derechos sexuales y reproductivos

INTERNACIONAL
Aborto
   Entrará en vigor en diciembre
   
Promulgan en Chile ley que despenaliza el aborto
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/09/2017

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promulgó la ley que regula el aborto por tres causales, durante una ceremonia efectuada en la sede del gobierno, el Palacio de la Moneda, el pasado 14 de septiembre, con lo que da inicio el plazo para que el Ministerio de Salud elabore el protocolo que determine cómo se aplicará en las instancias de salud y la legislación pueda entrar en vigor.

La ley entrará en vigor hasta diciembre, una vez que el protocolo esté terminado, y permitirá a las mujeres acceder al aborto por 3 causales: cuando esté en riesgo su vida, si las condiciones del feto son incompatibles con la vida y si el embarazo fue producto de una violación.

Con esto concluye el proceso que inició en enero de 2015 cuando la titular del Ejecutivo presentó ante el Congreso chileno el proyecto de ley, el cual fue cuestionado por fracciones parlamentarias como la de Chile Vamos, que en agosto de este año presentó un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC) chileno, instancia que declaró constitucional la iniciativa.

Al despenalizar el aborto, mencionó Bachelet durante la ceremonia de promulgación, el Estado salda “una deuda enorme con las mujeres de Chile” ya que sancionarlo por cualquier causal (como se hacía desde 1931) representó “un incumplimiento en materia de respeto a los Derechos Humanos, porque ponía en riesgo el derecho a la vida y a la integridad física y síquica de las mujeres”, afirmó.

Tras el anuncio de Michelle Bachelet, Chile deja de ser parte de los países latinoamericanos que como Nicaragua, El Salvador, República Dominicana y Honduras, penalizan el aborto por cualquier causa. Cabe recordar que tan solo en 2015 la organización Amnistía Internacional- Chile estimaba que al año se practicaban, en promedio, 160 mil abortos, la mayor parte de forma insegura.

Por su parte las organizaciones civiles como las integrantes de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, se pronunciaron a través de un comunicado y destacaron que si bien al legalizar el aborto por tres causales “se avanza en la protección de la dignidad y derechos de las mujeres y las niñas”, en chile las mujeres aún no pueden “ejercer con plenitud” sus derechos sexuales y reproductivos toda vez que siguen sin poder interrumpir embarazos solo por voluntad.

17/MMAE/LGL








ESTADOS
SALUD
   Es la tercera entidad con más casos
En Veracruz el embarazo en niñas es 4.7 veces mayor que la media nacional
Especial
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 14/09/2017

En 2016 el Subsistema de Información sobre nacimientos de la Secretaría de Salud registró que 873 niñas de 10 a 14 años llevaron a término un embarazo en Veracruz, la entidad donde la maternidad en niñas de este grupo de edad es 4.7 veces mayor que el promedio nacional, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

En tanto, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la colocan como la tercera entidad con más casos registrados de 2012 a 2015 pues en ese periodo 3 mil 173 niñas tenían menos de 15 años al momento del nacimiento de sus hijas e hijos.

De éstas, seis tenían 10 años y en 20 casos fueron niñas de 11 años; 99 tenía 12 años, mientras que en 553 y 2 mil 495 casos se trató de menores de edad de 13 y 14 años respectivamente.

Los municipios que concentraron la mayoría de estos embarazos fueron Veracruz, con 9.39 por ciento de los casos (298); Xalapa con 225 embarazos de menores de 15 años (ocho por ciento del total) y 5 por ciento ocurrieron en San Andrés Tuxtla.

Mientras que de 2009 a 2013 la proporción nacional de nacimientos en los que la madre era menor de 15 años se mantuvo en 0.45 por ciento, en Veracruz rebasó el 1.50 por ciento, señaló la Conavim en su informe para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) por Agravio Comparado en el estado, con lo que concluyó que la maternidad en las niñas de esa entidad es 4.7 veces mayor que el promedio nacional.  

Cabe recordar que la organización Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, presentó el 5 de abril de 2016 la solicitud de AVG por Agravio Comparado pues las mujeres de la entidad han visto violentados sus derechos por legislaciones que las criminalizan, como en el caso del acceso a la Interrupción Legal del Embarazo por la causal de violación.

Pese a ser legal esta causal en el estado, las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual no están accediendo a este derecho, y muchas de ellas o terminan los embarazos o acceden a interrupciones inseguras que colocan en riesgo sus vidas.

La maternidad en niñas, dice Conavim, significa “un obstáculo a su sano desarrollo” porque generalmente “implica el fin de la escolarización y el truncamiento de oportunidades para su desarrollo personal”.

Pese a que el Estado no cuenta con datos oficiales sobre cuántas niñas presentaron embarazos producto de una violación sí se sabe que las legislaciones en Veracruz siguen forzando a las niñas a ser madres al no garantizarles el acceso al aborto.

De acuerdo a la Fiscalía General de Veracruz de enero de 2015 al 30 de abril de 2016 iniciaron 15 investigaciones ministeriales y siete carpetas de investigación por aborto.  Mientras que el Inegi señala en su Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal de 2015, que en 2014  al menos 10 mujeres habían sido involucradas como presuntas culpables de aborto, para uno de los casos se abrió una carpeta de investigación y en nueve se iniciaron averiguaciones previas.

17/MMAE/LGL








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Lluvias intensas provocan desplazamientos
   
Más de 10 mil mujeres y niñas afectadas por desastre en Perú
Las mujeres y las niñas se enfrentan a algunos de los mayores desafíos, incluyendo la amenaza de la fiebre del dengue y el Zika que afectan especialmente a las mujeres embarazadas, las barreras en el acceso a la planificación familiar y el mayor riesgo de violencia por razón de género. © UNFPA Perú / Juan Pablo Casapia
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Madrid, Esp .- 13/09/2017

De febrero a abril de este año, una serie de intensas lluvias e inundaciones en la costa norte del Perú provocaron una gran cantidad de desplazamientos y daños. Con más de un millón de personas afectadas, se declaró un estado de emergencia.

 

Las mujeres y las niñas enfrentaron algunos de los retos más grandes, incluyendo la amenaza de la fiebre del dengue y el virus del Zika para las embarazadas, barreras de acceso a servicios de planificación familiar y un mayor riesgo de violencia por razón de género, que a menudo se incrementa en situaciones de emergencias humanitarias.

 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha estado trabajando con el gobierno y diversos socios locales para garantizar que las mujeres y las niñas reciban los servicios que necesitan. Se estima que, para el mes de julio, se logró llegar a 10 mil mujeres y niñas con servicios de salud reproductiva que salvan vidas y esfuerzos para prevenir la violencia por razón de género.

