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Una política económica cautelosa, sin inversión física y poco gasto público

Por Carmen R Ponce Meléndez
CIMACFoto: Archivo CIMAC

El pasado 9 de septiembre se entregó al Congreso de la Unión para su discusión y aprobación el Paquete económico. Contempla un gasto programable (sin el pago de dedua) para 2020 de 4.4 billones de pesos (16.6 por ciento del PIB) y un ligerísimo incremento de 0.8 por ciento. La previsión de los ingresos asciende a 5.5 billones de pesos (21.0 por ciento del PIB).

De acuerdo a su participación porcentual en el PIB y según se aprecia en la gráfica, IMSSS y PEMEX tienen la asignación más alta con 3.0 y 1.9 por ciento, respectivamente; en el caso de PEMEX los años 2017 y 2018 fueron muy malos, en materia de recursos públicos. Para 2020 su gasto crecerá 8.8 por ciento.

En contraste, los recursos asignados a Educación pública muestran una tendencia decreciente; mientras que en los destinados a Bienestar se puede apreciar claramente un incremento sustantivo (ver gráfica).

Disminuyen los recursos asignados al programa “Jóvenes construyendo el futuro” y aumentan los destinados a “Pensión para Adultos mayores” y “Sembrando Vida”. También el IMSS y el ISSSTE tendrán un aumento real en su gasto, cosa digna de celebrarse, dada la fuerte problématica que en materia de salud vive el país, muy en especial las mujeres. Se mantienen programas de adultos mayores $1,275 pesos mensuales; el de jóvenes $3,600; beca universal estudiantes $800 pesos.

El rango de crecimiento del PIB para este año es de 0.6-1.2, para 2020 aumenta con una estimación muy optimista de 1.5-2.5; sobre todo si se considera que las últimas expectativas de los especialistas en relación al crecimiento económico de este año están por debajo del 0.5 por ciento.

Si bien es “normal” que en un cambio de administración exista cierta atonia en el crecimiento económico, este gobierno representa un cambio más profundo y genera rechazo en la derecha -nacional e internacional- ellos son los dueños del dinero y han detentado la propiedad del país por más de 70 años, de ahí que se proponga una politica económica que sea empática con los mercados y la bolsa de valores.

En este sentido hay un señalamiento muy revelador en el documento de los Criterios Generales de Politica Económica:

“Para la segunda parte del año, se espera una disipación gradual en la incertidumbre generada por las dudas en algunos sectores de la sociedad, por el cambio de rumbo y de objetivos en las políticas públicas de la nueva administración. En este sentido, la SHCP y el Poder Ejecutivo en general, está en constante comunicación con los principales agentes; entre ellos, empresarios, inversionistas nacionales y extranjeros, agencias calificadoras y organismos internacionales.

En este sentido, el gobierno de México está llevando a cabo acciones para generar mayor certidumbre, entre las que destaca la negociación exitosa para solucionar las controversias sobre los contratos de los gasoductos”.

Estas “concesiones” a los mercados han llevado a sacrificar de nuevo a la inversión en infraestructura física, clave para el crecimiento econónomico. Ciertamente hay un buen nivel de gasto social pero no se puede sustentar un crecimiento de esta manera, se requieren más empleos con salarios dignos, no únicamente programas sociales.

En estas circunstancias se prevé una inflación de 3.0; el tipo de cambio en 20 pesos por dólar y un precio del barril de petróleo en 49 dólares. Este último esta en discusión por lo sucedido en Arabia Saudita y las posibilidades de que crezca el precio del petróleo durante 2020. Lo deseable es que sí se paguen las coberturas que protegen de los vaivenes de estos precios y que se pueden convertir en ingresos o egresos (precio de las gasolinas) para las finanzas públicas del país.

En materia de ingresos hay cambios importantes:

  • Habrá retención de IVA en subcontratación laboral.
  • Se gravarán con IVA plataformas y operaciones digitales.
  • Esquema de pago de ISR para vendedores independientes
  • Terciarización y apps digitales empezarán a pagar impuestos

Está fuera de discusión la importancia o la necesidad de que se grave la informalidad y la terciarización, pero hay que estar conscientes de que se está tocando a los grupos económicamente más vulnerables como son las aproximadamente 2.7 millones de mujeres que realizan ventas por catálogo, sin ningún derecho y pagando impuesto al consumo (IVA), ahora también pagarán ISR.

En este tema las más organizadas son las vendedoras de AVON que con muchos años de lucha y esfuerzos le han arrancado a la empresa pequeñas consideraciones, porque ni a derechos llegan.

Ahora, está muy bien que las empresas terciarizadoras paguen impuestos pero estaría mucho mejor que las personas trabajadoras que son contratadas bajo este mecanismo, cuenten con derechos laborales y no como están actualmente, en la total desprotección.

Además se pretende una acción más rígida y mejores controles en materia fiscal que permita captar más ingreso y “capturar” a los evasores de impuestos, como las empresas facturadoras, defendidas por el PAN sus creadores, un partido de derecha y patronal.

“En fiel obediencia al dogma de la consolidación fiscal, no ha creado espacios suficientes paralos negocios y las ganancias y la empresa realmente existente se ha dedicado a ganar sin duda, como se muestra en la distribución funcional del producto y el ingreso, pero no a conformar plataformas de ex-pansión y cambio estructural para el desarrollo y no sólo para una modernización segmentada ligada a las oportunidades de exportación en Estados Unidos. En la trampa del estancamiento”

Rolando Cordero, “La Jornada” 15 de septiembre 2019

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