NACIONAL
POLÍTICA
   Cabildean para incluirlo en periodo extraordinario
Urge ley contra violencia política de género antes de 2018: senadoras
Imagen retomada de twitter
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/05/2017
Para conseguir que en México más mujeres compitan en los comicios, sean electas y gobiernen, es necesario definir la violencia política de género en la ley, tema pendiente en la Cámara de Diputados que podría aprobarse en un periodo extraordinario del Congreso de la Unión, en junio próximo.    
 
Después de cinco años de propuestas y análisis y luego de que en 2013 el Senado aprobó una primera propuesta para definir este término –misma que no fue ratificada en la Cámara de Diputados–, el pasado 9 de mayo de 2017 el Senado aprobó un dictamen para incluir la violencia política por razones de género en cinco Leyes Generales.    
 
Como en la primera ocasión, el reciente dictamen aprobado en la Cámara alta fue enviado a la Cámara baja para su aval. Las reformas fueron analizadas en la Comisión de Igualdad de Género y en la Comisión de Gobernación pero sólo fue ratificado por las y los diputados de la segunda por lo que no pasó al pleno para su votación.  
 
Al hacer un recuento sobre este proceso legislativo, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, la priista Diva Hadamira Gastélum Bajo, quien participó en la dictaminarían de la iniciativa de 2013 y 2017, expone que de cara a las elecciones de 2018 las senadoras están solicitando que sea un tema a tratar en un eventual periodo extraordinario de sesiones.  
 
La senadora adelantó que ya habló con el presidente de la Mesa Directiva de Comisión Permanente del Congreso, el senador Pablo Escudero, a quien le propuso que el tema de legislar la violencia política se discuta y apruebe en el periodo extraordinario que podría citarse en junio próximo; sin embargo todavía se está cabildeando este compromiso.  
 
LEY SOBRE VIOLENCIA GARANTIZARÁ PARIDAD
 
De acuerdo con Gastélum Bajo, en 2014 se logró la paridad –es decir, la obligación de los partidos de dar a las mujeres el 50 por ciento de candidaturas a cargos de elección–, un avance valioso que no puede cumplir su objetivo a cabalidad si no se blinda y si no se para, contiene y sanciona la violencia política en razón de género.  
 
Sobre la reciente reforma aprobada en el Senado, la legisladora dijo que fue una minuta muy exitosa porque se reforman cinco Leyes Generales: de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en Materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 
En opinión de Gastélum Bajo, para la elección presidencial de 2018, cuando también se renovarán 500 diputaciones federales y 128 senadurías, existirá la obligación de los partidos políticos de postular a 50 por ciento de mujeres y hombres a todos los cargos, pero no debe faltar la garantía de que las mujeres puedan participar sin que sean violentadas.   
 
“Ya pasamos de la cantidad, de que un partido salga a decir 'somos 50-50', a la garantía de una participación real de las mujeres, que les permita ganar, estar en la toma de decisiones; de eso se trata y lo vamos a hacer”, aseguró.  
 
Desde 2012, cuando se presentó la primera propuesta en el Senado, las legisladoras señalaron que las mujeres que desean participar en política como candidatas para ser parlamentarias, gobernadoras o integrantes de los ayuntamientos, son difamadas, agredidas y amenazadas por opositores y compañeros de partido que no quieren que incursionen en este terreno.  
 
RESISTENCIAS PARTIDISTAS
 
Al respecto, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lucero Saldaña Pérez, quien en noviembre de 2012 presentó la primera propuesta para reconocer la violencia política de género, destaca en entrevista que el proceso ha sido largo debido a múltiples factores porque han tenido que explicar el concepto y hacer conciencia.  
 
La senadora señaló que siguió el proceso parlamentario en la Cámara de Diputados, por ello se comunicó con la también priista y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de este organismo, Laura Plascencia Pacheco, quien en su momento le dijo que se iba a tratar de aprobar en Comisiones para después pasarla al pleno.  
 
Sin embargo la propuesta no se discutió en la Comisión presidida por Plascencia Pacheco y tampoco se trabajó en Conferencia, es decir en coordinación entre senadoras y diputadas. “Me habían dicho que sí, pero ya no se pudieron reunir y algunos, de varios partidos, señalan que fue la fracción priista (la que detuvo la reforma), sin embargo, las mujeres, la mayoría, todas, querían el tema porque lo han vivido, lo han sentido”, dijo.  
 
La senadora acotó que no tiene idea de las razones o si sólo fue falta de tiempo para no avalar la propuesta en la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputadas, pero acotó que hay resistencias de todos los partidos porque incluso avanzó más rápido la propuesta del Senado de aprobar el 17 de agosto como el Día Nacional de la Abeja.  
 
Como la propuesta de reconocer la violencia política en la ley no se aprobó, no se podrá invocar como tal. Sin embargo, cabe mencionar que la candidata de Movimiento Regeneración Nacional a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, mantiene una denuncia ante el Instituto Electoral estatal con base en el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres creado por instituciones electorales en 2016. 
 
17/AGM/GG
 
 







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Con agravantes si se comete contra niñez y mujeres embarazadas
Aprueban Ley sobre Tortura en San Lázaro y la envían al Senado
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/04/2017 El pleno de la Cámara de Diputados ayer aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que contempla agravantes en caso de que la víctima sea menor de edad, una mujer embarazada o sobreviviente de violencia sexual.
 
