NACIONAL
VIOLENCIA
   MP pierde evidencia y trabaja sin perspectiva de género
Nuevo sistema penal exige más rigor al investigar feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/05/2017 El nuevo Sistema de Justicia Penal dificulta el acceso a la justicia de las víctimas de feminicidio, porque las autoridades no realizan con la debida diligencia las investigaciones y recolección de evidencias, elementos ahora fundamentales para demostrar la culpabilidad de los responsables, indicó el coordinador general de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, Rodolfo Domínguez Martínez.
 
El nuevo modelo de justicia entró en vigor a nivel nacional el 18 de junio de 2016, para dar cumplimiento a la reforma constitucional de 2008, sin embargo, hasta ahora ha planteado diversas dificultades para procesar los casos de feminicidio, ya que exige mayor rigurosidad en la obtención de pruebas y presentación de elementos obtenidos en las investigaciones, procesos que, organizaciones civiles han denunciado, no se llevan a cabo bajo los protocoles de actuación, denunció el abogado Domínguez Martínez en entrevista con Cimacnoticias.  
 
“El nuevo sistema es mucho más riguroso en el saber de pruebas, en la forma en que se tiene que presentar las acusaciones formales, aquí se exacerban las dificultades que pueda haber por una mala investigación”, dijo el abogado y especialista en temas de género.
 
Lejos de erradicar las fallas del sistema de justicia tradicional, este nuevo modelo vuelve a presentar trabas por las omisiones en investigaciones de asesinatos violentos de mujeres, señaló Domínguez, “Aquí el problema se vuelve otra vez, estamos detectando: pérdida del material probatorio, falta establecimiento de hipótesis adecuadas para investigación de feminicidio, falta de planes adecuados de investigación, entonces el reto está ahí en procuración de justicia”.
 
NO INVESTIGAN FEMINICIDIO
 
En este nuevo sistema se fortaleció la participación de la policía en la investigación de los delitos, bajo la guía del Ministerio Público (MP), sin embargo, la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, dijo en entrevista que ahí empieza el problema, porque estas autoridades no están investigando en principio los asesinatos violentos de mujeres como feminicidio.
 
“Ahí es donde se pierde la evidencia, donde no se está investigando como feminicidio, tenemos que trabajar más los MP, porque es donde se encuentran las graves violaciones al debido proceso de las investigaciones”, señaló Luz Estrada.
 
“Yo veo la mayor dificultad en cómo se están realizando las investigaciones, hay omisiones graves, a pesar de contar con un tipo penal y protocolo de investigación adecuado, no se están tomando en cuenta los criterios más recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay una desactualización en estos estándares, un retroceso grave”, coincidió Rodolfo Domínguez.
 
JUICIOS ORALES
 
Otra de las características principales del nuevo sistema penal son los juicios orales, que buscan proteger y ampliar los derechos de las víctimas y los ofendidos, la evidencia que resulte de la investigación ahí será fundamental para acreditar el delito, comentó el abogado.
 
“Lo que requerimos es buenas investigaciones que puedan ser sostenidas ante los jueces”, pero se puede presentar otro obstáculo, recordó el abogado, la falta de especialización en perspectiva de género por parte del personal judicial.
 
“Ahí es en dos vías; si tenemos una mala investigación con malos jueces, la consecuencia va ser impunidad”, dijo Domínguez, otro escenario es, “si tenemos buenas investigaciones, ahí la responsabilidad sería del Poder Judicial, que tendría que estar garantizando la impartición de justicia, el escenario ideal sería una buena investigación y juicio con perspectiva de género”.
 
Sin embargo, la realidad a la que se enfrentan las víctimas de feminicidio es otra, indicó Rodolfo Domínguez, los jueces resuelven los casos a partir de criterios anacrónicos, discriminatorios y misóginos, a pesar de las capacitaciones a las que han asistido. El resultado de estas capacitaciones serían “buenas sentencias” dijo Domínguez Martínez.
 
Para el abogado es necesario hacer una revisión de los casos de feminicidio de los cuales se ha denunciado que han tenido irregularidades en las investigaciones, asimismo, inspeccionar la actuación de los jueces, pues son los principales retos que debe enfrentar este nuevo sistema penal para garantizar justicia a las mujeres.
 
17/RED
 







NACIONAL
VIOLENCIA
   Familiares exigen justicia
Ofrenda en la Ciudad de México, para víctimas de feminicidio
Familiares de víctimas de feminicidio montan una guardia en el Memorial de víctimas de violencia de Estado | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/11/2016 Familiares de víctimas de violencia, colocaron ofrendas y flores blancas en el memorial dedicado a las víctimas de feminicidio de Chihuahua, para exigir al Estado Mexicano, que atienda como una emergencia nacional, la violencia en contra de las mujeres y niñas.
 
La movilización ciudadana conformada por diferentes organizaciones civiles, activistas y familiares de víctimas de violencia, denominada “México en Alerta de Género”, convocó a un acto simbólico para recordar a las víctimas de feminicidio de diferentes entidades federativas, con el objetivo de visibilizar los casos y exigir justicia.
 
Se reunieron en el Memorial de víctimas de violencia de Estado, ubicado a un costado del Campo Marte y a unos pasos de una de las principales avenidas de la Ciudad,  y ahí colocaron flores blancas para sumar a este lugar, los nombres de otras mujeres que fueron asesinadas en la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Guerrero.
 
