NACIONAL
VIOLENCIA
   Sólo un decreto y un programa para reparar daño
CEAV y DIF, obligados a registrar y acompañar orfandad por feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/03/2017 La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tienen la obligación de hacer un registro fidedigno sobre hijos e hijas de víctimas de feminicidio: cuántos son, dónde están, quiénes se hacen responsables de ellos, cuál es su acompañamiento, pues es un tema que concierne a la reparación integral de daños, afirmó la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada.
 
A pesar de que existe un registro oficial de 6 mil 488 asesinatos de mujeres entre 2013 a 2015, que dejarían en la orfandad a miles de niños, niñas y adolescentes, la CEAV señala –tras una solicitud de información- que sólo conoce, de 2014 a febrero de 2017 (todo el tiempo en que ha operado) solo 65 casos de orfandad por feminicidio. 
 
La Coordinadora del OCNF, entrevistada por Cimacnoticias, recordó que estas hijas e hijos son víctimas indirectas, por lo tanto  CEAV y DIF debe registrar y acompañar el desarrollo de la niñez en orfandad por feminicidio.
 
Estos actos están estipulados en Ley General de Víctimas, donde se indica que “los familiares o personas que tengan una relación inmediata con la víctima, deben percibir ayuda provisional y oportuna de los recursos de ayuda de los sistemas de víctimas federales o de las entidades”.
 
Además, la sentencia emitida por la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) en 2009 por tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, obligó al Estado mexicano a reconocer a las hijas e hijos de mujeres asesinadas por razón de género como víctimas y a establecer las bases jurídicas y políticas públicas necesarias para respaldarlos
 
Sin embargo,  aunque existen instituciones y marco jurídico, es difícil contar con estos registros, dijo la activista Luz Estrada, pues con dificultades se logra conocer de manera efectiva las cifras de feminicidio a nivel a nacional, por lo que contabilizar a las víctimas indirectas del feminicidio será un reto.
 
REPARACIÓN DE DAÑO
 
Sobre la reparación del daño, Luz Estrada comentó que “es toda una problemática”, pues los esfuerzos son insuficientes, ya que, además del protocolo de CEAV, existen apenas un decreto en el Estado de México y un programa en Jalisco.
 
El decreto del Estado de México, número 106 publicado el 3 de agosto de 2016 en la Gaceta Oficial de la entidad, un año después de la Alerta de Violencia de Género (AVG), reconoce la necesidad de “otorgar un estímulo económico a las hijas o hijos de madre o tutora desaparecida o víctima de feminicidio u homicidio doloso”. Y se entrega “a partir de la noticia del hecho en los lineamientos correspondientes”, hasta la conclusión de la licenciatura o la certificación como profesional técnico.
 
En febrero de 2017, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció entregar 800 pesos mensuales por cada estudiante, siempre y cuando estén inscritos en las instituciones escolares hasta concluir la licenciatura.
 
Luz Estrada consideró que, además de estos necesarios recursos económicos, también se debe considerar la atención psicológica integral para los hijos e hijas de mujeres asesinadas, muchas veces testigos del delito, lo que les deja marcas severas, incluso cuando son menores de edad.
 
Ellas y ellos, dice la experta, “se sienten solos, cansados, abandonados, lo que tiene consecuencias significativas en su desarrollo”, pues el feminicidio “es una muerte no esperada y la familia también debe llevar terapia “para poder sobrellevar el dolor.”
 
En Jalisco, el programa “Acompañar la ausencia” fue establecido en septiembre de 2016, ante el creciente número de casos de feminicidio, con el fin de dar apoyo psicológico a familiares de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio, para “aliviar algunos trastornos psicológicos que detonan estos delitos, con el fin de recomponer el tejido familiar”.
 
Sin embargo, señaló Luz Estrada, siguen siendo las abuelas, tías u otros familiares los que se hacen cargo de las hijas e hijos de mujeres asesinadas y quienes buscan los medios para brindarles lo necesario a estas víctimas que quedan indefensas a falta de políticas públicas.
 
17/HZM/GG
 







REPORTAJE
VIOLENCIA
   Omisión e indolencia del Estado
Hijas e hijos de mujeres asesinadas, víctimas ignoradas del feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez y Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/03/2017 Un feminicida no solo destruye el cuerpo de una mujer: el daño y el dolor trascienden el tiempo y el espacio, llegan a las niñas, niños y adolescentes que quedaron en orfandad, azotan a los que perdieron a una hija, mata también la justicia, la posibilidad de una vida sin violencia de la que hablan las leyes. Sin embargo, prácticamente nada se sabe de estas víctimas, quiénes son, dónde están, cómo sobrellevan el duelo y el dolor, quién las atiende, cómo viven la ausencia, quien les repara el daño, quién las mantiene...
 
Ante la omisión, la burocracia y la indolencia, estas víctimas “colaterales”, “indirectas” del feminicidio apenas son reconocidas con unos cuantos datos por instituciones del Gobierno federal, que están obligadas a saber y atender la problemática, entre ellas: la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Comité de Violencia Sexual de la Conavim y la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.   
 
Y es su obligación saber e informar porque la Ley General de Víctimas indica que los familiares o las personas que tengan una relación inmediata con la víctima directa son víctimas indirectas y por tanto pueden recibir ayuda provisional, oportuna y rápida de los Recursos de Ayuda de los sistemas de víctimas federales o de las entidades federativas.
 
Esta ley no surgió por iniciativa del Estado mexicano, sino como consecuencia de una sentencia que dictó en su contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en noviembre de 2009, como responsable del feminicidio de Esmeralda, Claudia Ivette y Laura, asesinadas en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua  proceso conocido como Campo Algodonero. Desde entonces, el Estado debe reconocer también como víctimas a hijas e hijos de mujeres contra las que se cometió un homicidio por razón de género y fue exhortado a crear una ley para apoyarlas. 
 
Hoy, el Sistema Nacional de Protección de Víctimas es la entidad encargada de coordinar apoyos médicos, psicológicos y jurídicos a esas víctimas, y existe también la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes que garantizarían dichos apoyos. Sin embargo, no hay datos de las víctimas indirectas, ningún registro público los tiene, lo que las convierte, también, en víctimas invisibles del feminicidio.
 
Eso llevó a esta agencia a echar mano de la ley para solicitar datos. Así, obligadas por solicitudes públicas de información, dos de estas instituciones revelaron a Cimacnoticias lo que tienen: apenas una pálida semblanza de las niñas, niños y adolescentes que sobreviven al feminicidio, víctimas invisibles para el Estado.
 
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya función inició en octubre de 2015, conoce sólo un caso de orfandad por feminicidio y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) logró registrar, en tres años de operación (de 2014 a febrero de este año), 65 casos de orfandad por feminicidio. 
 

 
Las otras dependencias, a las que se interrogó por las hijas e hijos de las mujeres víctimas de feminicidio, callaron. Desde febrero pasado, solicitamos entrevistas con la entonces directora nacional del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Laura Vargas Carrillo; con la titular del Comité de Violencia Sexual de la Conavim, Anita Suárez Valencia: y con la subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, María de los Ángeles López Peña. Hoy, esta agencia sigue en espera de respuesta.  
 
En suma, solo 66 orfandades reconocen estas autoridades, aunque existe un registro oficial de 34 mil 176 asesinatos de mujeres cometidos en el país de 1985 a 2009, lo que habría dejado miles de huérfanas y huérfanos, niñas, niños y adolescentes, así como un número igualmente alto de abuelas convertidas súbitamente en madres, ante el asesinato de sus hijas y cuyas historias también son ignoradas por las autoridades.
 
Y si, en el mejor de los casos, el homicida es llevado a la justicia, remoto es que un juez dé vista a alguien para ver qué ocurre con los hijos e hijas de la víctima, como afirma la pedagoga y fundadora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI), Margarita Griesbach Guizar.
 
Hablamos de un número de víctimas que, además, se incrementa cada vez que un feminicida comete el crimen, lo que sucede al menos siete veces por día en nuestro país.
 
Aunque invisibles para las autoridades, las niñas, los niños y adolescentes que quedaron en huérfanos existen, tiene voz, necesidades y una historia para contar, lo que revela cada omisión o agravio que padecen, en un país donde las leyes que deben protegerlos no lo hacen.
 
ALAN, REGATEO DE APOYOS
 
A la medianoche del 9 de septiembre de 2015, Alan*, de 10 años de edad, llegó corriendo a casa de sus abuelos, a unos metros de su domicilio, en el municipio de Tlajomulco, Jalisco, para pedir ayuda porque su padre, Alberto, quería asesinar a Betsabé, su madre.
 
