INTERNACIONAL
Aborto
   OSC denunciarán ante instancias internacionales
Parlamento nicaragüense archiva proyecto de ILE por causas de salud
CIMACFoto: Nelson Rodríguez
Por: Nelson Rodríguez, corresponsal
Cimacnoticias | Managua, Nic .- 27/04/2017 La Junta Directiva del Parlamento nicaragüense ordenó archivar la iniciativa de Ley especial para la interrupción del embarazo por causas de salud, la cual era una propuesta de varias organizaciones ciudadanas.
 
El diputado oficialista Wilfredo Navarro dijo que en el Parlamento estaban a favor de la vida por lo cual la posición siempre ha sido en contra del aborto, y esto en concordancia con las encuestas nacionales que reflejan que el pueblo está en contra del aborto, defendió el legislador.
 
“El legislador Navarro no lee bien las encuestas o no sé a cuáles sondeos se refiere”, dijo la integrante de IPAS Centroamérica y del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico (GEDAT), Martha María Blandón.
 
Una reciente encuesta dice lo contrario, refirió Blandón, quien señaló que no era extraña la posición de los legisladores y agregó que continuarán la lucha ante el Poder Judicial para que respondan a los recursos a favor del aborto terapéutico.
 
En 2006, los legisladores nicaragüenses en plena campaña política y atendiendo compromisos con grupos conservadores y con las iglesias, reformaron el Código Penal para penalizar el aborto terapéutico el cual estaba permitido por más de 100 años.
 
Esta año, en el marco de la jornada por los 10 años de lucha por la despenalización del aborto terapéutico,  el GEDAT continuará exigiendo ante la Corte Suprema de Justicia una respuesta sentenció Blandón.
 
Imagen: Nelson Rodríguez.

 
La actitud de los diputados al mandar a caducar esta iniciativa demuestra una vez más el desprecio a los derechos humanos de las mujeres y al sentir de la ciudadanía, dijo Blandón.
 
Leslie Briseño, representante legal de la iniciativa ciudadana, la cual fue presentada ante el Parlamento en octubre de 2015, respaldada por más de 6 mil firmas, lamentó esta decisión.
De esta manera los diputados están desatendiendo una demanda ciudadana y genera realmente mucho pesar ver lo ocurrido, dijo Briseño.
 
La feminista Mirna Blandón dijo sentirse muy molesta por lo actuado por los diputados que demuestran nuevamente el desprecio por la vida de las mujeres y la falta de cumplimiento con los compromisos internacionales.
 
Las y los diputados en la Asamblea Nacional están para hacer leyes a favor de la ciudadanía, no para atender asuntos religiosos, eso es personal y cada quien lo vive, dijo la dirigente feminista.
 
Con este nuevo golpe a los derechos humanos de las mujeres nicaragüenses, a quienes afectan es a la gran mayoría de las mujeres empobrecidas económicamente, con esto aumenta el riesgo de muerte de las mujeres, dijo Mirna.
 
Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres acudirán nuevamente a los órganos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los comités de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y todos los foros internacionales para denunciar esta violación a los derechos de las mujeres.
 
Aunque no hay datos estadísticos oficiales sobre las verdaderas causas de las muertes maternas, es una realidad que hay mujeres que pierden la vida por razones de salud durante el embarazo, dijo Martha María Blandón.
 
Al problema se suma la violencia sexual, se estima que cada año dan a luz en los hospitales públicos un mil 600 niñas menores de 14 años, muchas de ellas exponen sus vidas en los embarazos y se desconoce cuántas pierden la vida por la misma causa, denunció Martha María Blandón.
 
17/NR/GG







NACIONAL
Migración
   Reclaman 14 ONG al gobierno de Trump
Falta de compromiso de EU en migración afecta a mujeres y niñas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/04/2017 Estados Unidos (EU) tiene la obligación internacional de garantizar los Derechos Humanos de las personas migrantes, pero decidió ausentarse de los espacios donde organizaciones y sociedad civil discuten el problema, lo que evidencia la falta de compromiso de la administración de Donald Trump por proteger estos derechos, lo que afecta principalmente a las mujeres y niñas.
 
Así lo indican 14 organizaciones civiles, entre ellas la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC, por sus siglas en inglés) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), en una carta dirigida al secretario del Estado de EU, Rex Tillerson, quienes han insistido y destacado el riesgo que enfrentan mujeres y niñas en su trayecto hacia EU: pueden ser extorsionadas, cooptadas por redes de trata de personas, ser víctimas de agresiones sexuales y explotación laboral, incluso asesinadas.
 
En el documento critican la deserción de las autoridades estadounidenses para participar en las audiencias celebradas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 21 de marzo de 2017, lo que marca un “peligroso precedente” y contraproducente para abordar las violaciones de los derechos de personas migrantes en toda la región.
 
Las agrupaciones recordaron al Secretario de Estado que no debe eludir a estas responsabilidades, pues han pasado dos décadas consecutivas desde que EU participa en este proceso de la CIDH, hasta ahora.
 
El cierre de las fronteras, como la construcción del muro fronterizo con México, y la regulación de la participación política y económica de EU, tal como sucede con la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC), son acciones características de regímenes autoritarios, contrarias a naciones democráticas que velan por los derechos universales, cuestiones que se deben tomar con severa precaución, indicaron las organizaciones.
 
Entre los temas discutidos ante el organismo del Sistema Interamericano –donde el lugar reservado para las autoridades estuvo vacío- se destacó la participación de las mujeres y niñas en los procesos migratorios, quienes, dijeron las organizaciones especializadas, son las principales afectadas por las políticas migratorias ejecutadas por Trump.
 
De acuerdo con datos de Imumi, cerca de 20 mil mujeres cruzan cada año la frontera sur de México con intensión de llegar a EU, sin embargo, en su trayecto es peligroso, pueden ser extorsionadas, cooptadas por redes de trata de personas, ser víctimas de agresiones sexuales y explotación laboral.
 