La vocera del movimiento ciudadano “México en Alerta de Género”, la ex subsecretaria para temas globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Olamendi Torres, dijo a Cimacnoticias, que este acto es para recordar a las víctimas de feminicidio en el día en el que las y los mexicanos llevamos ofrendas a los seres queridos que ya fallecieron. Pero lo más importante, dijo, es exigir el acceso a la justicia y resolución de los casos denunciados al Estado Mexicano.
 
Durante el memorial, Samantha Hilario Villavicencio prima de Araceli Villavicencio Arroyo, dijo que Araceli era originaria de la Ciudad de México y se encontraba en juicio por la custodia de sus dos hijos cuando la reportaron como desaparecida. Encontraron su cuerpo en Acapulco, Guerrero, en donde dictaminaron que su muerte fue un “suicidio por ahorcamiento”, hecho que niegan sus familiares quienes exigieron que se investigue la verdadera causa de la muerte de Araceli, ya que considera, fue víctima de feminicidio.
 
En entrevista con Cimacnoticias, Samantha explicó que su prima Araceli tenía 37 años de edad, se dedicaba a la docencia y tenía 2 años en un proceso civil por la guardia y custodia de sus dos hijos de 7 y 10 años de edad.
 
Narró que Araceli era una mujer inteligente y responsable, que desde que decidió separarse de su ex esposo, éste le quitó a sus hijos bajo el argumento de que ella no podía cuidarlos porque estaba “loca”. Lo único que deseaba Araceli, dijo su prima, era poder tenerlos a su lado, es por eso que no admite que su prima se haya suicidado como afirman las autoridades, por lo que exigió a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que investigue el caso como un presunto feminicidio.
 
En entrevista aparte, la fundadora de la Red de Mujeres Líderes por la Equidad y una vida libre de violencia Patricia Patiño Fierro, informó que su agrupación civil representa legalmente a Samantha Hilario Villavicencio y agregó que en la averiguación previa de Araceli, no incluyeron los antecedentes de violencia familiar, la situación que atravesaba por la custodia de sus hijos, y otros detalles que son importantes a la hora de investigar la muerte de una mujer, que en este caso podría ser feminicidio.
 
Araceli fue reportada como desaparecida ante el Ministerio Público de la Ciudad de México el pasado 7 de junio del 2016 y el 27 de junio su cuerpo fue encontrado en Acapulco, Guerrero, en donde dictaminaron que se suicidó.
 
Mujeres declararon a México en Alerta de Género
 
VIOLENCIA CONTRA MUJERES SE INCREMENTA
 
En 2014 se registró en el país un promedio diario de 6.3 defunciones femeninas, de acuerdo con el informe “La violencia feminicida en México. Aproximaciones y Tendencias 1985-2014”, elaborado por ONU-Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Secretaría de Gobernación.
 
El documento muestra que en el estado de Chihuahua se registró la menor disminución de asesinatos de mujeres, y que en Tlaxcala, Tamaulipas, Hidalgo, Sinaloa, Oaxaca, Nayarit, San Luis Potosí y Sonora hubo incluso un aumento de esta violencia.
 
Entre otros datos del informe destaca que los asesinatos de mujeres aumentaron 92.9 por ciento en México entre 2007 y 2014. En esos 7 años, se alcanzó el punto máximo de homicidios de mujeres registrados en las últimas tres décadas.
 
En 2008 y 2012 hubo un incremento importante de crímenes contra mujeres que alcanzó la cúspide en 2012, con 2 mil 761 casos; pero –de acuerdo con el reporte– en 2013 los asesinatos bajaron a 2 mil 594, y para 2014 volvieron a disminuir para quedar en 2 mil 289 casos de feminicidio.
 
Respecto al Estado de México, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de 2005 a 2014, el Edomex recibió el reporte de 4 mil 281 mujeres desaparecidas, de las cuales se reportó que 2 mil 727 fueron localizadas con vida, aunque se desconoce la forma y lugar de la localización; 95 fueron encontradas sin vida, y mil 500 –en su mayoría de entre 16 y 18 años de edad– permanecen como desaparecidas.
 

 
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NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Cierran etapa de instrucción sin notificar a familiares
Esperan sentencia por 3 casos de feminicidio en SLP
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/10/2016 La abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC, Karla Micheel Salas Ramírez, denunció irregularidades en la etapa de instrucción de tres casos (de las 5 víctimas) de feminicidio de San Luis Potosí, ya que el Ministerio Público omitió los testimonios de los familiares que dan cuenta del contexto de violencia al que fueron sometidas las víctimas, además de que esta etapa ya se cerró.
 
La representante legal de los familiares de las niñas Itzel Romani Castillo Torres y Dulce Ximena Reyes Rodríguez, así como el de la adulta Eliehoenai Chávez Rivera, víctimas de feminicidio por parte del exmilitar Filiberto Hernández Martínez, explicó que ahora están en espera de la sentencia que deberá emitir la Sala Superior del Tribunal de Justicia de aquella entidad.
 
La abogada dijo que el cierre de los casos no fue notificado a las y los familiares quienes exigían la reclasificación del delito a feminicidio y una investigación con perspectiva de género, ya que de esa manera las posibilidades de que el agresor salga libre se reducen, no obstante, aclaró, existe la posibilidad de que éste pueda obtener la libertad por falta de pruebas, y porque en uno de los 5 casos de los que se le acusa, su defensa alegó tortura, lo que le permitió quedar exonerado de esa acusación.
 