Alan contó angustiado a sus abuelos que él y sus hermanos, de 9, 3 y dos de 7 años de edad estaban durmiendo, cuando los gritos de su madre y su padre los despertaron. En medio de la violencia, su mamá le pidió que fuera corriendo a traer a los abuelos para que la auxiliaran, pero en ese momento su padre lo detuvo, lo aventó violentamente y lo amenazó con asesinarlo junto a sus hermanos. 
 
Pudo huir, pidió ayuda, pero cuando regresó con sus abuelos, el cuerpo de su mamá estaba ya en el suelo, con heridas de cuchillo en el pecho. De eso pasaron ya 2 años y desde entonces él y sus hermanas y hermanos viven con sus abuelos, quienes tratan de cubrir sus necesidades de salud, su educación y les dan la oportunidad de conservar una familia. Sin embargo, Alan tiene miedo de que su padre, prófugo de la justicia, regrese y cumpla su amenaza de matarlos. 
 
Al día siguiente del asesinato de Betsabé, su madre y su padre, María Amparo Hernández y Mario García, adultos mayores, él dedicado al campo y ella a atender una mercería,  fueron a la Procuraduría Social de Tlajomulco a tramitar la custodia de sus cinco nietos, donde les dijeron que  tendrían que “pagar ocho mil pesos por cada niño si realmente los querían”.
 
La respuesta, insensible y hasta abusiva, no extraña, como explica la pedagoga y fundadora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI), Margarita Griesbach Guizar, pues cuando una niña o niño queda en orfandad tras un feminicidio, “se vuelve invisible para el Estado y si hay una tía o una abuela es ella quien se queda a cargo, sin que la autoridad intervenga como debiera ser. Y al final, dice, dependiendo del contexto la familia hace lo que puede hacer.
 
Así sucedió con los nietos de Amparo y Mario, pues para que pudieran quedarse con ellos, fue necesaria la intervención del DIF Tlajomulco, donde se agilizó el trámite de custodia ante la Procuraduría Social, explica la abogada y vicecoordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), Alejandra Cartagena.
 
Así, la pareja, además de una hija con síndrome de Down, sumó a sus responsabilidades el cuidado y la crianza de sus cinco nietos, sin más recursos que los que les deja su trabajo de campesinos y con una batalla perpetua para que las instituciones les den el apoyo a que tienen derecho como víctimas secundarias de feminicidio.
 
La insistencia de la abogada Cartagena ante el DIF de Tlajomulco apenas tuvo respuesta en 2016: una despensa para la familia “de vez en cuando”. También  una beca de la Secretaría de Educación Pública, por un año, solo para Alan, nada para los demás.
 
¿Por qué?, preguntamos a la abogada: “La ayuda no está llegando a quienes la necesitan porque las autoridades no están organizadas”, responde. Y agrega: “no tendrían que ser las víctimas quienes estén buscando ayuda, tendría que ser el Estado quien les de todo el apoyo que necesitan”.
 
A la familia le falta apoyo psicológico, que no pueden pagar y al que tienen derecho. Les urge también construir un cuarto más y dicen que el DIF ya se los prometió, para que no estén tan restringidos de espacio.
 
Mientras tanto, en espera de que la ley se aplique, hoy Amparo y Mario sobreviven sin el negocio de la mercería y resuelven  los gastos de cinco hijos-nietos más. Peor aún, decidieron abandonar su casa, por temor a que el feminicida los busque, mientras la abogada insiste, toca puertas para recordar a las autoridades que tienen una obligación legal para con las víctimas. 
 

 
HUELLAS DE LA VIOLENCIA
 
Rafael tiene 18 años, Ulises 17 y Fabiola 15, todos quieren ir a la universidad, Rafael para ser abogado, Ulises y Fabiola quieren estudiar diseño gráfico. Han pasado 13 años desde que el 12 de febrero de 2014, vieron a su madre, Nadia, inerte, en cuclillas y con una cuerda atada al cuello.
 
Esta escena los persiguió durante su infancia y aunque repitieron hasta el cansancio el mismo testimonio de cómo vieron a su padre, Bernardo López, y su tío Isidro “El Matute”, meter a su madre a la cisterna y luego colgarla en la habitación de su casa en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, casi ninguna autoridad les creyó, porque apenas tenían entonces 5, 4 y 3 años de edad, y  su declaración no fue considerada como evidencia.
 
Presenciar el feminicidio de su madre les dejó graves secuelas: Rafael, quien tenía 5 años de edad, perdió el control de sus esfínteres y Ulises, de 4 años, comenzó a esconderse debajo de las sábanas para gritar y escapar de las constantes pesadillas, otras veces se golpeaba contra la pared, subía a la azotea de su casa y preguntaba cuándo regresaría su madre.
 
Su hermana más pequeña, Fabiola, a sus 2 años de edad, articulaba palabras que según María Antonia, su abuela, querían decir que su “papá le pegó a su mamá” y al igual que Ulises cada vez que la niña tenía ansiedad se golpeaba la cabeza con las manos: “Era horrible”, narra su abuela.
 
Cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) concluyó que se trató de un “suicidio”, María Antonia se dedicó a dos arduas tareas: primero cuidar a sus nietos y después tocar puertas para exigir justicia a todas las instancias que se encontró en el camino.
 
En 2004, María Antonia escuchó en la radio al psiquiatra Giuseppe Amara, en su programa “Parejas Disparejas ¿Y la Familia?”. Le pidió ayuda y este aceptó dar terapia psicológica y psiquiátrica gratuita a los dos hijos mayores de Nadia, por un tiempo determinado. Fabiola nunca recibió atención porque su abuela pensó que era  muy pequeña para recordar los hechos.
 
Terminada la ayuda del doctor Amara, María Antonia buscó por su cuenta ayuda psicológica particular para sus nietos. Un gasto que pudo solventar con enormes dificultades, gracias a su trabajo como  costurera.
 
Abocada a entender el expediente del caso de su hija, buscadora incansable de salidas, imaginó que tal vez Fevimtra, alguna Instancia de las Mujeres, la Procuraduría General de Justicia o el DIF podría ayudarla para obtener algún tipo de apoyo, pero se dio cuenta de que eso dependía de la buena voluntad de la institución.
 
La urgencia de Antonia por buscar apoyo psicológico está perfectamente fundamentada, como lo explica la investigadora del Centro de Estudios de la Mujer de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Julia del Carmen Chávez Carapia, quien asegura que las probabilidades de que esos huérfanos del feminicidio hayan vivido violencia familiar es muy alta porque es muy difícil que un padre violento con su pareja no lo sea con sus hijas e hijos.
 
La niñez que no es atendida tras haber sido violentada por su padre y luego presenciar o vivir el asesinato de su madre “puede normalizar la violencia y reproducirla en la escuela o en su entorno general o presentar desequilibrios en su personalidad”.
 
La niña o el niño queda súbitamente huérfano y necesita recibir apoyo psicológico porque “en un segundo le arrebatan a su madre y su padre se convierte en un delincuente”, dice la especialista. 
 
Sin embargo, poco se ha investigado sobre estas víctimas, dice Chávez Carapia, porque las instituciones y muchas veces las propias familias no lo permiten, en ocasiones creyendo que aislarlos les evitará más daños, aunque el apoyo es necesario para que comprendan el contexto. 
 
Fue hasta 2008 cuando, apoyada por organizaciones civiles, Antonia logró que sus dos nietos mayores fuera atendidos a través de la Fiscalía Especializada para Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), ya que fueron sometidos a un careo con su tío Isidro.
 
El careo se realizó tomando medidas para no revictimizarlos, le aseguraron a Antonia, lo que no ocurre en otros casos, donde se evidencia la falta de perspectiva de género en los procesos judiciales y en el tratamiento de las víctimas secundarias, “pues es un nivel de violencia tan fuerte que necesita ser atendida por especialistas en psicología, psiquiatría, pedagogía y personal de trabajo social, capaz de atender e integrar a las víctimas de manera individual y familiar”, señala Chávez Carapia.
 
Hoy, Antonia tiene como prioridad, a la par de la búsqueda de justicia en el proceso judicial, que sus nietos y su nieta tengan salud emocional. En pos de tranquilidad vendió su casa, por temor a que Isidro, puesto en libertad por falta de pruebas, tome venganza, y pidió un crédito para comprar una casa.
 
En 2011 en una reunión entre la Secretaría de Gobernación, autoridades del Edomex y familiares de víctimas de feminicidio, María Antonia expuso su problema de vivienda y la dependencia le prometió facilitar un crédito, pero el beneficio que nunca llegó.
 
Y aunque en  2016, un año después de que en el Estado de México se decretó la Alerta de Violencia de Género (AVG), el gobernador Eruviel Ávila anunció becas educativas y  capacitación para el trabajo para las hijas e hijos de las mujeres asesinadas por razones de género, para los hijos de Nadia solo hubo un registro en el Seguro Popular.
 
