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Justicia para Valeria
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Ethel Z. Rueda Hernández*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/06/2017 El pasado sábado 17 de junio, una jueza del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, municipio del Estado de México, determinó que no hay delito que perseguir en el caso contra José Octavio “N”, presunto secuestrador, violador y homicida de Valeria, la niña de 11 años que el pasado jueves 8 abordó la unidad de transporte público que conducía el acusado.
 
Este fallo se debe a que el presunto agresor fue encontrado muerto el 15 de junio en la celda del Cereso de Neza en que se encontraba. Muerto el presunto responsable, no queda delito que perseguir. Caso cerrado.
 
¿Es esto justicia para Valeria? ¿Para su familia? ¿Para las miles de desaparecidas en el Estado de México, cuyo número aumenta día con día?
 
La flagrante negligencia y revictimización por parte de las autoridades en los primeros y preciosos momentos de la denuncia de los padres sigue impune. A pesar de que el caso era ocasión de poner en práctica tanto los protocolos de la Alerta Amber como los de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, no hubo respuesta inmediata, ni eficaz, por parte de los elementos del sistema judicial ante los cuales los padres acudieron para pedir ayuda.
 
Las irregularidades en el proceso de aprehensión y custodia del presunto responsable, del cual ni siquiera se ha comprobado de manera contundente la responsabilidad, ni si actuó en complicidad con otras personas, siguen impunes.
 
Tal vez lo más aterrador, lo más indignante, del caso de Valeria reside en este punto: no es un caso extraordinario, poco común. No es raro. Este tipo de agresiones y desapariciones se dan de modo regular en el Estado de México (y en varios otros lugares del país). Este tipo de procesos irregulares, negligentes, corruptos y permisivos, son moneda corriente, son la normalidad de nuestro sistema de justicia.
 
Ese mismo sábado, luego del fallo de la jueza, hubo otra marcha, encabezada por los familiares y amigos de la niña Valeria, para exigir justicia en su caso. Porque no, el cadáver del presunto perpetrador no es justicia, es de hecho un atropello más, que no se soluciona con la destitución del director del penal.
 
La suspensión y regularización de la Ruta 40 no es justicia, es apenas un remiendo ante la desgarradura que es la situación del transporte público en el Estado de México. Se trata de una medida insuficiente y tardía, que no puede enmendar una situación que lleva fuera de control casi una década.
 
La revictimización y violencia que han sufrido los padres durante todo el proceso no son justicia. Es claro que los protocolos de atención no están funcionando, que el personal no está capacitado para atender estos casos (a pesar de su frecuencia), que no se están destinando los recursos, ni económicos ni de otras índoles para detener la oleada de desapariciones, violaciones y feminicidios en el Estado de México.
 
Tenemos derecho a un transporte público seguro. Tenemos derecho a que la policía actúe de manera expedita y adecuada, a que tome en serio nuestra denuncia, a que nos trate con dignidad y sin violencia. Tenemos derecho a que no se nos culpabilice por un crimen cometido en nuestra contra. Tenemos derecho a un proceso penal transparente y exhaustivo, tanto si somos víctimas, como victimarios. Tenemos derecho a que nuestros seres queridos no desaparezcan, a que no nos violen impunemente, a que no nos maten. Tenemos derecho a que nuestras instituciones de gobierno asuman la responsabilidad que les corresponde en este caso y hagan cambios urgentes para remediar sus carencias. Tenemos derecho a exigir que esto no se repita. Tenemos derecho a la justicia.
 
*Estudió Filosofía en la UNAM con interés en el pensamiento crítico y las problemáticas de género. @alzilei
 
17/EZRH/GG







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VIOLENCIA
   Magistrado no la considera víctima por ser académica y activista
“Me defenderé sola”, afirma Carmen Zamora, tras fallo judicial
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/06/2017 Apenas el pasado 6 de junio, el sistema judicial del Estado de México informó a Carmen Zamora por qué Claudio Baruch Alarcón Muñoz, quien la violó e intentó asesinarla hace 10 años, no fue condenado a prisión y está libre desde noviembre pasado, con riesgo a que la vuelva a agredir.
 
Entre los argumentos que dio el Magistrado Cuarto Colegiado Penal de Toluca --entregados a Carmen siete meses después del fallo, aunque su derecho era saberlos desde la sentencia-, están que ella no podía ser víctima de esos delitos por parte de su agresor y entonces esposo, ya que es académica y activista.
 
Así lo explica el magistrado Venancio Pineda en la revisión 292/2016 al amparo de libertad interpuesto en agosto de 2016 por la defensa del acusado, de la cual Cimacnoticias tiene copia:
 
“En el contexto de interpretación de perspectiva de género”, Zamora Villedas no pudo ser víctima de violación e intento de asesinato en 2007, “por una mayor preparación académica y profesional como docente de la Universidad Nacional Autónoma de México”, en comparación con su agresor “que se desempeñaba como mesero y luego como agente de seguridad en el Servicio de Administración Tributaria”.
 
Además, a consideración del magistrado Venancio Pineda, por ser activista y defensora de Derechos Humanos, “toma decisiones y realiza acciones que demuestran que no tiene actitud de subordinación o posición sojuzgada, en tanto denota una capacidad de autodeterminación, lo que fue motivo -continúa el documento- de sus conflictos de pareja”.

Dieron fe y firmaron la resolución los magistrados: Darío Carlos Contreras Reyes, y el ponente Humberto Pineda, ante el secretario Juan Eduardo Bazán García. La única que se opuso fue la magistrada Sara Olimpia Reyes García.


UNA DÉCADA DE IMPUNIDAD
 
Esta resolución, dice Carmen Zamora Villedas en entrevista, revela “lo misóginos que son los jueces” y “que no saben juzgar con perspectiva de género”.  “¡Cuánta impunidad!, agrega, tengo una falta total de credibilidad en todas las instituciones de justicia desde la local hasta la federal”.  
 
Carmen recuerda que cuando presentó, en marzo de 2007, la primera denuncia en contra de su exesposo por violación sexual e intento de feminicidio por asfixia, en Ecatepec, el personal del Ministerio Público le dijo que “eso le pasaba por estudiar”.
 
Recuerda que la decisión de los magistrados, cuyos argumentos recién conoce, deriva de la apelación contra la negativa que dio en abril el Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Delitos Distrito Judicial de Ecatepec, para aprehender nuevamente a Claudio Alarcón. 
 
