Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad

NACIONAL
VIOLENCIA
   Senado analiza propuesta
Buscan reformar Ley del Registro de Datos para incluir si víctimas vivían violencia familiar
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/02/2018

Con el objetivo de que las autoridades tengan más elementos para integrar una carpeta de investigación, el Senado analiza reformar la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas para que se incluya si las víctimas tuvieron antecedentes de violencia de género.

La iniciativa, avalada por las Comisiones de Igualdad de Género y de Estudios Legislativos de la Cámara alta, señala que el registro que realiza el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública debe incluir, además de datos básicos como nombre, sexo, edad y nacionalidad de la víctima, si las mujeres tenían antecedentes de violencia.

La idea es mejorar la respuesta judicial como lo han recomendado informes de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, a fin de prever garantías para que las víctimas puedan denunciar.

La propuesta, avalada en febrero del año pasado por la Cámara de Diputados, también busca responder al contexto de violencia y desaparición de mujeres y niñas pues, afirman integrantes de las Comisiones del Senado, mientras más elementos tenga la autoridad encargada de hacer la investigación, la búsqueda y localización se hará de manera más pronta y expedita.

De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el número de víctimas (reportadas por instancias locales) va en aumento año con año. En 2012, por ejemplo, había 3 mil 266 personas desaparecidas; en 2013 la cifra aumentó a 3 mil 646; en 2016 alcanzó 4 mil 703 y para el 31 de octubre de 2017 se registraron 4 mil 115 carpetas de investigación o averiguaciones previas por estos hechos.

Los datos del fuero local revelan que de 2007 a 2017 han desaparecido 24 mil 722 hombres y 8 mil 791 mujeres. En el mismo periodo pero a nivel federal, el registro indica que han desaparecido 970 hombres y 191 mujeres.

Por su parte organizaciones de la sociedad civil señalaron en noviembre de 2017 que con la publicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, norma que entró en vigor en enero pasado, el Estado mexicano tiene que elaborar registros fieles que permitan visibilizar la magnitud real del problema y actuar para erradicarlo.

Es de recordar que en diciembre de 2017 el Observatorio Nacional Ciudadano (OCN) manifestó su inconformidad con la metodología del Secretariado Ejecutivo porque en 2016 anunció que renovaría el registro y clasificación de incidencia delictiva para incluir delitos como feminicidio pero al cierre del año pasado no tenía esas estadísticas, las cuales se dieron a conocer en enero pasado.

El 20 de enero el Secretariado Ejecutivo, dependiente de la Secretaría de Gobernación, informó que en tres años, de 2015 a 2017, se abrieron mil 640 carpetas de investigación por el delito de feminicidio en México.

18/AGM/LGL

 








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Como se evidenció hace 13 años, víctimas pasan inadvertidas
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CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Ciudad de México26/01/2018

Los recientes datos de feminicidio que reveló el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) evidencian que continúa una mala clasificación de los asesinatos dolosos de mujeres pues de acuerdo con los datos proporcionados por las fiscalías de cada estado, se observa que, o todo asesinato lo clasifican como feminicidio o todos como homicidios.

Según dio a conocer el 20 de enero el Secretariado Ejecutivo, en tres años, de 2015 a 2017, se abrieron mil 640 carpetas de investigación por el delito de feminicidio en México, cifras que contrastan con las presentadas recientemente por ONU Mujeres en su informe “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016”, elaborado a partir de los certificados de defunciones de mujeres de la Secretaría de Salud para conocer cuántos asesinatos se aproximan a la categoría de feminicidio por la descripción de la causal de muerte.

De acuerdo con este informe de ONU Mujeres, solo en 2016, de las 2 mil 746 defunciones de mujeres con presunción de homicidio, se encontró que en 17.2 por ciento de los crímenes se perpetraron ahorcando a la víctima, otro 16.6 por ciento con un objeto cortante, 1.4 por ciento con sustancias nocivas o fuego y 48.4 por ciento con armas de fuego. Estos indicadores que exponen la saña y brutalidad con la que son asesinadas las mujeres, dan pistas de cuántos podrían encajar en un feminicidio, pero que fueron clasificados como homicidios.

En el extremo, están los datos del Secretariado, en donde las siguientes procuradurías califican todos los asesinatos de mujeres como homicidios dolosos; Baja California Sur con 211 casos;  Aguascalientes 9 y en Querétaro 45. Todas reportaron no tener casos de feminicidio en 2017.

Mientras Tamaulipas apenas da cuenta de un feminicidio ocurrido el año pasado y Tlaxcala –estado reconocido mundialmente por la trata de mujeres con fines de explotación sexual- reporta dos casos de feminicidio.

LA DANZA DE LAS CIFRAS

La ausencia de información sobre las víctimas de feminicidio no es una novedad en México, el primer acercamiento a la estadística para conocer la dimensión de la violencia feminicida en el país, la hizo la antropóloga feminista, Marcela Lagarde y de los Ríos durante su gestión como diputada feminista en la LIX legislatura, en el periodo de 2003-2006.

Al encabezar la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios, exploró con otras expertas en 10 entidades, los registros de homicidios dolosos de mujeres realizados por las procuradurías del país.

En ese entonces, de los resultados obtenidos por las dependencias, la legisladora evidenció que no existía una sistematización de la información sobre los asesinatos dolosos de mujeres en los estados y que la clasificación de las averiguaciones de muertes violentas de mujeres no era clara, muchas no sabían las edades de las víctimas, ni los municipios donde fueron asesinadas, tampoco su nivel socioeconómico y otros datos que permitieran conocer quiénes eran.