“Económicamente me ha sido muy difícil sacarlos adelante, pero también se puede decir que han sido mi fortaleza”, dice Antonia a Cimacnoticias, y continuará apoyándolos para que terminen la universidad. A la par no cesará en su demanda de justicia, que podría llegar hasta instancias internacionales, y que en 2010 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) presentó el caso de su hija ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 

 
ABUELA-MADRE-ACTIVISTA
 
Tras el asesinato de Alejandra, Norma Andrade, su madre, dejó su profesión de maestra y se convirtió en abuela de sus nietos, Judith de un año y  Alberto*, de seis meses de edad. Alejandra fue encontrada sin vida y con signos de violencia sexual en un lote baldío de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 20 de febrero de 2001.
 
Pese al dolor por la pérdida de su hija, Norma, sin la misma fuerza de cuando era joven y fue madre, se convirtió nuevamente en mamá de sus nietos, obligada por una situación que la llevó más allá de asumir ese papel y la convirtió en activista, en busca de justicia para su hija y las cientos de hijas víctimas de feminicidio. 
 
Como muchas madres que quieren ver a los asesinos de sus hijas en prisión, Norma vio a las otras víctimas de Ciudad Juárez, vio a las hijas e hijos huérfanos, a las abuelas y, junto con la profesora que daba clases a Alejandra, Marisela Ortiz, fundó la agrupación “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, una de las primeras organizaciones en documentar y acompañar a familiares de víctimas de feminicidio en el territorio fronterizo.
 
Las dos mujeres y otras madres se dieron cuenta que muchas otras estaban en la misma situación, eran abuelas educando hijos que no habían planeado, a la par que se alejaban de sus oficios y sus familias para aprender a hacer las tareas de un Ministerio Público porque los funcionarios simplemente no investigaban los crímenes.
 
Así decidieron organizarse y en 2002 lograron que el gobierno de Chihuahua comenzará a realizar mesas de trabajo con las familias de las víctimas para solventar algunas de sus necesidades. A los hijos de las víctimas se les dio apoyos educativos que incluían útiles escolares, uniformes, becas, pago de inscripción a la escuela y acceso gratuito a los servicios de salud pública.
 
A las madres de esas mujeres que fueron encontradas sin vida les brindaron 900 pesos quincenales, una cantidad de dinero que Norma no le alcanzaba para cubrir los gastos de sus dos nietos y de su esposo enfermo de cáncer. Por dignidad al inicio ella se negó a aceptarlo pero la necesidad por comprar las medicinas para su esposo hizo que aceptara el apoyo.
 
Por un par de años Norma se exilió de Juárez pero a su regresó en 2005 notó que estos servicios, conseguidos por las víctimas, se redujeron a becas y útiles escolares.
 
Sin embargo, en 2012 la Fiscalía General de Chihuahua, estado donde desde 1993 se ha documentado el feminicidio, informó a la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados que tenían un Fideicomiso de Apoyo para Niños Huérfanos Víctimas de la Violencia, con un registro de 4 mil 158 menores de edad, de los que 3 mil 897 fueron atendidos con algún apoyo asistencial.
 
Para Norma Andrade la atención psicológica llegó meses después con la creación del Instituto Chihuahuense de la Mujer (en 2001), pero sólo se atendió a las madres de las víctimas, explica Norma. Judith y Alberto parecían invisibles para el Estado a pesar de ser afectados directos.
 
Las becas, uniformes y consultas médicas gratuitas a Judith y Alberto se hicieron a través de programas sociales del estado de Chihuahua, sin embargo para su abuela Norma estas acciones gubernamentales fueron y son una forma de calmar las exigencias de las familias que quieren conocer la verdad sobre los asesinatos de las mujeres y castigo para los culpables.
 
ESCENARIO “IDEAL”
 
La vida de las mujeres víctimas de feminicidio no es recuperable, pero sí la de las niñas, niños y adolescentes que les sobreviven, sí la de sus madres y padres, la de su familia. Para ello hay sentencias, leyes, acuerdos, obligaciones gubernamentales y hasta morales. Falta que se apliquen, como revela lo aquí narrado. 
 
Sin embargo, aun cuando un juez penal dicta una sentencia condenatoria a un feminicida, “jamás se le ocurre dar vista a alguien para ver qué ocurre con los niños”, señala  la experta en derechos de la infancia, Margarita Griesbach Guizar, y al final, dependiendo del contexto, la familia hace lo que puede hacer. 
 
Debería de existir, señala la pedagoga Griesbach, “una cadena de protección” para las hijas e hijos de víctimas de feminicidio”, sobre todo porque desde 2014 existe la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes que contempla responsabilidades para los gobiernos.
 
A través de esta ley, se crearon las Procuradurías de Protección estatales, y una federal, encargadas de representar a las niñas y niños y de articular todas las instancias y servicios médicos, psicológicos o sociales para atender a esta población cuando está en riesgo o son víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos.
 
Es decir, el escenario ideal sería que en caso de que una mujer se quede al cargo de niñas y niños por causa de un feminicidio, acuda a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de su estado y esta instancia se encargue de conseguir todos los servicios que se necesitan aunque en realidad esto no sucede.
 
Aún más, en la sentencia que en 2009 dictó la CoIDH contra el Estado mexicano por tres casos de feminicidio, el tribunal consideró que la prestación de los servicios sociales que el Estado brinda a los individuos no se puede confundir con las reparaciones a las que tienen derecho las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, porque se trata de un daño específico generado por la violación.
 
Sin embargo, hay un hueco por donde se cuelan omisiones e irregularidades: la Corte Interamericana consideró que no podía indicar al Estado mexicano cómo regular los apoyos que brinde a las personas como parte de un programa de asistencia social y  se abstuvo de pronunciarse respecto a ese tema.
 
Lo que sí mencionó fue que México debía adoptar medidas de rehabilitación para los familiares de las víctimas que incluyeran atención psicológica y médica.


 
RAZÓN DE VIVIR…
 
Judith y Alberto saben cómo fue asesinada Alejandra, su madre, un severo impacto, dice Norma Andrade,  que ocasionó que su nieto sea hoy un joven reservado, que no toca el tema del feminicidio, mientras Judit desarrolló el trastorno de “despliegue de personalidad”. Ambos reciben atención psiquiátrica, pagada con dificultades por su abuela.
 
Judit tiene hoy 16 años, es activista y escribe poemas, cuentos, e historia sobre feminicidio, algunos dedicados a su madre. En ocasiones se le ha visto marchar junto a su abuela, tomar el micrófono y gritar justicia, para su madre y para otras madres, y para ellos mismos y su abuela, quienes siguen siendo víctimas. 
 
Dos atentados contra Norma Andrade, presenciados por Judith, obligaron a la familia a dejar Ciudad Juárez y a exiliarse en la capital del país, para salvar sus vidas.
 
Las hijas e hijos de víctimas de feminicidio, dice Norma, “son los más ausentes, muchos han quedado sin madre y ahora ya están sin abuelas”, dice.  

“Quisiera, señala Norma, que al Estado se le obligue a hacerse responsable de esas víctimas invisibles, desde su alimentación, su manutención, en lo más esencial, hasta terminar de ir a la escuela”, pero prevenir el feminicidio y para evitar que el dolor de tener más huérfanas y huérfanos. 
 
*Los nombres de todas las niñas, niños y adolescentes fueron cambiados para proteger su identidad.  
 
17/AGM/HZM/GG 
 







NACIONAL
VIOLENCIA
   PGJEM lo había absuelto
Apelación logró condenar a Gabriel Reyes, quien violó e intentó matar a Xochitl
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/03/2017 Tras el juicio de apelación presentado por la defensoría de Xochitl, se logró revocar la sentencia de libertad que había otorgado la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) a Gabriel Gamaliel Reyes Balderas, quien violó e intentó asesinar a la joven.
 
La Sala Colegiada Penal de Toluca reconoció que no se hizo una adecuada investigación ni se valoraron las evidencias a través de la perspectiva de género, como lo ordena la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en los casos de violencia hacia las mujeres.
 
Por tanto, la Sala ordenó al Ministerio Público de Ixtlahuaca girar una orden de aprehensión en contra del potencial feminicida y violador, y lo condenó a 15 años de prisión, con lo cual dejó sin efecto la decisión de la jueza, María Ledit Becerril García, de absolver al delincuente, explicó a Cimacnoticias la abogada del Gadh, Yesmerai Betanzos.   

El juicio de amparo fue presentado el miércoles pasado por el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC (Gadh), con el fin de revocar la liberación de Reyes Balderas.
 
