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Organizaciones de Bolivia demandan pacificar el país

Por la Redacción
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Ciudad de México. 56 organizaciones civiles de Bolivia, entre ellas varias feministas y de mujeres como la “Coordinadora de la Mujer”, “Red de Mujeres y Minería”, “Campesinas Indígenas”, “Trabajadoras del Hogar”, “Mujeres viviendo con VIH”, colectivos LGBTI, “Católicas por el Derecho a Decidir”, y más, hicieron un llamado a agentes del Estado, fuerzas armadas y a grupos de manifestantes, a restituir de forma inmediata las condiciones de convivencia pacífica, tanto como viabilizar la pronta realización de nuevas elecciones generales.

Las organizaciones lamentaron el número de 23 muertos y 715 personas heridas a causa de la crisis en Bolivia y condenaron “los discursos de odio e incitación a la violencia que han buscado estigmatizar el derecho a la manifestación pacífica de la población”, así como otras expresiones que menoscaben el ejercicio de libertades fundamentales de la ciudadanía.

Repudiaron los ataques, saqueos y destrucción que se produjeron a las viviendas de dirigentes y representantes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, y organizaciones políticas, así como la destrucción de bienes del Estado producidos durante estas semanas de conflicto, y exigieron a la policía continuar resguardando la seguridad de la ciudadanía así como evitar actos vandálicos.

Al mismo tiempo, expresaron su preocupación por la promulgación del “Decreto Supremo 4078”, relativo a la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de conservación de orden público y en apoyo a la Policía Boliviana en el marco del conflicto. El decreto, publicado por varios medios y que data del 15 de noviembre y fue firmado por la autoproclamada presidenta del Estado, Jeanine Áñez Chávez, establece que el personal de las fuerzas armadas que participe en operativos para el restablecimiento del orden y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal, cuando “actúen en legítima defensa o estado de necesidad”.

Ante eso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró, el 16 de Noviembre via Twitter, que el decreto “desconoce los estándares internacionales de DH y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DH.”

Las organizaciones opinaron que “si bien es cierto que el mencionado decreto se ampara en la misión constitucional, advertimos que éste puede enviar un mensaje equivocado a los agentes de la fuerza pública.” Desde el inicio de la crisis post-electoral y la renuncia de Evo Morales como presidente, han circulado muchos videos en redes sociales que mostraron agentes policiales, militares o paramilitares que aparentemente violentaron a personas manifestantes.

Las organizaciones firmantes del llamado recordaron que las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, deberían de ser “de aplicación preferente”, y aún en los casos que se consideraran legítima defensa o estado de necesidad, “deben ser investigados a fin de que sea una autoridad jurisdiccional la que determine la existencia o no de responsabilidad penal.” Advirtieron que no se podrían eximir de esta responsabilidad las y los agentes públicos en abstracto, mediante un decreto.

A los “sectores movilizados”, demandaron no incurrir en acciones violentas y hostigamiento contra la ciudadanía y se eviten enfrentamientos que deriven en más muertos y heridos, así como la toma de rehenes civiles, policiales o militares. “Genera preocupación que algunos manifestantes utilicen explosivos y armas letales en contra de las fuerzas del orden y la ciudadanía”, continúa el pronunciamiento. Al m ismo tiempo, se hace un llamado a todos los sectores, fuerzas del orden como civiles, de garantizar el acceso a la asistencia médica de personas heridas, sobre todo personas detenidas, “a quienes se les debe brindar un trato digno y tratamiento médico, dotación de medicamentos y valoración médico forense.”

Denunciaron que representantes de algunas organizaciones no gubernamentales e instituciones comprometidas con los Derechos Humanos hayan sufrido amenazas contra su seguridad y vida, y condenaron todos los actos de violencia, humillaciones públicas y hostigamiento contra estas personas, tanto como autoridades y periodistas. Por lo tanto, exigieron que se adopten medidas para garantizar “la institucionalidad necesaria de atención a denuncias, prestación de garantías, defensa legal y protección de las personas que estén en riesgo y sus familias, observando los estándares internacionales de Derechos Humanos.

Al fin del llamado, las 56 organizaciones sociales reiteraron que sería necesario tomar “las decisiones legales y políticas necesarias para viabilizar la pronta realización de las nuevas elecciones generales”, y acelerar un proceso de Dialogo Nacional entre actoras y actores políticos, sociales y cívicos para lograr la pacificación del país.

La crisis en Bolivia empezó con la polémica reelección de Evo Morales Ayma, primer presidente indígena de Latinoamérica, a un cuarto mandato en la presidencia del país, el 20 de octubre 2019. Anteriormente, la posibilidad de buscar un cuarto mandato había sido rechazada en un referéndum en 2016, pero luego fue avalada por la justicia boliviana. La Organizacón de Estados Americanos (OEA), hizo una auditoría de la elección y encontró varias “irregularidades”, por lo que llamó a realizar nuevos comicios. El 10 de noviembre, Morales anunció nuevas elecciones y renunció a la presidencia del país. Un día después, el gobierno de México anunció que le otorgaría asilo político.

19/SG/LGL

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