Justicia

INTERNACIONAL
Aborto
   Mujeres se organizan ante criminalización
   
En Dominicana el aborto también es por la vida
Dos de las mujeres que se manifestaron por el derecho al aborto frente al Congreso Nacional./ Iris Murillo
Por: Alicia Medina e Iris Murillo*
Cimacnoticias | Bilbao, Esp .- 31/07/2017

Además de ser uno de los cuatro países del continente americano donde la interrupción del embarazo está totalmente prohibida y penalizada en todas sus formas, República Dominicana se encuentra entre los países de la región con mayor número de embarazos adolescentes; para los 19 años, casi la mitad de las dominicanas (43,9 por ciento) han tenido por lo menos un parto.
 
“La tasa de mortalidad materna es de 106 casos por cada 100 mil nacidos vivos” una alarmante cifra que supera la media de la región (77), indica la directora del Centro de Estudios de Género (CEG-INTEC), Lourdes Contreras. Las hemorragias y abortos son unas de las principales causas de muertes maternas, “en el caso de las menores de edad, cerca del 13 por ciento de las muertes son a causa de abortos inseguros”, señala Contreras. En este punto, como dice la consigna del movimiento de mujeres dominicanas, “el Aborto es Por La Vida”.
 
Desde hace veinte años se lleva debatiendo en el país sobre la necesidad de cambiar el actual Código Penal (que data de principios del siglo XIX). En el año 2014 se logró ratificar una ley que permitía la interrupción del embarazo en tres causales: en los casos de violación o incesto, cuando está en riesgo la vida de la gestante y cuando una malformación del embrión es incompatible con la vida, pero esta realidad nunca llegó a materializarse y el 15 de diciembre de 2016 volvió a quedar totalmente penalizado el aborto en el país.
 
Por ello, feministas dominicanas salieron a manifestarse frente al Congreso Nacional de Santo Domingo, la capital del país, cuando se discutió en mayo pasado, en el Senado, el derecho de las mujeres a decidir y donde una vez más, el hemiciclo compuesto principalmente por hombres se otorgaba el privilegio de dictar sentencia contra el derecho a la vida de las mujeres; rechazar el aborto por causales manteniendo la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo en todas sus formas.
 
“Esto solo demuestra la misoginia de Estado”, lamentaba una de las mujeres allí presentes. “Vamos a acudir a todas las instancias necesarias, está en nuestra historia la lucha por la libertad y la justicia, no vamos a permitir que sustraigan nuestros derechos”, aseguró la representante del Foro Feminista Katherine Jaime.
 
“No es casualidad que ahora el Senado rechace las tres causales, están aprovechando que el Gobierno está involucrado en un escándalo de corrupción”, sentenció la activista. Y no. No es casualidad que en un país con unos índices de desigualdad alarmantes donde la pobreza tiene rostro de mujer todavía no se pueda ejercer el derecho al aborto ni siquiera cuando la vida de la gestante está en peligro. No es casualidad porque, en realidad, las únicas que están en peligro son las mujeres que no tienen recursos para costearse un aborto seguro en una clínica privada: una mayoría invisibilizada.
 
Han pasado cuatro años desde que Rosaura Almonte, más conocida como Esperancita, enfermó de leucemia y falleció en el mismo hospital que le negó el tratamiento por estar embarazada de un mes. Tenía 16 años. “Este tipo de casos siguen sucediendo”, explica la abogada del caso, Indiana J. Jiménez, “la impunidad en el país salpica a procesos como este en el que llevamos cuatro años solicitando el expediente al que todavía no hemos tenido acceso”. El asesinato legal de Esperancita es uno de tantos ejemplos que evidencian que las mujeres jóvenes con menos recursos son las más afectadas por la penalización del aborto; por lo que las feministas exclamaban frente al Hemiciclo: “¡Congreso Nacional, asesino de mujeres!”.
 
CONSPIRAR CON LA NATURALEZA
 
Ajena a todo el ajetreo de la ciudad, en el pequeño pueblo de la Ciénaga en la provincia de Barahona, vive María Esther. Ella tiene 28 años y tres hijos de 6, 5 y 3 años, respectivamente. Trabaja como secretaria de la única cooperativa de mujeres que existe en la localidad. “Aquí hay muchas mujeres que abortan pero de eso no se habla porque es un pecado mortal”, asegura antes de cambiar de tema cuando un hombre entra por la puerta de la cooperativa. “Mi prima abortó”, continua Esther, “ella se metió varias pastillas de Citek por ahí abajo y se tomó un jugo rojo. Pero si quieres votar un embarazo también hay gente que prepara botellas”.
 
“Las botellas generalmente se preparan de simples hierbas que todo el mundo sabe pa’ que son, ahora bien, pocas se atreven a reconocerlo en público, pero la utilizan”, explica Minerva Reyes, quien se define “como mujer, como Negra, como campesina y como abogada constitucionalista”. Ella vive en la capital de Barahona y conoce bien este tipo de remedios abortivos naturales: “Yo creo que el aborto es una opción ancestral que nos ha brindado la madre naturaleza en una forma de conspiración directa con ella. El aborto es una opción que debe existir, la posibilidad de traer o no una nueva vida a costa de nuestros cuerpos”.
 
Según el Código Penal vigente, la mujer que por cualquier medio cause la interrupción del embarazo será sancionada de 2 a 3 años de prisión. En el caso del personal médico, parteras y demás profesionales, la pena es mayor: de 4 a 10 años, siendo en ambos casos la pena máxima de 30 a 40 años de cárcel.
 
FRENTE A LA MORAL CRISTIANA DOMINANTE, 28 LUNAS
 
Cansadas de un Estado que no las representa, un grupo de mujeres decidieron que no iban a obedecer leyes que vulneran sus derechos. Bajo el nombre de “28 Lunas” un grupo de activistas creó a finales de 2016 una línea telefónica (o hotline) para informar sobre “aborto seguro”. Según explica a través de esa misma línea Marina, una de las integrantes de la organización, ellas ofrecen a las mujeres información sobre cómo interrumpir un embarazo con misoprostol, un medicamento que en República Dominicana se vende bajo el nombre comercial de Citek.
 