LAS IRREGULARIDADES  
 
El 27 de mayo de 2015, Gabriel Gamaliel Reyes Balderas amenazó con una pistola a Xochitl, quien salía de su escuela en el municipio de Ixtlahuaca, Estado de México (Edomex), la obligó a subir a una camioneta donde la violó, le dejó dos costillas rotas, lesiones en el cuello por intento de ahorcamiento, múltiples golpes en la cara y amenazó con asesinarla.
 
En un descuido del agresor, ella logró escapar, lo denunció y lo encarcelaron en junio del año pasado, pero el 5 de enero fue absuelto de la acusación al considerar que no existían “pruebas suficientes y pertinentes” para su sentencia.
 
El proceso estuvo lleno de irregularidades y negligencias: Xochitl nunca fue informada del debido proceso por parte de sus abogadas de oficio, nunca recibió los citatorios para acudir al Ministerio Público (MP) de Ixtlahuaca y continuar la demanda, además fueron desechadas como evidencias la camioneta y el semen del agresor, y dudaron de la declaración de la víctima, a pesar de que ella lo reconoció físicamente.
 
REPARACIÓN DE DAÑOS Y SEGURIDAD
 
La Sala Colegiada Penal de Toluca también ordenó la reparación de daños a la víctima, por lo que el delincuente deberá pagar indemnización por daño moral y material a Xóchitl “para que pueda tener una debida atención psicológica”. De la misma forma, está condenado a una multa para la administración de la justicia, informó Betanzos.
 
Por el momento se ordenó a la policía ministerial de Ixtlahuaca que se dediquen a localizar a Gabriel Reyes, quien se encuentra prófugo, por lo que Xochitl mantendrá las medidas de seguridad otorgadas por la PGJEM por el peligro inminente que enfrenta.
 
Asimismo el agresor podría ser investigado por otros ataques contra mujeres del Edomex, pues durante la agresión a Xochitl hizo hincapié en que no era su primera víctima. “No es un hecho aislado, esta persona probablemente ya haya perpetrado otro tipo de ataques a mujeres”, agregó la abogada.
 
Entre las resoluciones pendientes que considerará la defensoría, en conjunto con la víctima, está levantar cargos en contra de la jueza, María Ledit Becerril y de las autoridades del MP de Ixtlahuaca, quienes omitieron juzgar con debida diligencia.
 
La abogada Yesmerai Betanzos considera que la resolución es un avance importante y significativo para la justicia de las mujeres en el Edomex, una de las entidades más violentas para ellas. “Que se haya reconocido un error por parte de una jueza y que se dicte una sentencia condenatoria es dar un paso para que las víctimas puedan estar tranquilas y saber que se puede hacer un buen trabajo con el poder judicial”, afirma.
 
17/RED/RED







NACIONAL
VIOLENCIA
   Caso Xochitl
Apelarán libertad que dio PGJ Edomex a potencial feminicida y agresor sexual
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/02/2017 El 27 de mayo de 2015, Gabriel Gamaliel Reyes Balderas amenazó con una pistola a Xochitl, quien salía de su escuela en Ixtlahuaca, la obligó a subir a una camioneta, abusó sexualmente de ella e intentó ahorcarla. Ella logró escapar, denunció y lo encarcelaron, pero el pasado 5 de enero, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México lo dejó en libertad. 
 
Ante esto, el próximo primero de marzo, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC (Gadh), que acompaña a Xochitl, apelará la liberación del potencial feminicida y agresor sexual, ante la Sala Colegiada Penal de Toluca, para que el caso vuelva a revisarse, ya la joven está nuevamente en riesgo, con su agresor en la calle. 
 
La Procuraduría mexiquense nunca le avisó que liberarían al agresor y fue hasta el 9 de enero de 2017 cuando Xochitl se enteró, pues ante la falta de noticias sobre el caso, acudió al Ministerio Público (MP) de Ixtlahuaca. Le dijeron que la liberación se dio por  “no existir pruebas suficientes, ni pertinentes para condenarlo”.
 
Ante ello, el Gadh a través de la plataforma change.org, publicó una carta que será entregada una vez que se recaben las firmas, al gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, al procurador general de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, y al presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura mexiquense, Sergio Javier Medina Peñaloza, a quienes piden la  revisión de la sentencia en el juicio de amparo que será presentado el próximo primero de marzo.
 
En ella se exige que la Sala Colegiada Penal de Toluca emita la revocación de la sentencia absolutoria, una investigación que incluya la perspectiva de género como lo ordena de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante los casos de violencia hacia las mujeres, y una resolución que garantice el acceso a la justicia y la reparación de daños a la víctima. 
 
LOS HECHOS
 
El 27 de mayo de 2015, Xochitl, estudiante de 24 años de edad, salía de su escuela, en el municipio de Ixtlahuaca, Edomex, rumbo  a su casa. En la parada del transporte, Gabriel Gamaliel Reyes Balderas de 22 años de edad, se acercó a ella en una camioneta apuntándole con un arma de fuego y la obligó a subir, ahí la violó y golpeó mientras amenazaba con asesinarla.
 
Xochitl logró escapar de la camioneta en un descuido de su agresor, al salir gritó pidiendo ayuda y corrió hacía el negocio donde trabajaba una profesora de ella, quien la ayudó junto con otros vecinos. En ese momento, Gabriel Reyes logró escapar.
 
La acompañaron al Ministerio Público (MP) de Ixtlahuaca, donde presentó una denuncia y proporcionó las placas de la camioneta, pero las autoridades descartaron su declaración porque “los hechos y tiempos no cuadraban” y les pareció “sospechoso” que no conociera al agresor. Este le había confesado a Xochitl que la vigiló por varios días y notó que siempre viajaba sola.
 
Xochitl fue remitida al hospital general de la zona, tenía dos costillas rotas y lesiones en el cuello por intento de ahorcamiento, además de múltiples golpes en la cara. El personal médico no quiso atenderla porque “era muy tarde” y le pidieron regresara al día siguiente.
 
MP DESECHÓ EVIDENCIAS
 
El agresor de Xochitl fue detenido e identificado por la víctima en junio de 2016. Durante el proceso, Xochitl nunca recibió los citatorios para acudir al MP y continuar con la denuncia. Las dos abogadas de oficio que le fueron asignadas no le informaron el proceso judicial a seguir y una de ellas, la licenciada Mónica Doraly, nunca la atendió. La buscó, pero las autoridades del Ministerio le aseguraron que no la conocían.
 
Al revisar su expediente, Xochitl notó que varias evidencias se habían desechado y su segunda abogada le explicó que no lograron revisar y tomar en cuenta la camioneta para la acusación porque el agresor la vendió días antes de ser detenido. De la misma forma, se concluyó que las pruebas de esperma eran muy pocas para concluir la pertenencia al agresor.
 
El 5 de enero de 2017, Gabriel Reyes Balderas fue puesto en libertad por una sentencia absolutoria, dictada por la jueza María Ledit Becerril García, bajo el argumento de la supuesta falta de pruebas para condenar al agresor por violación e intento de homicidio.
 
Al conocer la sentencia, Xochitl decidió pedir ayuda de organizaciones de Derechos Humanos (DH) y atención a mujeres. La Gadh –organización que lleva el caso- pidió a las autoridades medidas cautelares para la víctima; lograron que una patrulla del municipio diera rondines por su casa.
 
CONTINÚAN LOS HOSTIGAMIENTOS
 
Un día después de contar con medidas cautelares, alrededor de las 10 de la noche, un hombre y una mujer intentaron entrar a la casa de Xochitl. Llamó a los números de atención que le proporcionaron para emergencias pero nadie le respondió.
 
Después de 40 minutos, una patrulla llegó al domicilio de Xochitl, pero en respuesta a las  llamadas que hizo el Gadh para que atendieran a la víctima. Los policías sólo le pidieron que se resguardara en su casa.
 
Xochitl se vio obligada a dejar su casa y su familia  e irse a resguardarse a un lugar seguro. Tiene desconfianza del Ministerio Público de Ixtlahuaca, por lo que presentarán la apelación de forma independiente en la Sala Colegiada Penal de Toluca.
 
“Este caso, señala la organización en un comunicado, no puede quedar en la impunidad, el Poder Judicial tiene que corregir la sentencia de la Jueza y asegurar un castigo para este violador y potencial feminicida”.
 
17/RED/GG







ESTADOS
VIOLENCIA
   Hay AVG, pero no avances
Mexfem, esfuerzo de familias y activistas en contra del feminicidio
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/02/2017 En el Estado de México, ante el vacío institucional y la inoperancia del sistema jurídico y del Estado de derecho, que lo convirtieron en la entidad más peligrosa para las mujeres, familiares de víctimas de feminicidio y organizaciones civiles crearon el primer Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio en el Estado de México (Mexfem).
 
