NACIONAL
POLÍTICA
   Tras cuatro años de intentos
Senado tipifica, por fin, la violencia política de género
Imagen retomada del portal comunicacion.senado.gob.mx
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/03/2017 El Senado de la República aprobó tipificar la violencia política de género y con ello concluyó un pendiente que tenía desde hace cuatro años, cuando las senadoras intentaron dejar claro en las leyes electorales que es un delito denostar, menoscabar y restringir las funciones de una mujer que ejerce la política. 
 
Ayer, apenas unas horas después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las y los senadores aprobaron reformas las Leyes Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; la Ley General en Materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
 
Se analizaron para eso 10 iniciativas presentadas por distintas fracciones parlamentarias, con definiciones sobre la violencia que se ejerce contras las mujeres que realizan actividades políticas, tras lo cual las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, presentaron un dictamen que fue avalado
 
Las leyes electorales dirán ahora que la violencia política en razón de género “es la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público”.
 
Con estas modificaciones, instancias como el Instituto Nacional Electoral (INE), los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y los tribunales electorales tendrán la obligación de prevenir, atender, sancionar y en su caso sancionar las conductas de violencia política de género con las sanciones que marca la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
 
El Senado determinó que  las sanciones por los delitos electorales que se cometan contra las mujeres se castigarán hasta con la mitad de la pena que actualmente se establece. 
 
CUATRO AÑOS DESPUES…
 
El camino para lograr la inclusión de esta forma de violencia en la ley inició  el 8 de noviembre de 2012, cuando la senadora priista Lucero Saldaña Pérez propuso incluir y definir este término. La propuesta fue aprobada en febrero de 2013 en la Cámara alta y enviada a la Cámara de Diputados para su ratificación.
 
Pero en San Lázaro nunca se discutió ni aprobó en el pleno, se truncó el proceso legislativo. Sin embargo, la reforma político electoral de 2014 creó nuevas leyes y derogó el entonces Código Federal de Procedimientos Electorales, por lo que tanto la senadora Saldaña Pérez, como otras de sus compañeras redactaron y presentaron nuevas propuestas en el mismo sentido que la de 2012.
 
La Comisión de Igualdad de Género, presidida por la priista Diva Hadamira Gastélum, pidió las opiniones de organismos electorales para robustecer el dictamen. En febrero pasado reveló que a pesar de que ya se tenía la reforma, había resistencias de algunos legisladores para avalar la propuesta.
 
Recién el pasado 3 de marzo los representantes de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PRD), del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal) se comprometieron a impulsar la tipificación de la violencia política.
 
Esto sucedió durante un acto público en donde la integrante de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, increpó a los líderes partidistas y estos aceptaron el reto de apoyar la propuesta de las legisladoras en el Senado.  
 
El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para su aval, órgano parlamentario donde las diputadas Candelaria Ochoa Ávalos, Arlet Mólgora Glover, Yolanda de la Torre Valdez, Carolina Monroy del Mazo, Kathia María Bolio Pinelo y Maricela Contreras Julián ya habían presentado propuestas similares.
 
17/AGM/GG
 
 







NACIONAL
POLÍTICA
   Posibles problemas de interpretación: Córdova
Partidos, en favor de tipificar violencia política de género
Imagen retomada del twitter de Flacso México
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/03/2017 Representantes de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PRD), del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal) se comprometieron a impulsar la tipificación de la violencia política por razones de género, un tema congelado en el Congreso desde hace cuatro años.
 
Como conclusión del foro Asimetrías y estereotipos de género en los medios de comunicación –que se realizó el 2 y 3 de marzo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales– los líderes de los partidos políticos a nacionales aceptaron el reto que lanzó la representante del PT, Lilia Aguilar, quien exigió en el foro que se asumiera una posición pública al respecto.
 
El testigo de este consenso para sacar avante una reforma fue el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, quien dijo que el problema no sólo es normativo, sino cultural. Así sucede, dijo, con la paridad porque pese a que es un  principio constitucional “hay reticencias” para cumplir esta obligación, por lo que previó que podría haber un problema de instrumentación e interpretación de una norma sobre violencia política de género.
 
EL ACUERDO
 
La también integrante de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT, Lilia Aguilar, exigió a los institutos políticos demostrar su compromiso con la participación política de las mujeres y exhortar a sus bancadas parlamentarias a legislar la violencia política de género, en vez de pelear por reducir el número de legisladores plurinominales porque, reclamó, cuando ella fue legisladora la tipificación no se aprobó.
 
