 2013 a 2015. En tanto, en el mismo periodo el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, de la misma dependencia, registró mil 404 víctimas de feminicidio.

“Esta ausencia de información refuerza la necesidad de investigar todas las defunciones de mujeres por causas externas con un protocolo con perspectiva de género, como lo establece la sentencia de la SCJN, para poder afirmar o descartar que tales muertes fueron causadas por el hecho de ser mujeres”, señala la investigación.

Las instituciones añaden que se deben seguir fortaleciendo los sistemas de información que den cuenta de los casos de violencia contra las mujeres, como lo indican las recomendaciones 12, 13, 17, 18 y 19 del Comité de Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) al Estado mexicano.

Según la investigación la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio en México es de 4.4 por cada 100 mil mujeres. Arriba de esta tasa se encuentra Colima con una tasa de 16.3 y le siguen Guerrero (13.1), Zacatecas (9.7), Chihuahua (8.8) y Morelos con 8.4 defunciones de mujeres.

17/HZM

 








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Se encontraba en riesgo y no la protegieron, denuncian familiares
Sin culpables: Autoridades se deslindan de feminicidio de Jessica
CIMACFoto: César Martínez López
Por: María Constanza Terranova
Cimacnoticias | Pachuca, Hgo.- 20/12/2017

Durante su estancia en el Refugio, Jessica fue llamada a comparecer por el juez Porfirio Austria Espinosa con el fin de hacer efectiva la orden de reaprehensión contra CMET. Su argumento: dudaba de las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público y, según sus declaraciones, “estaba protegiendo el derecho del acusado a la presunción de inocencia”.

Debido a que Jessica se encontraba en el Refugio, del cual por seguridad y reglamento no podía salir, no pudo presentarse para rendir declaración.

“Es evidente que hubo una falla, en el sentido de que tenías una víctima, que tenía un peligro altísimo, que había sido agredida, después que había intervenido la autoridad, y que comienza a tener inconvenientes en el Refugio, y no hay una autoridad que atendiera su interés”, señaló el director jurídico del Tribunal Superior de Justicia del estado de Hidalgo, Jorge Alberto Huerta Cruz.

En tanto, Jessica declaró haber sido víctima de abuso de autoridad por parte del personal del Refugio, haber sido obligada a trabajar, limpiar y no recibir ni ella, ni sus hijos, comida en buen estado, así como suficiente agua y papel de baño, además de atención médica.

De sus quejas sobre el personal derivó una llamada anónima a su abogado.

El 6 de agosto, es decir 13 días después de su ingreso, una voz de mujer informó que iban a echar a Jessica del Refugio. Y efectivamente, unas horas después, autoridades del albergue se comunicaron para informar sobre la expulsión necesaria. Sólo logró retardar la salida del refugio un día.

Cuando Jessica y los niños llegaron a la UAPAVIF, donde citaron al abogado y a la familia, los dos niños más chicos se encontraban en mal estado. De acuerdo con la investigación realizada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), el reclamo de la víctima por mayor atención ante los problemas de salud de sus hijos, fue el motivo de su expulsión.

Este hecho quedó confirmado porque la directora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y Sexual (UEPAVIF), la médica Nora Sosa, accedió a la petición de la familia de examinar a los niños y determinó que el más pequeño, entonces de 4 años de edad, presentaba una infección y extendió la receta médica para que pudieran comprar el medicamento.

“Dentro de las muchas situaciones hablaban bueno de... esta parte de la insatisfacción de ella de no estar conforme con los servicios que se estaban dando en el Refugio. Que sus hijos estaban enfermos y no los habían atendido.

Que quería agua y los habían regañado porque había tomado una jarra de agua. Cosas así que para mí son… pues meramente técnicas o logísticas del Refugio. Porque ellos tienen un reglamento, no les pueden dejar que lleven jarras de agua a la recámara, pues con vidrio, por el riesgo que conlleva con personas que están con desestabilidad emocional ¿no?”, retiró Sosa.

Pero para la madre de Jessica, no hubo ninguna intención de proteger a su hija.

