Tuxtla Gutiérrez, Chis. El Colectivo Cereza, que defiende los Derechos Humanos de las mujeres en reclusión, denunció que las internas que están en el Centro Estatal de Readaptación Social (CERS) número 5, ubicado en San Cristóbal de las Casas, viven la violación de sus garantías individuales en esta contingencia.
En una conferencia de prensa virtual, señalaron que sólo están recibiendo dos comidas al día, no cuentan con agua potable, están incomunicadas ya que no se les permite visitas ni tampoco hablar por teléfono con sus familiares y defensa. En el penal, hasta ahora, no se han implementado acciones que ayuden a la prevención de la propagación del virus.
Las defensoras denunciaron que el pasado 20 de mayo cuando las internas protestaron por la situación que padecen desde que inició la pandemia, fueron reprimidas con gas lacrimógeno a pesar de que algunas de ellas padecen enfermedades como asma y diabetes y otra tiene un bebé de dos meses.
El colectivo interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) desde que se dieron los hechos, pero fue hasta este 1 de junio que acudieron a hacer una inspección a las instalaciones del centro.
“El 27 de abril de 2020, Colectiva Cereza presentó un escrito ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a la indolencia y denegación de acceso a la justicia, pues si antes de la pandemia había omisiones y vulneraciones a los derechos a una expedita justicia y a una defensa adecuada, la crisis sanitaria se tradujo en un pretexto de las autoridades jurisdiccionales para suspender absolutamente cualquier trámite dentro de los procedimientos penales, generando la prolongación de la privación de libertad de las mujeres sin una justificación legal puesto que inclusive estaban negando trámites que tenían carácter urgente, ignorando las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” expusieron.
Las defensoras dieron a conocer diferentes casos de mujeres indígenas que están recluidas en este penal donde demostraron que su detención tiene que ver más con una implementación de la justicia desde una perspectiva racista y patriarcal.
Ante esta situación, exigieron que las autoridades respeten los derechos de las internas y no se suspendan los trámites de procedimientos penales.
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