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“Mi detención, un entramado judicial que no cesa”: Susana Terrazas

Ciudad de México. La criminalización contra la defensora de los Derechos Humanos laborales, Susana Prieto Terrazas, habría sucedido por exigir que patrones, sindicatos y autoridades laborales cumplan las reformas de 2019 a la Ley Federal del Trabajo y los acuerdos del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá; pero aún corre peligro de que la vuelvan a encarcelar, aseguró en entrevista con Cimacnoticias la defensora. 

La entrevista fue concedida a cinco días de haber salido del penal de Tamatán en Tamaulipas, a donde fue recluida el pasado 10 de junio acusada por la Junta Local Nº 6 de Conciliación y Arbitraje de delitos vinculados con una manifestación de obreras y obreras que exigieron a esta Junta cumplir con su labor: hacer justiciables sus derechos sindicales. 

Prieto Terrazas explicó que, contrario a lo que comunicó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, no existe un acuerdo en el que ella haya aceptado su responsabilidad por lo que se le acusó “delitos cometidos contra servidores públicos, motín, amenazas y coacción de particulares”.

Las razones de su salida de la prisión no fue la justicia, sino que su defensa legal promovió un recurso al que toda persona tiene derecho cuando no ha sido acusada de cometer delitos graves, basado en la presunción de inocencia. Esto fue la suspensión del proceso penal bajo una serie de condiciones.

En su caso, las condiciones que el Juez de Control le impuso fueron: residir en Chihuahua, no tener contacto con quienes la acusan, dejar de frecuentar la Junta Especial Nº 6 de la Local de Conciliación y Arbitraje en Matamoros –que sería la autoridad a la que ella y a quienes defienden necesitan recurrir para resolver los conflictos laborales–, acudir ante el Tribunal cuando se le solicite asistir a las audiencias de control, abstenerse de viajar al extranjero, y cubrir una reparación del daño, consistente en 66 mil pesos a favor de cinco víctimas. Todo esto en un plazo de 30 meses.

La abogada aceptó que se promoviera la suspensión del proceso antes de probar plenamente su inocencia porque supo que su madre enfermó de COVID-19, pero no está conforme con las condiciones que se le impusieron, toda vez que cada una de éstas forman parte del entramado judicial que –aseguró– se ha orquestado en su contra y no ha cesado. El objetivo es  evitar que ella continúe defendiendo legalmente a las y los trabajadores en el norte del país.

Por ejemplo, explicó, el hecho de que se le obligara a radicar en Chihuahua y no en Tamaulipas, donde ella vivía antes de su arresto y tenía su despacho, es una forma de exilio, ya que tuvo que trasladar su vida entera a esa entidad en la que ya no radicaba. No volver a pisar el extranjero ni ninguna otra entidad del país en dos años y medio sería un obstáculo para su trabajo en otras entidades del norte; asimismo, se le expone a una nueva criminalización, ya que mientras estuvo detenida en Chihuahua se giraron dos órdenes de aprehensión en su contra por falsificación de documentos, delitos que, aseguró, ella desconoce en qué están fundamentados.

Del mismo modo, a Susana Prieto se le obligó a pagar 66 mil pesos para la reparación del daño (terapia psicológica) a cinco personas que ella nunca ha visto. Todo esto, además, sin que se comprobara que ella estuvo presente el día de los hechos por los que se le acusa. 

Los días en prisión

De acuerdo con Susana Prieto, una mujer con padecimientos crónicos, cada día en prisión fue como un nuevo castigo: no estuvo con la población en general, sino que se le mantuvo arraigada junto a un hombre acusado de violación, y estuvo vigilada las 24 horas del día por una cámara pero sin celadores después de las 10 de la noche. 

“Estuve expuesta en todo momento a no sé cuántos peligros. Yo no dormí los días que estuve en el penal porque creí que me iban a matar. He pisado intereses económicos sin precedentes. Ni siquiera con reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta los sindicatos blancos han querido transparentar sus ingresos de las carretonadas de millones y millones de pesos, o dólares, que se llevan anualmente”. 

“Imagínense a quién tengo encima: la CTM, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM). Si las empresas tienen como contraparte año con año para la revisión de tabuladores salariales, y cada dos años para la revisión de contratos colectivos, un asesor jurídico como yo, que es implacable, que quiere el bienestar de las obreras y obreros de la industria maquiladora, ¿qué cree usted que va a pasar?”, preguntó Susana, quien agregó que también fue víctima de una campaña de desacreditación en su contra y víctima de extorsiones. 