Fundado el 28 de enero de 2016, Mexfem es el primer esfuerzo de ese tipo en la entidad, donde entre 2005 y 2010 fueron asesinadas 922 mujeres, de acuerdo con cifras oficiales, un problema que rebasa incluso lo sucedido en los años 90 en Ciudad Juárez.
 
Mexfem nació de la experiencia de las familias que han vivido un feminicidio -la pérdida de una hermana, hija, de una amiga, vecina o conocida- y que no encontraron el apoyo en las instituciones del Gobierno estatal o un lugar a dónde acudir.
 
“Al ver a estas familias, que no se cansan de exigir justicia, que tienen que recurrir a otros espacio e instancias que los apoyen, nos juntamos muchas mujeres feministas, entre ellas familiares de víctimas de feminicidio”, relató la coordinadora institucional del Observatorio, Yuritzi Hernández, en entrevista con Cimacnoticias.
 
Como parte de su primer aniversario, el Mexfem presentó su primer informe preliminar: En 2016, registró los siguientes casos de feminicidio; Ecatepec 39 casos, Naucalpan 17, Chilmahuacán 15 casos, Chalco 13 casos, Nezahualcóyotl con 12 casos y Tultitlán con 11. En los municipios de Nicolás Romero y Tlalnepantla se contabilizaron nueve casos y siete en Cuatitlán Izcalli.
 
Además, brindaron atención a 200 mujeres quienes han parecido algún tipo de violencia, como la física y sexual (130 casos). “No creí que fueran tantas mujeres, pero 200 atenciones en un año de todas las formas de violencia, se me hace terrible y es increíble que no exista nadie que las quiera auxiliar”, señaló Yuritzi Hernández.

Mexfem también aportó 50 apoyos jurídicos mediante el acompañamiento de la víctima al Ministerio Público (MP), y está hoy acompañando 13 casos de desaparición forzada.
 
“HACER ALGO, QUE NO SE REPITA”
 
La vida de Viviana Muciño, hoy integrante de Mexfem, dio un cambio radical en 2004, cuando su hermana Nadia Muciño Márquez fue asesinada por su pareja en Cuautitlán Izcalli, su caso es un ejemplo emblemático de la corrupción que persiste en la entidad.
 
Viviana conoce perfectamente el camino de obstáculos e impunidad que enfrentan las familias, trece años de lucha le han dado la experiencia, por ello decidió que se necesitaba hacer algo, para que su caso no volviera a ocurrir en otro hogar. “Teníamos esa inquietud de hacer algo en el Estado de México porque no se les estaba dando  seguimiento a los casos y persistía la impunidad”, contó Muciño.
 
Muciño dejó su pasión por la gastronomía y se dedicó a cuidar a los hijos de su hermana. Ahora es una de las integrantes de Mexfem, en donde coordina el área de Atención a Víctimas. Desde ahí sigue la lucha por su hermana y piensa en especializarse para ser perito.
 
El Observatorio lo conforma un grupo interdisciplinario de 10 personas, en el que hay familiares de víctimas, feministas, personas defensoras de los Derechos Humanos (DH) y profesionales de las ciencias sociales con experiencia en defensoría, acompañamiento jurídico, prevención e intervención psicosocial de la violencia de género. Todas y todos vinculados con historias que condujeron al camino del activismo y la defensa de los derechos de las mujeres.
 
¿POR QUÉ UN OBSERVATORIO?
 
Antes del Mexfem, en el Estado de México sólo había organizaciones dispersas que buscaban erradicar la violencia de género, pero que no lograban constituirse como un movimiento, explicó Viviana Muciño a Cimacnoticias. Era el Observatorio Nacional de Feminicidio el que llevaba los registros de casos en la entidad mexiquense, pero era necesario que en el estado hubiera organización, denuncias, que se visibilizara la violencia que ocurre a diario.
 
Por eso, consideró Yuritzi Hernández, “más que una organización, era necesario plantear un observatorio”  para atender e incidir de manera real en el problema, debido al contexto de la entidad que se configura “con 125 municipios, zona conurbada con Toluca y Distrito Federal”.
 
Las integrantes de la organización se conocieron en el proceso de solicitud y aceptación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el Edomex, proceso que inició en 2010. En ese año, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNAPASEVM) negó la alerta.   
 
Tras años de presión social, en 2015, el gobernador Eruviel Ávila Villegas hizo finalmente la declaratoria de AVG. Decidimos entonces, contó Viviana, que era el momento de hacer un Observatorio. Sin embargo, notamos “que a pesar de una alerta de género, siguen pasando las mismas cosas, siguen actuando bajo la impunidad, no hay avances.”
 
Por eso, cuando recorremos el estado, “nos dicen que somos la luz en medio del camino”, relató Yuritzi, pues aunque diferentes, con contrastes, todos los municipios tienen en común la violencia contra las mujeres, 
 
NO HABÍA REGISTRO
 
Cuando Ciudad Juárez se convirtió en referencia de la violencia feminicida, en el Estado de México esa violencia dejaba 10 veces más mujeres asesinada, pero nadie documentaba esos crímenes, señala la investigación periodística de Humberto Padgett, “Las muertas del Estado”. 
 
En el año 2000, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) elaboró el informe “Violencia contra las mujeres en el Estado de México”, con el que inició el registro sistemático de la violencia de género en la entidad.
 
Casi a la par, un documento elaborado por la Cámara de Diputados logró establecer un precedente importante en el posicionamiento social de esa problemática: “Violencia Feminicida en 10 Entidades de la República Mexicana”. Ahí se asienta que en el período 2000 a 2003, mil 288 mujeres fueron asesinadas en Edomex, siendo la entidad con la mayor cifra a nivel nacional.
 
El OCNF comenzó a contabilizar a partir de 2007 los casos de feminicidio: durante ese año hasta 2009 documentó 542 asesinatos de niñas y mujeres mexiquenses.
 
En los siguientes años las cifras presentadas por las organizaciones civiles contrastan con las oficiales. Es así, señalan las y los activistas, porque desde el gobierno se intenta minimizar la situación. 
 
El Mexfem reportó en 2015, 79 casos de feminicidio, para el año siguiente, 2016, la cifra aumentó: 269 casos de feminicidio registrados. Y la cuenta de ese delito continúa: el día que presentó su informe preliminar, a finales de enero de 2017, el Observatorio contaba ya 17 casos.
 
17/HZM/GGQ







ESTADOS
VIOLENCIA
   Tres años, el promedio en seis estados
¿Cuánto tardará el decreto de AVG en Puebla?
Imagen retomada de producciones y milagros
Por: Samantha Páez*
Cimacnoticias | Puebla, Pue.- 16/02/2017 Tres años es el tiempo promedio que tardó la Secretaría de Gobernación (Segob) en emitir las alertas de género en seis estados del país, aunque no hay ninguna garantía: en el Estado de México tardó cinco años; para Veracruz un año y un mes; en Colima y Sonora, donde se solicitó antes que en Veracruz, el proceso sigue en trámite.
 
Considerando el tiempo promedio, en Puebla podría decretarse hasta marzo de 2019, lo que significa que el costo político no recaerá en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, ni en el de Antonio Gali.
 
En marzo de 2016, el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica y la organización Todos para Todos solicitaron la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) para Puebla y actualmente el proceso está en la fase de revisión del informe que presentó el gobierno de Puebla, en respuesta a las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
 
La vocera de la organización Todos para Todos, Violeta Lagunes Viveros, comentó que los procesos se han agilizado, por lo cual confía en que, en no más de seis meses, se dé a conocer si se decreta la alerta en Puebla. “Cada proceso tiene una vida muy diferente, dijo, creo que en menos de seis meses se echan esa segunda etapa” de revisión del informe de trabajo.
 
CONAVIM DELEGA RESPONSABILIDAD
 
Sin embargo, la agilización de los procesos no se debería a una voluntad por parte del Gobierno federal, agregó Lagunes, sino a que ni la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), ni el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) tienen el personal para analizar a profundidad cada uno de los casos y están dejando el problema en manos de los estados.
 
En el mismo sentido habló la coordinadora del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF), María de la Luz Estrada Mendoza, en el marco del VI Encuentro de la Red Nacional de Periodistas en febrero del año pasado, al advertir que la Conavim ya no quiere investigar los casos, por ello traslada la responsabilidad a los estados.
 
“Como la Conavim ya está harta de que todas nosotras estemos pidiendo la declaratoria, le regresaron la bolita al estado. Lo que quieren es que los gobiernos lo asuman y ellos tomen las recomendaciones que quieran”, afirmó Estrada Mendoza.
 
QUE NO SUCEDA COMO EN QUERÉTARO
 
La vocera de Todos para Todos dijo que aunque ocurra algo como en Querétaro, donde no se decretó la AVG porque la Conavim consideró que el Gobierno estatal dio cumplimiento a todas las propuestas hechas por el grupo de trabajo, como promoventes insistirán en que se emita la alerta para Puebla, aun si eso significa llevar el caso a instancias internacionales.
 
