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Inseguridad política impide, por segundo año consecutivo, que mujeres salgan a la marcha del 25N

Por Nelson Rodríguez, corresponsal

Managua, Nic. La represión del gobierno de Daniel Ortega, impidió que por segundo año consecutivo las mujeres organizadas en Nicaragua salieran a las calles a exigir respeto, este 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La enlace nacional de la Red de Mujeres Contra la violencia, (RMVC), Eveling Flores, explicó junto a otras defensoras, las razones que obligaban a las mujeres a buscar su resguardo en sus casas y en sus centros de trabajo este lunes 25 de noviembre.

Dijo que lo primero que tenían que hacer era resguardar el derecho a la vida y es por eso que no pudieron salir a las calles este día por segunda ocasión para conmemorar esta fecha, pero que la lucha por la justicia y alto a la violencia continuaba en el país, ante las violaciones a los Derechos Humanos contra las mujeres.

Además de la violencia machista que ha dejado 50 mujeres asesinadas en este año 2019, también está la violencia institucional representada por funcionarios del gobierno que continúan violando los Derechos Humanos.

Cinco mujeres jóvenes que se levantaron de manera cívica contra el gobierno se encuentran detenidas, algunas de ellas por segunda ocasión, como el caso de la joven dirigente universitaria Amaya Coppen, quien fue arrestada junto a 12 jóvenes más el pasado 14 de noviembre por llevar agua a las madres de presos políticos que se encontraban en una iglesia.

El grupo de 10 madres de presos políticos permaneció 9 días en huelga de hambre aisladas en la iglesia San Miguel, en la ciudad de Masaya, a media hora al oriente de Managua, en donde la policía bloqueó todo tipo de acceso y arrestó a los 13 jóvenes incluyendo a las 4 mujeres.

Las mujeres que se han levantado contra la dictadura han sido golpeadas, apresadas y acusadas por delitos que no cometieron señaló Eveling Flores.

En Masaya el gobierno violentó los derechos Constitucionales como el de recibir agua y el derecho a manifestarse en huelga de hambre cuando así lo estimaran las personas, denunció la Comisión Permanente de Derechos Humanos.

El asesor legal de la CPDH, Pablo Cuevas, denunció que el gobierno violentó el derecho de las mujeres en huelga de hambre, a recibir asistencia médica y agua, que son condiciones mínimas que se debieron garantizar.

Desde la cárcel Ivania Álvarez, quien fue arrestada junto a Amaya Coppen el pasado 14 de noviembre, denunció que estaban detenidas sólo por el derecho de solidarizarse con las madres en huelga de hambre.

La defensora Álvarez les mandó un mensaje a las madres de presos políticos y a la sociedad nicaragüense diciendo que pese al encierro tenían la fuerza para seguir firmes “estoy con ustedes y seguiré hasta el final”, dijo.

Pero, por si fuera poco, las mujeres arrestadas también fueron golpeadas y acusadas de llevar armas, los cuales son delitos inventados porque lo único que llevaban era agua, denunció la mamá de Amaya Coppen.

Es una violencia generalizada de parte del Estado de Nicaragua en contra de las mujeres y se ensañan más en contra de las mujeres que por pensar diferente son arrestadas y amenazadas, denunció Elia Palacios, del colectivo de mujeres Axayacatl de Masaya.

“Hemos visto mujeres golpeadas, arrestadas y amenazadas por reclamar al Estado como el caso de las presas políticas”, dijo Palacios.

Y en materia de protección contra la violencia machista, el gobierno sigue sin aplicar las medidas preventivas que establece la ley 779, Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, reclamó Palacios. “Del 1 al 10 de aplicación de la ley, podríamos decir que está en cero”, sostuvo la dirigente feminista de Masaya.

19/NR/LGL

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