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Reforzar instituciones que trabajan a favor de los DH y no desmantelarlas, exigen feministas

Por La Redacción

Ciudad de México. Organizaciones feministas exigieron que se fortalezca y se designe a las personas titulares en las instituciones de los Derechos Humanos que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha desacreditado. 

A través de un pronunciamiento público difundido por la plataforma “Nosotras Tenemos Otros datos” y leído en redes sociales por la abogada (litigante en el caso Campo Algodonero) Andrea Medina Rosas, las organizaciones feministas aseguraron que en las últimas semanas la Presidencia ha incrementado la desacreditación a instituciones que operan los Derechos Humanos a nivel nacional, como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

El Presidente ha sostenido la idea de que estos organismos deberían desaparecer porque considera que son “onerosas, porque quiere tener todo el control de dichas instituciones en la Secretaría de Gobernación, porque considera que en dichas instituciones se han dado actos de corrupción y por tanto no deberían existir, o simplemente, no las considera relevantes para su proyecto de nación”, dijeron las organizaciones. 

Sin embargo, señalaron las feministas, estas ideas son contrarias a las Convenciones internacionales de DH que México ratificó durante la segunda mitad del siglo XX, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, y la reforma constitucional de 2011, con la que se reconoció en la Carta Magna a los DH como eje rector de este país. 

Las organizaciones recordaron que estos instrumentos nacionales e internacionales obligan a las y los titulares de los poderes ejecutivos federal y estatal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y otras instituciones a garantizar como mínimo los recursos adecuados para los servicios y la atención de calidad accesible a todas las personas, y aceptable a todas las cosmovisiones que se tienen en México.

También señalaron que se debe vigilar que la normatividad interna establezca la obligación de seguir los principios constitucionales y no criterios morales o éticos de personas en concreto, así como las condiciones y capacitaciones adecuadas para que el personal pueda brindar sus servicios públicos en conocimiento pleno de sus obligaciones, sin discriminar y sin ejercer violencia institucional contra las mujeres. 

En este punto, las integrantes de “Nosotras tenemos otros datos” señalaron que un ejemplo de esta violencia son los recientes señalamientos del mandatario federal sobre que las familias son el principal espacio de asistencia social y que debe realizarse básicamente por mujeres. Esto “sostiene estereotipos de privilegios para los hombres, al excluirlos de los aportes que deben dar en la crianza y cuidado de las personas”, expresaron. 

Asimismo, las feministas pidieron que cada institución garantice políticas públicas que permitan el acceso a los servicios en igualdad, con acciones afirmativas que eliminen la discriminación existente por motivos de género, edad, etnia, color de piel, clase social, posición política, discapacidad, entre otras; así como registrar y hacer accesible la información de lo que realiza la institución, a fin de garantizar la toma de decisiones y de diseño de políticas públicas acorde a información fidedigna, verificada y acorde a los conceptos de la ley.

Cada institución debe crear y garantizar mecanismos de participación ciudadana, “pues sólo en la escucha y participación plural se garantiza un Estado democrático”, señalaron las feministas y agregaron que se deben garantizar las normas, mecanismos y personal capacitado para el acceso a la justicia cuando se comete violencia institucional contra las mujeres, cuando se violan los derechos de la ciudadanía y las trabajadoras dentro de la institución, también para cuando hay actos de corrupción interna. 

Las organizaciones observaron que sólo la investigación y en su caso  sanción directa a las personas que cometen los actos de corrupción, permitirán fortalecer a las instituciones. “Sugerir que quitando o reduciendo instituciones se elimina la corrupción, es falaz. Lo que sí produce esa sugerencia es el adelgazamiento del Estado y la reducción de su capacidad de cumplimiento de sus obligaciones, un acto claramente neoliberal que propicia, de manera directa, una sobrecarga en las actividades no remuneradas para las mujeres, violando los derechos humanos”, observaron. 

Para erradicar la corrupción en las instituciones, las feministas señalaron que es indispensable garantizar que la o el funcionariado público cumpla con los perfiles adecuados a sus funciones, toda vez que se ha detectado que, en la actual administración, como continuidad de las anteriores, se desdeña la definición de perfiles por cargo y se coloca en puestos especializados personal que no cumple con los perfiles para brindar la adecuada atención y servicio. Al respecto, las feministas pidieron que las personas al frente de estas instituciones tenga conocimiento y experiencia en perspectiva de género desde una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres.

“Nosotras tenemos otros datos” pidió garantizar el presupuesto y condiciones adecuadas para que el personal que cubra los perfiles definidos, tenga las garantías laborales adecuadas al impacto del trabajo, principalmente en violencia contra las mujeres, obligación que las medidas de austeridad están violentando. 

20/AJSE/LGL

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