En Querétaro --documentó ladobe.com.mx en el mes de noviembre--  para el Gobierno estatal el cumplimiento de las 11 recomendaciones sólo consistió en firmar convenios o anunciar intenciones.
 
RECOMENDACIONES A PUEBLA
 
Entre las acciones que se recomendaron al gobierno poblano, incluidas en el informe que se dio a conocer el 28 de junio de 2016, están: elaborar un diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres; implementar y diseñar campañas permanentes que visibilicen el problema de la violencia de género; publicar y mantener actualizada la información sobre la violencia contra las mujeres en la entidad; modificar el protocolo de investigación de feminicidio y trata de personas, y garantizar que las personas responsables de la aplicación del protocolo lo apliquen.
 
De acuerdo con el Gobierno estatal, aún encabezado por Moreno Valle Rosas, el informe que acreditó el cumplimiento de todas las propuestas se entregó el 29 de diciembre, pero la Conavim confirmó a ladobe.com.mx que fue hasta el 17 de enero que recibió el documento.
 
No hay, por tanto, un plazo definido para que el grupo de trabajo analice si se cubrieron las 11 recomendaciones, ni para declarar o no la AVG.
 
*Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx
 
17/SM/GGQ







NACIONAL
VIOLENCIA
   A 13 años del asesinato de Nadia
María Antonia: de cómo el dolor se transforma en lucha
Pasado y Presente de María Antonia Márquez, madre Nadia Alejandra Muciño Márquez. CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/02/2017 Antonia ha comenzado a perder la memoria, olvida a dónde va, qué debe hacer, todo lo apunta en su libreta, las calles en las que debe pasar, sus deberes, las audiencias a las que tiene que asistir. Dice que es por los nervios y el estrés al que se enfrentado durante tanto tiempo, 13 años desde que asesinaron a Nadia. 
 
María Antonia Márquez es madre Nadia Alejandra Muciño Márquez, víctima de feminicidio en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. A 13 años del crimen, su caso sigue impune.
 
El 12 de febrero de 2004, Nadia fue asesinada por su pareja Bernardo López, y por su cuñado Isidro, “El Matute”, enfrente de sus hijos de cinco, cuatro y dos años de edad, pero hasta el momento no existe sentencia contra ninguno.
 
María Antonia Márquez, madre de Nadia Alejandra Muciño Márquez. CIMACFoto: César Martínez López

 
Lo que  Antonia no olvida son los nombres de las personas que ha encontrado a lo largo de su lucha, señala con respeto a las mujeres que la han ayudado, acompañado, que han sido solidarias. Madres que han perdido a sus hijas, como ella, pero a las que no conoce aunque reconoce que tienen el mismo dolor con que carga desde hace 13 años.
 
CONOCÍ LA VIOLENCIA
 
Antonia nunca imaginó la violencia que viven las mujeres en este país y que cobra la vida de siete, diariamente. “Tengo 36 años de casada, a mí me tocó una pareja respetuosa, nunca viví ese tipo de violencia”. Hasta que Nadia se casó, dice, empezó a vivirla. Se daba cuenta de los golpes en el cuerpo de su hija, de su aspecto descuidado y su ánimo.
 
Todavía lamenta no haberla comprendido. “Creíamos que ella tenía que tomar la decisión de dejarlo. Le decíamos déjalo, ese hombre no te da ni siquiera lo necesario para tu hijos, tú sabes trabajar”.
 
Su miedo se hizo más grande cuando escuchó en el radio la historia de una mujer a quien su pareja intentó asesinar. En ese momento, Antonia le suplicó a su hija que regresará a casa. “Yo le decía, ¿qué quieres, dejarlos sin padre y sin madre? Y fíjese, se quedaron sin padre y sin madre”.
 
UNA CASA LLENA DE NIÑOS
 
La investigación del feminicidio de Nadia estuvo llena de irregularidades desde que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) determinó que ella “se había suicidado”, luego de recoger el cuerpo de Nadia con una soga al cuello que habían colocado los asesinos.
 
Antonia tomó la custodia de sus tres nietos, a quienes tuvo que sacar a “marcha forzada”, junto con sus dos hijos quienes tienen la misma edad que los de Nadia. A pesar de ello, Antonia muestra alegre las fotos donde están todos jugando y asegura que “fueron su fortaleza”.
 
“Tienen todo limitado, pero no se han quedado sin comer ni un día; con muchos trabajos. pero ahí vamos”. Ahora, aquellos niños  tienen 18, 17 y 15 años, todos quieren ir a la universidad y el mayor incluso comenzó a trabajar para poder completar los gastos que necesita, para comprarse “algo de ropa”.
 
En 2011, la Secretaría de Gobernación, en coordinación con las autoridades del Estado de México, realizaron mesas de trabajo con familiares de víctimas de feminicidio, ahí les prometieron becas, créditos de vivienda, atención psicológica, pero de eso no les entregaron nada, asegura Antonia, sólo los registraron en el Seguro Popular.
 
Familia Muciño Márquez. CIMACFoto: César Martínez López.

 
“Yo, la verdad, nunca he solicitado nada, creo que si uno estira la mano no puedes reclamar”, dice, y cuenta que se ha encargado de pagar la atención psicológica de los mayores, porque tras presenciar el asesinato de su madre desarrollaron diversos problemas.
 
El mayor de los hijos de Nadia no tenía control de sus esfínteres, mientras el segundo de sus nietos por las noches subía a la azotea para gritarle a su madre que regresara, ya que su abuela le había explicado que “Nadia estaba en el cielo”. Era horrible, recuerda Antonia.
 
DE COSTURERA A INVESTIGADORA
 
En los 13 años de lucha, María Antonia ha aprendido a escuchar, a conocer de leyes, de peritaje, de instituciones, pero también conoció cómo trabaja el fallido sistema de justicia mexicano.
 
La mayoría de las personas son corruptas, prepotentes, empezando desde un Ministerio Público (MP), los servidores públicos son demasiado corruptos, no se avanza si no hay una “compensación” económica, dice Antonia.
 
Pero ella no cede, porque en el velorio de su hija le prometió que no haría nada de lo que se avergüence de ella y por eso busca justicia a través de la ley.
 
Asumió el papel de investigadora, antes de que las autoridades pidieran “recompensa” para hacer su trabajo, “no les voy a dar ni un peso”, dice firme.
 
Sin embargo, tuvo que pagar la gasolina y comida de los policías que trabajaban sin recursos  para encontrar a Bernardo, hasta que ya no pudo solventarlo y se lanzó a las calles acompañada de su hija Viviana Muciño.
 
Comenzaron a espiar, a preguntar a los vecinos si habían visto al asesino de su hija, y entregaba el reporte a la Procuraduría. “Hemos tenido la necesidad de aprender, creo que avanzamos más nosotras que la misma autoridad.”
 
La madre de Nadia asegura que su hija no ha obtenido justicia debido a “un par de parentescos”: Bernardo es familiar del líder de los comerciantes ambulantes y microbuseros, Donato Zamora Rosas, y del exdirector del Organismo Operador de Agua del Municipio de  Nicolás Romero, Alejandro Zamora Cid. Este último ha falseado declaraciones ante el juzgado sobre el caso.
 
Bernardo López está sin sentencia desde 2012, cuando fue detenido por la PGJEM, pues el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México aún no cuenta con los peritos necesarios para dictaminar que Nadia no cometió suicidio.
 
Antonia Márquez: bordar “Me ha servido de terapia para mi dolor”. CIMACFoto: César Martínez López.

 
BORDAR PARA OLVIDAR
 
Al hablar de su trabajo María Antonia recobra la voz, muestra con entusiasmo las fotos de bordados y tejidos que le cuestan alrededor de dos a tres días concluir.
 
“Me ha servido de terapia para mi dolor”. Borda  para adornar vestidos de XV años, fiestas de cóctel, carnavales o bodas. Su trabajo más preciado es un vestido de homenaje para Frida Kahlo que se tardó 6 meses en terminar.
 
Lleva toda su vida en el negocio, ahora tiene una mesa en su casa donde borda por las noches, llena de telas, chaquira de colores. Su hija Viviana le ayuda a marcar los dibujos.
 
Después del asesinato Nadia, Antonia tuvo que abandonar los talleres donde tenía un empleo fijo. Recuerda que su último jefe le dijo hace 13 años que cuando terminará su problema podía regresar. Antonia se contesta “aún no puedo”.
 
ANTE LA CIDH
 
A pesar del cansancio que muestra Antonia, mantiene la esperanza de lograr justicia para su hija, “ahorita ya tenemos abogados”, se alegra y refiere que ya están en otra etapa, “ya entendí que la perdí y no la voy a recuperar con la sentencia.”
 
