NACIONAL
POLÍTICA
   Violencia política de género entre las causales
Suprema Corte invalida causales de nulidad de elecciones en CDMX
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/08/2017 La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó invalidar el Artículo 27, apartado D, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México que establece las causales de nulidad de una elección, entre ellas la violencia política de género, por no estar redactado en apego a la Constitución federal.
 
En la sesión de este jueves el pleno de la Corte consideró que la capital del país tiene facultad para establecer los supuestos para invalidar una elección pero señaló que el Artículo 27, impugnado por la Procuraduría General de la República (PGR), viola el principio de seguridad jurídica y por tanto no hay certeza de su contenido y de los límites de actuación de los actores políticos.
 
Como lo propuso el ministro Javier Laynez Potisek, en su proyecto de sentencia, la Suprema Corte determinó declarar la invalidez.    
 
La ministra Norma Lucía Piña Hernández aclaró que el pleno no debatió si las causales establecidas por la Asamblea Constituyente están bien o mal, es decir no las calificó, sólo se refirió a que el Artículo viola la certeza de los procesos electorales.
 
La decisión de la SCJN será informada a la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que tomen las acciones pertinentes de cara al proceso electoral de 2018 cuando se elegirán diputaciones, integrantes de alcaldías y titular de la Jefatura de Gobierno, por lo que se prevé que las y los legisladores cambiarán la redacción pero conservarán las causales de nulidad. 
 
En la Carta Magna de la capital se considera la violencia política de género, la compra o coacción del voto, el empleo de programas gubernamentales o acciones institucionales extraordinarias, el desvío de recursos públicos con fines electorales, la compra o adjudicación de tiempos en radio y televisión y el rebase de topes de gastos de campaña como causales para anular una elección.
 
Para las y los ministros esta redacción no corresponde con la Constitución Federal que establece que se anula una elección cuando se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; y se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.
 
Además, la Constitución Federal establece que dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material y hace precisiones como que se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.
 
La mayoría del pleno consideró que no es inválido introducir al texto constitucional local más causales de anulación, adicionales a las establecidas en la Constitución federal; sin embargo, destacó que en este caso el problema es que se viola el principio de seguridad jurídica porque no se retoman todos los candados que existen a nivel federal.
 
A favor de la invalidez estuvo la ministra Margarita Luna Ramos quien matizó que estaba en contra de declarar inconstitucional la causal de violencia política de género porque era un supuesto particular y cuando se habla de violencia de género se debe tomar en cuenta los tratados internacionales y dar un trato diferenciado.  
 
Por su parte el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se pronunció por una invalidez parcial, es decir, declarar inválidos el desvío de recursos, la compra de espacios en radio y televisión y el rebase de topes de gastos de campaña porque no fueron retomados de la Constitución federal; mientras que las otras causales, como la violencia política de género, podrían quedar tal cual porque no estaban nombradas en la norma federal.
 
El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea estuvo en contra de declarar la invalidez porque consideró que el Constituyente de la Ciudad de México hizo uso de la libertad de configuración al establecer las causales de nulidad que consideró pertinentes, mismas que se deben interpretarse en concordancia con las leyes federales en materia electoral.
 
17/AGM/







ESTADOS
Participación Política de las Mujeres
   Suprema Corte analiza impugnación de PGR
En riesgo violencia política como causal para anular elecciones en CDMX
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 16/08/2017 La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está a punto de poner un alto a las aspiraciones vanguardistas de la Constitución Política de la Ciudad de México si los ministros deciden declarar inconstitucional el Artículo 27, apartado D, numeral 2 de la Carta Magna local que actualmente considera la violencia política de género como una causal para anular una elección.
 
Desde este lunes 14 de agosto el alto tribunal mexicano analiza cuatro Acciones de Inconstitucionalidad (15/2017, 16/2017, 18/2017 y 19/2017) interpuestas por los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Nueva Alianza (Panal), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de diversas disposiciones de la Constitución capitalina. 
 
El proyecto de sentencia del ministro Javier Laynez Potisek, que ante la premura del inicio del proceso comicial de 2018 sólo analiza la materia electoral, propone echar abajo la parte normativa que aprobó la Asamblea Constituyente el pasado 31 de enero para establecer en la Carta Magna local la violencia política como una causa para anular un proceso electoral o un proceso de participación ciudadana.
 
El Artículo 27, apartado D, numeral 2 del texto constitucional vigente dice que las causales de nulidad son: violencia política de género, irregularidades graves durante el proceso electoral, la compra o coacción del voto, el empleo de programas gubernamentales o acciones institucionales extraordinarias, el desvío de recursos públicos con fines electorales, la compra o adjudicación de tiempos en radio y televisión y el rebase de topes de gastos de campaña.
 
Entre los argumentos del ministro Laynez Potisek para declarar inconstitucional este apartado, está que los supuestos para invalidar una elección en la Ciudad de México no están vinculadas con el dolo, gravedad y determinación de las causales que establece la Constitución federal y además carecen de elementos jurídicos para comprobarlos.
 
A nivel federal, el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que una elección se puede anular cuando se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; y cuando se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.
 
El proyecto público de sentencia expone que en el caso de la legislación capitalina uno de los supuestos es la “violencia política de género” y las “irregularidades graves durante las diversas etapas del proceso electoral que violen los principios de la Constitución” pero menciona que no hay un grado de comprobación jurídica, es decir, no hay elementos que puedan acreditar que se cometieron estos actos.
 
Debido a esto el documento elaborado por el ministro Laynez Potisek señala que si bien es cierto que la intención de la Asamblea Constituyente de la capital fue legislar causas probablemente justificadas para anular un proceso electoral, como la violencia política, ello no significa que la norma sea constitucional. Además agrega que este apartado está deficientemente regulado.
 
