derechos sexuales y reproductivos

REPORTAJE
Aborto
   Secretariado Ejecutivo inicia registro del delito de aborto
Capitalinas perseguidas por abortar
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/01/2018

Pese a que en la Ciudad de México el derecho a interrumpir un embarazo es legal en 4 causales: cuando el embarazo afecta la salud de la mujer; el producto presenta malformaciones congénitas; el embarazo es producto de inseminación artificial; si el aborto es provocado de manera imprudencial (accidente) y está despenalizado hasta las 12 semanas de gestación, en 3 años se abrieron 310 carpetas de investigación por del delito de aborto.

Lo anterior se desprende de las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) el cual mide los delitos considerados de “alto impacto” como homicidio, violación, robo, corrupción de menores, extorsión, entre otros, con lo que coloca al aborto en la misma categoría de estos delitos.

El registro de “aborto” inició en diciembre pasado y reveló que en tres años en el territorio nacional (2015-2017) se abrieron mil 524 carpetas de investigación por el delito de aborto, y la Ciudad de México se colocó a la cabeza de las entidades que criminalizan a quienes acceden o practican una interrupción del embarazo.

Cabe destacar que la nueva metodología del SESNSP no detalla si estas carpetas corresponden a mujeres que interrumpieron un embarazo o a las personas que ayudaron a practicarlo, lo que sí indica es que en 2015 en la capital del país 131 personas fueron acusadas del delito de aborto (42 por ciento del total registrado en tres años).

En años posteriores poco han disminuido las cifras; en 2016 se contabilizaron 105 y hasta noviembre de 2017 la ciudad ya sumaba otras 74 carpetas de investigación por aborto.

En la Ciudad de México el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación desde hace una década, cuando el 24 de abril de 2010, en un triunfo histórico para las mujeres y el movimiento feminista, la Asamblea Legislativa aprobó modificar la Ley de Salud y el Artículo 144 del Código Penal local para despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

Aunque después de estos tres meses permitidos el aborto se considera un delito que alcanza penas de tres a seis meses de prisión o una sanción de 100 a 300 días de trabajo comunitario para las mujeres -precisa el Artículo 145 del Código Penal local- existen otras razones legales por las cuales las mujeres pueden abortar.

En todo el territorio la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM 046) establece como un derecho la interrupción del embarazo cuando es producto de una violación sexual.

Las víctimas pueden solicitarlo en las instancias públicas de salud sin necesidad de presentar una demanda, solo en caso de que la mujer sea menor de 12 años de edad, la normativa señala que es necesario que acudan con un tutor.

OTROS ESTADOS

En el resto del país la criminalización por aborto es similar a la Ciudad. El sistema del Secretariado Ejecutivo muestra que en 2017, a nivel nacional se registraron 479 carpetas de investigación por esta razón.

Después de la capital, el estado de Baja California concentró 15 por ciento de estas denuncias (72 casos en total) y en el Estado de México 38 personas fueron señaladas de cometer este delito.

También en Tamaulipas se iniciaron 30 investigaciones, Nuevo León contó 29 casos, Guanajuato y Jalisco registraron 27 casos respectivamente, y Veracruz contó 20.

ABORTO, UN DERECHO

Organismos internacionales como el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés ha urgido al Estado mexicano a armonizar las leyes estatales relativas al aborto y permitirlo por lo menos hasta las 12 semanas de gestación.

Esta fue una de las recomendaciones que hizo CEDAW a México en 2012 (número 33), asimismo pidió eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que desean interrumpir un embarazo y como recurso se ven  orilladas a acudir a métodos inseguros que colocan su vida en riesgo.

Por ello, el Comité insistió –además de la despenalización- en asegurar que todos los proveedores de servicios médicos apliquen debidamente la NOM 046, sean capacitados y se tenga personal no objetor de conciencia. Esta atención adecuada debe incluir la atención integral que debe revisar una víctima de violación como es la prevención de infecciones de transmisión sexual.

Para este año México será evaluado por este Comité quien determinará si el Estado cumplió con esta recomendación en materia de derechos sexuales y reproductivos, entre otras temáticas correspondientes a la violencia cometida contra las mujeres.

INTERRUPCIONES LEGALES EN CDMX

En tanto, en los servicios de interrupción legal del embarazo (ILE) de la Ciudad se han practicado 188 mil 224 abortos seguros de abril 2007 a diciembre de 2017.

De estos, 132 mil 843 corresponden a mujeres habitantes de la urbe, el otro 28 por ciento, son mujeres que se trasladan de otros estados de la república debido a las leyes restrictivas que enfrentan.

Principalmente provienen de entidades cercanas. Del Estado de México acudieron 48 mil 458 mujeres al servicio de ILE, de Puebla mil 119 mujeres, de Hidalgo 959, Morelos (685), Jalisco (486) y de Veracruz (415).

Un 46 por ciento de las mexicanas que abortaron de forma legal en la capital tenían entre 18 y 14 años de edad por lo que cursan estudios de secundaria y preparatoria. Asimismo las estadísticas del programa indican que 28 por ciento acudió en las primeras cuatro semanas de gestación, únicamente uno por ciento lo hizo en la doceava semana.

Etiquetas

Aborto, derecho a decidir, criminalización de mujeres por aborto, Derechos sexuales y reproductivos,

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NACIONAL
Participación Política de las Mujeres
   Tres coaliciones sin propuestas claras
Candidaturas electorales en contra de los derechos de las mujeres
Imágen de Yunuhen Rangel Medina
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 09/01/2018

Divididos en tres coaliciones, el 14 de diciembre los nueve partidos políticos nacionales comenzaron las precampañas rechazando abiertamente los derechos de las mujeres como el aborto y derechos de los grupos de la diversidad sexual como el matrimonio igualitario.

