Estado de México

NACIONAL
VIOLENCIA
   Apelan resarcimiento económico que dictó Juzgado
ODI pide reparación integral del daño para los tres hijos de Nadia Muciño
Familia Muciño Márquez | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/11/2017

Abogados de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) apelaron la reparación del daño que dictó el Juzgado Penal de Primera Instancia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, para los tres hijos de la víctima de feminicidio, Nadia Alejandra Muciño Márquez, pues no contempla la atención psicológica y la educación que el Estado debe garantizarles como víctimas indirectas.

Después de 13 años de lucha, el pasado 13 de octubre el Juzgado de Cuautitlán dictó sentencia en contra del esposo y uno de los asesinos de Nadia Muciño, Bernardo López Gutiérrez, por el delito de homicidio agravado con 42 años y seis meses de prisión, asimismo exigió la reparación económica del daño para los hijos de Nadia, quienes presenciaron el crimen perpetrado el 12 de febrero de 2004 en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Sin embargo, esta compensación es insuficiente y no cumple con los estándares internacionales, denunció en entrevista con Cimacnoticias la abogada de la ODI, organización que representa legalmente el caso, Viridiana Valgañón Salazar.

Por ello a una semana del fallo apelaron la reparación del daño que dictó el Juzgado y exigieron que el Estado se haga cargo de la atención psicológica y la educación de los hijos de Nadia, como es su obligación, indicó la coadyuvante del caso.

A sus cinco, cuatro y dos años de edad, los hijos de Nadia negaron que su madre se suicidó como concluyó la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; revelaron que su padre Bernardo y el hermano de este, Isidro López alias “El Matute”, la asesinaron.

Este último está en libertad desde febrero de 2010, pues los magistrados de la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla desecharon los testimonios de los menores de edad al argumentar que eran “incapaces de distinguir una verdad de una fantasía”.

La abogada de la ODI, asociación que brinda asesoría jurídica en casos donde los derechos de la niñez son transgredidos, agregó que con la apelación también esperan que se subsanen los gastos que ha hecho durante estos 13 años la madre de Nadia, María Antonia Márquez Hernández, destinados al cuidado de los ahora adolescentes.

“La apelación está encaminada a lograr el reconocimiento de que en estos años la señora Antonia ha hecho gastos importantes para sus nietos; se ha hecho cargo de su educación y su salud psicológica por lo que ha implicado el proceso recorrido”, dijo.

Viridiana Valgañón recordó que el feminicidio de Nadia tuvo un impacto directo en el proyecto de vida de sus hijos, por ello el Estado debe garantizarles una vida plena a través de las medidas de reparación que propuso la defensoría, e incluir a Antonia Márquez dentro de la reparación del daño, indicó.

Toda vez que el Estado mexicano debe reconocer como víctimas a las hijas e hijos de mujeres que fueron asesinadas con la sentencia que le dictó en noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el feminicidio de tres jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, proceso conocido como “Campo Algodonero”.

Y porque la Ley General de Víctimas indica que los familiares o las personas que tengan una relación inmediata con la víctima son víctimas indirectas, por lo tanto, deben recibir ayuda provisional.

“Con estos estándares siempre pedimos la mayor protección para la infancia”, señaló la abogada de la ODI, quien agregó que es el primer caso de feminicidio que acompaña la organización pues luego de conocer la situación que atravesaban la hija y los dos hijos de Nadia ha dado acompañamiento no sólo legal a la familia sino también psicológico.

Por último, Valgañón Salazar precisó que serán los magistrados de la Primera Sala Colegiada de Tlalnepantla quienes discutan la apelación y en caso de dar un fallo a su favor determinarán cuál será la reparación del daño para los tres adolescentes, pero aún no se tiene fecha de la discusión.

La familia y los representantes legales también esperan que el caso sea admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Recientemente, en enero de 2017, el Estado mexicano pidió a la Comisión no aceptarlo, argumentando que no transgredió ningún derecho de las víctimas.

LAS VÍCTIMAS INVISIBLES DEL FEMINICIDIO

Antonia Márquez además de buscar justicia para su hija, tiene entre sus prioridades garantizar que sus nietos terminen de estudiar la universidad y puedan tener una vida plena, por lo que ha costeado la terapia psicológica que necesitan, pues después de presenciar el feminicidio tuvieron afectaciones en su salud mental.

Como los hijos de Nadia, en el Estado de México las hijas e hijos de las víctimas de feminicidio quedan en el desamparo, el único apoyo social que existe para la niñez en esta situación, son las becas educativas que comenzó a entregar la Secretaría de Educación Pública (SEP) en febrero de 2017 en la entidad.

Asimismo, Cimacnoticias dio a conocer en una investigación, que se desconoce cuánta infancia en orfandad por feminicidio tiene apoyos sociales en México. Sólo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) respondió que entre 2014 a febrero de 2017 atendió a 65 hijos e hijas de víctimas de feminicidio.

17/HZM








LENGUANTES
VIOLENCIA
   LENGUANTES
   
Justicia para Valeria
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Ethel Z. Rueda Hernández*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/06/2017

El pasado sábado 17 de junio, una jueza del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, municipio del Estado de México, determinó que no hay delito que perseguir en el caso contra José Octavio “N”presunto secuestrador, violador y homicida de Valeria, la niña de 11 años que el pasado jueves 8 abordó la unidad de transporte público que conducía el acusado.
 
Este fallo se debe a que el presunto agresor fue encontrado muerto el 15 de junio en la celda del Cereso de Neza en que se encontraba. Muerto el presunto responsable, no queda delito que perseguir. Caso cerrado.
 
¿Es esto justicia para Valeria? ¿Para su familia? ¿Para las miles de desaparecidas en el Estado de México, cuyo número aumenta día con día?
 
La flagrante negligencia y revictimización por parte de las autoridades en los primeros y preciosos momentos de la denuncia de los padres sigue impune. A pesar de que el caso era ocasión de poner en práctica tanto los protocolos de la Alerta Amber como los de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, no hubo respuesta inmediata, ni eficaz, por parte de los elementos del sistema judicial ante los cuales los padres acudieron para pedir ayuda.
 
Las irregularidades en el proceso de aprehensión y custodia del presunto responsable, del cual ni siquiera se ha comprobado de manera contundente la responsabilidad, ni si actuó en complicidad con otras personas, siguen impunes.
 
Tal vez lo más aterrador, lo más indignante, del caso de Valeria reside en este punto: no es un caso extraordinario, poco común. No es raro. Este tipo de agresiones y desapariciones se dan de modo regular en el Estado de México (y en varios otros lugares del país). Este tipo de procesos irregulares, negligentes, corruptos y permisivos, son moneda corriente, son la normalidad de nuestro sistema de justicia.
 