 

BRIGADAS MÓVILES LLEVAN ATENCIÓN E INFORMACIÓN

 

Los departamentos de Piura, La Libertad y Lambayeque, se vieron severamente afectados con más de 210 mil damnificados. El UNFPA y la Dirección de Salud Regional desplegaron brigadas móviles integradas por médicos, ginecólogos, obstetras, psicólogos y trabajadores sociales.

 

El UNFPA también organizó más de 150 sesiones de concientización en alrededor de 20 campamentos y comunidades en las áreas más afectadas, llegando con ello a más de 10 mil mujeres.

 

En estas sesiones se abordaron aspectos tales como dónde encontrar servicios de atención a la salud materna, cómo evitar embarazos no planeados, cómo identificar los síntomas de complicaciones del embarazo y cómo evitar las infecciones por los virus del dengue, Zika y Chikungunya.

 

Marta*, una mujer de 34 años de edad y madre de dos hijos, se encuentra viviendo en un albergue en San Pablo. Ella afirma que el hecho de tener acceso a servicios de salud reproductiva le ha permitido gozar de una gran tranquilidad en un momento tan difícil.

 

“Sospechando que podría estar embarazada, fui a ver a un médico obstetra de la brigada móvil del centro de salud de San Pablo”, le comenta al UNFPA. “Y mi prueba de embarazo resultó negativa”.

 

El resultado fue un gran alivio, y decidió informarse acerca de los servicios de planificación familiar disponibles. “Recibí consejería en planificación familiar, información acerca de los riesgos de embarazarme en estas circunstancias, y pastillas anticonceptivas”.

 

Marta y su esposo platicaron acerca de lo que ella había aprendido, y juntos decidieron evitar un embarazo hasta el momento en que sus vidas tengan una mayor estabilidad.

 

Previniendo y respondiendo a la violencia por razón de género

el UNFPA también está apoyando esfuerzos para prevenirla.

 

En los campamentos de Piura, uno de los departamentos más afectados, el UNFPA distribuyó más de 7 mil 500 kits de protección entre las mujeres y las niñas. Estos kits contienen silbatos, lámparas de mano solares, candados y otros artículos.

 

El UNFPA también trabajó con los miembros de la comunidad para transmitir mensajes que promueven la seguridad y ayuden a las sobrevivientes de violencia a encontrar servicios de apoyo.

 

También se distribuyó información acerca de un número telefónico de ayuda sin costo para las sobrevivientes de violencia operado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

 

Adicionalmente, se urgió a los miembros de la comunidad a identificar a líderes confiables a los que pudieran contactar en caso de ser necesario. Y a las mujeres y las niñas se les exhortó a usar sus silbatos para alertar a las autoridades en caso de encontrarse en peligro.

 

“Cuando recibimos el silbato, nos dimos cuenta de que era una herramienta importante para comunicarnos”, afirma Carmela*, una residente de 33 años de edad del albergue de Nuevo Santa Rosa.

 

“Desde que comenzamos a usarlo, nos hemos sentido más protegidas, ya que sabemos que, en caso de surgir un problema, si hacemos sonar el silbato la comunidad vendrá a nuestra ayuda”.

 

REFORZAR LAS COMUNIDADES

 

El UNFPA también suministró equipo médico y quirúrgico, personal de atención a la salud y asistencia técnica para mejorar los servicios de salud pública en las áreas afectadas por la emergencia.

 

Diversos expertos afirman que la respuesta humanitaria les ha ayudado a los miembros de la comunidad a apoyarse mutuamente y también a sí mismos.

 

“Se crearon y fortalecieron los comités comunitarios para la protección en contra de la violencia hacia la mujer”, reportó la representante del UNFPA en el Perú, Elena Zúñiga.

 

Y también se ha logrado un mayor reconocimiento del valor de la atención a la salud sexual y reproductiva.

 

“Las actividades de concientización e información se tradujeron en un incremento en la demanda de servicios de salud sexual y reproductiva en las unidades médicas”, afirmó Zúñiga.

 

* Su nombre real ha sido cambiado para proteger su privacidad.

 

*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.

 

17/RED








INTERNACIONAL
Derechos Sexuales y Reproductivos
   Ayuda también servirá para mujeres en crisis humanitaria
   
Canadá destina recursos para derechos sexuales y reproductivos
Imagen retomada de Prensa Latina
Por: la Redacción
Cimacnoticias/PL | Ottawa, Can.- 13/07/2017

Canadá destinó hoy un financiamiento de 241.5 millones de dólares para apoyar proyectos relacionados con la salud sexual y los derechos reproductivos de mujeres, adolescentes y niñas en todo el mundo.
 
La ministra de Desarrollo Internacional y Francofonía, Marie-Claude Bibeau -quien participó recientemente en la Cumbre de Planificación Familiar en Londres- dijo que esta nación presta su voz en el escenario internacional para defender esos derechos y consideró que el empoderamiento de las mujeres comienza cuando ellas tienen el control de sus cuerpos y la libertad de tomar sus propias decisiones.
 
En un comunicado oficial, se señala que la nueva Política de Asistencia Internacional Feminista de Canadá promueve la equidad de género y la igualdad de derechos como la forma más efectiva de reducir la pobreza.
 
Este enfoque reconoce el papel vital de la planificación familiar en el empoderamiento de mujeres, adolescentes y niñas, agrega.
 
El financiamiento canadiense permitirá desarrollar proyectos en ese sentido, sobre todo relacionados con los servicios de salud para atender el embarazo, el parto y los tratamientos anticonceptivos.
También contribuirá a prevenir episodios de violencia de género y las uniones forzadas a temprana edad.
 
La ayuda monetaria también estará dirigida a la asistencia de mujeres y niñas que viven en situaciones de crisis humanitaria o en regiones de gran pobreza: ellas recibirán más del 65 por ciento de los 241.5 millones, precisa el comunicado.
 
Canadá se une a otras organizaciones como Planificación Familiar 2020, la Asociación de Ouagadougou y el movimiento global Ella Decide, entre otros, para aprovechar mejor los recursos.
 
En conjunto, esas iniciativas permitirán que 120 millones de mujeres y adolescentes utilicen métodos anticonceptivos y accedan a servicios de planificación familiar.
 
Según cifras de los organismos internacionales, se calcula que 22 millones de mujeres y adolescentes ponen en riesgo su vida al pasar por abortos inseguros. Además, otra alta cifra muere por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto.
 
17/RED
 








INTERNACIONAL
Aborto
   Estados promueven o facilitan regresión en DH de mujeres
   
Se fortalecerán alianzas para despenalización del aborto en AL
CIMACFoto: Gladis Torres
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Buenos Aires, Arg.- 30/06/2017

Organizado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y Amnistía Internacional, el encuentro-debate sobre el aborto en la agenda legislativa desbordó la sala del Congreso, donde se realizó el martes pasado. 
 