En prácticamente tres semanas de campañas presuntamente internas, se han escuchado escasas propuestas y solo algunas menciones a las mujeres, resaltando las cualidades femeninas y señalándolas como clave de la prosperidad y la historia; sin embargo, lo que ha sido evidente es el rechazo de los partidos políticos a temas como el aborto.

COALICIONES SIN IDEOLOGÍA

Desde la conformación de las coaliciones algunos grupos feministas y lésbico gay llamaron la atención sobre la integración de ideologías totalmente opuestas que sólo se unían para abanderar una candidatura presidencial.

Por ejemplo, la coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), suman una visión conservadora y otra progresista sobre los derechos de las mujeres.

En agosto pasado, ante las críticas sobre la conformación de este frente, la secretaria de Igualdad de Género del PRD, Claudia Castello Rebollar, la senadora perredista Angélica de la Peña y la senadora panista Marcela Torres Peibert, pidieron a los líderes de sus partidos incluir a las militantes en las mesas de negociaciones porque aseguraran que tenían coincidencias en sus agendas de género.

Como muestra de lo contrario, en el Legislativo las panistas se han caracterizado por manifestarse en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y de los matrimonios igualitarios; mientras que las perredistas han promovido políticas a favor de ambos temas o para apoyar a víctimas de violación sexual y para aligerar las cargas domésticas de las mujeres.

Una forma de promover la agenda panista se concretó en febrero de 2014 cuando el Senado aprobó crear la Comisión ordinaria de la Familia y Desarrollo Humano, presidida por el blanquiazul José María Martínez Martínez y creada para promover la integración familiar, principalmente.

Otra coalición que generó suspicacias fue “Juntos haremos historia”, integrada por los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES). Esto porque los dos primeros se dicen de izquierda –aunque Morena siempre ha estado a favor de enviar a consulta pública los temas polémicos– mientras que el PES ha promovido una agenda conservadora, allegada a grupos eclesiásticos y particularmente “provida”.

Tan solo en 2016 las y los diputados federales del PES hicieron suya la iniciativa del Frente Nacional de Defensa de la Familia para modificar el artículo 4 de la Constitución mexicana para “proteger la vida desde la fecundación” y definir “la esencia heterosexual del matrimonio”, lo que para grupos feministas era un paso para limitar la maternidad libre y voluntaria.

El historial de los aliados de Morena hizo que la Secretaría de la Diversidad Sexual del partido de López Obrador y las simpatizantes Jesusa Rodríguez y Elena Poniatowska mostraran su rechazo a la alianza con el PES.

Por su parte la coalición de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), que han ido juntos en otros procesos electorales federales, están divididos porque algunas veces apoyan las propuestas de género pero en otras ocasiones las rechazan.

PARIDAD, TEMA EN COMÚN

El único tema en el que todos los partidos han mostrado coincidencia es en fomentar la participación política de las mujeres. Las plataforma electoral de la coalición “Juntos haremos historia” dice que considerará en todo su proyecto de nación el principio de equidad de género y “Por México al Frente” señala que eliminará toda forma de violencia política contra la mujer e impulsará que todo órgano colegiado se integre de manera paritaria.

Estas posiciones las han reafirmado los hasta hoy precandidatos En noviembre pasado el panista Ricardo Anaya Cortés dijo que se debían empujar acciones afirmativas “para lograr la verdadera paridad”. Un mes después, en diciembre, el candidato priista, José Antonio Meade, dijo que tenía que haber paridad de género en los cargos públicos, los negocios y todos los ámbitos.

También en diciembre, Andrés Manuel López Obrador, presentó su propuesta de gabinete en la que incluyó a ocho mujeres y ocho hombres que eventualmente encabezarían las Secretarías de Estado.

Si bien públicamente todos los partidos han apoyado la paridad de género en candidaturas, en su afán por evitar que las mujeres compitan por cargos de representación proporcional en 2017 tres partidos (PES, PT, PVEM) políticos impugnaron un acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que promovía la paridad, legislada como principio constitucional desde 2014.

En el acuerdo determinó que la mitad de las candidaturas para las senadurías por voto directo debían ser para las mujeres y que las listas se intercalarían por fórmulas de ambos sexos. En el caso de las senadurías de representación proporcional el organismo dijo que también debían estar encabezadas por mujeres para garantizar que sean las primeras en obtener un escaño por asignación.

En el caso de las diputaciones federales de representación proporcional el INE señaló que por lo menos 2 de las 5 listas de candidaturas debían ser encabezadas por una fórmula ya sea de mujeres o de varones.

Al conocer los criterios los partidos políticos alegaron que el acuerdo del INE excedía sus facultades reglamentarias y vulneraba el principio de autorregulación y autodeterminación de los partidos políticos pero la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo.

Así en estas elecciones, donde también se renovará el Senado, la Cámara de Diputados, se elegirán ocho gobernadores, un jefe de gobierno, diputados locales e integrantes de ayuntamiento, se espera un incremento de la presencia femenina en los gobiernos y en los Congresos locales.

De acuerdo con el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, de forma general, las mujeres han pasado de ser el 3.5 por ciento de presidentas municipales y jefas delegacionales en 2005, a 14 por ciento en 2017, lo que quiere decir que en doce años la cifra aumentó un 400 por ciento; en ámbito Legislativo federal hay 42 por ciento de diputadas y 36 por ciento de senadoras; y en los Congresos locales representan 42 por ciento de legisladoras.

