participación política

ESTADOS
VIOLENCIA
   Ocupa el primero en violencia física y sexual
   
Puebla, entre los primeros lugares del país en violencia y desigualdad
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Aranzazú Ayala Martínez*
Cimacnoticias | Puebla, Pue.- 28/07/2017

El pasado 22 de julio se presentó a nivel nacional el Atlas de Género, iniciativa del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El sitio interactivo recopila datos de distintas encuestas y censos del Inegi, que muestran las brechas de género en temas como educación y trabajo.
 
De toda la información que reúne el Atlas, LADO B presenta ocho puntos que reflejan la situación de las mujeres en Puebla, estado que está entre los primeros lugares de violencia y desigualdad.
 
Violencia física y sexual
 
Puebla es el primer lugar nacional en cuanto a violencia y física y sexual dentro de la pareja. Los datos del Inegi revelan que 9.92 por ciento de las mujeres de 15 años en adelante, casadas y/o unidas con sus parejas, han sufrido estos tipos de violencia.
 
Violencia total contra las mujeres
 
Respecto de la prevalencia de la violencia total contra mujeres de 15 años o más, son 62.83 por ciento de las poblanas quienes han sido violentadas. Aunque la entidad está en el lugar 12, el porcentaje rebasa la media nacional, que es de 62.77 por ciento.
 
Ingreso y salario
 
La brecha de ingresos entre mujeres y  hombres por hora trabajada es la menor del país, de apenas 0.11 pesos de diferencia. Sin embargo, el estado ocupa el tercer lugar nacional en cuanto a ingreso más bajo por hora trabajada para mujeres: 25.92 pesos por hora.
 
La situación para los hombres en esta categoría es igual de precaria, siendo la entidad el segundo lugar nacional con menor ingreso, de 25.81 pesos por cada hora trabajada.
 
Participación económica
 
Sólo 43.3 por ciento de las mujeres de 15 años o más participan activamente en la vida económica de la entidad.
 
Puebla está en el lugar 23 de todo el país en cuanto a participación económica de las mujeres, y es el séptimo estado con la brecha más amplia respecto a ocupación laboral.
 
Puestos públicos
 
En cuanto a diputaciones, presidencias municipales y regidurías, las mujeres ocupan menos puestos públicos que los hombres.
 
Apenas 36.4 por ciento del total de curules es ocupada por mujeres, mientras que sólo 28.6 por ciento de los puestos de regidores de ayuntamientos los ocupan mujeres. Y del total de presidencias municipales, sólo 6.5 por ciento son presididas por mujeres.
 
Pobreza
 
Las poblanas están en tercer lugar nacional en condición de pobreza multidimensional: 65.44 por ciento de las habitantes de la entidad viven con un conjunto de carencias tanto sociales como económicas.
 
Escolaridad
 
El estado es el quinto con una mayor brecha de escolaridad entre hombres y mujeres. El promedio de años de asistencia a la escuela de las mujeres es de 8.28, apenas hasta segundo de secundaria.
 
Trabajo del hogar no remunerado
 
89.77 por ciento de las poblanas de 12 años o más realizan trabajo del hogar no remunerado, lo que pone al estado en el lugar 14 de trabajadoras del hogar sin sueldo.
 
Puebla es el noveno estado con una mayor brecha en porcentaje de hombres y mujeres que realizan trabajo del hogar no remunerado, con una diferencia de 35.6 por ciento. El promedio nacional de la brecha en este rubro es de 31.68 por ciento.

* Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx

17/AAM








NACIONAL
POLÍTICA
   Ejercer el poder en igualdad de condiciones el reto
Machismo impide igualdad sustantiva al interior de la Cámara de Diputados
Imagen retomada del Twitter del TEPJF
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/09/2017

La 63 Legislatura de la Cámara de Diputados es el parlamento con el mayor número de mujeres en México (212 legisladoras) y aunque su presencia es significativa no ejercen el poder político en igualdad de condiciones que sus pares varones toda vez que no ocupan la dirección de comisiones ni aprueban leyes y reformas.

 

Ese fue el resultado de una investigación realizada por la profesora-investigadora del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guanajuato, Aidé Hernández García, quien analizó la preparación académica de legisladoras y legisladoras federales, su experiencia partidaria y su trabajo parlamentario en el primer año de la Legislatura.

 

La investigación titulada “Mujeres en la política” menciona que la paridad de género hizo que en 2015 más mujeres llegaran a la Cámara de Diputados, mujeres preparadas académicamente, con experiencia partidista y legislativa; por tanto, el argumento de que con la cuota de género llegan mujeres sin experiencia y que no son competitivas frente a los hombres es falso.

 

Como antecedente, la Cámara de Diputados comenzó funciones en 2015, integrada por 42.6 por ciento de mujeres legisladoras, quienes concluirán sus trabajos en 2018. La integración de la Cámara baja fue el resultado de la reforma constitucional en materia política-electoral promulgada en 2014 que legisló la paridad de género (50-50) en candidaturas.