El encuentro fue convocado para tratar el panorama del aborto en la región y por qué en Argentina no se trata el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo; el rol de las organizaciones y los números que revelan un grito urgente: #AbortoLegalYA. Esta es la crónica:
 
El auditorio está lleno, tanto que traen sillas de otras salas para que se sienten las mujeres que están paradas. No alcanza: siguen llegando, el auditorio desborda para escuchar este encuentro debate: “Es la violencia de género, que se extiende en toda la región, la que sigue siendo uno de los fracasos más deplorables de los Estados en las Américas”, dice Erika Guevara Rosas, directora Ejecutiva de la Oficina Regional para las Américas en Amnistía Internacional, en la conferencia inaugural.
 
Sigue: “Los Estados de la región no sólo tienen una deuda pendiente para atender la violencia contra las mujeres y las niñas en manos de terceros, sino que sus legislaciones, sus políticas públicas y prácticas están causando daños y sufrimiento a millones de mujeres y niñas en toda la región, constituyendo una de las más graves formas de violencia estructural”.
 
FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS
 
Erika anuncia la fortificación de alianzas con movimientos de mujeres para apoyar la lucha por la despenalización del aborto en toda la región y traza un mapa de la situación:
 
Más de la mitad de los embarazos son no deseados o no planificados en América Latina o El Caribe, tasa que se mantiene sin cambios desde los años 80.
 
El 97 por ciento de las mujeres en edad reproductiva en América Latina y El Caribe viven en países donde el aborto está severamente restringido por la ley o, en muchos casos, penalizado totalmente y bajo cualquier circunstancia.
 
En el año 2016, al menos el 10 por ciento de todas las muertes maternas en la región se debieron a abortos clandestinos e inseguros.
 
El Salvador es uno de los países en el mundo donde las muertes maternas no han disminuido, sino que se han incrementado desde el 2013.
 
En Argentina, las complicaciones relacionadas con el aborto siguen siendo la primera causa de muerte materna directa desde los años 80.
 
Alrededor de 760 mil mujeres fueron hospitalizadas el año pasado por complicaciones de aborto inseguro en toda la región.
 
Se calcula que alrededor de 2 mil mujeres latinoamericanas mueren cada año debido a abortos inseguros.
 
Agrega Erika Guevara: “Tradicionalmente, las recomendaciones sobre la violencia contra las mujeres están centradas en una serie de medidas que el Estado debe tomar para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres perpetradas por terceros, sin embargo hoy en día son los propios Estados de la región los que promueven y facilitan un ambiente regresivo de Derechos Humanos para las mujeres y las niñas, y su causa más próxima es la existencia de leyes, políticas públicas o practicas violatorias de los derechos sexuales y reproductivos”.
 
La situación, alarmante, tiene de la vereda de enfrente la organización y lucha. Erika rescata la experiencia  de la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito como un “hito importantísimo en las formas de organización de las mujeres por la demanda de sus derechos” y concluye: “El Estado no sólo debe aprender de la fuerza de este movimiento, sino asegurarse de que sus demandas se conviertan en políticas claras”.
 
PROYECTO EN ARGENTINA
 
En Argentina, el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo se presentó por sexta vez el 30 de junio de 2016. El recorrido legislativo que debe hacer para convertirse en ley empieza por la Comisión de Legislación General, presidida por el diputado nacional, Daniel Lipovetzky, quien en diálogo con lavaca se manifestó a favor, pero aún no trató el proyecto.
 
Desde el panel de debate que comenzó con Susana Chiaroti, miembro del Comité de Expertas en violencia contra la mujer (OEA), se recalcó la necesidad del tratamiento urgente del proyecto. Edurne Cárdenas, del Centro de Estudios Legales y Sociales, fue la encargada de continuar con el debate, planteando a cinco años del caso FAL los avances y obstáculos de la implementación del fallo.
 
Mario Sebastiani, director de obstetricia del Hospital Italiano fue contundente: “No se puede permitir decir que hay salud pública en un país donde el aborto está penalizado. Es inadmisible que cuando estoy en la función pública lleve mis creencias en vez de poner en marcha políticas públicas que beneficien a la población. Quitémosle a los que tienen cargos públicos la inmoralidad de traer acá sus creencias”.
 
La encargada de cerrar el panel fue Ruth Zurbrigen, quien explicó el trabajo de Socorristas en Red, que en los últimos tres años acompañaron en su decisión de abortar a 7 mil 958 mujeres.
 
*Este artículo fue retomado del portal lavaca.org
 
17/RED/GG








INTERNACIONAL
   Temas pendientes: aborto, violencia sexual, embarazo infantil
   
Venezuela: lucha feminista logró agenda clara y leyes avanzadas
Imagen retomada del portal de AmecoPress.
Por: Gloria López
Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid, Esp .- 28/06/2017

Luz Patricia Mejía Guerrero es feminista, jurista y ha ocupado diversos cargos institucionales en Venezuela y en la región latinoamericana. Ayer estuvo en La Casa Encendida, invitada por la Asociación de Mujeres de Guatemala, para visibilizar los avances y retrocesos en materia de Derechos Humanos de las mujeres y las niñas en el contexto venezolano. Ponderar las contradicciones existentes y abordar miradas de futuro es un enorme desafío, tal y como ha dejado claro en una entrevista con AmecoPress.
 
Venezuela tiene una de las legislaciones más avanzadas de Latinoamérica en materia de protección y erradicación de las  violencias basadas en el género y el sistema de administración de justicia con mayor especialización de la región. ¿Cuándo surgieron esos avances? ¿Cómo funciona ahora el sistema, en el contexto de conflictividad que vive el país?
 
Luz Patricia Mejía Guerrero (LPMG): El movimiento feminista en Venezuela ha sido siempre muy combativo, con muchas perspectivas ideológicas, pero con agendas comunes muy claras. Y eso ha hecho que, si bien la polarización de la política venezolana haga mucho más difícil el encuentro, los grandes tópicos de las luchas feministas están en la agenda común, en ambas miradas.
 
Ha sido un proceso. En el 2008 se aprobó la Ley del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y el establecimiento de un sistema de administración de justicia que debe responder a esta ley y que incorpora la perspectiva de género como un eje transversal del acceso a la justicia en general y en particular una legislación específica para los casos de violencia machista.
 
Así, Venezuela logra una ley que reconoce diversos tipos de violencia y además, junto a Guatemala, el desarrollo de esta jurisdicción especial. Después se entendió la necesidad de contar con un Ministerio Público especializado, con fiscales y fiscalas convencidas de aplicar estas normas, porque hubo muchas resistencias.
 
