NACIONAL
VIOLENCIA
   Sobreviviente de feminicidio
Con el agresor libre, fiscal concedió “patrullaje” para proteger a Xochitl
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/03/2017 La seguridad de Xochitl, sobreviviente de feminicidio, sigue en riesgo, porque la fiscal de litigación del Ministerio Público (MP) de Ixtlahuaca solo ordenó rondines policiacos por su domicilio para protegerla, pese a que el agresor, Gabriel Gamaliel Reyes Balderas, sigue libre.
 
Esta medida es insuficiente, advirtió en entrevista con Cimacnoticias la abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC (Gadh), Yesmerai Betanzos, quien lleva el caso de Xochitl, ya que incluso cuando habían sido otorgadas medidas cautelares para la víctima, fue hostigada por un hombre y una mujer que intentaron entrar a su casa y, al llamar a los números que la autoridad le dio, los policías llegaron 40 minutos después.
 
Recordó la abogada que el intento de feminicidio ocurrió el 27 de mayo de 2016, cuando Reyes Balderas, después de seguir por varios días a Xochitl, la amenazó con una pistola a subir a una camioneta, donde la violó, la golpeó, dejándole dos costillas rotas, e intentó asesinarla. Ella logró escapar y el agresor fue detenido. Sin embargo, el 5 de enero pasado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México lo dejó libre.
 
Xóchitl, a través del Gadh, presentó una apelación a la libertad del potencial feminicida Reyes Balderas, sustentada en que no hubo una adecuada investigación ni se valoraron las evidencias a través de la perspectiva de género, como lo ordena la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
 
El primero de marzo de 2017, la Sala Colegiada Penal de Toluca revocó la sentencia de libertad otorgada a Gabriel Gamaliel Reyes, y ordenó a la policía ministerial de Ixtlahuaca, Estado de México (Edomex), su pronta localización y aprehensión. También otorgó medidas cautelares para la sobreviviente.
 
Es por eso que la abogada Betanzos considera que Xochitl aún está en riesgo, ya que incluso con medidas cautelares fue hostigada en su casa, por lo que el patrullaje resulta insuficiente para protegerla. 
 
Este caso, señaló Yesmerai Betanzos, no es único, “en general existe una problemática con la seguridad que las autoridades brinda a las mujeres que han sufrido violencia de género, o sobreviven a una tentativa de feminicidio” porque “difícilmente cualquiera de ellas puede asegurar su integridad personal efectiva con estas medidas.”
 
Betanzos añadió que las deficiencias comienzan desde el sistema policiaco, ya que no hay personal suficiente y especializado para atender a víctimas que se enfrentan a este tipo de violencia, además de que “los tiempos de respuesta son muy lentos, y medidas, como botones de pánico o rondines, se ha experimentado que no funcionan.”
 
En otras ocasiones, comentó, se refuerzan las viviendas con protecciones, se instalan cámaras de seguridad, lo cual puede funcionar en los domicilios, pero una vez que las víctimas dejan su hogar y transitan en el espacio público su vida corre peligro, y aún no logra ser efectiva las medidas en ese campo.
 
En las próximas semanas, informó la abogada, se reunirán con autoridades de la Procuraduría mexiquense para determinar y valorar las medidas de protección que se le mantendrán o agregarán a Xochitl.
 
SOBREVIVIENTES, ALEJADAS DE SU VIDA
 
La abogada del Gadh dijo que el caso de Xochitl demuestra la situación que enfrentan las mujeres después de un intento de feminicidio: abandonan sus actividades, sus hogares, dejan su comunidad y familiares, se aíslan por el temor que tienen a que sus agresores regresen para acabar lo que intentaron, o porque “la comunidad es incapaz de comprender su vivencia y la estigmatiza.”
 
El apoyo psicológico es fundamental para lograr que las sobrevivientes de estos ataques reconstruyan su vida, indicó la abogada Betanzos, e instituciones como la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia de Género y Trata de Personas (Fevimtra) están encargadas de hacer este acompañamiento.
 
Pero, cuando las víctimas no encuentran respaldo en las instituciones de gobierno, son las organizaciones civiles especializadas en temas de feminicidio las que les han dado ayuda, señaló la especialista
 
Cabe recordar que dentro de la sentencia que dictó la Sala Colegiada de Toluca, se ordenó la reparación de daños a la víctima, por lo que el delincuente deberá pagar por dos años la atención psicológica privada para la recuperación de Xochitl.
 