De nada sirvió, dice, que haya demostrado ser víctima de las agresiones de Alarcón Muñoz con peritajes en psicología, y victimología, donde se indica que “presenta síntomas asociados con víctimas de violencia sexual”, y que entregó también un certificado médico donde constan las heridas que le dejó la violación.
 
Dicha información la ingresó en su carpeta de investigación perfeccionada en abril de 2017 al Juzgado Segundo para buscar revocar la sentencia de libertad.
 
Sin embargo, ese mismo mes, el juzgado determinó que las pruebas no eran suficientes y que el desgarre que presentaba “era antiguo” por lo que no se podía determinar que lo ocasionó Alarcón Muñoz y, por tanto, no podía aprehenderlo de nuevo. 
 
Ninguna prueba ha sido suficiente para los jueces, dice Carmen Zamora, quien agotó todas las instancias de un sistema que tiene la obligación de garantizarle justicia, protegerla.
 
Más aún, porque su caso está ubicado en el Estado de México (Edomex), al que en agosto de 2015 la Secretaría de Gobernación (Segob) le decretó la Alerta de Violencia de Género para 11 municipios, incluido Ecatepec, donde ella reside y en donde ahora también busca justicia para otras mexiquenses, ante un sistema donde priva la impunidad, corrupción y la violencia institucional, señala.
 
 LA FUNDACIÓN CARMEN ZAMORA
 
De su experiencia surgió la “Fundación Carmen Zamora”, un proyecto creado por ella para acompañar a las mexiquenses   víctimas de violencia de género. Se trata, dice, de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, un trabajo que es obligación del Estado pero que este se niega a asumir. Aunque esto la coloque en mayor riesgo.
 
Sabe del riesgo no solo porque su agresor sigue en libertad y porque la familia de éste la ha agredido, sino también porque desde abril de 2017 la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México le retiró las medidas de seguridad que le había otorgó el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tras determinar que estaba en “peligro extremo”.
 
La CES Edomex decidió que Carmen hacía uso indebido de las unidades policiales al trasladar a las mujeres que acompaña solidariamente, a pesar de que dichas acciones estaban contempladas en las actividades que hace como defensora.
 
Le reiteraron la negativa a tener protección en una reunión,  el 25 de mayo de 2017, con el comisionado de la CES, Eduardo Valiente Hernández, la subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la entidad, Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, y con personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
 
Estos servidores públicos sólo le ofrecieron que “si necesitaba algo”, estaba su personal.
 
LA ÚLTIMA HERRAMIENTA
 
Carmen Zamora sabe que el Juzgado seguirá revocando las apelaciones que presente, pero se niega a desistir. Y aunque  tiene miedo de que su caso, con el tiempo caiga en la impunidad, como muchos otros en la entidad mexiquense, dice: “me voy a defender sola, me voy a poner a estudiar Derecho, lo voy a llevar hasta donde tenga que ser”.
 
Hoy, la Fiscalía Especializada de Feminicidios tiene una carpeta de investigación para que el caso de Carmen Zamora sea investigado como intento de feminicidio y no como violación sexual agravada. La última herramienta para que Carmen acceda a la justicia después de diez años.
 
17/RED/GG
 







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VIOLENCIA
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Valeria, pensar desde lo local
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Mariel García Montes*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/06/2017 Valeria Gutiérrez Ortiz, de 11 años, desapareció el 8 de junio en Ciudad Nezahualcóyotl después de subir a una camioneta de transporte concesionado. Las autoridades se negaron a buscarla porque “era necesario esperar 72 horas”.
 
Su cuerpo fue encontrado un día después en la camioneta a la que subió. Fue violada y asesinada por un individuo; presuntamente José Octavio Sánchez, el conductor.
 
El presunto violador y feminicida fue detenido, y la ruta 40 fue suspendida en respuesta a este incidente.
 
Los conductores de la ruta 40 se organizaron para ir a apedrear la casa de la mamá de Valeria, pues se quedaron sin trabajo.
 
Un par de días después, el cuerpo de José Octavio Sánchez fue hallado ahorcado en una celda del penal Neza Borda.
 
Desde el inicio de esta tragedia, cada uno de sus eventos se han acomodado en una espiral que va directamente al infierno, donde cada descenso hace la herida más profunda y muestra las intersectantes fallas del sistema que permitieron que este escenario distópico se volviera realidad.
 
En respuesta ante el horror, es fácil mantener la discusión en la primera capa. Gritar que es el sistema, lo macro, lo que parece estar más allá de nuestro control: el patriarcado, la corrupción de las autoridades en Ciudad Neza, el rezago del transporte concesionado. Y lo cierto es que sí: efectivamente lo son. Pero, ante una situación que sigue descendiendo, nuestro análisis también debe seguir trazando el camino.
 
Para pensar en grande y encontrar cómo detener situaciones así, antes de que siquiera pasen por la mente de alguien, también debemos pensar en pequeño, desde lo local. En los sistemas, por rotos que estén, tenemos que reconocer nuestra agencia y colectivamente pensar cómo podemos detener el descenso de estas espirales para encontrar una manera de ascender juntas y juntos.
 
En esa línea, las preguntas que más me ocupan espacio mental desde que inició esta cadena de sucesos:
 
¿Qué acompañamiento de seguridad necesita la familia de Valeria?
¿Qué negociaciones puede llevar a cabo el Estado de México con la ruta 40 para mejorar sus condiciones de seguridad, sin eliminar fuentes de empleo ni modos de transporte?
¿Cómo encajarían estas negociaciones en un proceso más amplio de planeación urbana que contemple no sólo a la ruta 40, sino a todo el transporte concesionado de Neza?
¿Quiénes son las y los actores locales que mejor conocen las necesidades de la población de Neza, y pueden hacer las exigencias más pertinentes en las agendas locales de violencia de género, desarrollo urbano y seguridad?
 
Responder estas preguntas no borrará el dolor del horror perpetrado. No nos regresará a Valeria, no cambiará el hecho de que el Estado de México es la capital del feminicidio. Pero quiero creer que pensar y actuar desde lo local es una de las pocas maneras que hoy nos quedan de construir para todas las niñas el mundo, que Valeria también merecía. Ese mundo empieza en Neza.
 