17/AGM








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Segob confirma segunda Alerta por agravio comparado
Veracruz y la grave crisis de los DH de las mujeres
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/12/2017

A un año y medio de que las organizaciones de la sociedad solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG) por agravio comparado en Veracruz, (por el marco discriminatorio contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres), ayer la Secretaría de Gobernación decretó la emisión de la Alerta, por lo que organizaciones civiles exigieron al gobernador de la entidad, Miguel Ángel Yunes Linares, que cumpla con las obligaciones que se desprenden de ésta.

En conferencia de prensa, integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), de la asociación civil Justicia, Derechos Humanos y Género; y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, coincidieron en que será fundamental conocer el plan de trabajo que presentará Yunes Linares para cumplir con las obligaciones que estableció la Secretaría en el dictamen y urgieron a que entregue a la brevedad dicho proyecto.

El abogado especialista en género y director de la asociación civil Justicia, Derechos Humanos y Género, Rodolfo Domínguez, recordó que con la declaratoria de la Alerta por agravio comparado las autoridades veracruzanas no pueden evadir sus responsabilidades, están obligados a acatar las medidas mencionadas y ahora Segob, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contralas Mujeres (Conavim), es corresponsable del cumplimiento.

Aseveró que por las graves violaciones a los derechos de las veracruzanas, la entidad será colocada el próximo año en el centro de las denuncias ante el Comité de Expertas para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), quien evaluará al Estado mexicano en 2018.

“Es particularmente grave para un estado tener dos Alertas, se va a colocar la gravedad del asunto en CEDAW, se evidenció que el estado –Veracruz- tienen un marco jurídico que transgrede los derechos de las mujeres, se evidenció que es discriminatorio y que no hay política pública, se le aportaron todos los elementos para que lo cumplieran y asumieron una posición retrÓgrada, esto tiene impactos muy graves”, aseveró Domínguez Márquez.

Agregó que el incumplimiento de los derechos de las veracruzanas puede terminar en un juicio político contra Miguel Ángel Yunes y los servidores públicos que tienen la obligación de cumplirlos, además de los legisladores que negaron despenalizar el aborto.

ACCIONES A CUMPLIR

En el dictamen que publicó ayer Segob volvió a exigir 13 acciones que el estado tuvo que haber cumplido hace seis meses: modificar los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y añadir la causal de salud para que las mujeres puedan acceder a este.

Divulgar y asegurar la implementación adecuada de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) para que las mujeres víctimas de violación puedan abortar; elaborar un programa estatal de interrupción legal del embarazo (ILE),  así como campañas para su difusión en la población y garantizar que todas las localidades de la entidad cuenten con centros de salud en los que se pueda promover la ILE de forma gratuita, segura y de calidad con personal no objetor de conciencia y capacitado.

En tanto, al Poder Judicial se le mandó asegurar la reparación del daño integral a las víctimas a quienes les fue negado el acceso al aborto legal.

EL DOLO DEL ESTADO

El Grupo de Trabajo quien fue el encargado de vigilar el cumplimiento de las recomendaciones hechas al gobierno antes de decretar esta segunda Alerta, entregó el pasado 6 de diciembre a Segob el dictamen en el que concluyó por unanimidad, que el estado no cumplió con los estándares del informe.

El informe fue realizado a partir de las recomendaciones nacionales e internacionales en materia de los derechos de las mujeres, en el mismo, participó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para asegurar la mayor protección para las veracruzanas.

Durante su participación, la coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada Mendoza, refirió que en el proceso las y los funcionarios del estado demostraron que no quieren asegurar los derechos de las mujeres.  

El hecho más grave, recordó, fue por parte del congreso de Veracruz, quienes desecharon en septiembre la reforma al Código Penal para despenalizar el aborto, alegaron que era “inconstitucional” porque el Artículo 4 “protege la vida desde el momento de la concepción”. Mostrando que aún existen grupos conservadores dentro del estado, aseveró la defensora.

“Veracruz incumplió pero de forma dolosa, porque a la autoridad se le acompañó seis meses y no tuvo la voluntad de hacerlo. Antepuso la presión de los grupos católicos y de derecha sin importar que las mujeres mueren por abortos inseguros”, dijo Luz Estrada.  

El análisis del grupo de trabajo también dejó en evidencia la crisis de los servicios médicos de Veracruz y su negativa por garantizar el aborto a las mujeres víctimas de violación. Las organizaciones civiles peticionarias demostraron en sus investigaciones, que únicamente un hospital en el municipio de Coatzacoalcos ofrece el servicio de ILE para víctimas de violación en todo el territorio.

Aún queda un largo camino, las organizaciones civiles presentaron un amparo contra el congreso estatal por no despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y esperan que la Comisión Especial de la AVG del Congreso Federal llame a las y los diputados a que comparezcan al respecto.

Hasta ahora el gobierno de Yunes Linares no se ha pronunciado al respecto.

Entre las asistentes a la conferencia, estuvo también la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nira Cárdenas.

17/HZM/LGL








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Sumará dos AVG: por violencia feminicida y agravio comparado
Veracruz: la entidad donde más se violentan derechos de mujeres
CIMACFoto: Gema Villela Valenzuela
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/12/2017

Las organizaciones de la sociedad civil peticionarias de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Veracruz por agravio comparado, continúan a la espera de ser notificadas de la procedencia la misma, informó en entrevista con Cimacnoticias, la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) María de Luz Estrada Mendoza.