La petista también aprovechó su participación para hacer evidente que un ejemplo de violencia fue que al foro no asistieran todos los presidentes de los partidos, como sucedió con el presidente del suyo, y que de nada sirvieran las reformas sobre paridad en los estatutos internos si ellas no participaban de manera real en los procesos políticos.
 
El primer político en alzar la mano para responder a la propuesta de Aguilar fue el presidente del PRI, Enrique Ochoa, quien asumió el reto y afirmó que el tricolor ya tenía a tres promotoras de esta propuesta, las senadoras Lucero Saldaña, Diva Hadamira Gastélum e Hilda Flores, quienes han promovido iniciativas en la materia y serán apoyadas por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido.
 
En 2013, el Senado aprobó una reforma a las leyes electorales para incluir este delito, pero la minuta quedó varada en la Cámara de Diputados donde nunca se ratificó. Posteriormente, con la reforma política electoral de 2014 se presentaron más propuestas para tipificar esta violencia en las Leyes General de Partidos Políticos y de Instituciones y Procedimientos Electorales.
 
Previo a comprometerse, Ochoa dijo que en el tema de género los partidos deben dejar de lado las diferencias y trabajar en unidad, por lo que aseguró que en los comicios de 2017, y en los sucesivos, su partido rechazará cualquier violencia política de género sin importar quien sea la candidata agredida.
 
En su turno, la representante del PAN, Margarita Martínez Fisher, dijo que su partido apoyará la tipificación de la violencia política de género en todos los estados y que ya apoyan la propuesta legislativa en la capital del país. Destacó que en asuntos de normatividad interna buscará una reforma al modelo de formación política para que sus militantes se capaciten en temas de género.
 
La también diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y secretaria de Capacitación del CEN del PAN agregó que en su partido hay avances, porque el 50 por ciento de los cargos directivos son para las militantes, ya tienen una política para conciliar la vida familiar y laboral, y están aplicando la paridad de género en candidaturas.
 
En tanto la secretaria nacional del PRD, Beatriz Mojica, dijo que su partido tiene un compromiso con las mujeres y apoyará estas propuestas. Destacó además que la concientización en tema de paridad debe ser para todas y todos, y se sumó a las críticas al decir que los hombres asistieron al foro hasta que llegaron los líderes de los partidos políticos, y fue entonces cuando la sala se llenó de participantes de ambos sexos.
 
Mojica también señaló que en su partido hay paridad de género desde 2008 y es el único dirigido por dos mujeres: ella como secretaria y Alejandra Barrales como presidenta. Por ello, aseguró que es importante la participación femenina para reivindicar la política y abrir la puerta a otras ciudadanas.
 
PIDE OBSERVATORIO
 
La representante de Movimiento Ciudadano (MC) y diputada federal, Esthela Damián Peralta, dijo que sólo faltaba echar un grito al Senado porque es ahí donde estaba parada la iniciativa. Y para no quedarse atrás también propuso la creación de un Observatorio Ciudadano de organizaciones gubernamentales que identifiquen las propuestas políticas y señalen públicamente los errores que cometen los institutos políticos.
 
A su vez, el presidente del Panal, Luis Castro, apoyó la propuesta legislativa y sobre el tema de comunicación política proyectó los promocionales electorales que su partido difundió en televisión el año pasado, donde dio importancia a los derechos de las mujeres. Evitó, sin embargo, hablar de un cierre de campaña en donde había modelos desnudas del torso y cubiertas con los colores partidistas con la técnica de body painting.
 
Castro subrayó que los partidos no hacen campaña sino spots y llamó a que en próximos encuentros se invite a los líderes de los partidos para interrogarlos respecto a estos temas; que el IFE cumpla su papel y sancione a los partidos cuando incumplen con la paridad de género porque, destacó, es hora de feminizar la política.
 
El político también usó el micrófono para aclarar a la representante del PAN que en 2016 todos los partidos, el mismo día, firmaron el Protocolo para la Atención de la Violencia Política Contra las Mujeres y no que había sido el blanquiazul el primero en hacerlo, como había declarado en su intervención la diputada Martínez Fisher.
 
Por su parte el presidente nacional del PES, Hugo Erick Flores, también dijo que su partido apoyaría la tipificación, e hizo reclamos pero para decir que a su partido nunca lo invitan, que tiene pocos recursos y que a ellos les cuesta trabajo ganar elecciones porque no tienen operadoras políticas como otros partidos que tienen mujeres que hacen el trabajo de propaganda y no de liderazgo.
 