 

Uno de los argumentos más recurrentes para cuestionar la incursión de las mujeres en política es que las mujeres electas, en este caso para ser diputadas federales, no están preparadas o no tienen experiencia en sus partidos políticos; sin embargo, el estudio muestra que la cultura machista no permite una igualdad sustantiva al interior de la Cámara de Diputados, a pesar de la cuota 50-50.

 

El trabajo de Hernández García señala que en general quienes fueron electas y electos para ser legisladores en San Lázaro durante el periodo 2015-2018 tienen un nivel académico similar. Sólo 11.7 por ciento de mujeres y 12.8 por ciento de varones no tienen grado académico.

 

Las diferencias de nivel educativo son mínimas; por ejemplo, 58.2 por ciento de mujeres y 61.6 por ciento de hombres tienen licenciatura; 26.2 por ciento de mujeres y 20.9 por ciento de hombres tienen maestría; y 3.7 por ciento de mujeres y 4.5 por ciento de hombres tienen doctorado.

 

En un trabajo previo la investigadora analizó el caso de las diputadas de Guanajuato y encontró que quienes participaban en política eran jóvenes o mujeres de mayor edad porque durante la crianza de hijas e hijos y en cierta edad no podían ser legisladoras o participar en política porque estaban encargadas del cuidado y las tareas domésticas.

 

Esto ayuda a entender, explica la investigadora, por qué las diputadas federales de la 63 Legislatura federal son, en comparación con los hombres, más jóvenes. Actualmente un 26 por ciento de diputadas federales tiene entre 31 y 40 años de edad; 15 por ciento tiene entre 51 y 60; y 9 por ciento entre 61 y años de edad, etapa donde ya cumplieron con su rol de género asignado socialmente.

 

Respecto a la experiencia política, Hernández García acotó que a las mujeres se les exige tener más experiencia en sus partidos y de acuerdo con la revisión de las trayectorias de los parlamentarios, la mayoría de las diputadas han ocupado cargos en el partido, mientras que los hombres no.

 

En el caso de la Cámara de Diputados los varones tienen menos experiencia partidaria que ellas pero los hombres tienen más experiencia en el legislativo, lo cual en opinión de la académica es lógico ya que los hombres son los que, principalmente, llegaban a estos órganos de representación política.

 

“Se confirma que mientras las mujeres tienen que demostrar trabajo en sus partidos, a los varones no se les exige tanta experiencia para ser candidatos, lo anterior deja ver la desconfianza que aún existe en las mujeres para ocupar estos cargos, lo cual es parte de la cultura patriarcal”, destaca Aidé Hernández.

 

Aunque solo 90 mujeres de 212 que fueron electas en 2015 tenían experiencia legislativa, las mujeres que se incorporaron al Congreso debido a la cuota 50-50, demostraron mayor trabajo en la creación de iniciativas que los hombres. En el primer año, 79 por ciento de varones y 84.5 por ciento de las mujeres presentaron iniciativas.

 

Sin embargo, la investigadora señaló que uno de los problemas es que las mujeres aún tienen más de desconocimiento, en general, de los procesos legislativos y sigue presente una cultura patriarcal de tipo machista que favorece a los varones en las redes y en el cabildeo, tanto para lograr la presidencia de la mayoría de las comisiones como en la aprobación de sus iniciativas.

 

La académica encontró que en el primer año de la Legislatura, los hombres acumularon mil 14 iniciativas, de estas sólo 8.5 por ciento fueron aprobadas, por el otro lado las mujeres lograron presentar 891 iniciativas pero de estas sólo se aprobaron 5.7 por ciento.

 

Es por ello que Hernández García destacó que la paridad llevó a que, contrario a lo que se cree,  al legislativo llegarán mujeres con experiencia y preparación académica, el reto, sostuvo, es que estén presentes en todas las comisiones y se siga combatiendo la cultura patriarcal para que mujeres y hombres tengan resultados parlamentarios similares.

 

17/AGM/








INTERNACIONAL
   Temas pendientes: aborto, violencia sexual, embarazo infantil
   
Venezuela: lucha feminista logró agenda clara y leyes avanzadas
Imagen retomada del portal de AmecoPress.
Por: Gloria López
Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid, Esp .- 28/06/2017

Luz Patricia Mejía Guerrero es feminista, jurista y ha ocupado diversos cargos institucionales en Venezuela y en la región latinoamericana. Ayer estuvo en La Casa Encendida, invitada por la Asociación de Mujeres de Guatemala, para visibilizar los avances y retrocesos en materia de Derechos Humanos de las mujeres y las niñas en el contexto venezolano. Ponderar las contradicciones existentes y abordar miradas de futuro es un enorme desafío, tal y como ha dejado claro en una entrevista con AmecoPress.
 
Venezuela tiene una de las legislaciones más avanzadas de Latinoamérica en materia de protección y erradicación de las  violencias basadas en el género y el sistema de administración de justicia con mayor especialización de la región. ¿Cuándo surgieron esos avances? ¿Cómo funciona ahora el sistema, en el contexto de conflictividad que vive el país?
 