Ese mismo sábado, luego del fallo de la jueza, hubo otra marcha, encabezada por los familiares y amigos de la niña Valeria, para exigir justicia en su caso. Porque no, el cadáver del presunto perpetrador no es justicia, es de hecho un atropello más, que no se soluciona con la destitución del director del penal.
 
La suspensión y regularización de la Ruta 40 no es justicia, es apenas un remiendo ante la desgarradura que es la situación del transporte público en el Estado de México. Se trata de una medida insuficiente y tardía, que no puede enmendar una situación que lleva fuera de control casi una década.
 
La revictimización y violencia que han sufrido los padres durante todo el proceso no son justicia. Es claro que los protocolos de atención no están funcionando, que el personal no está capacitado para atender estos casos (a pesar de su frecuencia), que no se están destinando los recursos, ni económicos ni de otras índoles para detener la oleada de desapariciones, violaciones y feminicidios en el Estado de México.
 
Tenemos derecho a un transporte público seguro. Tenemos derecho a que la policía actúe de manera expedita y adecuada, a que tome en serio nuestra denuncia, a que nos trate con dignidad y sin violencia. Tenemos derecho a que no se nos culpabilice por un crimen cometido en nuestra contra. Tenemos derecho a un proceso penal transparente y exhaustivo, tanto si somos víctimas, como victimarios. Tenemos derecho a que nuestros seres queridos no desaparezcan, a que no nos violen impunemente, a que no nos maten. Tenemos derecho a que nuestras instituciones de gobierno asuman la responsabilidad que les corresponde en este caso y hagan cambios urgentes para remediar sus carencias. Tenemos derecho a exigir que esto no se repita. Tenemos derecho a la justicia.
 
*Estudió Filosofía en la UNAM con interés en el pensamiento crítico y las problemáticas de género. @alzilei
 
17/EZRH/GG








ESTADOS
VIOLENCIA
   Tras 13 años de espera, “la justicia llega tarde”, dice madre de víctima
Sentencian a feminicida de Nadia Muciño por homicidio agravado
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/10/2017

Es una mezcla de sentimientos los que invaden a María Antonia Márquez Hernández: rabia, alegría, impacto, cansancio… pero predomina la tristeza. Los 42 años y seis meses de prisión que dictó el 13 de octubre de 2017 el Juzgado Penal de Primera Instancia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a uno de los asesinos de su hija, Nadia Alejandra Muciño Márquez, no harán que la recupere. “La justicia llegó tarde”, dice con voz enérgica y en tono molesto.

Es lunes 16 de octubre, Antonia, acompañada de su hija Viviana Muciño, salió del Juzgado al que pacientes han acudido durante 13 años de lucha implacable para recibir oficialmente la noticia que hasta hace unos meses no esperaban escuchar: Bernardo López Gutiérrez, asesino y entonces pareja de Nadia Muciño, fue sentenciado por la Jueza Verónica Contreras Marín, por el delito de “homicidio agravado”, a 42 años 6 meses de prisión, además de la reparación del daño para sus tres hijos.

Por primera vez en mucho tiempo irrumpen las lágrimas en Antonia. Quizá porque recordó el 12 de febrero de 2004, aquél día funesto en el que abrazó el cuerpo inerte de su hija, atada con una soga al cuello, la que colocaron Bernardo y su hermano, Isidro alías “El Matute”, para simular que Nadia “se había suicidado”.

Pero el llanto contenido de Antonia es realmente por sus nietos…“no hay nada que celebrar” dice con voz firme a Cimacnoticias. Nada podrá resarcir el daño que causó a los hijos de Nadia, ver y narrar hasta el cansancio a las autoridades mexiquenses cómo su padre y su tío, asesinaron a su madre.

Los hijos de Nadia han pasado años de terapia psicológica pagada por la familia. Ahora ya son adolescentes y trabajan para pagar sus estudios y otros gastos básicos. Nunca recibieron alguna ayuda del Estado.

RECONOCER EL FEMINICIDIO

Pese a cumplir con todos las características de feminicidio la sentencia no fue por este delito sino por homicidio agravado. La razón: porque la tipificación del delito de feminicidio fue hasta 2011 y por ley, todos los casos anteriores a la tipificación, no pueden ser juzgados ni reclasificados por este delito, explicó a esta agencia la abogada Ana Yeli Pérez Garrido, quien litigó el caso de Nadia Muciño en una primera etapa.

No obstante, precisó, las pruebas de la investigación con las que contaba el poder judicial sí tuvieron que ser analizadas desde la perspectiva de género porque así lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015, con la sentencia del feminicidio de Mariana Lima, ocurrido también el Estado de México.

Con ello, explicó Pérez Garrido, la sentencia se da por homicidio agravado, con lo que se reconoce la alevosía del asesinato y la relación de concubinato con la víctima, lo que también permite una sentencia mayor, aunque, no se compara con la de feminicidio, que es de 40 a 70 años de prisión.

EL EDOMEX Y LA HISTORIA DE NEGLIENCIAS

El caso de Nadia Muciño es emblemático porque representa el extenso camino de impunidad, negligencias en las investigaciones, corrupción e insensibilidad de las autoridades encargadas de impartir justicia frente a los casos de feminicidio en el Estado de México, que desde 2005 a 2010 ha cobrado la vida de 992 mexiquenses, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), razón por la cual se activó en 2015, la Alerta de Violencia de Género en 11 municipios.

Un año antes de ser asesinada, Nadia denunció que su entonces pareja la había golpeado y privado de su libertad durante casi una semana, pero ninguna autoridad la escuchó para prevenir el feminicidio.

El día de su asesinato, una vez que las autoridades de la Procuraduría mexiquense recogieron el cuerpo, determinaron que Nadia se había suicidado, por lo que la casa donde ocurrieron los hechos no quedó bajo resguardo y muchas pruebas “se perdieron”, pues “alguien” entró al inmueble que quedó sin vigilancia, y quemó evidencias del feminicidio: objetos, ropa y la soga con la que presuntamente Nadia “se suicidó”.

Tampoco realizaron pruebas a los restos de sangre encontrada en el lavadero de la casa, y en la blusa que portaba la hija de Nadia (de dos años de edad), por considerar que “eran muestran insuficientes”. Fue la presión y el peregrinar de Antonia Márquez en las instituciones de justicia, lo que hizo que en 2005 se ampliara la investigación para comprobar que a Nadia la había asesinado su pareja.

La sentencia que hoy obtiene el caso de Nadia, es la lucha de la familia Muciño, reconoció la abogada Ana Yeli Pérez.

IMPUNIDAD

Al no existir la figura penal del feminicidio, el Ministerio Público (MP) consignó la averiguación previa el 9 de agosto de 2005 por el delito de “homicidio” en contra de Bernardo e Isidro. El 8 octubre de 2009 el Juzgado Tercero Penal de Primera instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán Izcalli, dictó sentencia condenatoria por “homicidio calificado” únicamente a Isidro alias “el matute”  (cuñado de Nadia).