De la misma manera, en la audiencia de la que se ausentaron autoridades estadounidenses, se planteó la falta de acceso al derecho de asilo en EU, lo que significa para ellas y sus familias, condenarlas a la muerte o desaparición, ya que se verían obligadas a retornar a los territorios de lo que huyeron por violencia como El Salvador, Honduras y Guatemala.
 
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), indicó que en 2015 y 2016 fueron detenidas en la frontera entre México y EU, más de 180 mil niñas, niños y sus familias, a quienes, en su mayoría, se les niega el derecho al asilo a pesar de las razones por las que migraron.
 
Por último, en el documento hicieron un llamado a la administración estadounidense en general para  defender los Derechos Humanos y reafirmar su compromiso internacional ante instituciones como la CIDH.
 
17/HZM/GG
 







INTERNACIONAL
   Nuevos ingresos, pese a recomendación
Urge CIDH a Guatemala apoyar a niñez que vive aún en Hogar Seguro
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/04/2017 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado guatemalteco aplicar medidas adecuadas para apoyar y asistir a familiares de las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde murieron quemadas 41 niñas como consecuencia de un incendio; y a la niñez y adolescencia que todavía se encuentran ahí, así como prohibir el ingreso de más menores de edad.
 
En un comunicado, la CIDH informó que la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez realizó una visita al lugar de los hechos el pasado 30 y 31 de marzo, donde pudieron constatar que aún permanecen en ese lugar 33 menores de edad quienes se encuentran en un sector llamado San Gabriel, en condiciones sanitarias deficientes, habitaciones inadecuadas y con la presencia de unidades de la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Especiales de la Policía en la puerta de ingreso.
 
También señaló que el Hogar está rodeado de alambre de púas en sus altas paredes y dispositivos “similares a un centro de privación de libertad” en lugar de uno de protección.
 
De las pláticas que la relatora Esmeralda Arosemena de Troitiño sostuvo con las y los menores de edad que permanecen ahí, se pudo apreciar que “están muy afectados por la tragedia vivida y debería encontrarse para ellos un ambiente que les pueda ofrecer condiciones de protección y cuidado adecuadas para que puedan dejar cuanto antes ese Hogar”.
 
NUEVAS ADMISIONES
 
Asimismo, dijo la CIDH, la delegación fue informada que tres niños habían sido admitidos en ese mismo Hogar en los últimos días, el último de ellos con una orden del juez que apercibía a los funcionarios con arresto si no era recibido en el recinto, lo que la Comisión considera sumamente preocupante toda vez que había solicitado al Estado prohibir el ingreso de más niñas o niños al “Hogar Seguro Virgen de Asunción”.
 
La Comisión destacó que no recibió información consistente sobre el número de menores de edad que se encontraban en el Hogar el 8 de marzo (día del incendio) pues las cifras de las autoridades oscilan entre 588 y 604, y que se activaron 29 alertas por desaparición de niños, niñas y adolescentes los días 7 y 8 de marzo.
 
ENTREGA SIN RESGUARDOS LEGALES
 
Otra irregularidad, señaló el comunicado, es que algunas niñas, niños y adolescentes fueron entregados a quienes fueron a buscarlos “sin adoptar los resguardos legales correspondientes para su protección”; y que no hubo información sobre medidas para garantizar procesos de reinserción segura con acompañamiento especializado a sus familias.
 
“En los casos en que no se pudo localizar un recurso familiar, el Estado procedió a trasladar a los niños, niñas y adolescentes a otros hogares y a otro tipo de instalaciones para un albergue de emergencia”.
 
La  CIDH otorgó la medida cautelar No. 958/16, el 12 de marzo con el fin de proteger la vida e integridad personal de las niñas, niños y adolescentes que se encontraban alojados en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción al momento del incendio que tuvo lugar el día 8 de marzo; la medida alcanzó a los que resultaron lesionados y que fueron trasladados a otros lugares.
 
Urgió al Estado a otorgar todo el apoyo psicológico necesario para la niñez y adolescencia y otras medidas de protección por su condición de víctimas y testigos de los hechos como el resguardo de su privacidad e identidad.
 
ALIDA ESPAÑA, MALAS CONDICIONES
 
Como parte de su visita, la delegación también estuvo en la escuela Alida España, un albergue temporal para niñas y niños con discapacidad mental, donde observó, señaló en su comunicado, “las condiciones de hacinamiento en que están viviendo los niños y las niñas al interior de la escuela; las salas de clases han sido habilitadas como dormitorios con colchonetas en el suelo, y los baños son insuficientes para la cantidad de niños”.
 
Por lo anterior, urgió también al Estado a trasladar a las y los niños a un lugar adecuado a su condición; a prestar apoyo a las familias en el ámbito de la comunidad, a través de servicios de salud, sociales y educativos adaptados, que permita a la familia hacerse cargo y cuidarles; y contemplar la posibilidad de formas de acogimiento alternativo en aquellos casos en que esté en el interés superior del niño, en centros que cumplan los estándares internacionales.
 
La Comisionada y vicepresidenta Segunda de la Comisión y Relatora sobre los Derechos de la Niñez y personal de la Secretaría Ejecutiva, Esmeralda Arosemena de Troitiño, recordó que no es la primera vez que la Comisión visita este país debido a diversas situaciones de desprotección en que se encuentra la niñez ante la falta de un sistema eficiente y coordinado que integre las diversas dependencias del Estado a nivel nacional y local, que realmente garantice los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes.
 
La delegación estuvo integrada por la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, y personal de la Comisión, y en carácter de observadora, la vicepresidenta del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) Sylvia Mesa.
 