Luz Patricia Mejía Guerrero (LPMG): El movimiento feminista en Venezuela ha sido siempre muy combativo, con muchas perspectivas ideológicas, pero con agendas comunes muy claras. Y eso ha hecho que, si bien la polarización de la política venezolana haga mucho más difícil el encuentro, los grandes tópicos de las luchas feministas están en la agenda común, en ambas miradas.
 
Ha sido un proceso. En el 2008 se aprobó la Ley del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y el establecimiento de un sistema de administración de justicia que debe responder a esta ley y que incorpora la perspectiva de género como un eje transversal del acceso a la justicia en general y en particular una legislación específica para los casos de violencia machista.
 
Así, Venezuela logra una ley que reconoce diversos tipos de violencia y además, junto a Guatemala, el desarrollo de esta jurisdicción especial. Después se entendió la necesidad de contar con un Ministerio Público especializado, con fiscales y fiscalas convencidas de aplicar estas normas, porque hubo muchas resistencias.
 
Gloria López: Sabemos que 60 mil mujeres han solicitado medidas de protección especial y que se han concedido en un 50 por ciento de los casos. Pero hay un gran vacío estadístico que impide saber con certeza la situación que viven las mujeres y la violencia a la que se enfrentan.  Aun contando con esas infraestructuras judiciales para la protección de los derechos de las mujeres y de las niñas, ¿son estos derechos invisibilizados en el marco del conflicto político venezolano?
 
LPMG: En todos los conflictos sociales, políticos y económicos las capas más afectadas son las más vulnerables, donde, por supuesto, entran las mujeres. Y dentro de la diversidad de las mujeres, hay situaciones de mayor complejidad. Por ejemplo, las mujeres que están migrando, con más posibilidades de ser captadas por las redes de trata.
 
También el cuestionamiento de las instituciones que tienen jurisprudencia sobre estos temas, hace que el desafío de denunciar, por ejemplo, tome proporciones enormes. Hablamos de una sociedad profundamente patriarcal, en la que no es fácil reconocer y denunciar la violencia por parte de una mujer. Si además, lo que se está diciendo es que la justicia no funciona, que los tribunales no sirven para nada, la dificultad es mayor.
 
(GL): La situación de violencia, de pobreza. ¿Ha hecho crecer la trata y la explotación de las mujeres?
 
LPMG: Sí, a mayor violencia, mayor violencia contra las mujeres, a mayor pobreza, mayor feminización de la pobreza
 
EL ABORTO
 
GL: Usted ha impulsado de cerca campañas por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito desde instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ha sostenido que “la penalización del aborto es un problema del que no se habla y que criminaliza la pobreza de las mujeres”. ¿Se ha avanzado en la región? ¿Cómo explica que haya mujeres encarceladas en algunos países por el hecho de haber abortado, incluso de un modo natural?
 
LPMG: La situación del aborto en Venezuela y en el resto de la región sigue siendo un desafío en cuanto a los derechos de las mujeres y sobre todo, en cuanto al derecho a la vida de las mujeres y hay una marcada diferencia según el estrato socioeconómico.
 
Uruguay ha logrado reducir prácticamente a cero la mortalidad materna, mientras otros países con desarrollo medio mantienen tasas de mortalidad maternas muy altas.
 
Si a las condiciones de pobreza le sumas las normas legales que obstaculizan el aborto, y las normas sociales que, aun habiendo normas legales que lo permitan, también obstaculizan el aborto, estamos en una sociedad discriminatoria respecto a algo que solo afecta a las mujeres.
 
En la región Americana, en todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y de salud reproductiva, hay unos abismos donde muchas veces ideologías de izquierda y derecha comulgan a la hora de limitar y obstaculizar los derechos de las mujeres.
 
AGENDA COMÚN
 
GL: También desde el punto de vista internacional, la solidaridad se reduce porque queda subordinada a la conflictividad social y política de un Estado en crisis. Hay tanta violencia generalizada, que quedan invisibilizadas violencias específicas hacia las mujeres. La visión de “bandos” que se ha impuesto como análisis fácil de una realidad compleja, ¿perjudica de manera especial a las mujeres? ¿Qué propuestas ha venido a defender y a difundir?
 
LPMG: Creo que en primer lugar es necesario visibilizar cuestiones que no se saben. Invisibilizar los logros del movimiento feminista venezolano es negar una militancia feminista que ha sido muy fuerte de los últimos 40 años.
 
Visibilizar lo que existe ahorita en términos positivos es urgente. Reconocer la legislación, jurisdicción y decisiones jurídicas que se han tomado en Venezuela y que son muy avanzadas, son importantes.
 
Pero también reconocer que, a pesar de ello, existe una brecha amplia que sufren las mujeres y niñas y que el desprestigio enorme de las instituciones hace que las mujeres no acudan a ellas. Es decir, el reconocimiento de estos esfuerzos, pero también el reconocimiento de que no han tenido el impacto deseado en las mujeres que lo necesitan.
 