Gloria López: Sabemos que 60 mil mujeres han solicitado medidas de protección especial y que se han concedido en un 50 por ciento de los casos. Pero hay un gran vacío estadístico que impide saber con certeza la situación que viven las mujeres y la violencia a la que se enfrentan.  Aun contando con esas infraestructuras judiciales para la protección de los derechos de las mujeres y de las niñas, ¿son estos derechos invisibilizados en el marco del conflicto político venezolano?
 
LPMG: En todos los conflictos sociales, políticos y económicos las capas más afectadas son las más vulnerables, donde, por supuesto, entran las mujeres. Y dentro de la diversidad de las mujeres, hay situaciones de mayor complejidad. Por ejemplo, las mujeres que están migrando, con más posibilidades de ser captadas por las redes de trata.
 
También el cuestionamiento de las instituciones que tienen jurisprudencia sobre estos temas, hace que el desafío de denunciar, por ejemplo, tome proporciones enormes. Hablamos de una sociedad profundamente patriarcal, en la que no es fácil reconocer y denunciar la violencia por parte de una mujer. Si además, lo que se está diciendo es que la justicia no funciona, que los tribunales no sirven para nada, la dificultad es mayor.
 
(GL): La situación de violencia, de pobreza. ¿Ha hecho crecer la trata y la explotación de las mujeres?
 
LPMG: Sí, a mayor violencia, mayor violencia contra las mujeres, a mayor pobreza, mayor feminización de la pobreza
 
EL ABORTO
 
GL: Usted ha impulsado de cerca campañas por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito desde instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ha sostenido que “la penalización del aborto es un problema del que no se habla y que criminaliza la pobreza de las mujeres”. ¿Se ha avanzado en la región? ¿Cómo explica que haya mujeres encarceladas en algunos países por el hecho de haber abortado, incluso de un modo natural?
 
LPMG: La situación del aborto en Venezuela y en el resto de la región sigue siendo un desafío en cuanto a los derechos de las mujeres y sobre todo, en cuanto al derecho a la vida de las mujeres y hay una marcada diferencia según el estrato socioeconómico.
 
Uruguay ha logrado reducir prácticamente a cero la mortalidad materna, mientras otros países con desarrollo medio mantienen tasas de mortalidad maternas muy altas.
 
Si a las condiciones de pobreza le sumas las normas legales que obstaculizan el aborto, y las normas sociales que, aun habiendo normas legales que lo permitan, también obstaculizan el aborto, estamos en una sociedad discriminatoria respecto a algo que solo afecta a las mujeres.
 
En la región Americana, en todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y de salud reproductiva, hay unos abismos donde muchas veces ideologías de izquierda y derecha comulgan a la hora de limitar y obstaculizar los derechos de las mujeres.
 
AGENDA COMÚN
 
GL: También desde el punto de vista internacional, la solidaridad se reduce porque queda subordinada a la conflictividad social y política de un Estado en crisis. Hay tanta violencia generalizada, que quedan invisibilizadas violencias específicas hacia las mujeres. La visión de “bandos” que se ha impuesto como análisis fácil de una realidad compleja, ¿perjudica de manera especial a las mujeres? ¿Qué propuestas ha venido a defender y a difundir?
 
LPMG: Creo que en primer lugar es necesario visibilizar cuestiones que no se saben. Invisibilizar los logros del movimiento feminista venezolano es negar una militancia feminista que ha sido muy fuerte de los últimos 40 años.
 
Visibilizar lo que existe ahorita en términos positivos es urgente. Reconocer la legislación, jurisdicción y decisiones jurídicas que se han tomado en Venezuela y que son muy avanzadas, son importantes.
 
Pero también reconocer que, a pesar de ello, existe una brecha amplia que sufren las mujeres y niñas y que el desprestigio enorme de las instituciones hace que las mujeres no acudan a ellas. Es decir, el reconocimiento de estos esfuerzos, pero también el reconocimiento de que no han tenido el impacto deseado en las mujeres que lo necesitan.
 
Necesitamos también seguir visibilizando una agenda común. A pesar de la polarización, ninguna mujer, en ninguno de los dos bandos, que yo creo que son más, va a olvidar que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Venezuela siguen siendo un desafío, que el tema de la participación política de las mujeres sigue siendo un desafío, y la necesidad de fortalecer el sistema de justicia para la protección de los derechos de las mujeres.
 
GL: Además de estos tres elementos. ¿Qué aspectos incluiría en esa agenda común?
 
LPMG: Pienso que la situación con el aborto es fundamental. Y otro tema es la violencia sexual y el embarazo infantil. Venezuela es uno de los países con más índice de embarazo infantil de la región. Está prohibido legalmente, pero según las estadísticas, la cifra es muy alta, mientras solo se han juzgado dos casos. Lo que indica que el índice de impunidad es muy alto, del 99 por ciento.
 
GL: ¿El movimiento feminista dialoga con las diferentes posturas políticas para enfatizar en las prioridades de las mujeres y la agenda común?
 
LPMG: Yo diría que hay una nueva generación de feministas. Y hay elementos compartidos por los bandos, como la ley de participación política de las mujeres. También se debate abiertamente acerca del aborto. Pero hay posiciones y temas que no se hablan tanto, como la feminización de la pobreza, la precariedad laboral de las mujeres, el acceso a la educación de las mujeres, cómo afecta el contexto conflictivo de manera específica a las mujeres; por ejemplo, cómo se ha cerrado el acceso a los medios anticonceptivos en medio de la crisis de abastecimiento.
 
Es indudable también que la división y radicalización ha llegado también al movimiento feminista. Pero tengo la esperanza de que podamos dialogar.
 
17/GL/GG








ESTADOS
Aborto
   Piden respetar laicidad del Estado
   
AVG en Veracruz se cumplirá hasta despenalizar el aborto
Imagen retomada del portal AVCNoticias | Yerania Rolón
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 04/08/2017

Para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas el congreso local debe aprobar la reforma a la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, y respetar la separación que debe existir entre la Iglesia Católica y el Estado ante los esfuerzos de grupos conservadores que buscan frenar la propuesta, denunciaron organizaciones civiles. 
 
A pesar de las acciones realizadas hasta ahora por el gobierno de Veracruz para atender la Alerta de Violencia de Género (AVG) por “agravio comparado” (leyes que transgreden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres) las organizaciones peticionaras Equifonía y el Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, pidieron en un comunicado que se cumpla con la última recomendación del Grupo de Trabajo: la despenalización del aborto.
 
El pasado 27 de julio la diputada local de Morena, Tanya Carola Viveros y 13 diputados adscritos, presentaron la propuesta de reforma de los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y suprimir los 90 días que tienen las mujeres para interrumpir un embarazo producto de una violación.
 