Otra mujer que se dijo convencida de que esta reforma debe ser aprobada fue la panista Guadalupe Murguía, actual presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien dijo que es necesaria una legislación cuidadosa que apoye la participación política de las mujeres.
 
17/AGM/GG







POLÍTICA
   Martha Tagle
Paridad en política no son solo números, sino que ellas ejerzan el poder
Foto: INE
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/02/2017 El reto más importante de la paridad de género, es decir, de la obligación de los partidos políticos de dar la mitad de sus candidaturas a las mujeres, es lograr que quienes lleguen al poder ejerzan el poder, dijo la senadora Martha Tagle Martínez.
 
Durante el IV Seminario Homenaje a don Jesús Reyes Heroles: Tendencias actuales de la democracia en México, la senadora independiente y militante de Movimiento Ciudadano dijo que la paridad no sólo se trata de un tema numérico y de tener 50 por ciento de candidatas sino de que las mujeres “estén en el poder con poder”.
 
Tagle Martínez explicó que la violencia política de género provocó que las funcionarias electas lleguen a los cargos pero no puedan ejercerlos o que a pesar de integrar los órganos colegiados no estén en los espacios donde realmente se toman las decisiones porque no coordina, presiden ni son las titulares de los organismos.
 
La senadora explicó que en la Cámara de Diputados hay 42.5 por ciento de diputadas; en el Senado las legisladoras son el 38 por ciento; hay siete congresos estatales con más de 50 por ciento de mujeres; y a nivel local hay 13 por ciento de presidentas municipales,
 
A medida en que las ciudadanas acceden a cargos de elección se incrementa la violencia política por razones de género para limitar su acceso a la toma de decisiones y –dijo – no se trata sólo de violencia física y de persecuciones porque hay muchas otras formas de violencia como impedirles tener el poder real.
 
Como ejemplo mostró las fotografías de la celebración de la promulgación de la Constitución Política federal de 1917 y de la Constitución Política de la Ciudad de México de 2017; en ambos casos no hay mujeres en las imágenes a pesar de que en el reciente proceso constituyente hubo mujeres.
 
La también integrante de la Red Mujeres en Plural destacó que no se trata de llenar presídium de mujeres sino de que ellas sean presidentas de los Congresos, secretarías de Gobierno o tengan los cargos donde se toman las decisiones trascendentes: que sean mujeres en el poder con poder.
 
De cara al proceso electoral de 2018 donde se elegirá Presidente, habrá 30 elecciones locales concurrentes y se elegirán cerca de 18 mil 500 cargos, el reto será el número al postular a candidatas pero lo más importante será que en caso de ser electas sean ellas quienes ejerzan sus funciones.
 
Destacó que el año pasado se dieron casos de violencia política de género en contra de alcaldesas y síndicas porque son esos cargos donde se juega el poder real, se decide qué obras se realizan o que programas se implementan por tanto los varones postulan a las mujeres pero no las dejan gobernar.
 
Entre los casos de mujeres que fueron destituidas están Rosa Pérez Pérez, en Chiapas; y Samanta Caballero, Yareli Cariño López e Irma Aguilar Raymundo, en Oaxaca.
 
La legisladora además adelantó que otro reto para elección de 2018 será que los partidos cumplan la paridad de género y la reelección de autoridades, es decir que se postulen al mismo número de candidatas y candidatos pero que al mismo tiempo quienes quieran reelegirse se puedan postular.
 
17/AGM/GGQ







NACIONAL
POLÍTICA
   Rechazan iniciativas desde 2012
Partidos se resisten a tipificar “violencia política por razones de género”
A 10 años de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se realizó un foro de análisis en el Senado de la República | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/02/2017 La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, Diva Hadamira Gastélum Bajo, aseguró que hay resistencias de los partidos políticos y de algunos legisladores para tipificar la violencia política por razones de género, una violencia que suma 52 casos registrados, según autoridades electorales.
 
La también presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (OMPRI) dijo, en declaraciones a Cimacnoticias, que con esta reforma hay resistencias, tal como sucedió hace una década cuando en San Lázaro se debatía la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
 
La legisladora Diva Hadamira Gastelum (der.) presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado junto a la antropóloga feminista Marcela Lagarde | CIMACFoto: César Martínez López.

 
En 2007 cuando Gastélum Bajo era presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados y encargada de presentar el dictamen de Ley, se enfrentó a las críticas por apoyar una norma dirigida sólo a las mujeres; ahora enfrenta algo similar con el dictamen para investigar y sancionar la violencia hacia las mujeres que participan en política.  
 