FALTAN RESOLUCIONES
 
Entre las resoluciones que quedan pendientes está la localización y captura de Gabriel Gamaliel Reyes, aún prófugo; la investigación de servidores públicos que atendieron el caso, pues Xochitl nunca fue informada por las abogadas de oficio de la obligación que tiene la autoridad de respetar el debido proceso, ni recibió los citatorios para acudir al MP de Ixtlahuaca y continuar la demanda, además de que fueron desechadas como evidencias la camioneta y el semen del agresor, y se dudó de su declaración.
 
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NACIONAL
POBLACIÓN Y DESARROLLO
   Gobierno dice que es prioridad, pero le quita recursos para 2017
Prevención y atención de violencia contra mujeres, sólo en papel
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 30/09/2016 Pese a que uno de los objetivos del gobierno federal es prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas y garantizar su acceso a la justicia -según el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018- el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017 prevé recortes a programas en la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR).
 
Para cumplir este objetivo el PPEF incluye en el Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, un apartado que contiene montos específicos para este objetivo.
 
Entre las instancias que reciben recursos para erradicar la violencia de género están la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) de la Segob, y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la PGR.
 
Para 2017 el PPEF contempla una reducción para los recursos del programa “Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres”, de la Conavim, toda vez que planea otorgarle 143 millones 844 mil 21 pesos, mientras que en 2016 recibió 204 millones 370 mil 290 pesos.
 
Con los recursos de este programa la Comisión realiza diversas acciones, por ejemplo, diseña e instrumenta la política pública en materia de igualdad entre mujeres y hombres y construye y equipa los Centros de Justicia para las Mujeres.
 
A la fecha existen 29 Centros de este tipo que están en funcionamiento, 27 de los cuales atendieron a un total de 17 mil 13 mujeres víctimas de violencia durante los primeros tres meses de 2016, según informó la Conavim a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su primer informe trimestral sobre avances financieros.
 
En una reunión con la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Alejandra Negrete Morayta, titular de esta instancia, informó que estos centros están equipados para atender a las mujeres, cuentan con Ministerio Publico, salas de juicios orales y ludoteca para las hijas e hijos de las víctimas.
 
De acuerdo con la funcionaria este año se invirtieron 51 millones de pesos para la construcción de Centros de Justicia para las Mujeres y hasta ahora sólo falta que Tlaxcala tenga uno de estos complejos arquitectónicos. 
 
La Segob también es la encargada de operar el “Programa de Derechos Humanos” el cual está en manos de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y de la Dirección General de Estrategias para la Atención de los Derechos Humanos de esta dependencia, el cual funcionará con menos recursos el siguiente año; este año recibió 37 millones 205 mil 286 pesos; para 2017 obtendrá 19 millones 76 mil 260 pesos.
 
Estos recursos son para acciones específicas para mujeres en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y para la implementación del Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de la Trata de Personas y la Protección de Víctimas de estos Delitos.
 
Parte de esta bolsa también se usa para operar y fortalecer el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.
 
En materia de delitos la PGR también recibe recursos para atender la violencia de género a través de la Fevimtra, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos. El PPEF también reduce los recursos destinados a esta instancia.
 
Por ejemplo, el programa presupuestario “Investigar y perseguir los delitos relativos a la delincuencia organizada”, pasaría de tener 66 millones 179 mil 517 pesos, a 52 millones 271 mil 350 pesos.
 
La SEIDO utiliza estos recursos para acciones como capacitar al personal en temas de sensibilización de género y para realizar investigaciones como lo mandan las Leyes Generales para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 
Otro programa que opera la PGR es el de Promoción del respeto a los Derechos Humanos y atención a víctimas del delito – a cargo de Fevimtra– a través del cual se realizan investigaciones acordes con las leyes para erradicar la trata de personas y la violencia de género el cual  tuvo este año 4 millones 76 mil 570 pesos y para 2017 recibirá 3 millones 694 mil 582 pesos.
 
Actualmente la Cámara de Diputados está en análisis del PPEF 2017 para que las y los diputados eventualmente hagan  modificaciones para aprobarlo en noviembre próximo, en este proceso la Comisión de Igualdad de Género puede proponer  adecuaciones a fin de no reducir los recursos para hacer frente la violencia de género.
 
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