Ver este análisis de México Evalúa, referido por Susana Donaire. http://mexicoevalua.org/2017/05/29/prevencion_neza/
Ver el trabajo de Cruces Rosas, referido por María Salguero
 
*Mariel García Montes es comunicadora y “hippy” (“chaira”, “activistoide”) en temas de TIC para el cambio social con jóvenes y activistas. Ya no es tan joven, pero cada vez es más feminista, y quiere aprender de y con mujeres que así se identifiquen. Tuitea (mucho) en @faeriedevilish y postea en www.faeriedevilish.com.
 
17/MGM/GG







EN DIÁLOGO
VIOLENCIA
   EN DIÁLOGO
Ilegal dilación de Segob ante las Alertas de Género
Imagen de Silvia Nuñez Esquer
Por: Leticia Burgos Ochoa*
Cimacnoticias | Sonora.- 15/06/2017 Es evidente que Sonora no se encuentra entre las prioridades para la Secretaría de Gobernación. Tal vez no vea a Sonora, como al Estado de México ni como a Veracruz, en relación con la violencia extrema y feminicida. Sin duda pesa la pluma que se desliza describiendo a Sonora como en el país de las maravillas.
 
Resulta ilegal como grave la dilación de la Secretaría de Gobernación frente a dos años que han transcurrido desde que se formuló y admitió la solicitud de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para Cajeme, Sonora. En la Ley (LGAMVLV) y en su Reglamento no hay sustento para la demora. 
 
Las motivaciones de las organizaciones solicitantes fueron claras en mayo de 2015: “no existe paz social en Cajeme, las estrategias de seguridad no han impactado en la protección de la vida y la libertad de las mujeres, la violencia extrema y feminicida agrava el tejido social, colocando a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres en mayores riesgos para preservar sus vidas”. 
 
A la vuelta de dos años, siguen presentes las motivaciones sin ser atendidas a cabalidad. La impunidad, el desdén de servidores públicos y las garantías para el acceso efectivo de las mujeres a la justicia sigue siendo deuda pendiente. El doble de hechos feminicidas, sólo en lo que va de la prórroga –en seis meses- con respecto al año anterior, lo demuestran.  Los 23 hechos que pudieron ser evitables ponen en entredicho las acciones que el Gobierno emprende en respuesta para evitar que se declare la Alerta en Cajeme.
 
El Congreso Local ha respondido al reclamo ciudadano al respaldar la petición de Alerta de Violencia de Género para todo Sonora, no solo para Cajeme, acordado por unanimidad el pasado 2 de abril. Además le pide a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que realice el trámite para su solicitud. 
 
En tanto, el Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) dirige un comunicado el 28 de mayo pasado a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, declarando: “La exigencia del cese de la violencia feminicida contra las mujeres y las niñas de Sonora, desde hace 24 meses, hace necesaria la declaración urgente de la Alerta de Violencia de Género en el estado”.
 
Señala además que “Han sido marcadamente insuficientes las acciones implementadas por el gobierno del Estado de Sonora para prevenir, atender sancionar y erradicar la violencia y garantizar la seguridad y el acceso a la justica para las mujeres y, por lo tanto, de dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)”.
 
Así mismo, el Consejo Social del Inmujeres en torno a las prórrogas cuestiona indicando que: “…viola la normativa vigente, ya que, de conformidad con el Artículo 38 de la LGAMVLV, son 6 meses para que el Ejecutivo Estatal dé cumplimiento de las observaciones -12 recomendaciones- del grupo de trabajo”.
 
Abunda el Consejo Social: “que de nueva cuenta el gobierno del Estado de Sonora, omitiendo la obligatoriedad de preservar la vida de las mujeres, anuncia acciones desvinculadas de los 134 hechos de extrema violencia y feminicida registrados en lo que va del proceso de solicitud a la fecha”.
 
Continúa en su comunicado, “Para las Consejeras Sociales, así como para la Sociedad Civil, esta situación nos resulta inaceptable, no podemos permitir que los diferentes órdenes Gobierno incumplan, obstaculicen y violenten el mecanismo de la AVGM”.
 
Finaliza marcando que de inmediato de declare la Alerta de Violencia de Género en Sonora y se adopte las acciones necesarias para preservar la vida y la seguridad de mujeres y niñas en la entidad, implementando medidas de seguridad específica en las zonas de riesgo, medidas de prevención, justicia y reparación, así como el cumplimiento integral de las propuestas del grupo de trabajo”.
 
El tratamiento político que la Secretaría de Gobernación instrumenta ante las Alertas de Género, coloca al mecanismo de la AVGM como un instrumento de intereses ajenos a la responsabilidad y a la obligación que le dicta la ley. Lo evidencia en entidades como Sonora, Colima, Nayarit, Quintana Roo y Guerrero, por señalar algunos.  El grupo de trabajo y, sobre todo, el cuerpo académico y la sociedad analítica tiene la palabra.     
 
* Ex legisladora federal e integrante de la Red Feminista Sonorense
 
17/LB/GG







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VIOLENCIA
   El caso de Valeria, bajo AVG, “la gota que derramó el vaso”
Forman en Neza asamblea vecinal ante feminicidio e inseguridad
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/06/2017 El ataque sexual y el asesinato de la niña Valeria “es la gota que derramó el vaso”, dice entre llanto, llevándose las manos al rostro Gabriela Martínez, maestra jubilada de unos 60 años, quien junto con cerca de 30 vecinos se reunieron ayer por la tarde frente al Palacio Municipal de Nezahualcóyotl para formar una asamblea vecinal.
 
Conmocionados por el asesinato de la niña de 11 años en una combi de la Ruta 40, dicen las y los vecinos que están hartos de la inacción de las autoridades ante el aumento del feminicidio, de la inseguridad y de la violencia cotidiana en sus colonias, donde no hay buen alumbrado público, ni cámaras de seguridad, donde el pavimento está destruido y con un transporte público que opera “sin reglas”.  
 
Por eso, luego de tres días consecutivos de protestas, un locatario dice a Cimacnoticias, “vamos a apostarle a la organización barrial”.
 