 “Les damos las indicaciones médicas necesarias (basadas en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS) y, sobre todo, apoyo emocional. De hecho, hay mujeres que ya conocen el proceso pero que igualmente nos llaman porque necesitan acompañamiento”. Marina explica que el apoyo que ofrecen a las mujeres es vital ya que a veces el sentimiento de culpa les duele más que el sangrado que provocan las pastillas.
 
Cuando Amanda (pseudónimo utilizado para proteger la identidad de la entrevistada) se enteró de su embarazo, sintió cómo el futuro que estaba construyendo se tambaleaba. Habitante de una comunidad empobrecida de Monte Plata, al este del país, ella es estudiante y madre de una niña de dos años. Amanda sabía que no quería tener ese bebé pero ¿cómo? ¿en quién confiar para realizar algo en contra de la moral cristiana dominante?
 
En una pared de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) encontró una posible solución: un grafiti que rezaba “Aborto seguro” y un número de teléfono. “Necesitaba hacerlo y decidí escribirles por Whatsapp”. Al otro lado de la línea la misma Marina recibió la llamada y le aportó la información necesaria para que Amanda pudiera decidir sobre su cuerpo y su futuro.
 
Las 28 lunas recomiendan el uso del Citek porque sus efectos son “exactamente iguales a los de un aborto natural”. Según asegura Marina, hasta ahora las mujeres atendidas por las 28 lunas han realizado el proceso sin complicaciones pero, teniendo en cuenta que las mujeres que deciden interrumpir su embarazo se arriesgan a penas de cárcel, tienen un protocolo para que sepan cómo actuar en caso de que, por ejemplo, un médico trate de interrogarlas: “Es importante que no se pongan nerviosas y que sepan que solo pueden ser descubiertas si declaran haberse inducido un aborto o si se encuentran restos del medicamento, de ahí que recomendemos el método sublingual ya que de este modo es más fácil eliminar los restos”.
 
SERMONES VS. DERECHOS
 
“Esas sucias lenguas quieren embaucar a nuestros jóvenes en la cultura de la fornicación”, ladra uno de tantos predicadores que lanzan sus discursos en las horas pico del metro de Santo Domingo. Con una temperatura media anual de 25 grados, la República Dominicana es un país caliente en todos los sentidos: la bachata, el merengue, el reguetón y el dembow, marcan los ritmos del ambiente caribeño.
 
A pesar de que la juventud dominicana comienza su vida sexual para los 12 ó 13 años, en las escuelas no se trata el tema de la salud sexual y reproductiva y esa es, según estudios sobre género y juventud, la causa fundamental por la que se perpetúa un imaginario de futuro desigual entre adolescentes. Mientras que las niñas enfocan su vida a la maternidad, los niños tienen otros referentes menos dependientes.
 
Esta realidad está tan naturalizada e interiorizada que “un artículo reveló que una de las abuelas más jóvenes del mundo era una dominicana de 26 años”, apunta la directora del CEG.
 
Hasta ahora la medida de prevenir el embarazo adolescente se limita a reforzar la conservadora idea de mantenerse virgen hasta el matrimonio, tratando de alejar a la juventud de su vida sexual con campañas superficiales que les dicen “Tú No Ta’ Pa’ Eso”.
 
Convencida del problema estructural que conlleva la falta de educación sexual, la ginecóloga obstetra Liliam Fondeur asegura que las dominicanas “queremos educación sexual basada en los derechos y no en el miedo”.
 
17/AM/IM








NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Organizaciones exigen a gobernador de Chihuahua evitar impunidad
   
Exigen informe detallado sobre pesquisas de caso Miroslava Breach
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/06/2017

Las organizaciones, Articulo 19 Oficina para México y Centroamérica, Comunicación e Información de la Mujer, A. C. (CIMAC), el Comité para la Protección de los Periodistas, el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica y Reporteros sin Fronteras, exigieron justicia al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, y a la Fiscalía General del estado, a 3 meses del feminicidio de la periodista Miroslava Breach.
 
Las organizaciones defensoras de la libertad de expresión se pronunciaron porque se rinda un informe detallado sobre el progreso de las indagatorias, ya que pese a los discursos de las autoridades locales que aseguran tener identificados a los responsables no se ha emitido ninguna orden de aprehensión contra los autores materiales ni intelectuales del asesinato.
     
Exigieron también que se evite la impunidad en el feminicidio de Miroslava Breach y que se realice una investigación adecuada con perspectiva de género, que se castigue a los culpables y se garantice la reparación del daño para la familia.
 
Que el gobierno federal y local establezcan una coordinación eficiente para el impulso de medidas concretas de protección para quienes ejercen el periodismo en Chihuahua y evite la criminalización de las y los  periodistas en el desempeño de su trabajo.
 
Finalmente exigieron que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), informe los avances que tiene en la investigación de conformidad a su mandato constitucional.
 
Lo anterior, señala el comunicado, de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA en su informe publicado en 2014 y en las que señala:
 
“Investigar, juzgar y sancionar la violencia contra periodistas, incluidas, cuando sea necesario, unidades especializadas de investigación o tribunales especializados y los procesos, eliminando así todas las barreras de género que obstaculizan o impiden a las mujeres periodistas el ejercicio de su derecho a la justicia”.
 
Al cumplirse este día 93 días del feminicidio de Miroslava Breach,  “exigimos  al gobierno federal y de Chihuahua que tomen las medidas necesarias y adecuadas que  reviertan el evidente patrón  de impunidad que presentan los casos de asesinatos de periodistas”.
 