En entrevista telefónica, Estrada Mendoza precisó “que tienen conocimiento” de que en los próximos días la Secretaría de Gobernación (Segob) decretará la segunda AVG para Veracruz, por las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas.

Por ahora, precisó, Segob no ha notificado ni al OCNF ni al gobierno veracruzano, ni a las peticionarias (la asociación civil Equifonía, Católicas por el Derecho a Decidir, Justicia, Género y Derechos Humanos y el OCNF), sobre la procedencia de la Alerta.

Esta sería la primera ocasión que se decreta este mecanismo por agravio comparado, lo que quiere decir que en la entidad se violentan los Derechos Humanos y de acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las niñas; y también es la primera vez que a un estado se le decretan dos Alertas, ya que desde noviembre de 2011 se emitió la primera por violencia feminicida, la cual está vigente en 11 municipios: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.

La Alerta por Agravio comparado fue solicitada por Equifonía el 5 de abril de 2016 y en la petición se denunciaron tres agravios.

El primero, fue la inadecuada prestación de servicios de salud a las mujeres y la deficiente aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046) que permite el aborto en casos de violación sexual; segundo, la tipificación del aborto como delito que se castiga con un tratamiento educativo y de salud.

Y por último, después de entrar en vigor el 26 de agosto de 2016 la reforma al Artículo 4 de la Constitución local para “proteger la vida desde el momento de la concepción”, la Conavim aceptó este agravio.

El grupo de expertas que se conformó para el análisis de esta segunda AVG, entregó este año el informe en el que demostró cómo en la entidad se obstaculiza el pleno ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres y niñas.

Con base en los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos de las mujeres, las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujeres, las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la aportación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo exigió al poder legislativo local, a la Fiscalía General de Justicia de Veracruz y a la Secretaría de Salud del estado, actuar por la salud de las mujeres.

Se urgió que en un periodo de seis meses se capacitara al personal médico respecto a la aplicación de NOM 046, la atención inmediata de las mujeres víctimas de violación sexual y reformar el Código Penal estatal para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

NADA SE CUMPLIÓ

Sin embargo en este tiempo el gobierno encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares no realizó acciones contundentes que le permitieran al Grupo de Trabajo negar la AVG, señaló Luz Estrada, por ello la procedencia de activar la segunda Alerta.

Por el contrario, entre las principales omisiones estuvo la negativa del congreso local por reformar los Artículos 149, 150 y 154 para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación; derogar el plazo de 90 días que tienen las mujeres para acceder a una interrupción legal del embarazo en caso de violación y permitirlo cuando esté en riesgo la salud de las mujeres.

El desdén de las y los legisladores por no despenalizar el aborto orilló a las organizaciones civiles a presentar un amparo en contra los integrantes del congreso y exigieron que comparecieran ante la Comisión Especial de la AVG del Congreso Federal.

CONSERVADURISMO EN EL ESTADO

Luz Estrada declaró que este proceso de la Alerta por Agravio Comparado evidencia la intromisión de grupos conservadores en contra de los derechos de las mujeres. Por ello no sólo esperan la notificación de la Alerta, también quieren conocer “cuál va ser la ruta para que el gobierno cumpla” pues dijo que aunque el estado se comprometa una vez más a atender el mecanismo, “no va a servir si siguen consultado a grupos derecha sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.

“Esperemos que el dictamen sea contundente y que se tenga la comparecencia de los legisladores ante un estado que se está negando a proteger la vida de las mujeres”, concluyó.

17/HZM/LGL








ESTADOS
SALUD
   Se negó a despenalizar aborto e incumplió recomendaciones sobre AVG
Presentan amparo indirecto contra congreso de Veracruz
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/10/2017

La asociación civil Equifonía interpuso el pasado 23 de octubre, ante el Juzgado  Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de Veracruz,  un Amparo Indirecto en contra del congreso del estado por su omisión legislativa para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

En entrevista con Cimacnoticias la directora de Equifonía, Araceli González Saavedra, explicó que en el amparo se detalla que la decisión del congreso viola los Derechos Humanos de las veracruzanas porque restringe el ejercicio libre e informado de las mujeres sobre el número y esparcimiento de sus hijos; violenta los derechos a la salud, física y psicológica de las mujeres víctimas de violación; y las aleja de su derecho a la salud cuando está en riesgo su vida por complicaciones de un embarazo.

En el amparo también se manifiesta que las y los legisladores se rehusaron a atender las recomendaciones sobre la despenalización del aborto que dictó el Grupo de Trabajo encargado de atender la AVG por Agravio Comparado. La defensora González Saavedra agregó que la próxima semana el Poder Judicial Federal informará si acepta o no el amparo.

El pasado 28 de septiembre en medio de protestas, las y legisladores rechazaron la iniciativa de reforma a los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal veracruzano, que presentó la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, derogar el plazo de 90 días que establece para que las mujeres víctimas de violación interrumpan un embarazo e incluir la causal de salud.

La despenalización del aborto es una medida que debía cumplir en seis meses el gobierno de Veracruz como parte de las recomendaciones que el Grupo de Trabajo hizo en noviembre de 2016, tras la solicitud de las organizaciones hecha el mismo año para decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) por agravio comparado.

A pesar de esta obligación, las y los integrantes de la legislatura argumentaron que la propuesta de la diputada Carola Viveros se trataba de un “acto inconstitucional” porque desde agosto de 2016 en Veracruz se “protege la vida desde el momento de la concepción”.

