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Igualdad sustantiva en México, sólo en papel

Por Sonia Gerth

La experta del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW , por sus siglas en inglés), y relatora en ocasión del noveno informe de México ante la CEDAW, Magalys Arocha Domínguez, reconoció en una conferencia magistral en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que el país ha dado pasos importantes hacia una igualdad sustantiva, sobre todo en materia de leyes, pero advirtió que necesita transferir estos avances a la realidad.

Arocha Domínguez, fue invitada por el Tribunal Electoral y la presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Derechos Humanos de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos, Alejandra Chávez Camarena, a platicar sobre “La CEDAW y los Derechos Político-Electorales”. Recordó que dentro de las observaciones que el Comité hizo respecto a México, destacaron las trabas institucionales, estructurales y prácticas que dificultaban el acceso de las mujeres a la justicia.

“La ley no basta. Hay que ver en la práctica, que es la igualdad sustantiva”, enfatizó. Uno de sus ejemplos fue la paridad en el Congreso: “La paridad no implica paridad, hay que ver de dónde vienen esas mujeres”, dijo, por ejemplo, las mujeres indígenas estarían lejos de ser representadas acorde a su proporción demográfica. Por eso sería importante el párrafo 18 del artículo 2 de la CEDAW sobre la interseccionalidad, porque los puntos de vista de mujeres indígenas, afros, lesbianas o con discapacidad podrían ser distintas a los de una mujer blanca, dijo la experta.

Refirió que el comité observó, que las y los integrantes del poder judicial, así como la policía tienen estereotipos discriminatorios y escasos conocimientos sobre derechos de las mujeres, además de que se detectó una parcialidad judicial en la resolución de casos y la falta de rendición de cuentas, junto con el escaso acceso público a las decisiones judiciales. Al mismo tiempo, las barreras financieras, lingüisticas y geográficas impedían el acceso a la justicia de mujeres de bajos ingresos, indígenas, y rurales.

“A veces se crean leyes maravillosas, pero después, ¿Qué pasa en este municipio empobrecido?”, se preguntó Arocha Domínguez, aludiendo a mujeres que por escasez financiera o desconocimiento no acuden a las instituciones. La CEDAW obligaría a los países a acelerar la igualdad mediante medidas especiales, “pero la mayoría de países no entiende eso”. El comité de la CEDAW criticó severamente a México por el rezago que llevan regiones con poblaciones en vulnerabilidad. Los presupuestos estatales, observó el informe, serían insuficientes para la aplicación de las leyes sobre la igualdad de género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Otro ejemplo sería la Norma NOM-046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención. “No funciona”, concluyó la experta, un incumplimiento que el Comité de la CEDAW habría criticado en 2012, y otra vez en 2018. De la misma manera, el Estado mexicano no habría evidenciado avances para modificar conductas culturales y patrones que discriminan a las mujeres, así como estereotipos. “Hicimos campañas en televisión”, sería una de las respuestas al fenómeno, “pero con eso no se resuelven problemas.” Arocha Domínguez destacó que sería importante cambiar esas conductas, sobre todo porque los estereotipos de género que existen en las cabezas del personal jurídico y de la policía impedirían el acceso a la justicia para las mujeres.

Sin embargo, la antes relatora del Comité CEDAW también notó avances en la posición del gobierno mexicano. Mientras que el informe en 2012 fue desastroso e intentaba desviar los problemas en materia de discriminación de la mujer, el equipo del gobierno en 2018 habría sido muy bien preparado, no evitó preguntas críticas y reconoció los problemas graves como la violencia de género. En el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “veo una voluntad política de incorporar la perspectiva de género”, dijo Arocha Domínguez. Los indicadores para eso, serían el reconocimiento oficial de la violencia de género, los recursos, también humanos, que se emplean para este tema, y el compromiso de las instituciones públicas. Relató que a comparación de otros países, el Instituto Nacional de Mujeres tendría más competencias, más capacidad técnica y recursos (aunque todavía insuficientes).

Arocha Domínguez hizo hincapie en los casos de feminicidio no resueltos y la poca visibilización de la violencia laboral, así como la persistencia de esterotipos de género en funcionarios públicos. Destacó que resolver el problema de la violencia de género, sería la prioridad numero uno para el Comité de la CEDAW: “Es la condición básica para resolver todo lo demás”, dijo la experta.

19/SG/LGL

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