Desde 2002 y hasta 2017 CIMAC, ha registrado y documentado 331 hechos violentos en contra de las periodistas por su labor profesional, 19 casos de feminicidio y dos desapariciones. En su informe, “El poder del Cacicazgo. Violencia contra mujeres periodistas 2014-2015”, CIMAC documentó que en los últimos dos años se registraron casi la mitad de todos los atentados.
 
17/LGL
 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Enlistan pendientes para atender Alerta
ONG chiapanecas denuncian dilación y omisiones en AVG
Imagen retomada de la campaña Niunamas de Chiapas
Por: Isaín Mandujano
Cimacnoticias/DiarioContrapoderenChiapas | Tuxtla Gutiérrez, Chis .- 05/09/2017

La red de organizaciones sociales y civiles que integran la “Campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio” denunció que a nueve meses de la declaración de la Alerta de Violencia de Género (AVG), sigue “lento el proceso” para blindar a las mujeres contra el feminicidio y otras acciones violentas que sufren a diario en la entidad.

La red denunció hoy que tras varias reuniones con las autoridades estatales, sigue pendiente formalizar la instalación para el seguimiento y coordinación con los 23 enlaces municipales, y que tampoco se define cómo se va a incluir el trabajo de los municipios indígenas.

Previo a la instalación de una mesa de trabajo este miércoles 6 en Tuxtla Gutiérrez, las ONG solicitaron al gobierno estatal se tomen las medidas necesarias para garantizar la asistencia de los alcaldes municipales y sus enlaces para avanzar en la puesta en marcha de la AVG a nivel de las localidades y respecto al tema de salud de las mujeres, aún continúa pendiente por agendar la fecha de la reunión para la instalación formal, ya que la pactada el mes pasado fue cancelada de última hora.

Sobre este último tema dijeron que además de tratar lo relacionado con la capacitación de la Norma Oficial Mexicana 046 Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Actuación; también verán los casos de violencia obstétrica, la aplicación de los protocolos de actuación ante violaciones sexuales, violencia directa y el procedimiento para operar las órdenes de protección.

En la mesa de materia de justicia siguen a la espera de la propuesta metodológica y de los contenidos para la integración de las tres unidades y/o mesas a fin de atender las medidas ordenadas para solucionar las demandas de justicia de las mujeres en Chiapas.

Hicieron un llamado a las autoridades competentes del gobierno de Chiapas para que, en tanto se avanza en las medidas de la Alerta, no incurran en omisiones y atiendan con debida diligencia los casos de violencia de género y feminicidio que se presentan en la entidad, ya que tan sólo en este mes de agosto, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas AC,  cerró su monitoreo con 27 casos de violencia, que van desde amenazas, agresiones, lesiones, homicidios dolosos, muertes sospechosas y feminicidio en varias regiones del estado.

Consideraron que es de suma importancia que las mujeres y la población en general, se mantengan informadas sobre las acciones que se realizan para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como exigir su cumplimiento.

“Esto implica también denunciar el uso de la Alerta de Género con fines electorales, pues su objetivo no es servir para posicionar políticamente a secretarios, gobernantes, diputados, senadores o presidentes municipales a quienes no les interesa la vida de las mujeres”, dijeron activistas como Martha Figueroa Mier, integrante y vocera de la Campaña Popular.

La Campaña Popular la conforman mujeres y hombres de las regiones Norte, Altos, Sierra, Frontera, así como organizaciones civiles, entre ellas el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), la Brigada Feminista por la Autonomía, Casa Cereza, Casa de la Mujer de Palenque, Casa Gandhi, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVIF), Frayba, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba y Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC.

17/IM/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   MP pierde evidencia y trabaja sin perspectiva de género
Nuevo sistema penal exige más rigor al investigar feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/05/2017

El nuevo Sistema de Justicia Penal dificulta el acceso a la justicia de las víctimas de feminicidio, porque las autoridades no realizan con la debida diligencia las investigaciones y recolección de evidencias, elementos ahora fundamentales para demostrar la culpabilidad de los responsables, indicó el coordinador general de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, Rodolfo Domínguez Martínez.
 
El nuevo modelo de justicia entró en vigor a nivel nacional el 18 de junio de 2016, para dar cumplimiento a la reforma constitucional de 2008, sin embargo, hasta ahora ha planteado diversas dificultades para procesar los casos de feminicidio, ya que exige mayor rigurosidad en la obtención de pruebas y presentación de elementos obtenidos en las investigaciones, procesos que, organizaciones civiles han denunciado, no se llevan a cabo bajo los protocoles de actuación, denunció el abogado Domínguez Martínez en entrevista con Cimacnoticias.  
 
“El nuevo sistema es mucho más riguroso en el saber de pruebas, en la forma en que se tiene que presentar las acusaciones formales, aquí se exacerban las dificultades que pueda haber por una mala investigación”, dijo el abogado y especialista en temas de género.
 
Lejos de erradicar las fallas del sistema de justicia tradicional, este nuevo modelo vuelve a presentar trabas por las omisiones en investigaciones de asesinatos violentos de mujeres, señaló Domínguez, “Aquí el problema se vuelve otra vez, estamos detectando: pérdida del material probatorio, falta establecimiento de hipótesis adecuadas para investigación de feminicidio, falta de planes adecuados de investigación, entonces el reto está ahí en procuración de justicia”.
 
NO INVESTIGAN FEMINICIDIO
 
En este nuevo sistema se fortaleció la participación de la policía en la investigación de los delitos, bajo la guía del Ministerio Público (MP), sin embargo, la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, dijo en entrevista que ahí empieza el problema, porque estas autoridades no están investigando en principio los asesinatos violentos de mujeres como feminicidio.
 
“Ahí es donde se pierde la evidencia, donde no se está investigando como feminicidio, tenemos que trabajar más los MP, porque es donde se encuentran las graves violaciones al debido proceso de las investigaciones”, señaló Luz Estrada.
 