Necesitamos también seguir visibilizando una agenda común. A pesar de la polarización, ninguna mujer, en ninguno de los dos bandos, que yo creo que son más, va a olvidar que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Venezuela siguen siendo un desafío, que el tema de la participación política de las mujeres sigue siendo un desafío, y la necesidad de fortalecer el sistema de justicia para la protección de los derechos de las mujeres.
 
GL: Además de estos tres elementos. ¿Qué aspectos incluiría en esa agenda común?
 
LPMG: Pienso que la situación con el aborto es fundamental. Y otro tema es la violencia sexual y el embarazo infantil. Venezuela es uno de los países con más índice de embarazo infantil de la región. Está prohibido legalmente, pero según las estadísticas, la cifra es muy alta, mientras solo se han juzgado dos casos. Lo que indica que el índice de impunidad es muy alto, del 99 por ciento.
 
GL: ¿El movimiento feminista dialoga con las diferentes posturas políticas para enfatizar en las prioridades de las mujeres y la agenda común?
 
LPMG: Yo diría que hay una nueva generación de feministas. Y hay elementos compartidos por los bandos, como la ley de participación política de las mujeres. También se debate abiertamente acerca del aborto. Pero hay posiciones y temas que no se hablan tanto, como la feminización de la pobreza, la precariedad laboral de las mujeres, el acceso a la educación de las mujeres, cómo afecta el contexto conflictivo de manera específica a las mujeres; por ejemplo, cómo se ha cerrado el acceso a los medios anticonceptivos en medio de la crisis de abastecimiento.
 
Es indudable también que la división y radicalización ha llegado también al movimiento feminista. Pero tengo la esperanza de que podamos dialogar.
 
17/GL/GG








ESTADOS
   Más de 3 millones de jóvenes votarán por vez primera
   
Jóvenes serán factor decisivo en comicios de 2018
Imagen cortesía de Guadalupe Cabañas
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/08/2017

Las mujeres jóvenes, quienes representan “un factor decisivo” en los resultados de las elecciones de 2018, acudirán a las urnas sin la esperanza de “cambios verdaderos” que resuelvan sus principales preocupaciones como el acceso a un trabajo digno y la certeza de una vida libre de violencia.
 
A propósito del Día Internacional de la Juventud, que se conmemora este 12 de agosto por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mujeres capitalinas, estudiantes y trabajadoras de 18 a 26 años consultadas por  Cimacnoticias, aseguraron que la participación política, económica y social de esta población es “de importancia crítica”, como lo calificó la ONU en su Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, elaborado en 1995.
 
Tan sólo en México, de acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE), hay 25 millones 225 mil 443 personas de 18 a 29 años de edad que cuentan con credencial electoral vigente y podrán votar en 2018. Este número es equivalente a poco más del total de la población de Jalisco, Puebla, Morelos y la Ciudad de México, cuatro de las nueve entidades donde el próximo año se elegirá gobernador y Jefatura de Gobierno, en esta última.
 
El INE no proporciona información sobre cuántos de esos jóvenes son mujeres pero a nivel nacional la población femenina representan 52 por ciento del total de personas registradas en la lista nominal que votarán por la próxima persona que ocupe la Presidencia, 128 senadurías y 300 diputaciones federales, además de diversos cargos locales.
 
Por la dimensión poblacional de la juventud, el Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA) expuso en un diagnóstico que hizo de México en 2012 que las personas de entre 18 y 29 años de edad representan “un factor decisivo” en los procesos electorales y no será la expresión en los próximos comicios que comenzarán a organizarse el 1 de septiembre.
 
Las capitalinas consultadas son conscientes de ello, afirmaron que ejercerán su derecho a participar porque no hacerlo sería “dejar  que los demás decidan por ellas”. Se tiene previsto que en los comicios 3 millones 500 mil habitantes de 18 y 19 años ejerzan por primera vez su derecho al sufragio.  
 
Sin embargo, las jóvenes consultadas pronosticaron que votarán sin confianza en las y los candidatos. “Ya sé cómo son los políticos, no cumplen lo que dicen”, expresó Tania, de 19 años y estudiante de preparatoria.
 
Este panorama de desconfianza ya lo había descrito el Instituto Nacional de la Juventud en la encuesta que realizó a jóvenes de todo el país en 2010 y donde, en una escala del cero al 10 como máximo, calificaron con seis la confianza en los representantes legislativos federales.
 
Las jóvenes expusieron no sentirse representadas por quienes actualmente ocupan los cargos políticos y, comentaron, nada les asegura que esto cambiará para el próximo proceso electoral. Consideraron que las políticas y estrategias vigentes “no las contempla a ellas” porque no atienden a sus preocupaciones actuales tales como el financiamiento de sus estudios y la opción de crecer en el ámbito profesional.
 
Nadia, estudiante de 18 años, afirmó: “Mucho de lo que dicen  no lo aterrizan o, al menos a mí no me dicen nada. Es como si le hablaran a los más grandes cuando todo lo que deciden también nos afecta a nosotras”.
 
En ello coincidieron universitarias de 20 y 22 años, quienes luego de recordar los últimos procesos electorales de 2012 y 2015, calificaron de “absurdas” la forma en la que los candidatos buscan generar empatía con la juventud a través de sus campañas.
 