“Yo estuve presente, nos la sacaron porque tuvieron miedo. Supieron cómo era él y nos la sacaron en un mal estado y malas condiciones de los niños, con vómito, diarrea y temperatura. Ya muy forzada, la persona que los entregó, una doctora, los revisó y les mandó medicamento. Nos dieron un papel, que era lo que ellas querían que dijera. Y no lo aceptamos. Mi hija Verónica les dijo: Así no es. Yo quiero que sea como se debe’. Entonces redactó otro pero ellos agarraron y lo rompieron”, recordó la madre.

La directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, aseguró que la unidad de Pachuca solicitó la transferencia de las víctimas a un sitio de alta seguridad en la Ciudad de México pero Jessica fue quien no aceptó.

Sin embargo, al solicitar un documento que pruebe esta afirmación, tanto a la Red Nacional como a la funcionaria de la Secretaría de Salud que sostiene el mismo argumento, ninguna lo mostró.

Una vez fuera del Refugio, el 7 de agosto de 2014, Jessica y sus tres hijos fueron trasladados a una casa que prestaron a su abogado, en la colonia Providencia, en la zona conurbada de Pachuca.
Allí esperarían a que Gerardo, hermano de la víctima, hiciera los arreglos necesarios para trasladarlos a Los Cabos, en Baja California. Pero el 14 de agosto, es decir siete días después, CMET encontró la casa y asesinó a Jessica y a Gerardo con arma de fuego.

Antes de huir, el militar amenazó a los vecinos que salieron a ver lo que sucedía. Gerardo murió en el acto, en la calle. Jessica murió de camino al hospital.

Una semana después, el 21 de agosto, dictaron la orden de reaprehensión contra el presunto feminicida, quien sigue prófugo. De acuerdo a lo declarado por la familia de las víctimas, porta armas de uso exclusivo del Ejército, balas expansivas y granadas.

A tres años del feminicidio de Jessica, sus tres hijos viven con sus abuelos y su tía, aún sin poder estar bajo su tutela legal por falta de acción de las autoridades correspondientes. Acerca de la atención psicológica que deberían recibir, su abuela comentó que en el Centro de Salud de Tulancingo les dijeron “que no hay lugar”.

Tanto a la abuela como a una de las tías “les recomendaron tomar un curso de crianza antes de brindar atención a los niños”.

SIN CULPABLES

Como respuesta a la recomendación R-VG-001-17 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, producto de la denuncia de Verónica González Mandujano, con fecha del 10 de marzo de 2017, el Tribunal Superior de Justicia inició 17 días después, una investigación interna contra el Juez Segundo Penal de Tulancingo, Porfirio Austria Espinosa.

La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura (órgano regulador de las competencias judiciales) necesitó de una recomendación de Derechos Humanos para notar estas irregularidades. En los tres años que transcurrieron desde el feminicidio, no advirtieron, o decidieron no actuar, sobre la serie de procedimientos dudosos del juez.

En cuanto a la Secretaría de Salud, iniciaron un proceso contra la médica del Refugio Nora Sosa, el cual aún no concluye. Nadie ha respondido por los hechos acontecidos en 2014.

Respecto al Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia, señalado directamente en la Recomendación de la Comisión Estatal, no existe información pública al respecto, y cuando se solicitó una entrevista con su área de Comunicación, no hubo respuesta.

La recomendación de Derechos Humanos sigue sin cumplirse. El victimario está libre. Las víctimas, especialmente los hijos de Jessica, quienes actualmente tienen 14, 9 y 7 años de edad, no reciben atención de ningún tipo por parte del Estado mexicano, y las autoridades judiciales han dejado cabos sueltos como la responsabilidad de las personas involucradas en el secuestro y tortura de la joven asesinada.

En Hidalgo la organización de Servicios de Inclusión Integral AC (Seiinac) documentó 70 casos de feminicidio del 2013 al 2016 en 15 municipios y ciudades de Hidalgo: Pachuca, San Bartolo Tutotepec, Omitlán, Cuautepec, Xochicoatlán, Apan, Emiliano Zapata, Mixquiahuala, Epazoyucan, San Agustín Tlaxiaca, la zona del Valle del Mezquital (Tula, Tepeji, Mixquiahuala, Ixmiquilpan, Progreso de Obregón, Tepatepec) seguido de Tulancingo y Tizayuca.

El estado tipificó el delito de feminicidio el 8 de marzo del 2013, con la modificación del Código de Procedimientos Penales del estado, que lo sanciona con una pena de 60 años de cárcel.