Con 417 votos a favor, el pleno aprobó la minuta enviada por el Senado pero hizo modificaciones, por lo que el proyecto fue regresado a la Cámara alta para su ratificación. La Ley debió estar lista desde el pasado 5 de enero, fecha en que se cumplió un año del límite establecido por el Congreso de la Unión para expedirla.
 
Una vez que se avale esta ley –y se derogue la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1994– entrarán en vigor nuevas consideraciones, por ejemplo: la tortura será un delito que no prescribe; se investigará de oficio o a petición de las partes y se crearán fiscalías especializadas para investigar en el ámbito local y federal.
 
Esta Ley haría frente a la tortura, una práctica que en las mujeres se caracteriza por la violencia sexual, como asegura el informe de Amnistía Internacional  “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, que documentó 100 casos de tortura hacia mujeres.
 
PENAS DIFERENCIADAS
 
La minuta avalada en San Lázaro prevé penas diferenciadas, dependiendo de si la conducta delictiva la comete un servidor público o no, y aumentará hasta en una mitad cuando se cometa contra poblaciones en vulnerabilidad como niñas, niños, adolescente, mujeres gestantes, personas con discapacidad o adultas mayores.
 
También se establece una pena mayor si la víctima fue sometida a cualquier forma de violencia sexual; si es migrante, afro descendiente, indígena, periodista o se trata de una persona defensora de Derechos Humanos o cuando la tortura sea motivada por la identidad de género u orientación sexual de la víctima.
 
Adicionalmente en el tema de investigación se establecen reglas especiales para considerar la calidad de la víctima y las situaciones particulares a la hora de realizar los dictámenes periciales. Por ejemplo, estos dictámenes deberán evitar la revictimización y se realizaran en compañía de los padres si se trata de menores de edad.
 
Los dictámenes para acreditar la tortura deberán realizaran en lugares seguros, salubres, que garanticen la privacidad de la persona, de preferencia con peritos mujeres en caso de que la víctima sea mujer o menor de edad y en casos de violencia sexual habrá asistencia médica con especialistas en ginecología, quien debe ser del mismo sexo de la víctima.
 
Estos procedimientos deben realizarse con base en los principios establecidos en los protocolos con perspectiva de género en la materia. El dictamen señala que se debe garantizar la plena igualdad al valor probatorio de dictámenes aportados por peritos independientes, incluso se prevé la negativa de aceptar peritajes que no cuenten con el consentimiento informado de las víctimas.
 
TENTATIVA
 
La tortura también podrá perseguirse en grado de tentativa, es decir, cuando el agresor inicie su ejecución sin que se consume o cuando un sujeto ordene cometer el delito pero no se lleve a cabo por causas ajenas a su voluntad. Además este delito podrá investigarse de oficio o a petición de las partes.
 
La nueva Ley considera la exclusión o su nulidad de la prueba en un proceso si fue obtenida mediante tortura o por cualquier otra violación a derechos humanos en cualquier etapa del procedimiento y el juez deberá dar vista a la Fiscalía Especializada con el objetivo de que se inicie la investigación por el delito.
 
En materia de prevención, la minuta establece la Creación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el Mecanismo Nacional de Prevención; y del Registro Nacional de este delito.
 
Cabe decir que organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, como los Centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Tlachinollan; Zeferino Ladrillero y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, exigieron al Congreso tomar en cuenta las recomendaciones internacionales para prevenir, investigar y sancionar este crimen.
 
Agrupaciones civiles aseguran que hay una falta de cifras pero los organismos de Derechos Humanos han constatado la gravedad del problema. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los organismos públicos de DH registraron 3 mil 195 y 3 mil 20 presuntas violaciones por tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes durante el año 2013 y 2014, respectivamente.
 
La Cámara de Diputados informó que de acuerdo con la Procuraduría General de la República, hasta abril de 2015 contaba con 2 mil 420 investigaciones en trámite sobre tortura. Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Estado registra 15 sentencias condenatorias por casos de tortura desde 1991.
 
17/AGM/GG
 







NACIONAL
POLÍTICA
   Tras cuatro años de intentos
Senado tipifica, por fin, la violencia política de género
Imagen retomada del portal comunicacion.senado.gob.mx
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/03/2017 El Senado de la República aprobó tipificar la violencia política de género y con ello concluyó un pendiente que tenía desde hace cuatro años, cuando las senadoras intentaron dejar claro en las leyes electorales que es un delito denostar, menoscabar y restringir las funciones de una mujer que ejerce la política. 
 
Ayer, apenas unas horas después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las y los senadores aprobaron reformas las Leyes Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; la Ley General en Materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
 
Se analizaron para eso 10 iniciativas presentadas por distintas fracciones parlamentarias, con definiciones sobre la violencia que se ejerce contras las mujeres que realizan actividades políticas, tras lo cual las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, presentaron un dictamen que fue avalado
 
Las leyes electorales dirán ahora que la violencia política en razón de género “es la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público”.
 
Con estas modificaciones, instancias como el Instituto Nacional Electoral (INE), los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y los tribunales electorales tendrán la obligación de prevenir, atender, sancionar y en su caso sancionar las conductas de violencia política de género con las sanciones que marca la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
 
El Senado determinó que  las sanciones por los delitos electorales que se cometan contra las mujeres se castigarán hasta con la mitad de la pena que actualmente se establece. 
 