17/LGL/GG
 







NACIONAL
Migración
   Desfavorables políticas de México y EU
Mujeres migrantes, en riesgo de muerte o desaparición si les niegan asilo
Imagen de Diana Castillo
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/03/2017 Las mujeres y niñez migrante pueden estar condenadas a la muerte o a la desaparición si se les niega u obstaculiza su derecho humano al asilo, debido a los altos índices de violencia que viven en su región y ante la nueva política migratoria del gobierno estadounidense de Donald Trump y por las políticas migratorias mexicanas.
 
Así lo advirtieron organizaciones civiles de México y Estados Unidos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante el periodo 161 de Audiencia Públicas, que se lleva a cabo en Washington del 15 al 22 de marzo, entre ellas el Instituto para las Mujeres en la Migración AC (Imumi), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC).
 
En la audiencia, las sillas reservadas para representantes de estados Unidos quedaron vacías, luego de que ese gobierno decidió no enviar a ningún funcionario para tratar el tema migratorio.   
 
Al exponer ante el órgano interamericano los obstáculos que enfrentan las personas migrantes solicitantes de asilo en la Frontera Norte, WOLA informó que entre 2015 y 2016 fueron detenidas en la frontera entre México y EU, más de 180 mil niñas, niños y sus familias, quienes huyeron de la violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y el Salvador).
 
En su mayoría, indicó WOLA, tenemos testimonios de mujeres que han salido de sus países de origen debido a la violencia que viven por parte de sus parejas, su comunidad o el Estado. Y a esto se suma, explica el organismo, los impactos severos que tiene implica el traslado  en su integridad, salud física y emocional.
 
HUYEN POR VIOLENCIA FAMILIAR
 
De acuerdo con lo reportado por WOLA, la violencia familiar es uno de los principales factores en la decisión de migrar de las mujeres, ya que El Salvador, Honduras y Guatemala son algunos de los países más peligrosos para las mujeres a nivel mundial ante esta situación, por lo que se ven obligadas a huir hacia los países del norte en busca de seguridad.
 
A partir por los datos retomados por la organización, el Ministerio Público de Guatemala informó que en 2013 recibió más 50 mil casos violencia contra las mujeres, de los cuales el 76 por ciento de las víctimas vivían con el agresor, el cual era su esposo, pareja o expareja. Asimismo este delito queda en la impunidad, de todos los casos sólo 983 (dos por ciento) culminó en una sentencia de prisión para el agresor. 
 
La situación de violencia familiar para las mujeres es similar en toda la región, indica la agrupación; en Honduras 471 mujeres fueron asesinadas en 2015, una cada 16 horas; mientras en El Salvador, se han contabilizado casi mil 100 casos de violencia familiar y más de dos mil 600 casos de violencia sexual en 2016.
 
MÉXICO NIEGA ASILO  
 
Además, el gobierno mexicano ha participado en acciones que limitan el acceso al asilo de las migrantes centroamericanas, a través de los Grupos Beta (personal para auxiliar personas migrantes) en la frontera de Tijuana; “la detención se ha convertido en la regla y no la excepción”, resaltaron las organizaciones en audiencia con la CIDH.
 
Lo mismo sucede en la Frontera Sur, advirtieron, con el Plan Frontera Sur implementado en 2014 las detenciones de personas migrantes se incrementaron, aun cuando la mayoría tenía necesidades de asilo o protección internacional. Según datos de la Secretaría de Gobernación (Segob) de 2013 a 2016 aumentó en 120 por ciento la detención de personas migrantes.
 
Las organizaciones indicaron que el apoyo económico y la presión para implementar estas políticas para frenar el flujo migratorio de personas provenientes de Centroamérica en México, han venido en su mayoría por parte del país vecino, lo que constituye una violación a los derechos humanos internacionales. Muestras de ello sustentaron, es que no acudió ningún representante del gobierno estadounidense a la audiencia “lo que muestra su desdén hacia los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo” dijeron.
 
17/HZM/GG
 







INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Feminicidio institucional
Feministas y mayas exigen justicia para niñas de “Hogar seguro”
Velada por la dignidad y la justicia de las niñas de Guatemala realizada en la explanada de Bellas Artes en la Ciudad de México. CIMACFoto: César Martínez López.
Por: Por la Redacción
Cimacnoticias | Guatemala, Gua.- 14/03/2017
Feministas de distintas procedencias y tendencias, así como integrantes del Consejo del Pueblo Maya, exigieron hoy al Estado de Guatemala que se investigue y castigue con las máximas penas administrativas, civiles y penales, a los culpables de la muerte de 40 niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, y por las lesiones de decenas más, durante un incendio provocado, durante su protesta por malos tratos y abusos sexuales en ese lugar.
 
Las decenas de organizaciones feministas exigen también, en un comunicado, garantías de no repetición y justicia plena en toda la jerarquía institucional, desde los responsables materiales, hasta los institucionales, como la Procuraduría General de la Nación, el Procurador de los Derechos Humanos, Ministerio Público y Fiscalía contra el Delito de Femicidio/Feminicidio y Congreso de la República. Al presidente Jimmy Morales le exigen que deje de lado “las banalidades y asuma con seriedad la gravedad de la situación”.
 
En el ámbito internacional, las feministas solicitan a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que intervenga para vigilar las investigaciones. Piden también una visita al país de la Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de Naciones Unidas y de la Relatora Especial de Violencia contra las Mujeres, sus Causas y Consecuencias, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
  
El Consejo del Pueblo Maya, en otro comunicado, llama también a la reflexión sobre lo que significa seguridad en el hogar, porque no existe tal, si permitimos que haya violencia contra las mujeres. Debemos, dice,  ante la tragedia de las niñas del albergue Hogar seguro, parar y denunciar todos los abusos contra las mujeres, las niñas y los niños.    
 