“Vivimos 16 proyectos de iniciativa de esta Ley (LGAMVLV). Le sacaban la vuelta, como en el tema de violencia política, ahora quieren hacer una reforma descafeinada; cuando la esculcan no hay dientes de dónde agarrarte para poder tener a los responsables donde corresponde”, afirma la legisladora. 
 
INTENTOS DESDE 2012
 
Hace cinco años, en 2012, en el Senado la priista Lucero Saldaña presentó la primera propuesta para tipificar la violencia política de género, iniciativa aprobada en la Cámara alta pero no ratificada en la Cámara de Diputados. Desde entonces se han presentado más propuestas pero ninguna ha sido avalada por el Legislativo.
 
De 2013 a 2016, en el Senado se han presentado al menos 7 iniciativas para modificar las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en Materia de Delitos Electorales; del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral  y la Ley General de Acceso.
 
La Comisión de Igualdad ya tiene un dictamen, pero sigue negociando con las diferentes fuerzas políticas y con instituciones electorales y jurisdiccionales para revisar si este fenómeno será sancionado como una conducta administrativo, penal o combinado.
 
A 10 años de que entró en vigor la Ley que establece políticas públicas para hacer frente a la violencia contra las mujeres, la Senadora reconoce que un pendiente es la violencia política. “Muchas callamos la violencia porque nos han enseñado: `Come sin hacer gestos´, y todas lo hacemos, todas las que andamos en política”.
 
Hasta enero de 2017, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), registró 25 casos de violencia política de género; sin embargo, no todos los casos son investigaciones penales porque no siempre constituyen delitos electorales sino administrativos o controversias partidistas.
 
La senadora Gastélum Bajo asegura que los partidos políticos son dictaduras completas que hay que cambiar.
 
Foro A 10 años de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia | CIMACFoto: César Martínez López.

 
Además agrega que, a 10 años de la Ley General de Acceso, las mujeres no celebran porque los resultados no son los que estaban esperando. “Si hemos avanzado y no lo podemos negar, es innegable que han pasado muchas cosas, nacieron instituciones, legislaciones y protocolos pero algo está pasando que el feminicidio lo seguimos teniendo”.
 
17/AGM/GGQ
 







ESTADOS
VIOLENCIA
   Gabriela Rivera presenta denuncia ante Secretaría de la Mujer
En un mes, Oaxaca registra 6 casos de violencia política de género
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/01/2017 Lo primero que vio la indígena mixteca Gabriela Rivera Maldonado al abrir los ojos después de recibir más de 20 latigazos y quedar semiinconsciente fueron los rostros del presidente municipal de San Miguel Peras en Oaxaca, Santiago Ramírez Cervantes y del síndico, Sergio Rivera Flores, quienes reían al verla tirada en el suelo.
 
El domingo 15 de enero –repasa en entrevista la traductora de Gabriela, Otilia Flores– frente a su hijo de 2 años de edad, Gabriela fue golpeada con un tuchi (látigo) por orden de los dos funcionarios que la detuvieron en la comandancia como represalia por querer participar en las elecciones del año pasado.
 
Para preparar la golpiza, el presidente municipal y el síndico mandaron llamar a los abuelos de Gabriela antes de que ella fuera retenida en la comandancia. Una vez allí los confrontaron con su nieta y el abuelo tuvo que aguantarse las ganas de oponerse porque fue obligado a darle un puñetazo en la cara porque ellos son “la autoridad”.
 
“Cómo es posible que en este tiempo golpeen a una mujer adentro de la presidencia (municipal). Para nuestros antepasados eso (gobernar) era sagrado”, dice Otilia, quien además aprovechó para reclamar que la foto de su compañera fuera difundida y aclarar que Rosa Aguilar y Mariana Díaz, quienes también habían manifestado su interés en participar en las elecciones, fueron igualmente amenazadas.
 
La mañana del 15 de enero –relata la traductora– unos policías en una patrulla llegaron a tocar a la casa de Gabriela Rivera. Cuando ella abrió la puerta y pregunto qué pasaba, ellos respondieron “súbete y vámonos”; sorprendida, preguntó las razones pero ellos sólo dijeron que tenía que ir al edificio de la presidencia municipal.
 
