Ciudad de México. El sistema de justicia mexicano, en Baja California, juzgó y encarceló durante 13 años a Blanca, una mujer indígena, migrante y con una condición de discapacidad, a la que no le garantizó un traductor, una defensa adecuada, ni ninguna consideración como víctima de violencia de género.
Ahora, con el acompañamiento de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal A.C), Blanca consiguió su libertad condicional, pero el Estado no le ha brindado oportunidades para escapar del círculo de violencia en el que estaba cuando cayó en prisión.
Blanca es una mujer indígena y con una discapacidad física en la pierna izquierda que le impide desplazarse. Ella nació en Michoacán, pero cuando fue encarcelada estaba a casi tres mil kilómetros de distancia de ese estado, pues para entonces migró a San Quintín, Baja California, donde vivía con una pareja que se convirtió en su única red familiar y en el perpetrador de varias formas de violencia contra ella.
A Blanca se le acusó en 2007 de homicidio en razón de parentesco tras la muerte de su hija recién nacida. La niña se cayó accidentalmente. Fue su pareja quien llevó a la niña, todavía con vida, al Hospital General de San Quintín. Al morir, el personal médico avisó a las autoridades para que iniciaran una investigación contra la madre y el padre.
Sin Blanca presente, su pareja la acusó de haber causado la muerte de la menor de edad. El Juzgado de Primera Instancia de San Quintín decidió, sin tomar en cuenta el contexto de violencia, encarcelar a Blanca por 21 años y 10 meses de prisión y pagar a su esposo 39 mil pesos para la reparación del daño.
Cadena de omisiones
En este caso hay una ausencia total de un juzgamiento con perspectiva de género y hay criminalización y violencia institucional de la que Blanca fue víctima desde el momento de su detención hasta que consiguió su libertad provisional; todo esto derivado de una discriminación constante por ser mujer y por ser indígena, explicaron en entrevista con Cimacnoticias, Verónica Garzón, de incidencia; Alfredo Utreda, defensa legal de Blanca; y Diego Martínez, de asuntos jurídicos de Asilegal.
La policía de San Quintín detuvo a Blanca el 22 de marzo de 2007 y la presentó ante el Juzgado inicialmente por el delito de lesiones, pero después la acusación se reclasificó como homicidio agravado por razón de parentesco.
Como consta en el expediente que revisó Asilegal, aunque Blanca es originaria de un pueblo indígena en Michoacán y no sabía leer ni escribir, nadie le brindó servicios de traducción durante todo el proceso de enjuiciamiento, ni una defensa técnica y adecuada que le permitiera entender de lo que se le estaba acusando.
Cuando fue detenida, Blanca relató a la autoridad judicial que la caída de la niña sucedió en un contexto de violencia física y emocional que ejercía su pareja contra ella y contra la hija de ambos. Tres testigos que fueron citados por el Juzgado confirmaron los dichos de Blanca y aseguraron que presenciaron, más de una vez, que el esposo agredió físicamente a la niña.
El juzgado decidió desechar estas pruebas bajo el argumento de que “no abonaban ni se relacionaban con los hechos” y sólo dio valor probatorio a las declaraciones del esposo de Blanca, a quien condenó a 20 años de prisión en un Centro Penitenciario en la cabecera de Ensenada, a cuatro horas de distancia de su hogar en San Quintín.
Pese a las pruebas de violencia de género que forman parte del expediente de Blanca, la autoridad judicial no informó a otras autoridades para que investigaran también a la pareja de ella. Durante sus años en prisión, Blanca no recibió ninguna visita porque, tras la acusación, decidió romper el vínculo con su pareja para que no pudiera molestarla.
El caso de Blanca podría tratarse de un patrón. De acuerdo con Asilegal, se tiene documentado que en Baja California prevalecen patrones de violencia y de discriminación hacia las mujeres acusadas de delitos.
“En todos los casos y todos los delitos, las mujeres han sido víctimas de manera desproporcionada de los sistemas punitivos estatal: tortura y malos tratos, violencia institucional, sentencias con carga o prejuicios de género; jueces castigan a las mujeres por no haber cumplido con su rol como mujer”, observó Verónica Garzón.
Asilegal, dedicada a la defensa de las personas en situación de reclusión, conoció a Blanca hasta 2019, mientras hacía brigadas judiciales en los centros penitenciarios. Tras conocer su caso, decidió buscar un beneficio preliberatorio, un derecho reconocido en la Ley Nacional de Ejecución Penal para las personas acusadas bajo el antiguo sistema penal.
El pasado enero de 2020, tras cumplir 13 años de prisión, Blanca obtuvo su libertad condicionada, lo que le permitió salir de la cárcel siempre que cumpliera una serie de condiciones: un antidoping periódico, presentar una carta de trabajo de una actividad lícita y comprobar que su domicilio sigue siendo el mismo. También debía cumplir la reparación del daño de 39 mil pesos, lo que se resolvió luego de que Asilegal buscó a su pareja y éste decidió renunciar a la reparación.
Para obtener el beneficio preliberacional, Blanca también debía demostrar que tendría un trabajo remunerado, lo que es una posibilidad limitada para ella por su condición de discapacidad. Al respecto, Asilegal y Blanca argumentaron que las tareas de cuidados y limpieza no remuneradas que ella llevaría a cabo dentro de su hogar tenían el mismo valor social que cualquier trabajo pagado.
Sin embargo, el Estado no le garantizó a Blanca una serie de servicios y condiciones postpenitenciarios que evitaran que ella regresara al entorno de violencia en el que estaba, y del que informó a las autoridades judiciales, antes de entrar a prisión.
Por ello, una vez fuera de la cárcel, luego de 13 años de reclusión y lejos de su entidad natal, Blanca regresó a vivir con la misma pareja que en el pasado la agredió. Aunque ella desea regresar a Michoacán, las propias condiciones de arraigo la obligan a comprobar un domicilio y no salir de San Quintín hasta que termine su condena.
“¿Cómo esperamos que Blanca se reinserte en la sociedad si no existen los medios y el Estado no es capaz de garantizarle los medios para subsistir de una manera independiente tanto económica, como social, y en todos los sentidos para una vida libre?”, observó Asilegal.
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