De las tres Acciones de Inconstitucionalidad (15/2017, 16/2017 y 18/2017) que plantean temas relacionados con la materia electoral, sólo la que presentó la PGR impugnó el sistema de nulidad de elecciones en la capital del país.
 
Por su parte la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, autoridad acreditada para defender jurídicamente la Constitución capitalina, envió un escrito a las y los ministros para explicar que en el Artículo 27 los constituyentes buscaron la progresividad introduciendo nuevos mecanismos de nulidad de elecciones acordes con la época.
 
La Consejería Jurídica expuso que la redacción del Artículo impugnado tiene el objetivo de sancionar conductas que antes no eran advertidas como generadoras de inequidad electoral y con ello evitar que queden impunes violaciones graves que afecten los resultados electorales. En tanto la PGR alegó que aunque son conductas reprochables no son determinantes para anular una elección.
 
La discusión de la Suprema Corte se ha dividido en seis temas. Este martes 15 el pleno de ministros aprobó declarar que para la elaboración de la Constitución sí se consultó a personas con discapacidad, pueblos, barrios y comunidades indígenas y avalar el modelo de integración del Congreso local de 50 por ciento de diputados por el principio de mayoría relativa y 50 por representación proporcional.
 
La discusión continuará este jueves, ahora sobre el régimen de elección de las Alcaldías (antes Delegaciones), los supuestos de nulidad de elecciones y la reelección consecutiva.  
 
17/AGM
 







ESTADOS
   Martha Eugenia Todd Mena fue víctima de insultos en publicación local
Regidora de Iguala, Guerrero, denuncia violencia política de género
Imagen retomada del Facebook de la regidora Martha Eugenia Todd Mena
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/08/2017 La regidora del municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, Martha Eugenia Todd Mena, denunció al comunicador y trabajador del ayuntamiento, Moisés Ocampo Román, por ejercer violencia de género en su contra al insultarla de manera reiterada en la columna “Patadas bajo la mesa” que se publica en un diario local.
 
Todd Mena, quien es regidora de Participación Social de la Mujer desde octubre de 2015 y hasta septiembre de 2018, dijo en conferencia de prensa en la Ciudad de México que desde diciembre de 2015 Ocampo Román comenzó a insultarla en su espacio de opinión en el Diario de la Tarde, comparándola con animales y comentando sobre su cuerpo.
 
La regidora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció el 16 diciembre de 2016 porque en un principio le aconsejaron que “se aguantara” toda vez que así es la política pero después de que agresiones como “cerda, gata, sirvienta o gordi-buena” se volvieron una constante decidió denunciar ante al comunicador por violencia de género.
 
A decir de la política, el comunicador no ha informado sobre su trabajo o desempeño como regidora, sólo la insulta como ha insultado a otras servidoras públicas por ello aseguró que la libertad de expresión se debe ejercer con ética. La regidora denunció a Ocampo Román por violencia de género en el ámbito político, ante la Fiscalía General del estado.
 
En Guerrero el Artículo 202 del Código Penal dice que se impondrán de dos a ocho años de prisión y multa de 200 a 500 días de salario mínimo a quien por razones de género, cause a persona de otro sexo, daño o sufrimiento económico, físico, obstétrico, patrimonial, psicológico, sexual o laboral tanto en el ámbito privado como en el público, afectando los Derechos Humanos o la dignidad de las personas.
 
Como resultado de la denuncia, dijo, el pasado 9 de mayo un juez de Iguala determinó vincular a proceso a Ocampo Román por el delito de violencia de género y como medidas de protección se le prohibió volver a referirse a la regidora en su columna de opinión; no obstante, asegura la funcionaria, las agresiones continúan. 
 
Además denunció que el comunicador también es asesor del regidor del PRD, Mauricio González Razo, por lo que está en la nómina del ayuntamiento, es por ello que hizo un llamado al presidente municipal, Herón Delgado Castañeda, para que intervenga ya que al parecer Ocampo Román cobra un salario sin realizar ninguna actividad.
 
Al respecto la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica Morga y la secretaria nacional de Igualdad de Género del partido, Claudia Castello Rebollar, manifestaron su respaldo a la regidora y llamaron al Poder Judicial a aplicar el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género a fin de salvaguardar los derechos y la integridad de la servidora pública.
 
En Guerrero no está tipificada la violencia política en razón de género en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado; además a nivel federal tampoco está reconocido este tipo de violencia contra las mujeres porque la propuesta para incluirla en la ley fue aprobada en el Senado pero no ha sido ratificada por la Cámara de Diputados.
 
17/AGM







NACIONAL
POLÍTICA
   Guerra con el narcotráfico desata el problema
Alcaldesas ante acoso y violencia política
Imagen retomada del portal de página3.mx
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/07/2017 A partir de la táctica de “guerra” contra el narcotráfico implementada por el gobierno de Felipe Calderón se presentó un panorama de violencia política dirigido a alcaldesas, alcaldes y otros funcionarios municipales, sostienen las investigadoras Dalia Barrera Bassols y Georgina Cárdenas Acosta.
 
Las especialistas en género y política advierten además que la presencia femenina en el ejecutivo federal en México ha sido nula porque ninguna mujer ha sido Presidenta; en el ejecutivo estatal es marginal con sólo siete gobernadoras (dos de ellas interinas) y a nivel municipal las mujeres representan el 10 por ciento en la presidencia de alcaldías, cifra que aunque se triplicó en una década aun es magra.
 
En el artículo “Presidentas municipales en México: acoso y violencia política (2010-2016)”, publicado en la Revista de Ciencia Política, la profesora-investigadora de la División de Posgrado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Dalia Barrera Bassols, y la consultora independiente, Georgina Cárdenas Acosta, mencionan que las mujeres enfrentan diversas problemáticas para llegar al cargo.
 