ELIEHOENAI
 
Las cámaras de vigilancia de la fábrica donde trabajaba Eliehoenai captaron su salida al término de su jornada laboral la cual quedó registrada a las 19:40 horas del día 6 de mayo del 2014, pero la joven de 32 años de edad, nunca llegó a su casa.
 
Su familia llamó a la fábrica en la que trabajaba y a sus amistades pero no tuvieron respuesta, por lo que al día siguiente su padre, Guadalupe Chávez Martínez, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público de San Luis Potosí por la desaparición de su hija, la cual quedó registrada con el número de averiguación previa 160/2014.
Desde ese momento, Guadalupe Chávez señaló como sospechoso a Filiberto Hernández Martínez, quien tenía un gimnasio e impartía clases de zumba, porque ya la había acosado, por lo que el padre pedía que lo investigaran e interrogaran.
 
En el expediente, el testimonio de una compañera de trabajo de Eliehoenai la describe como una mujer que nunca hablaba de su vida privada y que no asistía a las fiestas de convivencia laboral “porque es Testigo de Jehová”.
 
Eliehoenai tomaba clases de zumba, un compañero suyo declaró ante el Ministerio Público que el día 6 de mayo -el último día que la vieron- tenían entrenamiento de zumba y al no verla llegar, la llamó por teléfono pero la llamada fue desviada al buzón, por lo que decidió enviarle un mensaje por whatsapp, pero Eliehoenai no contestó.
 
En su declaración ministerial, el presunto feminicida Filiberto Hernández Martínez, dijo que cuando conoció a Eliehoenai en el gimnasio en donde él imparte zumba, ella fue quien mostró interés en él, y según su versión, sostuvieron un noviazgo que duró poco tiempo porque ella era Testigo de Jehová y él católico, por lo que tuvieron diferencias religiosas.
 
Hernández Martínez declaró que el día 6 de mayo la vio salir de su trabajo y se ofreció a llevarla a su casa en su camioneta tipo explorer y que con el pretexto de mostrarle la televisión que había comprado se dirigió a su casa (del agresor) la besó a la fuerza “y la cacheteó porque empezó a gritar”. Después la violó y la estranguló hasta matarla.
 
Él mismo describió que envolvió el cuerpo de la joven en una sábana y el día 7 de mayo, por la mañana, lo llevó al cañaveral de Puntilla, en donde arrojó los otros cuatro cuerpos de sus víctimas. También tiró los objetos de Eliehoenai como su bolsa, celular y ropa.
 
El 4 de julio del mismo año, agentes del Ministerio Público, buscaron y encontraron el cuerpo de Eliehoenai, a 40 metros dentro del cañaveral ubicado sobre la carretera 70 de Ciudad Valles y Ébano, donde Filiberto Hernández Martínez declaró que lo había arrojado.
 
La madre de Eliehoenai, Ruth Rivera Mora, amplió la averiguación previa, declaró que ella y su hija acudían a clases de zumba, pero en la quinta clase ella se dio cuenta que Filiberto Hernández, se acercaba mucho a su hija.
 
Señaló que un día el exmilitar fue a su casa a platicar con Eliehoenai, y le contó que había sido militar y piloto aviador y que le propuso que vivieran juntos, pero su hija le dijo que no porque pensaba que era una persona posesiva y que estaba “loco”.
 
El caso de Eliehoenai, es uno de los que están en espera de sentencia que será emitida por la Sala Superior del Tribunal de Justicia de San Luis Potosí.
 
En octubre del 2014 Filiberto Hernández Martínez fue detenido por portar una navaja y le impusieron una multa de 50 mil pesos, en ese proceso de detención, le encontraron también una pistola de uso exclusivo del Ejército Mexicano, por lo que el Ministerio Público inició un proceso federal en su contra por no tener permiso para portar armas.
 
Cuando lo llamaron a comparecer por portación de armas, él confesó haber matado a cuatro niñas y a una mujer de 32 años y mencionó el lugar donde las enterró, un lugar conocido como “el cañaveral de Puntilla” que se encuentra entre Tamuín y Ciudad Valles.
 
La defensa del exmilitar Filiberto Hernández Martínez alegó tortura, por lo que la Procuraduría de Justicia estatal le otorgó auto de formal libertad por el caso de Adriana Martínez Campuzano, una de las 5 víctimas, al argumentar que “no existían pruebas suficientes” que demostraran la comisión del delito.
 
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NACIONAL
Ayotzinapa: un año de lucha para las madres
   “No somos revoltosas, buscamos a nuestros hijos”
Madres de los 43 exigen renuncia de Peña Nieto
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/09/2016 A 2 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa Guerrero, las madres expresan su dolor, pero también el amor por sus hijos, esa fuerza que las mueve para continuar en la búsqueda, en la exigencia de “justicia y verdad”.
 
“Es muy duro no poder platicar con él, no poder darle un abrazo, donde quiera que esté mi hijo, que sepa que lo amo y porque lo amo, siempre lo buscaré” dijo Nicanora García a Cimacnoticias, madre de Saúl Bruno, uno de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero.
 
Nicanora García y su hijo Saúl Bruno son originarios de Tecuanapa Guerrero, ese poblado está a cinco horas de Ayotzinapa, el lugar donde se ubica la Escuela Rural en la que estudiaba su hijo.
 