EN MANOS DE SEGOB SEGUNDA AVG

En la solicitud de AVG por Agravio Comparado la organización denunció tres agravios: la inadecuada aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) que garantiza el aborto cuando es producto de una violación; la protección de la vida desde el momento de la concepción, una reforma que impulsó en 2016 el entonces gobernador Javier Duarte en alianza con grupos católicos; y la tipificación del delito de aborto que se castiga con un “tratamiento educativo”.

Esta es la segunda solicitud de Alerta, pues cabe recordar que en noviembre de 2016 la Secretaría de Gobernación (Segob) decretó una por violencia feminicida en 11 municipios de Veracruz, la cual sigue vigente.

La defensora Araceli González Saavedra informó que el gobierno estatal ya entregó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) su reporte de cumplimiento de las recomendaciones que dio el grupo de expertas que analiza esta segunda solicitud, por lo que ahora está en manos de la dependencia de Segob,  determinar si decreta o no la segunda AVG en la entidad.

Si bien la directora de Equifonía señaló que observaron avances significativos en la mejora de los servicios de salud para las mujeres y la capacitación del personal médico con el fin que garanticen el acceso a la NOM 046, la reforma al Código Penal sobre la despenalización del aborto era una acción esencial, por lo esperan que Segob considere que las recomendaciones del Grupo de Trabajo y active la AVG por agravio comparado.

17/HZM/LGL

 








NACIONAL
SALUD
   Podrán excusarse de participar en tratamientos o investigaciones
Aprueban diputados “objeción de conciencia” para personal administrativo
CIMACFoto: Cristina Acuña Roeder
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/10/2017

La Cámara de Diputados aprobó adicionar el Artículo 10 BIS a la Ley General de Salud, que se extiende al personal administrativo y de apoyo (servicio social, enfermeras) de los servicios de salud, por lo que ahora podrán negar servicios de salud reproductiva a las mujeres que los soliciten.

En la sesión de este 10 de octubre, con 367 votos a favor, 34 en contra y 28 abstenciones, las y los legisladores de la Cámara de Diputados avalaron introducir el concepto de “objeción de conciencia” que antes no estaba previsto en la Ley General de Salud, con lo que cualquier integrante del Sistema Nacional de Salud podrá “excusarse de participar en cualquier programa, actividad, práctica, tratamiento, método o investigación que contravenga su libertad de conciencia”.

Esta fue una propuesta de la diputada del Partido Encuentro Social (PES), Norma Edith Martínez Guzmán, por la cual las organizaciones civiles especialistas en derechos sexuales y reproductivos como Ipas México, el Grupo de Información en Reproducción (GIRE), entre otras, alertaron que atentaba en particular en el acceso de las mujeres a servicios de salud como el aborto y métodos anticonceptivos, dándole al Estado, la posibilidad de negárselos.

En la discusión de este día, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Cecilia Guadalupe Soto González, señaló que la iniciativa atenta sobre todo contra el derecho de las niñas víctimas de violación a no ser madres, y recordó el caso emblemático de la niña de 13 años de edad, Paulina, a quien en 1999 el personal sanitario de Baja California le negó su derecho al aborto legal por una violación, por lo que el caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La legisladora perredista aseguró que la propuesta “no tenía un problema a resolver”, por el contrario generaba conflictos en el funcionar de la Secretaría de Salud, pues la negativa a brindar servicios de aborto en casos de violación aún se suscita en clínicas de varias entidades de la República, donde además, no se cuenta con personal médico suficientemente capaz de suplir a quienes sean objetores de conciencia.

De este contexto también habló la diputada del partido Nueva Alianza (NA), Karina Sánchez Ruiz, quien argumentó que la propuesta del PES pone en riesgo “la atención médica de millones de mexicanas” y contraviene recomendaciones que realiza la Organización Mundial de Salud (OMS) sobre la obligación de los países de preservar y promover la salud de la población, desde un enfoque de protección a los Derechos Humanos y pruebas científicas.

La introducción de este nuevo Artículo 10 BIS a la Ley, anticipa que el personal médico podrá hacer uso de esta facultad en cualquier momento, siempre y cuando no se trate de emergencias en las que está en riesgo la vida de la persona. Además de la obligación del sistema de salud de disponer de médicas y médicos no objetores de conciencia. Pero ahora será el turno del Senado de la República aprobar la iniciativa.

Por su parte la diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mariana Trejo Flores, señaló que ningún tratado internacional que ha firmado el Estado mexicano reconoce como un derecho la “objeción de conciencia”, y que en los Artículos constitucionales 5°, 6° y 24° se reconoce que las personas deben ejercer una profesión a partir de sus convicciones éticas, de conciencia y religión, sin embargo, es obligación del Estado laico asegurar la salud de la población.

A ello sumó el diputado perredista David Gerson García Calderón, quien subrayó que entre las recomendaciones que ha dado a México el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas inglés) destaca la de asegurar la libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Cabe recordar que las mexicanas tienen derecho, entre otras, a la causal de aborto por violación en todo el país y la “Norma Oficial Mexicana 046 Violencia Familiar, Sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención”, obliga a los prestadores de salud a realizarlo. Únicamente en la Ciudad de México, desde 2007, la Interrupción Legal del Embarazo es voluntaria dentro de las 12 primeras semanas de gestación.

17/HZM/LGL








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Reciben AE y su acceso a ILE por violación
En 5 años, mil niñas fueron atendidas en la Clínica Condesa
CIMACFoto: Montserrat Antúnez Estrada
Por: Montserrat Antúnez Estrada y Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/10/2017

En la Ciudad de México los únicos datos certeros sobre cuántas niñas fueron víctimas de violación sexual en los últimos cinco años los tiene la Clínica Especializada Condesa (CEC) –la instancia de salud pública que brinda atención médica a las víctimas de violación- donde fueron atendidas por esta causa, desde 2012 y hasta abril de 2017, mil 118 menores de edad.