En un estudio previo realizado con testimonios y experiencias de las presidentas municipales que ejercieron el poder entre 1996 y 2009, se encontró un contexto de una cultura política autoritaria, clientelar y machista que aún persiste.
 
Las docentes indican que los obstáculos para acceder al poder político obedecen exclusivamente al hecho de ser mujeres como: exclusión y presiones para que no acepten la candidatura, desconocimiento de sus capacidades, problemas en las campañas y amenazas para que renuncien, entre otros.
 
Por otra parte, cuando las mujeres son electas para ejercer un cargo se encuentran con conflictos con el gobernador de su estado, sin importar si pertenece o no a su propio partido; conflictos con otros miembros del cabildo; problemas con grupos económicos, políticos, sociales; e incluso desencuentros con su propio partido o con otros partidos.
 
Aunado a estos obstáculos la investigación de Barrera Bassols y Cárdenas Acosta hizo una revisión hemerográfica y recopiló diversos casos de violencia política, desde amenazas de muerte; golpizas; desaparecer o violar a hijas e hijos de las alcaldesas; e intimidaciones como enviar una corona fúnebre a la casa de una precandidata.
 
En la investigación también se hace el recuento de cinco mujeres políticas asesinadas a partir de 2010: el homicidio de la ex edil por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), María de los Santos Gorrostieta Salazar, asesinada en Tiquicheo, Michoacán, en noviembre de 2012; y de la ex presidenta municipal (también priista) de Balleza, Chihuahua, Silvia Moreno Leal, asesinada en mayo de 2011.
 
Asimismo, en junio de 2012 la alcaldesa del Partido Acción Nacional (PAN) en Tlacojalpan, Veracruz, Marisol Mora Cuevas, fue secuestrada y después asesinada; y en marzo de 2015 la precandidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero, Aidé Nava González, fue secuestrada por un comando armado y un día después se encontró asesinada.
 
Uno de los casos más sobresalientes a nivel nacional e internacional fue el de la presidenta municipal de Temixco, Morelos, Gisela Mota Ocampo, quien tomó posesión de su cargo el 1 de enero de 2016 y un día después fue asesinada por un comando armado que entró a su casa y le disparó frente a su familia.
 
Esta situación, destacaron las especialistas, generó denuncias y propuestas de los partidos políticos y las asociaciones municipalistas, así como manifestaciones de preocupación de algunos diputados y senadores; las reacciones que fueron desde propuestas para crear organismos especializados para atender los asesinatos de alcaldes y alcaldesas hasta propuestas de legisladoras y feministas para tipificar la “violencia política de género”. 
 
A esta violencia se suma que el nivel municipal de gobierno sigue siendo el de más difícil acceso para las mujeres mexicanas en lo que se refiere al ejecutivo y como muestra, de 2005 a 2015 el porcentaje de presidentas municipales pasó de 3.5 por ciento a 9.1 por ciento.
 
17/AGM/OOM 







NACIONAL
POLÍTICA
   Chihuahua incluye concepto en Ley de Acceso local
Llama diputada a promover sanciones por violencia política de género
Imagen retomada del twitter de Elizabeth Mateos
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/05/2017 La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Elizabeth Mateos Hernández, llamó a legisladoras de todos los estados y de todos los partidos políticos a establecer una mesa de trabajo para promover sanciones a quienes cometan violencia política de género en la contienda electoral de 2018. 
 
Luego de que el 23 de mayo la ALDF aprobó reformar el Artículo 7 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para definir el término de violencia política, la asambleísta llamó a sus compañeras de partido y a las diputadas y senadoras a sumar esfuerzos para que en los próximos comicios se cumplan este tipo de normas.
 
En conferencia de prensa, acompañada por la secretaria nacional de Igualdad de Género del PRD, Claudia Castello Rebollar, la ex jefa delegacional de Iztacalco dijo que las reformas sobre violencia política también buscan reconocer a las mujeres por su capacidad y su trayectoria y no juzgarlas por su género o por ser mujeres.
 
Con la reforma, la Ley de Acceso local dice que esta violencia es: “toda acción u omisión ejercida en contra de las mujeres en el ámbito político o público que tenga por objeto resultados de sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso o goce a ejercicio de los derechos políticos electorales de una mujer”.
 
En la Asamblea Legislativa, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó también una iniciativa que, además de reformar la Ley de Acceso local, formulaba modificaciones en materia electoral, pero la propuesta continúa en revisión debido que se está trabajando la redacción de las nuevas leyes electorales que deben aprobarse a más tardar el 2 de junio.


Mateos Hernández señaló que prevén una mesa de trabajo con diputadas y senadoras antes de las elecciones de 2018 y señaló que es importante reconocer que hay violencia política contra las mujeres y que ellas han luchado por participar en los proceso políticos y ahora deben pugnar para que se reconozcan sus capacidades.
 
La legisladora aprovechó para recordar que en el organismo parlamentario de la Ciudad de México, de 66 diputados, 26 son mujeres y que de las 16 delegaciones 4 son encabezadas por mujeres: María Antonieta Hidalgo Torres, en Álvaro Obregón; Dione Anguiano Flores, en Iztapalapa; Claudia Sheinbaum, en Tlalpan, y Xóchitl Gálvez en Miguel Hidalgo.
 
IDENTIFICAR CONDUCTAS DE RIESGO
 
Por su parte, Castello Rebollar destacó que es importante el concepto de violencia política porque permite identificar conductas de riesgo para las mujeres que participan en el ámbito público y señaló que el partido del sol azteca ya ha sido víctima de dos crímenes extremos contra sus militantes.
 
El primero ocurrió en marzo de 2015 cuando fue asesinada la perredista y precandidata a la presidencia municipal de Ahuacuotzingo, en Guerrero, Aída Nava González; y el otro fue el 2 de enero de 2016 con el asesinato de la alcaldesa electa de Temixco, en Morelos, Gisela Mota Ocampo.
 
