INTERNACIONAL
   13 por ciento de españolas asesinadas presentaban alguna discapacidad
Mujeres con discapacidad son víctimas de violencia
CIMACFoto:César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid, Esp.- 06/01/2017 La Fundación CERMI Mujeres (FCM) lamentó la falta de información que existe sobre víctimas de violencia machista con algún tipo de discapacidad. Aseguró que “no se sabe cuántas mujeres con discapacidad presentan denuncia por ser víctimas de violencia, ni cuántas adquieren una discapacidad por maltrato. Tampoco se sabe cuántas niñas o niños nacen con una discapacidad debido a la violencia que sufrió la madre durante el embarazo”.
 
Así lo dio a conocer la FCM a través de la edición número 20 de la publicación digital Generosidad, que corresponde al mes de enero.
 
La FCM recordó que la macroencuesta que presentó en 2015 la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género informó que las mujeres tienen una discapacidad igual o superior 33 por ciento por haber padecido violencia física, sexual o porque tuvieron miedo a sus parejas en un 23.3 por ciento de los casos, mientras que este porcentaje bajó 15.1 por ciento, en mujeres sin discapacidad.
 
Además, la tendencia anual de asesinatos de mujeres cometidos por sus parejas o ex parejas, muestra que alrededor de 13 por ciento de las mujeres asesinadas tenía una discapacidad, porcentaje presumiblemente más elevado si se tiene en cuenta que muchas mujeres no cuentan con dicho reconocimiento oficial.
 
Ante este escenario, la FCM celebró que en las últimas semanas se haya puesto sobre la mesa la necesidad de alcanzar un pacto de Estado contra la violencia de género y otro para reforzar el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
 
“Las estrategias que se ejerzan para las políticas públicas coordinadas y financiadas en el ámbito de la violencia de género y de la autonomía personal, pueden ayudar a miles de mujeres con discapacidad. Las ayudará a salir del infierno de la violencia y a decidir sobre su propia vida en libertad”, dijo la FCM.
 
En este sentido, coincidió con la aprobación de la “Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia”.
 
La editorial digital, Generosidad recogió un reportaje en el que la FCM destacó la necesidad de reforzar la perspectiva de género denominada “Cuarto soporte del estado del bienestar”, ya que entre otras cosas, no sirvió para sacar de la situación precaria en la que se encuentran muchas mujeres en España.
 
El pasado 31 de octubre de 2016, los datos oficiales muestran que 65 por ciento de las mujeres, en su mayoría con más de 65 años solicitaron atención.
 
En cuanto a las prestaciones que les dan a personas beneficiarias (856 mil 452 en total), está vinculada a la asistencia personal, ya que solamente 0.51 por ciento del total. Al igual sucede con las prestaciones relacionadas con la prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal que representa 3.54 por ciento.
 
Por el contrario, la prestación económica vinculada a los cuidados en el entorno familiar supone casi 34 por ciento de los servicios totales, por lo que la FCM denunció que “los datos refrendan el temor inicialmente expresado de que se consolide un sistema basado en los cuidados informales”.
 
Por otro lado, la publicación incluye una entrevista con la asesora técnica de la Subdirección de Gestión Sanitaria de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud, María José Melero, quien se abordó la necesidad de seguir mejorando la atención a las mujeres y niñas con discapacidad en materia de salud sexual y reproductiva.
 
El apoyo de la FCM en el Día Internacional del Voluntariado o las acciones que la entidad puso en marcha con la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (PREDIF) y con el Centro de Recursos Educativos (CRE) de la ONCE en Madrid para reforzar la perspectiva de género y discapacidad.
 
17/RED/ KVR







QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
Las invisibles entre invisibles
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche.- 20/09/2016 En medio de la invisibilidad socialmente construida hacia las mujeres, hay quienes son más invisibles dentro del imaginario colectivo, así como su sexualidad y sus derechos sexuales. Ellas son las mujeres con discapacidad, las que se encuentran privadas de su libertad, las enfermas mentales y las que viven en situación de calle, entre otras.
 