En un pueblo donde la mayoría se conoce, la joven logró convencer a los policías de que ella iría caminando hasta allá pero debía cambiarse de ropa. Así lo hizo. Tomó a su hijo de 2 años de edad y salió hacia la presidencia municipal. Al llegar, el síndico la esperaba en la entrada, le pidió pasar y que esperara.
 
Gabriela creyó que sería acusada por una señora con la que había discutido semanas antes pero después de esperar alrededor de media hora, llegó el presidente municipal y la hizo pasar a otra área donde la esperaban sus abuelos. A sus familiares les dijeron que ella estaba detenida porque “tenía muchas quejas”. 
 
Cuando Gabriela intentó irse porque su hijo empezó a llorar, los policías la detuvieron, la abuela se llevó al niño y ella fue encerrada. Su abuelo fue obligado a darle un golpe “por no respetar a las autoridades”, después los policías la tomaron por la fuerza y ella sólo alcanzó a cubrirse el rostro mientras empezaron a darle de latigazos.
 
Al reaccionar vio al presidente municipal, Santiago Ramírez Cervantes y al síndico, Sergio Rivera Flores, riéndose. Tras la golpiza la dejaron salir pero como no podía caminar un policía la ayudó para regresar a su casa. 
 
El año pasado se realizó en el municipio de San Miguel de las Peras, una elección por el sistema normativo interno, es decir, por usos y costumbres. De acuerdo con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) la elección debería ser en octubre pero Otilia refiere que el 7 de mayo de 2016 se hizo una asamblea en la que los hombres excluyeron a las mujeres.
 
Gabriela manifestó su intención de participar pero no fue considerada para ningún cargo y por el contrario recibió amenazas de “recibir balazos” si se entrometía en estos asuntos, por lo que incluso el 23 de enero el Partido de la Revolución Democrática emitió un comunicado para pedir una investigación por este caso.
 
El pasado martes 24 de enero Gabriela, hablante de mixteco, acompañada de su traductora, hizo las denuncias ante la Secretaría de la Mujer de Oaxaca y la  Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Este día continuará su denuncia ante la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
 
Con este testimonio, en este mes suman seis casos de violencia por conflictos electorales en Oaxaca documentados por el Colectivo por la Ciudadanía para las Mujeres. Tres presidentas municipales han sido agredidas: la alcaldesa de San Juan Bautista Lo de Soto, Samantha Caballero Melo; de San Pedro Atoyac, Irma Aguilar Raymundo; y de Eloxochitlán de Flores Magón, Eliza Zepeda.
 
También estas las amenazas contra la síndica de Pinotepa Nacional, Yareli Cariño López; y contra la de Santo Domingo Zanatepec, Erika Molina, casos que entran en la definición de violencia política de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado.
 
17/AGM/LGL
 







ESTADOS
POLÍTICA
   TEPJF ordena fallo a favor de la consejera Claudia Carrillo Gasca
Investigarán a consejeros electorales de QR por violencia política
Imagen retomada de twitter
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/01/2017 La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) iniciar una investigación en contra de consejeros del Instituto Electoral de Quintana Roo, que ejercieron violencia política de género en contra de su homóloga, la consejera Claudia Carrillo Gasca.
 
El caso tuvo origen el 31 de agosto de 2015 cuando Carrillo Gasca denunció a diversas autoridades electorales locales por violentarla luego de que se negó a la petición del magistrado presidente del Tribunal Electoral local, Víctor Vivas, para que en los comicios para renovar gubernatura de 2016 –como consejera electoral– apoyara a un partido político y a una coalición.
 
De acuerdo con el expediente, los actos intimidatorios consistieron en llamadas intimidatorias y correos electrónicos o mensajes de texto, desplegados en la prensa y, lo que ella consideró la reactivación indebida de una averiguación previa iniciada en su contra, así como la obstaculización de su labor como integrante de la Comisión transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
 
Finalmente el pasado 18 de enero la Sala Superior del TEPJF ordenó al INE investigar a la consejera presidenta del instituto local, Mayra San Román Carrillo Medina y al consejero Juan Manuel Pérez Alpuche, así como a los representantes de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza (Panal) y del Trabajo (PT) en el Consejo General local.  
 
También serán investigados el director de Organización; el director de Partidos Políticos y Radiodifusión; y el jefe de la Unidad Técnica de Comunicación Social del Instituto local, por conductas que supuestamente constituyen violencia política de género.
 
Al resolver el recurso SUP-JE-107/2016, promovido por la consejera por presuntas afectaciones a su derecho a ejercer el cargo con independencia y autonomía, la Sala Superior señaló que además se debe determinar la responsabilidad de magistrados y funcionarios del Tribunal Electoral de Quintana Roo, que también fueron denunciados.
 