“Yo veo la mayor dificultad en cómo se están realizando las investigaciones, hay omisiones graves, a pesar de contar con un tipo penal y protocolo de investigación adecuado, no se están tomando en cuenta los criterios más recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay una desactualización en estos estándares, un retroceso grave”, coincidió Rodolfo Domínguez.
 
JUICIOS ORALES
 
Otra de las características principales del nuevo sistema penal son los juicios orales, que buscan proteger y ampliar los derechos de las víctimas y los ofendidos, la evidencia que resulte de la investigación ahí será fundamental para acreditar el delito, comentó el abogado.
 
“Lo que requerimos es buenas investigaciones que puedan ser sostenidas ante los jueces”, pero se puede presentar otro obstáculo, recordó el abogado, la falta de especialización en perspectiva de género por parte del personal judicial.
 
“Ahí es en dos vías; si tenemos una mala investigación con malos jueces, la consecuencia va ser impunidad”, dijo Domínguez, otro escenario es, “si tenemos buenas investigaciones, ahí la responsabilidad sería del Poder Judicial, que tendría que estar garantizando la impartición de justicia, el escenario ideal sería una buena investigación y juicio con perspectiva de género”.
 
Sin embargo, la realidad a la que se enfrentan las víctimas de feminicidio es otra, indicó Rodolfo Domínguez, los jueces resuelven los casos a partir de criterios anacrónicos, discriminatorios y misóginos, a pesar de las capacitaciones a las que han asistido. El resultado de estas capacitaciones serían “buenas sentencias” dijo Domínguez Martínez.
 
Para el abogado es necesario hacer una revisión de los casos de feminicidio de los cuales se ha denunciado que han tenido irregularidades en las investigaciones, asimismo, inspeccionar la actuación de los jueces, pues son los principales retos que debe enfrentar este nuevo sistema penal para garantizar justicia a las mujeres.
 
17/RED
 








NACIONAL
VIOLENCIA
   Familiares exigen justicia
Ofrenda en la Ciudad de México, para víctimas de feminicidio
Familiares de víctimas de feminicidio montan una guardia en el Memorial de víctimas de violencia de Estado | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/11/2016

Familiares de víctimas de violencia, colocaron ofrendas y flores blancas en el memorial dedicado a las víctimas de feminicidio de Chihuahua, para exigir al Estado Mexicano, que atienda como una emergencia nacional, la violencia en contra de las mujeres y niñas.
 
La movilización ciudadana conformada por diferentes organizaciones civiles, activistas y familiares de víctimas de violencia, denominada “México en Alerta de Género”, convocó a un acto simbólico para recordar a las víctimas de feminicidio de diferentes entidades federativas, con el objetivo de visibilizar los casos y exigir justicia.
 
Se reunieron en el Memorial de víctimas de violencia de Estado, ubicado a un costado del Campo Marte y a unos pasos de una de las principales avenidas de la Ciudad,  y ahí colocaron flores blancas para sumar a este lugar, los nombres de otras mujeres que fueron asesinadas en la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Guerrero.
 
La vocera del movimiento ciudadano “México en Alerta de Género”, la ex subsecretaria para temas globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Olamendi Torres, dijo a Cimacnoticias, que este acto es para recordar a las víctimas de feminicidio en el día en el que las y los mexicanos llevamos ofrendas a los seres queridos que ya fallecieron. Pero lo más importante, dijo, es exigir el acceso a la justicia y resolución de los casos denunciados al Estado Mexicano.
 
Durante el memorial, Samantha Hilario Villavicencio prima de Araceli Villavicencio Arroyo, dijo que Araceli era originaria de la Ciudad de México y se encontraba en juicio por la custodia de sus dos hijos cuando la reportaron como desaparecida. Encontraron su cuerpo en Acapulco, Guerrero, en donde dictaminaron que su muerte fue un “suicidio por ahorcamiento”, hecho que niegan sus familiares quienes exigieron que se investigue la verdadera causa de la muerte de Araceli, ya que considera, fue víctima de feminicidio.
 
En entrevista con Cimacnoticias, Samantha explicó que su prima Araceli tenía 37 años de edad, se dedicaba a la docencia y tenía 2 años en un proceso civil por la guardia y custodia de sus dos hijos de 7 y 10 años de edad.
 
Narró que Araceli era una mujer inteligente y responsable, que desde que decidió separarse de su ex esposo, éste le quitó a sus hijos bajo el argumento de que ella no podía cuidarlos porque estaba “loca”. Lo único que deseaba Araceli, dijo su prima, era poder tenerlos a su lado, es por eso que no admite que su prima se haya suicidado como afirman las autoridades, por lo que exigió a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que investigue el caso como un presunto feminicidio.
 
En entrevista aparte, la fundadora de la Red de Mujeres Líderes por la Equidad y una vida libre de violencia Patricia Patiño Fierro, informó que su agrupación civil representa legalmente a Samantha Hilario Villavicencio y agregó que en la averiguación previa de Araceli, no incluyeron los antecedentes de violencia familiar, la situación que atravesaba por la custodia de sus hijos, y otros detalles que son importantes a la hora de investigar la muerte de una mujer, que en este caso podría ser feminicidio.
 
Araceli fue reportada como desaparecida ante el Ministerio Público de la Ciudad de México el pasado 7 de junio del 2016 y el 27 de junio su cuerpo fue encontrado en Acapulco, Guerrero, en donde dictaminaron que se suicidó.
 
Mujeres declararon a México en Alerta de Género

 
VIOLENCIA CONTRA MUJERES SE INCREMENTA
 
En 2014 se registró en el país un promedio diario de 6.3 defunciones femeninas, de acuerdo con el informe “La violencia feminicida en México. Aproximaciones y Tendencias 1985-2014”, elaborado por ONU-Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Secretaría de Gobernación.
 
El documento muestra que en el estado de Chihuahua se registró la menor disminución de asesinatos de mujeres, y que en Tlaxcala, Tamaulipas, Hidalgo, Sinaloa, Oaxaca, Nayarit, San Luis Potosí y Sonora hubo incluso un aumento de esta violencia.
 