Desde que Saúl Bruno desapareció el 26 de septiembre del 2014, al tratar de trasladarse a la ciudad de Iguala, la vida de Nicanora García cambió porque al ver que su hijo desapareció junto con otros 42 estudiantes, las acciones de búsqueda de “justicia y verdad” se han convertido en su rutina diaria.
 
La mamá de Saúl Bruno, hace servilletas para venderlas en los lugares a los que asiste para hacer activismo y dar seguimiento al caso Iguala-Ayotzinapa.
 
“Para una madre es muy duro no saber de su hijo, si come o no come, o qué estará pasando y este gobierno que no quiere entregarnos a nuestros hijos. Él es el tesoro más grande que he tenido en mi vida y no me voy a ir sin que me lo entreguen”, dijo Nicanora.
 
LA MARCHA
 
El pasado 26 de septiembre las madres de los 43 estudiantes iniciaron la segunda marcha masiva desde el monumento del Ángel de la Independencia, acompañadas de un gran contingente conformado por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico, normalistas, sindicatos de telefonistas y de los sectores de salud y educativo, así como de organizaciones civiles.
 
Realizaron una pausa a la marcha para detenerse en el  anti monumento de “no olvido” de los 43, en donde realizaron el conteo de los estudiantes desaparecidos.
 
Ayotzinapa, 2 años de impunidad
 
Después continuaron hasta llegar al Zócalo capitalino en donde el gobierno de la Ciudad de México, instaló unas carpas para un evento, lo que no impidió que los contingentes se organizaran para tomar el espacio y escuchar a las madres y padres de los 43 estudiantes.
 
En una de las vallas frente al edificio del gobierno de la Ciudad de México, colocaron una manta que decía: “Basta de impunidad gobierno traidor”. A un lado instalaron el templete en donde tres madres hablaron para pedir respeto a los Derechos Humanos, cumplimiento cabal de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la renuncia de Enrique Peña Nieto.
 
También pidieron cárcel para los implicados en el secuestro de los estudiantes, en específico para el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, y para  Tomás Zerón de Lucio, quien estuvo a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de manera reciente fue turnado como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, por decisión de Enrique Peña Nieto.
 
La primera mamá que habló fue Joaquina Palotzin, madre de Julio César. Ella agradeció el apoyo de las organizaciones civiles y de la ciudadanía y pidió que no las vean como personas “revoltosas”, porque son madres que buscan ver con vida a sus hijos y no descansarán hasta saber la “verdad”.
 
Hizo alusión al basurero de Cocula, el lugar que la Procuraduría General de la República (PGR) señaló como prueba de investigación, que ahí se quemaron los cuerpos de los 43 estudiantes, cuando el GIEI refutó con pruebas meteorológicas que ahí no se había registrado ningún incendio.
 
“Queremos que sigan con las investigaciones, saber dónde están nuestros hijos porque cada día que pasa es un sentimiento de sufrimiento. Ya no queremos sentir. Este dolor que sentimos no queremos que lo sufra otra madre” dijo Joaquina en el Zócalo capitalino.
 
Después tomó la palabra Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio, quien denunció que el gobierno les ha ofrecido dinero, pero indicó que los 43 estudiantes no son “objetos” y por este motivo ellas continuarán en la exigencia de justicia.
 
Cerró Carmen de la Cruz, madre de Jorge Aníbal, quien pidió la presentación con vida de los 43 estudiantes y la renuncia de Enrique Peña Nieto.
 
“No quisiera estar aquí, pero en este lugar nos puso este maldito gobierno. Ellos se llevaron a nuestros hijos” dijo Carmen de la Cruz y narró que el 26 de septiembre del 2014, a las 3 de la tarde habló con su hijo Jorge Aníbal y le dijo que lo quería mucho.
 
“Mamá yo siempre te voy a querer, tu eres mi todo, me dijo ese día” dijo Carmen de la Cruz. Después hizo un exhorto a la ciudadanía para que no olviden el caso de los 43 estudiantes e informó que las agresiones a los estudiantes continúan.
 
Ese mismo día las madres y padres de otros estudiantes acudieron a los estados de Quintana Roo, Jalisco y Michoacán para estar presentes en las marchas simultáneas que se realizaron en esas entidades.
 
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OPINIÓN
Ayotzinapa: un año de lucha para las madres
   DESENREDO
¡Hasta que haya verdad! ¡Hasta que haya justicia!
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Cimacnoticias | Guatemala, Guate.- 27/09/2016 Para conmemorar el segundo año de la detención-desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa, sus familiares y diversas organizaciones sociales reivindican estas consignas de verdad y justicia. Ambos reclamos son vigentes porque la institucionalidad mexicana sigue sin esclarecer plenamente este hecho en el que están involucradas fuerzas de seguridad pública y del crimen organizado, tampoco hay indicios que apunten a que todos los responsables materiales e intelectuales serán castigados.
 
Este caso se ha mantenido en la esfera mediática nacional e internacional gracias a la actividad intensa de los familiares, entre ellos, las madres de los jóvenes, quienes han demostrado gran fortaleza y claridad política, sus voces son conocidas en múltiples lugares. Sin duda representan un ejemplo por su tenacidad y valentía, al dejar su entorno cotidiano para realizar un activismo intenso en estos 24 meses.
 