En octubre de 2010 la familia de Nadia y  la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)  pusieron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a las irregularidades que tuvo la investigación.
 
Para agosto de 2016, ésta le otorgó un plazo de tres meses al Estado mexicano para informar la situación en la que se encontraba el caso. Hasta el momento, vencido el plazo, el Gobierno no ha dado ninguna respuesta.
 
Antonia Márquez en entrevista con Cimacnoticias. CIMACFoto: César Martínez López.

 
María Antonia ya no se quiebra en las entrevistas, como en los primeros años, su tono de voz es bajo cuando habla del asesinato, es sutil, se guarda el llanto, ya actúa más firme y segura, reconoce.
 
“Salía del panteón y me desmoronaba, mis nietos le llevaban a su madre muñecos, recados, chocolates. El Día de la Madre les tocaba bailar, íbamos a dejarle flores y le volvían a bailar ahí. Y eso pues a mí me dolía mucho.”
 
La madre de Nadia aseguró que seguirá luchando hasta el final, “terminar lo que comenzó”, pues en su recorrido también ha visto la muerte de otras mujeres: se han cometido 922 asesinatos de mujeres en el Estado de México, tan sólo de 2005 a 2010, según cifras oficiales.
 
“Duele mucho saber que hay una asesinada más, una muerta más. A pesar de que no tenemos idea de quiénes son, duele saber que en nuestro municipio sigue habiendo más casos de feminicidio”.
 
Su hija Viviana Muciño es ahora integrante del Observatorio Ciudadano contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio en el Estado de México (Mexfem), que monitorea los casos de feminicidio en la entidad y acompaña a  familiares de las víctimas.
 
El feminicidio de Nadia, dicen, les cambió la vida por completo. Ahora Viviana quiere estudiar para ser perito y Antonia no se cansará de pedir justicia. “De alguna una manera yo creo que la muerte de Nadia no debe ser tan inútil, debe dejar algo”, reflexiona.
 
17/HZM/GGQ







ESTADOS
   Pese a esfuerzos, tasa más alta del país
No disminuyen muertes por cáncer de mama en Edomex
Imagen retomada de Tea cub.clubargentina.blogspot.com
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/02/2017 Los esfuerzos por parte del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) para prevenir el cáncer de mama (CaMa) no han logrado disminuir la cantidad de muertes causadas por esta enfermedad: las últimas cifras de la Secretaría de Salud (SS) federal indican que en 2014, 712 mexiquenses fallecieron por CaMa.
 
Esta es la cantidad más alta de muertes por CaMa en todo el país, y se traduce en una tasa de mortalidad de 15 por cada 100 mil mujeres de 25 años y más.
 
La encargada del Programa de Cáncer de la Mujer del ISEM, Guadalupe Miramón Pérez, dijo en entrevista con Cimacnoticias que en los últimos años se han incrementado los casos de CaMa en el Estado de México (Edomex), registrándose en promedio 250 al año, a pesar de las acciones preventivas que ha ejecutado el Instituto.
 
“Es un padecimiento que va en aumento, un comportamiento que se tiene a nivel nacional y el Estado de México no es la excepción, es mayor sobre todo en mujeres a partir de 40 años”, advirtió la doctora.  
 
En 2015 se diagnosticaron 299 nuevos casos de CaMa en la entidad, mientras en 2016 fueron 250, informó la especialista.
 
Ante este contexto, en 2012 se abrió en Toluca la primera Unidad de Especialidad Médica en la Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama (Uneme-Dedicam), para fortalecer la detección de CaMa en la entidad, pues antes era muy difícil que las mujeres fueran atendidas en unidades hospitalarias debido al bajo número de mastógrafos y los gastos que les implicaba transportarse, dijo la doctora Guadalupe Miramón.
 
Posteriormente el proyecto se efectuó en la Cuautitlán Izcalli y Huixquilucan. Estas unidades ofrecen servicios a mujeres que no cuentan con seguridad social, o bien, sólo cuentan con seguro popular.
 
Las mexiquenses que son detectadas con CaMa dentro de estas unidades, son referidas al Centro Oncológico del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), al Centro Oncológico Internacional (COI), al Hospital General de México y al Hospital Juárez, estos últimos ubicados en la Ciudad de México.
 
En ellos las mujeres logran acceder de manera gratuita a la cirugía en caso de necesitarla, así como a la atención psicológica para asimilar el proceso que están viviendo. Sin embargo, aún el Seguro Popular no contempla dentro del tratamiento de CaMa la reconstrucción mamaria, agregó Miramón.
 
De acuerdo con la doctora, la Uneme de Toluca cuenta con 3 médicos radiólogos para interpretar los estudios, en el caso de Cuautitlán únicamente se cuenta con un médico, y la unidad de Huixquilucan por el momento no tiene ningún especialista, por lo que los estudios se están traspasando a otras instituciones para su interpretación.
 
En el caso del equipo tecnológico, el Edomex cuenta con 44 mastógrafos en instituciones públicas de salud, informa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a pesar de ser una cantidad muy limitada, es la tercera entidad de la República con mayor número de equipo.
 
COBERTURA DE CAMA EN EL SECTOR RURAL
 
La doctora Miramón recordó que el Edomex cuenta con una de las poblaciones más grandes del país, por lo que es un reto brindar el acceso a  servicios de salud y en específico el diagnóstico de CaMa a las mujeres que no viven en los centros urbanos.

Para ello, Guadalupe Miramón dijo que se tienen 17 unidades móviles las cuales se encargan de llegar a los municipios más lejanos de la entidad.
Sin embargo, estadísticas de la SS sugieren que la cobertura en mastografías aún es muy baja en el Edomex; en 2015 apenas alcanzó 18 por ciento de las mujeres entre 40 a 59 años de edad, es decir, 196 mil 684 mastografías realizadas en total.
 
En los últimos meses, las Unidades de Especialidad se han coordinado con instituciones, como escuelas y hospitales de sectores urbanos, para trasladar en vehículos a las mujeres hasta estas unidades físicas, como parte de los esfuerzos por cubrir a la población femenina mexiquense.
 
Por otra parte, en la experiencia de los y las médicos que realizan trabajo de campo en los estas zonas del Edomex, se han encontrado con barreras y resistencias sobre el CaMa y su diagnóstico por parte de la población.

“Hay mujeres que aún no permiten se les haga una mastografía o hay muchas que no permiten a los médicos realizarles una exploración”. También hay “mitos, como la mala idea que se tiene que la mastografía es muy dolorosa”, dijo la especialista.

Miramón señaló que es necesario seguir capacitando y educando a las mujeres para prevenir esta enfermedad, así como invitarlas a tener un ritmo de vida más saludable que les permita disminuir los riesgos de desarrollar CaMa. 

17/HZM/GG







NACIONAL
   No hay sentencias, no hay peritos
Caso Nadia Muciño: “juego perverso de la PGJEM”
Antonia Márquez, madre de Nadia. CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/02/2017 Nadia Alejandra Muciño Márquez fue asesinada por su pareja Bernardo López, y por su cuñado Isidro, “El Matute”, enfrente de sus hijos de cinco, cuatro y dos años de edad, pero a 13 años del crimen ninguno ha recibido sentencia, no hay peritos disponibles para validar el asesinato y el Estado no responde aún a la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos cuál es la situación del caso.  
 
El crimen, cometido un 12 de febrero de 2004, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, durante el gobierno de Arturo Montiel, fue denunciado por la madre de Nadia, Antonia Márquez, pero desde el inicio la investigación estuvo llena de irregularidades y Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) determinó que la mujer “se había suicidado”, tras recoger el cuerpo de Nadia del cuarto de baño de su casa y con una soga al cuello que habían colocado los asesinos. 
 
Ante la falta de investigaciones, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la familia de Nadia presentaron en octubre de 2010 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En  agosto de 2016 ésta le otorgó un plazo de tres meses al Estado mexicano para informar la situación en la que se encontraba el caso. Hasta el momento, vencido el plazo, el Gobierno no ha dado ninguna respuesta, informó en entrevista para Cimacnoticias, Viviana Muciño, hermana de Nadia.
 
La CIDH pidió al Estado mexicano informar sobre las acciones que se llevaron a cabo ante las denuncias previas que Nadia interpuso contra Bernardo en 2003, cuando este la golpeó y privó de su libertad durante seis días.
 
Asimismo pidió la revisión de la investigación contra Isidro “El Matute”, quien fue puesto en libertad el 5 de febrero del 2010 por los Magistrados de la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, Edomex “al no acreditarse el cuerpo del delito”.
 