Pese a los 14 testigos que declararon en contra de los acusados –incluidos los hijos de Nadia- 4 meses después, el 5 de febrero de 2010, tras un recurso de apelación presentado por la defensa “del matute”, los magistrados de la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, revocaron la sentencia en su contra y ordenaron su inmediata libertad. Actualmente sigue libre y no volvió a ser juzgado.

EL RETO: LA CIDH

El 5 de octubre de 2010 la asociaciones que representan legalmente a la familia de Nadia: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y en litigio interno la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia AC (ODI), presentaron una petición de admisibilidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano por las omisiones e irregularidades cometidas en la investigación del caso (con el numeral caso P-1402-10).

En ella, argumentaron los derechos que les fueron violentados a Nadia Muciño y a su familia, entre los cuales se encuentra el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y la seguridad personal; por el acceso a la justicia están el derecho a las debidas garantías judiciales, el debido proceso y el derecho a la protección judicial, todos ellos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujeres (“Convención Belém do Pará”).

Al ser testigos del feminicidio de su madre, en la denuncia se reconocen también los derechos violentados de sus tres hijos, el interés superior de la niñez y la protección familiar.

El 27 de mayo de 2016 la CIDH comunicó a las organizaciones peticionarias que había solicitado información al gobierno mexicano respecto al caso de Nadia para analizar su responsabilidad, concediéndole un plazo de tres meses para remitir su informe.

El 31 de enero de 2017  la CIDH notificó a las organizaciones peticionarias, que el Estado mexicano ya había contestado a la denuncia, sin precisar la fecha en la que cumplió con dicha obligación.

“Mi hija no está” dice Antonia con la voz entrecortada, intentando no quebrar en llanto. El “juego perverso de la PGJEM” -como ella le llama- terminó. Y aunque obtuvo la sentencia por la cual luchó 13 años, tras un suspiro largo repite “mi hija no está”, porque sabe que nada que haga ahora la autoridad le devolverá a Nadia.

17/HZM/LGL








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Alertas se activan pero no atiende violencia de género
   
Alerta de Género: Desinterés del Estado por proteger la vida de las mexicanas
Imagen retomada del portal cpsicologosguanaco
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/08/2017

En una década 27 entidades del país han solicitado la Alerta de Violencia de Género (AVG) pero sólo se ha declarado para 83 municipios de 11 estados: Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Colima, Sinaloa, Veracruz, Nuevo León, Chiapas, Michoacán, Morelos y el Estado de México. 
 
En 2007 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que mandata en su artículo 22 la creación de la AVG como un instrumento de emergencia para salvar la vida de las mujeres y niñas mexicanas.
 
Impulsada por legisladoras feministas, la Alerta se pensó como un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia en la que intervinieran los 3 órdenes de gobierno para atender de fondo la violencia de género en cada entidad o territorio determinado.
 
Sin embargo, a 10 años de su creación, prevalece el desinterés y falta de voluntad del Estado para implementarla, lo que se ha traducido en una “cascada” de alertas aprobadas, con medidas que no se cumplen o son acatadas a medias.
 
Como si se tratara de una “receta”, el sentido de la Alerta se ha distorsionado y a 10 años de su creación, el impacto real en donde se ha decretado se desconoce, porque hasta ahora, la instancia encargada de prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, la Conavim, no ha informado ni transparentado su funcionamiento.
 
Así lo señalan expertas en el tema de violencia de género, como la académica y doctora en estudios de género, Lucía Melgar Palacios, quien sostiene que existe una completa incomprensión y desinterés del gobierno por atender la alerta. 
 
“Todos han seguido la receta de la AVG. El grupo de trabajo hace un diagnóstico del territorio en 30 días, luego en seis meses continúan las acciones gubernamentales, hacer una campaña, capacitar a sus funcionarios, poner alumbrado, pero ¿quién está obligando a los gobiernos a hacer lo que deben; garantizar a las mujeres una vida libre de violencia?” cuestiona la académica de la UNAM.
 
A propósito del segundo aniversario de la AVG en el Estado de México, esta agencia consultó a varias especialistas para que hicieran un análisis de su funcionamiento en donde se ha decretado, y todas coinciden en que no es que el mecanismo esté mal, sino en el nulo interés del gobierno por realmente atender de fondo la violencia contra las mujeres y niñas.
 
Para Lucía Melgar, la responsabilidad de que la AVG genere resultados tan deficientes es del Estado, por la opacidad con la que actúa y su negativa en cumplir con la protección de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres.
 
En ello coincide la senadora Diva Hadamira Gastelúm Bajo, una de las impulsoras de la Ley General, y agrega: “las autoridades locales tienen una completa ignorancia en su implementación, buscan resolver las consecuencias pero no sus causas, mientras la sociedad sólo está en un estado de cachar políticas públicas”.
 
La senadora reconoce que si más de la mitad del país ha pedido acciones de emergencia para proteger la vida de las mujeres, es porque el Estado no les garantiza “el mínimo de bienestar para que este a salvo su vida, integridad y seguridad”.
 
Por ejemplo, dice la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) María de Luz Estrada, en el Estado de México ya se cumplieron dos años desde que se decretó la AVG pero la falta de voluntad política del Estado mexicano hizo que este mecanismo se convirtiera en un trámite burocrático utilizado con fines políticos y mal implementado.
 
Aún bajo la alerta el panorama no es diferente en la entidad mexiquense. En estos dos años se han registrado 31 casos de feminicidio y 412 homicidios de mujeres de acuerdo con cifras oficiales, ubicando a este estado como el territorio más peligroso para la población femenina en el país, según Naciones Unidas.
 
Por ello Luz Estrada considera que las acciones urgentes y esenciales que deben de seguir las autoridades una vez solicitada la alerta son investigar de manera profunda las razones de la violencia contra las mujeres, revisar los casos en reserva, generar un sistema de seguridad, reeducar a la sociedad civil, en conclusión, instaurar una política integral de estado. 
 
“No es de emergencia porque tienen que inventar un programa rápido, es porque hay que atender temas estructurales, tienes que ir al fondo para que lo que hagas no quede en simulación”, acotó.
 
REPENSAR LA AVG
 
Hasta ahora, las organizaciones civiles han hecho el trabajo que le corresponde al Estado, documentar, investigar las causas de la violencia y registrar los casos. Muchas más han recurrido a los amparos judiciales para pedir que se decrete una AVG y exigir reuniones gubernamentales, incluso manifestarse para agilizar los procesos.
 