Se prevé que la iniciativa sea discutida en un periodo extraordinario de sesiones en septiembre, cuando se terminan los seis meses del gobierno de Miguel Ángel Yunes para presentar su reporte de cumplimiento al Grupo de Trabajo que atiende la AVG.
 
Por ello, las agrupaciones pidieron que se respete el principio de laicidad del Estado, ante “la intromisión por parte de grupos conservadores” para frenar la propuesta, mismos que impulsaron en colaboración con el ex gobernador Javier Duarte, la modificación al Artículo 4 de la constitución local, que desde agosto de 2016 “protege la vida desde el momento de la concepción”.
 
Cabe mencionar que otras ocasiones, a pesar de que el reglamento de la AVG no establece dar mayor tiempo a los estados para cumplir con las recomendaciones, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha dado prórrogas de seis meses argumentando que se observan avances significativos por parte de las autoridades.
 
Por ello las agrupaciones insistieron que “es impostergable el cumplimiento de todas las recomendaciones, incluida la reforma al Código Penal, de otro modo exigiremos que se decrete la segunda alerta”, demandaron en el comunicado.
 
En caso de que el grupo de expertos determine que las acciones no fueron suficientes, la Segob podría decretar la segunda alerta en la entidad, pues está vigente desde noviembre de 2016 en 11 municipios de Veracruz la AVG por violencia feminicida.
 
AVANCES EN CUATRO MESES
 
Hace cuatro meses el estado de Veracruz aceptó las propuestas contenidas en el informe del Grupo de trabajo, con ello Equifonía y el Comité Promotor han hecho un seguimiento puntal de las acciones gubernamentales entre las que destacan la realización de campañas por parte de la Fiscalía General del estado sobre la difusión de la interrupción legal del embarazo en las causales que establece la ley, y la realización de una base de datos para conocer cuántas mujeres están en prisión por interrumpir su embarazo.
 
Hasta ahora sólo se ha conseguido liberar a una mujer indígena que por interrumpir un embarazo estuvo 11 años en prisión. Sin embargo desde 2015 al 30 de abril de 2016, la Fiscalía conformó siete carpetas de investigación por el delito de aborto y recibió 15 denuncias por la misma razón, informaron las agrupaciones peticionarias.
 
En cuanto a la Secretaría de Salud estatal, las organizaciones señalaron que se avanzó en el diseño de una primera capacitación al personal médico para la implementación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046), que garantiza el acceso a la interrupción del embarazo en caso de violación y campañas de difusión de la norma dirigidas a la sociedad civil.
 
Sin embargo consideraron que no se cuenta con un presupuesto suficiente para la implantación y sostenimiento a largo de plazo de la medidas derivadas de la Alerta, por lo que exigieron al gobierno que destine mayor recurso público y lo aplique de forma transparente.
 
Por último las organizaciones civiles recordaron que la solicitud por AVG por agravio comparado se trata de un asunto de “justicia social” y de proteger la salud y vida de las mujeres.
 
Esta petición de la alerta por agravio comparado es la primera que se hace en el país y se presentó en abril de 2016 por tres agravios: la inadecuada prestación de servicios de salud y negativa por aplicar la NOM-046; la tipificación del aborto que en el Código Penal se castiga con un “tratamiento educativo y de salud”; y “la protección de la vida desde el momento de la concepción”.
 
17/HZM








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Diario asesinan a 7 mujeres; matan periodistas, desapariciones…
Asamblea de la OEA no puede ignorar crisis de DH en México
Imagen retomada del twitter OEA Oficial | Imagen: Alberto Viveros, Cancillería de México
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/06/2017

Organizaciones civiles de México advirtieron que en la 47 sesión de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), iniciada este lunes en Cancún, México, este organismo no puede desestimar la grave crisis de Derechos Humanos que enfrenta el país anfitrión.
 
En el país, recordaron en un comunicado conjunto las organizaciones, siete mujeres son asesinadas diariamente, se mantienen las diversas formas de violencia de género, en lo que va del año 17 personas periodistas y defensoras han sido asesinadas, y 31 mil personas se encuentran desaparecidas. Y entre los responsables esta la delincuencia organizada, actores privados y estatales, afirmaron.
 
Ante este contexto,  resulta incongruente “el ofrecimiento de México de ser la sede de la Asamblea General”, señalan, por lo que hicieron un llamado al Estado mexicano “a priorizar el cumplimiento de sus obligaciones vinculantes bajo los tratados del Sistema Interamericano”.
 
“Nos preocupa, dicen también, el cierre de espacios para la efectiva participación de la sociedad civiles en este tipo de foros internacionales, que derivó de la decisión del gobierno de México de cambiar la sede de la Asamblea General, que originalmente estaba prevista para la Ciudad de México”.
 
Sin embargo, el Gobierno mexicano tiene la oportunidad y responsabilidad de impulsar estrategias para garantizar la protección de los Derechos Humanos (DH) y reducir los altos índices de violencia en la región, aseguran organizaciones civiles.
 
AUSENCIA DE OSC 
 
Al iniciar esta mañana las sesiones destinadas a la participación de organismos civiles  --en donde se  destinó sólo cinco minutos a cada uno y en donde la trasmisión se vio interferida por las pruebas de audio para las reuniones posteriores con cancilleres de la región- la Coalición de Derechos Sexuales y Reproductivos fijó su posicionamiento.
 
Exigió que los Estados de América Latina y el Caribe que penalizan el aborto, modifiquen su legislación para que las mujeres pueden interrumpir un embarazo en caso de violación, cuando su salud se encuentre en riesgo y en caso de que el feto presente malformaciones incompatibles con la vida.
 
La Coalición señaló también que en la región una tercera parte de los embarazos registrados corresponde a menores de 18 años, de estos, 20 por ciento son niñas de 15 años o menos, quienes son las principales afectadas y viven en zonas rurales o lugares donde está instalado el virus del Zika.
 
Con estas registraciones legislativas, en América Latina están siete de los nueve países en el mundo que penalizan totalmente el aborto, y es el único lugar donde el número de partos de menores de 15 años va en aumento. Esto obliga a las mujeres, dijo la Coalición, a acceder métodos inseguros para interrumpir un embarazo, por lo que es la causa del 21 por ciento de las muertes maternas registradas en la región.
 
A esto se suma la violencia institucional que viven las mujeres durante el embarazo, el parto o después de éste, “pues persisten leyes, políticas públicas y prácticas que limitan y obstaculizan la justicia social” y el acceso a servicios públicos de salud.
 