Imposible describir en este espacio las irregularidades cometidas en el proceso de investigación, sólo queda anotar el hecho más reciente dado a conocer sobre el posible encubrimiento de un funcionario que alteró evidencias del caso. Familiares de los 43 estudiantes exigen al gobierno federal investigar y sancionar a Tomás Zerón, quien ahora tiene un cargo de mayor rango en el Consejo Nacional de Seguridad, aún y cuando fue integrante de la Agencia de Investigación Criminal hizo un recorrido en Cocula, cercano a Ayotzinapa, con uno de los integrantes del grupo de narcos “Guerreros Unidos”, y fue separado de ese cargo tras conocerse que esa diligencia no fue consignada en el expediente de la Procuraduría General de la República. Lo anterior, en opinión de los familiares, se debe aclarar de inmediato ya que puede existir manipulación por parte de ese funcionario público.
 
El caso Ayotzinapa ha hecho evidente cómo al gobierno mexicano presidido por Peña Nieto no le interesa llegar a la verdad, ha desestimado las quejas sobre la forma en que la investigación ha sido manejada e ignora las recomendaciones que desde abril pasado le entregó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
 
Si la demanda de justicia por los 43 normalistas ha rebasado el ámbito nacional y continúa resonando en espacios internacionales, cabe preguntar: ¿será la verdad de Ayotzinapa más grave que el desgaste que tiene el presidente de México? Ello sin olvidar que las denuncias de ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad pública y narcotraficantes se multiplican, en un contexto en el que se exige la renuncia de Peña Nieto.
 
Ayer ,26 de septiembre, frente a la Embajada de México en Guatemala (2ª. Ave. 13-5, zona 10) se realizó un mitin a las 12:30, donde entregaron una carta que dice: “Como víctimas y sobrevivientes del genocidio en Guatemala, como herederas y herederos de una sociedad que a casi 20 años de firmar la paz sigue exigiendo justicia por nuestros desaparecidos, nos solidarizamos con quienes hoy libran luchas importantes en México contra la impunidad… Los 43 nos faltan a todos”.
 
* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
 
16/RHA/LGL







MUJERES CAUTIVAS
DERECHOS HUMANOS
   MUJERES CAUTIVAS
El velo de la impunidad y la injusticia
Imagen retomada de cmdpdh.org
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/09/2016 En días pasados, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) aprobó una resolución por mayoría de votos, en la que determinó no sancionar a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ni al Partido Revolucionario Institucional del Distrito Federal (PRI-DF), y no precisamente porque lo estuviera exonerando, sino porque no contaron, a pesar de casi 300 diligencias y 7 líneas de investigación, con elementos que les permitieran fiscalizar y dictar una sanción. 
 
¿Qué quiere decir esto? que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) se negó a entregarles copia de las Averiguaciones Previas, que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) tampoco les entregó copia de la investigación que tienen abierta contra la PGJ por haber violado el resguardo de la identidad de las víctimas y por no haber actuado con la debida diligencia en la investigación de los hechos que denunciaron, ni tampoco la Comisión de Justicia Partidaria del PRI quiso entregarles copia de su investigación.
 
Así mismo, intentaron localizar a 28 mujeres adscritas a la entonces presidencia del PRI-DF, y sólo ubicaron a 8, de las cuales sólo pudieron entrevistar a 3.  Tampoco pudieron ubicar a Marisol Martínez González, una de las responsables de la contratación de los anuncios en El Universal y hermana de Claudia Priscila Martínez González, una de las principales enganchadoras de Gutiérrez de la Torre, quien declaró con falsedad y sigue impune.
 
Además del tremendo ridículo que hizo el IEDF, nos quedó clarísimo que no tiene dientes, que las autoridades pueden negarse a entregarle la información y no tiene cómo forzarlas y que no tienen a quien acudir, para que la Policía Federal o cualquier policía les ayude a localizar personas, incluso ni el Instituto Electoral del Estado de México, ya que varias de las personas que trataron de localizar tenían sus domicilios en esa entidad.
 
El IEDF tampoco pudo siquiera sancionar al PRI por negarles la información que le requirieron.
 
Pero también el Partido de la Revolución Democrática (PRD) hizo un gran ridículo, ya que aún cuando fue el instituto político que presentó la queja en el IEDF, ahora votó a favor de la resolución con un pronunciamiento especial que solicitó, se registrara, para dejar constancia de que se estaba manifestando en apoyo a la resolución adoptada.
 
Después de 2 años y medio, tres denuncias ante la PGR, mismas que fueron remitidas a la PGJDF, y luego acumuladas en un solo expediente; un recurso contra el No Ejercicio de la Acción Penal, un recurso de reclamación, tres amparos, tres recursos de revisión y dos solicitudes de atracción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las víctimas siguen esperando justicia y los hechos ni siquiera se han investigado.
 
Lo que es evidente es que en este caso la debida diligencia y el derecho a la justicia para las víctimas no ha sido garantizado por las autoridades ni federales, ni de la Ciudad de México.
 
Mientras tanto, Gutiérrez de la Torre, acompañado de su abogado personal Ciro Gómez Leyva, se presentó en días pasados en un noticiero de Radio Fórmula como la víctima inocente a quien hay que pedirle disculpas. ¿Disculpas por qué?  el IEDF no lo exoneró, reconoció que no se pudo allegar los elementos para sancionarlo. Esto no quiere decir que sea inocente. 
 
Cómo decirles a las víctimas que denuncien, cómo pedirles que no tengan miedo, que no se callen… En el caso Gutiérrez de la Torre se ha hecho evidente cómo se tienen que enfrentar a la absurda impunidad rampante y a un manto de poder y corrupción que se ha tendido para impedir que ellas, las víctimas, logren el acceso a la justicia.
 