CUATRO AÑOS DESPUES…
 
El camino para lograr la inclusión de esta forma de violencia en la ley inició  el 8 de noviembre de 2012, cuando la senadora priista Lucero Saldaña Pérez propuso incluir y definir este término. La propuesta fue aprobada en febrero de 2013 en la Cámara alta y enviada a la Cámara de Diputados para su ratificación.
 
Pero en San Lázaro nunca se discutió ni aprobó en el pleno, se truncó el proceso legislativo. Sin embargo, la reforma político electoral de 2014 creó nuevas leyes y derogó el entonces Código Federal de Procedimientos Electorales, por lo que tanto la senadora Saldaña Pérez, como otras de sus compañeras redactaron y presentaron nuevas propuestas en el mismo sentido que la de 2012.
 
La Comisión de Igualdad de Género, presidida por la priista Diva Hadamira Gastélum, pidió las opiniones de organismos electorales para robustecer el dictamen. En febrero pasado reveló que a pesar de que ya se tenía la reforma, había resistencias de algunos legisladores para avalar la propuesta.
 
Recién el pasado 3 de marzo los representantes de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PRD), del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal) se comprometieron a impulsar la tipificación de la violencia política.
 
Esto sucedió durante un acto público en donde la integrante de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, increpó a los líderes partidistas y estos aceptaron el reto de apoyar la propuesta de las legisladoras en el Senado.  
 
El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para su aval, órgano parlamentario donde las diputadas Candelaria Ochoa Ávalos, Arlet Mólgora Glover, Yolanda de la Torre Valdez, Carolina Monroy del Mazo, Kathia María Bolio Pinelo y Maricela Contreras Julián ya habían presentado propuestas similares.
 
17/AGM/GG
 
 







NACIONAL
INFANCIA
   Exhorto aberrante, dice Martha Tagle
Legislar sobre alienación parental, pide Senado a congresos
CIMACFoto:César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/02/2017 El Senado exhortó a los Congresos estatales a legislar en materia de “Alienación Parental”,  pese a que es una figura jurídica controversial, criticada por organismos civiles en defensa de la infancia e incluso por legisladoras y legisladores, ya que fomenta la idea de que en los casos de violencia familiar o divorcio las mujeres manipulan y las niñas y niños mienten.
 
A propuesta de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, este jueves el Senado llamó a las Legislaturas locales a incorporar este concepto en sus Códigos Civiles o Familiares a fin de proteger el interés superior de la infancia.
 
En el dictamen se señala que el Síndrome de Alienación Parental (SAP) –que tiene sus orígenes en una teoría psiquiátrica– surge casi exclusivamente en batallas por la custodia de las y los niños, quienes exhiben conductas desafiantes ante uno de los padres, actitudes que son apoyadas por el otro progenitor.
 
“Los padres que recurren a alienar a sus hijos del otro, exacerban las actitudes de triangulación y los conflictos de lealtad que ya existen en el niño o niña, violentando de esta manera su desarrollo psicológico y su proceso de duelo, así como violentando al progenitor alienado”, dice el documento.
                                    
En la argumentación del Senado también se indica que el SAP perpetúa la desigualdad de género porque resta importancia de ambos padres en la formación.
 
De acuerdo con la Comisión de Familia y Desarrollo Humano actualmente 16 entidades federativas ya cuentan con la figura legal de la Alienación Parental por lo que el resto de los estados debe integrarla a su legislación.
 
Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Ciudad de México reconocen este término.
 
EXHORTO ABERRANTE: TAGLE
 
Al respecto la senadora independiente, Martha Tagle Martínez, argumentó en contra de este exhorto al señalar que no tenía fundamento legal y era una aberración porque se utiliza para complicar los divorcios y señalar que las niñas y niños no pueden definir con cuál de sus padres quieren estar.
 
En el caso de la capital del país, el 15 de diciembre de 2013 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó reformar el Artículo 323 séptimus del Código Civil capitalino para legalizar el término “alienación parental”, reforma promulgada el 9 de mayo de 2014.
 
Sin embargo, la sociedad civil alertó del significado estereotipado que promueve la idea de que en los casos de violencia familiar y divorcio las mujeres manipulan a sus hijas e hijos para que estén en contra de sus padres y los acusen de ejercer violencia.
 
En su momento agrupaciones como Ririki señalaron que esta figura también se podría usar para desvalorizar los testimonios de niñas y niños que son víctimas de abuso sexual o violencia familiar por parte de uno de sus padres.
 
Sobre este tema la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) también criticó que se pretendiera solucionar el problema de violencia familiar con esta reforma que no fue redactado atendiendo al principio del interés superior de la infancia.
 
Ante ello el 9 de junio de 2014 la CDHDF presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad (19/2014) al considerar que el artículo es violatorio de los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes, resolución que aún está pendiente.
 
17/AGM/GGQ







NACIONAL
POLÍTICA
   Rechazan iniciativas desde 2012
Partidos se resisten a tipificar “violencia política por razones de género”
A 10 años de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se realizó un foro de análisis en el Senado de la República | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/02/2017 La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, Diva Hadamira Gastélum Bajo, aseguró que hay resistencias de los partidos políticos y de algunos legisladores para tipificar la violencia política por razones de género, una violencia que suma 52 casos registrados, según autoridades electorales.
 