Entre otros datos del informe destaca que los asesinatos de mujeres aumentaron 92.9 por ciento en México entre 2007 y 2014. En esos 7 años, se alcanzó el punto máximo de homicidios de mujeres registrados en las últimas tres décadas.
 
En 2008 y 2012 hubo un incremento importante de crímenes contra mujeres que alcanzó la cúspide en 2012, con 2 mil 761 casos; pero –de acuerdo con el reporte– en 2013 los asesinatos bajaron a 2 mil 594, y para 2014 volvieron a disminuir para quedar en 2 mil 289 casos de feminicidio.
 
Respecto al Estado de México, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de 2005 a 2014, el Edomex recibió el reporte de 4 mil 281 mujeres desaparecidas, de las cuales se reportó que 2 mil 727 fueron localizadas con vida, aunque se desconoce la forma y lugar de la localización; 95 fueron encontradas sin vida, y mil 500 –en su mayoría de entre 16 y 18 años de edad– permanecen como desaparecidas.
 

 
16/GVV/LGL








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Cierran etapa de instrucción sin notificar a familiares
Esperan sentencia por 3 casos de feminicidio en SLP
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/10/2016

La abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC, Karla Micheel Salas Ramírez, denunció irregularidades en la etapa de instrucción de tres casos (de las 5 víctimas) de feminicidio de San Luis Potosí, ya que el Ministerio Público omitió los testimonios de los familiares que dan cuenta del contexto de violencia al que fueron sometidas las víctimas, además de que esta etapa ya se cerró.
 
La representante legal de los familiares de las niñas Itzel Romani Castillo Torres y Dulce Ximena Reyes Rodríguez, así como el de la adulta Eliehoenai Chávez Rivera, víctimas de feminicidio por parte del exmilitar Filiberto Hernández Martínez, explicó que ahora están en espera de la sentencia que deberá emitir la Sala Superior del Tribunal de Justicia de aquella entidad.
 
La abogada dijo que el cierre de los casos no fue notificado a las y los familiares quienes exigían la reclasificación del delito a feminicidio y una investigación con perspectiva de género, ya que de esa manera las posibilidades de que el agresor salga libre se reducen, no obstante, aclaró, existe la posibilidad de que éste pueda obtener la libertad por falta de pruebas, y porque en uno de los 5 casos de los que se le acusa, su defensa alegó tortura, lo que le permitió quedar exonerado de esa acusación.
 
ELIEHOENAI
 
Las cámaras de vigilancia de la fábrica donde trabajaba Eliehoenai captaron su salida al término de su jornada laboral la cual quedó registrada a las 19:40 horas del día 6 de mayo del 2014, pero la joven de 32 años de edad, nunca llegó a su casa.
 
Su familia llamó a la fábrica en la que trabajaba y a sus amistades pero no tuvieron respuesta, por lo que al día siguiente su padre, Guadalupe Chávez Martínez, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público de San Luis Potosí por la desaparición de su hija, la cual quedó registrada con el número de averiguación previa 160/2014.
Desde ese momento, Guadalupe Chávez señaló como sospechoso a Filiberto Hernández Martínez, quien tenía un gimnasio e impartía clases de zumba, porque ya la había acosado, por lo que el padre pedía que lo investigaran e interrogaran.
 
En el expediente, el testimonio de una compañera de trabajo de Eliehoenai la describe como una mujer que nunca hablaba de su vida privada y que no asistía a las fiestas de convivencia laboral “porque es Testigo de Jehová”.
 
Eliehoenai tomaba clases de zumba, un compañero suyo declaró ante el Ministerio Público que el día 6 de mayo -el último día que la vieron- tenían entrenamiento de zumba y al no verla llegar, la llamó por teléfono pero la llamada fue desviada al buzón, por lo que decidió enviarle un mensaje por whatsapp, pero Eliehoenai no contestó.
 
En su declaración ministerial, el presunto feminicida Filiberto Hernández Martínez, dijo que cuando conoció a Eliehoenai en el gimnasio en donde él imparte zumba, ella fue quien mostró interés en él, y según su versión, sostuvieron un noviazgo que duró poco tiempo porque ella era Testigo de Jehová y él católico, por lo que tuvieron diferencias religiosas.
 
Hernández Martínez declaró que el día 6 de mayo la vio salir de su trabajo y se ofreció a llevarla a su casa en su camioneta tipo explorer y que con el pretexto de mostrarle la televisión que había comprado se dirigió a su casa (del agresor) la besó a la fuerza “y la cacheteó porque empezó a gritar”. Después la violó y la estranguló hasta matarla.
 
Él mismo describió que envolvió el cuerpo de la joven en una sábana y el día 7 de mayo, por la mañana, lo llevó al cañaveral de Puntilla, en donde arrojó los otros cuatro cuerpos de sus víctimas. También tiró los objetos de Eliehoenai como su bolsa, celular y ropa.
 
El 4 de julio del mismo año, agentes del Ministerio Público, buscaron y encontraron el cuerpo de Eliehoenai, a 40 metros dentro del cañaveral ubicado sobre la carretera 70 de Ciudad Valles y Ébano, donde Filiberto Hernández Martínez declaró que lo había arrojado.
 
La madre de Eliehoenai, Ruth Rivera Mora, amplió la averiguación previa, declaró que ella y su hija acudían a clases de zumba, pero en la quinta clase ella se dio cuenta que Filiberto Hernández, se acercaba mucho a su hija.
 
Señaló que un día el exmilitar fue a su casa a platicar con Eliehoenai, y le contó que había sido militar y piloto aviador y que le propuso que vivieran juntos, pero su hija le dijo que no porque pensaba que era una persona posesiva y que estaba “loco”.
 