La mayoría de los “hogares seguros” creados por el Estado, afirma el Consejo Maya, no tienen la visión, capacidad, y voluntad para atacar de raíz las causas de las violencias contra la niñez. “Son cárceles y “funcionan mal porque este Estado no está hecho para proteger a la sociedad ni para garantizar la vida”.
 
FEMINICIDIO INSTITUCIONAL
Las feministas califican la muerte de las niñas como un “Femicidio Institucional” y recuerdan que las autoridades habían sido señaladas de cometer abusos, violaciones sexuales, torturas y una serie de agresiones que condujeron al “desenlace atroz”. “La denuncia y la rebeldía de las niñas fueron castigadas con la pena de muerte”, como se quiere castigar a quien se opone al régimen de desigualdades y corrupción, aseguran.  
 
Tanto el Consejo del Pueblo Maya, como las organizaciones feministas llaman a las familias, escuelas, iglesias y medios de comunicación a no callar frente a este hecho y ante el aumento de la violencia social. Propone que la sociedad “contribuya a erradicar cualquier acto de violencia, desde los gestos despectivos, insultos, los malos tratos, hasta las torturas, desapariciones y asesinatos”, en lo individual, en su casa, trabajo o escuela, para que la violencia salga de la cotidianidad. Descolonizar nuestras relaciones y derribar los cimientos de las violencias, privilegios y segregaciones. 
 
Piden también a los medios de comunicación respeto a las niñas fallecidas y hospitalizadas, a sus familias, para que no se las victimice ni criminalice y no se exponga a las sobrevivientes “cuya vida corre peligro”.  A los hombres les piden que no se convierta en máquinas de destrucción y dolor, y que se asuman como seres íntegros, generosos y solidarios.  
 
Las mujeres, dicen las organizaciones, debemos unirnos para salir de las opresiones y solicitan a la comunidad internacional que siga observando y acompañando a las comunidades y pueblos más necesitados. “Las niñas no se tocan, no se violan, no se queman, no se matan”, finalizan las feministas. “No más pactos para controlar y matar a las mujeres”, dice el Consejo del Pueblo Maya. 
 
17/RED/GG
 







INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Había denuncias previas
Mueren 33 niñas guatemaltecas en incendio de albergue al protestar por abusos
Imagen retomada del portal radiorebelde.cu
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/03/2017 Ayer, en Guatemala, tras un incendio provocado en el albergue Hogar Seguro Virgen de la Asunción,  33 niñas murieron y más de 30 quedaron heridas, mientras protestaban por los maltrato y abusos sexuales en esa institución pública. Estaban ahí porque presuntamente las protegían del abandono, el abuso sexual, el maltrato y abuso de drogas que padecían afuera.
 
La Fiscalía investiga el origen del incendio y las razones de la protesta, que se dio justamente en el Día Internacional de la Mujer, cuando se conmemora a las trabajadoras muertas en un incendio que fue provocado para acabar con su denuncia de malas condiciones laborales.
 
La gravedad de algunas niñas hace suponer que el número de fallecidas aumente. La secretaria general del Ministerio Público (MP), Mayra Véliz, dijo que de las primeras 19 fallecidas, 17 fueron por quemaduras y se investigan las causas de otras dos. 
 
ORIGEN DEL FUEGO
 
El fuego, señaló a la prensa el defensor de la Procuraduría de Derechos Humanos, Abde Paredesw, fue originado por las mismas niñas al incendiar colchones, en tanto, Daniel, de 16 años, interno en el área de niños, afirmó a periodistas que las niñas  estaban encerradas bajo llave, castigadas, después de una revuelta que se organizó el martes, cuando un grupo de 40 adolescentes intentó escapar.
 
Señaló también a varios medios internacionales, al igual que madres y padres de familia, que las cuidadoras tardaron mucho para intentar apagar el fuego con extintores y que no dejaron a los niños ayudar para salvar a sus compañeras.
 
ANTECEDENTES
 
El albergue, perteneciente a la Secretaría de Bienestar Social del gobierno guatemalteco, y donde había 748 niñas y niños, aunque su capacidad es de 400, ya había sido objeto de señalamientos por abusos contra las y los menores.
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue informada y se le habían pedido medidas cautelares desde noviembre pasado, pero no responde aún, dijo la procuradora adjunta, Hilda Morales.
 
Madres y padres de familia afirmaron a medios internacionales, mientras esperaban noticias de sus hijas afuera del albergue, que  dentro se comenten abusos y maltratos.  Acusaron trata de personas, golpes, violaciones sexuales, mala alimentación.
 
En 2016, más de 40 adolescentes trataron de fugarse, lo que originó la destitución del director y el cierre paulatino del centro.
 
Y anteriormente, se habían reportado violencia en el albergue, no de los cuales terminó con la muerte de una adolescente, según el informe Los Olvidados: niñas y niños en “hogares”, elaborado por la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar en 2014, y publicado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.
 
Ahora, el presidente Jimmy Morales también ordenó la destitución del director y decretó tres días de luto nacional.
 
Feministas guatemaltecas, participantes en el Paro Internacional 8M, realizaron una vigilia en memoria de las niñas y denunciaron que durante el gobierno de Morales han sido asesinadas en forma violenta, en los últimos nueve años, 6 mil 432 mujeres y niñas, y que el caso de las niñas del albergue es una muestra más de las constantes violaciones que sufren las mujeres en un país.
 
17/RED/GG







REPORTAJE
VIOLENCIA
   Detrás, explotación sexual comercial y trata
Aumenta desaparición de mujeres adolescentes en el país: Redim
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/02/2017 La desaparición de mujeres adolescentes en México está relacionada con grupos criminales vinculados a la trata de personas con fines de explotación sexual comercial; y va en aumento, reportó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
 
Las zonas más afectadas por estas desapariciones son la frontera norte y el centro del país.  
 