Por ello piden nuevas adecuaciones a la normativa; el respeto de los tiempos del proceso, sanciones a quienes incumplan las obligaciones y la autonomía de los Grupos de Trabajo que respaldan la decisión de procedencia de la Alerta.
 
La coordinadora de Equifonía AC, peticionaria de las dos alertas para Veracruz, Araceli González Saavedra, agrega que se debe incluir en el proceso de seguimiento la participación de las organizaciones, pues son quienes ante la ausencia del Estado acompañan a las víctimas sin ningún presupuesto, pero en el reglamento su papel se reduce al trámite de la solicitud.
 
En tanto, Luz Estrada propone agregar un apartado final para que cada entidad emita un reporte de resultados de la AVG, y Lucía Melgar señala que ya pasaron 10 años desde que se pidieron las primeras alertas y por tanto, Conavim tendría que presentar un primer diagnóstico de la implementación de este mecanismo.  
 
En lo que va de este año la Secretaría de Gobernación (Segob) ya declaró cinco alertas y recibió otras cinco solicitudes, lo que para Melgar Palacios refleja “la gravedad del problema que enfrentan las mexicanas”.  
 
En Nayarit por las elecciones de junio se detuvo el proceso, y ya van cuatro meses sin que la Segob dicte la deliberación final.
 
En Sonora, la AVG lleva dos años estancada pues aún cuando su reglamento no lo determina así, la Segob otorgó una prórroga al gobierno estatal para que cumpla con las recomendaciones.
 
Mientras Segob no respete los procesos establecidos en la ley y los gobiernos locales simulen la implementación de la AVG, se seguirán perdiendo vidas de mujeres y niñas, concluyen las expertas. 

17/HZM








ESTADOS
VIOLENCIA
   Gobierno sólo simula, dicen expertas
   
A dos años de AVG en Edomex piden crear Comisión de seguimiento
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/08/2017

A dos años de que se decretó la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el Estado de México (Edomex), expertas en el tema hicieron un análisis de lo realizado hasta ahora, sin embargo, coincidieron en que el gobierno estatal se ha negado a cumplir con las obligaciones derivas del mecanismo.
 
En una conferencia de prensa realizada en días pasados por la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la doctora Marcela Lagarde, una de las principales impulsoras de la tipificación del término feminicidio y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), señaló que los casos de feminicidio suceden cuando existe un alta tolerancia respecto a la violencia contra las mujeres como ocurre en la entidad mexiquense.
 
Por su parte, la senadora Angélica de la Peña quien también participó en la elaboración de la Ley, exigió al gobierno del Edomex que “dejen de simular en el cumplimiento de sus obligaciones y entreguen a la sociedad civil los resultados medibles y evaluables que eviten que las mujeres sigan siendo asesinadas en la entidad”.
 
Para poder dar seguimiento a la AVG en el Edomex, el ex diputado local, Octavio Martínez Vargas pidió que el congreso del estado cree “de inmediato” la Comisión Legislativa que dé seguimiento al grave problema de feminicidio en la entidad.
 
Cabe recordar que el proceso de la AVG en el Edomex dio inicio desde el 8 de diciembre de 2010, en ese momento el Sistema Nacional se negó a decretar la Alerta, aunque para ese año desde 2005, ya sumaban 922 asesinatos de mujeres y en ese mismo periodo se documentaron 4 mil 281 reportes de desaparición de mujeres, según el registro del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). 
 
Después de cinco años de exigencia de las familias de las víctimas, de organizaciones civiles, y de un proceso jurídico que culminó en la aceptación de un amparo, finalmente la Alerta llegó en 2015, durante el mandato de Eruviel Ávila. Los municipios que quedaron bajo la AVG fueron: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.
 
Pero no sólo el mecanismo de la AVG obliga al Estado de México a investigar los asesinatos de mujeres desde la perspectiva de género, a partir de las graves irregularidades que cometió la Procuraduría General de Justicia mexiquense en la indagación del feminicidio de Mariana Lima, ocurrido en 2010 en Chimalhuacán, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso y sentenció que todo asesinato violento de una mujer debe investigarse como feminicidio.
 
Y las sentencias en contra el Estado mexicano y en particular por la omisión del gobierno del Edomex, no terminan, actualmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se analiza el feminicidio de Nadia Muciño Márquez, quien fue asesinada por su pareja Bernardo López y su cuñado Isidro “El Matute” enfrente de sus tres hijos en 2004 en Chimalhuacán, caso que fue investigado como “suicidio” y del cual, hasta ahora, no hay sentencia.
 
De acuerdo con datos oficiales de la Procuraduría local, desde que se decretó la AVG hasta junio de 2017, el Edomex ha registrado 87 casos de feminicidio y 412 homicidios de mujeres.
 
Con estas cifras el Estado de México concentra17 por ciento de todos los asesinatos de género cometidos a nivel nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2016 (Inegi).
 
Mientras, en su página oficial, el gobierno estatal reporta sobre la AVG que ya cuenta con protocolos de búsqueda en mujeres, incrementó el patrullaje, recuperó espacios públicos a través del alumbrado, otorgó medidas de protección a las víctimas, y difundió a la sociedad civil qué es la Alerta.
 
Sin embargo, varios asesinatos dolosos de mujeres cometidos recientemente, incluido el de la niña Valeria, en el municipio de Nezahualcóyotl (donde se decretó la Alerta) dejaron al descubierto que las y los mexiquenses no se sienten seguros y ni siquiera conocen la AVG, pues iniciaron estrategias de prevención de la violencia en su comunidad.
 
ANTE SIMULACIÓN, ORGANIZACIÓN CIVIL
 
La violencia con la que fue cometido el asesinato de la niña Valeria de 11 años de edad en el municipio de Nezahualcóyotl y la pasiva respuesta del Estado, llevó a los vecinos del municipio a organizarse en una “asamblea barrial” que hasta ahora llevan a cabo cada mes enfrente del Palacio Municipal.
 
Valeria fue asesinada el 9 de junio en una combi del transporte público conducida por José Octavio “N”. Los padres de la menor de edad denunciaron que las autoridades se negaron a activar el protocolo de búsqueda porque les dijeron que “se había ido con el novio”. Un día después encontraron su cuerpo sin vida abandonado, lo que provocó que los vecinos se organizaran para salir a marchar durante tres días seguidos por el municipio. Aunque el agresor fue detenido, días después fue hallado muerto en su celda.
 
En Ecatepec, calificado por las organizaciones civiles como la localidad más violenta del Edomex,  también comienzan a organizarse, el asesinato de Mariana Joselin en el fraccionamiento las Américas ocurrido el 24 de julio, llevó a las y los vecinos a conformar su primera asamblea vecinal este 2 de agosto.
 