La también presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (OMPRI) dijo, en declaraciones a Cimacnoticias, que con esta reforma hay resistencias, tal como sucedió hace una década cuando en San Lázaro se debatía la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
 
La legisladora Diva Hadamira Gastelum (der.) presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado junto a la antropóloga feminista Marcela Lagarde | CIMACFoto: César Martínez López.

 
En 2007 cuando Gastélum Bajo era presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados y encargada de presentar el dictamen de Ley, se enfrentó a las críticas por apoyar una norma dirigida sólo a las mujeres; ahora enfrenta algo similar con el dictamen para investigar y sancionar la violencia hacia las mujeres que participan en política.  
 
“Vivimos 16 proyectos de iniciativa de esta Ley (LGAMVLV). Le sacaban la vuelta, como en el tema de violencia política, ahora quieren hacer una reforma descafeinada; cuando la esculcan no hay dientes de dónde agarrarte para poder tener a los responsables donde corresponde”, afirma la legisladora. 
 
INTENTOS DESDE 2012
 
Hace cinco años, en 2012, en el Senado la priista Lucero Saldaña presentó la primera propuesta para tipificar la violencia política de género, iniciativa aprobada en la Cámara alta pero no ratificada en la Cámara de Diputados. Desde entonces se han presentado más propuestas pero ninguna ha sido avalada por el Legislativo.
 
De 2013 a 2016, en el Senado se han presentado al menos 7 iniciativas para modificar las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en Materia de Delitos Electorales; del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral  y la Ley General de Acceso.
 
La Comisión de Igualdad ya tiene un dictamen, pero sigue negociando con las diferentes fuerzas políticas y con instituciones electorales y jurisdiccionales para revisar si este fenómeno será sancionado como una conducta administrativo, penal o combinado.
 
A 10 años de que entró en vigor la Ley que establece políticas públicas para hacer frente a la violencia contra las mujeres, la Senadora reconoce que un pendiente es la violencia política. “Muchas callamos la violencia porque nos han enseñado: `Come sin hacer gestos´, y todas lo hacemos, todas las que andamos en política”.
 
Hasta enero de 2017, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), registró 25 casos de violencia política de género; sin embargo, no todos los casos son investigaciones penales porque no siempre constituyen delitos electorales sino administrativos o controversias partidistas.
 
La senadora Gastélum Bajo asegura que los partidos políticos son dictaduras completas que hay que cambiar.
 
Foro A 10 años de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia | CIMACFoto: César Martínez López.

 
Además agrega que, a 10 años de la Ley General de Acceso, las mujeres no celebran porque los resultados no son los que estaban esperando. “Si hemos avanzado y no lo podemos negar, es innegable que han pasado muchas cosas, nacieron instituciones, legislaciones y protocolos pero algo está pasando que el feminicidio lo seguimos teniendo”.
 
17/AGM/GGQ
 







NACIONAL
LABORAL
   Aún hay resistencias de autoridades, dice senadora Angélica de la Peña
Nuevo exhorto al gobierno federal para ratificar Convenio 189
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/11/2016 Durante una sesión de trabajo el pasado 22 de noviembre, integrantes del Senado aprobaron un  punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajadoras y trabajadores del hogar.  
 
En un comunicado, senadores de los distintos partidos políticos aplaudieron la petición, pues beneficiaría a los 2.2 millones de personas que se dedican al trabajo del hogar en México, casi en su totalidad mujeres, 55 por ciento son residentes de zonas no urbanizadas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
 
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, dijo que “la decisión fue acertada”, ya que la aprobación del Convenio permitirá que la legislación mexicana reconozca los derechos laborales de las personas que trabajan en el hogar, ya que se les debe reconocer, respetar y valorar en el ámbito del derecho laboral, los derechos que hasta ahora les han sido negados.
 
Recordó que “la aprobación del Convenio ha enfrentado la resistencia de autoridades gubernamentales, particularmente del  Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por el temor de ser superados en la demanda de servicios en cuanto puedan acudir al IMSS como derechohabientes”.
 
De la Peña Gómez mencionó que se deben realizar campañas de concientización para frenar la discriminación que enfrentan quienes realizan labores del hogar, que en su mayoría son mujeres jóvenes que no han tenido acceso a la educación.
 
Por su parte, la senadora independiente, Martha Tagle Martínez, refirió que el principal tema que se debe discutir es el de la seguridad social, para garantizarles los mismos derechos que tiene cualquier trabajador fuera del hogar, es decir, que tengan derecho a vacaciones, a una pensión y a servicios de salud. 
 
El senador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Raúl Morón Orozco subrayó “la aprobación del Convenio servirá para revertir el proceso de precarización laboral, que en los últimos años ha experimentado la clase trabajadora del país”.
 
“Y no sólo se deben incorporar las prestaciones a la normatividad vigente, sino que también se debe garantizar a estas y estos trabajadores, la firma de un contrato de trabajo, la libertad de asociación sindical y el derecho de negociación colectiva”, señaló el legislador.
 
El instrumento internacional entró en vigor a escala internacional el 5 de septiembre de 2013 y ha sido aprobado en 23 países del mundo, la mayoría en América Latina, una de las regiones con más trabajadoras del hogar.
 
El Convenio contempla condiciones de trabajo digno para las y los empleados del hogar entre las que se encuentran: seguridad social, un  salario justo, jornadas de trabajo reglamentadas, prestaciones y la no discriminación. 
 