Quieren apoyarse, explican, porque esto es lo que viven las mujeres en Ciudad Nezahualcóyotl, un territorio que, desde 2015 está bajo la Alerta de Violencia de Género (AVG), pero donde la realidad –con el asesinato de Valeria y otros casos de feminicidio como el de la Niña de Neza, quien fue abandonada en un baldío hace unos meses- rebasa el intento de simulación del gobierno del Estado de México, gobernado por Eruviel Ávila, del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Una entidad en donde, además, el gobierno está obligado a investigar todos los asesinatos violentos de mujeres, sin excepción,  como feminicidio, porque así lo ordenó en una sentencia  la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que el asesinato de Mariana Lima, en 2010, fue investigado como suicidio luego de que la Procuraduría mexiquense no realizó las diligencias con perspectiva de género.
 
Cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México indican que de 2011 a mayo de 2017 en Neza se registraron 21 casos de feminicidio y las colonias más peligrosas, “zonas de mayor riesgo”, les llama el informe, son Benito Juárez, en donde encontraron a Valeria asesinada; Manantiales, Juárez Pantitlán, El Sol, Tamaulipas Sección las Flores y el Palmar, Porfirio Díaz, y Ampliación José Vicente Villada. 
 
VALERIA, EL CASO MÁS RECIENTE
 
Valeria desapareció el pasado jueves 8 de junio en Nezahualcóyotl. Ese día, relató su padre, iban en bicicleta tras salir de la escuela, pero empezó a llover. La subió a una combi, de la ruta que corre de Guelatao a distintos puntos del municipio, para que no se mojara. Se verían cuadras adelante, cerca de donde ella vivía con su madre.
 
El vehículo era conducido por José Octavio “N”, quien tenía poco de trabajar en esa ruta y que, según autoridades, podría haber falsificado sus documentos para ser admitido, porque tenía antecedentes penales por abuso sexual.
 
La madre de Valeria, Jacqueline Ortiz, denunció ante varios medios de comunicación que cuando fue a presentar la denuncia por la desaparición de su hija, el 8 de junio, las autoridades ministeriales se negaron a emitir la Alerta Amber y a buscarla, porque “estaban muy ocupados con la elección”. Le dijeron que seguro “se había ido con el novio” y transcurrieron horas clave para que se pudiera haber evitado el feminicidio de Valeria. 
 
El cuerpo de la niña se encontró un día después en la colonia Benito Juárez, dentro de la combi donde viajó por última vez. El feminicida está hoy en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de local, en espera de sentencia.
 
El gobierno municipal, encabezado por Juan Hugo de la Rosa García, acordó con su familia de Valeria colocar alumbrado en la Avenida Sor Juana Inés de la Cruz derribando los árboles, vigilar el transporte público, poner botones de pánico y cancelar la Ruta 40. Esto último se logró cinco días después del feminicidio, ante la presión que ejercieron días de protestas. 
 
Sin embargo, ayer en la reunión vecinal, la gente dice que no está conforme y un estudiante de Derecho asegura que “lo que el gobierno municipal anunció que haría tras el asesinato de Valeria es una burla, lo anuncian como si fuera lo más grande cuando su obligación es cumplir todo eso y protegernos”.
 
A DOS AÑOS DE LA AVG
 
La plataforma oficial del Estado de México por la AVG asegura que en once municipios que están bajo la alerta está ya instalada una infraestructura de seguridad. 
 
El gobierno enumera que: identificó las zonas de riesgo, busca de inmediato a mujeres y niñas desaparecidas antes de 24 horas, incrementó los patrullajes, recuperó y alumbró los espacios públicos, supervisa el transporte público, otorgó órdenes de protección a mujeres por violencia familiar, difundió los alcances de la AVG a la población.
 
Lizbeth, trabajadora del hogar que se unió a la reunión vecinal, lo desmiente: en la colonia Evolución “no hay alumbrado, en las calles hay gente drogándose, instalaron botones de pánico para ayudarnos pero cuando mis vecinas los han necesitado estamos toque y toque y nadie llega”, dice.
 
Pide que las unidades del transporte que toma todos los días para dejar a su hijo en la escuela, estén alumbradas, sin vidrios polarizados, bases de chequeo, y con cámaras de seguridad. “Para estar sin miedo, seguros...”, señala.
 
“Ni en tu casa estás segura, vivimos con el miedo de que en cualquier lugar nos puede pasar”, denuncia Claudia, psicóloga, quien agrega que, pues ahí viven y quieren cambiarlo. 
 
LA REALIDAD
 
Nezahualcóyotl está unido con Chimalhuacán por el bordo de Xochiaca y comparten también la misma problemática de feminicidio. La zona se convirtió desde 2005 en lugar en donde los cuerpos de mujeres eran arrojados en medio de basureros, canales de aguas negras, lotes baldíos, y construcciones abandonadas.
 
Cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio indican desde ese año hasta 2013, un 50 por ciento de los más de mil 600 asesinatos de mujeres registrados se concentraron en estos municipios.  
 
El asesinato de la niña Valeria no es el único que ha ocurrido en el transporte público. Desde 2010 hasta 2012, César Armando Librado Legorreta cometió ocho violaciones y siete feminicidios contra pasajeras, tres contra menores de edad, en un microbús que manejaba en la ruta Chapultepec Valle Dorado.
 
“El Coqueto”, como  le apodaban porque el vehículo tenía esa inscripción en el parabrisas, abandonaba los cuerpos de las jóvenes en Tlalnepantla, pero fue ubicado luego de que dejó a una de sus víctimas en la colonia Juárez de la Ciudad de México.
 
Lo aprehendieron en febrero de 2012 y fue entregado a la Fiscalía mexiquense, de donde huyó, para finalmente ser recapturado y sentenciado a 240 años de prisión.   
  
Los robos, las agresiones y hostigamientos sexuales, la inseguridad de viajar en el transporte público del Estado de México, no concluyeron con ese caso del Coqueto, continúan como demuestra el caso de Valeria.
 
Por eso, Lizbeth, una de las vecinas reunidas ayer frente a la alcaldía de Neza se pregunta “¿A dónde debemos ir, qué tenemos que decir?”.
 
Ya es de noche y la reunión no termina, las y los vecinos dialogan, discuten, acuerdan reunirse, informar a los vecinos, salir a las calles, dar talleres, apoyar a la familia de Valeria. Escriben sus ideas en una libreta para actuar, porque concluyen que en los 11 municipios con AVG ni en los demás el Estado garantiza una vida libre de violencia para las mujeres.   
 