Lo que es innegable es que las instituciones y sus funcionarios han fallado, les han fallado a las víctimas cuando su seguridad e integridad está en riesgo, cuando no podemos entender ¿qué mueve al Procurador de la Ciudad de México? ¿qué vínculos políticos unen al Gobierno de la Ciudad y su partido con el grupo delictivo de Gutiérrez de la Torre? ¿qué le deben?…
 
Aún más, el mismo Juez 14 de Distrito en materia de Amparo Penal que le otorgó el amparo a Gutiérrez de la Torre para que la PGJ determinara su Averiguación Previa -o sea amparó al presunto criminal- les negó el amparo a las víctimas, sin siquiera haber entrado al fondo del mismo por un tecnicismo de forma y no de fondo que se está combatiendo por medio de un recurso de revisión.
 
El caso no está concluido, el punto final de la historia no se ha escrito, y si es necesario llegaremos a las instancias internacionales.  Cuando las instituciones fallan, sólo nos queda la movilización y la organización feminista.
 
¡Es por ti, por ellas, por todas!
¡Ni una más víctima de las redes de trata y prostitución!
¡Ni una menos víctima de desaparición o feminicidio!
 
*Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, A.C. (CATWLAC por sus siglas en inglés).
 
16/TUZ/LGL
 







INTERNACIONAL
Cobertura XIII Foro Internacional AWID
   XIII FORO INTERNACIONAL DE AWID
   Recuerdan la herencia combativa de las antecesoras
Rinden en Brasil, tributo a defensoras asesinadas
CIMACFoto: Anayeli Garcia Martínez, enviada
Por: Anayeli García Martínez, enviada
Cimacnoticias | San Salvador de Bahía, Bra .- 09/09/2016 Con pequeñas luces en mano, danza con velos y música, las mujeres reunidas en Bahía, Brasil, rindieron tributo a las defensoras de Derechos Humanos que han sido asesinadas o que simplemente perdieron la vida por una enfermedad o problemas de salud.
 
Para recordar la herencia combativa de sus antecesoras, la tarde- noche de este jueves las asistentes al XIII Foro convocado por la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID), que se realiza del 8 al 11 de septiembre en esta localidad, se congregaron para recordar a las defensoras.
 
El tributo fue para las defensoras afrodescendientes, las activistas indígenas, las que trabajan para erradicar la violencia de género y todas aquellas que apuestan por la igualdad; por cada una de ellas las mujeres encendieron una luz para recordar que sus esfuerzos no fueron invisibles.
   
Yolanda, Nadia, Ana Alice, Paola, Jacky, Vivian, Rebbeca, entre muchos otros, fueron los nombres que las mujeres escribieron en un lienzo donde dejaron constancia de que cada una de ellas murió haciendo de su vida una constante lucha por la igualdad y los derechos para todas y todos.
 
En un breve discurso leído en varios idiomas las asistentes señalaron que aquellas defensoras que fueron asesinadas, son crímenes que no se investigaron, donde se negó la justicia y se envió un mensaje a las otras activistas de lo que puede pasar si siguen en sus movimientos.
 
No obstante dijeron, “el legado de sus vidas y sus luchas continúa en nuestra memoria colectiva y contribuirán a la fuerza y resiliencia de las mujeres activistas y defensoras en las generaciones por venir. Reconocemos la importancia de mantenernos a nosotras y a cada una seguras”.
 
Así lo mencionaron porque saben que sus identidades de género y sus ideas desafían las normas sociales, políticas y de género; pese a esto se mostraron dispuestas a no perder la esperanza y como reflejo de ello, organizaron este homenaje a modo de celebración.
 
Mientras una artista danzaba para mostrar la viveza de los movimientos del cuerpo, en el fondo de la pantalla ubicada en el escenario principal del auditorio, se proyectaba un video con música; a la par las asistentes decidieron levantarse y tomar el lienzo que permanecerá como un memorial con imágenes y frases, que celebren y honren la vida y la lucha de las defensoras.
 
Así lo decidieron porque los crímenes contra ellas se cometen igual en México, en Honduras, en Nicaragua que en Marruecos, Irán o Kenya. 
 
Entre 2012 y 2014 la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, en su informe sobre la situación de agresiones contra activistas,  registró un total de mil 688 agresiones a mujeres defensoras de derechos humanos en El Salvador, Guatemala, Honduras y México; de las cuales 414 corresponden a 2012, 512 a 2013
y 762 a 2014.
 
De acuerdo con el informe, hubo un incremento respecto a 2012, de casi el doble en el número de agresiones registradas (45.7 por ciento). Este aumento también se percibe en algunos de los países contemplados en el registro, como Guatemala, México y El Salvador
 
16/AGM/LGL







NACIONAL
VIOLENCIA
   Aunque ocurra una sola vez
Propone diputada tipificar acoso sexual en todo el país
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/09/2016 La diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para incorporar en el Código Penal Federal el tipo penal de acoso sexual y sancionar ese delito con seis meses y hasta tres años de prisión, la cual se incrementaría en una mitad si la agresión se cometiera en el transporte público.
 
El documento, que incorpora el Artículo 259 ter, indica que comete el delito de acoso sexual quien, sin importar el sexo de la víctima, solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psico-emocional que lesione su dignidad.
 