Las jóvenes reconocieron que si algo distinguirá estas elecciones serán las campañas a través de internet, con las redes sociales, las cuales, dijeron “son un arma de doble filo” porque les permitirá recibir mensajes más directos que los de la propaganda pegada en las calles o la que está en la televisión y la radio, pero de no usarse de manera eficiente “fácilmente perderán credibilidad”, expusieron.
 
“Los políticos hablan desde lejos y aunque intentan acercarse no lo consiguen. Como Gabriel Cuadri de la Torre –candidato presidencial en 2012 por el partido Nueva Alianza-, trató de usar un  lenguaje que nos gustara, pero no había más”, señaló como ejemplo una estudiante universitaria de 22 años
 
LO QUE ESPERAN
 
Las mujeres de entre 20 y 29 años de edad que el próximo año votarán de nuevo y que forman parte del sector menos participativo en las elecciones, de acuerdo con las estadísticas del INE en el proceso electoral de 2015, lo harán con una “sensación de desencanto”, generado por el actuar de los gobernantes durante los últimos seis años, algunos prófugos, otros encarcelados e investigados.
 
“En 2012 voté por Presidente por primera vez y estaba muy emocionada –recordó Laura de 27 años, quien trabaja como administradora–. Creí que mi decisión podía cambiar algo, ahorita ya perdí esa esperanza”.
 
Las entrevistadas identificaron entre sus principales preocupaciones la falta de oportunidades laborales. Algunas contaron que aunque terminaron su licenciatura hace más de cuatro años actualmente no ejercen su profesión. Por lo que, dijeron, las propuestas enfocadas en esa área son las que más llaman su atención.
 
Y es que ellas, al igual que las mujeres de entre 15 y 29 años del país enfrentan una tasa de desocupación laboral mayor que la de los hombres, con 6.8 y 5.5 por ciento respectivamente. Además, las que tienen trabajo lo ejercen con un salario mensual de mil 300 pesos menores que el de los hombres, de acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
 
Otra inquietud recurrente es la de resolver los problemas de inseguridad. “Creo que yo, como todas mis amigas, queremos salir a la calle sin miedo a que nos pase algo solo porque somos mujeres”, expuso Daniela de 22 años, quien dejó de estudiar la licenciatura en Turismo para dedicarse, desde hace un año, a la venta de alimentos.  
 
Opinaron también que más allá de las propuestas “imposibles” esperan resultados a corto plazo. “No podemos estar esperándolos más, creo que se trata de que (los políticos) planteen algo realista y no nos engañen con promesas”, comentó una joven de 22 años.
 
Por su parte quienes afirmaron que no votarán el próximo 2018 refirieron estar enteradas de los principales cargos de elección por lo que descartaron la desinformación como un factor que las orilla a abstenerse. En cambio ubicaron la “falta de transparencia” de las y los candidatos como una de las razones. “No sabemos nada de ellos, solo la imagen que nos quieren vender, pero desconocemos si su interés es realmente ver por nosotros, como afirman”, afirmó una estudiante de 19 años que no acudirá a las urnas.
 
Aún con la población juvenil que decide no votar y las sensaciones con las que se prevé que lo haga, los niveles de participación de las elecciones de 2015 registrados por el INE muestran que las mujeres participan más que los hombres en los procesos electorales.
 
Por lo que, tal como contempla el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes de la ONU las y los gobernantes mexicanos están obligados a garantizar la “plena y efectiva” participación de estas mujeres en la toma de decisiones de propuestas que deben apuntar a proteger sus Derechos Humanos.
 
17/MMAE








INTERNACIONAL
   Ellas ocupan 27 de los 120 escaños del nuevo parlamento
Menos mujeres en parlamento de Lesoto, en África
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Por: la Redacción
Cimacnoticias/PL | Maseru, Les .- 11/08/2017

La cantidad de mujeres en el parlamento de Lesoto disminuyó del 25 al 23 por ciento en las elecciones celebradas en junio pasado, reveló hoy una organización no gubernamental de África Austral denominada Gender Links (GL).

La representación de GL en este país dio a conocer que sólo 27 de los 120 escaños del nuevo parlamento de Lesoto están ocupados por mujeres, tres menos que en la Cámara anterior, lo cual refleja una reducción del dos por ciento.

Fundada en Sudáfrica con la intención de promover la igualdad de género y la justicia en los 15 países integrantes de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), GL-Lesoto informó que la representación femenina en el Consejo de Ministros de esta nación se mantiene igual a la de 2015 con 22 por ciento.

Esto significa que cinco mujeres son ministras y tres ocupan la posición de viceministras, precisa el reporte.

Lesoto se incorporó en 1997 a esta organización regional cuya meta era asegurar la representación igualitaria de hombres y mujeres en posiciones de adoptar decisiones para 2015 y contar con al menos el 30 por ciento de féminas ubicadas en estructuras políticas, incluyendo el parlamento, en 2005.

Analistas aquí subrayan que 12 años más tarde en Lesoto las mujeres están aún alejadas de alcanzar la meta de representación en el órgano legislativo.