17/MCT/LGL








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Entre 2012 y el 2015 fueron asesinadas 169 mujeres en SLP
   Séptima de nueve partes
San Luis Potosí: otro caso de feminicidio para la SCJN
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Verónica Espinosa y Hazel Zamora Mendieta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/12/2017

La muerte de Karla Pontigo Lucciotto, de 22 años de edad estremeció a la sociedad potosina quien pasó después a la indignación, cuando su familia develó sus sospechas de lo que inicialmente fue consignado por la Procuraduría de Justicia estatal como un “homicidio accidental”, pero que en realidad, se trató de un feminicidio.

Karla, era estudiante de nutrición y trabajaba como edecán en una discoteca llamada “Play”, ubicada en la capital del estado. Era hija de una familia trabajadora –su madre es empleada de una maquiladora y su hermano mayor trabajaba también para mantener sus estudios-. Murió a fines de octubre del 2012 en el Hospital central de San Luis, al que llegó con múltiples heridas y golpes en el cuerpo y una de sus piernas casi cercenada, además de indicios de una agresión sexual.

La primera versión asentada en el expediente del Ministerio Público –al que durante mucho tiempo no pudo acceder la familia hasta que interpuso un amparo- señalaba que Karla había chocado accidentalmente con una puerta de cristal de la discoteca en la que trabajaba y se había herido la pierna.

Pero tras una lucha que ha llevado cinco años por parte de su familia y de los abogados que la respaldan (de la Fundación para la justicia y el Estado democrático de Derecho) y que ha llevado la búsqueda de justicia hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se sabe que la joven es una de las 55 mujeres asesinadas ese año 2012 en el estado, presuntamente por Jorge Vasilakos, el dueño de la discoteca, quien para las autoridades locales es indiciado por homicidio culposo.

Entre 2012 y el 2015 fueron asesinadas 169 mujeres en San Luis Potosí, según los registros del Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais). Karla figura en el segundo grupo de edad con mayor riesgo, entre los 18 y los 25 años de edad. Son las mujeres entre los 26 y los 40 años las víctimas mortales en mayor número.

A partir del 2012 se modificó el patrón del lugar donde son asesinadas la mayoría de las mujeres (hogar y vía pública).

Mientras que ese año la vía pública era el sitio más común en el que se cometían estos crímenes, en el transcurso de los años y al menos hasta el 2015, el hogar se fue convirtiendo en el escenario de los asesinatos.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

Karla forma parte de ese 5 por ciento de casos de mujeres cuyos homicidios se cometieron en comercios o establecimientos, como ocurrió la madrugada del domingo 28 de octubre, cuando su hermano, preocupado porque no salía de trabajar de la discoteca, entró al lugar y la encontró en el piso, desangrándose y pidiendo ayuda, antes de quedar inconsciente.

Un 10 por ciento de las mujeres que entre 2012 y 2015 fueron asesinadas en San Luis reportaron o sufrieron violencia familiar previamente. En el caso de Karla, testimonios de compañeros de trabajo, amigos y familiares refieren que el dueño de la discoteca la acosó desde que comenzó a laborar, que la vigilaba en otras actividades que ella realizaba y que un día le robó el teléfono celular.

Tras su violenta muerte –así lo atestiguan las casi 40 lesiones que le fueron encontradas, incluyendo heridas defensivas características de un ataque sexual- Karla siguió siendo violentada por el sistema de procuración de justicia del estado, según han denunciado su familia y los abogados: el Ministerio Público acudió hasta casi dos días después a la discoteca, donde encontró todo el lugar impecable porque ya el propietario había ordenado que lo limpiaran, así que no hubo preservación de la escena.

Eso sí, el Ministerio Público acudió al hospital mientras Karla agonizaba, para presionar a su mamá Lucero a que autorizara la donación de sus órganos y cremara sus restos, y encima de todo, la misma autoridad investigadora “extravió pruebas”, como una muestra tomada del cuerpo de Karla que hacía suponer un ataque sexual.

El 4 de julio de 2015 la SCJN atrajo el caso para revisar si el Ministerio Público investigó de manera diligente y con perspectiva de género el homicidio de esta joven estudiante universitaria, un rango de escolaridad al que pertenecían casi 8 por ciento de las mujeres que fueron asesinadas en sus casas en el periodo ya multicitado.