Esta conducta se sancionará independientemente de que se ejecute en uno o varios eventos, precisa la propuesta de la diputada Flores Carranza, integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
 
La iniciativa, que también modifica el Artículo 259 bis, establece pena de dos a cuatro años de prisión a quien con fines lascivos asedie a una persona valiéndose de su posición jerárquica derivada de su relación laboral, docente o doméstica.
 
Si el hostigador fuese servidor público y utilice los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, será inhabilitado por un término adicional al que se hubiera impuesto como pena privativa de libertad.
 
Asimismo, el documento presentado en la Permanente y turnado a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, reforma el Artículo 266 bis, a fin de que las sanciones previstas para el abuso sexual y la violación aumenten hasta en una mitad en su mínimo y máximo, cuando el delito se cometa previa suministración de estupefacientes o psicotrópicos a la víctima.
 
LEY GENERAL NO LO INCLUYE
 
La diputada Flores Carranza comentó que las modificaciones al Código Penal Federal tienen el propósito de proteger la dignidad y libertad sexual de las personas, particularmente de las mujeres, por ser un grupo más expuesto a las agresiones sexuales.
 
Agregó que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia representa un gran avance en el reconocimiento de la violencia de género, sus causas y consecuencias; sin embargo, “excluye el acoso sexual que, desgraciadamente, ha proliferado”.
 
En tal sentido, “es imperativo que la normatividad federal incorpore el tipo penal del acoso sexual, así como especificar que este delito no requiere una serie reiterada de eventos, sino que se verifica con un primer y único acto, o bien, con una serie reiterada de conductas invasivas de la intimidad y libertad sexual del agente pasivo”.
 
La legisladora consideró que en México la violencia contra las mujeres se caracteriza por una “invisibilidad” y “normalidad”, producto de pautas culturales y de la educación patriarcal que “autoriza” al varón ejercer abusos contra el sexo opuesto.
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) precisa que nuestro país ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años.
 
A su vez, el Instituto Nacional de las Mujeres registró que el 47 por ciento de las mexicanas mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia, ya sea física, sexual, emocional o económica.
 
En tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) apuntó que prevalece la violencia emocional, con un porcentaje del 44.3 por ciento, causada primordialmente por la pareja o el esposo de la víctima, y la violencia sexual la sufre el 35.4 por ciento.
 
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NACIONAL
Interrupción Legal del Embarazo en México
   Familia del padre se opone
Miriam, presa 9 años sin pruebas, enfrenta nuevo proceso para ver a su hijo
Archivo CIMACFoto
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/08/2016 Miriam, recién liberada tras nueve años de cárcel acusada sin pruebas de homicidio por un parto fortuito que causó la muerte del feto, enfrenta un nuevo proceso jurídico, ahora de tipo civil, para que la dejen convivir con su hijo de 10 años, a quien no ve desde su prisión.   
 
En 2008, Miriam tenía 26 años, vivía con su pareja y con el hijo de ambos, de 2 años de edad. Era, dice a Cimacnoticias esta mujer guerrerense,  “reservada”, se dedicaba al trabajo en el hogar y  prefería mantenerse en silencio cuando se presentaba algún problema o alguna situación en contra.
 
El 25 de noviembre de ese año, tuvo un accidente, una caída en el interior de su casa que la desmayó y la provocó un “parto fortuito”, en el que murió el feto, de siete meses de gestación, y a ella le causó  una hemorragia posparto.
 
Su pareja la llevó al hospital y el médico que atendió a Miriam pidió a sus familiares que le llevaran el cadáver del producto, tras lo cual reportó a la policía la comisión de un delito. Ese mismo día, agentes la sacaron del hospital, para llevarla ante el Ministerio Público. “No era un interrogatorio, ellos me decían: fuiste tú. Lo hicieron con violencia. Y luego en los separos los policías me esposaron y delante de mi hacían sus necesidades”, relata Miriam.
 
Debido a que su salud era delicada, la regresaron al hospital y al día siguiente la trasladaron a los separos, de donde fue llevada al Penal de Las Cruces en Acapulco la madrugada del 28 de noviembre. “Me dolía mucho el cuerpo, la nuca y las caderas. Los médicos del hospital habían dicho que debía tomar medicamentos (para el dolor y para evitar infección), pero en el penal no había atención médica ni medicinas”, recuerda Miriam.
 
Su madre y su hermana consiguieron medicinas. Su madre buscó apoyo legal. El primer abogado “solo nos quitó el dinero, se dejaba manipular por el Ministerio Público”. Acusada de homicidio, enfrentó un juicio que, con irregularidades, duró cuatro años y fue sentenciada a 20 años de prisión por homicidio.  
 
Durante su encierro, Miriam recibió las visitas de su madre y hermana, pero a su hijo ya no lo volvió a ver, porque se quedó a vivir con el padre y éste dejó de visitarla en la cárcel. Al principio la madre de Miriam visitaba al niño los fines de semana, hasta que el padre y su familia le negaron el contacto con su nieto.
 
En 2015, la asociación civil Asilegal conoció el caso, pidió revisión de sentencia, ya que no había pruebas del delito y fue además víctima de violencia institucional y de violencia obstétrica, al ser vulnerado su derecho a atención médica.  
 
Dentro del penal, Miriam vivió la rutina carcelaria, pases de lista y vigilancia continua, y trató de rehacer su vida. Tuvo así un tercer embarazo y nació su segundo hijo. “Fue difícil porque, si no hay médicos y medicinas para las reclusas, menos para los niños”, dice. 
 