Los magistrados adscritos a esta Sala, Alfonso Velázquez Estrada, Gloria Guadalupe Acevedo Esquivel y Rodolfo Antonio Becerra Mendoza, cuentan desde 2010 con una demanda por esta decisión, que aún sigue en pie.  

Lo mismo ocurre con la denuncia en contra de los entonces funcionarios de la PGJEM, Emmanuel Vilchis Sandoval, Armando Lozano Coronel, Michel Aceff Sánchez, Jorge Riego Vázquez y José Escárcega Hernández, por las irregularidades y posibles delitos cometidos en la investigación del homicidio de Nadia.
 
“Sabemos que los tiempos de la Comisión son muy tardados, pero era la única opción que nos quedaba, porque no podíamos dejar de que el asesino de mi hermana estuviera libre, esperamos que la Comisión diga que este juicio no se llevó bien a cabo y se tiene que volver hacer”, comentó Viviana.
 
UN JUEGO PERVERSO
 
La madre Nadia, María Antonia Márquez, quien se ha convertido en investigadora y activista a raíz del asesinato, no ha dejado en ningún momento de reclamar justicia para su hija, por lo que en 2005 logró que se ampliaran las investigaciones para comprobar que Nadia no se había suicidado, sino que había sido asesinada por su pareja.
 
Sin embargo, Bernardo López está sin sentencia desde 2012, cuando fue detenido por la PGJEM, pues el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México aún no cuenta con los peritos necesarios para dictaminar que Nadia no cometió suicidio. “Me dijeron que  tendrá que pedirlos a la Secretaria de Salud, dijo Viviana Muciño, “y nosotros le estamos pidiendo al Tribunal que sea una especialista, no necesitamos cualquier doctor o doctora”.
 
Hasta el momento la familia ha asistido a seis audiencias y faltan dos con peritos especializados en medicina legal y criminalística para dictaminar la sentencia. Sin embargo, el Tribunal sigue difiriéndolas por la falta de este personal, al mismo tiempo que tres peritos han renunciado al caso y no sabemos por qué, añadió Viviana.
 
“Seguimos en lo mismo  -lamenta la hermana de Nadia-, es un cansancio que se sigan difiriendo las audiencias. Ya llevamos 13 años de lucha constante que tenemos con el Estado mexicano, se tocan puertas, no te hacen caso, te mandan de un lado para otro, mi mamá lo que dice es que la Procuraduría tiene un juego perverso, ellos lo que quieren es el cansancio de todos los familiares para abandonar el caso”.
 
IRREGULARIDADES EN LA INVESTIGACIÓN
 
El caso de Nadia, han señalado durante más de una década sus familiares y abogados, es muestra de las anomalías que persisten en las averiguaciones. Desde el momento que las autoridades de la PGJEM recogieron el cuerpo, omitieron recaudar las pruebas de crimen; no resguardaran los objetos de la escena, tampoco hicieron una inspección completa del lugar y mucho menos tomaron fotografías del crimen, sólo del cuerpo de Nadia.
 
Al marcharse, no cerraron la puerta, ni se aseguraron de resguardar el lugar. El 26 de febrero de 2004 las autoridades regresaron a la casa para hacer una ampliación de la Inspección Ministerial, pero no pudieron ingresar a la casa, pues la chapa había sido cambiada y se percataron que varios objetos habían sido quemados.
 
SIN CASTIGO
 
Viviana relató que su familia no dejará de luchar hasta encontrar justicia para su hermana, “no podemos dejar que al menos el nombre de mi hermana se quedé así, no podemos dejar que digan que mi hermana se suicidó, porque no fue así. Queremos que esas personas que la asesinaron sean condenadas, no puede ser que ellos queden libres y hagan los mismo con otras personas”.
 
Los hijos y la hija de Nadia, ahora tienen 18, 17 y 15 años de edad. Ellos van a terminar la preparatoria, esperan ir a la universidad, y ella está a punto de ingresar a la preparatoria, comentó Viviana.
 
Ninguno recibe el beneficio de alguna beca, ni tienen seguridad social, por lo que Antonia, su abuela, y otros familiares cubren el costo de las terapias que reciben desde que fueron testigos del asesinato de su madre y que les dejó secuelas. “Hay que buscar el apoyo de organizaciones para que ellos estén bien, esperemos que sigan con la universidad”, dijo Viviana.
 
En 2011, María Antonia vendió su casa en el municipio de Nicolás Romero, bajo la promesa de que se le entregaría crédito para una vivienda para ella y su familia, pero nunca obtuvo los recursos y tuvo que cambiarse tres veces de domicilio ante las amenazas que recibió de la familia de Bernardo López.
 
María Antonia sigue con sus trabajos de costura y bordado con que se gana la vida, y sigue luchando por justicia para su hija. Su otra hija, Viviana Muciño es ahora integrante del Observatorio Ciudadano contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio en el Estado de México (Mexfem), que monitorea los casos de feminicidio en la entidad y acompaña a  familiares de las víctimas. “No quiero  ni una asesinada más, ni una Nadia más”, dice.
El Observatorio informó que en 2016 hubo 263 casos de posibles feminicidio en el Estado de México, y en lo que va del año han contabilizado 17.
 
17/HZM/GGQ
 







NACIONAL
VIOLENCIA
   Autoridades no han respondido, denuncia
Atentan contra integridad de la activista Malú Andrade
Malú García Andrade (Der) durante conferencia de prensa en el Museo Casa de la Memoria Indómita. CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/01/2017 La defensora de familias de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio, María Luisa (Malú) García Andrade, sufrió un atentado con arma de fuego en el municipio de Toluca, Estado de México.
 
La noche del 26 de enero Malú se dirigía con su escolta al cajero cerca de su domicilio en Toluca –donde se mudó hace 3 meses por amenazas contra ella y su familia- cuando su camioneta recibió un impacto de bala por un hombre desconocido.
 
En conferencia de prensa la fundadora de la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa, dijo que este atentado podría estar relacionado con los casos de víctimas de feminicidio en el Edomex en los que se encuentra trabajando.
 
Malú relató que al recibir el impacto el agente que la acompañaba sugirió que les habían pegado con una piedra, por lo que metros más adelante se detuvieron a revisar el estado de la camioneta, ahí se percataron que fue un balazo.
 
La activista denunció que su agente asignado por la Fiscal Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) desconocía el protocolo de protección y no sabía a quién recurrir para proteger a la activista, por el contrario el agente sugirió que se trata de un asalto y le querían quitar la camioneta.
 
Ante la falta de acciones de su escolta, Malú se puso en contacto con la activista, Marcela Cruz, quien es especialista en protocolos de protección para activistas. Cruz le ordenó salirse de la zona de los hechos por el inminente peligro que corría y recurrir al lugar más cercado donde hubiera policías, por ello se dirigió al aeropuerto de Toluca.
 
En el aeropuerto, la recibieron agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) quienes al explicarles que se pudo tratar de un atentado a su persona, ya que es activista, le reprocharon que era su culpa, pues “si ya sabía que estaba en riesgo para que sale a esas horas de la noche”, contó Andrade.
 
Tanto su escolta como los agentes de la PGR intentaron disuadirla de regresar a su casa y denunciara la agresión como un intento de robo, apuntó.
 
Fue la activista Marcela Cruz quien fue por Malú al aeropuerto y la traslado a la Ciudad de México por su seguridad. “No es posible que les tenga que explicar a las autoridades cómo resguardar a una víctima”, dijo Cruz.
 
Más tarde, la activista fue amenaza por un desconocido a través de un mensaje, quien le advirtió que el hecho se trata sólo de “una prueba” y amenazó de asesinarla a ella y a sus hijos.
 
La principal preocupación de la activista, dijo, es la seguridad de sus hijos, pues hasta el momento no cuenta con ningún tipo de protección, sólo aquella que le han brindado activistas y organizaciones.
 
Malú Andrade solicitó de manera urgente e inmediata una reunión con la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos de la  Secretaria de Gobernación y la Fevimtra, para revisar las medidas cautelares que le brindó en 2008 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
La activista resaltó que aún no ha obtenido respuesta por parte de ninguna autoridad y le quedaba claro que los protocolos para proteger a activistas y personas defensoras de Derechos Humanos no funcionaban en México.
 
Cabe recordar que no es la primera vez que agreden a la activista, en febrero de 2011 intentaron quemar su casa y en marzo del mismo año apareció una manta con amenazas contra ella y su madre, Norma Andrade, lo que las obligó a abandonar Juárez.
 
Asimismo en octubre de 2013 la activista volvió a pedir medidas de protección a las autoridades al recibir llamadas desconocidas que la amenazaron de asesinarla.
 
Andrade aún no presenta su denuncia por el atentado,  pues dijo que temé que en su regreso a Toluca pueda sufrir otro ataque.
 
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