Esto, según la agrupación civil, contraviene lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas que especifica que: “los Estados están obligados a garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de una variedad de servicios de salud sexual y reproductiva, incluye el acceso a la atención pre y post natal, servicios obstétricos de emergencia, aborto legal y seguro, planificación familiar y acceso a la información y educación en la materia”.
 
Entre las organizaciones que conforman la Coalición esta Ipas México e Internacional, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, Católicas por el Derecho a Decidir, Fundación Mexicana de Educación Sexual y Sexología y la Fundación Unidos por un México Vivo AC.
 
EL RELEVO Y LOS RECURSOS EN CIDH Y CORTE
 
Las organizaciones civiles que firmaron el comunicado recordaron también que entre los temas a discutirse en la Asamblea está el financiamiento de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismos clave para la protección de DH, así como la atención de denuncias de la sociedad civil. Y eso, señalaron, “resulta un momento crucial para la mejora de los sistemas de protección de DH de la región”.
 
La CIDH actualmente cuenta con un presupuesto menor a 12 millones de dólares, mientras la Corte Interamericana tiene 5 millones de dólares anuales. La mitad de este presupuesto proviene de donativos que realizan los estados miembros de la OEA, “situación que atenta contra la independencia de los órganos del Sistema Interamericano”, destacaron.
 
Asimismo, apuntaron que la selección de los próximos tres integrantes de la CIDH debe realizarse en respeto de los criterios de independencia, imparcialidad, conocimiento del tema, alta autoridad moral y representación de género.
 
Entre las y los candidatos se encuentran: Antonia Urrejola Noguera (Chile); Carlos Horacio de Casas (Argentina), impugnado por organismos defensores de DH, ya que fue abogado de un militar represor durante la última dictadura; Joel Hernández García (México), Douglass Cassel (Estados Unidos) Gianella Bardazano Gradin (Uruguay) y Flávia Cristina Piovesan (Brasil).
  
17/HZM/GG
 








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Necesario despenalizar aborto: Regina Fonseca
Hondureñas, por un Código Penal que respete sus derechos
Imagen retomada del portal de AmecoPress.
Por: Gloria López
Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid, Esp .- 15/05/2017

El abrumador asesinato de la defensora de derechos humanos indígena Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016 ha puesto el punto de mira sobre el agravamiento de la situación de Derechos Humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 2009. Un país en el que ahora se discute un nuevo Código Penal.
 
La defensora de derechos humanos Regina Fonseca, de la Plataforma “Somos Muchas”, ha visitado recientemente Irlanda, Bruselas y el Estado español, acompañada por las organizaciones Front Line Defenders, Brigadas Internacionales de Paz-Estado Español, Calala Fondo de Mujeres, JASS–Asociadas por lo Justo, y la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos.
 
Fonseca tenía el objetivo, entre otras cosas, de denunciar las violaciones a Derechos Humanos del proyecto de nuevo Código Penal. El proceso de elaboración de este Código, llevado a cabo en el seno de una comisión del Congreso Nacional de Honduras, ha contado con recursos y asistencia técnica de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID).
 
En declaraciones públicas emitidas el 3 de abril de 2017 el presidente de la Comisión de Dictamen, Mario Alonso Pérez, afirmó que dicha Comisión había concluido que no modificaría el artículo del Código Penal que establece la penalización absoluta del aborto y expresó que para el Estado hondureño el aborto será considerado un “delito grave fuertemente penalizado”.
 
El 4 de abril, medios de comunicación local informaron que la policía había detenido a una mujer en Comayagua, zona central de Honduras, por haberse provocado un aborto. La foto de la mujer acusada por el “delito de aborto” fue exhibida en los medios de comunicación con las manos atadas y una policía a su lado.
 
El Congreso Nacional de Honduras aprueba de este modo mantener la penalización total del aborto en el nuevo Código Penal, con penas de 3 a 10 años de cárcel. Mientras, Regina y cientos de mujeres organizadas en las más de 23 asociaciones de la sociedad civil hondureña articuladas en la iniciativa “Somos Muchas” no cejan en el empeño de defender los derechos de las mujeres.
 
EL NUEVO CÓDIGO
 
Gloria López (GL): Estás involucrada, Regina Fonseca, en la respuesta de la sociedad civil frente a la reforma del Código Penal de Honduras. ¿Qué pretende esta reforma y en especial, qué consecuencias puede tener en la vida de las mujeres?
 
Regina Fonseca (RF): Bueno, no se trata de una reforma, sino de crear un nuevo Código Penal. El actual data de 1985. Lo que se ha vendido a la opinión pública es que este nuevo código es un instrumento moderno que nos va a dar más seguridad en el país. Las organizaciones feministas fueron las primeras que entramos en alerta cuando supimos que se estaba creando este código, queríamos conocer. Sobre todo porque cada cambio, cada avance en el reconocimiento de determinados derechos, ha venido dada por la lucha de las organizaciones de mujeres y feministas hondureñas. Como ejemplos concretos está el reconocimiento de la violencia intrafamiliar, el que los delitos sexuales dejaran de ser considerados delitos contra el honor, sino delitos contra la integridad. Y que ambos fuesen considerados de persecución pública. Han sido luchas que hemos ido conquistando.
 
Nos costó mucho que nos abrieran espacio en la creación de este Código. Fue un proceso muy opaco. Hasta finales de 2016 no pudimos entrar y en ese sentido, fue muy importante la labor de la cooperación española, de los consultores que elaboraron el segundo borrador del Código Penal.
 
Participamos, había cosas que eran importantes defender. Es una oportunidad para que al menos en circunstancias excepcionales no se penalice a las mujeres y niñas que aborten: aquellas que sufren violencia sexual o incesto, o las que ponen en riesgo su salud e incluso su vida, o cuando existen malformaciones graves en el feto incompatibles con la vida.
 
Estamos pidiendo unos mínimos, que además están reconocidos en los estándares internacionales de Derechos Humanos. Nos hemos organizado para demandar que el tipo penal de Feminicidio permanezca incluido y mejore, para que los delitos sexuales tengan los suficientes candados que eviten la impunidad y garanticen la protección de las mujeres, para no perder lo ganado en materia de discriminación, por ejemplo, con la comunidad LGTBI. Y por supuesto, para defender nuestros derechos sexuales y reproductivos.
 
ABORTO CON PASTILLAS PARA CURAR FRIJOLES  
 
GL: ¿El aborto está absolutamente penalizado en Honduras?
 
RF: Absolutamente. Honduras es uno de los 9 países en el mundo que lo tienen penalizado, 7 de ellos están en América Latina.
 
GL: ¿A qué se enfrenta una mujer que quiere abortar en Honduras?
 