“Tengo tres hijas y cuando escucho de casos como el de Valeria me siento atada de manos, pero ya me cansé, es momento de decir, ¡ya basta!”, afirma la maestra Ericka, vecina de Chimalhuacán. “Me causa mucha rabia, mucho dolor, saber que la siguiente podría ser yo”, dice.
 
17/HZM/MMAE/GG
 







ESTADOS
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   Ni búsqueda, ni Alerta Amber, ni medidas por AVG
CDHDF investiga omisiones de Edomex en el caso Valeria
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/06/2017 La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) inició una queja de oficio para verificar si “hubo omisión de la autoridad capitalina” y por eso estaba libre José Octavio “N”, asesino y agresor sexual de Valeria, la niña de 11 años que fue abandonada en una combi de la Ruta 40 que él manejaba, pese a sus antecedentes penales por abuso sexual. 
 
La queja –según declaraciones de la titular de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, en una entrevista el 12 de junio y remitida a esta agencia por el organismo- contempla también investigar la desatención que mostraron las autoridades del Ministerio Público (MP) con la familia de Valeria, al negarse a buscar a la menor, pese a que se hizo la denuncia de que la niña subió a una combi de la Ruta 40 el 8 de junio.
 
La familia explicó al MP que Valeria abordó el transporte público, ya que iba con su padre en bicicleta y empezó a llover, por lo cual subiría a la combi y se encontrarían cuadras adelante, en la Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Benito Juárez, a donde nunca llegó.
 
La madre denunció, en un video difundido en redes sociales y tras el hallazgo del cuerpo de Valeria abandonado en la unidad del agresor, el 9 de junio, que cuando presentaron la denuncia de la desaparición ante el MP, las autoridades no quisieron buscar a la niña porque “estaban muy ocupados con la elección” y le decían que “llamara al novio porque seguro se fue con él”.
 
Después de cinco horas en el lugar, los servidores públicos se negaron a levantar la Alerta Amber y los enviaron al Centro de Apoyo a Personas Extraviadas o Ausentes (CAPEA) en la capital, donde al fin emitieron la ficha de desaparición.
 
La CDHDF recordó que la institución ha emitido anteriormente Recomendaciones, en donde se especifica que no se tienen que esperar 72 horas para iniciar con la búsqueda, por ser “horas clave para poder localizar a la persona”.
 
Esta disposición también está establecida en los mandatos que adquirió y a que está obligado el gobierno del Estado de México desde agosto de 2015 con la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en 11 municipios, incluido Nezahualcóyotl, donde despareció, violaron y asesinaron a Valeria.
 
En el decreto del estado para atender la AVG publicado en la Gaceta Oficial el 3 de noviembre de 2015, el mandato séptimo dicta: “En el momento en que las autoridades tengan conocimiento de la desaparición de una mujer, adolescente o niña, las autoridades deberán realizar las siguientes acciones: la búsqueda deberá realizarse de manera pronta y sin dilación alguna”.
 
Estas diligencias se llevan con base en el “Protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada”, y en caso “de que la víctima sea niña o adolescentes se debe emitir además la Alerta Amber a través de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas”, indica el decreto. 
 
Esto tuve que suceder por ley, además, porque la colonia Benito Juárez, está identificada por las propias autoridades del Edomex con el mayor nivel de violencia contra las mujeres del municipio, de acuerdo con el informe “Zonas de Mayor Riesgo”, publicado en la página oficial de la AVG del Estado de México.
 
En caso de que la CDHDF detecte omisiones en el cumplimiento de la ley, Gómez Gallardo aseguró que emitirán una Recomendación para indemnizar a la familia y proceder con las medidas necesarias para que no se repitan este tipo de casos.
 
Asimismo, por el trabajo que desempeñaba el agresor, la Comisión dijo que están revisando en el transporte público, “cuáles son los canales de control que se tienen para que puedan o no prestar el servicio público, cuál serían los controles y qué actualizaciones y mejoras se podrían dar”.
 
Por lo pronto, la CDHDF está en la etapa de recolección de pruebas que les permitan conocer los antecedentes penales del agresor.
 
Ayer, tras la tercera  protesta de vecinos y familiares para exigir justica por Valeria, el presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa García, se comprometió con la familia en desaparecer la Ruta 40 y realizar operativos para corroborar que el transporte público cumpla con el reglamento de Tránsito a través de la Secretaria de Movilidad. También, reforzar la seguridad en Neza e instaurar alumbrado en la zona de los incidentes.
 
Por otro parte, les dijo el alcalde que la Fiscalía de Homicidios, instancia a la que se le asignó el caso, “investigará con perspectiva de género”. Aún se espera la respuesta de la titular de la Fiscalía de Feminicidio, Irma Millán Velásquez con la que la familia se reunirá hoy 13 de junio, como parte del acuerdo con el jefe de municipio, pues el caso de Valeria se ha manejado por las autoridades como homicidio, según el acuerdo que presentó ayer la familia después de la reunión con alcalde.
 
El caso de Valeria tendría que investigarse como feminicidio porque, además existe la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dictó en 2015 por el caso de Mariana Lima ocurrido en junio de 2010 en el Estado de México, un caso que había sido cerrado como suicidio, pero tras la intervención del máximo tribunal se tuvo que investigar como feminicidio. 
 
17/HZM/GG 







ESTADOS
SALUD
   Aspirantes deben respetar NOM 046, advierte Ddeser
Con PRI o PAN en Edomex, peligran DSyR de mexiquenses
Imagen retomada del portal de Cladem
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/05/2017 La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos del Estado de México (Ddeser Edomex) hizo un llamado a los y las candidatas que se disputan la gubernatura en la entidad para que garanticen y protejan  los derechos sexuales y reproductivos de las mexiquenses, sobre todo en la despenalización del aborto.
 
El Estado de México es la entidad con el índice más alto a nivel nacional de embarazos en adolescentes, además, más de 44 mil mexiquenses asistieron a la Ciudad de México en los últimos 10 años para interrumpir un embarazo, pero sus derechos reproductivos podrían verse obstaculizados, sobre todo para las mujeres que buscan un aborto legal, aseguró la promotora de la Red en la entidad, Adriana Cristina Vega Soriano.
 
En entrevista, Vega recordó las propuestas que se tienen hasta el momento: la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota asegura que de ganar, buscará  “proteger la vida desde la concepción” con la modificación al Artículo 4 de la Constitución local; del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alfredo del Mazo Maza, ha expresado en entrevistas su negativa ante la despenalización del aborto.
 