17/RED








ESTADOS
   Determinó Tribunal Electoral
En San Pedro Mártir, Ocotlán, vulneraron derechos de candidatas a concejales
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Por: Jaime Guerrero
Cimacnoticias/página3.mx | Oaxaca, Oax .- 02/02/2017

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que en la elección realizada en el municipio de San Pedro Mártir, Ocotlán, no se garantizó la participación igualitaria de las ciudadanas.
 
Constató que se vulneraron los derechos a la igualdad y no discriminación de las mujeres para ser postuladas como candidatas en la elección de concejales.
 
En una primera elección, que se realizó el 25 de septiembre de 2016, el cabildo quedó conformado sin la elección de mujeres.
 
EL SERVICIO DEL ESPOSO
 
Tras las mesas de mediación y diversas manifestaciones de las mujeres de la comunidad, se celebró una segunda asamblea el 16 de noviembre del mismo año. Sin embargo, se estableció que para acceder a la Presidencia Municipal era necesario cumplir con el sistema de cargos y se determinó que, en el caso de las mujeres, se tomaría en cuenta el servicio que el esposo hubiese prestado a la comunidad.
 
Ante tales hechos, por las inconformidades presentadas ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), y por los distintos elementos probatorios, el Consejo General del Instituto determinó que no existían elementos para establecer que las autoridades municipales y la Asamblea General Comunitaria de San Pedro Mártir, hayan realizado las acciones suficientes, necesarias y razonables para que las mujeres ejercieran su derecho político electoral de ser votadas.
 
Se calificó entonces como no válida dicha elección y se ordenó su reposición.
 
En el mismo sentido, la Sala Regional Xalapa, el pasado 26 de enero, determinó que en el municipio de San Pedro Mártir se violó el derecho de partición política de las mujeres en condiciones de igualdad, ya que el requisito impuesto para que las mujeres dependan de lo que ha hecho su esposo en la comunidad no garantiza la participación en un plano de igualdad entre ellas mismas y menos aún respecto al género masculino.
 
PRECEDETE POSITIVO
 
El Observatorio Electoral de Género de Oaxaca celebró la sentencia emitida por la Sala Xalapa, pues sienta un precedente en favor de la participación igualitaria entre hombres y mujeres en el ejercicio de sus derechos político electorales.
 
“Las mujeres deber tener la posibilidad de poder competir en cualquier cargo de elección dentro de sus comunidades, incluidas las posiciones de presidencias municipales y sindicaturas, y dejar que sean las y los integrantes de la comunidad quienes decidan si son electas o no, pero jamás vulnerar su derecho a participar”, destacó.
 
Así, en la comunidad de San Pedro Mártir, tal como lo señala la Sala Regional Xalapa, se restringió esta posibilidad al imponer un requisito que viola los derechos políticos de las ciudadanas.
 
Las instituciones integrantes del Observatorio Electoral de Género anunciaron que darán seguimiento al caso y, en el ámbito de sus competencias, apoyarán para que la comunidad respete y garantice los derechos de las mujeres a participar en igualdad de condiciones en la elección de las autoridades. También para que reponga su elección, tomando en consideración este principio.
 
17/JG/GGQ
 








ESTADOS
POLÍTICA
   Dirigido por mujeres, propone equidad sin clientelismo
Impulso Humanista pidió registro como partido en Guerrero
Presidenta de Impulso de Guerrero, Ana Karen Domínguez Anica y la consejera presidenta del IEPC Guerrero, Marisela Reyes Reyes. Foto: Guadalupe CabañasREYES
Por: Guadalupe Cabañas, corresponsal
Cimacnoticias | Chilpancingo, Gro.- 01/02/2017

Ana Karen Domínguez Anica, presidenta de la Asociación Impulso Humanista de Guerrero, solicitó ayer el registro de esa organización ciudadana como nuevo partido político estatal, con el fin de participar en el próximo proceso electoral de 2018.
 
Domínguez Anica, de 26 años, se dijo satisfecha de ser la primera mujer que preside una organización social que busca constituirse en partido político y de encabezar un proyecto humanista. “Creo que marca un precedente para las mujeres que seguimos trabajando, que no hemos sido totalmente reconocidas y que luchamos por un espacio de toma de decisión en el ámbito político”, expresó.
 
Explicó también que llevan  tres años de trabajo, han realizado 25 asambleas para la conformación del proyecto político y cuentan con un patrón de 13 mil afiliados. De su oferta política, dice que su objetivo es “terminar con el clientelismo electoral, ofrecer un partido con inclusión, con hombres y mujeres dispuestos a generar un cambio en igualdad de circunstancias para un estado como Guerrero”.
 
Subrayó que, de obtener el registro, inmediatamente se convocará a una asamblea estatal de partido para votar nuevamente por la nueva estructura en esta asociación que ahora encabeza. 
 
El secretario general de la organización, Miguel Ángel Hernández Garibay, aseguró que cumplieron con todos los requisitos del  reglamento de certificación de asamblea y entregaron las más de 12 mil afiliaciones de ciudadanas y ciudadanos libres que decidieron ser parte de este proyecto político.
 