Pero son las mujeres con secundaria completa las que corren mayor riesgo de morir asesinadas, lo mismo en sus hogares (12.6 por ciento de los homicidios) que en la vía pública (17.9 por ciento). Un 20 por ciento de quienes fueron asesinadas en sus hogares no tenía empleo, mientras que un 23.2 por ciento de las víctimas de homicidio en la vía pública se dedicaban a servicios de vigilancia o personales.

Karla era soltera, como la mayor parte de las mujeres víctimas de homicidio en San Luis (47.7 por ciento de quienes fueron agredidas en la vía pública y 40 por ciento de quienes lo fueron dentro de sus hogares).

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

En San Luis, la familia de Karla Pontigo ha denunciado que el gobernador Juan Manuel Carreras López no ha acatado una recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo para reparar el daño causado por la abultada lista de anomalías en la investigación de su muerte; para investigar a los funcionarios que han intervenido y en su caso, fincar responsabilidades.

La misma CNDH interpuso denuncias penales en contra de cuatro agentes del Ministerio Público, tres peritos y un médico forense, que están allí, en manos de la misma Procuraduría de Justicia, ahora Fiscalía General del estado –con el mismo ex procurador Federico Garza como Fiscal general-.

Mientras siguen esperando, Esperanza, mamá de Karla, tuvo que incrementar las horas de trabajo; su hermano mayor dejó de estudiar para apoyarla, y su hermanito pequeño se quedó sin la hermana que lo acompañaba y sufragaba parte de sus gastos.

Por ello, como la familia de Karla, los allegados de otras víctimas esperan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise el proceso llevado por las autoridades estatales y determine que su muerte fue un feminicidio, el tipo penal bajo el cual, de acuerdo con la propia Corte en 2015 a raíz de otro caso de feminicidio (el de Mariana Lima Buendía), deberían de ser investigados, en primera instancia, todos los asesinatos de mujeres en el país.

* Reportaje colaborativo coordinado y elaborado por periodistas de la Red Nacional de Periodistas de Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

17/VE/HZM/LGL








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Cuarta de nueve partes
   Homicidios rebasan media nacional
Adultas mayores con mayor riesgo de ser víctimas de feminicidio en Guanajuato
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Verónica Espinosa*
Cimacnoticias | Guanajuato, Gto.- 28/11/2017

A sus 66 años, Margarita Tinajero González murió asesinada el 23 de febrero del 2014 en su casa, en la comunidad rural La Hormiga de Jerécuaro, uno de los municipios con más bajo índice de desarrollo humano de los 46 que tiene Guanajuato.

Muy cerca de esa comunidad fue capturado su nieto de 14 años. Se había presentado en la casa aparentemente drogado; se dirigió directamente a su abuela, le propinó algunos golpes. Luego la apuñaló 70 veces. Otra de sus nietas presenció el homicidio.

Un día después, en Salamanca –un municipio cercano a Jerécuaro- dos jóvenes de 15 y 17 años de edad golpearon a Josefa Puente Miranda hasta matarla. Querían robarle el tanque de gas. Asesinaron a la mujer de 89 años en su propia casa cuando los descubrió. Después la envolvieron con una cobija.

María Muñiz Rentería tenía 75 años cuando fue asesinada en Valle de Santiago, el 25 de abril del 2015. Sus vecinos la encontraron tirada en el piso de la casa de techo y paredes de láminas negras donde vivía. Minutos antes la habían escuchado discutir con su hijo, Adán Ledezma Muñiz.

La casita donde María fue asesinada se ubica en la colonia El Calvario, en una zona de difícil acceso, calles sin pavimentar, una mayoría de habitantes sin un empleo remunerado -los pocos con sueldo reciben no más de dos salarios mínimos- y un promedio de escolaridad inferior a la media municipal y estatal.

Margarita, Josefa y María, son tres de las 314 mujeres que murieron asesinadas entre el 2012 y el 2015 en Guanajuato, un estado en el que cual el porcentaje de homicidios de mujeres mayores de 65 años (alrededor del 20 por ciento) sobresale de la estadística arrojada por el Sistema Nacional de Información en Salud, el Sinais.

