Aunque se sabe que en México 3 mil 308 mujeres y mil 086 niñas fueron víctimas de explotación sexual comercial en un periodo de 5 años, el proyecto de gasto para 2020 propone reducir 42.6 por ciento el presupuesto de la Fiscalía General de la República (FGR) destinado a investigar los delitos de violencia y trata de mujeres.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, que el 8 de septiembre entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso, prevé recortar casi la mitad del monto que el año pasado recibió el Ramo 49 Fiscalía General de la República, antes Ramo 17 Procuraduría General de la República (PGR).
En 2018, cuando inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Cámara de Diputados aprobó 102 millones 792 mil 172 pesos para la PGR, monto que distribuyó en seis programas presupuestarios, incluidos en el Anexo 13 del Presupuesto 2019, denominado “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”.
Ahora, la propuesta para el siguiente año es destinar la mitad de esta bolsa: 75 millones 161 mil 048 pesos y eliminar y cambiar la nomenclatura de algunos programas presupuestarios.
| Programas Presupuestarios del Ramo 49 Fiscalía General de la República | Monto PPEF 2019 |
| Investigar y perseguir los delitos cometidos en materia de Derechos Humanos | 68,494,398 |
| Realizar investigación académica en el marco de las ciencias penales | 100,000 |
| Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral | 3,200,000 |
| Promover la formación profesional y capacitación del capital humano | 493,500 |
| Actividades de apoyo administrativo | 2,873,150 |
La semana pasada, durante un foro con organizaciones de la sociedad civil, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ana Lilia Herrera Anzaldo, alertó que desaparecería el programa Investigar y perseguir los delitos relativos del orden federal que este año obtuvo 71 millones 502 mil 624 pesos.
A decir de la diputada, significa que desaparece la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), dependiente de la extinta PGR y cuyo origen se remonta al año 2003 cuando se creó para esclarecer casos emblemáticos de violencia contra las mujeres.
Es de recordar que, en años anteriores, el programa de Investigar y perseguir los delitos del orden federal (identificado como E002) era operado por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y trata de Personas (Fevimtra) y por la Policía Federal Ministerial.
Ante la declaración de la diputada Herrera Anzaldo, durante la Conferencia Nacional de Legisladoras y Organizaciones de la Sociedad Civil, que se organizó en el Palacio de San Lázaro el 11 de septiembre, la defensora de Derechos Humanos y madre de una víctima de feminicidio, Norma Andrade, llamó a no permitir la desaparición de Fevimtra.
“Ni un paso atrás a lo logrado. Nos costó muchísimo, a las madres y a las feministas que nos acompañaron, lograr crearla (Fevimtra) como para que con un plumazo lo hagan (desaparecerla). Ustedes, diputadas, ¿qué van a hacer con ese ‘no hay recursos’? Tienen un presupuesto que pueden exigir que se generen los recursos».
Norma andrade
Este programa, que ya no aparece nombrado en el Proyecto de Presupuesto para 2020 era para cumplir con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El objetivo de este programa, como reportó en su momento la PGR, era responder a la imperante necesidad de las mujeres, niñas y niños de contar con la protección del Estado frente a sus agresores y tratantes, desde una perspectiva de género y con pleno respeto a sus Derechos Humanos.
La transformación de Fevimtra no es nueva. A partir la publicación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en diciembre de 2018, indica la creación de cuatro fiscalías especializadas y aquella en Materia de Derechos Humanos tendría a su cargo la fiscalía de protección de los Derechos Humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes y de trata de personas.
- Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos: A su cargo tendrá las fiscalías de protección de los Derechos Humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes; de trata de personas; de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares; de periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos; de migrantes; de investigación de tortura, y todas aquellas Fiscalías, órganos o unidades que determine la persona titular de la FGR.
- Fiscalía Especializada en Delitos Electorales
- Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
- Fiscalía Especializada de Asuntos Internos
En entrevista, la directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés) y quien acompaña a víctimas y sobrevivientes que recurren a la Fevimtra, Teresa C. Ulloa Ziáurriz, aseguró que con la transformación de PGR a FGR se hicieron cambios, pero no se habló de la desaparición de Fevimtra.
La defensora explicó que desde tiempo atrás la austeridad hizo que se cancelaran muchas plazas en la FGR, por ello, si antes los Ministerios Públicos atendían 30 carpetas, o averiguaciones previas como se les conoce en el viejo sistema penal, ahora atienden de 50 o 70 casos porque los puestos que quedan vacantes no se reponen.
“Yo no creo que desaparezca la Fevimtra, creo que la van a hacer responsable de toda la trata, la que sea por delincuencia organizada y sin delincuencia organizada”.
Teresa C. Ulloa Ziáurriz
De acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en cinco años, de 2012 a 2017, se identificaron 5 mil 245 víctimas de los delitos en materia de trata de personas, de las cuales, 3 mil 308 son mujeres y mil 086 niñas.
Con estas cifras de por medio, Ulloa Ziáurriz señaló que las reducciones presupuestales son preocupantes por la cantidad de víctimas que deben ser atendidas y cuyas violaciones a Derechos Humanos deben ser investigadas.
Como ejemplo, explicó que hay ocasiones donde las víctimas van a audiencias, pero no se han ejecutado todas las órdenes de aprehensión de los agresores, quienes muchas veces pertenecen a grupos delictivos, por lo que tienen que solicitar escoltas de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, lo cual implica un gasto.
La trata tiene un componente; es extraterritorial, tiene su lugar de origen, de tránsito y de destino. Teresa Ulloa señala que en estos casos se tiene que viajar a tomar las declaraciones, como sucedió en un caso que litiga y que tiene que ver con Alemania y donde se tiene que pedir la colaboración de Interpol para realizar algunas diligencias en Berlín.
A esto se suma que el nuevo sistema penal establece reglas firmes como recabar las pruebas, como practicar diligencias, cadenas de custodia, policías encargados de recoger, embalar y transportar evidencias. “Todo eso, si no lo haces exactamente como se tenía que hacer cada paso, tumba los casos”, y para ello se necesita invertir, afirmó.
Para la litigante, el presupuesto es un reflejo de las prioridades, en un país donde hay muchas víctimas y altos niveles de impunidad.
“Ya lo habíamos visto desde este año. La prioridad es el huachicol, el lavado de dinero y la corrupción, todo lo que se salga de ahí no es prioridad para el Fiscal General de la República. He tratado, mil veces, de pedir una reunión con él, no me la ha otorgado, me ha mandado con la fiscal de Derechos Humanos”.
Teresa C. Ulloa Ziáurriz
El próximo jueves 26 de septiembre, a las 11:00 horas, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez comparecerá ante la Cámara de Diputados para analizar el Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia económica, y explicar las iniciativas que integran el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2020.