No hay políticas públicas y por supuesto son pocas o escasas las acciones que desde las instituciones se diseñan pensando en sus contextos y condiciones. En vez de eso tenemos posturas basadas en el exterminio poblacional, una suerte de discurso eugenésico que pretende hacerse sutil al proponer la esterilización de “ellas”, que sólo así son vistas.
 
La sexualidad de las mujeres ha sido explotada como un sistema de control y opresión, como una cuota a cubrir para hacerse visibles; pero es selectiva, está dirigida a las mujeres cuyos cuerpos son consumibles por el mercado patriarcal que determina quiénes son consumibles, cosa de exhibición. En una centralidad de las hegemonías del deber ser en la feminidad y el cuerpo de las mujeres.
 
Las demás salen a la periferia, ese ámbito disperso en el que el Estado patriarcal ya no compromete protección a cambio de ser “consumible”, y ahí están las mujeres consumidoras de drogas, las mujeres privadas de su libertad, las enfermas mentales, las mujeres con discapacidad y las que viven en situación de calle.
 
Y quizá habría que sumar a las más pobres entre las pobres: las mujeres indígenas que al no ser vistas como personas, son abandonadas a su suerte y sólo se concibe una política de exterminio institucionalizada a través de las esterilizaciones forzadas y/o el parto en la acera pública, en la exposición y la violencia.
 
No hay estrategias de acceso a métodos anticonceptivos o distribución de éstos entre poblaciones de mujeres que viven estos contextos de vulnerabilidad e intersecciones de discriminación; aunque en general hay un difícil acercamiento entre las adolescentes y mujeres jóvenes a los métodos anticonceptivos que esté pensada con un enfoque de Derechos Humanos y de género.
 
Esto ofrece un reto para las activistas y defensoras de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, quienes afrontan la falta de recursos etiquetados no solamente para la promoción sino para la defensa en caso de violaciones a éstos.
 
Los medios de comunicación han empezado a difundir cuando una mujer indígena es abandonada y obligada a parir en la puerta del hospital, se ha puesto atención en la esterilización forzada que se realizaba en algunas clínicas rurales contra grupos étnicos, y quizá se ha pensado en la difusión de los derechos sexuales de las mujeres con discapacidad auditiva, pero poco hay para mujeres con otras discapacidades.
 
Pensar en la sexualidad no consumible por el patriarcado está casi fuera del ámbito de reflexión y pensamiento, y en consecuencia, de las políticas públicas; es algo de lo que se elige no hablar.
 
Se prefiere no pensar en la sexualidad que no es “bonita”, en los cuerpos que no son consumibles por el sistema patriarcal y que no ofrecen ningún interés en su erotización y reproducción; pero ocurre en el discurso periférico de la violencia, ahí donde se cometen violaciones contra mujeres discapacitadas, enfermas mentales o en condición vegetativa, en contra de mujeres que consumen alguna droga o de las que viven en situación de calle.
 
Esta violencia sexual poco denunciada pero ligada a la percepción del cuerpo de las mujeres como una extensión de los territorios, está latente y demanda ser visibilizada.
 
De la misma forma, la sexualidad y los derechos reproductivos de las mujeres que viven en situación de cárcel y que están dando a luz a niñas y niños que permanecen con ellas hasta los 3 años de edad porque son separados como parte de las políticas institucionales, sin que se revise o considere las condiciones de la violencia de género que contribuyeron a la criminalización y encarcelamiento.
 
Construir una acción de intervención desde la sociedad civil organizada, asociaciones defensoras de mujeres, iniciativas y colectivos feministas, puede contribuir a atender, pero el Estado debe asumir también la parte que le toca y empezar a hacer visibles a las invisibles, y junto a ellas, a sus hijos.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
16/AC/LGL







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