El cuerpo de la joven de 18 años fue encontrado cerca de la casa donde vivía, por lo que vecinos y familiares comenzaron una campaña de vigilancia en la colonia, así como una seria de marchas para exigir justicia, este 2 de agosto comenzaran con su primera asamblea vecinal.
  
17/HZM








ESTADOS
   Magistrado no la considera víctima por ser académica y activista
“Me defenderé sola”, afirma Carmen Zamora, tras fallo judicial
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/06/2017

Apenas el pasado 6 de junio, el sistema judicial del Estado de México informó a Carmen Zamora por qué Claudio Baruch Alarcón Muñoz, quien la violó e intentó asesinarla hace 10 años, no fue condenado a prisión y está libre desde noviembre pasado, con riesgo a que la vuelva a agredir.
 
Entre los argumentos que dio el Magistrado Cuarto Colegiado Penal de Toluca --entregados a Carmen siete meses después del fallo, aunque su derecho era saberlos desde la sentencia-, están que ella no podía ser víctima de esos delitos por parte de su agresor y entonces esposo, ya que es académica y activista.
 
Así lo explica el magistrado Venancio Pineda en la revisión 292/2016 al amparo de libertad interpuesto en agosto de 2016 por la defensa del acusado, de la cual Cimacnoticias tiene copia:
 
“En el contexto de interpretación de perspectiva de género”, Zamora Villedas no pudo ser víctima de violación e intento de asesinato en 2007, “por una mayor preparación académica y profesional como docente de la Universidad Nacional Autónoma de México”, en comparación con su agresor “que se desempeñaba como mesero y luego como agente de seguridad en el Servicio de Administración Tributaria”.
 
Además, a consideración del magistrado Venancio Pineda, por ser activista y defensora de Derechos Humanos, “toma decisiones y realiza acciones que demuestran que no tiene actitud de subordinación o posición sojuzgada, en tanto denota una capacidad de autodeterminación, lo que fue motivo -continúa el documento- de sus conflictos de pareja”.

Dieron fe y firmaron la resolución los magistrados: Darío Carlos Contreras Reyes, y el ponente Humberto Pineda, ante el secretario Juan Eduardo Bazán García. La única que se opuso fue la magistrada Sara Olimpia Reyes García.

UNA DÉCADA DE IMPUNIDAD
 
Esta resolución, dice Carmen Zamora Villedas en entrevista, revela “lo misóginos que son los jueces” y “que no saben juzgar con perspectiva de género”.  “¡Cuánta impunidad!, agrega, tengo una falta total de credibilidad en todas las instituciones de justicia desde la local hasta la federal”.  
 
Carmen recuerda que cuando presentó, en marzo de 2007, la primera denuncia en contra de su exesposo por violación sexual e intento de feminicidio por asfixia, en Ecatepec, el personal del Ministerio Público le dijo que “eso le pasaba por estudiar”.
 
Recuerda que la decisión de los magistrados, cuyos argumentos recién conoce, deriva de la apelación contra la negativa que dio en abril el Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Delitos Distrito Judicial de Ecatepec, para aprehender nuevamente a Claudio Alarcón. 
 
De nada sirvió, dice, que haya demostrado ser víctima de las agresiones de Alarcón Muñoz con peritajes en psicología, y victimología, donde se indica que “presenta síntomas asociados con víctimas de violencia sexual”, y que entregó también un certificado médico donde constan las heridas que le dejó la violación.
 
Dicha información la ingresó en su carpeta de investigación perfeccionada en abril de 2017 al Juzgado Segundo para buscar revocar la sentencia de libertad.
 
Sin embargo, ese mismo mes, el juzgado determinó que las pruebas no eran suficientes y que el desgarre que presentaba “era antiguo” por lo que no se podía determinar que lo ocasionó Alarcón Muñoz y, por tanto, no podía aprehenderlo de nuevo. 
 
Ninguna prueba ha sido suficiente para los jueces, dice Carmen Zamora, quien agotó todas las instancias de un sistema que tiene la obligación de garantizarle justicia, protegerla.
 
Más aún, porque su caso está ubicado en el Estado de México (Edomex), al que en agosto de 2015 la Secretaría de Gobernación (Segob) le decretó la Alerta de Violencia de Género para 11 municipios, incluido Ecatepec, donde ella reside y en donde ahora también busca justicia para otras mexiquenses, ante un sistema donde priva la impunidad, corrupción y la violencia institucional, señala.
 
 LA FUNDACIÓN CARMEN ZAMORA
 
De su experiencia surgió la “Fundación Carmen Zamora”, un proyecto creado por ella para acompañar a las mexiquenses   víctimas de violencia de género. Se trata, dice, de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, un trabajo que es obligación del Estado pero que este se niega a asumir. Aunque esto la coloque en mayor riesgo.
 
Sabe del riesgo no solo porque su agresor sigue en libertad y porque la familia de éste la ha agredido, sino también porque desde abril de 2017 la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México le retiró las medidas de seguridad que le había otorgó el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tras determinar que estaba en “peligro extremo”.
 
La CES Edomex decidió que Carmen hacía uso indebido de las unidades policiales al trasladar a las mujeres que acompaña solidariamente, a pesar de que dichas acciones estaban contempladas en las actividades que hace como defensora.
 
Le reiteraron la negativa a tener protección en una reunión,  el 25 de mayo de 2017, con el comisionado de la CES, Eduardo Valiente Hernández, la subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la entidad, Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, y con personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
 
Estos servidores públicos sólo le ofrecieron que “si necesitaba algo”, estaba su personal.
 
LA ÚLTIMA HERRAMIENTA
 
Carmen Zamora sabe que el Juzgado seguirá revocando las apelaciones que presente, pero se niega a desistir. Y aunque  tiene miedo de que su caso, con el tiempo caiga en la impunidad, como muchos otros en la entidad mexiquense, dice: “me voy a defender sola, me voy a poner a estudiar Derecho, lo voy a llevar hasta donde tenga que ser”.
 
Hoy, la Fiscalía Especializada de Feminicidios tiene una carpeta de investigación para que el caso de Carmen Zamora sea investigado como intento de feminicidio y no como violación sexual agravada. La última herramienta para que Carmen acceda a la justicia después de diez años.
 
17/RED/GG
 








LENGUANTES
   LENGUANTES
Valeria, pensar desde lo local
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Mariel García Montes*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/06/2017

Valeria Gutiérrez Ortiz, de 11 años, desapareció el 8 de junio en Ciudad Nezahualcóyotl después de subir a una camioneta de transporte concesionado. Las autoridades se negaron a buscarla porque “era necesario esperar 72 horas”.
 
Su cuerpo fue encontrado un día después en la camioneta a la que subió. Fue violada y asesinada por un individuo; presuntamente José Octavio Sánchez, el conductor.
 
El presunto violador y feminicida fue detenido, y la ruta 40 fue suspendida en respuesta a este incidente.
 