Incluso la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF), de quien dependen las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales, no mantiene un registro desagregado por sexo y edad de las víctimas. Solo registró, de 2012 a julio de 2017, mil 152 denuncias por violaciones sexuales cometidas contra niñez y adolescentes menores de 18 años de edad.

Lo mismo ocurre con el Tribunal Superior de Justicia local (TSJ), instancia consultada por esta agencia para conocer el número de sentencias que había dado en el mismo periodo por el delito de violación. La dependencia informó que de 2012 a junio de 2017 sentenció a 128 personas por el delito de violación, pero que tampoco cuenta con información desagregada por sexo y edad de las víctimas de este delito.

Los datos fueron obtenidos a través de solicitudes de información que Cimacnoticias realizó a la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa), a la PGJDF y al TSJ como parte de la investigación que realiza sobre las violaciones sexuales a niñas.

URGE QUE ILE EN CDMX REGISTRE VIOLENCIA

De acuerdo a la información proporcionada por la Clínica Condesa, de 2012 a 2017, 192 niñas de 7 a 14 años de edad, recibieron anticoncepción de emergencia (AE).

Aun cuando los embarazos infantiles suelen estar relacionados con una violación sexual previa, si las menores de edad en la Ciudad no denuncian ni acuden a la Clínica Condesa para ser atendidas, la Sedesa no registra y, por consiguiente, no da aviso a la PGJDF para que los casos se investiguen y se descarte cualquier delito.

Respecto a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por violación, los únicos datos disponibles son los de la CEC, ya que ahí fueron atendidas para recibir la AE y en caso necesario el derecho a una ILE. Así, el reporte señala que durante 2014 dos niñas de 8 años y una de 14 años fueron canalizadas a los servicios de ILE de la capital, y en 2016 una de14 años de edad.

En su respuesta a la solicitud de información, la Sedesa afirmó que no registra cuántas niñas de 10 a 14 años de edad han interrumpido un embarazo por una violación debido a que en la capital desde hace una década, tras la despenalización del aborto, basta con que la mujer solicite el servicio en alguna de las clínicas dentro de las primeras 12 semanas de gestación, por lo que no está documentando esta violencia.

Únicamente reportó que 2 mil 23 niñas entre 11 y 14 años de edad ejercieron su derecho al aborto, sin precisar si se trató por violencia sexual, así como tampoco si solamente eran de la capital o provenían de otros estados.  

Ante este panorama, personas expertas en salud reproductiva comienzan a plantear propuestas para obligar la documentación de la violencia sexual contra niñas que podría obtenerse de quienes solicitan los servicios de ILE.

“Esta flexibilidad que para bien nos ofrece el programa de ILE en Ciudad de México deja de lado poder registrar de manera específica aquellos casos que llegan producto de violación”, el registro produciría información esencial para medir los niveles de violencia sexual contra la infancia en la entidad y actuar en consecuencia, mencionó en entrevista el asesor de políticas públicas de Ipas México, Alexis Hernández González.

Al no registrar estas estadísticas el Estado contribuye a ocultar el problema, agregó la abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) Ofelia Bastida. De impulsarse una propuesta para realizar el registro de violencia sexual contra las niñas en el servicio de ILE, “debería realizarse en condiciones de privacidad, cómodas y empáticas por personal calificado que no juzgue a las niñas” afirmó.

Si bien no existe un formulario que deba llenarse para conocer la razón de la interrupción, se debe difundir entre el personal médico que en los casos de este grupo etario es importante realizar una investigación, porque es altamente probable que un embarazo infantil corresponda a una violación, resaltó la ginecóloga y asesora en sistemas de salud de Ipas México, Claudia Martínez López.

La situación sobre la violencia sexual infantil en el país podría ser mayor a la que revelan los datos, pues de 2012 a mayo de 2017 la Sedesa informó a esta agencia que 3 mil 812 niñas se convirtieron en madres, sin que se sepa cuántos de esos embarazos fueron producto de una violación.

La experta en derechos sexuales y reproductivos recalcó la importancia de no ignorar a las niñas que sí llevan a término sus embarazos pues, dijo, “en ellas tampoco debería descartarse la posibilidad de haber sido víctimas de una violación”.

VIOLACIÓN, DELITO FRECUENTE

De 2012 hasta lo que va de este año, la Clínica Condesa atendió en promedio a 209 niñas por año. De éstas, 100 tenían de 2 a 5 años de edad; 153 de ellas tenía de 6 a 9 años; 48 era de 10 años; 79 tenía 11 años, 165 de 12 años y se presentaron 263 y 310 casos donde las niñas tenían 13 y 14 años de edad, respectivamente, cuando acudieron a la instancia médica.

Un dato relevante, es que desde 2014 se incrementaron los casos donde las víctimas tenían menos edad, por ejemplo se registraron violaciones a niñas de dos y tres años, un rango de edad que en los dos años anteriores había permanecido vacío.

En 2017 el panorama no fue alentador. Tan sólo en los primeros cuatro meses las niñas víctimas de violación que acudieron a la Clínica representaron 43 por ciento de las atenciones totales brindadas en 2016 a menores de 14 años (170). Es decir, 73 niñas de 14 años de edad fueron violentadas a principios de este año: 29 tenían de 3 a 9 años de edad, mientras que las 49 restantes eran de 10 a 14 años.