El caso de Eliehoenai, es uno de los que están en espera de sentencia que será emitida por la Sala Superior del Tribunal de Justicia de San Luis Potosí.
 
En octubre del 2014 Filiberto Hernández Martínez fue detenido por portar una navaja y le impusieron una multa de 50 mil pesos, en ese proceso de detención, le encontraron también una pistola de uso exclusivo del Ejército Mexicano, por lo que el Ministerio Público inició un proceso federal en su contra por no tener permiso para portar armas.
 
Cuando lo llamaron a comparecer por portación de armas, él confesó haber matado a cuatro niñas y a una mujer de 32 años y mencionó el lugar donde las enterró, un lugar conocido como “el cañaveral de Puntilla” que se encuentra entre Tamuín y Ciudad Valles.
 
La defensa del exmilitar Filiberto Hernández Martínez alegó tortura, por lo que la Procuraduría de Justicia estatal le otorgó auto de formal libertad por el caso de Adriana Martínez Campuzano, una de las 5 víctimas, al argumentar que “no existían pruebas suficientes” que demostraran la comisión del delito.
 
16/GVV/LGL








NACIONAL
Ayotzinapa: un año de lucha para las madres
   “No somos revoltosas, buscamos a nuestros hijos”
Madres de los 43 exigen renuncia de Peña Nieto
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/09/2016

A 2 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa Guerrero, las madres expresan su dolor, pero también el amor por sus hijos, esa fuerza que las mueve para continuar en la búsqueda, en la exigencia de “justicia y verdad”.
 
“Es muy duro no poder platicar con él, no poder darle un abrazo, donde quiera que esté mi hijo, que sepa que lo amo y porque lo amo, siempre lo buscaré” dijo Nicanora García a Cimacnoticias, madre de Saúl Bruno, uno de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero.
 
Nicanora García y su hijo Saúl Bruno son originarios de Tecuanapa Guerrero, ese poblado está a cinco horas de Ayotzinapa, el lugar donde se ubica la Escuela Rural en la que estudiaba su hijo.
 
Desde que Saúl Bruno desapareció el 26 de septiembre del 2014, al tratar de trasladarse a la ciudad de Iguala, la vida de Nicanora García cambió porque al ver que su hijo desapareció junto con otros 42 estudiantes, las acciones de búsqueda de “justicia y verdad” se han convertido en su rutina diaria.
 
La mamá de Saúl Bruno, hace servilletas para venderlas en los lugares a los que asiste para hacer activismo y dar seguimiento al caso Iguala-Ayotzinapa.
 
“Para una madre es muy duro no saber de su hijo, si come o no come, o qué estará pasando y este gobierno que no quiere entregarnos a nuestros hijos. Él es el tesoro más grande que he tenido en mi vida y no me voy a ir sin que me lo entreguen”, dijo Nicanora.
 
LA MARCHA
 
El pasado 26 de septiembre las madres de los 43 estudiantes iniciaron la segunda marcha masiva desde el monumento del Ángel de la Independencia, acompañadas de un gran contingente conformado por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico, normalistas, sindicatos de telefonistas y de los sectores de salud y educativo, así como de organizaciones civiles.
 
Realizaron una pausa a la marcha para detenerse en el  anti monumento de “no olvido” de los 43, en donde realizaron el conteo de los estudiantes desaparecidos.
 
Ayotzinapa, 2 años de impunidad

 
Después continuaron hasta llegar al Zócalo capitalino en donde el gobierno de la Ciudad de México, instaló unas carpas para un evento, lo que no impidió que los contingentes se organizaran para tomar el espacio y escuchar a las madres y padres de los 43 estudiantes.
 
En una de las vallas frente al edificio del gobierno de la Ciudad de México, colocaron una manta que decía: “Basta de impunidad gobierno traidor”. A un lado instalaron el templete en donde tres madres hablaron para pedir respeto a los Derechos Humanos, cumplimiento cabal de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la renuncia de Enrique Peña Nieto.
 
También pidieron cárcel para los implicados en el secuestro de los estudiantes, en específico para el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, y para  Tomás Zerón de Lucio, quien estuvo a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de manera reciente fue turnado como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, por decisión de Enrique Peña Nieto.
 
La primera mamá que habló fue Joaquina Palotzin, madre de Julio César. Ella agradeció el apoyo de las organizaciones civiles y de la ciudadanía y pidió que no las vean como personas “revoltosas”, porque son madres que buscan ver con vida a sus hijos y no descansarán hasta saber la “verdad”.
 
Hizo alusión al basurero de Cocula, el lugar que la Procuraduría General de la República (PGR) señaló como prueba de investigación, que ahí se quemaron los cuerpos de los 43 estudiantes, cuando el GIEI refutó con pruebas meteorológicas que ahí no se había registrado ningún incendio.
 
“Queremos que sigan con las investigaciones, saber dónde están nuestros hijos porque cada día que pasa es un sentimiento de sufrimiento. Ya no queremos sentir. Este dolor que sentimos no queremos que lo sufra otra madre” dijo Joaquina en el Zócalo capitalino.
 
Después tomó la palabra Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio, quien denunció que el gobierno les ha ofrecido dinero, pero indicó que los 43 estudiantes no son “objetos” y por este motivo ellas continuarán en la exigencia de justicia.
 
Cerró Carmen de la Cruz, madre de Jorge Aníbal, quien pidió la presentación con vida de los 43 estudiantes y la renuncia de Enrique Peña Nieto.
 
“No quisiera estar aquí, pero en este lugar nos puso este maldito gobierno. Ellos se llevaron a nuestros hijos” dijo Carmen de la Cruz y narró que el 26 de septiembre del 2014, a las 3 de la tarde habló con su hijo Jorge Aníbal y le dijo que lo quería mucho.
 
“Mamá yo siempre te voy a querer, tu eres mi todo, me dijo ese día” dijo Carmen de la Cruz. Después hizo un exhorto a la ciudadanía para que no olviden el caso de los 43 estudiantes e informó que las agresiones a los estudiantes continúan.
 