Ante estos hechos, la secretaria de Igualdad de Género del PRD reiteró su llamado a la Cámara de Diputados a aprobar en un periodo extraordinario las reformas para incluir este concepto en las Leyes Generales, de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
 
AVANZAN REFORMAS
 
Este 25 de mayo, el pleno del Congreso de Chihuahua aprobó por unanimidad un dictamen para reformar el Artículo 6 de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, a fin de incluir la violencia política, iniciativa impulsada por la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Leticia Ortega Máynez, y a la que se sumaron legisladoras de Acción Nacional y del PRD.
 
En esta iniciativa se hizo un recuento de las acciones y omisiones que cometen partidos políticos y militantes para violentar a las mujeres, por ejemplo: postularlas en distritos perdedores, hacer mal uso del presupuesto etiquetado para capacitarlas, agresiones y amenazas durante campaña, sustituciones arbitrarias cuando son legisladoras o tiene un cargo edilicio y difamación y desprestigio, entre otras.
 
Similar a la redacción que se estableció en la ley de la Ciudad de México, la ley de Chihuahua dice que violencia política es “el conjunto de acciones y omisiones cometidas por una persona por sí o a través de terceros que causen daño en contra de una mujer o de su familia en el ejercicio de la representación política o el ejercicio de cargos públicos que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
Por otra parte, la Red por la Paridad Efectiva en Chiapas (Repare) informó que junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, entregó al presidente del Congreso del estado, diputado Eduardo Ramírez Aguilar, el anteproyecto de Ley para la igualdad entre los géneros y sin violencia, propuesta de norma que incluye la violencia política.
 
En un comunicado la Repare dijo que instó al legislador a iniciar el trámite legislativo correspondiente para aprobar esta ley y consideró que, de aprobarse, sería un marco jurídico que garantizará los derechos políticos, electorales y cívicos de la ciudadanía en general y en particular de las mujeres en el próximo proceso electoral 2017-2018.
 
17/AGM/GG







NACIONAL
POLÍTICA
   “Da qué pensar” que priistas no aprueben reforma
Violencia política: lista antes de 2 de junio o no aplica en 2018
Imagen retomada del Facebook de la Secretaria de Igualdad de Géneros CEE PRD Puebla.
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/05/2017 La secretaria nacional de Igualdad de Género del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Claudia Castello Rebollar, pidió a los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, apoyar y aprobar las reformas para sancionar la violencia política por razones de género.
 
En entrevista, Castello Rebollar señaló que deja mucho en que pensar el procedimiento parlamentario de esta reforma y la forma en que se condujo la diputada priista y presidenta de la Comisión de  Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, quien evitó aprobar las reformas a las leyes electorales en materia de violencia política.
 
En marzo, el Senado envió a la Cámara de Diputados una reforma para definir y sancionar la violencia política, misma que fue turnada a las Comisiones de Gobernación y de Igualdad de Género, para su análisis y votación. Además, la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género estaba encargada de dar una opinión en la materia.
 
El 25 de abril la Comisión de Gobernación aprobó reformar las Leyes Generales: de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y sólo faltaba la votación de la Comisión presidida por la diputada priista.
 
Sin embargo, el pasado 28 de abril, día que finalizó el periodo ordinario de sesiones en San Lázaro, las diputadas de la Comisión de Igualdad se reunieron para discutir el dictamen enviado por el Senado pero la diputada Plascencia Pacheco declaró un receso y jamás reinstaló la sesión lo que evitó votar las reformas y pasarlas al pleno.
 
Al tener parada esta reforma y con las elecciones de 2018 en puerta, Claudia Castello afirmó que este proceso merece un reclamo de parte de todas las mujeres que quieren ser candidatas a un cargo de elección porque se supone que había un consenso de todos los partidos para sacar avante las modificaciones legislaciones.
 
En marzo, después de participar en un foro sobre medios y participación política, los representantes del PRI, PRD y de los Partidos Acción Nacional (PRD), del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal) se comprometieron a impulsar la tipificación de la violencia política. En esa ocasión el líder priista, Enrique Ochoa, asumió el compromiso.
 
La deuda sigue pendiente y ante ello los líderes de los partidos nuevamente aseguraron que cumplirán. En la última sesión de la Cámara de Diputados, el coordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín y del PRD, Francisco Martínez Neri, aseguraron que habría un periodo extraordinario y que entre los temas a debatir estaría la violencia política. 
 
La urgencia de esta reforma, dice la perredista, es que pueda aplicar en el proceso electoral de 2018. De acuerdo con el Artículo 105 Constitucional las leyes en materia de elecciones deben aprobarse y publicarse 90 días antes del inicio de un proceso electoral. En este caso el proceso inicia en el mes de septiembre de 2017.
 
Para que la reforma en materia de violencia política por razones de género pueda aplicar en las lecciones del próximo año sería necesario que a más tardar el 2 de junio este aprobada, por eso el PRD hizo un llamado para que el periodo extraordinario se convoque a la brevedad posible, aunque Castello Rebollar reconoce que sería muy difícil tener la reforma a tiempo.
 
Las reformas definirían la violencia política por razones de género como “la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público”.
 
Por lo pronto la diputada Nereida Plascencia no ha dado una posición pública sobre el retraso en estas reformas pero de acuerdo con Castello Rebollar se presumen que las razones fueron “revanchismos políticos al interior de su partido” y de ahí la importancia de hacer un llamado al PRI para que se vote el tema.
 
Cabe recordar que la diputada Plascencia Pacheco apoyó la propuesta de incorporar en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la obligación de dar anticoncepción de emergencia y garantizar la interrupción legal del embarazo a las víctimas de violación sexual, un tema que causo un amplio rechazo y división entre diputados, al grado que dos veces fue aplazada la discusión y finalmente se retiró.
 