RF: La única manera de abortar es de manera clandestina. Si tienes dinero, puedes recurrir a un aborto seguro. Pero la mayoría de la población no tiene ese privilegio, por ejemplo, las mujeres más jóvenes, o las campesinas. Y hay mujeres en la cárcel por abortar. La pena varía, de 3 a 6 años y para quien lo realiza, de 6 a 8 años.
La mayoría de los abortos son inseguros, las mujeres ponen en riesgo su vida. Hay suicidios de niñas, sobrevivientes de violencia sexual que quedaron embarazadas. No sé si han oído hablar de pastillas para curar frijoles, que es un veneno que se utiliza para quitar los bichos a los granos básicos y que se venden en los comercios de productos agrícolas; hay quienes se han introducido esas pastillas en la vagina.
 
GL: ¿Tampoco tienen derecho a los anticonceptivos?
 
RF: La concepción moderna existe, excepto la de emergencia, que fue prohibida tras el golpe de Estado.
 
GL: ¿Cuál es el papel de la Iglesia en esta represión?
 
RF: Las cúpulas de la Iglesia católica evangélica han conducido todos los procesos de criminalización de todas aquellas mujeres y hombres que quieren defender sus derechos de salud reproductiva. Han detenido procesos de educación sexual, han obstaculizado la anticoncepción de emergencia. Los ataques que recibimos las defensoras de los derechos humanos vienen de esa jerarquía. Están demasiado cerca de los poderes políticos y jurídicos en nuestro país.
 
IMPUNIDAD
 
GL: Entre las razones de la violencia estructural que sufren las mujeres en Honduras, figura la impunidad. Tú has realizado varios estudios. ¿Las mujeres denuncian? ¿Qué pasa cuando denuncian? ¿Qué estamentos son cómplices para que exista esta impunidad?
 
RF: Hay problemas estructurales que se agudizan con los problemas de criminalización social y la militarización que se da posterior al golpe. También la zona sociopolítica donde estamos es importante: Honduras ha sido históricamente el patio trasero de Estados Unidos. La militarización se ha naturalizado. Las bandas criminales que se han organizado por esa región requieren de todo el engranaje institucional del Estado para que funcione y de eso hay evidencias.
 
Los niveles de violencia letal convirtieron a Honduras en el país más violento del mundo hace dos años. La tasa anual de asesinatos de mujeres es de 12 por 100 mil, más alta que la media. En un contexto en el que los órganos del Estado están al servicio, no de la gente, sino de las grandes empresas transnacionales, tiene sentido la impunidad. Y la violencia es ejemplarizante. En el caso de los feminicidios es del 90 por ciento, en el caso de los delitos sexuales es del 94 por ciento. Esto no incentiva la denuncia. Puedes encontrarte que la persona que te agredió está detrás del escritorio de la policía. ¿A dónde vas a denunciar?
 
GL: ¿Qué tipo de agresiones, presiones, violencia, sufren las defensoras de los derechos humanos en Honduras?
 
RF: Tiene que ver con el ámbito de la defensa de los derechos. Las defensoras de la tierra se enfrentan a la muerte y a la violencia sexual. Hay poblaciones que sufren más estas formas de violencia. Berta Cáceres fue asesinada incluso con medidas cautelares. Nos enfrentamos al poder establecido, es el Gobierno quien concede los contratos y proyectos de explotación.
 
GL: Háblanos de tu labor como responsable del Programa de Incidencia Política Internacional de la organización Centro de Derechos de la Mujer (CDM)
 
RF: La lucha contra la violencia de género es políticamente correcta. La lucha contra la expropiación de nuestros cuerpos no lo es. Somos “maleducadas” cuando hacemos exigencias sobre el uso de nuestros cuerpos y nuestra libertad. Y en eso se acompañan las instituciones Estado-Iglesia, especialmente el Opus Dei, que tiene mucha influencia política y económica. Ellos nos difaman y tienen la cobertura de los grandes medios para hacerlo.
 
Nuestra lucha es a contracorriente y sufrimos criminalización, ataques, difamación. Ha sido una estrategia pensada y ejecutada. A esto hay que sumar que una forma para callarnos tiene que ver con llevar nuestros casos a instancias penales y civiles; si te ponen multas de 50 mil dólares y a pedir perdón público por algo que hemos expresado, es una forma de ahogar la protesta y matar a las organizaciones. Y con la excusa del delito de hacer apología de terrorismo, la cosa se complica.
 
Hay que decir que los consultores españoles, al menos públicamente allá, con la discusión del nuevo Código Penal, no han dicho nada alrededor de estos retrocesos. Han guardado un silencio que para nosotras es cómplice. No es fácil hacer incidencia política.
 
FORMAS PERVERSAS DE CASTIGAR LA DISIDENCIA
 
GL: Es cierto que a partir del golpe de Estado de 2009, hay un aumento de la violencia, del uso de la fuerza como estrategia patriarcal. Pero las defensoras de los derechos humanos se enfrentan a mucho más. Las mujeres indígenas, pobladoras y campesinas que luchan por la defensa de sus territorios, su cultura y sus bienes comunes y que se oponen a los megaproyectos extractivos fomentados por los gobiernos corporativos amparados en tratados voraces internacionales y en leyes serviles que atentan contra la soberanía de los pueblos es un aspecto fundamental en Honduras. Estamos hablando de capitales internacionales, muy poderosos. ¿Cómo superar las resistencias en países europeos, cuando esos capitales son dueños de los medios de comunicación, por ejemplo?
 
RF: Es muy difícil. Son los mismos, dueños de bancos, de los medios de comunicación, los que administran las hidroeléctricas. Son intereses de corporaciones internacionales, el capital, un sistema que juega en contra de las personas.
 
GL: La sensación aquí es que hay un antes y un después tras el asesinato de Berta Cáceres en marzo 2016. ¿Hay un cambio en cuanto al conocimiento de la situación más allá de las fronteras nacionales? ¿Se sienten más respaldadas internacionalmente? ¿Se traduce en cambios y mejoras en el terreno?
 
RF: Nadie de las estructuras del poder político y económico se imaginaba la reacción. Esa respuesta internacional ha hecho que ellos se vean obligados a hacer algunas cosas. Cosas que implican riesgos y trampas. Se hacen determinadas consultas pero con una participación viciada. El gobierno promueve un asistencialismo que compra conciencias se algunos sectores en estas comunidades y, cuando no se compran, estos grupos reciben otras formas de sanción. Por ejemplo, tras el asesinato de Berta se hizo un informe acerca de los hilos que unen el poder político y económico en la región. Y supimos que algunas personas que habían colaborado, fueron sancionados, impidiendo por ejemplo, a una padre que sus hijos fueran matriculados en la escuela pública. Se les castiga de esa manera tan perversa.
 