Las conductas expuestas por la consejera Carrillo Gasca no se encuentran contempladas en el artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) sobre infracciones a los servidores públicos, pero las magistradas y magistrados de la Sala Superior consideraron que esto no limita que los juzgadores colaboren en la investigación o puedan dar vista de los hechos a las autoridades competentes.

17/AGM/LGL







NACIONAL
Participación Política de las Mujeres
   Previo a que se consumara su destitución recibió varias amenazas
Preocupa a Yareli Cariño integridad por violencia política
Yareli Cariño López, sindica electa del municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca, en conferencia de prensa este martes. CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/01/2017 Hace un año, el 1 de enero de 2016, Yareli Cariño López, mujer mixteca de 32 años de edad y militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) decidió participar por primera vez en un proceso electoral y contender por una sindicatura en el municipio de Pinotepa Nacional, en Oaxaca, cargo que ganó en las urnas el pasado 5 de junio.
 
Sin embargo no ejerce el puesto porque el 2 de enero, a 24 horas de tomar posesión, durante la primera sesión de Cabildo fue destituida por decisión de Guillermo García Cajero, alcalde municipal electo y quien el año pasado, la invitó a ser candidata y compañera de la planilla abanderada por el PRD.
 
Ante esta arbitrariedad que considera violencia política la abogada y ex trabajadora del Tribunal Electoral de Oaxaca dijo en entrevista con Cimacnoticias que le consternó que García Cajero la invitara a contender por un cargo y después de la campaña y de ganar la elección, la destituyera sin ninguna explicación.
 
En diciembre, acompañada por el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, Yareli Cariño, denunció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) las amenazas de muerte de las que fue víctima por lo que el organismo pidió a la Secretaría de Gobierno estatal que le brindara protección. 
 
Como resultado el 1 de enero fue acompañada por cuatro policías estatales para no ser agredida a la hora de ser investida con el cargo. Aun así la ceremonia fue ríspida: “hubo una serie de agresiones por parte de las compañeras de Cabildo que no permitían que me sentara al lado del presidente municipal. Resulta absurdo”, dijo. 
 
Previo a que se consumara su destitución, cuenta, recibió amenazas por teléfono, intimidación y asilamiento por parte de los concejales electos que no la invitaron a participar en las reuniones previas a la toma de posesión.
 
A los medios locales Cariño López explicó que el diputado local de la alianza PRD-Partido Acción Nacional (PAN), Tomás Basaldú Gutiérrez advirtió que si no cedía a sus pretensiones sexuales no permitiría que desempeñara el puesto como síndica por lo que él pudo ordenar su destitución pero prefiere no dar más detalles por seguridad.
 
De esta afirmación la síndica electa dijo “lo peor es que no hay argumento, no hay razón alguna” y lo único que explicó es que una ocasión el alcalde García Cajero le expuso que ella no podía ser síndica porque “no representa a la clase social alta de Pinotepa y esos lugares sólo los ocupan los ricos”, aludiendo a sus raíces indígenas.
 
Tras la denuncia a Yareli Cariño le preocupa su integridad y la de su familia. “Ahora, en mi casa siempre hay vehículos con vidrios polarizados, sin placas. A partir de la denuncia pública empieza a haber este tipo de intimidaciones, gente extraña que ronda la casa a altas horas de la noche. Me causa temor todo esto”, advierte. 

Yareli Cariño López, sindica electa del municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca, en conferencia de prensa este martes. CIMACFoto: César Martínez López


A esto se suma que nadie la informa sobre lo que sucede en la alcaldía; además este 9 de enero las y los funcionarios acudieron al Palacio de Gobierno de Oaxaca a acreditarse en sus cargos. Ella acudió pero después de esperar casi ocho horas la secretaria no quiso darle su acreditación como síndica porque la tenía registrada como regidora, cargo que previamente le ofreció el alcalde y el cual no aceptó.
 
El 6 de enero Yareli Cariño presentó un juicio por violencia política por razones de género ante el Tribunal Electoral del estado donde argumenta que fue electa como sindica y recibió su constancia de mayoría por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca por lo que se le debe permitir ejercer el cargo.
 
También tiene una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República; y el PRD anunció que la Comisión Jurisdiccional del partido abrirá una indagatoria para determinar responsabilidades, por lo que espera los resultados de las investigaciones.
 