17/AGM/GG
 







NACIONAL
POLÍTICA
   Cabildean para incluirlo en periodo extraordinario
Urge ley contra violencia política de género antes de 2018: senadoras
Imagen retomada de twitter
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/05/2017
Para conseguir que en México más mujeres compitan en los comicios, sean electas y gobiernen, es necesario definir la violencia política de género en la ley, tema pendiente en la Cámara de Diputados que podría aprobarse en un periodo extraordinario del Congreso de la Unión, en junio próximo.    
 
Después de cinco años de propuestas y análisis y luego de que en 2013 el Senado aprobó una primera propuesta para definir este término –misma que no fue ratificada en la Cámara de Diputados–, el pasado 9 de mayo de 2017 el Senado aprobó un dictamen para incluir la violencia política por razones de género en cinco Leyes Generales.    
 
Como en la primera ocasión, el reciente dictamen aprobado en la Cámara alta fue enviado a la Cámara baja para su aval. Las reformas fueron analizadas en la Comisión de Igualdad de Género y en la Comisión de Gobernación pero sólo fue ratificado por las y los diputados de la segunda por lo que no pasó al pleno para su votación.  
 
Al hacer un recuento sobre este proceso legislativo, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, la priista Diva Hadamira Gastélum Bajo, quien participó en la dictaminarían de la iniciativa de 2013 y 2017, expone que de cara a las elecciones de 2018 las senadoras están solicitando que sea un tema a tratar en un eventual periodo extraordinario de sesiones.  
 
La senadora adelantó que ya habló con el presidente de la Mesa Directiva de Comisión Permanente del Congreso, el senador Pablo Escudero, a quien le propuso que el tema de legislar la violencia política se discuta y apruebe en el periodo extraordinario que podría citarse en junio próximo; sin embargo todavía se está cabildeando este compromiso.  
 
LEY SOBRE VIOLENCIA GARANTIZARÁ PARIDAD
 
De acuerdo con Gastélum Bajo, en 2014 se logró la paridad –es decir, la obligación de los partidos de dar a las mujeres el 50 por ciento de candidaturas a cargos de elección–, un avance valioso que no puede cumplir su objetivo a cabalidad si no se blinda y si no se para, contiene y sanciona la violencia política en razón de género.  
 
Sobre la reciente reforma aprobada en el Senado, la legisladora dijo que fue una minuta muy exitosa porque se reforman cinco Leyes Generales: de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en Materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 
En opinión de Gastélum Bajo, para la elección presidencial de 2018, cuando también se renovarán 500 diputaciones federales y 128 senadurías, existirá la obligación de los partidos políticos de postular a 50 por ciento de mujeres y hombres a todos los cargos, pero no debe faltar la garantía de que las mujeres puedan participar sin que sean violentadas.   
 
“Ya pasamos de la cantidad, de que un partido salga a decir 'somos 50-50', a la garantía de una participación real de las mujeres, que les permita ganar, estar en la toma de decisiones; de eso se trata y lo vamos a hacer”, aseguró.  
 
Desde 2012, cuando se presentó la primera propuesta en el Senado, las legisladoras señalaron que las mujeres que desean participar en política como candidatas para ser parlamentarias, gobernadoras o integrantes de los ayuntamientos, son difamadas, agredidas y amenazadas por opositores y compañeros de partido que no quieren que incursionen en este terreno.  
 
RESISTENCIAS PARTIDISTAS
 
Al respecto, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lucero Saldaña Pérez, quien en noviembre de 2012 presentó la primera propuesta para reconocer la violencia política de género, destaca en entrevista que el proceso ha sido largo debido a múltiples factores porque han tenido que explicar el concepto y hacer conciencia.  
 
La senadora señaló que siguió el proceso parlamentario en la Cámara de Diputados, por ello se comunicó con la también priista y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de este organismo, Laura Plascencia Pacheco, quien en su momento le dijo que se iba a tratar de aprobar en Comisiones para después pasarla al pleno.  
 
Sin embargo la propuesta no se discutió en la Comisión presidida por Plascencia Pacheco y tampoco se trabajó en Conferencia, es decir en coordinación entre senadoras y diputadas. “Me habían dicho que sí, pero ya no se pudieron reunir y algunos, de varios partidos, señalan que fue la fracción priista (la que detuvo la reforma), sin embargo, las mujeres, la mayoría, todas, querían el tema porque lo han vivido, lo han sentido”, dijo.  
 
La senadora acotó que no tiene idea de las razones o si sólo fue falta de tiempo para no avalar la propuesta en la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputadas, pero acotó que hay resistencias de todos los partidos porque incluso avanzó más rápido la propuesta del Senado de aprobar el 17 de agosto como el Día Nacional de la Abeja.  
 
Como la propuesta de reconocer la violencia política en la ley no se aprobó, no se podrá invocar como tal. Sin embargo, cabe mencionar que la candidata de Movimiento Regeneración Nacional a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, mantiene una denuncia ante el Instituto Electoral estatal con base en el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres creado por instituciones electorales en 2016. 
 
17/AGM/GG
 
 







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Avanzó en lactancia materna, madres solteras y tortura
San Lázaro deja pendientes reformas sobre NOM 046 y violencia política de género
Imagen retomada del facebook de la Cámara de Diputados
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/04/2017 Durante el segundo periodo ordinario de sesiones, que concluyó este 28 de abril, la Cámara de Diputados aprobó reformas en materia de lactancia y maternidad de las trabajadoras, asistencia social a madres solteras y la expedición de una ley de tortura, pero dejó pendiente reconocer en la ley la violencia política de género.
 
En este periodo de sesiones, que comenzó en febrero y concluyó en abril, se aprobaron reformas en favor de los derechos de las mujeres, entre ellas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley Federal de Trabajo y la Ley de Asistencia Social.
 