GL: ¿El machismo está presente también en los movimientos “progresistas”, entre los compañeros con los que defiendes los derechos humanos?
 
RF: Sí, claro que tenemos que bregar con el machismo. Es muy importante producir un acercamiento entre organizaciones tradicionales de derechos humanos y las organizaciones feministas. De hecho se va produciendo. Es importante comprender que tu lucha es mi lucha y a la inversa.
 
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ESTADOS
VIOLENCIA
   Segunda petición de Alerta
Plazo a Yunes para cumplir DSyR o decretan AVG
Organizaciones civiles realizaron una conferencia de prensa sobre la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado en Veracruz | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/03/2017

El pasado 10 de marzo la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) entregó al gobierno de Veracruz el informe donde se solicita la Alerta de Violencia de Género, esta vez por Agravio Comparado, por incumplir con los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas.
 
El incumplimiento radica en las dificultades que enfrentan las veracruzanas para acceder a la interrupción legal del embarazo, por inadecuada aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046) para víctimas de violencia sexual, por la criminalización de las mujeres por aborto, y por la reforma al Artículo 4 de la Constitución local, que “protege la vida desde el momento de la concepción”.
 
A partir de ese momento el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares tiene como fecha límite el día 24 del mes para aceptar o rechazar las recomendaciones del informe. En caso de aceptarlo tendrá un plazo de seis meses para cumplir con los compromisos asumidos y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, informaron en conferencia de prensa el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y el colectivo Equifonía.
 
Pero, si en ese periodo el estado de Veracruz incumple con las demandas establecidas en el informe, la CONAVIM tendrá la facultad de prorrogar el plazo o declarar de inmediato la AVG por agravio comparado, con lo que sería la segunda AVG en la entidad, la primera se emitió y está vigente desde noviembre de 2016 por violencia feminicida en 11 municipios.
 
En el caso de que el Gobierno de Veracruz no acepte, el Gobierno federal declarará automáticamente la AVG, e implementará una mesa de seguimiento para vigilar al gobierno de Veracruz que cumpla cabalmente con las recomendaciones, reportaron las organizaciones.
 
AGRAVIOS
 
El Grupo de Trabajo encargado de la investigación mandata, en el Informe entregado al Gobierno de Veracruz, dar seguimiento a tres agravios que atentan contra los derechos de las mujeres:
 
El Primero obliga a dar cumplimiento a la NOM 046, que obliga a las autoridades otorgar servicios de salud y la interrupción legal del embarazo (ILE) a las víctimas de violación sexual, pues tan sólo en el año 2015 se registraron 487 nacimientos en los que las madres eran niñas entre 10 y 14 años de edad, probables víctimas de violencia sexual; la cifra más alta en todo el país, reporta el documento.
 

Araceli González Saavedra de la organización Equifonía Colectivo por la Ciudadanía participó en la conferencia de prensa | CIMACFoto: César Martínez López

La coordinadora del colectivo Equifonía, Araceli González Saavedra, dijo que se registró que las autoridades de salud no proporcionan el acceso a la ILE a las víctimas de violación sexual, a menos de que medie el mandato de alguna autoridad ministerial o judicial, lo que contraviene con lo dispuesto en la NOM 046, la cual estipula que no es necesario contar con una demanda o tutor para interrumpir el embarazo.
 
Asimismo González Saavedra agregó que existe un “vacío de información”, ya que las autoridades veracruzanas no contaban con cifras sobre cuántas interrupciones de embarazo han realizado las instituciones de salud y sólo el 20 por ciento del personal de médico entrevistado ha sido capacitado para implementar la NOM.
 
El Segundo agravio es referente a la criminalización de las mujeres por el delito de aborto, el cual se encuentra regulado en los artículos 149 al 154 del Código Penal estatal, donde se estipula como pena contra las mujeres que interrumpen sus embarazos brindarles medidas de salud y educación.
 
De acuerdo con datos de Equifonía, de 2009 a 2016 estaban sentenciadas por el delito de homicidio 18 mujeres que interrumpieron su embarazo, González Saavedra indicó que esta situación es preocupante, ya que la mayoría eran jóvenes indígenas que fueron denunciadas por las mismas autoridades y de nueva cuenta las autoridades no tiene un registro de las mismas.
 
Ante esta situación, por último se pide al gobierno de Veracruz derogar la reforma al Artículo 4to de la Constitución local que “protege la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural”. Las organizaciones indicaron que se debe modificar el marco jurídico y garantizar el aborto seguro e informado durante las primeras 12 semanas de gestación, así como agregar la causalidad de riesgo para la salud con el fin de reducir la tasa de muerte materna y el riesgo de que las mujeres busquen métodos clandestinos.
 
INFORME APEGADO A ESTÁNDARES INTERNACIONALES
 
La coordinadora del OCNF, María Luz Estrada, dijo que este informe es un hecho histórico en el que el Gobierno de Veracruz por fin reconoce los problemas de discriminación y violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas de la entidad.
 
Y, asegura, que las recomendaciones en las que el informe se basó están acorde a los estándares internacionales y recomendaciones emitidas por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien comprometió al Estado mexicano a aplicar la NOM 046, tras el caso Paulina, una niña obligada a continuar un embarazo tras una violación, en Baja California.
 
LUCHA POR DERECHOS REPRODUCTIVOS
 
Las organizaciones civiles por el derecho a decidir sobre la maternidad han realizado un trabajo intenso y prolongado en Veracruz, como el emprendido luego de que en septiembre de 2016 el Congreso de Veracruz aprobó el Artículo 4 de la Constitución del estado para “proteger la vida desde el momento de la concepción”, misma reforma que en lugar de ser rechazada fue ratificada por los 212 ayuntamientos de la entidad de forma definitiva.
 
Con ello, las organizaciones buscaron contrarrestar la situación de violencia que viven las mujeres en la entidad, las mismas peticionarias de la AVG por feminicidio buscaron los medios jurídicos para garantizar los servicios de salud a las mujeres.
 
Así el 15 de abril de 2016, la Conavim aceptó la AVG únicamente por dos agravios: la falta de aplicación de la NOM 046 y la criminalización de las mujeres por aborto, pues el último presentado en la solitud que correspondía a “la protección de la vida desde el momento de la concepción”, aún no se votaba en el Congreso estatal para ser incluido en el Artículo cuarto de la Constitución local. Por ello la Conavim tuvo que rechazarlo. 
 
Esta vez, esperan que sea un hecho histórico, dijo Luz Estrada, quien destacó que esta AVG por agravio comparado es la primera que tuvo avances en el país, a pesar de que está establecida como un mecanismo en Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esperan, por tanto, que sea un precedente para el resto de las entidades de la República.
 
17/HZM/GG
 








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