La casa resulta ser el sitio más peligroso para la vida de las mujeres adultas mayores en el estado, tres veces más que la vía pública, que es el otro sitio donde son asesinadas las mujeres en Guanajuato.

La mayoría de estas víctimas contaba con una escolaridad mínima o sin estudios.

Las mujeres asesinadas entre 2012 y 2016 eran solteras o casadas casi en el mismo porcentaje; las menos, eran  divorciadas o vivían en unión libre.

Pero no sólo para ellas el hogar ha representado un sitio mortal: de acuerdo con los datos del Sinais, quienes tienen un nivel de estudios profesional tienen un doble riesgo de morir asesinadas dentro que fuera de sus casas.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

Por el contrario, en casos como el de Luz Salcedo Palacios, sobreviviente de una agresión sexual y física a sus 18 años, son las jóvenes con estudios de secundaria completa o bachillerato las que se enfrentan a la amenaza del feminicidio en las calles guanajuatenses.

La mitad de las mujeres asesinadas entre 2012 y 2015 tenían entre 18 y 40 años de edad.

Eso sí, hay un periodo del día en el que la mayoría de las víctimas fueron asesinadas o se les encontró muertas, jóvenes y mayores, en casa o en la vía pública: entre la una y las 4 de la madrugada.

No son los únicos riesgos a los que se enfrentan las mujeres víctimas de delitos, como lo describe el caso de Luz quien tres años después de haber conocido a un joven en un bar con otros amigos, quiso obligarla a sostener relaciones sexuales y cuando ella se negó, la privó de su libertad y la llevó a un paraje de una carretera donde la golpeó.

Luz hizo pública su denuncia, y fue por ello y por la intervención de la organización civil “Las Libres”, y la “Clínica jurídica del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE)”, que el agresor fue detenido, procesado y sentenciado. Aún así el proceso se llevó casi tres años, aunque fue uno de los primeros casos que entraron al nuevo sistema penal acusatorio, con la abrupta interrupción de los estudios y la cotidianidad.

La Procuraduría estatal de Derechos Humanos intervino y recomendó una disculpa pública, pero permitió que Luz fuera presionada por funcionarios del gobierno del estado para aceptarla cuando ni siquiera había sido notificada. Toda la experiencia fue traumática:

“Me parece una aberración por todo lo que yo pasé. Cómo es posible que en el hospital hayan puesto al agresor en una camilla frente a mí. Me parece increíble que eso siga pasando todavía; tratar de culpabilizar a la víctima por la ropa que traía, por las personas que conocía o por lo que estaba haciendo…lo veo y digo: con razón muchas mujeres no denuncian…”.

“Si los hombres violentos supieran que hay un castigo para lo que están haciendo, no lo harían…son números en crecimiento los de mujeres que son violadas, golpeadas o asesinadas. Pero tienen forma de disminuirse cuando veamos las mujeres que nuestra seguridad está salvaguardada por las instituciones. Si desestiman nuestras denuncias no tenemos la confianza de ir a denunciar”.

El “Centro Las Libres”, que por lo menos desde el año 2000 ha documentado los asesinatos de mujeres en Guanajuato, ha visto cómo se han modificado los modos y causales, como la aparición de un número cada vez mayor de homicidios por armas de fuego.

TV Cimac

Asesinatos de mujeres en Guanajuato





Además, tras la tipificación en noviembre del 2011 del feminicidio y la tentativa de feminicidio, se ha capturado, procesado y sentenciado a responsables por estos delitos en la entidad. No obstante, todavía pasó más de un año para que se consignara ante jueces un caso de feminicidio.

Datos del Supremo Tribunal de Justicia del estado señalan que entre 2013 y 2016 se conocieron 35 expedientes por feminicidio en el sistema de justicia tradicional y 47 en el sistema penal acusatorio oral. Entre el 2013 y el 2015 se dictaron 10 sentencias condenatorias en el sistema tradicional (la mínima de 25 años y la máxima de 37) y del 2013 al 2017, los jueces sentenciaron culpables a otras 13 personas, con penas de 15 hasta 43 años de prisión.