En 2011, México aprobó el Convenio 189 de la OIT, pero no lo ha ratificado.
 
16/GMV/LGL







NACIONAL
Participación Política de las Mujeres
   Sala Superior sólo tendrá dos mujeres
Critica senadora De la Peña composición de ternas para TEPJF
Angélica de la Peña Gómez | CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/10/2016 La senadora Angélica de la Peña Gómez lamentó que en las ternas presentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para ocupar las siete magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no se tuviera la oportunidad de tener por lo menos a tres mujeres y cuatro hombres candidatos.
 
Durante la reunión de esta Comisión de Justicia del Senado para discutir la elegibilidad de las y los 21 candidatos para ocupar el cargo de magistrado del TEPJF, la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el senador Benjamín Robles Montoya, destacaron evitar decisiones premeditadas o poner al frente a personas sin la capacidad necesaria.
 
Sobre la composición de la Sala Superior la cual quedará conformada por dos mujeres y cinco hombres De la Peña aclaró que esta decisión no fue del Senado de la República sino de la Suprema Corte que fue el órgano que encabezó la primera parte del proceso y quien a la hora de distribuir los 21 nombres de los candidatos en siete ternas, reunió a las seis mujeres en dos ternas.
 
Las candidatas a magistradas son Claudia Mavel Curiel López, Silvia Gabriela Ortiz Rascón y Mónica Aralí Fregoso, quienes conforman una de las ternas, lo que significa es que sólo una de ellas podrá ocupar el cargo. La otra terna de mujeres está integrada por Janine Madeline Otálora Malassis, María del Pilar Parra Parra y Berenice García Huante.
 
A su vez el senador Benjamín Robles destacó que es importante que la decisión sea responsable y con el compromiso de fortalecer a la institución. “Nuestro voto creo que no debe responder –lo quiero subrayar– a intereses de grupos parlamentarios, no debe de atender influyentismos ni que alguien se sienta que ya está beneficiado por una designación previa”, destacó.
 
Asimismo, refirió que la capacidad de los candidatos no es del todo óptima. “A pesar de que todos reúnen los requisitos de ley, a mí sí me parece que algunos no reúnen el perfil profesional, o sea, no están preparados en materia electoral para esta enorme responsabilidad y por eso yo conmino a que todos hagamos un voto de verdad muy responsable, muy comprometido con el país”, manifestó.
 
La conformación actual del organismo jurisdiccional es de cinco hombres y una mujer, la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa; ya que desde abril de 2015 el magistrado Alejandro Luna Ramos concluyó su cargo pero la vacante no se renovó.
 
El senado deberá elegir a más tardar el 30 de octubre, a siete nuevos magistrados que iniciarán su mandato el próximo 4 de noviembre; dos de ellos concluirán su mandato el 31 de octubre de 2019, dos más el 31 de octubre de 2022 y los tres restantes el 31 de octubre de 2025.
 
16/AGM/LGL







NACIONAL
POLÍTICA
   Comparece segunda terna de mujeres en el senado
Candidatas a magistradas piden más participación de mujeres en Poder Judicial
Foto: cortesía Senado de la República
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/09/2016 Las candidatas a magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Janine Madeline Otálora Malassis, María del Pilar Parra Parra y Berenice García Huante, se pronunciaron a favor de que haya más mujeres en órganos electorales y expresaron su compromiso con la imparcialidad judicial. 
 
Al comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado, las tres aspirantes expusieron sus opiniones sobre la paridad de género en candidaturas, la violencia política de género, los gastos de precampaña y campaña de los partidos políticos, las causales para anular una elección y las candidaturas independientes, entre otros temas.
 
En su presentación, Berenice García Huante, quien fuera secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del TEPJF, dijo que la paridad (igualdad) de género debe empezar por la casa, toda vez que, criticó, en el máximo organismo jurisdiccional electoral hay pocas mujeres en cargos de dirección.
 
“Si bien ya tenemos un acuerdo de carrera judicial donde se promueve la participación de las mujeres para integrar las ponencias y ser parte de secretarias de estudio y cuenta en la Sala Superior, lo cierto es que en los hechos hay muy pocas”, dijo frente a las y los senadores.
 
Para fomentar la participación femenina en este órgano la candidata propuso medidas como crear un Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) para apoyar a las madres que trabajan en la Sala Superior ya que en un proceso electoral todos los días y horas son hábiles; y planteó crear una agenda para defender los derechos político- electorales de mujeres y personas con discapacidad. 
 
Además agregó que los tomadores de decisiones pueden interpretar las leyes y los tratados internacionales para promover la paridad en la integración de autoridades electorales y acotó que las mujeres que participan en el actual proceso de elección para elegir a siete magistrados no están ahí por cubrir una cuota sino por su capacidad.
 
García Huante, quien tiene 14 años de experiencia en materia electoral, aseguró además que una forma de garantizar la protección de los derechos político-electorales es cumplir con el Protocolo para Atender la Violencia Política de Género contra las Mujeres y capacitar para que los juzgadores lo apliquen en sus sentencias.
 
La aspirante también se pronunció por mantener los sueldos de las y los magistrados, por retirar algunas prestaciones que son  excesivas e innecesarias para desempeñar el cargo, hacer que el TEPJF sea un organismo más abierto y trasparente, y por tomar en cuenta resoluciones de organismos internacionales cuando estos hagan referencia a México.
 