Tan sólo en cuatro años, de los 57 casos registrados en 2010 se pasó a 612 casos para 2014, lo que representa un aumento de 974 por ciento, informó el director de la Redim, Juan Martín Pérez García en el Webinar “Niñez Desaparecida” hecho por Comunicación e Información de la Mujer AC (Cimac).
 
La organización ha documentado que las adolescentes entre 15 y 17 años de edad son el principal perfil de ataque contemplado por las redes criminales de trata de personas: 7 de cada 10 adolescentes desaparecidas son mujeres. Martín Pérez señaló que se tiene identificado un patrón común de edad, rasgos y zonas geográficas donde ocurren los hechos.
 
Las entidades donde sucede este crimen de lesa humanidad tienen una correspondencia con las regiones perpetradas por el crimen organizado y grupos criminales, de acuerdo a los datos recabados por la Redim.
 
En la frontera norte, Tamaulipas registró de 2006 a 2014 la desaparición de mil 629 niñas y adolescentes menores de 17 años, la entidad con mayor número de casos; le sigue Baja California con 257 casos y Coahuila con 193 adolescentes desaparecidas.
 
En Nuevo León se contabilizaron 114 casos y en Chihuahua hubo en el mismo periodo 108 adolescentes desaparecidas.
 
El centro del país es otro de los focos rojos ubicados por la Redim. El Estado de México -que en los últimos años se ha representado como un caso paradigmático, indicó García- registró 386 casos, es la segunda entidad con mayor reporte de adolescentes desaparecidas.
 
En Guanajuato se contaron 263 casos, en Puebla 236, la Ciudad de México tuvo 169 desapariciones, Jalisco 139 y Michoacán 123.
 
NIÑOS, ADOPCIÓN ILEGAL Y VENTA
 
Este vínculo delictivo también ha correspondido con otro sector de la niñez: niños varones menores de 4 años. En el mismo periodo, 2006 a 2014, mil 902 niños desaparecieron “lo que nos da cuenta es que la desaparición de niños pequeños está asociada a adopción ilegal y venta de niños”, dijo García.
 
Aunque destacan las entidades con cientos de casos, el Director de la Redim alertó que la desaparición de la juventud y niñez es una situación generalizada en todo el país. El organismo contó entre 2006 y 2014, 6 mil 725 casos de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad, desaparecidos en todo el país.
 
 
PROTOCOLOS DE BÚSQUEDA
 
Martín Pérez destacó que las acciones militares emplazadas por el Estado mexicano para abatir a estos grupos criminales no han logrado garantizar la seguridad de la niñez y juventud; por el contrario, han generado un miedo generalizado en el país.
 
El escenario se torna complicado debido a la ineficiencia de los sistemas y procesos normativos para la búsqueda de adolescentes y niñas desaparecidas. El especialista explicó que las entidades donde han desaparecido más mujeres son las que menos Alertas AMBER (sistema de uso para hacer anuncios de desapariciones) se han emitido.
 
Además, dijo, “organizaciones civiles han exigido por años la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para las acciones preventivas, para aquellos casos de víctimas de violencia y desaparición”, sin embargo su negación trae como consecuencia que las víctimas no logren ser localizadas o terminen siendo víctima de feminicidio, en la mayoría de los casos, afirmó Martín García.
 
“Estamos tratando que, a partir de que se denuncie la desaparición, sin que intervenga una denuncia penal, se inicie la búsqueda”, pues en la mayoría de las entidades se tiene que esperar 72 horas para la acción de búsqueda, “horas vitales para la vida de las adolescentes”, dijo el especialista.
 
PROTOCOLO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
 
La Redim ha manifestado al Gobierno mexicano la necesidad incluir en la nueva Ley General de Personas Desaparecidas un capítulo específico sobre la niñez y juventud desaparecida, que permita generar un protocolo más eficiente de búsqueda con perspectiva de género. Para ello, dijo el especialista, se deben implementar sistemas de búsqueda inmediata y programas de acompañamiento social que contemplen las particularidades de cada caso.
 
La agrupación pide también crear una base de datos oficial que contemple información desagregada, con el fin de reconocer la magnitud del problema, un marco normativo que dé sustento a la ley y acompañamiento a los familiares de víctimas desaparecidas.
 
El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) es la instancia encargada de atender la   problemática, pero no ha logrado establecerse, debido a la falta de voluntad de otras entidades, apuntó Juan Martín.
 
“El resultado es que hoy no tenemos prácticamente ninguna actuación, ni preventiva, ni de cambio en las normativas para que puedan esclarecerse los 6 mil 700 casos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos”, agregó el especialista.
 
ANTE IMPUNIDAD, INSTANCIAS INTERNACIONALES
 
La desaparición de mujeres adolescentes es poco visible, sobre todo al ser “intencionalmente opacada y ocultada” por el Gobierno mexicano, con el fin de no asumir su responsabilidad, no sólo a nivel nacional, sino con instancias internacionales, explicó Juan Martín.
 
El representante de Redim dijo que la mayoría de los casos se mantienen en la impunidad debido a la ausencia de las autoridades: “es imposible que un número tan alto de personas desparezca sin que ninguna autoridad pueda percatarse de ello, tenemos que tener claro es que el Estado mexicano no está respondiendo a la realidad”.
 
CRISIS HUMANITARIA
 
Esta situación, aseveró, ya ha sido señalada por diversas organizaciones internacionales como un crimen de lesa humanidad que podría ser considerada como una crisis humanitaria y de Derechos Humanos (DH) en el país.
 
Ante la falta de acciones, el camino que han considerado las organizaciones y la sociedad civil es acudir a los órganos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde la Redim ya tuvo una audiencia en abril de 2016. Ahí destacó la importancia de las organizaciones no gubernamentales en el proceso de la defensa de los DH y señaló al Estado mexicano la necesidad de generar acciones para la juventud y niñez.
 