Las legisladoras federales, que conforman el 425.6 por ciento de la Cámara baja, junto con sus compañeros, también avalaron la expedición la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que considera las particularidades de las víctimas mujeres.
 
Sin embargo la propuesta que no avanzó fue la de incorporar la NOM 046 a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reforzar la obligación de prestadores de salud de garantizar la anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo a las víctimas de violación sexual.
 
Tampoco se avalaron las reformas a las leyes generales en materia político electoral para incorporar el concepto de violencia política de género, toda vez que estas modificaciones debieron ser avaladas por la Comisión de Gobernación y la Comisión de Igualdad de Género pero sólo la primera la aprobó.
 
REFORMAS APROBADAS
 
En materia de género se aprobó una reforma al Artículo 12 de la Ley de Asistencia Social para decir que se entiende como servicio básico en materia de asistencia social el apoyo a mujeres en periodos de gestación o lactancia y madres solas que tengan hijos menores de 18 años, con especial atención a adolescentes en situación de vulnerabilidad.
 
La reforma, que aún debe ser ratificada por el Senado, tiene el fin de que estas mujeres puedan beneficiarse de los programas sociales. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 10.1 de las mujeres de 12 años y más, con al menos un hijo, son viudas; 8.44 son separadas y 2.8 por ciento están divorciadas.
 
Otra reforma que se aprobó en San Lázaro fue una minuta para precisar, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que la violencia laboral también es negar las oportunidades de ascenso a las mujeres, así como exigirles la presentación de certificados médicos de no embarazo.
 
Uno de los argumentos de las y los legisladores es que la Encuesta sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2011, realizada por el Inegi, señala que una de cada cinco mujeres ocupadas de 15 años y más, es decir 20.6 por ciento, declaró haber tenido al menos un incidente de discriminación laboral.
 
También en materia laboral se reformaron los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo; y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para las trabajadoras embarazadas puedan distribuir sus 12 semanas de descanso antes y después del parto y  tengan la opción de reducir una hora laboral para amantar a su hijo. 
 
En otro dictamen se reformó el Artículo 25 de la Ley General de Acceso, a fin de establecer que la Secretaría de Gobernación (Segob) también notifique a los ayuntamientos sobre las declaratorias de Alerta de Violencia de Género.
 
La Cámara de Diputados además aprobó la expedición de una ley general en materia de tortura, que establece una pena mayor si la víctima fue sometida a cualquier forma de violencia sexual y señala que los dictámenes para acreditar el delito deberán ser realizados por peritos mujeres en caso de que la víctima sea mujer, entre otras consideraciones.
 
PENDIENTES LEGISLATIVOS
 
El tema que quedó pendiente fue una reforma a la Ley General de Acceso para incorporar la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046), que contempla la anticoncepción de emergencia y el aborto en casos de violación sexual, una propuesta avalada en la Comisión de Igualdad de Género y que pasó al pleno pero fue retirada en tres ocasiones por “no tener consenso”.
 
En este tema las legisladoras del Partido Acción Nacional e integrantes de asaciones civiles como Pasos por la vida se manifestaron en contra de la aplicación de la NOM-046; mientras que legisladoras de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática, en su mayoría, apoyaron la propuesta.
 
A pesar de que la NOM 046 no se incorporó a la Ley General de Acceso, los prestadores de salud siguen obligados a ofertar la anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo a las víctimas de violación sexual, ya que esta norma es una política de aplicación nacional.
 
El segundo pendiente legislativo fue avalar la minuta que envió el Senado para definir el concepto de violencia política de género como “la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al Pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público”.
 
Esta definición, que se incluiría en cinco leyes generales, fue avalada en la Comisión de Gobernación, pero no en la Comisión de Igualdad de Género, por lo que no se presentó ante el pleno, por lo que podría retomarse en el siguiente periodo de sesiones en agosto próximo.
 
17/AGM/GG







ENTREVISTA
POLÍTICA
   Quiere reunión con OSC sobre DH, feminicidio y desaparición
Derechos de mujeres están en mi agenda, pero “no los exploto”: Delfina Gómez
Delfina Gómez Álvarez a su llegada a una conferencia en la Ciudad de México | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/04/2017 Con una campaña que califica de propositiva, la candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, asegura que entre sus temas de interés están los derechos de las mujeres y de las personas con discapacidad aunque no los explote en sus actos proselitistas.
 
La maestra, como se le conoce por sus tres décadas de experiencia en la docencia y en la administración en la Secretaría de Educación del Estado de México, afirmó en entrevista con Cimacnoticias que tiene una agenda de género y propuestas específicas para combatir la violencia y promover la educación y el empleo de las mujeres. 
 
Apenas el 11 de abril, el Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio en el estado difundió un posicionamiento, donde aseguró que las y los candidatos a la gubernatura sólo tienen interés en el voto de las mexiquenses pero no en sus vidas y por tanto no tienen propuestas serias para erradicar la violencia de género.
 
Sin embargo la candidata de Morena dice: “Algo que me preocupa mucho es la inseguridad, ese es el tema de agenda, pero dentro de inseguridad me voy a un aspecto muy importante que no ha sido tomado con seriedad: el feminicidio. Sobre todo porque el Estado de México es primer lugar en feminicidios, Ecatepec es el primer lugar”.
 
FEMINICIDIO Y AVG
 
La ex alcaldesa de Texcoco (2013-2015), quien abandonó una diputación federal (2015-2017) para competir por la gubernatura, tiene claro el diagnóstico de la violencia contra las mujeres. “En el momento faltan elementos para la averiguación, no se sigue el trámite, a veces dicen que es un homicidio en vez de un feminicidio”.
 