“NO ME SIENTO DISCRIMINADA”
 
En su turno, la magistrada de circuito adscrita al Cuarto Tribunal Unitario del Tercer Circuito en Zapopan, Jalisco, María del Pilar Parra Parra, destacó la labor del Senado que en 2014 aprobó la reforma en materia político- electoral que elevó a rango constitucional la paridad de género, principio que la Sala Superior ha defendido.
 
Al ser cuestionada por la senadora Martha Tagle sobre la resolución de la Sala Superior del TEPJF que determinó que luego de la muerte de Mónica Arriola Gordillo su curul en el Senado correspondía a Manuel Cárdenas Fonseca y no a una mujer, la candidata dijo desconocer el caso. 
 
Parra Parra también habló sobre el proceso de selección donde de 20 mujeres que se inscribieron solo seis pasaron a la última etapa. Aunque para algunos legisladores fue un desatino agruparlas en dos ternas porque así se cerraba la posibilidad de elegir a más ciudadanas para ocupar uno de los siete cargos, la candidata dijo no sentirse discriminada.
 
 “Con toda honradez le debo decir que no me siento discriminada, al contrario, me siento sumamente halagada, me siento sumamente reconocida”, dijo.
 
Respecto a la publicidad y propaganda encubierta, dijo que hay veces que por la actividad pública del personaje político éste tiene que difundir sus actividades y señaló que hay una línea muy tenue entre la publicidad de gobierno y la personal; y finalizó diciendo que ha sido cuestionada por sus decisiones judiciales pero prefiere olvidar los “periodicazos”.
CREAR UN MEDIADOR ELECTORAL
 
La titular de la Defensoría Pública para los Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF, Janine Madeline Otálora Malassis, también se pronunció a favor de más mujeres en este organismo y consideró que en este proceso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encargada de hacer la primera selección, se limitó al integrar a las seis mujeres en dos ternas.  
 
Otálora Malassis, quien promovió la defensa de Rosa Pérez Pérez, la alcaldesa del municipio de Chenalhó, en Chiapas, que fue obligada a pedir licencia al cargo y luego fue restituida en el cargo por una sentencia judicial, dijo que los organismos públicos también tienen responsabilidad para que más mujeres ocupen estos cargos.
 
La también magistrada de la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, cuestionó por qué solo 20 mujeres se inscribieron en este proceso y aseguró que una forma de fomentar la participación femenina es implementar medidas como que cada ponencia (grupo de personas que trabaja con un magistrado o magistrada) sea integrada de manera paritaria. 
 
La candidata expuso que de 16 secretarios instructores en la Sala Superior, sólo 4 eran mujeres, de las cuales tres lograron ser magistradas, lo que significa que fomentar su integración en estos cargos y su profesionalización genera condiciones para ocupen altos puestos.
 
Agregó que otra medida es crear un Centro de convivencia en el Tribunal Electoral como se hizo en la Sala Regional para que las mujeres puedan llevar a sus hijos, en particular cuando hay procesos electorales donde las sesiones se amplían.
 
Además Otálora Malassis, expuso que en la actualidad hay una judicialización de la vida política, es decir, que cada vez más las diferencias dentro de los partidos se llevan a los tribunales lo que es un signo de confianza en las instituciones pero también una señal de que una excesiva regulación fomenta la cultura de la desconfianza.
 
En este escenario y de cara a las elecciones de 2018 donde se elegirán gobernadores, se renovarán las Cámaras del Congreso de la Unión y habrá elección presidencial, previó que la carga de trabajo será mayor por lo que propuso crear una figura del “mediador electoral”.
 
Destacó que este mediador se encargaría de dirimir los conflictos que se dan dentro de los partidos políticos y que ahora llegan a los tribunales a través de juicios para la protección de derechos político- electorales, la tarea de este nuevo mecanismo sería facilitar el diálogo y la conciliación para evitar la judicialización de los procesos.  
 
La Comisión de Justicia continúa con las comparecencias, toda vez que aún falta conocer dos ternas más para que se realice un dictamen que se mande al pleno, donde las y los senadores elegirán a los próximos siete integrantes de la Sala Superior que deberán comenzar funciones en noviembre próximo.
 
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ZONA DE REFLEXIÓN
Participación Política de las Mujeres
   ZONA DE REFLEXIÓN
El discurso de los privilegios
Archivo CIMACFoto
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/09/2016 No cabe duda que los privilegios masculinos están fuertemente resguardados por los hombres. Perderlos no es fácil y argumentos para asegurarlos hay, sobre todo cuando se trata de cuestionar a las mujeres que buscan tomar lo que por derecho les toca.
 
Estos hombres, los del discurso a favor de los privilegios masculinos, se parecen al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump: dicen buscar lo mejor, sin importar que sea rechazando, discriminando y fomentando la desigualdad.
 
Algo así estamos observando ahora. En pleno proceso para la renovación de siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los señores del poder sobre la justicia han logrado la fórmula perfecta para mantener la mayoría de los asientos y “ceder” dos lugares para las mujeres.
 
Incluso, algunos realmente se sienten orgullosos de este acto de “desprendimiento” al lograr pasar –casi como hazaña, como en milagro y hora que la violación al principio de laicismo está de moda– de uno a dos lugares para las mujeres. Acto más noble no puede caber, pues de los siete lugares que se renovarán ellos se quedan con cinco.
 