17/HZM/MMAE/LGL








NACIONAL
Aborto
   Diputada del PES presenta iniciativa, OSC piden no aprobarla
Buscan reformar Ley General de Salud para extender objeción de conciencia
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 04/10/2017

Integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir llamaron a las y los diputados a no aprobar el dictamen de reforma al Artículo 10 BIS de la Ley General de Salud, que busca extender la objeción de conciencia a personal de apoyo y administrativo de los servicios de salud, pues de lograrse, se justificaría la negativa a proporcionar servicios de salud reproductiva a las mujeres como la Interrupción
Legal del Embarazo (ILE).

Esta iniciativa fue presentada por la diputada del Partido Encuentro
Social (PES), Norma Edith Martínez Guzmán, y fue publicada en la gaceta parlamentaria del pasado 27 de septiembre. En ella propone que personal del Sistema Nacional de Salud podrá hacer valer la objeción de conciencia y excusarse de participar en cualquier “programa, actividad, práctica, tratamiento, método o investigación que contravenga su libertad de conciencia” con base en sus valores y principios éticos.

La campaña, integrada entre otras organizaciones por Ipas México, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), alertó en un comunicado que esto representa un riesgo en el caso particular de las mujeres porque se podría obstaculizar la atención en casos de la interrupción del embarazo existentes como violación y riesgo a la salud, y otros procedimientos como el acceso a métodos anticonceptivos.

La diputada plantea en el proyecto que cuando se dio hace una década la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en la Ciudad de México, también se reconoció la objeción de conciencia del personal sanitario para practicarlo, por lo que “resulta necesario incluir expresamente este derecho” en la Ley General de Salud, para todos los servidores del sistema de salud de la República.

Lo mismo sucede, expresa Norma Martínez, con la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 (NOM 046), que señala los criterios para el acceso al aborto en casos de violación sexual, en ella se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los médicos y enfermeras a atender estos casos que son considerados emergencias médicas.

Asimismo la diputada da ejemplos de países que cuentan en sus legislaturas con estas facultades para que el personal médico decida no practicar una interrupción del embarazo, como ocurre en Estados Unidos, Francia, Alemania y Holanda, sustenta.

Situaciones que ocurren a pesar de que la Organización Mundial de Salud (OMS) alerta que los países que usan la objeción de conciencia lo hacen como una estrategia sistemática para negarse a brindar servicios de salud y evitar que las mujeres ejerzan sus derechos reproductivos, orillándolas a recurrir a prácticas de aborto inseguras que ponen en riesgo su vida.

El proyecto de ley adiciona que la objeción de conciencia puede realizarse en cualquier momento y no está limitada, es decir, si el objetor ya la solicitado en situaciones pasadas “no constituye un delito” siempre y cuando “no ponga en riesgo la salud o la vida del o la paciente”.

En caso de proceder la reforma será obligación de la Secretaría de Salud contar en todos los casos, con otras personas que estén dispuestas a brindar la atención.

OBLIGACIÓN DEL ESTADO GARANTIZAR ILE

La propuesta de reforma indicaron las activistas, tiene graves problemas pues el “derecho a la objeción” se amplía al personal técnico o administrativo (no sólo a la persona que participa de manera directa en la intervención médica) y contempla, además del aborto, una serie de procedimientos médicos en los cuales se puede hacer facultad de esta objeción, como en tratamientos anticonceptivos (reversibles e irreversibles).

“Como se observa en ese transitorio segundo -referente a la serie de procedimientos- indicar ciertas intervenciones médicas responde a criterios morales de diversas tendencias religiosas. Por tanto la propuesta atenta contra el Estado laico en México y pone en riesgo la salud de las personas”, precisó la agrupación y recordó que el
Estado está obligado a garantizar el derecho a la salud de la población.

Señalaron que es una reforma innecesaria pues recordaron a las y los legisladores que los Artículos 5º , 6º y 24º de la Constitución, reconocen los derechos a ejercer una profesión a partir de las convicciones éticas, de conciencia y de religión, siempre y cuando no perjudique a terceros.

El dictamen de la Comisión de Salud se discutirá entre otros ocho durante esta semana en el pleno de la Cámara de Diputados, por lo que las activistas que integran la Campaña hicieron un llamado a las bancadas del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional a no aprobar el dictamen. En redes sociales las organizaciones de derechos sexuales y reproductivos de México también se unieron bajo el hashtag #SaludSinObjeción.

Actualmente en todo el país las mujeres pueden interrumpir un embarazo cuando sea producto de una violación sexual, y únicamente en la Ciudad de México se puede realizar de forma voluntaria hasta las 12 semanas de gestación. En estados de la
República las organizaciones como GIRE han alertado sobre las negativas del personal médico a brindar este servicio a pesar de las causales que están establecidas en la ley.

17/HZM/LGL








INTERNACIONAL
Aborto
   Vigilarán que respete DH de mujeres, advierten
OSC chilenas quedan fuera de elaboración de Protocolo para aborto
Imagen retomada de la campaña Aborto Chile
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 04/10/2017

Organizaciones civiles de Chile solicitarán revisar, antes de que entre en vigor, el protocolo que actualmente elabora el Ministerio de Salud para determinar cómo los profesionales de la salud aplicarán la ley que despenaliza el aborto por tres causales en ese país, pues buscan asegurar que esté apegado a los Derechos Humanos de las mujeres.