El fondo de su encarcelamiento

La abogada identificó como los responsables de su encarcelamiento a corporaciones maquiladoras, sindicatos corporativistas, dos gobiernos estatales (el de Chihuahua y Tamaulipas) y, por omisión, a las autoridades del gobierno federal. 

De acuerdo con Susana Prieto, en la fabricación de delitos contra ella estarían involucrados la la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Industria de Diseño Textil (Inditex), así como las maquiladoras Tridonex, del corporativo Cardone (manufactura de frenos), la maquiladora Electrocomponentes de México S.A de C.V, y la maquiladora Axiem. 

Por parte de los sindicatos, la abogada acusó a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la CROC y la CROM; mientras que las autoridades directamente implicadas serían el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, ambos del Partido Acción Nacional. Todos ellos estarían en contra de su trabajo de asesoramiento legal a las y los trabajadores de la maquila.

Susana Prieto niega haber participado, como acusó la Fiscalía, en la manifestación del 10 de marzo en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, afirmó defender los derechos de las y los trabajadores que se manifestaron ese día para exigir la renuncia del Sindicato de la Industria Maquiladora en Matamoros, Tamaulipas, que forma parte de la CTM, cuyos líderes han destacado públicamente por estar ligados a los partidos políticos en el poder y la clase empresarial, más que con las y los trabajadores.

“He ahí el origen de que me hubiesen hecho una presa política, que hasta ahora soy. ¿Por qué? Porque soy la única abogada en el país que ha confrontado a la CTM y que ha aplicado las reformas de Ley Federal del Trabajo vigentes desde 2019”, expresó la defensora. 

Esta reforma, lograda luego de sendos debates en el Congreso, establece el derecho de las y los trabajadores de manifestar por escrito su voluntad de que no se le aplique la cuota sindical y, por lo tanto, de que el patrón no la descuente de su salario. Esto aplica para el caso de los sindicatos “corporativistas” que no son reconocidos por las y los trabajadores. 

Susana Prieto es, además, representante legal del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios, que surgió del movimiento laboral 2032 del 2019. Este gremio sí es reconocido por las y los trabajadores, ya que por medio de él podrán negociar mejores salarios y condiciones más dignas de empleo. 

Una prueba de ello –dijo la abogada– fue que este sindicato, de la mano de ella, denunció públicamente a las empresas que incumplieron el decreto del gobierno federal por el que se ordenó parar todas las actividades económicas no esenciales para evitar más contagios por COVID-19. 

“Yo creo que existe una asociación delictuosa entre los gobernadores de Tamaulipas y Chihuahua, el sector maquilador, los sindicatos y los patronales para anular el capítulo 23 del Tec-MEC (El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá)”, referente a los derechos laborales, incluyendo la libre asociación sindical. “Soy una perseguida política porque los dueños del dinero (que son las maquiladoras) no quieren cumplir con las disposiciones de libertad y asociación sindical”, señaló.  

La batalla legal y la defensa de derechos continúa

Mientras continúa el proceso legal en su contra, la abogada seguirá en la defensa de los derechos laborales. “No se rindan jamás. No necesitan a Susana Prieto Terrazas para luchar por una mejor vida para ellos y sus hijos e hijas. No se regresen, los despachos de Susana Prieto van a seguir trabajando en Matamoros, en Ciudad Juárez y voy a abrir en Reinosa. Ya ahorita están hablándome de Hermosillo y estamos previendo lanzar este movimiento nacional. No tengan miedo, no se paralicen. Yo tuve todo el miedo del mundo, el que nunca creí tener, y no me voy a rajar”, dijo a las y los obreras que representa. 

Susana Prieto ya fue reconocida como defensora en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, bajo lo cual se le garantizó un botón de pánico. Sin embargo, “esto no me va a librar de la arbitrariedad de los gobernadores de Chihuahua y Tamaulipas ni de la ejecución ilegal de órdenes de aprehensión en mi contra”, aseguró.  

Cumplido el término de dos años y medios quedaría sin efecto la suspensión del procedimiento penal en su contra. Sin embargo, la defensa legal de Prieto Terrazas impugnó la formulación de delitos, esto quiere decir que siguen peleando el hecho de que ella no cometió los hechos por los que se le culpa. 

Su mayor defensa es que hasta ahora la carpeta de investigación está plagada de conjeturas, sin ninguna prueba en su contra. De aceptarse la impugnación de sus abogados, podría comprobarse que Susana Prieto no es culpable de ninguno de los delitos y, con ello, se quitarían las condiciones que se le impusieron a su libertad.

20/AJSE/LGL

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