Pese a la evidente desigualdad del proceso, ahora en manos del Senado, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y algunos senadores han logrado mantener el “equilibrio” para este cambio en las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, a la que tocará, ni más ni menos, resolver los conflictos legales durante los proceso electorales de Estado de México en 2017, las elecciones presidenciales de 2018, así como 29 elecciones estatales.
 
Veamos el equilibrio: de 126 aspirantes registrados al inicio del proceso 20 eran mujeres, en la segunda etapa de 42 aspirantes 10 eran mujeres, al final de 21 candidatos 6 son mujeres.
 
Claro que argumentos para mantener los privilegios hay, y miremos si no. En julio pasado el magistrado del TEPJF, Manuel González Oropeza, afirmó que en la renovación de la Sala Superior lo “deseable” era privilegiar el mérito a la equidad del género.
 
La afirmación sonó maravillosa, quién quiere funcionarios mediocres, magistrados que no sepan o que su ética se acomode al mejor postor, ustedes me dirán. ¡Claro!, queremos que sean los méritos los que cuenten, pero también para ellos.
 
Sí, que demuestren méritos quienes han mantenido su posición de poder en la mayoría de los cargos públicos y los puestos de decisión, quienes por ejemplo decidieron invitar a la casa a quien la insulta. Sí, hablo de la invitación que Enrique Peña Nieto hizo a Donald Trump para venir a México.
 
¿POR QUÉ ESTA EXIGENCIA?
 
Cómo diría la filósofa Amelia Valcárcel, la meritocracia debe funcionar para todas y todos. Exigirla sólo para una parte –la que ha sido excluida– y dar por sentado que los otros –los de poder y los privilegios– ya tienen el mérito incluido sólo por ser hombres, es un argumento que busca justificar que ellos sigan teniendo el mayor número de sillas en todos lados.
 
En días pasados, diversas organizaciones civiles y personalidades a favor de la democracia llamaron a que en esta renovación de la Sala Superior del Tribunal Electoral se tomaran en cuenta los principios de legalidad, integralidad, honestidad, justicia e independencia de los partidos políticos, al momento de la selección de quienes ocuparán las siete sillas que en unos días estarán vacantes.
 
¿Por qué esta exigencia?, sencillamente porque en las cifras del Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México (INE, 2014), las instituciones encargadas de impartir justicia son parte del problema y tienen los más bajos niveles de confianza.
 
Los jueces ocupan el quinto sitio con los menores niveles de confianza ciudadana (25 por ciento) sólo superados por los policías (22 por ciento), sindicatos (21 por ciento), partidos políticos (19 por ciento) y diputados (18 por ciento).  Todos estos integrados mayoritariamente por hombres.
 
Sin duda alguna hay guardianes fuertes y aguerridos que defienden los privilegios masculinos, aun cuando el juicio de la historia demuestre que los méritos no han sido los que les han dado el poder, sino que el poder les ha dado los méritos para seguir en él.
 
* Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
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INTERNACIONAL
POLÍTICA
   Destitución, en manos de corruptos
Brasil: solo falta que el Senado confirme golpe contra Rousseff
La presidenta suspendida Dilma Rousseff, a la derecha, durante un encuentro con el Movimiento de Mujeres, en la residencia del Palacio de la Alvorada, en Brasilia, el 17 de agosto, días antes de comenzar el juicio que se prevé que concluya con su destitución | Foto: Roberto Stuckert Filho PR
Por: Mario Osava*
Cimacnoticias | Río de Janeiro, Bra.- 22/08/2016 Solo un milagro podría salvar a la presidenta Dilma Rousseff de la destitución en el juicio político en el Senado de Brasil, que empieza el 25 de agosto y cuyo desenlace se prevé para seis días después.
 
Es la evaluación de Fernando Lattman-Weltman, profesor de política en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, un crítico del proceso contra Rousseff, que considera “un golpe”, al igual que lo hacen los partidarios de la presidenta, suspendida de funciones desde el 12 de mayo.
 
“Un hecho consumado” es cómo ve la situación Antonio Augusto de Queiroz, director de Documentación del Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria, una organización que sigue las cuestiones legislativas para el movimiento sindical.
 
Sesenta de los 81 senadores aprobaron el enjuiciamiento de la presidenta el 9 de agosto, lo que anticipa que se alcanzará con creces la mayoría de dos tercios que la Constitución exige para inhabilitarla definitivamente.
 
Ese fue el último paso para abrir el juicio que pondrá fin al largo proceso destinado a sacar del poder a la primera mujer que alcanzó la presidencia de Brasil, al ganar los comicios de 2010 y resultar reelecta en 2014.
 
EN DICIEMBRE INICIÓ EL GOLPE
 
El procedimiento de “impeachment” (destitución) se abrió en diciembre, cuando el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, alejado del cargo por denuncias de corrupción y obstrucción a las investigaciones en su contra, acogió una de las 37 solicitudes efectuadas por personas e instituciones para inhabilitar a Rousseff.
 
El 17 de abril la Cámara de Diputados aprobó, por 367 votos a 137, la continuidad del proceso, derivándolo al Senado que es la instancia juzgadora en estos casos.
 
La acusación es de delito de responsabilidad, un concepto genérico y difuso que permite destituir al jefe del Poder Ejecutivo cuando “atenta” contra “el libre ejercicio” de los demás poderes constitucionales, la seguridad interna del país, la probidad administrativa, la ley presupuestaria y otras legislaciones.
 