Por ello una de sus propuestas de campaña es extender a los 125 municipios del estado la Alerta de Violencia de Género (AVG), mecanismo de prevención de la violencia que el 8 de diciembre de 2010 activó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dependiente de la Secretaría de Gobernación.
 
Las acciones de la AVG se establecieron para 11 municipios: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán, Chalco y Valle Chalco Solidaridad, que concentran 54 por ciento de los casos de violencia contra las mujeres, denunciados de 2005 a 2010.
 
Hasta ahora no hay un diagnóstico de las acciones implementadas ni mecanismos que indiquen si la AVG ha funcionado y si es viable extenderla. Al respecto se le pregunta a la candidata y sostiene que esto no es impedimento. “Precisamente porque a veces es falta de voluntad. Hay acciones que no te llevan mucho,  simplemente es el deseo, el deseo de que tú quieras llevar o de continuidad”.
 
Entre las acciones que se desprenden de la Alerta están realizar patrullajes, instalar alumbrado público, instalar cámaras de seguridad y postes de emergencia, incrementar seguridad en el transporte público; un programa de cultura institucional de igualdad; e investigar los delitos cometidos por razones de género.
 
CUESTIONA APOYO A VÍCTIMAS SECUNDARIAS
 
La candidata de Morena críticó que en el Estado de México se impulse un programa que da apoyos económicos a las niñas y niños huérfanos cuya madre fue víctima de un feminicidio, una extensión del Seguro de Vida para Mujeres Jefas de Familia que otorga una cantidad cuando la madre muere. “Yo me pongo a pensar ¿eso solucionará el problema?”.
 
Agrega, “nos vamos a llenar de un montón de apoyos económicos pero no soluciona el problema, el asesinato de una mujer. Tenemos que ir más a fondo, tenemos que volver a observar ese tejido social; cultura, deporte, educación, empleo a nuestras mujeres, capacitación de nuestras mujeres, dignificación”.
 
Gómez Álvarez señala que además de llevar la AVG a los 125 municipios mexiquenses también hay que subsanar las inconsistencias en la procuración de justicia y la investigación de los expedientes, ver “legalmente cuáles son los temas que se tienen que mejorar, dar seguimiento real a los casos”.
 
La maestra tiene claro que no sólo es eso, sostiene que también se debe promover la  participación de la ciudadanía y tiene interés en reunirse con organizaciones que trabajen Derechos Humanos, temas de igualdad, feminicidio y desaparición aunque reconoce que en su campaña no ha sido muy eficaz en reforzar estas relaciones. 
 
¿MÁS LIBERAL QUE AMLO?
 
En la plataforma electoral que Morena entregó al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), la candidata Gómez Álvarez propone paridad horizontal y vertical en el gobierno y los municipios; el cumplimiento efectivo de las acciones de la AVG; implementar los protocolos de atención de la violencia de género y de investigación de feminicidio; y establecer un registro formal de este delito.
 
En algunos temas incluso parece más liberal que el líder del partido, Andrés Manuel López Obrador, ya que propone que Morena “partirá de la visión de que los derechos no se deben someter a consulta, sino que deben ser ampliados a todos los sectores sociales como un acto de justicia social”.
 
En este documento también se dice que Morena defenderá el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo; buscará asegurar la igualdad salarial en instituciones públicas y privadas; crear estímulos fiscales a empresarios que contraten mujeres y crear el Seguro de vida para mujeres jefas de familia, aunque no precisa si funcionará distinto al que critica y que ya existe a nivel federal.
 
Entre las acciones concretas, la candidata propone derogar el Artículo 91 del Código Penal del Estado de México que permite el perdón del ofendido en un delito; fiscalizar los municipios con Alerta de Violencia de Género para asegurar que los recursos destinados se empleen de manera efectiva y combatir la violencia de género en las escuelas. 
 
“En el proyecto que ya hicimos, presentamos una estructura pero a mí me gusta mucho escuchar y ver realmente qué está pasando y te puedo decir que en los municipios que hemos visitado hay mucha inequidad con las mujeres. Las mujeres piden mayor participación”, por eso dice que tiene interés en hablar con las asociaciones civiles. 
 
“Fíjate que algo que está pasando y que me gusta mucho: las mismas mujeres se están organizando, y no nada más las mujeres. Me he encontrado en algunos municipios que independientemente de Delfina, de Andrés, del coordinador, los ciudadanos se está uniendo ¿y eso a que se debe? a la falta de respuesta de las autoridades”.
 
DELFINA EN APP
 
“Como hija de un albañil y de una humilde ama de casa, aprendí que la única forma de salir adelante es con esfuerzo y trabajo diario”, dice Gómez Álvarez en la biografía que aparece en DelfisApp, la aplicación que sirve como enlace entre la candidata y la ciudadanía y donde la gente puede escribirle y mandarle inquietudes o propuestas.  
 
La trayectoria política de la candidata, originaria del municipio de Texcoco es corta, fue alcaldesa y diputada federal, sin embargo ha ganado simpatía y se atreve a decir que hay mujeres que la apoyan por su historia de vida, “llegan un poquito a identificar con Delfina como candidata porque tienen esa esperanza o ese deseo de que pueda ser una representante para todo lo que están pidiendo o están necesitando”.
 
VIOLENCIA POLÍTICA
 
Por otro lado, le enorgulleces no pertenecer a alguna estirpe política, aunque eso le acarrea también críticas de sus contrincantes o de personajes como Felipe Calderón, que la han calificado como un títere de López Obrador, así como del actual alcalde de Texcoco, Higinio Martínez. Esto la llevó a presentar una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por violencia política de género el pasado 10 de abril, misma que dos días después fue enviada al IEEM.
 
“Piensan que la mujer no está capacitada, que yo dependo de alguien porque pareciera que no tengo voluntad propia, que me hace falta una experiencia, yo digo ¿experiencia de qué? Si las mujeres tenemos esa capacidad, claro que le voy a dar mucha importancia a la cuestión de mujer”, dice la candidata, quien además posee dos maestrías, una en Educación y otra en Pedagogía.
 