“No solamente es por mí, también es por las otras mujeres que vienen atrás y quieren ejercer un cargo político. También tenemos derecho de ejercer cargos importantes, tenemos capacidad, tenemos que seguir luchando para que se hagan validos nuestros derechos”, señala.
 
17/AGM/KVR







NACIONAL
POLÍTICA
   PRD apoya a las dos mujeres obligadas a renunciar a sus cargos
Piden investigar violencia política de género
Beatriz Mojica Morga, actual Secretaria General del Partido de la Revolución Democrática, refrendó el apoyo de su partido a Irma Aguilar y Yareli Cariño, denunciantes de violencia política.CIMACFoto:César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/01/2017 El Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitará a su Comisión Jurisdiccional que inicie una investigación interna para determinar responsabilidades por la violencia política de género en contra de la presidenta municipal de San Pedro Atoyac en Jimiltepec, Irma Aguilar Raymundo y la síndica de Pinotepa Nacional, Yareli Cariño López, ambas en Oaxaca.
 
La secretaria general del PRD, Beatriz Mojica Morga y la secretaria nacional de Igualdad de Género del partido, Claudia Castello Rebollar, informaron que la dirigencia del sol azteca respalda a las dos mujeres que han sido violentadas para obligarlas a dejar los cargos que obtuvieron en las elecciones del pasado 5 de junio cuando fueron electas como servidoras públicas.
 
En conferencia de prensa en la Ciudad de México, Mojica Morga dijo que el partido está comprometido con la paridad de género, con sus compañeras y por tanto defenderá su derecho a participar como candidatas y ser electas. “La única manera de que este país se desarrolle es cuando exista la visión de la que las mujeres estén presentes en la toma de decisiones políticas”, dijo.

Irma Aguilar Raymundo, presidenta municipal en San Pedro Atoyac, en conferencia de prensa denunció violencia política en su contra | CIMACFoto: César Martínez López

 
Al respecto Castello Rebollar indicó que el PRD tomará cartas en el asunto para que se respete la voluntad ciudadana toda vez que Yareli Cariño fue destituida por el presidente municipal, quien la nombró regidora a pesar de que no fue electa para ese cargo; mientras que Irma Aguilar ha recibido amenazas y agresiones físicas para dejar el cargo a un síndico.
 
Ante estos actos de violencia política por razones de género, la semana pasada, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD acordó pedir a la Comisión Jurisdiccional del partido iniciar una investigación interna para, en su caso, sancionar a los responsables ya que al parecer ambas servidoras públicas son violentadas por sus compañeros de partido.
 
Castello Rebollar precisó que en caso de que la Comisión encuentre que se cometieron violaciones a los documentos y principios básicos del partido, la sanción puede ser desde una amonestación pública, inhabilitación para ejercer un cargo o la expulsión del partido. 
 
En el anuncio estuvo presente la coordinadora del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, Anabel López Sánchez, quien acompañó a las funcionarias electas y quien dijo que ambas fueron custodiadas por policías estatales para poder tomar protesta del cargo el 1 de enero pero después de ese acto no recibieron atención del Gobierno de Oaxaca.

Anabel López Sánchez es integrante del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres


Irma Aguilar Raymundo y Yareli Cariño López fueron custodiadas después de denunciar las amenazas en su contra y de que el 1 de enero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares (protección) al secretario general de Gobierno de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez.
 
La CNDH pidió que las medidas de seguridad se extendieran a sus familias y colaboradores durante el tiempo necesario, sin embargo la activista, López Sánchez dijo que hay una ausencia de las autoridades porque no están respondiendo a las peticiones y las victimas, no han logrado contactar con Avilés Álvarez para exponer la situación.
 
Sobre este proceso el PRD también pidió al gobierno estatal atender la solicitud de la CNDH y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), organismo de la Procuraduría General de la República (PGR) aplicar el Protocolo de Atención a la Violencia Política de Género para salvaguardar la integridad y los derechos de las afectadas.
 
17/AGM/KVR
 







   FEPADE y PGR consideran en riesgo la integridad física de las mujeres
Protegen a víctimas de violencia política de género
CIMACFoto:César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/01/2017 La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), organismo de la Procuraduría General de la República (PGR), informó que está dando seguimiento y protección a 52 casos mujeres  víctimas de violencia política de género.
 