El Senado acogió el proceso por 55 votos contra 22, una decisión adoptada el 12 de mayo que determinó la suspensión de sus funciones de Rousseff y la designación del vicepresidente Michel Temer, como mandatario interino, hasta el fallo final de los senadores.
 
Todas esas decisiones de diputados y senadores fueron precedidas por resoluciones de comisiones especiales, aprobadas tras largos debates y trámites procesuales. El Senado tenía un plazo de 180 días para concluir el juicio, pero deberá hacerlo en 111 días.
 
“El golpe, la ruptura ya ocurrió, ahora se trata solo de confirmarlo en el Senado”, dijo Lattman-Weltman a IPS. “Es una mala salida para la crisis, porque disminuye las instituciones, rompe las reglas democráticas, el orden jurídico”, que requiere el voto popular para legitimar el poder, acotó.
 
Pero no piensa así una amplia mayoría de legisladores, que viene superando fácilmente los dos tercios constitucionales para proseguir con el proceso, y de la población, que desde 2015 se manifestó en multitudinarias protestas en contra del gobierno de Rousseff y del Partido de los Trabajadores (PT), que gobernó el país desde 2003, hasta mayo.
 
SECTOR PRIVADO, FACTOR EN CONTRA
 
“El principal error de la presidenta fue la falta de diálogo no solo con el parlamento, sino también con el mercado, con los empresarios”, analizó Queiroz.
 
“El origen de todo fue el modo de interferir en la economía, reduciendo el margen de utilidades del sector privado, sin un diálogo previo”, explicó. “Enfrentar el sistema financiero, como ella hizo, no perjudica la popularidad del gobernante, porque a nadie le gustan los banqueros, pero es distinto con el sector productivo”, observó.
 
“Con más diálogo se podría hacer lo que ella hizo sin tantos cuestionamientos, pero hubo se prefirió emplear la autoridad, en lugar de la legitimidad, y la política no perdona a quienes la menosprecian o la usan de forma inadecuada”, concluyó.
 
Rousseff decidió dar batalla, en sus probables últimos días de presidencia formal.
 
El 16 de agosto difundió un mensaje a los brasileños y al Senado, condenando el “golpe de Estado” que representaría su destitución y proponiendo un plebiscito para convocar nuevas elecciones presidenciales y un pacto de “Unidad Nacional”, como la fórmula para superar la crisis política.
 
Su carta abierta tuvo escasa repercusión. Unas elecciones presidenciales anticipadas no son viables, requerirían una enmienda constitucional y un tiempo que superaría el plazo existente, ya que en 2018 serán los comicios regulares, admitió el mismo presidente del PT, Rui Falcão.
 
25 DE AGOSTO, SU RESPUESTA
 
La presidenta suspendida también decidió concurrir al juicio, el 29 de agosto, para pronunciar un alegato de defensa y responder a las preguntas de los senadores y abogados de la acusación y la defensa. Antes pensaba solo leer su alegato y no someterse al interrogatorio, que podrá prolongarse por todo el día.
 
El juicio empezará antes, el 25, con las manifestaciones iniciales de los abogados y senadores, seguidas del testimonio de ocho testigos de defensa y dos de acusación, que podrían absorber los días 27 y 28.
 
La conclusión del proceso será el 30 de agosto con los argumentos finales de los abogados de la defensa y la acusación y de todos los senadores que quieran hablar, con un límite de diez minutos para cada uno. Por ello se prevé que la votación de los 81 senadores solo terminará en la madrugada del 31 de agosto.
 
La suerte ya está echada, solo se cumplirá los ritos formales del juicio, según Queiroz.
 
Aun así hay senadores que apuestan por un inesperado vuelco.
 
“Es difícil, pero no imposible”, según el senador socialista João Capiberibe, que defiende la salida de elecciones extraordinarias para retroceder, en la práctica, al sistema de “elecciones indirectas”, restringidas a colegios electorales legislativos, típicas de la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985.
 
Además de la falta de diálogo, “hubo errores en la conducción económica y una situación política incontrolable”, señaló Lattman-Weltman, como causas de la caída de Rousseff y del PT.
 
DESTITUCIÓN EN MANOS DE CORRUPTOS
 
El “factor fundamental fue la inseguridad generada por la operación Lava Jato (autolavado de vehículos)”, dijo el cientista político, en referencia al escándalo de corrupción promovido desde la empresa estatal Petrobras, que involucró a más de 200 empresarios, políticos, directivos de empresas y funcionarios del gobierno.
 
La corrupción fue, de hecho, el gran problema que a juicio de la población echó a perder gobiernos del PT, iniciados en 2003 por el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva. Antes del actual escándalo, hubo otro en 2005, en que fueron condenados varios dirigentes del PT, acusados de comprar votos de parlamentarios.
 
La presidenta suspendida no está directamente acusada, pero como jefa de dos gobiernos del PT, se vio arrollada por la ira nacional contra la corrupción.
 
La ironía, y lo que ahonda la inconformidad de Rousseff y sus defensores, es que su destitución la va a decidir un Congreso Nacional poblado y dirigido por parlamentarios denunciados o ya reos por corrupción, cuyos juicios están a cargo del Supremo Tribunal Federal, una instancia donde los juicios duran mucho y las sentencias se demoran largo tiempo.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
 
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