Esperan ahora, dijo, el plazo de 60 días naturales que les marca la Ley Electoral en el estado para validar los documentos entregados.  “De aceptarse nuestra solicitud y si aparecemos como nuevo instituto político, en el próximo proceso electoral de 2018 habrá un nuevo partido que llevará candidaturas naturales”.
 
Hernández Garibay, quien se dice  aliado de las mujeres, afirmó que el hecho de que la organización en vías de ser partido esté  encabezado por más de una mujer, Ana Karen Domínguez Anica, como presidenta y Déniz Bello Gómez como tesorera, fortalece los principios de paridad e igualdad que deben de regir a todo partido político en la entidad y en el país.
 
El dictamen del Instituto Electoral de Participación Ciudadana en Guerrero será dado a conocer en  marzo de 2017. De haber dudas sobre el dictamen, abrirá un proceso para resolver y notificar el cumplimiento o no de los requisitos que marcan las leyes electorales, antes del mes de junio de 2017. Luego se le entregaría el registro como nuevo partido político, si es la decisión del  Instituto Electoral de Participación Ciudadana.
 
17/GC/GGQ
 








NACIONAL
POLÍTICA
   Las amenazas contra quienes ejercen cargos públicos les afecta en el escenario de sus funciones
Senado llama a atender violencia política contra mujeres en el poder
En elecciones pasadas se dieron casos como las destituciones de Rosa Pérez Pérez (izq) y María Gloria Sánchez Gómez (der), presidentas de los municipios indígenas de Chenalhó y Oxchuc, en Chiapas, respectivamente, a quienes obligaron a separarse de sus cargos mediante violencia y amenazas | CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/12/2016

La Comisión para la Igualdad de Género del Senado exhortó a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y a los tribunales electorales de los estados a establecer e implementar protocolos para atender la violencia política contra las mujeres.
 
En un dictamen que aprobó la Comisión también se llamó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República (PGR), a tomar acciones para sancionar a quienes violentan, agreden o intimidan a las mujeres que son candidatas o ejercen cargos públicos.
 
Las legisladoras pidieron a las instituciones locales que tomen como modelo el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, elaborado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de las Mujeres y la FEPADE.
 
De acuerdo con las integrantes de la Comisión, que preside la senadora priísta Diva Hadamira Gastélum, si bien existen disposiciones básicas destinadas a regular la actuación de funcionarios judiciales, resultan insuficientes en casos de violencia contra mujeres que se desempeñan como funcionarias.
 
La violencia política, indicaron las legisladoras en el documento, impacta el derecho de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en procesos electorales, su desarrollo en la escena política o pública ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a un cargo de elección popular o en el ejercicio del cargo público.
 
El Protocolo define este tipo de violencia como todas aquellas acciones y omisiones que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.
 
Durante las últimas semanas han salido a la luz casos que podrían entrar en esta definición. 
 
Por ejemplo, el 23 de noviembre el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Enrique Miranda, espetó a la diputada y académica especializada en pobreza, Araceli Damián González que “no estudié psiquiatría para entenderla”. Esa fue su repuesta cuando ella lo cuestionó sobre las cifras de pobreza que presentó durante una comparecencia en San Lázaro.
 
En Veracruz, la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Daniela Griego Ceballos, denunció que el pasado 30 de noviembre desconocidos violaron las cerraduras de su casa, mientras que su correligionaria Eva Felicitas Cadena reveló que en su teléfono celular recibió mensajes amenazantes con nombres de personas, algunas que supuestamente serían asesinadas.
 
El 28 de noviembre la presidenta municipal por Acción Nacional en Reynosa, Tamaulipas, Maki Ortiz Domínguez, indicó que fue víctima de violencia política por parte de su partido y es que síndicos, regidores y diputados de ese organismo la amagaron con someterla a juicio político por supuestas irregularidades.
 
Otras intimidaciones se denunciaron durante los procesos electorales de este año. La entonces candidata a la gubernatura de Puebla por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Roxana Luna Porquillo, denunció que el 9 de abril fue encañonada por policías municipales mientras viajaba en su auto cuando hacía campaña.
 
En estas elecciones también se dieron casos como las destituciones de María Gloria Sánchez Gómez y Rosa Pérez Pérez, presidentas de los municipios indígenas de Oxchuc y Chenalhó, en Chiapas, respectivamente, a quienes obligaron a separarse de sus cargos mediante violencia y amenazas.
 
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NACIONAL
Participación Política de las Mujeres
   Proponen senadoras reformar legislación
Sin concretarse, tipificación de violencia política
Foto: cortesía Senado de la República / Comunicación Social
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/11/2016

Aunque reconocieron la necesidad de incorporar el término de violencia política a la legislación, aún no existe un dictamen para lograrlo, señalaron senadoras, quienes coincidieron en que la falta de una normativa en la materia ha impedido que quienes la han vivido accedan a la justicia.
 