17/HZM/GG
 







NACIONAL
INFANCIA
   Red por los Derechos de la Infancia
Desaparición de mujeres de 15 a 17 años subió 974 por ciento en cuatro años
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/02/2017 La desaparición de mujeres adolescentes, de 15 a 17 años de edad en el país, es hoy un severo problema: los casos aumentaron 974 por ciento de 2010 a 2014,  según datos de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim).
 
Así, de las 57 desapariciones de mujeres entre 15 a 17 años de edad registrados en 2010, se pasó a 612 casos el año 2014, pero ante esto, “el Estado mexicano sigue siendo omiso y negligente frente a este crimen de lesa humanidad”, afirmó el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García, al participar en el Webinar “Niñez Desaparecida” organizado por Comunicación e Información de la Mujer AC (Cimac).
 
“En el caso de mujeres adolescentes, estamos hablando de grupos criminales vinculados a grupos de trata para explotación sexual comercial”, señaló Pérez García, y eso puede explicar que, de 2006 a 2014, de los 2 mil 506 casos de adolescentes, entre 15 a 17 años de edad, reportados como desaparecidos, 7 de cada 10 eran mujeres, convirtiéndose en el grupo más afectado, dijo Pérez García
 
De acuerdo con datos de la Red, durante 2006-2014 las entidades que presentaron el mayor número de casos de mujeres desaparecidas menores de 17 años son: Tamaulipas con un registro de 609 casos; Estado de México; 386 casos, y Guanajuato con 263 casos.
 
Asimismo, los casos no son menores en otras entidades, por ejemplo, en Baja California se registraron 257 adolescentes desaparecidas, en Puebla 236 y en Coahuila 193.
 
Para atacar esta situación, Juan Martín Pérez informó que la Red ha solicitado al Estado mexicano desarrollar, dentro de  la nueva Ley General de Personas Desaparecidas, un capítulo específico sobre la niñez y juventud desaparecida, que permita reconocer su impacto, generar una base de datos oficial, así como crear un protocolo único de búsqueda a nivel nacional para localizar de manera eficiente a las víctimas.
 
EDOMEX, 400 DESAPARECIDAS
 
El director de la Redim destacó que el Estado de México (Edomex) es una entidad emblemática de este problema y en el año 2014 se contabilizaron 400 adolescentes desaparecidas, de las cuales existe la posibilidad que varios de esos casos hayan terminado en feminicidio. 
 
En esta entidad, dijo, “se puede observar la omisión de las autoridades para la investigación de estos hechos, son pocos los casos de éxito donde las adolescentes son encontradas”.
Juan Martín Pérez declaró que, ante ineficiencia de los sistemas mexicanos de justicia, la Red ha recurrido a organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
Y recordó que en una audiencia ante ese organismo, en abril de 2016, la Redim destacó la crisis de derechos humanos que vive México y la “desaparición de la niñas, niños y adolescentes”,
 
17/HZM/GG







NACIONAL
VIOLENCIA
   A 13 años del asesinato de Nadia
María Antonia: de cómo el dolor se transforma en lucha
Pasado y Presente de María Antonia Márquez, madre Nadia Alejandra Muciño Márquez. CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/02/2017 Antonia ha comenzado a perder la memoria, olvida a dónde va, qué debe hacer, todo lo apunta en su libreta, las calles en las que debe pasar, sus deberes, las audiencias a las que tiene que asistir. Dice que es por los nervios y el estrés al que se enfrentado durante tanto tiempo, 13 años desde que asesinaron a Nadia. 
 
María Antonia Márquez es madre Nadia Alejandra Muciño Márquez, víctima de feminicidio en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. A 13 años del crimen, su caso sigue impune.
 
El 12 de febrero de 2004, Nadia fue asesinada por su pareja Bernardo López, y por su cuñado Isidro, “El Matute”, enfrente de sus hijos de cinco, cuatro y dos años de edad, pero hasta el momento no existe sentencia contra ninguno.
 
María Antonia Márquez, madre de Nadia Alejandra Muciño Márquez. CIMACFoto: César Martínez López

 
Lo que  Antonia no olvida son los nombres de las personas que ha encontrado a lo largo de su lucha, señala con respeto a las mujeres que la han ayudado, acompañado, que han sido solidarias. Madres que han perdido a sus hijas, como ella, pero a las que no conoce aunque reconoce que tienen el mismo dolor con que carga desde hace 13 años.
 
CONOCÍ LA VIOLENCIA
 
Antonia nunca imaginó la violencia que viven las mujeres en este país y que cobra la vida de siete, diariamente. “Tengo 36 años de casada, a mí me tocó una pareja respetuosa, nunca viví ese tipo de violencia”. Hasta que Nadia se casó, dice, empezó a vivirla. Se daba cuenta de los golpes en el cuerpo de su hija, de su aspecto descuidado y su ánimo.
 
Todavía lamenta no haberla comprendido. “Creíamos que ella tenía que tomar la decisión de dejarlo. Le decíamos déjalo, ese hombre no te da ni siquiera lo necesario para tu hijos, tú sabes trabajar”.
 
Su miedo se hizo más grande cuando escuchó en el radio la historia de una mujer a quien su pareja intentó asesinar. En ese momento, Antonia le suplicó a su hija que regresará a casa. “Yo le decía, ¿qué quieres, dejarlos sin padre y sin madre? Y fíjese, se quedaron sin padre y sin madre”.
 
UNA CASA LLENA DE NIÑOS
 
La investigación del feminicidio de Nadia estuvo llena de irregularidades desde que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) determinó que ella “se había suicidado”, luego de recoger el cuerpo de Nadia con una soga al cuello que habían colocado los asesinos.
 
Antonia tomó la custodia de sus tres nietos, a quienes tuvo que sacar a “marcha forzada”, junto con sus dos hijos quienes tienen la misma edad que los de Nadia. A pesar de ello, Antonia muestra alegre las fotos donde están todos jugando y asegura que “fueron su fortaleza”.
 