La integrante de “Las Libres”, Rosalía Cruz Sánchez, describe cómo hasta antes del 2015, aproximadamente, la violencia familiar u originada por la pareja era la causal principal, y posteriormente se involucran otros elementos como el narcomenudeo, el uso de armas de fuego. “Tenemos una cifra muy elevada de mujeres asesinadas este año, más de cien. Pero tenemos que ver esas otras causales, una violencia generalizada en la que las mujeres son el punto más vulnerable. Muchas mujeres han muerto incluso por estar en un lugar, con la pareja que vendía la droga o que se enfrentó en ataques armados, por ejemplo”.

En los casos de las mujeres adultas mayores víctimas de homicidio, Cruz Sánchez explicó que vivían en su mayoría en comunidades rurales o colonias populares, tenían tienditas o negocios pequeños en lugares apartados y fueron víctimas de mucha brutalidad. “Vemos muchas puñaladas, muchos balazos, como si ellas hubieran podido oponer mucha resistencia”.

Después de varias solicitudes de Alerta por Violencia de Género presentadas por esta organización civil ante la Conavim y las recomendaciones hechas al gobierno de Guanajuato hace casi dos años para atender la problemática, Rosalía Cruz afirma que “cada vez es más evidente que cuando hay un asesinato de una mujer, se investiga. Nos gustaría ver un número mucho menor de mujeres asesinadas. Quizás estamos en un pico muy alto pero los procesos judiciales también han ido avanzando. Hoy en Guanajuato hay ya varios sentenciados por feminicidio e incluso por tentativa de feminicidio, cuando antes todo se quedaba en lesiones”.

De hecho, uno de los argumentos presentados por el “Centro Las Libres” en las solicitudes, fue el de la saña creciente empleada por los feminicidas.

Mientras que en su calidad de sobreviviente, la joven Luz Salcedo pide a las autoridades que hagan sentir a las mujeres “que somos escuchadas, que somos respetadas y que nuestra seguridad es su prioridad”.

El estado de Guanajuato tipificó el feminicidio el 3 de junio de 2011, incorporando el artículo 153-A en el Código Penal estatal e hizo una reforma al mismo en junio de 2013.

* Reportaje colaborativo coordinado y elaborado por periodistas de la Red Nacional de Periodistas de Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

17/VE/LGL








REPORTAJE
VIOLENCIA
   En la madrugada ocurre gran parte de los homicidios
Jóvenes y solteras las mujeres asesinadas en Jalisco
CIMACFoto: Analy Nuño
Por: Analy Nuño, Gricelda Torres Zambrano, Elizabeth Rivera Avelar, Priscila Hernández Flores*
Cimacnoticias | Jalisco, Gua.- 24/11/2017

En Jalisco, de los 524 homicidios cometidos contra mujeres en el periodo de 2012 a 2015, la mitad (52 por ciento) ocurrió en la vía pública, lo que sitúa a este espacio, como el más peligroso para las mujeres de la entidad, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais).

La información del Sinais -elaborada con los certificados de defunción de Salud, actas del registro civil y el cuaderno de defunciones del Ministerio Público- consultados, evidencia que 51.9 por ciento (de las 524) eran solteras.

Los homicidios ocurren de camino a la escuela, al trabajo o cuando van de compras, luego de reunirse con sus amigas, o tras usar el camión, al volver a casa, con maternidad o sin ella.

La edad, es otro factor importante: 34.1 por ciento tenía entre 18 y 25 años y 37.1 por ciento entre 26 y 40 años.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

El horario en que se mueven en la vía pública también implica un factor de probabilidad para ser víctima. La salida del trabajo, la escuela, a divertirse o cenar, empatados con la oscuridad de la noche, la falta de luminarias en muchas zonas de la ciudad y la ausencia de vigilancia hacen de las 9 de la noche a las 4 de la madrugada el horario de más riesgo para ellas. Los datos revelaron que entre esas horas, 40.2 por ciento de las mujeres fue asesinada.

En cuanto a escolaridad y ocupación también hay una tendencia: 12.3 por ciento de las mujeres asesinadas tenía primaria terminada y 10 por ciento estudió la secundaria completa, mientras que 8.1 por ciento de ellas no trabajaba.