Ese mismo día las madres y padres de otros estudiantes acudieron a los estados de Quintana Roo, Jalisco y Michoacán para estar presentes en las marchas simultáneas que se realizaron en esas entidades.
 
16/GVV/LGL








OPINIÓN
Ayotzinapa: un año de lucha para las madres
   DESENREDO
¡Hasta que haya verdad! ¡Hasta que haya justicia!
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Cimacnoticias | Guatemala, Guate.- 27/09/2016

Para conmemorar el segundo año de la detención-desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa, sus familiares y diversas organizaciones sociales reivindican estas consignas de verdad y justicia. Ambos reclamos son vigentes porque la institucionalidad mexicana sigue sin esclarecer plenamente este hecho en el que están involucradas fuerzas de seguridad pública y del crimen organizado, tampoco hay indicios que apunten a que todos los responsables materiales e intelectuales serán castigados.
 
Este caso se ha mantenido en la esfera mediática nacional e internacional gracias a la actividad intensa de los familiares, entre ellos, las madres de los jóvenes, quienes han demostrado gran fortaleza y claridad política, sus voces son conocidas en múltiples lugares. Sin duda representan un ejemplo por su tenacidad y valentía, al dejar su entorno cotidiano para realizar un activismo intenso en estos 24 meses.
 
Imposible describir en este espacio las irregularidades cometidas en el proceso de investigación, sólo queda anotar el hecho más reciente dado a conocer sobre el posible encubrimiento de un funcionario que alteró evidencias del caso. Familiares de los 43 estudiantes exigen al gobierno federal investigar y sancionar a Tomás Zerón, quien ahora tiene un cargo de mayor rango en el Consejo Nacional de Seguridad, aún y cuando fue integrante de la Agencia de Investigación Criminal hizo un recorrido en Cocula, cercano a Ayotzinapa, con uno de los integrantes del grupo de narcos “Guerreros Unidos”, y fue separado de ese cargo tras conocerse que esa diligencia no fue consignada en el expediente de la Procuraduría General de la República. Lo anterior, en opinión de los familiares, se debe aclarar de inmediato ya que puede existir manipulación por parte de ese funcionario público.
 
El caso Ayotzinapa ha hecho evidente cómo al gobierno mexicano presidido por Peña Nieto no le interesa llegar a la verdad, ha desestimado las quejas sobre la forma en que la investigación ha sido manejada e ignora las recomendaciones que desde abril pasado le entregó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
 
Si la demanda de justicia por los 43 normalistas ha rebasado el ámbito nacional y continúa resonando en espacios internacionales, cabe preguntar: ¿será la verdad de Ayotzinapa más grave que el desgaste que tiene el presidente de México? Ello sin olvidar que las denuncias de ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad pública y narcotraficantes se multiplican, en un contexto en el que se exige la renuncia de Peña Nieto.
 
Ayer ,26 de septiembre, frente a la Embajada de México en Guatemala (2ª. Ave. 13-5, zona 10) se realizó un mitin a las 12:30, donde entregaron una carta que dice: “Como víctimas y sobrevivientes del genocidio en Guatemala, como herederas y herederos de una sociedad que a casi 20 años de firmar la paz sigue exigiendo justicia por nuestros desaparecidos, nos solidarizamos con quienes hoy libran luchas importantes en México contra la impunidad… Los 43 nos faltan a todos”.
 
* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
 
16/RHA/LGL








MUJERES CAUTIVAS
DERECHOS HUMANOS
   MUJERES CAUTIVAS
El velo de la impunidad y la injusticia
Imagen retomada de cmdpdh.org
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/09/2016

En días pasados, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) aprobó una resolución por mayoría de votos, en la que determinó no sancionar a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ni al Partido Revolucionario Institucional del Distrito Federal (PRI-DF), y no precisamente porque lo estuviera exonerando, sino porque no contaron, a pesar de casi 300 diligencias y 7 líneas de investigación, con elementos que les permitieran fiscalizar y dictar una sanción. 
 
¿Qué quiere decir esto? que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) se negó a entregarles copia de las Averiguaciones Previas, que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) tampoco les entregó copia de la investigación que tienen abierta contra la PGJ por haber violado el resguardo de la identidad de las víctimas y por no haber actuado con la debida diligencia en la investigación de los hechos que denunciaron, ni tampoco la Comisión de Justicia Partidaria del PRI quiso entregarles copia de su investigación.
 
Así mismo, intentaron localizar a 28 mujeres adscritas a la entonces presidencia del PRI-DF, y sólo ubicaron a 8, de las cuales sólo pudieron entrevistar a 3.  Tampoco pudieron ubicar a Marisol Martínez González, una de las responsables de la contratación de los anuncios en El Universal y hermana de Claudia Priscila Martínez González, una de las principales enganchadoras de Gutiérrez de la Torre, quien declaró con falsedad y sigue impune.
 
Además del tremendo ridículo que hizo el IEDF, nos quedó clarísimo que no tiene dientes, que las autoridades pueden negarse a entregarle la información y no tiene cómo forzarlas y que no tienen a quien acudir, para que la Policía Federal o cualquier policía les ayude a localizar personas, incluso ni el Instituto Electoral del Estado de México, ya que varias de las personas que trataron de localizar tenían sus domicilios en esa entidad.
 
El IEDF tampoco pudo siquiera sancionar al PRI por negarles la información que le requirieron.
 
Pero también el Partido de la Revolución Democrática (PRD) hizo un gran ridículo, ya que aún cuando fue el instituto político que presentó la queja en el IEDF, ahora votó a favor de la resolución con un pronunciamiento especial que solicitó, se registrara, para dejar constancia de que se estaba manifestando en apoyo a la resolución adoptada.
 