“Tienen todo limitado, pero no se han quedado sin comer ni un día; con muchos trabajos. pero ahí vamos”. Ahora, aquellos niños  tienen 18, 17 y 15 años, todos quieren ir a la universidad y el mayor incluso comenzó a trabajar para poder completar los gastos que necesita, para comprarse “algo de ropa”.
 
En 2011, la Secretaría de Gobernación, en coordinación con las autoridades del Estado de México, realizaron mesas de trabajo con familiares de víctimas de feminicidio, ahí les prometieron becas, créditos de vivienda, atención psicológica, pero de eso no les entregaron nada, asegura Antonia, sólo los registraron en el Seguro Popular.
 
Familia Muciño Márquez. CIMACFoto: César Martínez López.

 
“Yo, la verdad, nunca he solicitado nada, creo que si uno estira la mano no puedes reclamar”, dice, y cuenta que se ha encargado de pagar la atención psicológica de los mayores, porque tras presenciar el asesinato de su madre desarrollaron diversos problemas.
 
El mayor de los hijos de Nadia no tenía control de sus esfínteres, mientras el segundo de sus nietos por las noches subía a la azotea para gritarle a su madre que regresara, ya que su abuela le había explicado que “Nadia estaba en el cielo”. Era horrible, recuerda Antonia.
 
DE COSTURERA A INVESTIGADORA
 
En los 13 años de lucha, María Antonia ha aprendido a escuchar, a conocer de leyes, de peritaje, de instituciones, pero también conoció cómo trabaja el fallido sistema de justicia mexicano.
 
La mayoría de las personas son corruptas, prepotentes, empezando desde un Ministerio Público (MP), los servidores públicos son demasiado corruptos, no se avanza si no hay una “compensación” económica, dice Antonia.
 
Pero ella no cede, porque en el velorio de su hija le prometió que no haría nada de lo que se avergüence de ella y por eso busca justicia a través de la ley.
 
Asumió el papel de investigadora, antes de que las autoridades pidieran “recompensa” para hacer su trabajo, “no les voy a dar ni un peso”, dice firme.
 
Sin embargo, tuvo que pagar la gasolina y comida de los policías que trabajaban sin recursos  para encontrar a Bernardo, hasta que ya no pudo solventarlo y se lanzó a las calles acompañada de su hija Viviana Muciño.
 
Comenzaron a espiar, a preguntar a los vecinos si habían visto al asesino de su hija, y entregaba el reporte a la Procuraduría. “Hemos tenido la necesidad de aprender, creo que avanzamos más nosotras que la misma autoridad.”
 
La madre de Nadia asegura que su hija no ha obtenido justicia debido a “un par de parentescos”: Bernardo es familiar del líder de los comerciantes ambulantes y microbuseros, Donato Zamora Rosas, y del exdirector del Organismo Operador de Agua del Municipio de  Nicolás Romero, Alejandro Zamora Cid. Este último ha falseado declaraciones ante el juzgado sobre el caso.
 
Bernardo López está sin sentencia desde 2012, cuando fue detenido por la PGJEM, pues el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México aún no cuenta con los peritos necesarios para dictaminar que Nadia no cometió suicidio.
 
Antonia Márquez: bordar “Me ha servido de terapia para mi dolor”. CIMACFoto: César Martínez López.

 
BORDAR PARA OLVIDAR
 
Al hablar de su trabajo María Antonia recobra la voz, muestra con entusiasmo las fotos de bordados y tejidos que le cuestan alrededor de dos a tres días concluir.
 
“Me ha servido de terapia para mi dolor”. Borda  para adornar vestidos de XV años, fiestas de cóctel, carnavales o bodas. Su trabajo más preciado es un vestido de homenaje para Frida Kahlo que se tardó 6 meses en terminar.
 
Lleva toda su vida en el negocio, ahora tiene una mesa en su casa donde borda por las noches, llena de telas, chaquira de colores. Su hija Viviana le ayuda a marcar los dibujos.
 
Después del asesinato Nadia, Antonia tuvo que abandonar los talleres donde tenía un empleo fijo. Recuerda que su último jefe le dijo hace 13 años que cuando terminará su problema podía regresar. Antonia se contesta “aún no puedo”.
 
ANTE LA CIDH
 
A pesar del cansancio que muestra Antonia, mantiene la esperanza de lograr justicia para su hija, “ahorita ya tenemos abogados”, se alegra y refiere que ya están en otra etapa, “ya entendí que la perdí y no la voy a recuperar con la sentencia.”
 
En octubre de 2010 la familia de Nadia y  la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)  pusieron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a las irregularidades que tuvo la investigación.
 
Para agosto de 2016, ésta le otorgó un plazo de tres meses al Estado mexicano para informar la situación en la que se encontraba el caso. Hasta el momento, vencido el plazo, el Gobierno no ha dado ninguna respuesta.
 
Antonia Márquez en entrevista con Cimacnoticias. CIMACFoto: César Martínez López.

 
María Antonia ya no se quiebra en las entrevistas, como en los primeros años, su tono de voz es bajo cuando habla del asesinato, es sutil, se guarda el llanto, ya actúa más firme y segura, reconoce.
 
“Salía del panteón y me desmoronaba, mis nietos le llevaban a su madre muñecos, recados, chocolates. El Día de la Madre les tocaba bailar, íbamos a dejarle flores y le volvían a bailar ahí. Y eso pues a mí me dolía mucho.”
 
La madre de Nadia aseguró que seguirá luchando hasta el final, “terminar lo que comenzó”, pues en su recorrido también ha visto la muerte de otras mujeres: se han cometido 922 asesinatos de mujeres en el Estado de México, tan sólo de 2005 a 2010, según cifras oficiales.
 
“Duele mucho saber que hay una asesinada más, una muerta más. A pesar de que no tenemos idea de quiénes son, duele saber que en nuestro municipio sigue habiendo más casos de feminicidio”.
 