A favor se han pronunciado del PRD, Juan Zepeda Hernández, y Delfina Gómez Álvarez de Morena, pero lo cierto es que las mexiquenses, aún con las causales que se tienen para acceder al aborto y la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) para las víctimas de violación, siguen sin poder ejercer sus derechos, aseguró Vega Soriano.  
 
A partir del acompañamiento que da la organización a mujeres que buscan interrumpir un embarazo, Adriana Vega expuso que la mayoría son adolescentes que “por su condición enfrentan mayores riesgos de salud de continuar con un embarazo”, o bien,  víctimas de violación.
 
En el caso de las víctimas de violación, la Red ha detectado que al acudir a las clínicas de salud para acceder al aborto, tal como lo establece la causal del Código Penal local y la NOM 046, se les niega el servicio, “el personal desconoce de este procedimiento, los médicos se niegan a atenderlas”, asimismo han registrado que les piden a las mujeres presentar una denuncia u orden para interrumpir un embarazo, a pesar de que la norma no pide este requisito.
 
“Somos el estado con mayor número de embarazos en adolescentes del país, la segunda entidad que accede al aborto voluntario en la capital, y un alto número de violaciones, estos deberían de ser datos suficientes para que las autoridades piensen en políticas públicas y despenalicen el aborto”, afirmó Vega.
 
SALUD REPRODUCTIVA, LEJANA PARA MEXIQUENSES
 
Para las mexiquenses, indicó la promotora de derechos sexuales, las condiciones para el acceso a servicios de salud reproductiva son completamente adversas, “las mujeres en el Estado de México vivimos en condiciones de pobreza y marginación, las que tienen recursos podrán acceder a un aborto seguro en la ciudad o métodos anticonceptivos, pero la mayoría no puede trasladarse o no tiene información”, dijo.
 
De acuerdo con el quinto informe del actual gobernador Eruviel Ávila Villegas, en su mandato el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) distribuyó 41 millones de métodos anticonceptivos, y brindó servicios de atención y orientación en materia de salud sexual y reproductiva a 2 millones de adolescentes.
 
Pero en la práctica las integrantes de Ddeser Edomex, encuentran falta de abastecimiento de métodos anticonceptivos en las clínicas y centros de salud públicos, “se niegan a dar servicios a adolescentes si no las acompaña un tutor; en otros casos, como en Ecatepec, mujeres denunciaron ante la organización que se les entrega anticonceptivos caducos”.
 
La organización trata de erradicar estas situaciones y como parte de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (ANDAR) han implementado campañas en Toluca, Ecatepec, Chalco y Cuautitlán, como “Tú puedes elegir un aborto legal” o “50 acciones a favor del aborto legal”, pero el reto en salud reproductiva asegura Vega, está en el próximo gobierno.   
 
“La persona que quede en realidad a cargo del Estado de México, debe favorecer, defender y garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres, no se debe negar el aborto legal y seguro a las mujeres, ya debemos presentar avances en el tema”, concluyó Vega Soriano.
 
17/HZM/GG







ESTADOS
   Juzgado desestima periciales
Carmen Zamora, víctima de violación, apela de nuevo libertad de agresor
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/05/2017 El juzgado de Ecatepec, Estado de México, se negó a girar orden de aprehensión en contra de Claudio Baruch Alarcón Muñoz, por el delito de violación, pese a que pruebas periciales demuestran que cometió ese delito contra Carmen Zamora Villedas, así como intento de feminicidio, por lo que ella apeló la decisión el 9 de mayo.
 
Se trata del mismo juzgado que dejó en libertad al violador en noviembre de 2016 y que orilló a Carmen Zamora a ingresar, en  abril  de 2017, una  carpeta de investigación perfeccionada al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Delito Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México. Esto para revocar la sentencia de libertad y que fuera aprendido de nuevo. Sin embargo, el 28 de abril las autoridades determinaron que los elementos de pruebas “no eran suficientes”.
 
La ahora activista fue víctima de ataque sexual e intento de feminicidio en 2007 en el Estado de México (Edomex), entidad bajo la Alerta de Violencia de Género en 11 municipios, uno de ellos, Ecatepec, donde ella pertenece. Carmen lleva cerca de 10 años de denuncias y teme, con el paso del tiempo, que su caso no se resuelva con justicia, aunque aseguró que “agotará todas las instancias”.   
 
PRUEBAS PERICIALES
 
En la resolución del juzgado, documento que Carmen Zamora compartió a Cimacnoticias, se incluyen  los resultados periciales que sustentan la denuncia de la víctima y determinan que: “presenta síntomas asociados con víctimas de violencia sexual”.
 
Sin embargo, la respuesta negativa del juez deviene de los elementos probatorios del certificado médico, sobre las heridas que le dejó la violación, porque indica que “los desgarres son antiguos” y no se puede determinar “la temporalidad del delito” o si fue cometido por el acusado, Claudio Alarcón Muñoz.


Es decir, todas las pruebas periciales acreditan que fue víctima de violación, pero como no se puede terminar cuándo ocurrió, que para  la autoridad “no son pruebas suficientes” para inculpar a su agresor, declaró Carmen Zamora.
 
BUSCA JUSTICIA SIN PROTECCIÓN
 
Con la inconformidad que presentó contra la resolución del juzgado, ahora Zamora Villedas espera que su caso sea evaluado nuevamente, aunque previene que por las acciones y respuestas del juzgado, existe la posibilidad que su caso quede en la impunidad. “Son jueces misóginos”, calificó la activista.
 
Carmen actualmente cuenta con medidas de seguridad por parte del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ya que desde el año en que denunció a su entonces pareja, Claudio Alarcón, este continuó amenazándola.
 
Su denuncia fue escuchada hasta 2015, pero el 29 de noviembre de 2016 el Cuarto Colegiado Penal de Toluca lo dejó libre, al argumentar que no existían pruebas contundentes en su contra. En libertad, Alarcón comenzó a agredirla en la calle. 
 
Zamora ha denunciado que a pesar de que el Mecanismo concluyó que estaba en “peligro extremos” por su labor como defensora y el proceso jurídico que llevaba, sigue sin contar con la protección que necesita y le otorgada.
 
La Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México (CES Edomex), le disminuyó en marzo pasado la protección, reduciéndola a un botón de pánico, porque consideró que usaba indebidamente los medios, al trasladarse con otras víctimas, a quienes da acompañamiento, en los vehículos con que la protegían. 
 