De acuerdo con datos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (SEMEFO), de estos 524 homicidios, en 44.6 por ciento se utilizó un arma de fuego; en 18.64 por ciento un arma punzo cortante; 15.35 por ciento murió por golpes; 8.77 por ciento fueron estranguladas y el resto por quemaduras y otros.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

MENOR DE 17 AÑOS, UNA DE CADA 5 MUJERES ASESINADAS

El registro del Sinais también da cuenta de los asesinatos cometidos contra niñas: 82 de las 524 mujeres asesinadas durante el mismo periodo (2012-2015) era menor de 17 años de edad; 20 tenían entre 0 y 11 años. Ni la calle, ni el hogar son espacios seguros para ellas: 42 fueron asesinadas en el hogar y 40 en el espacio público.

La mayoría de los homicidios de las menores de edad ocurrieron entre las 9 de la mañana y las 12 del día y entre las 5 de la tarde y 8 de la noche.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

PERFIL DE LAS VÍCTIMAS NO HA VARIADO EN TRES DÉCADAS

Para la académica y abogada de la Universidad de Guadalajara, Guadalupe Ramos Ponce, el perfil de las mujeres asesinadas en Jalisco es muy similar al de las víctimas en América Latina. “¿Esto qué te quiere decir? que son jovencitas, mujeres en edad productiva y reproductiva y que justo es en esa etapa donde son truncados sus sueños, sus planes de vida y ¡todo!”.

La experta, con más de 20 años de estudios en violencia de género, afirmó en entrevista, que desde la década de los noventa el perfil es el mismo. “En los últimos años no sólo no han cambiado las estructuras patriarcales, sociales, económicas,  jurídicas que sustentan una sociedad como la nuestra, sino que incluso se han agudizado esas estructuras y al mismo tiempo agudizan las violencias”.

La violencia feminicida, enfatizó Ramos Ponce, es “una violencia sistemática y estructural” que va desde el acoso hasta el feminicidio. Insistió que “no existen políticas públicas que prevengan, que sancionen la violencia contra las mujeres”. Algo que se contradice con los compromisos del Estado Mexicano al firmar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Belém Do Pará).

Para la representante en Jalisco del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), Alejandra Cartagena López, el principal problema es la impunidad.

“Si matan a una mujer no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? porque tenemos una cultura machista donde las mujeres no somos vistas como sujetas de derechos, sino como objetos que los varones pueden usar y desechar. Es así que nos usan y desechan. Tenemos una cultura que ha permitido y naturalizado la violencia de las mujeres”.

TV Cimac

Asesinatos de mujeres en Jalisco





En eso coinciden las familias de las víctimas: la falta de justicia es la principal deuda del Estado. Consuelo Pérez García, madre de una víctima, exige que el asesino de su hija -quién dejó en la orfandad a una niña de un año y ocho meses- sea castigado.

“Este tipo está en la penal ya, ¡y esperemos que no lo dejen salir! ¡Que no lo dejen salir! que pague lo que tenga que pagar, porque no se vale haber dejado a mi niña sin madre y a mi sin mi hija”.

Betsabé García Hernández fue asesinada por su marido en septiembre de 2015. Su madre, María Amparo Hernández, demanda justicia y cárcel para el asesino.

“A mí me pueden dar todo el oro y a mí no me llena, yo preferiría a mi hija. Yo con que lo agarren. Ya si lo agarran tanto mis hijos como mi nuera, mis nietos, vamos a andar más tranquilos”.

La defensora de Derechos Humanos, Cartagena López, lamentó que en muchos de los casos los hijos sean testigos de la muerte de sus madres. “Algo que nos hemos encontrado en el estado de Jalisco es que las mujeres son asesinadas frente a sus hijos”, lo que calificó como “maquiavélico” pues es un sufrimiento infringido a las mujeres el saber que sus hijos ven cuando las matan.  

Así ocurrió con Lidia Olivarez, asesinada por su pareja en la vía pública frente a sus hijos de 3, 6 y 7 años de edad. Su madre, María Guadalupe Centeno Trujillo, habla de lo sucedido el 8 de octubre de 2017:

“A mi hija la pareja la asesinó. La mató con una navaja, le dio siete puñaladas, una le tocó en el corazón. A mí los niños me dijeron que su papá le pegaba a su mamá y de hecho cuando la mató los niños estaban presentes, ellos vieron, los tres chiquitos. No preguntan por su mamá porque dicen que su mamá está muerta, dicen que su papá la mató, pero del papá no preguntan nada”.