Su hija Viviana Muciño es ahora integrante del Observatorio Ciudadano contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio en el Estado de México (Mexfem), que monitorea los casos de feminicidio en la entidad y acompaña a  familiares de las víctimas.
 
El feminicidio de Nadia, dicen, les cambió la vida por completo. Ahora Viviana quiere estudiar para ser perito y Antonia no se cansará de pedir justicia. “De alguna una manera yo creo que la muerte de Nadia no debe ser tan inútil, debe dejar algo”, reflexiona.
 
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QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
Y las otras violencias, ¿qué?
Imagen retomada del portal saeso.es
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 07/02/2017 Defender el derecho a que las mujeres víctimas de violencia familiar no sean obligadas a la conciliación o la mediación constituye una hazaña incluso dentro de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM). Imaginen el enorme boquete en el acceso a la justicia para las mujeres, que se ahonda en cuanto a las otras violencias de género, es decir, aún las relacionadas con delitos de alto impacto.
 
Hablamos de las que son de otros tipos y modalidades que no se dan en el ámbito familiar, pero que constituyen graves riesgos para la integridad de las mujeres, como la violencia comunitaria y la violencia sexual.
 
Si por un lado tenemos CJM, que por desconocimiento –concediéndoles el beneficio de la duda- o por intención no aplican el Artículo 187, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), ni el Artículo 8 fracción III y IV de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, bajo retóricas discursivas a las que he dado en llamar “semiótica de la violencia de género”.
 
Imaginen el esfuerzo que costará insertar en el discurso de las instituciones el deber de excluir de las otras violencias las medidas de conciliación o acuerdos reparatorios, aun cuando estas formas de violencia son las que suelen ocasionar graves daños en la vida de las mujeres y poner en riesgo su integridad.
 
LAS OTRAS VIOLENCIAS
 
Hablamos de esas otras violencias, que si bien son de género, no son consideradas como “violencia familiar”. Para tener claro, hablamos de tres escenarios distintos, tres problemas, cada uno con sus propias características y elementos adversos.
 
Uno es la persistencia de códigos tramposos que establecen condiciones para la comisión de la violencia familiar, tales como el “espacio de convivencia” o la relación vigente, o incluso que sea “cíclica” (sí, parece que estoy definiendo algunos tipos penales que persisten por todo el país). Y es esta condición la que permite que ex parejas sean llevadas a “conciliación” cuando el hombre ejerce violencia contra las mujeres, incluso utilizando las visitas a las y los hijos como un mecanismo de control.
 
En segundo lugar, tenemos las retóricas discursivas que ya hemos abordado en esta columna bajo el título de semióticas de la violencia de género.
 
El tercer problema es que la violencia familiar no abarca las demás violencias porque, aunque son de género, no ocurren en el ámbito familiar y/o no son ejercidas por una persona con quien la víctima tenga o haya tenido un vínculo, pero su proximidad física incrementa el riesgo
 
Y es aquí donde la gravedad de la violencia de género es invisibilizada y la víctima llevada al extremo del riesgo y la revictimización y la violencia misma.
 
Así, tenemos gravísimos casos de violencia comunitaria, violencia generada por un acosador, un vecino que ejerce violencia sexual contra niñas, privación de la libertad con fines sexuales (conocido o no, aunque en el primer caso esto condena a la víctima al juicio de operadores de justicia que estiman que así no hay delito) y todo el abanico de delitos sexuales como son el abuso, acoso, estupro, violación del cónyuge, y otros que desde la perspectiva de las autoridades son viables para las soluciones alternas y son sometidas a justicia alternativa.
 
Este es el tema que llevo y planteo en reuniones, con el que interrumpo y pregunto desde una realidad cotidiana en los acompañamientos a las mujeres: ¿Qué hacemos con las otras violencias? ¿Qué hacemos, pues aunque apliquemos y exijamos mirar la Convención de Belém do Pará y los principios establecidos por el Mecanismo de Seguimiento (Mesecvi) y podamos argumentar que la violencia de género implica un contexto de desigualdad entre el agresor y la víctima, debido a la realidad de discriminación en el que viven las mujeres, somos muy pocas las que lo alegamos?
 
¿Qué hacemos con las otras violencias, si no hay forma de que prospere ni se respete lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a la violencia familiar?
 
¿Cuáles son nuestros argumentos? Sabemos que la Organización de las Naciones Unidas recomendó “prohibir explícitamente la mediación en todos los casos de violencia contra las mujeres, tanto antes como durante los procedimientos judiciales, ya que supone un igual grado de culpabilidad por la violencia y una igualdad de capacidad de negociación entre las partes, además de que ese enfoque no hace frente a los desequilibrios de poder por razón de género que caracterizan los actos de violencia contra las mujeres.
 
El informe de Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas señala que “ha quedado claro que los acuerdos realizados en el marco de mediación aumentan el riesgo físico y emocional de las mujeres por la desigualdad en las relaciones de poder entre la víctima y el agresor. Los acuerdos generalmente no son cumplidos por el agresor y éstos no abordan las causas y consecuencias de la violencia en sí” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH, 2007. Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas).
 
Apelamos a que dejen de hacer oídos sordos a la gravedad de la violencia, apelamos a que el Estado Mexicano empiece a cumplir con la Recomendación General 28 de la CEDAW relativa a la no discriminación, apelamos a que se cumplan y se monitoree realmente los indicadores del Mesecvi en materia de Legislación y Acceso a la Justicia, al menos en los Centros de Justicia para las Mujeres.
 
¿Y por qué enfatizo los CJM?, porque es inaudito –y es tema de otra reflexión- que estos espacios creados para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres se conviertan en los espacios donde se gestan y fecundan estos nuevos mecanismos de violencia estructural contra las mujeres.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
  
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