El pasado 16 de agosto, un juzgado le dictó sentencia de libertad y ordenó la reparación de daños para Miriam, al reconocer que no había pruebas suficientes de que haya cometido el delito. Regresó así a la casa de su madre, con su segundo hijo de 5 años de edad.
 
Ahora quiere recuperar a su hijo de 10 años y esa es su motivación para continuar con el juicio civil para lograrlo. “Lo tomo por buen plan, antes era una persona muy callada, no peleaba, pero estar ahí te hacer crecer, te haces más ágil de pensamiento y te empiezas a defender”, dijo.
 
Mientras tanto, Miriam espera que en los próximos días el Ministerio Público no apele la sentencia de absolución, con lo cual se le reparará el daño y le permitirá continuar en su empeño por reintegrarse a la vida de su primer hijo. 
 
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QUINTO PODER
DERECHOS HUMANOS
   QUINTO PODER
Centros de Justicia y rendición de cuentas
Imagen retomada del sitio cafeprensa.blogspot.com
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche.- 23/08/2016 El acceso de las mujeres a la justicia es visto todavía como un tema en abstracto, aun cuando el Estado mexicano tiene la responsabilidad y obligación de cumplirla y garantizarla, con cuatro puntuales líneas de intervención: prevención, atención, sanción y erradicación. Y la existencia de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) constituye una política pública que responde a ello.  
 
Los 26 Centros de Justicia que existen en 19 estados del país deberían tener como eje de acción las “órdenes de protección” y éstas deberían de  ser para el Estado mexicano de constante reflexión y evaluación, ya que son los indicadores más importantes del Informe Hemisférico del Mecanismo de Seguimiento a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Mesecvi), conocida como Belem do Pará.
 
Sin embargo, es poco lo que se ha hecho en los CJM para una rendición de cuentas ante la ciudadanía, con base en los lineamientos sobre los que tienen que construir sus acciones.
 
LAS RECOMENDACIONES
 
Por una parte, tenemos el Informe Séptimo y Octavo del Comité de Expertas de la Convención para Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, relativo a la recomendación 19 inciso d.
 
Este señala la responsabilidad de: Garantizar el acceso de las mujeres, entre otras cosas mejorando la capacidad de los centros de justicia para las mujeres y poniendo estos centros al alcance de las mujeres y las muchachas que son víctimas de la violencia. Además, otras recomendaciones relativas a las órdenes de protección, como una medida de prevención de la violencia contra las mujeres.
 
También los indicadores del Informe Hemisférico del Mesecvi en lo relativo al Artículo 7, inciso f, donde señala que los Estados deben establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer víctima de violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y acceso a tales procedimientos.
 
MONITOREO DE INDICADORES
 
El Informe da cuenta de los indicadores que pueden ser monitoreados y que pueden ser utilizados por la sociedad civil mediante solicitudes de transparencia, para el tema de órdenes de protección, fundamentales en el acceso a la justicia. Estos indicadores son: 
 
Indicador 1.1.f, sobre la existencia de legislación sobre medidas de protección a solicitud de las víctimas, de terceras/os o de oficio, antes y durante el proceso judicial.
 
Indicador 2.1.f, sobre los procedimientos judiciales que cuenten con medidas que garanticen la seguridad de las mujeres víctimas de violencia y la de las y los testigos.
 
Indicador 1.2.a, sobre el número de órdenes de protección otorgadas en casos de violencia contra las mujeres, con respecto al número de órdenes de protección demandadas.
 
ÓRDENES DE PROTECCIÓN
 
En especial, este último indicador representa una oportunidad para que las organizaciones de la sociedad civil tengan información de la relación que existe entre el número de solicitudes y las que se otorgan. Tenemos muy claro que este indicador representa el reto más importante en los Centros de Justicia para las Mujeres.
 
Aún falta contar con registros sobre las solicitudes, ya que cuando las  mujeres acuden a los Centros, prácticamente en ninguno queda constancia de quiénes solicitan apoyo y a quiénes no se les otorga, de acuerdo con el criterio del operador de justicia. Dato de gran importancia para empezar a establecer responsabilidad en servidores públicos que no les otorguen ayuda en casos urgentes.
 
Los indicadores son resultado de la propuesta de medición de las recomendaciones del Mesecvi para la aplicación absoluta de la Convención de Belem do Pará, y para constatar su aceptabilidad, accesibilidad, asequibilidad y adaptabilidad a los derechos que reconoce la propia Convención.
 
La implementación de esta obligación aún está en proceso de ser una real garantía para las niñas, adolescentes y mujeres de todo el país, aun con la existencia de los Centros de Justicia. Así, el acceso a la justicia para las mujeres parece un bien inasible, subjetivo y no medible, desde la falta de indicadores.
 
La exigencia y la necesidad de justicia para las mujeres tiene que venir acompañada de la rendición de cuentas para que deje de ser un abstracto, y para ello los Centros de Justicia, que en teoría disponen de un Sistema de Información aparejado al Banavim (y decimos en “teoría” porque sabemos que en la práctica este Banco no ha funcionado) no es accesible, y no se generan los indicadores ya que son una base de datos de registro, de servicio, limitados y restringidos.
 
La sociedad civil tiene la posibilidad de exigir y demandar resultados concretos y medibles con base en indicadores establecidos por el Comité de Expertas (CEDAW) y el Mecanismo de Seguimiento, para realmente evaluar y medir las actuaciones de una de las políticas públicas más importantes que se han implementado y a la cual se han destinado presupuestos muy importantes en 26 estados.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
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