En México a partir de 2012 el Código Penal Federal considera como feminicidio los asesinatos de mujeres donde el homicida tenga o haya tenido alguna relación de sentimental, afectiva o de confianza. Aunque ésta no es la única causal, también contempla cualquier signo de violencia sexual; lesiones o mutilaciones degradantes, así como actos de necrofilia; antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar; si hubo amenazas, acoso o lesiones previas al homicidio; si la víctima fue incomunicada antes de la privación de la vida, y si el cuerpo de la víctima es expuesto o exhibido en algún lugar público.

Bajo este criterio 385 de los homicidios reportados en el Sinais como homicidio se considerarían casos de feminicidio, ya que se documentó violencia familiar previa. Los estados que acumulan más casos son: Estado de México (58), Colima (37), Guanajuato (23), Ciudad de México (20), Puebla (20), Veracruz (17), Coahuila (16), Michoacán (16) y Oaxaca (16).

Jalisco estipuló en el artículo 232 BIS de su Código Penal el delito del feminicidio, el cual entró en vigor  en septiembre de 2012. En él, se determina que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género y concurra, además, alguna de las circunstancias previstas en el tipo penal, entre las que señala relación de parentesco, o cualquier tipo de unión entre la víctima y su agresor, sin embargo, muchos de estos homicidios dolosos continúan investigándose bajo esta figura penal y no, como feminicidio, aún cuando cumplan con las características.

* Reportaje colaborativo coordinado y elaborado por periodistas de la Red Nacional de Periodistas de Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

17/AN/GTZ/ERA/PHF/LGL








INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Cada año son asesinadas por sus parejas más de 60 mil mujeres
   
“Atrapadas. Del amor romántico al feminicidio”
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias/Cerigua | Guatemala, Gua .- 23/11/2017

La Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG), en Madrid, España, realizará el performance “Atrapadas. Del amor romántico al feminicidio”, con motivo del 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La AMG reúne en Madrid a mujeres de todos los continentes para denunciar que el amor romántico daña gravemente su autonomía y constituye, en innumerables ocasiones, la antesala del feminicidio.

La performance pone en escena a mujeres jóvenes, vestidas de novia, con corazones “humanos” atrapados en jaulas, que recorrerán la Gran Vía de Madrid, interactuando con las y los peatones, a través de una reflexión sobre la crisis global denominada feminicidio y algunas de sus raíces más profundas, como las creencias sobre el amor romántico.

La información destaca que cada año, en el mundo, son asesinadas más de 60 mil mujeres a manos de hombres con quienes mantenían una relación de pareja o por familiares.

Asimismo, señala que las mujeres, en todo el mundo, viven atrapadas por mandatos que les imponen el “ser para otros”; se trata de reglas que, aunque están descomponiéndose en algunos lugares del planeta, no terminan de romperse por completo; son instituciones sociales diseñadas para el mantenimiento de la dominación patriarcal, a base de la subordinación de las mujeres.

Uno de esos mandatos es el del amor romántico, un complejo conjunto de creencias y mitos que diseña y esculpe, bajo pena de castigo social, mujeres que están socializadas para sacrificar enormes dosis de su libertad y autonomía a cambio de encajar en un molde que no sólo se convierte en su prisión sino del cual les es, en muchos casos, imposible escapar vivas.

El amor romántico es la categoría cultural en que se asienta el modelo de pareja y de familia patriarcal que representa en la actualidad uno de los escenarios de mayor riesgo para la vida de las mujeres; es un mandato social y de género que daña gravemente la libertad, la autonomía y la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres; es también la antesala de la inmensa mayoría de feminicidios, subraya.

Algunos datos recabados por la AMG, destacan que cada año 60 mil mujeres y niñas son asesinadas de manera violenta en 104 países y territorios del mundo, lo que representa 16 por ciento de los homicidios dolosos en el hemisferio, según el Informe Carga Global de la Violencia Armada 2015, Secretaría de la Declaración de Ginebra.

Dos de cada tres víctimas de homicidio a manos de la pareja o familiares son mujeres, a diferencia del total de casos de homicidio, en los cuales las mujeres constituyen 20 por ciento de las víctimas, refiere The World’s Women 2015, ONU Mujeres.

17/RED/LGL








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