Esto informó en entrevista con Cimacnoticias la directora de la Asociación Chilena de Protección de la Familia (APROFA), una de las organizaciones de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile que desde 2015 acompañan el proceso legal de la despenalización del aborto en el país, Débora Solís Martínez, quien denunció que el Ministerio de Salud decidió no consultar a las organizaciones expertas en el tema para realizar el protocolo bajo el argumento del poco tiempo con el que cuentan.

Actualmente el Ministerio de Salud elabora el protocolo de actuación que seguirá el personal médico para aplicar la ley que permite el aborto cuando está en riesgo la vida de la mujer, si las condiciones del feto son incompatibles con la vida y si el embarazo fue producto de una violación. La legislación, promulgada el pasado 14 de septiembre por la presidenta Michelle Bachelet, entrará en vigor a mediados de  diciembre, una vez que el protocolo esté listo.

Débora Solís Martínez señaló que la atención médica para las mujeres que decidan abortar será integral solo si contempla “un proceso de formación a profesionales de la salud con enfoque en Derechos Humanos”.

Por ello, urgió al Ministerio de Salud chileno a concientizar a las personas profesionales de la salud sobre el deber que tienen de hacer cumplir la ley que despenaliza el aborto en ese país y las inste a respetar el Derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción de su embarazo.

Esto, dijo, es necesario para que las y los profesionales médicos entiendan que las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos y bajo este concepto replanteen si es necesario emitir su objeción de conciencia, un recurso que pueden presentar ante los directivos de las instancias de salud donde laboran y que los abstiene de practicar un aborto.

El compromiso del Ministerio de Salud, afirmó Débora Solís, también debe extenderse a capacitar e informar sobre la ley a todas las personas que trabajan en las instancias de salud, sin importar si son o no expertos médicos. “(Las autoridades médicas) también deben ocuparse de despenalizar socialmente el aborto con su personal, esto implica trabajar con todas las personas que en las unidades de salud tienen contacto con las mujeres, para que no las juzguen por ejercer su derecho”, dijo.

La defensora y experta de los derechos sexuales destacó la importancia de contemplar en el protocolo médico la atención psicológica para todas las mujeres que opten por practicarse un aborto y no solo se enfoquen en su salud física.

Informó que las organizaciones seguirán trabajando para cerciorarse que el Ministerio de Salud resuelva un pendiente que aún tiene: permitir el uso para fines gineco obstréticos de uno de los medicamentos que en varios países se utiliza para practicar abortos durante las primeras 12 semanas de gestación, el misoprostol, ya que actualmente solo se emplea para efectos gástricos.

La legalización del medicamento resulta importante porque tan solo en México, país que desde hace 10 años permite en la capital la interrupción legal del embarazo por cualquier causal, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que hasta febrero de 2017 el procedimiento más usado para interrumpir el embarazo (en 75 por ciento de los casos) fue el uso de medicamentos.

17/MMAE/LGL








INTERNACIONAL
Aborto
   Sólo 2 mil 500 mujeres de 100 mil accederán a abortos seguros
   
OSC y Academia chilenas promueven campaña por despenalización del aborto
Imagen retomada del portal Mesa de Acción por el Aborto en Chile
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/09/2017

A propósito de la conmemoración del 28 de septiembre por el Día de Acción Global por un Aborto Legal y con la consigna de que la maternidad “debe ser voluntaria, libremente decidida y en un contexto social y legal de protección”, organizaciones civiles y académicas de Chile llamaron a promover la “despenalización social” del aborto en el país y reivindicarlo como un derecho de las mujeres.

La petición fue promovida por la Mesa Acción por el Aborto en Chile, integrada por académicas y más de 10 organizaciones que trabajan por los Derechos Humanos, a través de la “Campaña por la Despenalización Social y Penal del Aborto” impulsada en redes sociales.

Las demandantes exigieron no criminalizar ni juzgar a quienes deciden practicarse un aborto, es decir “despenalizar socialmente” este derecho que aseguraron, significa la libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

La campaña fue promovida desde ayer 28 de septiembre, día en el que se conmemora, desde 1990 el Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, tras el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina ese año y fue creada a dos semanas de que la titular del ejecutivo chileno, Michelle Bachelet, promulgara la ley que despenaliza el aborto por tres causales.

A través de un comunicado la vocera de la Mesa Acción por el Aborto, Gloria Maira, refrendó la urgencia de legalizar el aborto por cualquier circunstancia pues aseguró que la ley de aborto por tres causales es  un  “piso mínimo para la autonomía reproductiva de las mujeres” porque solo permitirá el acceso a ese derecho a quienes estén en esas circunstancias y afirmó: “muchas más seguirán abortando en la clandestinidad, la criminalización y el estigma”

Se estima que en Chile se practican anualmente 100 mil abortos inseguros y con las causales permitidas sólo 2 mil 500 mujeres podrán acceder al servicio dentro del marco legal y en condiciones salubres y seguras, de acuerdo a la Mesa Acción por el Aborto, conformada por organizaciones como Amnistía Internacional-Chile, el Observatorio de Equidad de Género en Salud y académicas de la Universidad de Chile y la Universidad Diego Portales.

Hasta agosto de este año, cuando el Tribunal Constitucional chileno aprobó el proyecto de ley que Michelle Bachelet presentó desde 2015 para despenalizar el aborto por las causales mencionadas, Chile formaba parte de la lista de seis países en el mundo que no garantizaban este derecho y en la que actualmente se encuentran Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Malta y el Vaticano.

Aunque la ley chilena ya fue promulgada, será hasta diciembre cuando entre en vigor, una vez que el Ministerio de Salud realice el protocolo que determinará cómo se aplicará en las instancias de salud.

17/MMAE/LGL








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