A 13 años de este primer acercamiento, los datos del Secretariado Ejecutivo dan cuenta de la misma historia. Las procuradurías continúan clasificando los asesinatos como homicidios, pese a que existe toda una normativa para definir si se trató de un feminicidio como los protocolos de investigación de feminicidio.

La existencia de datos certeros sobre el tema ha sido una exigencia desde la LIX legislatura con el diagnóstico realizado por Lagarde, petición que se reprodujo en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2009 contra el Estado Mexicano, por el caso del feminicidio en “Campo Algodonero”, la cual mandata al Estado mexicano a crear una base de datos que contenga la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional, otra que contenga información genética y muestras celulares, de los familiares de las personas desaparecidas que consientan –o que así lo ordene un juez- para que el Estado almacene dicha información personal únicamente con objeto de localizar a la persona desaparecida.

DETECTAR UN FEMINICIDIO

En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estipuló en la sentencia del feminicidio de Mariana Lima Buendía (554/2013), los elementos que deben considerar las autoridades ministeriales para determinar por medio de la investigación si el asesinato de una mujer encaja en patrones de violencia por razón de género, es decir, acreditar un feminicidio.

La forma de la muerte de la mujer, el lugar donde se encontró el cuerpo, la ubicación física de los hechos (lugar público o privado), las características y gravedad de las heridas o signos de violencia sexual, son elementos que se deben considerar al momento de iniciar una investigación por todo asesinato doloso de mujeres.

Otros aspectos son las circunstancias del asesinato; si la mujer había denunciado violencia previa, el victimario tenía una relación sentimental o de confianza con la víctima, o que haya sido incomunicada.

Estas siete causales también están especificadas en el Código Penal Federal en la tipificación del delito de feminicidio y los códigos de las 32 entidades de la República (el último estado en tipificar el feminicidio fue Chihuahua en septiembre de 2017).

Además, el máximo tribunal de justicia mexicano detalló que los Ministerios Públicos (MP) deben considerar todas las líneas de investigación -incluso si consideran fue un suicidio- , hasta que respalden una teoría con pruebas objetivas suficientes y concluir si están frente a un caso de feminicidio.

ENTIDADES CON AVG, SIN REGISTRO DE FEMINICIDIO

Entre las cifras del Secretariado destaca que los estados que cuentan con Alerta de Violencia de Género (AVG) -el mecanismo de emergencia que decreta la Secretaría de Gobernación (Segob) por la alta cantidad de casos de feminicidio- apenas reportan algunos asesinatos de mujeres por razón de género.

Particularmente, Quintana Roo, Colima y Nayarit -en donde está vigente la AVG desde hace un año- reportaron menos de cuatro casos de feminicidio en 2017.

Lo mismo sucede en otras entidades con Alerta de Género; Michoacán reportó únicamente 17 casos de feminicidio y San Luis Potosí 18.

En el caso de Guerrero, donde también está vigente la AVG, reportó 219 homicidios dolosos y únicamente 13 casos de feminicidio, así como el Estado de México que reportó 301 homicidios dolosos y 57 casos de feminicidio.

Los 12 estados que actualmente tienen AVG no solo están obligados a prevenir, erradicar y sancionar de forma urgente el feminicidio, sino también a crear bases de datos que registren la violencia contra las mujeres, pero las cifras distan mucho de las presentadas en informes y con los propios registros que llevan las organizaciones civiles.

Por ejemplo, según el SESNP en 2017 en Puebla ocurrieron 27 casos de feminicidio, en contraste la agrupación poblana, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) documentó en el mismo año, 100 casos de feminicidio.

EVITAN INVESTIGAR FEMINICIDIO

Del otro lado están las entidades que clasifican todos los asesinatos como feminicidio, sin investigar previamente. De acuerdo con los registros del SESNP, en 2017 el estado de Sinaloa repuntó con la tasa más alta de feminicidio en el país: 5.33 casos por cada 100 mil mujeres, quintuplicando la media nacional, que se ubicó en 1.06.

La razón, aclara el Secretariado en su metodología, es que la procuraduría de justicia de Sinaloa “califica toda muerte violenta de una mujer como feminicidio”, por lo que es imposible conocer si después de una investigación apegada a los protocolos especializados, se determinó que corresponde a las causales de este delito.

Con ello, el dato de homicidios dolosos de mujeres en Sinaloa es de cero en 2017.

VÍCTIMAS SIN IDENTIDAD

Como hace 13 años, las procuradurías siguen sin determinar las edades de las víctimas de violencia de género. Destaca el estado de Veracruz en donde de 80 víctimas de feminicidio, se desconoce la edad en 39 por ciento de los casos, al igual que en Oaxaca, donde de 63 víctimas, se desconoce la edad de 9 mujeres.

De las 696 víctimas de feminicidio que reportaron las procuradurías estatales del 2017, se desconoce la edad de 84 de ellas.

Mientras los datos del Secretariado Ejecutivo, muestran que la violencia extrema contra las mujeres, el feminicidio, incrementó un 72 por ciento en los últimos tres años; el informe de ONU Mujeres sostiene que en los últimos 32 años (1985 a 2016) se cometieron en México 52 mil 210 asesinatos de mujeres, los cuales se incrementaron a partir de 2010.

Según la dependencia de Segob en 2015 ocurrieron 389 casos de feminicidio, crecieron a 580 en 2016 y para el 2017 culminó en 617 casos, por lo que el feminicidio representó el año pasado solo 0.04 por ciento del total de los incidentes delictivos de alto impacto en México.

18/HZM/LGL








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