Sin embargo, la activista no deja de acompañar, por medio de su organización, a familiares de víctimas de feminicidio y a mexiquenses víctimas de violencia sexual y familiar, que forman parte del fenómeno de violencia que se da en la entidad y que,  de 2005 a 2014 implicó el asesinato violento de 933 mujeres, de acuerdo con reporte del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) para atender la solicitud de AVG en la entidad.
 
Ahora, para la activista, además de no contar con protección, las instancias le  se agotan, pues no ha tenido respuesta por la carpeta de investigación que presentó en la Fiscalía Especializada en Feminicidio del Estado de México, por intento de feminicidio, una de las últimas herramientas con las que cuenta para obtener justicia, dijo.
 
17/RED/RED
 







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Víctimas esperan justicia en la CoIDH
A 11 años de Atenco, impunes autores materiales e intelectuales
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/05/2017 Si algo han conseguido las 11 sobrevivientes de tortura sexual durante los operativos policiacos en Atenco y Texcoco, en el Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, es hacer evidente que el Estado usa la violencia sexual como un arma contra las mujeres.
 
En reiteradas ocasiones el Estado mexicano ha negado que la tortura sea una práctica sistemática de las corporaciones policiacas y de las fuerzas militares, pero la denuncia de las sobrevientas de Atenco muestra que esta violencia existe y se mantiene impune.
 
“Lo que podemos aportar desde nuestra trinchera es colocar el tema de la tortura sexual como una forma, una herramienta de Estado, de tortura, de forma diferenciada que se usa en contra de las mujeres”, afirmó en entrevista con Cimacnoticias, Bárbara Italia Méndez, sobreviviente de Atenco.
 
A 11 años de mantenerse de pie, firmes en su denuncia y convencidas de ver en prisión a los policías y los mandos que ordenaron violentarlas, Italia asegura que lograron mostrar que este caso fue algo más que un daño colateral o una violación sexual, se trató –sostiene– de tortura.
 
En un aniversario más de los hechos del 3 y 4 de mayo que colocaron al Estado de México, entonces gobernado por Enrique Peña Nieto, en la mira de organismo de Derechos Humanos, las sobrevivientes sostienen que ya no se puede decir que se trató de policías que no controlaron sus instintos.
 
Es por ello que Italia, Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres y Suhelen Gabriela Cuevas, continúan con la denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
 
Aunque en 2006 al menos 26 mujeres denunciaron que fueron víctimas de violencia sexual sólo once decidieron continuar con la denuncia hasta conseguir justicia, por ello en abril de 2008 presentaron su denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
En noviembre de 2011 el organismo aceptó conocer la demanda y tras diversos alegatos y análisis la CIDH determinó que las mujeres fueron detenidas de manera ilegal y  arbitraria y consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia y tortura sexual.
 
Con estas consideraciones, en noviembre del año pasado, después de una década de los hechos,  la CIDH presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que analice la responsabilidad del Estado en su obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y reparar el daño a las víctimas.
 
Actualmente el proceso a nivel internacional está en una etapa de comunicaciones escritas para que las partes, el Estado y las víctimas –a través de los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez– presenten alegatos por escrito.
 
Italia también espera que este año haya una audiencia oral ante el alto tribunal donde puedan exponer su testimonio ante los jueces.
 
Por lo pronto la primera ganancia, dice, es que develó las consecuencias de esta práctica. “Se volvió un caso relevante, no solamente por nuestra experiencia sino porque después de que nos ocurrió a nosotras hemos visto, por desgracia, un aumento. No sabemos si de la practica o de la denuncia”.
 
MIENTRAS, EN MÉXICO
 
El caso continúa en investigación en la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de México pero de acuerdo con la información disponible sólo 21 policías estatales fueron consignados por “abuso de autoridad”, un delito contra la administración pública; sin embargo, todos fueron absueltos.
 
Un policía estatal fue condenado el mayo de 2008 por el delito de “actos libidinosos” hacia una de las víctimas de agresión sexual; no obstante, el agresor también fue absuelto con posterioridad.
 
La apuesta y la esperanza están en la decisión de la Corte Interamericana que podría emitir una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, lo que significaría la obligación internacional de hacer una investigación que esclarezca los hechos.
 
“Hay cosas muy puntuales que nos permitirían acceder a la justicia y a un proceso de verdad sobre lo que concurrió en Atenco hace once años”, dice Italia. La insistencia es que se investigue a los autores materiales e intelectuales, a los funcionarios que ordenaron y diseñaron el operativo.
 
Entre estos funcionarios están Genaro García Luna, entonces titulares de la Agencia Federal de Investigación (AFI); Eduardo Medina Mora, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Wilfrido Robledo Madrid, entonces comisionado de Seguridad Pública del Estado de México.
 
17/AGM/GG
 







ESTADOS
VIOLENCIA
   En plena AVG, ningún informe sobre Niña de Neza
Fiscalía de Feminicidio del Estado de México: viaje a la nada
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/04/2017 Entre las  instituciones que conforman el sistema de procuración de justicia para las víctimas de feminicidio del Estado de México, uno de los territorios más peligrosos para las mujeres, está la Fiscalía Especializa en Feminicidios local.
 
Cimacnoticias acudió a esa Fiscalía con el propósito de conocer los avances sobre la investigación del feminicidio de la niña de 5 años, encontrada el 18 de marzo en un lote baldío de la colonia Virgencitas en Nezahualcóyotl y que continúa sin ser identificada    
 
La Fiscalía nació luego de que el 11 marzo de 2011 fue publicada la tipificación del delito de feminicidio en el Código Penal estatal, como parte de las iniciativas del aún gobernador Enrique Peña Nieto. El 20 de julio del mismo año se decretó la creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios del Estado de México, adscrita a la Subprocuraduría por Atención de Delitos Vinculadas a la Violencia de Género.
 
Para el año en que fue creada, la suma de mujeres asesinadas en la entidad desde 2005 era de 922, según el registro del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). También fue el año en que el Gobierno federal negó por primera ocasión la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para el territorio mexiquense. 
 
UN MISTERIO
 
A la Fiscalía le compete “conocer, investigar y perseguir hechos constitutivos de los delitos de feminicidio, homicidio doloso de mujeres por razón de género”, de acuerdo con su Decreto de creación. Sin embargo, su funcionamiento y existencia es un misterio.
 