La maestra espera que su queja, que se basa en el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, sea tomada en cuenta y sea resuelta lo más pronto posible. “Si ahorita las autoridades electorales no hacen, mínimo, una llamada de atención, una recomendación, algo que se vea que sí les preocupa que a una mujer se le falte el respeto, por misoginia o por clasismo, entonces estamos igual”.
 
La queja ante el INE expone que el pasado 3 de abril el ex presidente Felipe Calderón envió en un mensaje en su cuenta de Twitter donde decía “¿Delfina es nombre propio? ¿O así le dicen por cómo la trata quien la nombró y es su jefe?”, frase que aludía al apoyo que recibe la candidata por parte de López Obrador, aspirante a la Presidencia de la República en los comicios de 2018.
 
Argumenta que hizo la denuncia porque no es posible que las mujeres sigan calladas ante las agresiones. “Si a Delfina, que es candidata, que ya fue presidenta municipal y que fue diputada le dicen eso, qué se puede esperar de una persona que no tienen nada que la defienda, ningún cargo”.
 
Este 17 de abril la candidata fue cuestionada sobre las críticas de López Obrador a Margarita Zavala, también aspirante a la  candidatura presidencial en 2018. “No se puede comparar”, dice   Gómez Álvarez, porque el insulto para ella fue para todas las mujeres y en el caso de Zavala se criticó la figura presidencial de Calderón, su esposo.
 
La candidata tiene claro que puede ser blanco de críticas pero, dice,  estas deben ser por su desempeño y no por el hecho de ser mujer.  
 
17/AGM/GG







NACIONAL
POLÍTICA
   Los denuncia por violencia política de género
INE manda al IEEM queja de Delfina Gómez contra líderes de PRI y PAN
Imagen retomada de twitter
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/04/2017 El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) conocerá y decidirá la procedencia de la queja por violencia política de género que presentó la candidata de  Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
 
El 10 de abril la candidata presentó una queja por violencia política de género ante el INE por los comentarios misóginos que hizo en su contra el expresidente Felipe Calderón y los líderes nacionales de los Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, y Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza.
 
Acompañada por el representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, y del líder del partido, Martí Batres, la candidata entregó en la Oficialía de partes del organismo el documento de queja donde pidió la implementación del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, elaborado por las autoridades electorales en marzo de 2016.
Sin embargo hoy el INE remitió la queja al IEEM al considerar que es el organismo local el que debe pronunciarse. La decisión se basó en el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que dicta que la competencia en este tipo de procedimientos depende del tipo de norma vulnerada y del proceso electoral.
 
Gómez Álvarez argumentó hechos en detrimento de su imagen, dignidad y su derecho político-electoral a ser votada, y como el proceso electoral es en el Estado de México. El INE se determinó que es el organismo local la instancia competente para conocer el asunto a través de un procedimiento administrativo sancionador.
 
Al dar a conocer la decisión, el INE declaró que sin pronunciarse al respecto, “(Se) reconoce que la violencia política contra las mujeres por razones de género es una problemática persistente en todo el país y con el fin de combatirla frontalmente ha emprendido acciones para brindar una debida y diligente atención a dichos casos”.
 
LA VIOLENCIA
 
El pasado 3 de abril el ex presidente Felipe Calderón envió en un mensaje en su cuenta de Twitter donde decía “¿Delfina es nombre propio? ¿O así le dicen por cómo la trata quien la nombró y es su jefe?”, frase que aludía al apoyo que recibe la candidata por parte de Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la Presidencia de la República en los comicios de 2018.
 
De acuerdo con los medios, después de presentar la queja, Gómez Álvarez criticó el “lenguaje misógino” y los comentarios de “odio y clasicismo” con el que se refieren a ella. La candidata ha sido criticada por ser maestra y ser la candidata “de López Obrador”, lo que, en su opinión, es una forma de degradarla porque quieren decir que no tienen capacidad de gobernar a pesar de que ha sido servidora pública y alcaldesa de Texcoco.
 
El Protocolo considera tres tipos de violencia política de género: delitos penales o electorales, e infracciones electorales. El INE tiene la facultad de determinar  responsabilidades e impone sanciones; ejecutar órdenes de protección; investigar y, en su caso, sancionar el incumplimiento de la normativa electoral.
 
La candidata rechazó las expresiones en su contra y declaró que su denuncia también era para abrir brecha y detener la violencia política de género. Además agregó que sus contrincantes le tienen miedo por ser una mujer sin abolengo político, con un padre de oficio albañil y una madre ama de casa que, aun así, tiene probabilidades de ganar la gubernatura.
 
El mismo día que presentó su denuncia, en su cuenta de Twitter Gómez Álvarez expresó su solidaridad con la delegada de Miguel Hidalgo, la panista Xóchitl Gálvez, quien un día antes fue sacada a empujones del tianguis de Tenayo, en el municipio de Tlalnepantla, cuando hacia campaña a favor de la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota.
 
“Mi solidaridad con @xochitlgalvez. Todas reprobamos cualquier expresión de violencia”, escribió la morenista.
 
La delegada del PAN presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Tlalnepantla y Vázquez Mota denunció que su equipo de campaña fue sacada con armas largas por la policía estatal, que les impidió hacer actos proselitistas a pesar de contar con los permisos necesarios.
 
17/AGM/GG
 







Syndicate content

Todos los materiales realizados por Cimacnoticias (Texto, audio, video y fotografía) son realizados sin fines de lucro, se permite su uso y reproducción siempre y cuando se cite la fuente. No se permiten modificaciones o cambios en los materiales.

Para mayor información escríbenos a: agencia.cimacnoticias@gmail.com