Después de 2 años y medio, tres denuncias ante la PGR, mismas que fueron remitidas a la PGJDF, y luego acumuladas en un solo expediente; un recurso contra el No Ejercicio de la Acción Penal, un recurso de reclamación, tres amparos, tres recursos de revisión y dos solicitudes de atracción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las víctimas siguen esperando justicia y los hechos ni siquiera se han investigado.
 
Lo que es evidente es que en este caso la debida diligencia y el derecho a la justicia para las víctimas no ha sido garantizado por las autoridades ni federales, ni de la Ciudad de México.
 
Mientras tanto, Gutiérrez de la Torre, acompañado de su abogado personal Ciro Gómez Leyva, se presentó en días pasados en un noticiero de Radio Fórmula como la víctima inocente a quien hay que pedirle disculpas. ¿Disculpas por qué?  el IEDF no lo exoneró, reconoció que no se pudo allegar los elementos para sancionarlo. Esto no quiere decir que sea inocente. 
 
Cómo decirles a las víctimas que denuncien, cómo pedirles que no tengan miedo, que no se callen… En el caso Gutiérrez de la Torre se ha hecho evidente cómo se tienen que enfrentar a la absurda impunidad rampante y a un manto de poder y corrupción que se ha tendido para impedir que ellas, las víctimas, logren el acceso a la justicia.
 
Lo que es innegable es que las instituciones y sus funcionarios han fallado, les han fallado a las víctimas cuando su seguridad e integridad está en riesgo, cuando no podemos entender ¿qué mueve al Procurador de la Ciudad de México? ¿qué vínculos políticos unen al Gobierno de la Ciudad y su partido con el grupo delictivo de Gutiérrez de la Torre? ¿qué le deben?…
 
Aún más, el mismo Juez 14 de Distrito en materia de Amparo Penal que le otorgó el amparo a Gutiérrez de la Torre para que la PGJ determinara su Averiguación Previa -o sea amparó al presunto criminal- les negó el amparo a las víctimas, sin siquiera haber entrado al fondo del mismo por un tecnicismo de forma y no de fondo que se está combatiendo por medio de un recurso de revisión.
 
El caso no está concluido, el punto final de la historia no se ha escrito, y si es necesario llegaremos a las instancias internacionales.  Cuando las instituciones fallan, sólo nos queda la movilización y la organización feminista.
 
¡Es por ti, por ellas, por todas!
¡Ni una más víctima de las redes de trata y prostitución!
¡Ni una menos víctima de desaparición o feminicidio!
 
*Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, A.C. (CATWLAC por sus siglas en inglés).
 
16/TUZ/LGL
 








INTERNACIONAL
Cobertura XIII Foro Internacional AWID
   XIII FORO INTERNACIONAL DE AWID
   Recuerdan la herencia combativa de las antecesoras
Rinden en Brasil, tributo a defensoras asesinadas
CIMACFoto: Anayeli Garcia Martínez, enviada
Por: Anayeli García Martínez, enviada
Cimacnoticias | San Salvador de Bahía, Bra .- 09/09/2016

Con pequeñas luces en mano, danza con velos y música, las mujeres reunidas en Bahía, Brasil, rindieron tributo a las defensoras de Derechos Humanos que han sido asesinadas o que simplemente perdieron la vida por una enfermedad o problemas de salud.
 
Para recordar la herencia combativa de sus antecesoras, la tarde- noche de este jueves las asistentes al XIII Foro convocado por la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID), que se realiza del 8 al 11 de septiembre en esta localidad, se congregaron para recordar a las defensoras.
 
El tributo fue para las defensoras afrodescendientes, las activistas indígenas, las que trabajan para erradicar la violencia de género y todas aquellas que apuestan por la igualdad; por cada una de ellas las mujeres encendieron una luz para recordar que sus esfuerzos no fueron invisibles.
   
Yolanda, Nadia, Ana Alice, Paola, Jacky, Vivian, Rebbeca, entre muchos otros, fueron los nombres que las mujeres escribieron en un lienzo donde dejaron constancia de que cada una de ellas murió haciendo de su vida una constante lucha por la igualdad y los derechos para todas y todos.
 
En un breve discurso leído en varios idiomas las asistentes señalaron que aquellas defensoras que fueron asesinadas, son crímenes que no se investigaron, donde se negó la justicia y se envió un mensaje a las otras activistas de lo que puede pasar si siguen en sus movimientos.
 
No obstante dijeron, “el legado de sus vidas y sus luchas continúa en nuestra memoria colectiva y contribuirán a la fuerza y resiliencia de las mujeres activistas y defensoras en las generaciones por venir. Reconocemos la importancia de mantenernos a nosotras y a cada una seguras”.
 
Así lo mencionaron porque saben que sus identidades de género y sus ideas desafían las normas sociales, políticas y de género; pese a esto se mostraron dispuestas a no perder la esperanza y como reflejo de ello, organizaron este homenaje a modo de celebración.
 
Mientras una artista danzaba para mostrar la viveza de los movimientos del cuerpo, en el fondo de la pantalla ubicada en el escenario principal del auditorio, se proyectaba un video con música; a la par las asistentes decidieron levantarse y tomar el lienzo que permanecerá como un memorial con imágenes y frases, que celebren y honren la vida y la lucha de las defensoras.
 
Así lo decidieron porque los crímenes contra ellas se cometen igual en México, en Honduras, en Nicaragua que en Marruecos, Irán o Kenya. 
 
Entre 2012 y 2014 la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, en su informe sobre la situación de agresiones contra activistas,  registró un total de mil 688 agresiones a mujeres defensoras de derechos humanos en El Salvador, Guatemala, Honduras y México; de las cuales 414 corresponden a 2012, 512 a 2013
y 762 a 2014.
 
De acuerdo con el informe, hubo un incremento respecto a 2012, de casi el doble en el número de agresiones registradas (45.7 por ciento). Este aumento también se percibe en algunos de los países contemplados en el registro, como Guatemala, México y El Salvador
 
16/AGM/LGL








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