La Fiscalía no cuenta con portal Web para su consulta. Se tiene que acceder al directorio de la Procuraduría local –donde tampoco hay información- para conocer únicamente la ubicación de la oficina: Avenida del Trabajo, en la colonia San Pedro Barrientos, Tlalnepantla, uno de los 11 municipios que están desde 2015 bajo la declaratoria de AVG.
 
Al llegar al lugar, no hay señales de la Fiscalía. Sólo se reconoce el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tlalnepantla, donde hay una fila de mujeres con bolsas de comida y ropa para dar a los reos. Justo al lado –al preguntar y subir un camino de escaleras- se llega al edificio de la Subprocuraduría local, en el tercer piso se ubica la oficina de la Fiscalía de Feminicidio, señala el guardia.
 
Para los familiares de víctimas de feminicidio que buscan la Fiscalía para recibir atención, asesoría o ayuda, no les será fácil, les  costará trabajo ubicarla. No hay señal que lo indique, o módulo de atención, sólo un letrero en el viejo edificio que anuncia una recompensa de 300 mil pesos para quien localice a las más de 5 mujeres desaparecidas.  
 
“Quien le puede atender”, me explicó un empleado, “es el área de Comunicación Social”. Se presentó Carlos Villafuente, como el encargado del área y dijo que nadie puede responder a la solicitud por el momento. La titular de la Fiscalía, Irma Millán Velásquez, no está, tampoco el subsecretario de la institución, Juvenal Guadarrama Díaz.
 
Y comentó que hay un protocolo a seguir: llamar a la Procuraduría General local con el director de Comunicación, Claudio Barrera Vargas. Él atenderá en una entrevista, “acorde a su agenda”.
  
LA TRAVESÍA POR ATENCIÓN
 
Dentro de sus funciones, la Fiscalía Especializada de Feminicidios atiende los casos que son canalizados y remitidos por los Ministerios Públicos (MP), una vez que este órgano considere que se debe investigar el asesinato de una mujer o feminicidio, bajo los lineamientos del “Protocolo de Actuación en la Investigación del Delito de Feminicidio”, indica el marco normativo de la Fiscalía, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del estado, en octubre de 2015.
 
El personal confirma que las madres o las familias de víctimas que acuden directamente a las oficinas para presentar la denuncia no son atendidas. Se deben presentar a la Fiscalía sólo después que el MP o alguno de los tres Centros de Justicia para las Mujeres proporcione el número de expediente.
 
Uno está ubicado en Cuautitlán Izcalli, otro en Toluca y otro en Amecameca. Las familias –con toda la carga emocional que deriva de un feminicidio- tendrán que emprender el traslado desde estas unidades hasta Tlalnepantla. O bien, desde los 14 MP especializados en violencia familiar, sexual, y de género, ubicados a lo largo de la entidad.
 
LOS DIFÍCILES DATOS
 
Para conocer cuántos casos de feminicidio lleva en proceso la Fiscalía, cuántas sentencias ha dado desde su creación, o si da algún tipo de atención psicológica o legal a las familias de las víctimas, se debe remitir al mismo trámite burocrático con la Procuraduría de Justicia local, reiteró el personal de comunicación.
 
De acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), de marzo de 2011 –año de la tipificación de feminicidio- a abril de 2015, se acreditó sentencia a los culpables de 66 casos de feminicidio, de los 193 que tenían registrados en ese lapso.
 
Con la declaratoria de la AVG dada el 28 de julio de 2015, el Gobierno mexiquense asumió varias obligaciones, una de ellas   impulsar la Fiscalía Especializada en Feminicidio, crear un banco de datos sobre violencia de género, definir estrategias de prevención, recuperar espacios públicos, garantizar la protección, búsqueda y localización de mujeres y niñas desaparecidas.
 
También, crear una estructura capaz de salvaguardar la vida las mujeres, brindarles la atención necesaria, permitir la misma transparencia de las instituciones justicia para la sociedad civil.
 
Estas acciones deberían estar implementadas para 11 municipios: Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán, Chalco y Valle Chalco Solidaridad.
 
MÁS FISCALÍAS
 
Fuera de la Fiscalía, del ajetreo de las oficinas de gobierno, funcionarios y funcionarias platicaban, algunos llevan armas de fuego en sus cinturones, seguramente agentes encargados de llevar a cabo las investigaciones y dar con los presuntos criminales.
 
El ambiente político, por el próximo proceso electoral para elegir nuevo gobernador o gobernadora se ve influido por los casos de feminicidio. Frente a la Fiscalía, un espectacular de Delfina Gómez -candidata para gubernatura por Morena-  resalta a la vista “La esperanza se vota”. En el camino también se observa pintadas en paredes, “Josefina”, por el Partido Acción Nacional. Las camionetas del transporte público también se suman; “yo voy por Del Mazo”, se lee en la parte trasera de sus vidrios.
 
Las y los candidatos se han pronunciado a favor de los derechos y la seguridad de las mujeres. Entre las propuestas para erradicar el feminicidio, Josefina Vázquez Mota  promete crear un Consejo Estatal para terminar con la violencia feminicida, asimismo, Delfina Gómez Álvarez, propone extender la alerta de género a los 125 municipios de la entidad.
 
Mientras, con AVG e instituciones especializadas, la violencia no cesa en la entidad, las cifras del Observatorio Ciudadano contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio en el Estado de México, el último año indican que se cometieron 263 casos de feminicidio.
 
De estos, 39 pertenecían a Ecatepec, en Naucalpan fueron 17, Chimalhuacán 15 casos, Chalco 13 casos, Nezahualcóyotl con 12 y Tultitlán con 11 casos. En los municipios de Nicolás Romero y Tlalnepantla se contabilizaron nueve casos y siete en Cuautitlán Izcalli.
 
NADIE CONTESTA…
 
El 12 de abril, Cimacnoticias pidió a la Procuraduría mexiquense información sobre el caso de la Niña de Neza. El responsable de contestar la interrogante es el director de comunicación, Claudio Barrera, pero nunca está, nos dicen, “en cuanto pueda, mandará la información”, dice personal a su cargo. Igual sucede en la Fiscalía Especializada de Feminicidios, donde nos explican que “deben estar autorizados por la Procuraduría, para brindar esa información”.
 
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