Los conductores de la ruta 40 se organizaron para ir a apedrear la casa de la mamá de Valeria, pues se quedaron sin trabajo.
 
Un par de días después, el cuerpo de José Octavio Sánchez fue hallado ahorcado en una celda del penal Neza Borda.
 
Desde el inicio de esta tragedia, cada uno de sus eventos se han acomodado en una espiral que va directamente al infierno, donde cada descenso hace la herida más profunda y muestra las intersectantes fallas del sistema que permitieron que este escenario distópico se volviera realidad.
 
En respuesta ante el horror, es fácil mantener la discusión en la primera capa. Gritar que es el sistema, lo macro, lo que parece estar más allá de nuestro control: el patriarcado, la corrupción de las autoridades en Ciudad Neza, el rezago del transporte concesionado. Y lo cierto es que sí: efectivamente lo son. Pero, ante una situación que sigue descendiendo, nuestro análisis también debe seguir trazando el camino.
 
Para pensar en grande y encontrar cómo detener situaciones así, antes de que siquiera pasen por la mente de alguien, también debemos pensar en pequeño, desde lo local. En los sistemas, por rotos que estén, tenemos que reconocer nuestra agencia y colectivamente pensar cómo podemos detener el descenso de estas espirales para encontrar una manera de ascender juntas y juntos.
 
En esa línea, las preguntas que más me ocupan espacio mental desde que inició esta cadena de sucesos:
 
¿Qué acompañamiento de seguridad necesita la familia de Valeria?
¿Qué negociaciones puede llevar a cabo el Estado de México con la ruta 40 para mejorar sus condiciones de seguridad, sin eliminar fuentes de empleo ni modos de transporte?
¿Cómo encajarían estas negociaciones en un proceso más amplio de planeación urbana que contemple no sólo a la ruta 40, sino a todo el transporte concesionado de Neza?
¿Quiénes son las y los actores locales que mejor conocen las necesidades de la población de Neza, y pueden hacer las exigencias más pertinentes en las agendas locales de violencia de género, desarrollo urbano y seguridad?
 
Responder estas preguntas no borrará el dolor del horror perpetrado. No nos regresará a Valeria, no cambiará el hecho de que el Estado de México es la capital del feminicidio. Pero quiero creer que pensar y actuar desde lo local es una de las pocas maneras que hoy nos quedan de construir para todas las niñas el mundo, que Valeria también merecía. Ese mundo empieza en Neza.
 
Ver este análisis de México Evalúa, referido por Susana Donaire. http://mexicoevalua.org/2017/05/29/prevencion_neza/
Ver el trabajo de Cruces Rosas, referido por María Salguero
 
*Mariel García Montes es comunicadora y “hippy” (“chaira”, “activistoide”) en temas de TIC para el cambio social con jóvenes y activistas. Ya no es tan joven, pero cada vez es más feminista, y quiere aprender de y con mujeres que así se identifiquen. Tuitea (mucho) en @faeriedevilish y postea en www.faeriedevilish.com.
 
17/MGM/GG








EN DIÁLOGO
VIOLENCIA
   EN DIÁLOGO
Ilegal dilación de Segob ante las Alertas de Género
Imagen de Silvia Nuñez Esquer
Por: Leticia Burgos Ochoa*
Cimacnoticias | Sonora.- 15/06/2017

Es evidente que Sonora no se encuentra entre las prioridades para la Secretaría de Gobernación. Tal vez no vea a Sonora, como al Estado de México ni como a Veracruz, en relación con la violencia extrema y feminicida. Sin duda pesa la pluma que se desliza describiendo a Sonora como en el país de las maravillas.
 
Resulta ilegal como grave la dilación de la Secretaría de Gobernación frente a dos años que han transcurrido desde que se formuló y admitió la solicitud de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para Cajeme, Sonora. En la Ley (LGAMVLV) y en su Reglamento no hay sustento para la demora. 
 
Las motivaciones de las organizaciones solicitantes fueron claras en mayo de 2015: “no existe paz social en Cajeme, las estrategias de seguridad no han impactado en la protección de la vida y la libertad de las mujeres, la violencia extrema y feminicida agrava el tejido social, colocando a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres en mayores riesgos para preservar sus vidas”. 
 
A la vuelta de dos años, siguen presentes las motivaciones sin ser atendidas a cabalidad. La impunidad, el desdén de servidores públicos y las garantías para el acceso efectivo de las mujeres a la justicia sigue siendo deuda pendiente. El doble de hechos feminicidas, sólo en lo que va de la prórroga –en seis meses- con respecto al año anterior, lo demuestran.  Los 23 hechos que pudieron ser evitables ponen en entredicho las acciones que el Gobierno emprende en respuesta para evitar que se declare la Alerta en Cajeme.
 
El Congreso Local ha respondido al reclamo ciudadano al respaldar la petición de Alerta de Violencia de Género para todo Sonora, no solo para Cajeme, acordado por unanimidad el pasado 2 de abril. Además le pide a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que realice el trámite para su solicitud. 
 
En tanto, el Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) dirige un comunicado el 28 de mayo pasado a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, declarando: “La exigencia del cese de la violencia feminicida contra las mujeres y las niñas de Sonora, desde hace 24 meses, hace necesaria la declaración urgente de la Alerta de Violencia de Género en el estado”.
 
Señala además que “Han sido marcadamente insuficientes las acciones implementadas por el gobierno del Estado de Sonora para prevenir, atender sancionar y erradicar la violencia y garantizar la seguridad y el acceso a la justica para las mujeres y, por lo tanto, de dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)”.
 
Así mismo, el Consejo Social del Inmujeres en torno a las prórrogas cuestiona indicando que: “…viola la normativa vigente, ya que, de conformidad con el Artículo 38 de la LGAMVLV, son 6 meses para que el Ejecutivo Estatal dé cumplimiento de las observaciones -12 recomendaciones- del grupo de trabajo”.
 
Abunda el Consejo Social: “que de nueva cuenta el gobierno del Estado de Sonora, omitiendo la obligatoriedad de preservar la vida de las mujeres, anuncia acciones desvinculadas de los 134 hechos de extrema violencia y feminicida registrados en lo que va del proceso de solicitud a la fecha”.
 
Continúa en su comunicado, “Para las Consejeras Sociales, así como para la Sociedad Civil, esta situación nos resulta inaceptable, no podemos permitir que los diferentes órdenes Gobierno incumplan, obstaculicen y violenten el mecanismo de la AVGM”.
 
Finaliza marcando que de inmediato de declare la Alerta de Violencia de Género en Sonora y se adopte las acciones necesarias para preservar la vida y la seguridad de mujeres y niñas en la entidad, implementando medidas de seguridad específica en las zonas de riesgo, medidas de prevención, justicia y reparación, así como el cumplimiento integral de las propuestas del grupo de trabajo”.
 