Como parte del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemoró el 25 de noviembre, se realizó en el senado un foro donde estuvieron presentes representantes del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Instituto Nacional Electoral (INE) y senadoras. Ahí, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, Diva Hadamira Gastélum, dijo que es momento de eliminar la violencia política que se comete contra las mujeres que participan en política.
 
Hasta ahora la Comisión de Igualdad analiza un dictamen para reformar las Leyes Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Partidos Políticos; y en Materia de Delitos Electorales para definir si la violencia política será un agravante o un delito autónomo y las características que definan quién comete el ilícito y quién es la persona agraviada.
 
Al respecto, las senadoras Gastélum y Angélica de la Peña Gómez, consideraron que es hora de tener una reforma en la materia, sin embargo, todavía se trabaja en el documento que se presentará al pleno del Senado. Cabe decir que en 2013 las y los senadores aprobaron tipificar esta violencia pero la Cámara de Diputados no ratificó la reforma.
 
La senadora De la Peña explicó que en 2007, cuando entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las diputadas que diseñaron esta norma no imaginaron la necesidad de incluir la figura de violencia política contra las mujeres porque en ese momento no existía un fenómeno de tal magnitud.
 
A decir de la legisladora cuando las mujeres accedieron a los poderes de decisión en todos los niveles y consiguieron ser diputadas, senadoras, magistradas o consejeras electorales, comenzaron a surgir situaciones de violencia para impedir su ascenso al poder y el ejercicio de sus cargos.
 
Por su parte la consejera electoral del INE, Beatriz Eugenia Galindo, explicó que esta instancia ha identificado actos discriminatorios contra candidatas pero aseguró que es necesario establecer sanciones específicas para estas conductas.
 
En su participación el titular de la Fiscalía Especialidad para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la Procuraduría General de la República, Santiago Nieto Castillo, dijo que a pesar de la paridad como principio constitucional, falta mucho por avanzar como visibilizar la participación de las mujeres en el espacio público sin violentarlas.
 
A su vez la presidenta del Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez, dijo que después de muchos intentos la paridad en el registro de candidaturas ahora es una realidad lo que ha permitido más presencia de mujeres en la Cámara de Diputados, el Senado y los Congresos locales, pero aún falta tipificar la violencia política de género.
 
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NACIONAL
Participación Política de las Mujeres
   Asamblea Constituyente tiene dos propuestas en el mismo sentido
Paridad para todos los cargos en el gobierno de la Ciudad de México
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/11/2016

La senadora y diputada constituyente Lucero Saldaña Pérez presentó ante la Asamblea Constituyente una propuesta para que en la Carta Magna  capitalina se establezca el principio de paridad en diputaciones locales, en la integración de alcaldías y en el gabinete de Gobierno.
 
La legisladora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó la propuesta porque la paridad (igualdad) en candidaturas a diputaciones y senadurías como principio constitucional en el ámbito federal, logró aumentar la representación femenina en el Congreso de la Unión. 
 
En este sentido la iniciativa es para que la Constitución Política de la capital del país asegure la aplicación del principio de paridad horizontal (en las presidencias municipales) y vertical (en el total de las planillas) tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo, y en las alcaldías.
 
Actualmente el borrador de la Carta Magna dice en el artículo 32, inciso b, numeral 3 que “la ley determinará los procedimientos para garantizar que, en la postulación de candidaturas, los partidos políticos cumplan con el principio de paridad de género”. Y en el inciso a, numeral 4, dice que “la ley electoral deberá fomentar la paridad en las fórmulas de candidaturas sin partido”, por lo que la senadora propuso cambiar la palabra “fomentar” por “asegurar”.
 
La iniciativa también propone modificar tres artículos más para que este principio aplique en el Poder Judicial y en la integración del Gabinete del Jefe de Gobierno. 
 
De acuerdo con la senadora gracias a la paridad en la Cámara de Diputados hay 42.4 por ciento de mujeres; en siete Congresos locales más de 50 por ciento de sus integrantes son mujeres (Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Nayarit, Querétaro y Zacatecas) y 12 Congresos más tienen una presencia femenina de entre 40 y 49 por ciento.
 
La legisladora destacó que hasta abril de este año en 20 Constituciones locales se incorporó el principio de paridad, en algunas es una obligación de los partidos políticos, en otras se establece  para las candidaturas para el Poder Legislativo y para la integración de los ayuntamientos municipales.
 
En la propuesta se dice que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya emitió diversas jurisprudencias y tesis sobre la aplicación del principio de paridad y la observancia de los derechos políticos- electorales de las mujeres.
 
De acuerdo con el Tribunal Electoral, la paridad debe permear en la postulación de candidaturas para la integración de los órganos de representación popular federales, locales y municipales, a efecto de garantizar un modelo plural e incluyente de participación política de las mujeres en los distintos ámbitos de gobierno.
 
En la Asamblea Constituyente ya existe otra propuesta similar de la diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, quien presentó su propuesta para que en la Constitución de la Ciudad se plasme el principio de paridad de género (igualdad) en la integración de todos los poderes públicos y los órganos autónomos.
 
16/AGM/LGL








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