La información difundida por esta instancia indica que en 16 casos se consideró que la integridad física de la mujer corría riesgo, por lo que se solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
 
De estos casos, destaca el de una regidora del municipio de Tecamachalco, Puebla, a quien la FEPADE y elementos de la Policía Federal Ministerial brindaron acompañamiento, así como el de una presidenta municipal de Tlapa, Guerrero, cuya protección se solicitó que fuera ampliada.
 
De acuerdo con la información de la Fiscalía se otorgó la calidad de víctimas a 26 mujeres y se solicitó su ingreso al Registro Nacional de Victimas donde 13 ya son atendidas.
 
La dependencia informó que se detectaron 21 casos de violencia política contra mujeres que se cometieron en el ejercicio de sus funciones públicas. Son 10 casos de candidatas agredidas en procesos electorales, 8 de funcionarias electorales y 6 de funcionarias partidistas.
 
La Fiscalía también informó que notó una preocupante cifra de casos de violencia contra mujeres indígenas que ostentan a cargos públicos y que se ven obstaculizadas en el desarrollo de sus funciones.
 
De los casos más relevantes la FEPADE citó el de la vocal ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva 07 del Instituto Nacional Electoral (INE), en el estado de Oaxaca, Lorena Nava, quien en julio de 2015 fue atacada por un grupo de manifestantes en un evento público; caso en el que se liberaron y se cumplieron con órdenes de aprehensión contra las personas agresoras.
 
También se encuentra el de la presidenta municipal de Chenalhó, en Chiapas, Rosa Pérez Pérez, quien fue obligada a renunciar a su cargo el 25 de mayo de 2016 y aunque fue restituida por una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), no tiene condiciones para gobernar.
 
En el recuento de casos también está la magistrada electoral local del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, Yolanda Pedroza Reyes, quien en marzo de 2016 denunció que fue víctima de violencia política en el desempeño de sus funciones por parte del presidente del organismo jurisdiccional, quien impidió el correcto desempeño de las funciones de su compañera.
 
Otro caso es el de la precandidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Aguascalientes,  Hilda Medina, quien recibió amenazas en su domicilio cuando en febrero del año pasado recibió una corona fúnebre de flores. 
 
La FEPADE también informó que la psicóloga, Erika Escobar, integrante de la Oficina de Atención a Víctimas y Derechos Humanos, realizó 70 acompañamientos psicológicos a las víctimas de algún delito electoral o por violencia política contra las mujeres. De las 21 personas beneficiadas, 18 fueron mujeres y 3 hombres.
 
17/AGM/KVR
 







ESTADOS
VIOLENCIA
   Ofreció respaldo institucional y asesoría jurídica a afectadas
INE rechaza violencia política contra mujeres en Oaxaca
Foto: Producciones y Milagros Agrupación Feminista
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/01/2017 El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Junta Local Ejecutiva del estado de Oaxaca rechazó la violencia política contra la presidenta electa del municipio de San Pedro Atoyac, Irma Aguilar Raymundo, y la síndica electa del municipio de Pinotepa Nacional, Yareli Cariño López.
 
El organismo difundió un comunicado donde rechazó la violencia contra ambas mujeres que fueron electas en los comicios de junio de 2016 para ocupar cargos de elección popular y que hoy enfrentan obstáculos y amenazas en el legítimo ejercicio de sus derechos político-electorales.
 
La Junta Local Ejecutiva del INE recordó que este 1 de enero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Gobierno de Oaxaca por los casos de San Pedro Atoyac y Pinotepa Nacional, a fin de brindar medidas para que las funcionarias ejercieran sus cargos.
 
Sin embargo, la síndica Yareli Cariño López fue removida del cargo durante la primera sesión de cabildo que se llevó a cabo el lunes, 24 horas después de haber tomado protesta en el cargo el 1 de enero.
 
Este sentido, y en el marco de las atribuciones que derivan del Protocolo para Atender la Violencia Política contra Mujeres, elaborado a nivel federal por autoridades electorales en marzo de 2016, el INE ofreció a las ciudadanas afectadas todo el respaldo institucional, acompañamiento y asesoría jurídica para la salvaguarda de sus derechos políticos.
 
Asimismo, el INE reconoció los esfuerzos de las organizaciones sociales que denunciaron públicamente estos actos de violencia política y dijo que “sólo mediante la conjunción de ciudadanía y autoridades será posible prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres, que tanto daño hace a nuestra democracia”.
 
Finalmente, este organismo exhortó a las autoridades del Gobierno de Oaxaca, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca (IEEPCO) y a los Tribunales Electorales, a brindar una atención integral y expedita a estos casos.
 
17/AGM/KVR
 







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