El tratamiento político que la Secretaría de Gobernación instrumenta ante las Alertas de Género, coloca al mecanismo de la AVGM como un instrumento de intereses ajenos a la responsabilidad y a la obligación que le dicta la ley. Lo evidencia en entidades como Sonora, Colima, Nayarit, Quintana Roo y Guerrero, por señalar algunos.  El grupo de trabajo y, sobre todo, el cuerpo académico y la sociedad analítica tiene la palabra.     
 
* Ex legisladora federal e integrante de la Red Feminista Sonorense
 
17/LB/GG








ESTADOS
VIOLENCIA
   El caso de Valeria, bajo AVG, “la gota que derramó el vaso”
Forman en Neza asamblea vecinal ante feminicidio e inseguridad
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/06/2017

El ataque sexual y el asesinato de la niña Valeria “es la gota que derramó el vaso”, dice entre llanto, llevándose las manos al rostro Gabriela Martínez, maestra jubilada de unos 60 años, quien junto con cerca de 30 vecinos se reunieron ayer por la tarde frente al Palacio Municipal de Nezahualcóyotl para formar una asamblea vecinal.
 
Conmocionados por el asesinato de la niña de 11 años en una combi de la Ruta 40, dicen las y los vecinos que están hartos de la inacción de las autoridades ante el aumento del feminicidio, de la inseguridad y de la violencia cotidiana en sus colonias, donde no hay buen alumbrado público, ni cámaras de seguridad, donde el pavimento está destruido y con un transporte público que opera “sin reglas”.  
 
Por eso, luego de tres días consecutivos de protestas, un locatario dice a Cimacnoticias, “vamos a apostarle a la organización barrial”.
 
Quieren apoyarse, explican, porque esto es lo que viven las mujeres en Ciudad Nezahualcóyotl, un territorio que, desde 2015 está bajo la Alerta de Violencia de Género (AVG), pero donde la realidad –con el asesinato de Valeria y otros casos de feminicidio como el de la Niña de Neza, quien fue abandonada en un baldío hace unos meses- rebasa el intento de simulación del gobierno del Estado de México, gobernado por Eruviel Ávila, del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Una entidad en donde, además, el gobierno está obligado a investigar todos los asesinatos violentos de mujeres, sin excepción,  como feminicidio, porque así lo ordenó en una sentencia  la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que el asesinato de Mariana Lima, en 2010, fue investigado como suicidio luego de que la Procuraduría mexiquense no realizó las diligencias con perspectiva de género.
 
Cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México indican que de 2011 a mayo de 2017 en Neza se registraron 21 casos de feminicidio y las colonias más peligrosas, “zonas de mayor riesgo”, les llama el informe, son Benito Juárez, en donde encontraron a Valeria asesinada; Manantiales, Juárez Pantitlán, El Sol, Tamaulipas Sección las Flores y el Palmar, Porfirio Díaz, y Ampliación José Vicente Villada. 
 
VALERIA, EL CASO MÁS RECIENTE
 
Valeria desapareció el pasado jueves 8 de junio en Nezahualcóyotl. Ese día, relató su padre, iban en bicicleta tras salir de la escuela, pero empezó a llover. La subió a una combi, de la ruta que corre de Guelatao a distintos puntos del municipio, para que no se mojara. Se verían cuadras adelante, cerca de donde ella vivía con su madre.
 
El vehículo era conducido por José Octavio “N”, quien tenía poco de trabajar en esa ruta y que, según autoridades, podría haber falsificado sus documentos para ser admitido, porque tenía antecedentes penales por abuso sexual.
 
La madre de Valeria, Jacqueline Ortiz, denunció ante varios medios de comunicación que cuando fue a presentar la denuncia por la desaparición de su hija, el 8 de junio, las autoridades ministeriales se negaron a emitir la Alerta Amber y a buscarla, porque “estaban muy ocupados con la elección”. Le dijeron que seguro “se había ido con el novio” y transcurrieron horas clave para que se pudiera haber evitado el feminicidio de Valeria. 
 
El cuerpo de la niña se encontró un día después en la colonia Benito Juárez, dentro de la combi donde viajó por última vez. El feminicida está hoy en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de local, en espera de sentencia.
 
El gobierno municipal, encabezado por Juan Hugo de la Rosa García, acordó con su familia de Valeria colocar alumbrado en la Avenida Sor Juana Inés de la Cruz derribando los árboles, vigilar el transporte público, poner botones de pánico y cancelar la Ruta 40. Esto último se logró cinco días después del feminicidio, ante la presión que ejercieron días de protestas. 
 
Sin embargo, ayer en la reunión vecinal, la gente dice que no está conforme y un estudiante de Derecho asegura que “lo que el gobierno municipal anunció que haría tras el asesinato de Valeria es una burla, lo anuncian como si fuera lo más grande cuando su obligación es cumplir todo eso y protegernos”.
 
A DOS AÑOS DE LA AVG
 
La plataforma oficial del Estado de México por la AVG asegura que en once municipios que están bajo la alerta está ya instalada una infraestructura de seguridad. 
 
El gobierno enumera que: identificó las zonas de riesgo, busca de inmediato a mujeres y niñas desaparecidas antes de 24 horas, incrementó los patrullajes, recuperó y alumbró los espacios públicos, supervisa el transporte público, otorgó órdenes de protección a mujeres por violencia familiar, difundió los alcances de la AVG a la población.
 
Lizbeth, trabajadora del hogar que se unió a la reunión vecinal, lo desmiente: en la colonia Evolución “no hay alumbrado, en las calles hay gente drogándose, instalaron botones de pánico para ayudarnos pero cuando mis vecinas los han necesitado estamos toque y toque y nadie llega”, dice.
 
Pide que las unidades del transporte que toma todos los días para dejar a su hijo en la escuela, estén alumbradas, sin vidrios polarizados, bases de chequeo, y con cámaras de seguridad. “Para estar sin miedo, seguros...”, señala.
 
“Ni en tu casa estás segura, vivimos con el miedo de que en cualquier lugar nos puede pasar”, denuncia Claudia, psicóloga, quien agrega que, pues ahí viven y quieren cambiarlo. 
 
LA REALIDAD
 
Nezahualcóyotl está unido con Chimalhuacán por el bordo de Xochiaca y comparten también la misma problemática de feminicidio. La zona se convirtió desde 2005 en lugar en donde los cuerpos de mujeres eran arrojados en medio de basureros, canales de aguas negras, lotes baldíos, y construcciones abandonadas.
 
Cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio indican desde ese año hasta 2013, un 50 por ciento de los más de mil 600 asesinatos de mujeres registrados se concentraron en estos municipios.  
 
El asesinato de la niña Valeria no es el único que ha ocurrido en el transporte público. Desde 2010 hasta 2012, César Armando Librado Legorreta cometió ocho violaciones y siete feminicidios contra pasajeras, tres contra menores de edad, en un microbús que manejaba en la ruta Chapultepec Valle Dorado.
 
“El Coqueto”, como  le apodaban porque el vehículo tenía esa inscripción en el parabrisas, abandonaba los cuerpos de las jóvenes en Tlalnepantla, pero fue ubicado luego de que dejó a una de sus víctimas en la colonia Juárez de la Ciudad de México.
 
Lo aprehendieron en febrero de 2012 y fue entregado a la Fiscalía mexiquense, de donde huyó, para finalmente ser recapturado y sentenciado a 240 años de prisión.   
  
Los robos, las agresiones y hostigamientos sexuales, la inseguridad de viajar en el transporte público del Estado de México, no concluyeron con ese caso del Coqueto, continúan como demuestra el caso de Valeria.
 
Por eso, Lizbeth, una de las vecinas reunidas ayer frente a la alcaldía de Neza se pregunta “¿A dónde debemos ir, qué tenemos que decir?”.
 
Ya es de noche y la reunión no termina, las y los vecinos dialogan, discuten, acuerdan reunirse, informar a los vecinos, salir a las calles, dar talleres, apoyar a la familia de Valeria. Escriben sus ideas en una libreta para actuar, porque concluyen que en los 11 municipios con AVG ni en los demás el Estado garantiza una vida libre de violencia para las mujeres.   
 
“Tengo tres hijas y cuando escucho de casos como el de Valeria me siento atada de manos, pero ya me cansé, es momento de decir, ¡ya basta!”, afirma la maestra Ericka, vecina de Chimalhuacán. “Me causa mucha rabia, mucho dolor, saber que la siguiente podría ser yo”, dice.
 
17/HZM/MMAE/GG
 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Ni búsqueda, ni Alerta Amber, ni medidas por AVG
CDHDF investiga omisiones de Edomex en el caso Valeria
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/06/2017

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) inició una queja de oficio para verificar si “hubo omisión de la autoridad capitalina” y por eso estaba libre José Octavio “N”, asesino y agresor sexual de Valeria, la niña de 11 años que fue abandonada en una combi de la Ruta 40 que él manejaba, pese a sus antecedentes penales por abuso sexual. 
 
La queja –según declaraciones de la titular de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, en una entrevista el 12 de junio y remitida a esta agencia por el organismo- contempla también investigar la desatención que mostraron las autoridades del Ministerio Público (MP) con la familia de Valeria, al negarse a buscar a la menor, pese a que se hizo la denuncia de que la niña subió a una combi de la Ruta 40 el 8 de junio.
 
La familia explicó al MP que Valeria abordó el transporte público, ya que iba con su padre en bicicleta y empezó a llover, por lo cual subiría a la combi y se encontrarían cuadras adelante, en la Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Benito Juárez, a donde nunca llegó.
 
La madre denunció, en un video difundido en redes sociales y tras el hallazgo del cuerpo de Valeria abandonado en la unidad del agresor, el 9 de junio, que cuando presentaron la denuncia de la desaparición ante el MP, las autoridades no quisieron buscar a la niña porque “estaban muy ocupados con la elección” y le decían que “llamara al novio porque seguro se fue con él”.
 
Después de cinco horas en el lugar, los servidores públicos se negaron a levantar la Alerta Amber y los enviaron al Centro de Apoyo a Personas Extraviadas o Ausentes (CAPEA) en la capital, donde al fin emitieron la ficha de desaparición.
 
La CDHDF recordó que la institución ha emitido anteriormente Recomendaciones, en donde se especifica que no se tienen que esperar 72 horas para iniciar con la búsqueda, por ser “horas clave para poder localizar a la persona”.
 
Esta disposición también está establecida en los mandatos que adquirió y a que está obligado el gobierno del Estado de México desde agosto de 2015 con la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en 11 municipios, incluido Nezahualcóyotl, donde despareció, violaron y asesinaron a Valeria.
 
En el decreto del estado para atender la AVG publicado en la Gaceta Oficial el 3 de noviembre de 2015, el mandato séptimo dicta: “En el momento en que las autoridades tengan conocimiento de la desaparición de una mujer, adolescente o niña, las autoridades deberán realizar las siguientes acciones: la búsqueda deberá realizarse de manera pronta y sin dilación alguna”.
 
Estas diligencias se llevan con base en el “Protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada”, y en caso “de que la víctima sea niña o adolescentes se debe emitir además la Alerta Amber a través de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas”, indica el decreto. 
 
Esto tuve que suceder por ley, además, porque la colonia Benito Juárez, está identificada por las propias autoridades del Edomex con el mayor nivel de violencia contra las mujeres del municipio, de acuerdo con el informe “Zonas de Mayor Riesgo”, publicado en la página oficial de la AVG del Estado de México.
 
En caso de que la CDHDF detecte omisiones en el cumplimiento de la ley, Gómez Gallardo aseguró que emitirán una Recomendación para indemnizar a la familia y proceder con las medidas necesarias para que no se repitan este tipo de casos.
 
Asimismo, por el trabajo que desempeñaba el agresor, la Comisión dijo que están revisando en el transporte público, “cuáles son los canales de control que se tienen para que puedan o no prestar el servicio público, cuál serían los controles y qué actualizaciones y mejoras se podrían dar”.
 
Por lo pronto, la CDHDF está en la etapa de recolección de pruebas que les permitan conocer los antecedentes penales del agresor.
 
Ayer, tras la tercera  protesta de vecinos y familiares para exigir justica por Valeria, el presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa García, se comprometió con la familia en desaparecer la Ruta 40 y realizar operativos para corroborar que el transporte público cumpla con el reglamento de Tránsito a través de la Secretaria de Movilidad. También, reforzar la seguridad en Neza e instaurar alumbrado en la zona de los incidentes.
 
Por otro parte, les dijo el alcalde que la Fiscalía de Homicidios, instancia a la que se le asignó el caso, “investigará con perspectiva de género”. Aún se espera la respuesta de la titular de la Fiscalía de Feminicidio, Irma Millán Velásquez con la que la familia se reunirá hoy 13 de junio, como parte del acuerdo con el jefe de municipio, pues el caso de Valeria se ha manejado por las autoridades como homicidio, según el acuerdo que presentó ayer la familia después de la reunión con alcalde.
 
El caso de Valeria tendría que investigarse como feminicidio porque, además existe la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dictó en 2015 por el caso de Mariana Lima ocurrido en junio de 2010 en el Estado de México, un caso que había sido cerrado como suicidio, pero tras la intervención del máximo tribunal se tuvo que investigar como feminicidio. 
 
17/HZM/GG 








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